En Nuestra América, pensar las disputas territoriales implica reconocer una trama densa en cuanto a las relaciones de dominación y su entramado histórico. Los movimientos en defensa de la vida y los territorios que emergieron a comienzos del siglo XXI lo han hecho sobre un terreno marcado por siglos de colonialismo y explotación de Abya Yala como exportadora de naturalezas humanas y no humanas. A la vez, las recientes experiencias de resistencia emergen sobre determinaciones histórico-sociales propias de la nueva fase de acumulación originaria abierta por el neoliberalismo en la región (Roux, 2008), el suelo de las innovaciones científico-tecnológicas y la transformación profunda de las relaciones entre economía, política y cultura operadas desde mediados de los años 70 (Gilly et al., 2006).

Resulta clave enfatizar que el neoliberalismo, como proceso de mundialización capitalista, no refiere a un modelo o programa puramente económico, sino más bien a la mutación más amplia y profunda que experimentan los diferentes ámbitos societales tanto en el plano nacional como en el regional y mundial (Seoane y Hayes, 2021). En efecto, debe ser comprendido como el discurso hegemónico de un modelo civilizatorio capaz de operar una extraordinaria síntesis de los supuestos y valores básicos de la sociedad liberal moderna en torno al ser humano, la riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el conocimiento y la buena vida (Lander, 2000).

De allí la relevancia de la noción de territorio para analizar las reconfiguraciones que produce el neoliberalismo en la región. Como advierte Ana E. Ceceña, la modificación de la geografía y los usos del territorio implican una transformación profunda de las relaciones sociales. “No se trata, como en otros casos, de una simple privatización de algún espacio estatizado […], sino de la expropiación de territorios y riquezas naturales junto con el sentido de la vida que han construido históricamente” (Ceceña, 2001, p. 8). En efecto, las políticas neoliberales dieron inicio a un drástico proceso de reorganización neocolonial del mundo que tuvo su espacio socioterritorial privilegiado de incursión en América Latina (Machado Aráoz, 2012). Para el sur del mundo, la disputa en torno al territorio y sus “recursos naturales”, es comprensible bajo la profundización de una lógica del despojo que abrió en la región un nuevo ciclo de mercantilización, apropiación y control capitalista de los bienes comunes de la naturaleza (Seoane et al., 2013). Esa ofensiva extractivista es la que determina y dimensiona el giro eco-territorial que puede observarse en las experiencias de lucha de las últimas décadas (Svampa, 2012) y la relevancia que fueron adquiriendo demandas sociales alrededor del agua y la reproducción de la vida (Ceceña y Ceceña, 2005). En tal sentido, Bernardo Mançano Fernandes (2005) nos permite conceptualizar esa experiencia histórica a partir de la construcción y disputa entre territorialidades antagónicas. Una crisis civilizatoria definida por el enfrentamiento entre, por un lado, la dinámica capitalista organizada en función del despojo y la explotación de la naturaleza hasta el límite de lo posible (humana y no humana); por el otro, el horizonte de sentido construido desde un conjunto heterogéneo de prácticas comunitarias, memorias colectivas y sociabilidades diversas que procuran hacer de la reproducción de la vida y el bien común el fundamento de la organización territorial.

La dinámica de esa conflictividad social, entre las reconfiguraciones neoliberales y las resistencias sociales, fue marcando los regímenes democráticos de la región. La democracia es una forma de organización del poder social en el espacio público que resulta inseparable de la estructura económico-social sobre la cual dicho poder se asienta. En tal sentido, los complejos procesos de transformación estructural que impuso el neoliberalismo, surcada por una trama densa de violencias entretejidas por dictaduras, precarización de la vida y avance del despojo extractivista, sellaron las profundas desigualdades que hacen imposible hablar de “democracias capitalistas”. Una fórmula que, como ha observado Atilio Borón, resulta un verdadero oxímoron o abuso del lenguaje. Por el contrario, es más preciso para el politólogo argentino, referirnos a “capitalismos democráticos”, para enfatizar las condiciones que impone una estructura inherentemente desigual y organizada en torno a relaciones de explotación socioecológica (Borón, 2020, p. 271).

Autores como Laval y Dardot (2017) han señalado la manera cómo el neoliberalismo trabaja activamente para socavar la democracia, transformando o destruyendo las instituciones sociales que aseguraban una relativa autonomía individual, familiar y, más generalmente, colectiva frente al mercado de trabajo y la subordinación al capital. Las contradicciones entre neoliberalismo y democracia también han sido particularmente problematizadas, a lo largo de los años, en toda la región latinoamericana y el sur del mundo (Lechini, 2008). Resulta crucial destacar que la llegada del neoliberalismo a la región estuvo zanjada, como condición de posibilidad, por la imposición del terrorismo de Estado en varios países del cono sur. Esa violencia originaria hizo posible la profunda derrota de una diversidad de luchas populares y movimientos revolucionarios que jalonaban la geografía latinoamericana durante los años 60 y 70 preparando el terreno para una reestructuración de la economía y la política como cimiento de la posterior transición a una “democracia de la derrota” (Scolnik y Sztulwark, 2023). Bajo esa temporalidad forjada por la derrota de las clases subalternas, los procesos de construcción de hegemonía neoliberal lograron, a la salida de aquellas sangrientas dictaduras, configurar diferentes “consensos” político-culturales que gestionaron el acompasamiento entre regímenes políticos democráticos y la expansión del neoliberalismo (Tzeiman, 2024).

El llamado Consenso de Washington fue la gran apuesta de los poderes globales en torno a la mundialización capitalista que, por entonces, se encontraba en curso. Promovido desde los tempranos años 80, se trató de un paquete de políticas de “ajuste” estructural que buscaba promover “reformas” a partir de las cuales los países periféricos del sur global superarían los problemas de desarrollo. En dicha apuesta cobraron un rol central las agencias financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), tanto en lo económico como en el disciplinamiento político de los países del sur para alinearse a los estrechos límites de ese “gran consenso”. El Consenso de Washington determinó nuevas formas de subordinación y control, impidiendo a los países del sur tomar decisiones soberanas en áreas cruciales de gobierno (Borón, 2020; Lechini, 2008). Con todo, los resultados de este primer periplo neoliberal confluyeron en un aumento generalizado de la pobreza y una dinámica de exclusión que profundizó las desigualdades sociales. El creciente desempleo, la regresión en la distribución del ingreso, la precarización de las condiciones de trabajo y la disminución del consumo derivaron, hacia finales de los 90, en importantes crisis económicas y políticas en varios países de la región. Hacia mediados de esa década, levantamientos indígenas como el Inti Raymi en Ecuador (1990) o el movimiento zapatista en Chiapas-México (1994), así como el movimiento piquetero en Argentina (1996), dieron cuenta del nacimiento de un ciclo de rebeldías sociales que emergieron en confrontación con la dinámica de exclusión social y política del neoliberalismo (Bonifacio et al., 2017).

Ahora bien, durante esa primera etapa neoliberal, fue clave la introducción de un conjunto de reformas jurídicas en sectores del sistema primario-exportador (minería, hidrocarburos, agroindustria, etc.). Estos nuevos marcos regulatorios buscaron garantizar “seguridad jurídica” y generar “incentivos” fiscales para las inversiones extranjeras, asegurando un buen clima de negocio y rentabilidad (Martínez Espinoza, 2018). Con todo, dichas reformas sirvieron para promover, en las primeras décadas del siglo XXI, la ampliación del extractivismo (Godfrid, 2015; Svampa, 2012). Lo que hizo posible tender un puente entre el Consenso de Washington y el “Consenso de los Commodities”, al decir de Maristella Svampa. Un contexto de cambios del modelo de acumulación enfocado a la exportación de bienes primarios a gran escala, que conllevó la intensificación de proyectos tendientes al control, extracción y exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado (Svampa, 2012). Frente a este panorama, en toda América Latina diversos movimientos sociales asumieron la dimensión territorial-ambiental como eje central de sus luchas y programáticas, sea desde movimientos ecologistas urbanos, asambleas de vecinos en resistencia a megaemprendimientos extractivos de diversa índole o movimientos campesinos e indígenas que resignificaron sus luchas por tierra y territorio en una clave socioambiental (Bonifacio et al., 2017, p. 161).

Al igual que las tensiones abiertas por la imposición del Consenso de Washington, la experiencia histórica de los pueblos latinoamericanos en torno al Consenso de los Commodities señala una ecuación similar: “A mas extractivismo, menos democracia”, tal como ha sabido sintetizar Maristella Svampa (2019). El aumento del extractivismo ha conllevado, en toda Abya Yala, un aumento tanto de la conflictividad como de los procesos de criminalización de la protesta (Arboleda Mutis y García, 2014; Martínez Espinoza, 2018; Svampa, 2019). En tal sentido, cabe destacar que el extractivismo no se relaciona con un tema estrictamente económico o ecológico, sino, fundamentalmente, democrático (Folguera, 2023; Martínez Espinoza, 2018) pues lo que en ellos se juega son hechos políticos que sintetizan el derecho de una comunidad a decidir sobre su territorio y su proyecto de vida en común (Cuvi, 2019). Cada una de esas disputas territoriales se relaciona con la democracia y los derechos ciudadanos, pues en ellas se zanja la producción material, institucional y simbólica de la viabilidad real o percibida de otras formas de vida, de organización social y de economías (Hoetmer, 2017).

Frente a la hegemonía de esos consensos neoliberales —Washington primero, Commodities después—, las disputas territoriales abren un espacio de rebeldía capaz de instituir un litigio, una apertura a otros mundos posibles.

Los relatos acerca de los orígenes de la oposición a la megaminería en Mendoza, se remontan al año 2004 y hablan de la preocupación que despertaron, en puesteros y montañistas, los “movimientos” atípicos que observaban en una zona cercana a la conocida Laguna del Diamante. Por aquellos años, empresas transnacionales como la canadiense Tenke estaban interesadas en desarrollar proyectos de explotación que afectarían, dada su cercanía, la Reserva Natural Laguna del Diamante y la zona cabecera de la cuenca del Río Tunuyán.

Las primeras manifestaciones colectivas, aquellas que le darían visibilidad pública al conflicto, tuvieron lugar en la zona del Valle de Uco, ubicada al centro este de la provincia. Desde las entrañas de pequeñas localidades nacieron las primeras voces de alarma.

Pareditas es un pequeño distrito del Departamento de San Carlos. Allí se produjo una de las primeras acciones colectivas contra la minería metalífera a gran escala. El 28 de febrero de 2005, vecinxs autoconvocadxs interrumpieron el paso de la comitiva de más de 30 vehículos que se dirigía a un acto oficial denominado la Degustación más alta del mundo realizada precisamente en la Laguna del Diamante. Un grupo de productores y vecinxs, al costado de la Ruta 40, repartía volantes y enarbolaba carteles que mostraban rechazo al emprendimiento minero Papagayos, por el riesgo de contaminación del agua (nota de F. Silvapintos en Los Andes, 1 de marzo de 2005).

La consulta, también ubicada en el Valle de Uco, sería el escenario de otra acción de protesta en mayo de ese mismo año. Una manifestación en los actos oficiales por el Día de la Revolución de Mayo, realizada en el histórico territorio de los llamados parlamentos sanmartinianos. Aquel día se encontraban más de 4000 personas en las calles participando del desfile. En el momento en el que el gobernador Julio Cobos subía al palco, lxs sancarlinxs aprovecharon para entregar un petitorio con tres puntos: 1) transparencia en la información oficial; 2) integrar el consejo provincial del ambiente; y 3) el derecho a elegir y sostener el estilo de vida agrícola. Además, vecinos/as con trajes antiradioactividad, barbijos y máscaras antigases portaban carteles: “Cianuro no. Vida sí. No a la mina” (nota periodística de F. Sevilla en Diario Uno, 26 de mayo de 2005).

Eugenio Bustos es la tercera localidad del Valle de Uco que fue testigo de la emergencia del conflicto por la megaminería. En septiembre de ese año, durante la tarde de un domingo, más de 4000 personas se concentraron en la terminal de Eugenio Bustos, cortaron la Ruta 40 y cantaron el Himno Nacional, rechazando la explotación minera de oro y reclamando al gobierno provincial ser informados sobre la situación (nota periodística de A. Gamero en Diario Uno, 5 de septiembre de 2005). Esta última acción colectiva arrojó como resultado dos medidas: por un lado, el gobierno provincial definió la suspensión por 90 días de los permisos de cateo y exploración minera; por el otro, la Legislatura aprobó la ampliación de la Reserva Natural Laguna del Diamante, extendiendo sus límites de protección hasta la zona en litigio.

Al año siguiente, durante 2006, la preocupación por el avance de proyectos para la exploración metalífera se extendió hacia el sur provincial, en los territorios de Alvear y San Rafael. Allí también emergieron tramas comunitarias en defensa del agua, de la mano de La Multisectorial de General Alvear, los Autoconvocados de Punta de Agua y la Asamblea del Pueblo de Alvear. En el mes de agosto se registran las primeras manifestaciones. A partir de allí comenzaron a organizar una serie de marchas. En noviembre, más de 4500 alvearenses respondieron a la convocatoria y dijeron: “No” a los emprendimientos mineros que se pretendían desarrollar, Chapleau en Punta del Agua y Anchoris en Los Toldos.

A finales de 2006, el conflicto por la “minería contaminante, secante y saqueante” se extendió a la ciudad de Mendoza, a las puertas de la Legislatura provincial. Durante el mes de noviembre, 8 vecinxs de San Carlos realizaron un ayuno frente a la Legislatura. “Estamos ayunando en defensa del agua y de la vida”, decía uno de los carteles. “Sr. gobernador y diputados: su poder se lo dio el pueblo; el pueblo no quiere minería contaminante. Queremos agua y vida sana”, decía otro. Al finalizar el ayuno, entregaron un petitorio en la Legislatura acompañado con más de 2000 firmas. Ese día, entre quienes tomaron la palabra, un vecino de San Carlos decía:

La dinámica entre esas 3 instancias de la lucha por el agua frente al avance de la megaminería en Mendoza, refiere al proceso de provincialización del conflicto. En ese recorrido se amalgama la constitución de un sujeto y la construcción social del agua como bien común. Y se sostuvo a través de un proceso de subjetivación política que, con Rancière, podemos llamar democracia. “El pueblo quiere saber de qué se trata”, se titulaba el petitorio entregado en la consulta al gobernador. Ese derecho a saber no se reduce al mero hecho de ser informado. Es una demanda de reconocimiento como sujeto político, de afirmación de sus saberes acerca de sus propios deseos sobre el modo de producir y reproducir la vida social. “La gente está informada, sabe muy bien qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere […] lo que hay es, en realidad, claras intenciones del gobierno de no respetar las voluntades populares”, advertía un entrevistado en el ayuno frente a la Legislatura (Noticiero Popular, 2006). Resaltado propio.

Desde 2005, pobladorxs de pequeñas localidades comenzaron a organizarse de manera autoconvocada para promover la defensa del agua como “derecho inalienable”. Rastrear información, elaborar argumentos, intercambiar opiniones, comunicar a sus parientes, son algunas de las acciones colectivas que fueron abriendo canales de participación y tejiendo complicidades en la escuela, la ruta o la plaza. La movilización de comunidades como Pareditas, Egugenio Bustos y La Consulta impulsó un proceso de repolitización de lo social que descentró el lugar de la política y el debate público acostumbrado. En esas movilizaciones, apelando al carácter autoconvocado, pusieron en práctica su capacidad de deliberación, respondieron a las exigencias de autoorganización, ensayaron formas de democracia directa, apostaron a la horizontalidad en la toma de decisiones. Esa experiencia abrió un proceso de subjetivación política que, bajo el nombre de vecinxs autoncovocadxs, los arrancaba de toda evidencia acerca de su condición social y la naturalidad del lugar que acostumbraban habitar, abriendo un espacio de sujeto donde cualquiera puede contarse porque es el espacio de una cuenta de lxs incontadxs. En la perspectiva que exponíamos arriba, la política tiene que ver con la institución de una parte de los que no tienen parte. La producción mediante una serie de actos de una instancia y una capacidad de enunciación que no eran identificables en el campo de experiencia dado (Rancière, 1996, p. 52).

En diciembre de 2006, la oposición a la megaminería había logrado que la Legislatura suspendiera la actividad minera hasta contar con un plan ambiental integral. Sin embargo, sería vetada días más tarde por el gobernador. En efecto, lxs manifestantes apostaron a lograr otra normativa mucho más importante, una que preservara el agua en toda la provincia. Para ello, a comienzos de 2007, renovaron las acciones colectivas, movilizaciones y cortes de ruta impulsadas por diferentes organizaciones que rechazaban la minería a gran escala. Hacia el mes de junio, las luchas callejeras se intensificaron, realizando acciones como Cabildos Abiertos y cortes de ruta totales en Alvear, San Carlos y concentraciones en la Ciudad de Mendoza frente a la Legislatura. Finalmente, la normativa llegó el 20 de junio de 2007 con la sanción de la Ley provincial 7722^.3 Esta reconfiguró el escenario político. En forma rápida, adquirió una particular relevancia en la dinámica del conflicto. Como una gran fuerza centrífuga, desplazó los enfrentamientos que, a partir de allí, comenzaron a gravitar alrededor de la 7722, entre quienes la defienden porque la consideran “guardiana del agua” y quienes, por el contrario, la atacan e intentan abolir, al considerarla un obstáculo para el desarrollo de la provincia, causa de “atraso” económico y social.

La arena legal-institucional como ámbito de confrontación política marcó nuevas tensiones en relación al proceso democrático tal como vengo proponiendo. Si el pueblo tiene que ver con la institución de una comunidad litigiosa —implica apertura de un conflicto sobre la cuenta misma de las partes—, la institucionalidad amenaza con reducir el litigio político a cierto conflicto de intereses entre partes ya constituidas de la población. Así, la regulación legislativa formalizó el conjunto de procedimientos que debe seguir cualquier proyecto de explotación metalífera, estableciendo cuáles son los interlocutores válidos distribuyendo sus lugares, funciones y sistemas de legitimación; mientras que el trabajo legislativo fijaba las comisiones para su tratamiento, sus tiempos, etc. En cierto modo, reenvió el conflicto a los mecanismos ya definidos de un hacer político y a cierta distribución de los cuerpos con el reparto concomitante de los modos de ser, hacer y decir. Así, las empresas mineras conocían los recursos jurídicos que estaban a su alcance para intentar rebatir la normativa. En el momento inmediatamente posterior a la sanción de la Ley 7722, interpusieron una demanda de inconstitucionalidad cuyo proceso judicial duró hasta diciembre de 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia de Mendoza ratificó su legalidad.4

Ahora bien, por otro lado, la Ley 7722 abrió camino a nuevos procesos sustantivos de democratización, esto es, ciertas instancias a través de las cuales se extendió aquella transformación del paisaje común que había provocado la irrupción de lxs vecinxs autoconvocadxs, esa manifestación de las capacidades de cualquiera que desplaza los cuerpos del lugar que les estaba asignado. Tal proceso puede observarse con relación a un nuevo conflicto que emergió hacia 2008, el Proyecto San Jorge, un emprendimiento de extracción de cobre y oro ubicado en la Estancia Yalguaraz, en Uspallata, zona de alta montaña. La dinámica de ese conflicto gravitó alrededor de 2 hitos clave. El primero de ellos, se trata de la realización de la audiencia pública prevista por la Ley Provincial 5961 de Preservación del Medio Ambiente como requerimiento a toda actividad con potencial impacto ambiental. Dicha audiencia se llevó a cabo el 26 de octubre de 2010, en Uspallata. En aquella jornada participaron alrededor de 2300 personas y debatieron durante 14 horas la instalación de una explotación minera a cielo abierto. El rechazo fue rotundo: de 283 intervenciones durante la audiencia pública, 218 lo hicieron en contra del proyecto megaminero y 65, a favor. En efecto, el 77% de lxs expositorxs se pronunciaron en contra de San Jorge (Barrientos, 2012). El debate puso de manifiesto que la megaminería en Mendoza no tiene licencia social. Alrededor de esta cuestión podemos reconocer la dimensión política de la lucha contra la megaminería tal como he tratado de abordar aquí con relación a la emergencia de una parte de los que no tienen parte, la afirmación de las capacidades de cualquiera para asumir y decidir sobre los asuntos comunes.

El pueblo no es otra cosa que la masa indiferenciada de quienes no tienen ningún tipo de título positivo (ni expertise ni riqueza), pero que no obstante se reconoce con la misma libertad de quienes lo poseen (Rancière, 1996, p. 22). En efecto, durante la audiencia pública el pueblo, ese agrupamiento fáctico y diverso de hombres y mujeres “sin cualidades” según Rancière, se instituyó en interlocutor legítimo para otorgar (o no) la licencia para operar a la empresa.

El segundo hito al que debemos referir destaca una acción colectiva impulsada por la AMPAP, una movilización que derivó en la toma de la Legislatura (2011). Pese al tajante rechazo social que cosechaba el proyecto San Jorge en diferentes sectores sociales y territorios, en enero de 2011, el gobierno provincial, a través del poder ejecutivo, decidió aprobar la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la empresa, advirtiendo que “siendo los legisladores provinciales los legítimos representantes del pueblo mendocino, esta Autoridad Ambiental Minera entiende que corresponderá a aquel Honorable Cuerpo Legislativo otorgar la licencia social del proyecto requerida en la audiencia pública” (Dirección de Minería y Dirección de Protección Ambiental, 2010, citado en Wagner y Giraud, 2013). La Declaración de Impacto Ambiental debía ser ratificada, según la Ley 7722, por la Legislatura. El día de la sesión, una gran movilización popular irrumpió en el recinto legislativo para tomar la palabra:

La toma de la Legislatura puede ser leída, como señala Rancière, en tanto “acontecimiento del habla”, esto es, la captación de los cuerpos hablantes mediante palabras que los arrancan de su lugar, trastocando el orden mismo que instituía la concordancia de las palabras con los estados de los cuerpos. Ese acontecimiento perturba un orden en el que los modos del decir, del hacer y del ser se pretendían ya determinados: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Por el contrario, la toma de la palabra y la ocupación de la Legislatura viene a interrumpir ese orden de funcionamiento mediante el cual la plebe se apodera de palabras que no estaban destinadas a ella (Rancière, 1996, p. 40).

Durante los últimos años, Mendoza no ha estado ajena a la dinámica regional que puso en marcha un proceso de relegitimación de fuerzas neoliberales y supuso una intensificación de los engranajes de apropiación y explotación transnacional de bienes comunes naturales (Vértiz et al., 2019). En el contexto provincial, la ofensiva extractivista pudo observarse en torno a dos iniciativas por parte de los sectores dominantes, ambas fueron la ocasión para la emergencia de intensos ciclos de movilización social: la ampliación de la frontera extractiva hacia la explotación de hidrocarburos no convencionales (fracking)5 y la propuesta de modificación de la Ley 7.722.

En diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza había ratificado la constitucionalidad de la Ley 7.722. La decisión de los jueces volvió a modificar el escenario provincial: cerrada la vía judicial de impugnación de la norma, los sectores dominantes comenzaron a trabajar en la vía legislativa para promover su modificación. Hacia finales de 2018, llegaría el primer impulso legislativo para modificar la Ley 7.722. Entre octubre y noviembre, diferentes bloques dentro de la Cámara de Diputados provinciales presentaron proyectos de reforma. En dicha ocasión, durante el trabajo de las comisiones legislativa, se llevó a cabo un ciclo de debates parlamentarios, en el que participaron tanto funcionarios del gobierno como representantes de diferentes sectores sociales: universidades, asociaciones civiles, cámaras empresariales y asambleas de vecinxs autoconvocadxs en defensa del agua.

Los pasajes citados expresan, con desasosiego, demandas que asoman a partir del anudamiento entre el extractivismo, la democracia y el fundamento político de sus instituciones. Se trata de algunas de las intervenciones que realizaron diferentes asambleas socioambientales durante el trabajo en comisiones legislativas. En esa ocasión, año 2018, el tratamiento parlamentario quedaría inconcluso, sin pasar a votación en el recinto. El clima político anticipaba el año electoral de 2019 y ninguna de las fuerzas políticas parlamentarias estuvo dispuesta a asumir el costo político que suponía la iniciativa de modificar la Ley 7.722, “ley guardiana del agua”.

La segunda intentona contra la Ley 7.722 llegó en diciembre de 2019 con menos debate y mayores confrontaciones. Esta vez, tomó impulso de la mano del Poder Ejecutivo, quien promovió la modificación el primer día de gobierno, confiado en que el reciente triunfo electoral y el previo acuerdo interpartidario garantizarían con éxito la gobernabilidad de la maniobra. Ambas cámaras legislativas, Diputados y Senadores, avanzaron con las modificaciones durante un mismo día, en una Legislatura que debió sesionar totalmente vallada y custodiada por las fuerzas de seguridad. Afuera del edificio, en la calle, un intenso reclamo nacía de diversos sectores sociales y masivas movilizaciones proliferaban en varios departamentos y localidades del territorio provincial. Con represión, enfrentamientos e imputaciones judiciales a manifestantes, la Legislatura sancionó una nueva normativa, la Ley 9.209, en la que entre los cambios introducidos flexibilizaba las condiciones de explotación para la minería metalífera, principalmente, habilitando el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el ácido sulfúrico, de allí que fuera bautizada “ley cianuro”. Sin embargo, una intensa pueblada desbordó las calles en defensa de la Ley 7.722 y obligó al gobernador a dar marcha atrás y restituir la plena vigencia de la “ley del pueblo”.

“No somos ambientalistas, somos el pueblo”, podía leerse en una pancarta. El pueblo por el cual hay democracia, señala Rancière, es una unidad que no consiste en ningún grupo social, pero que descarga en el balance de las partes de la sociedad la institución de una parte de los sin parte. Contra las formaciones discursivas hegemónicas —organizadas desde el gobierno, cámaras empresarias y medios de comunicación—que buscaban particularizar las demandas refiriendo el conflicto a “los ambientalistas”, “metemiedos”, “fundamentalistas”; las asambleas territoriales contraponían la universalización de las capacidades de cualquiera que supone y define la democracia (Rancière, 1996). A 15 años de sus primeras manifestaciones, las asambleas volvían a recordar aquella trama que anuda la defensa del agua y la oposición a la megaminería con un profundo reclamo democrático: la afirmación de sus propias capacidades para tomar decisiones sobre el territorio.