El extractivismo se presenta en Latinoamérica desde el periodo colonial como forma de reproducción del capitalismo. Según Acemoglu y Robinson (2012) sus raíces están en el ciclo colonial, el cual se fue asentando y consolidando como patrón desarrollo en los Estado-nación (citado por Iño, 2017). Por ejemplo, en Bolivia se presenta un extractivismo minero de larga duración que pervive en el actual Estado Plurinacional, otro de corta duración como el hidraburífero y otro de reciente presencia como el agropecuario. Por ello, se presenta un extractivismo histórico que tiende a diversificarse.

El articulo describe y explica la presencia de un modelo biodepredador por excelencia como es el agroextractivismo que despliega múltiples formas de violencia durante la última década en Bolivia, tales como la simbólica, legal, ecológico ambiental y física que no solo provienen desde lo público estatal, sino desde lo privado y paraestatal, ya que la apropiación de la Naturaleza para su explotación y extracción implica la vulneración y violación de derechos, sean humanos y de la misma Naturaleza; este último aspecto pone de manifiesto la dicotomía que se presenta no solamente a nivel de las leyes y políticas de desarrollo, sino del paradigma de vida y del modelo de desarrollo. Por ejemplo, la Ley de la Madre Tierra establece un paradigma ecocéntrico y constituye a la Naturaleza como sujeto de derechos; sin embargo, se cuenta con un paquete de normas y políticas agrarias que flexibilizan las leyes de protección ambiental y promueven ampliamente el modelo del agronegocio.

Cabe mencionar que el artículo que se presenta ha tenido tres momentos en su redacción. El primero se realizó en el 2013-2014 con un estudio sobre las raíces históricas del extractivismo en Bolivia en lo concerniente al de tipo minero, que fue desplegado desde el periodo colonial hasta principios del siglo XX, realizado en el National Centre of Competence in Research (NCCR) Norte-Sur en América del Sur y en el área económica del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés. El segundo fue un ensayo académico sobre el extractivismo agrario y las políticas estatales en Bolivia como parte del módulo Economía ambiental de la Maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable durante el 2020, en el cual se dieron las primeras aproximaciones teóricas sobre el extractivismo agrario y su impacto con los incendios y deforestación como consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola. Y el tercer momento fue en el 2021, cuando se obtuvo la beca de investigación en Derechos ambientales y de la Naturaleza, otorgada y financiada por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social y la Delegación de la Unión Europea en Bolivia, en dicha investigación se profundizó el extractivismo agrario en lo referido a los derechos humanos y de la Naturaleza en el citado país. Sobre la base del ensayo y de los resultados de la investigación mencionados anteriormente, se ha realizado una relectura, el análisis del discurso y la actualización bibliográfica para la reescritura del presente artículo. Se recurrió a la revisión y análisis documental de bibliografía y hemerografía mediante la recopilación de fuentes de información primarias —principalmente periódicos—, y fuentes secundarias, la bibliografía referida a extractivismo agrario, expansión de frontera agrícola, derechos de la Naturaleza, entre otros; mientras la selección tomó en cuenta la autenticidad, originalidad, el aporte de la fuente, la temporalidad y la relevancia. También se realizó el análisis del discurso de las fuentes de información para comprender e interpretar los significados de las palabras, de las versiones que encierran los textos, los léxicos que se establecen y la función que cumplen en dichos discursos.

Según Acosta (2013) el extractivismo se refiere a aquellas actividades que mueven grandes cantidades de recursos naturales que no son procesados especialmente para la exportación. Gudynas (2013a) los clasifica en tres dimensiones: 1) Altos volúmenes de recursos extraídos; 2) Alta intensidad de impactos ambientales; y 3) Recursos destinados a la exportación con poco o ningún procesamiento.

Gudynas (2013a) y Veltmeyer (2013) plantean la presencia de un neoextractivismo; el Estado tiene un papel creciente en los sectores extractivos mediante la nacionalización de industrias clave, asociaciones público-privadas y una mayor recaudación de regalías e impuestos para financiar programas sociales y garantizar una distribución más equitativa de la riqueza de los recursos. Svampa (2013) incluye la producción de los agronegocios y biocombustibles en su comprensión sobre el nuevo extractivismo en América Latina debido a que consolidan un modelo que tiende al monocultivo, a la destrucción de la biodiversidad, la concentración de la propiedad de la tierra y a la reconfiguración destructiva de vastos territorios, todo esto impulsado por lo que llama el “Consenso de los Commodities”. De este modo, el extractivismo es la explotación y extracción de recursos naturales para su exportación como materia prima y, tal como sucede en Bolivia, posee raíces históricas que van desde el tipo minero, el hidrocarburífero, y hoy el agroextractivismo (Iño, 2017).

Para Gudynas (2010a) y McKay (2018) el “extractivismo agrícola” es la producción intensiva de monocultivos a gran escala para su exportación como mercancía, uso y producción de transgénicos, maquinaria y herbicidas químicos. Fundación Tierra (2020) sugiere que es un modelo de agricultura industrial que produce monocultivos en gran escala, y utiliza las materias primas. En el contexto actual se suma el capitalismo de biocombustible, es decir, “la conversión de tierras de cultivo y de la agricultura para alimentos en producción de biocombustibles” (Petras y Veltmeyer, 2014, p. 70). En el caso boliviano se produce la extracción de soya y carne vacuna para su exportación como materia prima a mercados internacionales que demandan estos productos, principalmente China; y recientemente se ha ingresado a la producción de biocombustibles con la implementación de una primera planta de biodiesel de las tres que están proyectadas.

Por lo que el extractivismo agrario no es neutro o inofensivo. Es cada vez más intensivo y con mayores impactos territoriales, se asemeja a las intensas, amplias y masivas apropiaciones de recursos naturales que son destinados a los mercados globales (Gudynas, 2010b). De esta manera, el complejo agropecuario queda inmerso en procesos productivos que se asimilan a los que se observan en la minería o los hidrocarburos, caracterizados por economías de enclave.

De acuerdo con McKay (2018), el extractivismo agrario posee cuatro características interrelacionadas: 1) Grandes volúmenes de materiales extraídos y destinados a la exportación con poco o ningún procesamiento; 2) Concentración de la cadena de valor y desarticulación sectorial; 3) Alta intensidad en la degradación ambiental; y 4) Deterioro de las oportunidades y condiciones laborales en el sector. Por ejemplo, en Bolivia, la degradación ambiental y sus impactos en el ecosistema se deben a la ampliación de la frontera agrícola para los complejos soyero y ganadero, que conllevan a la deforestación e incendios, obviamente ello está muy vinculado con el control de la tierra. Durante la última década este fenómeno es promovido por la alianza entre el Estado-capital del agronegocio, como es el caso de las políticas agrarias implementadas que están permitiendo el avance hacia tierras fiscales y comunitarias con el fin de expandir la producción de soya y la ganadería, y en los próximos años también será para satisfacer la demanda de las plantas de biocombustible.

Para Acosta (2011a) la violencia parece configurar un elemento consustancial del extractivismo: un modelo biodepredador por excelencia. Como sugiere Álvarez (2018), expresa la intensificación de la violencia como medio de producción estratégico del capitalismo global. Así, “los incumplimientos de los derechos y la violencia son parte consustancial de muchos extractivismos. Allí donde se están incumpliendo derechos de las personas o de la Naturaleza es que operan violencias de algún tipo” (Campanini et al., 2020, p. 143). Orellana (2021) menciona que la extracción violenta de materias primas para la exportación es un patrón de acumulación extractivista, por lo que violencia y extractivismo en Latinoamérica son fenómenos de larga duración que perviven en la actualidad con la emergencia de neoextractivismos como el agrario. De este modo, la relación entre violencia y extractivismo no solamente es histórica, sino de dependencia.

En ese sentido, en el caso del extractivismo agrario, al manifestarse con la apropiación de la Naturaleza implica violaciones de derechos y su imposición con violencia. Como sugiere Isch (2018), existe una violencia estructural que se opone a principios básicos de los derechos humanos. Según Campanini, Gandarillas y Gudynas (2020) en este tipo de extractivismo se ejerce violencia que involucra varias dimensiones a la vez, que van desde lo étnico, lo religioso, las políticas de participación, ambientales y sociales. Para Isch (2018) la violencia siempre está presente; y es ejercida tanto desde las empresas transnacionales como desde el Estado. Por ejemplo, la ilegalidad y el incumplimiento de las normas ambientales o la promulgación de normativas favorables al extractivismo agrario que violan los derechos de la Madre Tierra.

Por ello se pueden encontrar múltiples violencias que se presentan a raíz del extractivismo agrario: pueden ser físicas, ecológicas y simbólicas que ayudan a sostener el modelo extractivo (González y López, 2018). Para Acosta (2011b) la violencia es desatada por el Estado a favor de los intereses de las empresas, se busca el sostenimiento del agroextractivismo. De este modo, se genera el incumplimiento de derechos que afectan el acceso a la información y la consulta ciudadana, la criminalización y el hostigamiento, o en el caso extremo, la represión o incluso los asesinatos (Campanini et al., 2020). Por lo que las violencias se constituyen en actos premeditados con acciones simbólicas, territoriales y físicas que buscan intimidar y desmovilizar a defensores ambientales de su resistencia, desde múltiples violencias que se presentan a raíz de este tipo de extractivismo.

En ese sentido, son varios niveles que afectan el presente y el futuro de las personas y de la Naturaleza. Se puede encontrar una violencia simbólica estatal y privada; por un lado, se impone sutilmente un modelo agropecuario ideal a través de medios de comunicación y redes sociales; por otro, se desacredita con campañas de desprestigio a líderes ciudadanos y grupos sociales, o bien se criminalizan sus movilizaciones, como parte de una estrategia que involucra violencia legal.

Mientras, la violencia ecológica se inicia con la usurpación del territorio, el ambiente y la modificación del ecosistema para extraer y explotar los recursos naturales, y como consecuencia se violan los derechos del ambiente y de la Naturaleza. Finalmente, la violencia física comienza con la persecución por parte de los aparatos represivos del Estado: policía y militares contra comunidades, organizaciones y protestas (ver Tabla 1).

En el extractivismo existe una violencia simbólica infiltrada en las sociedades, una suerte de ADN extractivista en todos sus niveles, que empieza por las instancias más altas de definición política (Acosta, 2011a). Para González (2018), se transmite un fuerte componente emocional que busca asociar “extractivismo” con felicidad, progreso, satisfacción y amor por la Naturaleza. De esta manera, se presenta sutilmente y puede provenir de lo público estatal o de lo privado como sucede en el extractivismo agrario en Bolivia, ambos lo promueven como un modelo de desarrollo ideal del sector agropecuario.

En el caso de lo público, el Estado ha legitimado los proyectos e infraestructura extractivista que van desde los discursos informativos y desde los marcos normativos legales. En los discursos el Estado recurre a medios de comunicación y redes sociales para desplegar una narrativa a favor de los extractivismos como una forma de crecimiento económico, de superación de la pobreza, de garantizar la soberanía alimentaria, o bien se establecen narrativas de modernización del agro y del desarrollo rural. Estos discursos son pronunciados en distintos espacios públicos que generan imaginarios uniformes en torno a una idea hegemónica de lo que significa “progreso o desarrollo”, que justifica y legitima la realización de sus proyectos como único futuro posible (Asociación Pro Derechos Humanos et al., 2018). Por lo tanto, se manifiesta una dominación simbólica destinada a la aceptación y legitimación.

Según González y López (2018), se trata de una forma de violencia invisible para que las comunidades locales asimilen el modelo agroextractivista. Por ejemplo, en Bolivia el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y representantes agroindustriales de la Cámara del Oriente Boliviano decidieron la ampliación de la frontera agrícola bajo el argumento de “garantizar la soberanía alimentaria”, el empleo rural y el desarrollo (McKay, 2018). También, la violencia simbólica se manifiesta con el desprestigio y descrédito de las organizaciones y de defensores de derechos ambientales y de la naturaleza; y con la criminalización de sus movilizaciones mediante el hostigamiento judicial, el cual puede provenir desde el Estado o el ámbito privado que despliega una violencia legal e institucional.

En lo referido al desprestigio, este se manifiesta desde lo discursivo-simbólico, mediante los medios de comunicación y redes sociales se promueven narrativas que tienden a estigmatizar a los movilizados con la construcción de estereotipos, por ejemplo, se les acusa de no querer el desarrollo de Bolivia, de ser un obstáculo para el progreso; se los asocia como “terroristas” y “antibolivianos”. Este proceso “es parte de esa violencia que desarrolla el Estado contra aquellos que critican y que visibilizan y evidencian el problema que tiene esta economía, esta forma de funcionar y eso se ha estado incrementando a lo largo de los años” (Comunicación personal con O. C., 9 de septiembre de 2021).

De este modo, se arremete simbólica y legalmente contra activistas y organizaciones que defienden los derechos ambientales y de la Naturaleza. Por ejemplo, lo sucedido con varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a raíz del apoyo a la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isíboro-Sécure (TIPNIS) de 2011, y las investigaciones, estudios y generación de información sobre el neoextractivismo fueron los detonantes para que el gobierno comience a fiscalizar y controlar sus labores mediante la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas de 2013. Precisamente, en el 2015 el gobierno del MAS empieza a deslegitimar y estigmatizar las labores de cuatro ONG: el CEDIB, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y las fundaciones Milenio y Tierra fueron acusadas de realizar activismo político y de desinformar. Tal es el caso del artículo de Página Siete (11 de agosto de 2015 [LINK]): “García Linera afirmó que el CEDIB, el CEDLA y las fundaciones Milenio y Tierra mienten y tergiversan información para hacer política y defender intereses de las empresas transnacionales”.

Pero ¿Cuáles fueron las razones por las que el gobierno del MAS y principalmente el poder ejecutivo despliegue un campo de batalla simbólico y legal en contra de las ONG mencionadas? Fue debido a la exposición de las contracciones que entraba la política estatal ante los derechos de la Madre Tierra, es decir, un doble discurso: por un lado, una retórica de defensa de los derechos de la naturaleza a nivel internacional y, por el otro, la flexibilización de las normas ambientales mediante decretos y políticas de incentivo del agroextractivismo y el agronegocio. Así, “El CEDLA y la Fundación Tierra coincidieron en que la retórica del Gobierno ha entrado en contradicción con la realidad económica, los derechos de los pueblos indígenas, la explotación petrolera y las políticas de agroextractivismo y agronegocio” (Página Siete, 16 de agosto de 2015 [Link]). Según Gudynas (2015b) se trata de una violencia disimulada o muy focalizada, por ejemplo, hostigar a las ONG, pero que en otros momentos debe ser impuesta con toda la fuerza que le otorguen los despliegues policiales o militares. En este caso, el gobierno de turno amenazó con sanciones y la anulación de las personerías jurídicas o bien su expulsión. Este conflicto evidencia formas de acoso entre las que sobresalen la auditoría de impuestos, las inspecciones laborales y, especialmente, la obligación de volver a tramitar la personería jurídica, esta vez ante el Ministerio de Autonomías (Página Siete, 17 de agosto de 2015 [Link]).

Mientras tanto, la criminalización y su consecuente hostigamiento judicial forman parte de una violencia legal y son el resultado de la narrativa simbólica estatal y privada que tiende a estigmatizar las protestas y movilizaciones por las denuncias que se realizan. De este modo, “La criminalización ocurre cuando se hace efectiva la acción punitiva (denuncias, arrestos, prisiones preventivas, etc.)” (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, 2019, p. 56). El trasfondo consiste en acallar las voces de líderes indígenas, campesinos y activistas ambientales que son acosados por múltiples denuncias en tribunales judiciales que involucran largos procesos legales, mediante acusaciones impuestas y ambiguas como los delitos de terrorismo, sabotaje, conspiración y extorsión. Como sugiere CEDIB et al. (2019), la criminalización parte de la producción de normas que tipifican una conducta delictiva, y se concreta a través de los órganos ejecutivos cuando determinan qué conductas de ajustan a esta, y qué sujetos deben ser criminalizados para ser encarcelados.

Como ejemplos, se puede mencionar lo sucedido con el CEDIB, que en el 2017 fue desalojado de los predios de la Universidad Mayor de San Simón, y esta institución inició un proceso judicial abierto valuado en 152 mil dólares por presunto incumplimiento de contrato, pago de montos adeudados, daños y perjuicios y lucro cesante. En ese incidente, “El director Marco Antonio Gandarillas, denunció ‘hostigamiento estatal’ y ‘abuso de poder’ una semana después del congelamiento de cuentas bancarias como efecto de un juicio por supuesto incumplimiento de obligaciones con la universidad estatal de la ciudad de Cochabamba” (Tierra Plus Periódico Global, 14 de diciembre de 2017 [LINK]).

De igual modo, la judicialización puede emerger de sectores privados como en el caso sucedido en el 2020 con Fundación Tierra. Un empresario inició un proceso judicial contra su director por las denuncias de beneficios del Gobierno de Añez otorgados a favor del agropoder, con la aprobación del DS 4320 (31 de agosto de 2020) y la dotación ilegal de 33.480 hectáreas al ministro de Economía y Finanzas Públicas Branko Marinkovic: dos predios en Santa Cruz, la Empresa Agropecuaria “Laguna Corazón” de 12.480 ha y la Empresa Agropecuaria “Tierras Bajas del Este” de 21.000 ha. Dicha dotación de tierras sobrepasa el límite máximo de 5.000 hectáreas establecidas por la Constitución Política del Estado (CPE). Se acusó al director de Fundación Tierra de querer “ganar favores políticos ante el MAS con una falsa denuncia que vulnera el buen nombre de la familia” (Erbol, 4 de noviembre de 2020 [LINK]). Si bien solo parecía una simple estigmatización que buscaba deslegitimar la denuncia realizada por Tierra, la situación paso hacia un hostigamiento judicial por parte de Markinkovic que efectuó la denuncia por difamación, calumnias e injurias contra su director Gonzalo Colque, “que en semanas pasadas reveló irregularidades en la titulación de tierras a favor de la familia de la exautoridad” (Erbol, 14 de diciembre de 2020 [LINK]; Página Siete, 15 de diciembre de 2020 [LINK]).

Asimismo, puede mencionarse el reciente proceso judicial iniciado por Ramiro Cuevas (minero aurífero) por delitos de difamación y calumnias a guardaparques del puesto de control Santa Cruz del Valle Ameno del municipio de Apolo por evitar el paso de una caravana de movilidades y maquinaria pesada que ingresó a la comunidad Virgen de Rosario para la realización de actividades de explotación minera ilegal en las riberas del río Tuichi. En febrero de 2024 el juzgado de Apolo absolvió a los guardaparques Raúl Santa Cruz y Marcos Uzquiano.

Como se aprecia, la violencia simbólica y legal provienen del Estado de forma directa e indirecta y también de sectores privados, organizaciones sociales, que buscan acallar las voces o bajar el tono de voz con el despliegue de campañas públicas de desprestigio, calumnias, tergiversaciones y denuncias falsas que tienen como fin estigmatizar a líderes indígenas, campesinos, activistas ambientales, organizaciones de defensa de los derechos de la naturaleza, entre otros. Para la Asociación Pro Derechos Humanos et al. (2018) esta estigmatización consiste en emitir de manera sistemática discursos generalizantes, violentos y negativos para desprestigiar la honra y dignidad de las comunidades afectadas por el proyecto, y de sus derechos humanos, territoriales y ambientales. Por lo tanto, se tiende a vulnerar y violar los derechos humanos ya sea mediante el desprestigio o las calumnias, como también a través del hostigamiento judicial al que son sometidas las personas u organizaciones que denuncian o se movilizan ante los extractivismos.

De acuerdo con McKay (2018) y Walter (2018), la extracción y apropiación del valor ecológico ambiental de la naturaleza es un atributo del extractivismo agrario debido a que promueve el incumplimiento de normas y esto genera la violación de derechos fundamentales de las personas y de la Naturaleza. Como sugiere Gudynas (2013a, 2013b), la violación de derechos es un elemento inseparable de la extracción de recursos naturales, puesto que esta se facilita mediante la imposición o la flexibilización ya sea de carácter estatal o privado. Neyra (2020) habla de dos tipos de violencia: una contra el territorio que se inicia con la concesión y compra de terrenos y los impactos socioeconómicos; y la otra, más directa, contra las personas que se resisten al proyecto extractivista, puesto que se promueve la violencia psicológica, la criminalización de la protesta, y la violencia institucional y física. De este modo, “Quienes denuncian, se oponen, o evidencian críticas, fallas, problemas de este modelo, ya sea en términos económicos, de la actividad extractiva, de impactos, de vulneración de derechos humanos, de vulneración de derechos ambientales, son objeto de violencia” (Comunicación personal con O. C., 9 de septiembre de 2021).

En el caso de la vulneración de los derechos de la Naturaleza, durante la última década en Bolivia se padece el flagelo por parte del neoextractivismo, y entre sus tipologías, el agrario. Por un lado, consiste en la apropiación de los territorios desde la concesión, por ejemplo, la expansión de la frontera agrícola conlleva al ecocidio por la deforestación e incendios que promueven la habilitación de tierras productivas como lo sucedido en la Chiquitanía boliviana: se presentan impactos ambientales por la destrucción paulatina de ecosistemas silvestres, la contaminación de aguas, suelos o el aire o la pérdida del acceso al agua, todas estas son violaciones de los llamados derechos de tercera generación (Gudynas, 2013b). Por otro lado, es el incumplimiento de los derechos de la Madre Tierra, ya sea desde normas y políticas promulgadas que legitiman lo ilegal y alegal, que van desde la flexibilización de normas ambientales y tienden a simplificar los requerimientos, plazos, procedimientos de licencias y sanciones ambientales, entre otros; con el argumento de abreviar los trámites y agilizar las inversiones (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, 2019); por ejemplo, se dispone de varias normativas que forman parte del paquete incendiario y de flexibilización de las medidas de control de deforestación.1

Estas acciones muestran la relación y nexo entre el Estado y el agrocapital con el fin de fortalecer la propiedad privada. Esto supuso pasar de la protección de los derechos de la Naturaleza hacia la extracción de sus recursos y como consecuencia la vulneración e incumplimiento de derechos, situación que se da cuando es el Estado, el garante de derechos de la Naturaleza y el ambiente, el que se convierte en el promotor del modelo agroindustrial que genera cambios y que contradice las leyes destinadas a la protección de la Madre Tierra o incluso al modelo de desarrollo del Vivir Bien. De acuerdo con Campanini, Gandarillas y Gudynas (2020) entre 2006 y 2019, once derechos fueron violados por el extractivismo agrario. Como sugiere Neyra (2020) los gobiernos de turno preparan y dictan nuevos proyectos de ley que regularizan y legalizan la expansión de la frontera agrícola sobre áreas naturales. De este modo, los derechos de protección de la Naturaleza, la supervivencia de los seres vivos no humanos y su restauración son vulnerados.

Con respecto a la violación de los derechos humanos, los proyectos de ley se presentan en dos aspectos. El primero, comprende el incumplimiento de los derechos fundamentales que deberían asegurar la calidad de la salud, los alimentos o el agua como se establece en la CPE, los cuales están vinculados con la calidad de vida. Para Neyra (2020) algunos consisten en el daño irreparable al entorno y a la salud causados por los desechos y relaves, por la contaminación, aguas ácidas y de pastos, destrucción de terrenos agrícolas; o el desplazamiento forzado de comunidades, y otros, hasta llegan al asesinato de líderes ciudadanos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015), los monocultivos, por ejemplo, acarrearían efectos ambientales agudos y violaciones a los derechos humanos como la pérdida de la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

El segundo, es la vulneración del derecho a un ambiente sano y protegido. Por un lado, “la ausencia de mecanismos de información pública sobre un emprendimiento de extracción, participación y consultas inexistentes o condicionadas, y ausencia de consentimientos (en especial, que sean previos e informados)” (Gudynas, 2013a, p. 13); se puede citar la Estrategia Nacional de Explotación e Industrialización de los Recursos Evaporíticos donde se realizaron dos consultas públicas que fueron más bien eventos informativos. Por otro, el incumplimiento del derecho de las personas que reaccionan o se oponen a los extractivismos, como cuando se les niegan los derechos de autogobierno indígena, es decir, la aplicación del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) o a la libre expresión de las organizaciones sociales y activismos ambientales.

En el caso del extractivismo agrario, como los monocultivos de soya requieren de enormes superficies y de procedimientos intensivos, por ejemplo, el empleo de contaminantes, los riesgos implican la vulneración de derechos como a la vida, a la salud, agua, alimentación, ambiente sano, información y consulta, autogobierno y gestión territorial de pueblos indígenas. Gudynas (2018) menciona que pueden pasar del recorte de mecanismos de participación e información ciudadana a la impunidad de asesinos de líderes comunitarios. Por lo que muchos derechos se violan e incumplen, queda demostrado que el extractivismo agrario arremete con fuerza contra las normas, esta vez se legaliza con marcos jurídicos provenientes del Estado. El creciente papel de este en la economía boliviana desde 2006 ha coincidido con una estrategia de laissez-faire en el sector agrícola (McKay, 2018).

De este modo, los impactos locales son la violencia y la violación de derechos humanos fundamentales: los civiles políticos, sociales, ambientales y de participación de defensores de los derechos; y de los de la Naturaleza se manifiestan con la presencia de leyes y políticas agrarias que tienden caminos hacia el ecocidio desde un modelo biodepredador. Para el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (2019), es necesario cambiar el modelo productivo agroextractivista que está liquidando los bosques nacionales.

Los niveles de violencia como las simbólicas, legales y ecológicas ambientales escalan hacia una mayor intensidad que constituye las violencias físicas. La Asociación Pro Derechos Humanos et al. (2018) identifica dos formas de violencia física: una proviene de la fuerza pública y la otra es ejercida por actores privados, corporativos o paraestatales con la aquiescencia, tolerancia y connivencia del Estado para defender intereses particulares en contra de los derechos de territorios y poblaciones.

En el caso de la violencia física pública, se presenta cuando los gobiernos recurren al abuso del poder a través del uso de la fuerza física, de las normas e instituciones y de los discursos (Asociación Pro Derechos Humanos et al., 2018), se criminalizan las movilizaciones populares que se oponen a las actividades extractivistas y de este modo se reprimen las manifestaciones mediante el uso de los aparatos represivos policial o militar, ya sea con el uso de material de represión: balas de goma o de plomo, uso de bombas lacrimógenas, con el fin de frenar la movilización ciudadana y dejar detrás un saldo de heridos o muertos (Gudynas, 2015a, 2015b). Según Campanini, Gandarillas y Gudynas (2020), Bolivia no se encuentra en la nómina de países con importante número de muertes, pero, sí es creciente el nivel de violencia hacia defensores del ambiente y de derechos humanos, y los patrones de abuso del poder y de violencia se van repitiendo como sucede en Perú, Colombia y Brasil.

En Bolivia, los proyectos, políticas e infraestructura extractivista están generando una violencia física contra los pueblos indígenas, en concreto, mediante el despojo de sus territorios, de sus formas de vida y de subsistencia.

Uno de los casos de violencia física fue la represión en Chaparina de la VIII Marcha Indígena por la Defensa del Territorio, la Vida y los Derechos de los Pueblos Indígenas (agosto de 2011), movilización que exigía el cese de la construcción “no consultada” de la carretera que atravesaría el TIPNIS, hogar de numerosos pueblos indígenas amazónicos. Las comunidades buscaban evitar la incursión de actividades extractivas en la reserva natural. El gobierno del entonces presidente Evo Morales hizo el uso desmedido de la fuerza pública policial y reprimió la movilización indígena. También se debe mencionar lo acontecido en el 2015 en la comunidad guaraní Takovo Mora, en el Chaco de Santa Cruz, donde se recurrió a la violencia policial para imponer el ingreso de actividades petroleras. Se actuó contra los movilizados, incluidos mujeres y niños, se ejerció violencia psicológica y se los encarceló (Campanini et al., 2020).

En lo referido a la violencia ejercida por actores privados, corporativos o paraestatales con la connivencia del Estado, puede mencionarse el caso de extractivismo agrario ante la expansión de la frontera agrícola en donde varios empresarios y hacendados recurren a la fuerza policial para ocupar territorios indígenas, como una forma de amedrentamiento. Este acto “Significa que las tierras y recursos que hasta ayer eran de poblaciones locales indígenas hoy pasaron a manos privadas, y en esa lógica cualquier oposición y resistencia va a ser penalizada y castigada” (Comunicación personal con A. V., 13 de septiembre de 2021).

De este modo, se aprecia el empleo de la fuerza pública y un ejercicio autoritario del poder estatal, y en el privado o paraestatal se tiene la aquiescencia del Estado y de los gobiernos de turno para promover la criminalización y hostigamiento judicial, así como la represión física. Según la Asociación Pro Derechos Humanos et al. (2018) el uso de la fuerza pública y privada tienen tres objetivos: i) garantizar el acceso a los territorios por parte de las empresas para que puedan desplegar sus actividades; ii) construir un control territorial a partir de la cooptación, división, vigilancia, represión y criminalización que garantice la actividad empresarial; y iii) el silenciamiento, control y eliminación de las críticas y resistencias a la actividad extractiva, que expresan las/os defensores de derechos humanos, territoriales y ambientales. Por lo que existe un marco político e institucional capturado por los intereses de las élites, el cual genera un ambiente de violencia creciente que suele desembocar en respuestas represivas desde el Estado u otras instancias paraestatales (Álvarez, 2018).

El extractivismo está fuertemente vinculado con las distintas formas de violencia. Bolivia posee una raíz histórica que pervive y que se presenta en la actualidad con otros neoextractivismos como el agrario, que se asienta en la exportación de materia prima y recientemente para la producción de biocombustible. Estos neoextractivismos cuentan con la participación estatal mediante leyes y políticas que incentivan la expansión de la frontera agrícola. Esto supone la presencia y creciente conflictividad ecosocial en el marco de una violencia estructural cada vez más explosiva que recurre a la simbólica, legal, ecológica ambiental y física, que puede ser público estatal, privado empresarial, de grupos afines a un gobierno o partido político.

La violencia simbólica y legal tiene como fin la dominación sutil mediante los aparatos ideológicos como los medios de comunicación y redes sociales. Primero, se repiten y amplifican los discursos del gobierno y principalmente del agronegocio como un modelo agropecuario ideal que busca su aceptación y legitimación en la sociedad boliviana. Es decir, a pesar de la construcción de una alternativa del desarrollo centrado en el Vivir Bien, el Estado Plurinacional ha quedado atrapado en el neoextractivismo como sucede con el agroextractivismo, cuando está demostrado que es un modelo productivo no amigable con la biodiversidad y los ecosistemas, y que durante los últimos años avanza hacia la liquidación de los bosques.

Segundo, se desacredita con campañas de desprestigio a líderes ciudadanos, indígenas, organizaciones sociales y defensores de los derechos de la Naturaleza, y se estigmatiza con estereotipos la participación y activismo ciudadano que demanda al gobierno boliviano la abrogación de leyes y decretos que promueven el extractivismo agrario y el agronegocio; y que exige el cumplimiento y respeto de la Ley de Madre Tierra. Y como consecuencia, se produce una violencia legal que criminaliza las protestas y movilizaciones mediante el hostigamiento judicial que busca acallar las voces que interpelan. Por ejemplo, se pueden mencionar las que provienen del sector privado empresarial, como lo sucedido en el 2020 con el director de Fundación Tierra o el proceso judicial por delitos de difamación y calumnias contra guardaparques del puesto de control Santa Cruz del Valle Ameno del municipio de Apolo. Por lo tanto, se vulneran los derechos a la protesta, a la información y a la defensa de los derechos de la Naturaleza.

La violencia ecológica ambiental se manifiesta con la usurpación del territorio, del ambiente y la modificación del ecosistema para extraer y explotar recursos naturales, en concreto, la ampliación de la frontera agrícola está ocasionando la degradación ambiental mediante la deforestación e incendios. En lo referido a la ampliación de la frontera agrícola, en las últimas décadas en Bolivia se produce en zonas boscosas y no productivas por parte de empresas agropecuarias dedicadas al agronegocio de la soya y ganadería que requieren grandes extensiones de terrenos, se habilitan tierras a costa del bosque chiquitano. Mientras, la deforestación e incendios se produjeron a causa del extractivismo agrario, en particular, en el 2019 han generado la pérdida de seis millones de hectáreas de bosque y en 2024 diez millones de hectáreas de bosque, lo cual tiene como resultado la degradación ambiental, la destrucción del hábitat, la pérdida de biodiversidad, de protectores naturales y reguladores del clima, y la afectación de las formas de vida de comunidades indígenas.

Asimismo, se vulneran y violan los derechos de la Naturaleza en donde se produce un ecocidio alentado por varias normativas que modifican el ambiente y los ecosistemas, y que son promovidas por el Estado legitimando lo ilegal y alegal, por ejemplo, con la flexibilización de las medidas de control ambiental. Por ello, se asiste a una ambigüedad en las leyes y políticas implementadas en las últimas décadas en el Estado Plurinacional: proteccionismo y extractivismo. Por un lado, se establece la protección de la Madre Tierra desde sus derechos establecidos en la CPE de 2009 y en la Ley 300 de Madre Tierra. Por otro, desde otras leyes y decretos se promueve un neoextractivismo estatal en el subsistema económico de la agricultura: el monocultivo de la soya y la extensión de la ganadería están sobreexplotando los bienes naturales, y la concentración de la propiedad de la tierra. Por lo tanto, un Estado que promueve los derechos de la Madre Tierra a nivel internacional no puede ser ajeno a su propia realidad.

En el caso de los incendios de la Chiquitanía del 2019 las consecuencias fueron irreparables para los bosques y la sociedad, se pusieron en riesgo 1.200 especies de fauna, la pérdida de bosques y árboles, de la biodiversidad, de materiales, las afecciones al medio ambiente, la salud y seguridad humana, entre otras. De modo que el agronegocio tiene como lógica el extractivismo agrario, que devora los bosques para producir soya y alimentar vacas, y cuyo resultado es el ecocidio. A la vez, se vulneran los derechos humanos: civiles, políticos y sociales a un ambiente sano, a la salud, alimentos, agua, territoriales, de autonomía y libre expresión en pueblos indígenas principalmente; y de defensores del ambiente para imponer los extractivismos como el caso del agro.

La violencia física es la consecuencia de las simbólicas, legales y ecológicas que aflora cuando los gobiernos criminalizan la protesta popular de comunidades, organizaciones y defensores que se movilizan ante las políticas, infraestructura y proyectos extractivistas, mediante el uso de la fuerza pública y física del Estado, actores privados, corporativos o paraestatales; en consecuencia, se producen despojos con la connivencia del Estado. Para ilustrar, la represión en Chaparina de la VIII Marcha Indígena por la Defensa del Territorio, la Vida y los Derechos de los Pueblos Indígenas (agosto de 2011); lo sucedido en el 2015 en la comunidad guaraní Takovo Mora, en el Chaco de Santa Cruz. Adicionalmente, se busca silenciar y eliminar las protestas que dejan heridos y muertos para garantizar el acceso y control de los territorios; si bien en Bolivia de momento no se han registrado muertes, es creciente el nivel de violencia simbólica y legal hacia defensores del ambiente y de derechos humanos que posee patrones de abuso del poder como la criminalización de las protestas y su judicialización.