En ocasiones, la naturaleza latinoamericana y caribeña se retrata como inabarcable, exuberante, “ingobernable”. Así puede apreciarse en el largometraje Aguirre, la ira de Dios (1972), dirigido por el alemán Werner Herzog, que relata la expedición de un grupo de conquistadores españoles hacia la mítica ciudad de El Dorado, a mediados del siglo XVI. La travesía tiene como telón de fondo la profusa selva amazónica, pero no como simple paisaje o escenario inerte, sino que es igual de protagónica que el personaje principal, Lope de Aguirre, interpretado magistralmente por el actor alemán Klaus Kinski. Inmensa es la naturaleza e inmensa, también, la codicia de Aguirre, que lo impulsa a una gesta feroz hacia “la tierra del oro”. Este film recrea la violencia que sobrevino con la conquista de los territorios latinoamericanos y caribeños y que fue ejercida tanto sobre seres humanos como no humanos. El colonialismo es uno de los múltiples fenómenos que Marx rubrica como parte de la acumulación originaria, aquella que apuntaló el surgimiento del modo de producción capitalista. Según algunos autores marxistas contemporáneos, la violencia asociada a aquel momento fundacional parece no haber quedado en el pasado, sino que persiste y se reactualiza, razón por lo cual prefieren denominarla acumulación por desposesión o despojo (Bonefeld, 2012; De Angelis, 2012; Harvey, 2004).

Así, en tanto la acumulación por medios extraeconómicos —esto es, violentos y coercitivos— es parte de la actualidad del capitalismo, en este escrito me pregunto si asume de manera invariable una expresión descarnada o explícita, o si bajo ciertas circunstancias dicha violencia puede enmascararse y aun así conseguir su objetivo: crear o recrear las condiciones para la reproducción del capital. Desde esta óptica, analizo el proceso que definió los límites del área natural protegida y sitio Ramsar laguna de Llancanelo, ubicada en Malargüe, Mendoza. Dicho proceso, que se extendió entre los años 2005 y 2007, estuvo protagonizado por el gobierno provincial, la empresa Repsol-YPF y la ONG Oikos Red Ambiental; y se encauzó en dos ámbitos de negociaciones distintos: el Consejo Asesor de Desarrollo Sustentable de la provincia y una mesa de diálogo creada por iniciativa de Oikos. La delimitación del área de conservación constituyó el momento más álgido de un conflicto más extenso, surgido a fines de la década de 1990, debido a la reactivación de la explotación petrolera en las inmediaciones de Llancanelo. Establecer los límites de la reserva fue clave porque la Ley Provincial de Áreas Naturales Provinciales (Nº 6.045) prohíbe explícitamente la instalación y el desarrollo de actividades extractivas en su interior y en áreas de amortiguamiento. Luego de casi dos años de negociaciones, a fines del año 2007 se sancionó la Ley provincial Nº 7.824, que establece los límites de Llancanelo y que simultáneamente permitió ampliar el área de conservación y reactivar la exploración y explotación petrolera.

Para finalizar, quisiera mencionar que los temas aquí abordados forman parte de mi tesis doctoral, denominada Entre la conservación de la naturaleza y el extractivismo. El conflicto petrolero en la reserva laguna de Llancanelo (Mendoza) (D’Amico, 2017) cuyo objetivo general fue analizar las implicancias y efectos del avance de actividades extractivas sobre espacios destinados a la conservación de la naturaleza. La metodología utilizada fue el estudio de caso y se combinaron técnicas cuantitativas y cualitativas, acorde a los objetivos específicos, aunque ciertamente predominó un enfoque cualitativo. Se realizaron entrevistas en profundidad, se tomaron notas de campo y se analizaron diversos tipos de documentos oficiales y registros hemerográficos. Estos insumos son los que nutren el presente artículo.

En los últimos tiempos, los debates sobre el extractivismo se dieron a la par de las discusiones acerca de las formas coercitivas o violentas de acumulación del capital, es decir, mediante medios extraeconómicos (Seoane et al., 2013). Marx y otros teóricos, como Lenin y Luxemburgo, sostienen que las vías violentas de acumulación designan el momento fundacional del modo de producción capitalista, por lo que la denominan originaria o primitiva. Sin embargo, un grupo de pensadores contemporáneos discuten esta referencia acotada al pasado del capitalismo y destacan la vigencia y reactualización permanente de los medios extraeconómicos, por lo tanto la denominan acumulación por desposesión o despojo (Bonefeld, 2012; De Angelis, 2012; Federici, 2015; Harvey, 2004; Perelman, 2012).

Marx analiza el proceso histórico de la acumulación originaria, refiriéndose a la experiencia inglesa, en el Cap. XXIV, del Tomo I, de El Capital. Dicho proceso supuso el cercamiento de tierras comunales y públicas, saqueos y expropiaciones de los medios de producción a ingentes masas de campesinos libres y pequeños arrendatarios, e incluso la sanción de leyes que convalidaron tal despojo.1 Así, lo que permitió el surgimiento e impulso de la producción capitalista fue la separación de los productores directos de sus medios de vida. Dinero, mercancías, medios de producción y bienes no son capital en sí mismos, sino que adquieren tal carácter por la división y el enfrentamiento entre desposeídos y poseedores. Cuando dicha separación se consolida, “la producción capitalista no solo mantiene este divorcio, sino que lo reproduce y acentúa en una escala cada vez mayor” (Marx, 1987, p. 608). De esta manera, la estructura de clases capitalista se origina por dicho divorcio, y no por una simple acumulación de stock, tal como lo concibe la economía política clásica.(De Angelis, 2012). Cabe destacar que Marx (1987) también alude a otros eventos que forman parte de la acumulación originaria, como el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata en América y el exterminio de su población nativa; la comercialización de esclavos africanos; los sistemas de deuda pública, tributario y de crédito internacional.

Más tarde, otros pensadores marxistas dieron continuidad al análisis de la acumulación originaria. Lenin, por su parte, la define explícitamente como la prehistoria del capital, con lo cual los métodos violentos corresponden solo al momento histórico de surgimiento de las relaciones sociales capitalistas, de allí su carácter primitivo. Una vez consumado el despojo, el capital se reproduce de manera ampliada, es decir, mediante las relaciones mercantiles en cuanto tales, a través de los vínculos capital-trabajo asalariado. Sin negar esta condición histórica, Luxemburgo —en relación a sus escritos sobre imperialismo— afirma que la acumulación de capital se encarrila por dos vías. Por un lado, mediante un proceso fundamentalmente económico, donde reinan la paz, la propiedad y la igualdad; y por el otro, a través de los vínculos entre el capital y las formas no capitalistas (por ejemplo, la política colonial, los sistemas de crédito internacionales, las guerras), sustentados en el engaño, la opresión y la rapiña. Donde predominan las leyes “armoniosas” del mercado, no queda espacio para las vías violentas de acumulación; en consecuencia, esta última sería externa al modo de producción capitalista. Si bien es discutible que en los sistemas capitalistas maduros no haya espacio para la acumulación vía medios extraeconómicos, Luxemburgo advierte sobre la convivencia de las dos lógicas de acumulación mencionadas, y, con ello, plantea la posibilidad de un diálogo más efectivo con el horizonte contemporáneo sobre las formas de acumulación capitalista (Alimonda, 2015).

A diferencia de estas primeras formulaciones, actualmente se afirma que la acumulación primitiva no solamente designa el paso del modo de producción feudal al capitalismo, ni que le resulta externa, sino que conforma el motor de la producción capitalista y que es inherente a su desenvolvimiento; de allí que la violencia, la rapiña y el fraude la acompañan a lo largo y ancho de su geografía histórica (Bonefeld, 2012; De Angelis, 2012; Federici, 2015; Harvey, 2004; Perelman, 2012). La acumulación originaria es “la base, la presuposición, la precondición básica y necesaria para que la acumulación de capital (ampliada) pueda ocurrir” (De Angelis, 2012, p. 12). En tal sentido, la división o separación subyace tanto en el despojo violento como en las armoniosas relaciones económicas, la distinción radica en cómo se presenta tal enfrentamiento. La acumulación (ampliada) presenta como un proceso continuo lo que en la acumulación originaria aparece como un momento histórico distintivo (Marx, 1971, pp 271 y 311-312 citado en De Angelis, 2012, p. 6).El carácter continuo e inherente de la acumulación originaria radica en la naturaleza conflictiva de las relaciones capitalistas. Cuando se establece el “estado natural de las cosas”, es decir, cuando se consolida la relación desigual y contradictoria entre capital y trabajo a través de la reproducción ampliada, la acumulación originaria permanece en un estado de latencia. Sin embargo, en determinadas circunstancias representa una estrategia reactiva del capital para establecer o restablecer —allí donde se resisten o peligran— las leyes “naturales” de la producción. Ante los desafíos a la desposesión, el capital reactualizará sus bases recurriendo a mecanismos coercitivos que permitan realizar ex novo la separación de medios y productores directos (De Angelis, 2012).

La provincia de Mendoza se ubica en el centro oeste argentino y se caracteriza por su clima árido y niveles de precipitaciones exiguos (Abraham, 2002). La escasa disponibilidad del recurso hídrico resulta en una fisonomía territorial contrastante: de un lado, las zonas irrigadas3 (4 % del territorio), que albergan los mayores volúmenes demográficos, permiten el desarrollo agrícola y la prestación de servicios e infraestructura; y, del otro, las zonas no irrigadas (96 % del territorio), que presentan menor densidad poblacional y albergan la explotación de hidrocarburos, la producción ganadera (especialmente caprina) y buena parte de las áreas naturales protegidas (ver Figura 1). “Ganar la batalla al desierto” ha sedimentado el imaginario socioambiental de la provincia, dando lugar a una entronización de la cultura del agua, los oasis y la vitivinicultura como su industria emblemática (Escolar et al., 2012). La fuerza de ese imaginario suele ocultar que otras actividades productivas son también relevantes para la economía provincial, por ejemplo, los hidrocarburos. A nivel nacional, Mendoza ocupa el cuarto lugar como productora de petróleo y el séptimo como productora de gas. Las actividades asociadas al complejo hidrocarburífero representan aproximadamente un 13 % del Producto Bruto Geográfico (PBG). En la provincia se emplazan dos cuencas hidrocarburíferas: la cuenca neuquina (compartida con la formación Vaca Muerta de la provincia de Neuquén), a la cual corresponde el 64 % del petróleo y el 98 % del gas; y la cuenca cuyana, ubicada en el norte y a la que corresponde el 36 % del petróleo y el 2 % del gas (Canafoglia y Culós, 2021).

La mayoría de la producción petrolera de Mendoza proviene de Malargüe. Los inicios de esta actividad allí se remontan a principios del siglo XX, aunque recién en la década de 1970 exhibió un vigoroso dinamismo, impulsado principalmente por la entonces YPF estatal. Esta bonanza, sin embargo, se extendió por poco tiempo, dado que durante los años noventa la implementación del programa neoliberal alcanzó también a los hidrocarburos (Barrera et al., 2012). El objetivo primordial fue destruir el rol regente de YPF en el mercado local;4 y tal como ocurrió en otros pueblos, en los cuales la petrolera estatal funcionaba como organizadora de la vida social y económica, Malargüe experimentó los devastadores efectos de su privatización. A pesar de ello, nunca dejó de constituir el polo petrolero provincial, lo cual se trasluce, además, en una identidad cultural de gran valor para una parte importante de la población local. Actualmente, el 66,6 % del PBG departamental lo concentra el rubro minas y canteras (donde se computa la explotación de hidrocarburos) y las principales compañías operadoras son YPF S.A., Pluspetrol S.A. y El Trébol S.A. (Canafoglia y Culós, 2021).

Malargüe también alberga la mayor cantidad de áreas protegidas naturales por departamento. En la zona de planicies se encuentran las dos de mayor extensión: por un lado, Payunia, que cubre aproximadamente 665.000 hectáreas, conformada por amplias llanuras volcánicas; y por el otro, Llancanelo, cuyas 89.000 hectáreas incluyen una formación lacunar salina, con importante presencia de avifauna, y declarada sitio Ramsar en el año 1995. Luego, en dirección a la cordillera de Los Andes, se encuentran Caverna de las Brujas, de aproximadamente 450 hectáreas, y compuesta por un paisaje subterráneo de estalactitas y estalagmitas; y Castillos de Pincheira, un conjunto de formaciones rocosas producto de antiguas erupciones volcánicas y de la erosión prolongada del agua y el viento, que se extiende por 650 hectáreas (Ministerio de Energía y Ambiente. Gobierno de Mendoza, 2023).

Por su parte, Llancanelo, se ubica a 400 km de la ciudad de Mendoza y a 75 km de la cabecera departamental. La explotación petrolera se remonta a comienzos del siglo pasado, momento en que YPF descubrió el yacimiento (Agard et al., 2002; Scoones y Sosa, 2005). El crudo del área es altamente viscoso (también conocido como petróleo pesado), lo que implica elevados costos de extracción y producción en comparación con crudos más livianos. Esta razón provocó que la explotación del área fuera esporádica, aunque se destaca la permanencia de YPF desde el descubrimiento del yacimiento; y, en efecto, en la actualidad es la única compañía operando los dos bloques de concesión, denominados Llancanelo y Llancanelo R. Entre ambos bloques reúnen 59 pozos (de recursos convencionales) aunque 57 corresponden al primero y solo 2 al segundo. De ellos, 38 se encuentran en extracción efectiva; 12 están abandonados y los 9 restantes se encuentran en espera de reparación, en estudio, a abandonar o parados transitoriamente. Cabe destacar que la contribución de los bloques a la producción de la cuenca no es significativa: durante el período 2006–enero 2024 representó solo el 2,53% (808.440 m³) del total de la producción (31.870.205 m³) de los yacimientos de la cuenca neuquina de la provincia de Mendoza (Secretaría de Energía, 2024).

En relación a sus características ambientales y ecológicas, Llancanelo comprende una formación lacunar salina —de ambiente semi-desértico— emplazada en una depresión al pie de los Andes Centrales, a 1.300 msnm, perteneciente a la región fitogeográfica de La Payunia (Martínez Carretero, 2004). También incluye bañados, grandes pajonales inundados, bajos salinos y salitrales costeros. Se destacan poblaciones variables de aves de hasta 150.000 individuos, pertenecientes a 74 especies, siendo el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) la más representativa (Agard et al., 2002). Llancanelo es el segundo sitio en importancia para la cría de esta especie en su área de distribución y el sitio de reproducción más austral conocido hasta el presente. Durante el resto del año alberga un promedio de 32.000 individuos, lo que representa el 11,4 % del total poblacional registrado para la especie (Palma Leotta et al., 2019). También se destacan bellezas escénicas como amplios campos volcánicos, que se integran a los de Payunia. Hacia la zona este de la laguna se extiende un gran salitral, donde se ubican algunos puestos de manera dispersa, dedicados a la ganadería caprina de subsistencia.5 En contraste, la zona oeste presenta una mayor accesibilidad al recurso hídrico, dado que allí desembocan el río Malargüe y los arroyos Mocho y El Chacay (también en esta zona se encuentran las surgentes de agua dulce Los Menucos y Carilauquen). Aquí también tienen asiento campos dedicados a la cría y recría de ganado bovino, con mayores niveles de capitalización que los del salitral, y los bloques de explotación petrolera. Actualmente, el área natural protegida se extiende por 89.000 hectáreas, más del doble de lo que tenía en su conformación original en los años 1980. El humedal abarca unas 65.000 hectáreas aproximadamente, y en el año 1995 fue declarado sitio Ramsar —siendo uno de los tres sitios existentes en Mendoza, junto a la reserva natural Villavicencio y las lagunas de Guanacache—, lo que significa que forma parte del conjunto de humedales de importancia mundial para la conservación (Scoones y Sosa, 2005; H. Sosa, 2007).

En definitiva, en Llancanelo confluye el desarrollo de una actividad extractiva con alto impacto en un área ambientalmente sensible con relevantes valores para la conservación. Este solapamiento generó un conflicto que se extendió desde fines de los años noventa hasta el año 2010 (aproximadamente), durante el cual tuvo lugar una subetapa particular en la que se definieron los límites del área protegida. Este proceso es el que abordo en el siguiente apartado, con el propósito de plantear que la desposesión puede asumir formas menos violentas y explícitas cuando está asociada a proyectos conservacionistas, pues estos sirven para enmascararla.

El proceso que estableció los límites del área natural protegida laguna de Llancanelo puede ser leído como una expresión de la actual acumulación por desposesión, aunque presenta algunas particularidades que lo desmarcan de su carácter violento. En otras palabras, el despojo se presentó enmascarado porque: (i) las acciones destinadas a la conservación de la biodiversidad ostentan una amplia legitimidad social; (ii) la definición de los límites del área protegida se encauzó en espacios de diálogo, pretendidamente plurales y democráticos; (iii) dichos límites resultaron de una homogeneización de los distintos usos del territorio, lo que permitió paradójica y simultáneamente ampliar el área de conservación y reactivar la explotación petrolera. Como se dijo, este momento fue el punto de inflexión de un conflicto más amplio que comenzó a fines de la década de 1990, por lo cual es preciso establecer las condiciones y eventos que derivaron en la problemática de los límites en particular.

La Ley General de Ambiente de Mendoza (Nº 5.961) establece en su Artículo 27 que las obras y actividades que modifiquen directa o indirectamente el ambiente deben obtener una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), otorgada por el órgano de aplicación de la ley (la cual es actualmente la Subsecretaria de Ambiente, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente). El Anexo I contiene la lista de dichas obras y actividades, entre las que figura la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales. Para obtener la DIA, se contemplan dos vías administrativas. Por un lado, la Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA), que implica la celebración de audiencias públicas (no vinculantes)6, en simultáneo a la elaboración de dictámenes técnicos y sectoriales. Por el otro, el Aviso de Proyecto, que contempla un procedimiento bastante más abreviado y expeditivo que la MGIA, en el cual no se realizan audiencias públicas y la información ambiental presentada por el proponente es más acotada7. El organismo de aplicación de la ley, en base a una memoria descriptiva del proyecto en cuestión, define que el procedimiento se realice mediante una u otra vía. A principios del año 1999, Repsol-YPF obtuvo la aprobación, por Aviso de Proyecto, para aplicar la técnica de perforación horizontal (no utilizada previamente en el área) en un pozo experimental en el bloque Llancanelo (Res. N° 33/99). Esto designó, evidentemente, un incumplimiento del procedimiento normativo para la explotación de hidrocarburos en la provincia de Mendoza, y el inicio del conflicto.

El pozo experimental resultó exitoso, por lo que, en mayo del año 2000, la petrolera presentó un nuevo proyecto para la explotación de ocho pozos adicionales con la misma técnica, esta vez mediante una MGIA. El dictamen técnico, elaborado por el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA)8 fue favorable, aunque con estrictas recomendaciones (Scoones y Sosa, 2005). La audiencia pública —celebrada en el mes de agosto en la cuidad de Malargüe— no fue comunicada con la anticipación correspondiente, tampoco dispuso de la información detallada y precisa del proyecto; y el mencionado dictamen técnico y los informes sectoriales se entregaron, también, con poca antelación. A la par de estas irregularidades, el aspecto de mayor relevancia fue que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se otorgó sobre la ausencia de límites definidos del área natural protegida, lo que ponía en duda el sustento legal del proceso y del proyecto en sí mismo, en tanto la Ley provincial de áreas protegidas (N° 6.045) prohíbe toda actividad extractiva al interior de estos espacios y en las zonas de amortiguamiento.

Este conjunto de hechos fue denunciado por Oikos Red Ambiental, una ONG local de reciente formación por aquellos años, mediante la elaboración de un informe que envió a la comisión de medioambiente de la legislatura provincial, al Defensor del Pueblo de la Nación, a Fiscalía de Estado y a medios periodísticos (Scoones y Sosa, 2005; E. Sosa, s. f.). En el transcurso que va desde la presentación del proyecto en el año 2000 hasta el año 2003, el conflicto se instaló en la agenda pública local, evidenciando sectores a favor y en contra de la explotación petrolera en Llancanelo. De un lado, la alianza entre el gobierno provincial y Repsol-YPF. El gobernador, algunos legisladores y funcionarios anunciaron el inicio de actividades desde Llancanelo mismo, argumentando que se daba cumplimiento a las normas legales, que se tomarían todas las medidas sobre los riesgos ambientales y que el fomento a la actividad petrolera era una política de Estado (E. Sosa, s. f.). Del otro, algunos organismos gubernamentales9 y parte de la comunidad científica local advirtieron sobre los riesgos de contaminación del acuífero y la falta de estudios de línea de base. Oikos, por su parte, fue quien estuvo a la cabeza de las denuncias, lo que la ubicó socialmente como referencia de las voces en contra de la explotación petrolera en Llancanelo. A principios del año 2003, presentó un recurso de amparo colectivo en la justicia provincial para frenar las obras que ya habían comenzado en el área. Rápidamente, el gobierno y la petrolera intentaron destrabar el proceso judicial, sin conseguirlo en ninguna de las instancias de apelación hasta que, en el año 2005, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza dictó la prohibición de la explotación petrolera hasta tanto se definiera el área protegida. A partir de este caso, Oikos consiguió proyectarse e instalarse en el ámbito provincial como un actor relevante en relación a las demandas ambientales.

De esta manera, el proceso conflictivo llegó a su punto de inflexión. Los eventos que tuvieron lugar a posteriori se vincularon directamente con la definición del área protegida, lo que se encauzó en dos espacios colectivos diferentes, aunque con diálogos, tensiones y superposiciones de algunos de sus miembros. Uno de esos espacios fue el Consejo Asesor de Desarrollo Sustentable, compuesto por diversos organismos estatales (la Dirección de Recursos Naturales Renovables y la Dirección General de Irrigación, Hidráulica, entre otros); Repsol-YPF; representantes de la comunidad científica; Oikos; la Cámara de Comercio de Malargüe y algunos pobladores locales.

La sentencia de la Corte dictaminó establecer los límites biológicos de la reserva, considerando que debían acoplarse a los del ecosistema del humedal, lo que alcanzaba un área de 150.000 hectáreas aproximadamente. Un grupo de pobladores percibió esta definición como una amenaza sobre sus propiedades:

La idea de “conservar sin perder derechos” se extendió también al bloque de concesión. Es decir, en caso de haberse expropiado campos privados, se debería haber prohibido, también, la explotación petrolera. Así, tras varios meses de negociaciones al interior del Consejo, se consensuó que el área protegida se definiera dejando al margen las zonas modificadas por la acción antrópica, en función de lo cual se extendía sólo a 89.000 hectáreas, de aquellas 150.000. Uno de sus miembros lo explicaba de esta manera:

Toda porción del territorio impactada por la actividad humana (desde la explotación petrolera, los campos privados y superficiarios hasta los caminos) fue el criterio que orientó el establecimiento de los límites del área protegida. Para uno de los miembros del Consejo, esto supuso un criterio de “ecuanimidad” frente a lo que hubiera sido un criterio de “ultranza”:

El otro espacio de negociaciones, cuyo funcionamiento se produjo de manera paralela al Consejo, fue una mesa de diálogo propuesta por Oikos a Repsol-YPF y al gobierno provincial con el propósito, también, de acordar la fisonomía del área protegida. Ni bien iniciaron las negociaciones, la empresa presentó un mapa para resolver rápidamente la cuestión, ante el cual la ONG se opuso:

Ambos espacios de diálogo se movieron al ritmo de la fuerte presión ejercida por la petrolera y el gobierno provincial para imponer un mapa con zonas liberadas a la explotación petrolera. En este contexto, Oikos quedó aislado en sus reclamos, por lo que se retiró del Consejo y también disolvió la mesa de diálogo:

Llegados al punto en el cual se había impuesto el mapa del Consejo, durante el año 2006, el conflicto pasó a un estado de latencia. Recién a principios del año 2007 se retomó el diálogo entre Oikos, Repsol-YPF, el gobierno provincial, y, en esta ocasión, el Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH). Ante la posibilidad de una nueva presentación judicial por parte de la ONG, la empresa buscó asegurar el visto bueno del mapa que, luego de algunas negociaciones, consiguió. Sin embargo, a mediados del año 2007, durante la sesión legislativa que sancionaría la norma de los límites de Llancanelo, quedó en evidencia la diferencia entre el mapa que contaba con el aval de la ONG y aquel otro surgido del Consejo, lo que produjo confrontaciones entre quienes participaban de la sesión, por lo que finalmente se levantó y no pudo aprobarse la ley. Para ello hubo que esperar hasta el mes de noviembre, cuando finalmente se consiguió la sanción de la Ley N° 7.824, que amplía casi a 90.000 hectáreas el área protegida (en relación a las 40.000 ha originales) y crea la Unidad de Gestión Ambiental Humedal Llancanelo. El objetivo de dicho organismo es controlar y monitorear las actividades productivas de la zona bajo un marco de cogestión entre la comunidad, la autoridad de aplicación y otros organismos públicos y/o privados (según las indagaciones realizadas oportunamente, no estaba funcionando de manera regular).

Cabe destacar que el mapa que queda refrendado en la ley sufrió algunas modificaciones, no fue el surgido en el seno del Consejo ni el avalado por Oikos. Al respecto, el representante de la ONG afirmaba:

Luego de todos estos años de resistencia y desgaste, el aislamiento en los reclamos, la ausencia de aliados y —sancionada la ley— Oikos decidió no accionar sobre esa última modificación que se realizó sobre el mapa del área protegida. Por su parte, el contexto provincial en relación a las demandas ambientales había cambiado. En el año 2007 se sancionó la Ley N° 7.722, que prohíbe la minería metalífera en la provincia de Mendoza y que resultó de una enorme movilización social, que ciertamente concentró toda la atención.

Ya sin resistencias y cuestionamientos, y con las condiciones legales para avanzar con la explotación petrolera en Llancanelo, Repsol-YPF presentó, en el año 2009, un nuevo proyecto para explotar otros 25 pozos. En esta ocasión, algunas tímidas críticas y advertencias provinieron de parte de la comunidad científica y de algunos pobladores locales, pero rápidamente la empresa consiguió la aprobación de dicho proyecto. A partir de ese momento y hasta la actualidad, la explotación petrolera se ha llevado adelante sin conflictos; sólo, de manera esporádica, han surgido tensiones con algunos propietarios de campos cercanos a los pozos petroleros, pero no por problemas ambientales, sino más bien por demandas de derechos territoriales.

En este artículo me propuse poner en diálogo los enfoques contemporáneos sobre la acumulación por desposesión y la conservación de la biodiversidad, a la luz del proceso que definió los límites del área natural protegida laguna de Llancanelo. ¿Cómo es posible que la creación de un área natural protegida asuma una modalidad violenta, engañosa, fraudulenta si el cuidado de la naturaleza ostenta una amplia aceptación social y su definición se encarrila por espacios de negociación colectivos y democráticos?

La delimitación del área protegida Llancanelo permitió ampliar de 40.000 a 90.000 hectáreas la reserva, respetar los derechos de los propietarios de los campos aledaños y permitir la explotación petrolera. Este resultado parece indicar que con el establecimiento del área protegida todos ganaron (Durand, 2014). Sin embargo, entiendo que de manera subterránea opera una desposesión que se explica por la conjunción de tres aspectos. En primer lugar, la conservación de la biodiversidad exhibe una amplia legitimidad que se estructura en una red de organismos e instituciones, normativas y acuerdos internacionales y nacionales, y grandes flujos de financiamiento que la propician a través de diversas estrategias, entre las que se destacan las áreas naturales protegidas. En el marco de la crisis ambiental global, se impulsa fuertemente la creación de estos espacios, pues resultan claves para mitigar los efectos del cambio climático y disminuir la pérdida de biodiversidad. En particular, en el caso de Llancanelo, ninguno de los actores sociales involucrados se opuso a los objetivos de la conservación, sino que hubo contrapuntos y tensiones en relación a los criterios para definir los límites de la reserva. Cabe señalar a este respecto, que las áreas protegidas —aun considerando que se ven atravesadas por procesos socio-culturales, políticos y económicos— suelen establecerse en base a criterios biológicos y/o ecológicos, como la presencia de endemismos y/o de especies animales y vegetales amenazadas o en peligro de extinción (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2020). Como se expuso, el criterio que se impuso en Llancanelo no fue justamente de este tipo, sino el de uso antrópico. En segundo lugar, la conservación puede ser una vía para activar y enmascarar el despojo aún en sus versiones democráticas. Muestra de ello es que el proceso que definió los límites del área protegida se encarriló en espacios de diálogo pretendidamente amplios y democráticos, pero que —debido a la gran presión ejercida por la alianza gobierno provincial-petrolera— el resultado resignó espacio destinado a la conservación, aun ampliando la reserva, para cedérselo a la explotación petrolera. Para esto fue fundamental, finalmente, que los diversos usos del territorio se homogeneizaran con la rúbrica de acciones antrópicas. Bajo una pretendida ecuanimidad, que omitió la diversidad de impactos sociales y ambientales de dichos usos, los límites de la reserva en lugar de abarcar el ecosistema del humedal y sus zonas de influencia —quedan definidos por los campos privados, los caminos consolidados y los bloques de consesión— los “caminos consolidados con carbonilla volcánica, les pasan diez camiones por día” y los bloques de concesión petrolera. Con dicha abstracción, la actividad productiva que mayores riesgos supone para la conservación de la biodiversidad de Llancanelo se vio liberada. Frente a la amenaza que hubiese supuesto para la explotación petrolera una reserva natural más extensa, el capital consiguió abrirse paso a través de medios extraeconómicos (espacios de dialogo para definir los límites de la reserva natural que se amplió), para restablecer las leyes “naturales” de la producción.

Marx señaló que la acumulación originaria ha quedado inscripta en los anales de la historia con trazos indelebles de sangre y fuego. Si bien esa violencia descarnada no ha desaparecido (abundan multiplicidad de ejemplos alrededor del planeta), quizás sea momento de contemplar, también, aquellas modalidades de desposesión más escurridizas, de violencias enmascaradas, de resguardo de la condición subterránea del despojo. Las que resultan difíciles de aprehender y distinguir, pero que, aun así, permiten mantener en funcionamiento el engranaje fundamental del capitalismo.