Las dificultades de acceso al suelo urbano y a la vivienda son un problema que no se circunscribe a nuestro país o continente. Sin embargo, en América Latina se observan los mayores índices de desigualdad en la distribución de la tierra (Oxfam, 2016). El contexto neoliberal agudizó estas dificultades, ampliando la brecha que existe entre las posibilidades económicas de los sectores de bajos recursos de acceder al suelo urbano y los precios del mercado inmobiliario.

La dificultad para acceder a una vivienda propia en los sectores populares ha llevado a que muchas personas resuelvan sus necesidades habitacionales a través de la ocupación de tierras o viviendas. Las comunidades que habitan en espacios ocupados ponen en práctica distintos mecanismos de organización barrial para acceder a servicios básicos e infraestructura urbana. En este sentido, transformarse en un “barrio” adquiere distintas connotaciones, pero casi siempre implica atravesar múltiples dificultades y discriminaciones en sus encuentros y desencuentros con el Estado.

Las prácticas de organización que se desenvuelven en los asentamientos suelen cuestionar las formas en que el Estado clasifica el espacio y territorializa el poder. Pero en estas prácticas también influyen las fronteras socio-espaciales que se establecen, tanto dentro como fuera de los barrios. Esta interrelación muestra la necesidad de examinar las dinámicas urbanas en las que se inserta un barrio para poder analizar cómo se organizan sus habitantes.

Existe un desequilibrio entre la producción académica que versa sobre estas problemáticas en los grandes centros urbanos con respecto a aquellas enfocadas en las ciudades de menor tamaño. Según Zenteno Torres y Apaolaza (Zenteno Torres y Apaolaza, 2019, p. 3), “en el actual escenario, estas grandes metrópolis no solo acaparan la amplia mayoría de la producción, sino que tienden a arrastrar el debate académico de estas ciudades de escala menor”.

La localidad de Comodoro Rivadavia, cuyo escenario se presenta como patagónico y extractivo, constituye un referente relevante para el estudio de las disputas por el acceso a la tierra. El constante flujo de población propiciado por la industria petrolera y la combinación de niveles de ingreso superiores a la media del país, sumado a un déficit crónico de viviendas, estructuran el espacio de manera particular. En el último boom petrolero (2003-2014), surgieron varios asentamientos en la ciudad, entre los cuales está el barrio Las Américas, ubicado en la zona sur de la ciudad y que lleva más de diez años reclamando el acceso a servicios básicos e infraestructura urbana.

En este trabajo, a partir de un enfoque etnográfico, pretendemos analizar el modo en que se construyó la intervención cotidiana del Estado en los asentamientos y los efectos que esta tuvo en las formas de organización de lxs vecinxs, es decir, en la política barrial. Nos interesa mostrar cómo las distintas formas de clasificación estatal del espacio inciden o dialogan con las prácticas de organización barrial, y cómo lxs vecinxs disputan esas formas de clasificación.

El trabajo de campo fue realizado en el marco de una investigación doctoral y se llevó adelante entre 2013 y 2021. Se realizaron 10 entrevistas a vecinxs y referentes del barrio y 23 registros de campo de visitas y recorridos al mismo. A su vez, se realizaron 16 entrevistas a funcionarixs y empleadxs municipales, y 5 registros de campos de visitas a dependencias estatales. También se analizaron fuentes periodísticas y documentos oficiales, con el objetivo de relevar los sentidos y formas de clasificación estatal del espacio barrial.

Nuestro trabajo buscó recuperar la multiplicidad de intervenciones estatales que ocurren en los territorios y cómo inciden en las formas de organización de sus habitantes. Para dar cuenta de dichas prácticas, recuperamos aportes de la antropología del Estado, desde la que se propone considerar las tramas sociales en las que las acciones estatales están inmersas, así como la perspectiva de lxs actorxs que las llevan adelante. Retomamos la propuesta de Soprano (Soprano, 2015) de una comprensión relacional de las prácticas estatales; en otras palabras, considerar al Estado no como un actor unívoco y homogéneo, sino compuesto por personas que lo habitan y lo significan. Esto implicó pensarlo como un modo de existencia de las relaciones sociales y, además, comprenderlo a partir de las formas en que se expresa en el territorio, sin limitar el análisis a lo que queda establecido en las leyes.

Por otro lado, en este trabajo cobró particular relevancia la definición de las delimitaciones territoriales como construcciones sociales e históricas. Para Lindón y Hiernaux (Lindón y Hiernaux, 2007), los imaginarios urbanos y las desigualdades se cruzan en aquellas instancias en las que los territorios son caracterizados negativamente, como formas de elaborar la fragmentación y la segregación. Estos imaginarios son parte de las distintas maneras en que el Estado clasifica y simboliza los territorios, constituyendo una espacialidad estatal que se expresa tanto en el modo en que conceptualiza al territorio a través de reglamentaciones, normativas, planificación, etc., como en los discursos que sostiene sobre ellos. Así, se pueden reconocer las diferentes presencias estatales que, según Manzano y Ramos (Manzano y Ramos, 2015, p. 11),

Desde la concepción dialéctica del Estado, comprendemos que las formas en que lxs actores estatales perciben el espacio son fundamentales a la hora de analizar sus prácticas. Su análisis nos permitió entender la trama de relaciones de poder que existe detrás de las formas en que el Estado nombra y clasifica los territorios. Las denominaciones estatales constituyen entidades complejas y de disputa. Como veremos a lo largo de nuestro trabajo, estas denominaciones definen quiénes son incluidos o excluidos, así como el orden de prioridad en el acceso a la ciudad. No obstante, también son disputadas constantemente por lxs habitantes de los asentamientos.

En el marco de estas disputas, recuperamos también la discusión sobre las formas de organización barrial utilizando el enfoque de la antropología política, el cual buscó dar cuenta de tramas relacionales que, histórica y culturalmente, han dado forma a los movimientos sociales, la acción colectiva o el Estado como entidades escindidas. En dichos aportes, algunas autoras mostraron que las estructuras organizativas son producto y productoras de relaciones sociales con el Estado (Manzano et al., 2010). Tal enfoque nos permitió aproximarnos a los vínculos que lxs habitantes de asentamientos establecieron con el Estado desde una perspectiva más amplia.

El barrio Las Américas es un asentamiento informal, ubicado en la zona sur de la ciudad de Comodoro Rivadavia (Figura 1), que surgió durante el último boom petrolero que atravesó la ciudad, entre los años 2003 y 2014. Este barrio no fue llamado siempre de la misma manera. Cuando iniciamos nuestro trabajo de campo, era conocido en la jerga local como la Extensión del 30 de Octubre, en referencia al barrio contiguo. Otro de los nombres por los cuales era conocido es Barrio de los Paraguayos, debido a una de las comunidades migrantes que lo habita, aunque esta denominación era utilizada de manera despectiva por la sociedad local.

El barrio Las Américas se encuentra en un macizo que, según informes municipales (Municipalidad de Comodoro Rivadavia, 2015), estaba desocupado porque era una zona donde se depositaba basura; además, por su topografía desnivelada, no era considerado apto para urbanizar. Como sostiene la bibliografía, el hábitat popular se suele ubicar en terrenos que no han sido tenidos en cuenta por el mercado inmobiliario o que el Estado no utiliza (Cravino y Vommaro, 2018).

El barrio se ubicó detrás de un complejo habitacional construido por el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) a finales de los 70, denominado 30 de Octubre, pero conocido localmente como “1008 viviendas”. La relación con este conjunto habitacional fue muy conflictiva y marcó una primera frontera socioespacial que atravesó su historia y sus vínculos con el resto de la ciudad. Las tensiones entre lxs vecinxs de los dos barrios datan desde principios de la ocupación, a pesar de que una de las versiones sobre los orígenes del asentamiento sostiene que, en las primeras tomas, participaron también jóvenes del complejo habitacional.

A su vez, al sur del barrio Las Américas, existe otro macizo de tierra sin edificar que es propiedad de Radio Nacional. Dichas tierras fueron otro espacio clave en el derrotero espacial del asentamiento, ya que marcaron una frontera que limitó su expansión y también afectó las posibilidades de acceso a la regularización dominial de las familias que allí se ubicaron. Las dos fronteras que mencionamos fueron claves para pensar la organización de sus habitantes y las formas en que sus prácticas disputaron y negociaron con los modos de intervención estatal.

Las distintas etapas de expansión del asentamiento, por otro lado, reflejan no solo momentos de la ciudad, sino también relatos y representaciones sobre el espacio barrial, que fueron construyendo fronteras internas. La diferenciación se marcó entre un espacio denominado “arriba” y otro, “abajo”. Esta polarización llevó a que en el barrio nos encontremos con dos organizaciones formales por parte de lxs vecinxs: la Cooperativa Barrio Las Américas y la Asociación Civil Camino de Mujer. Según Chanampa (Chanampa, 2021), la cooperativa surgió de la comisión de vecinxs impulsada por el referente Néstor,1 quien residía en la zona alta del barrio, específicamente en las tierras de Radio Nacional. Según Cravino (Cravino, 2009), el crecimiento poblacional en los asentamientos hace que aparezcan fronteras internas, expresadas a veces entre un “adelante” y un “fondo”, que suele concentrar en los imaginarios urbanos a los sectores “más pobres”, asociados en algunos casos también a la delincuencia. En este sentido, cuando en las reuniones lxs vecinxs de “abajo” decían que ellos estaban más avanzados, lo atribuían a que estaban desde hace más tiempo.

La división entre “arriba” y “abajo” fue una referencia constante en los intercambios con lxs vecinxs, pero eso no significó que estuviera claro por dónde pasaba la línea divisoria, ni que a partir de dicha diferenciación se constituyeran dos barrios distintos. Más que nada, para el imaginario de lxs vecinxs, esta división existe y funciona ordenando la experiencia territorial cotidiana. Esta frontera se reflejó luego en los vínculos entre vecinxs, en la elección de referentes barriales y en los distintos grados de avance en el acceso a servicios básicos e infraestructura urbana.

Partimos de complejizar la presencia del Estado en el barrio, contemplando las formas más o menos institucionalizadas en las que este operaba. Asimismo, esto implicó analizar los niveles de reconocimiento oficial que se tenía sobre el asentamiento en las distintas oficinas municipales.

A lo largo de los años, las formas en que se denominó el espacio barrial variaron en función de distintas tensiones políticas, pero una de ellas nos resultó particularmente interesante para pensar el vínculo entre el Estado y los barrios: el nombre “Extensión del 30 de Octubre”. La categoría “extensión” se utiliza comúnmente en la ciudad para nombrar aquellos espacios que surgieron de ocupaciones de tierra alrededor de otros barrios constituidos; por lo tanto, no tienen la denominación de barrio en sí, como si les faltara algo para serlo –ya sea servicios, planificación, etc.–, sino que son “extensiones”. La temporalidad se vuelve un criterio central, ya que se espera que aquello que les falta llegue con el tiempo. La noción de “extensión” es, entonces, un punto clave en la construcción simbólica que recae sobre los asentamientos en Comodoro y establece una distinción que no solo se basa en la espacialidad diferenciada, sino que se combina con la temporalidad, la cual promete cumplir la aspiración de que una “extensión” sea considerada un barrio. Para el caso de La Plata, Segura (Segura, 2015) identificó un fenómeno similar, mostrando que existe una experiencia común vinculada con habitar la periferia, pero que la temporalidad diferencial en la ocupación del territorio ejerce un peso en las configuraciones identitarias de aquellxs habitantes.

La noción de “barrio” ha sido objeto de diversos análisis desde las ciencias sociales. Grimson (Grimson, 2009) lo definió como un ámbito decisivo para la política, pero también como un medio de localización, de marcación de un contexto de interacciones sociales y de identificación social. El concepto puede tener diversos sentidos para sus habitantes y distintas fronteras, pero siempre desempeña un papel fundamental en los procesos de identificación. El barrio ha sido analizado desde estudios territoriales y simbólicos, ya que es un concepto con múltiples definiciones. Además, hay quienes han investigado sobre lo barrial como producción ideológico-simbólica, considerándolo como un conjunto de valores más que un mero referente urbano espacial particular (Gravano, 2016). Sin embargo, en nuestro caso, constituirse como barrio iba más allá de reafirmar una identidad frente al resto de la ciudad y al interior de la comunidad, ya que también habilitaba canales de representación política, porque las extensiones no estaban habilitadas a constituir asociaciones vecinales.2

Las diferentes acepciones de “barrio” trascienden la categoría administrativa, pero no quiere decir que no la tengan en cuenta. Si bien las personas tienen distintas percepciones del espacio, estas también se ven influidas por la forma en que el Estado les asigna una etiqueta. Al considerar al barrio como un ámbito político, no podemos verlo aislado de las distintas escalas en las que se ejerce la política en términos institucionales. La construcción del barrio como tipo ideal, en nuestro caso, estuvo asociada también al entramado de relaciones sociales que se tejieron con el Estado, y, por ende, a las normativas que habilitaron o no dicha denominación.

En este sentido, la transformación de un asentamiento en un barrio no está vinculada únicamente al acceso a servicios básicos e infraestructura, sino a un proceso complejo que se da entre la instalación de los servicios, el reconocimiento estatal y la autopercepción de sus habitantes. La negativa del Estado a considerar a los asentamientos como barrios también refleja dinámicas del poder para espacializarse y ejercer control. A su vez, el reconocimiento estatal también varía en relación a la escala gubernamental. En algunos casos, mientras a nivel nacional se reconocía a los barrios a través del RENABAP (2017), a nivel municipal se les negaba entidad (Vazquez, 2022).

En nuestro caso, el vínculo con el Municipio fue variando entre el reconocimiento y la ignorancia del espacio barrial. La elección de su nombre también fue un proceso marcado por los vínculos establecidos con la entidad estatal. Según Bourdieu (Bourdieu, 1999), en una sociedad jerarquizada, no hay espacio que no exprese jerarquías y distinciones sociales de un modo deformado y enmascarado. La iniciativa que instaló el nombre Las Américas, por ejemplo, no fue compartida por todxs lxs vecinxs, ya que algunxs esperaban la “habilitación” de lxs funcionarixs: “Estamos esperando los papeles, que son lo más importante, y ahí decidir qué nombre le vamos a poner al barrio” (Registro de campo, 6 de septiembre de 2014). Para esa vecina, el hecho de darle un nombre al barrio significaba el acceso a la formalidad, a la oportunidad y al reconocimiento.

Las clasificaciones estatales connotan diversos sentidos para lxs vecinxs, pero suelen ser tomadas como la habilitación necesaria para acceder a la formalidad. Como sostuvo Bourdieu (Bourdieu, 1994, p. 8), el Estado “es el lugar por excelencia de la concentración y del ejercicio del poder simbólico”. De esta manera, aquello que el poder estatal nombra tiene efectos en la vida de quienes son objeto de tal denominación. A su vez, el acto de nombrar se materializa a través de un papel, que puede ser una mensura o un acta de constitución de un barrio, pero es un papel que tiene valor simbólico: “El nombramiento o el certificado pertenecen a la clase de actos o de discursos oficiales, simbólicamente eficaces porque son cumplidos en situaciones de autoridad por personajes autorizados” (Bourdieu, 1994, p. 10).

La diferencia entre aparecer en un mapa o no aparecer, entre ser reconocido como barrio o no serlo, trae aparejada una serie de consecuencias que se expresan en la vida cotidiana de quienes habitan barrios populares:

Cuando el Estado categoriza, está estableciendo etiquetas que tienen efectos en la vida de la gente; cuando decide a quién atender y a quién no, está produciendo las formas políticas de dicho territorio. Según Nardin (Nardin, 2021), la presencia del Estado se ha asociado a formas de intervención que desorganizaron y fragmentaron: “A veces, desoye los reclamos; en otras ocasiones, los atiende parcialmente; y, en otras, posterga el cumplimiento de ciertas promesas” (p. 175). Tales formas de intervenir, en nuestro caso de estudio, a veces fueron contradictorias, configuraron posibilidades de reclamo y, también, construyeron modelos de interlocutores válidos; denominamos de esta manera a aquellxs vecinxs que eran recibidxs por lxs funcionarixs y que eran reconocidxs como referentes.

Estas formas contradictorias de proceder muchas veces estuvieron influenciadas por supuestos y representaciones de lxs mismxs funcionarixs sobre el derecho a la ciudad o la ilegalidad, y tuvieron profundos efectos en las posibilidades de regularización de los asentamientos. Como sostuvieron Capdevielle et al. (Capdevielle et al., 2013), la intervención del Estado en los territorios suele ser simultáneamente intermitente, selectiva y contradictoria, por lo cual, no lo podemos ver como un actor monolítico, homogéneo o coherente. A continuación, analizaremos cómo en estas intervenciones se priorizaron ciertos interlocutorxs, en detrimento de otrxs.

La relación entre vecinxs y Estado suele tener distintos niveles de conflictividad y constituye un eje clave para pensar la sociabilidad y organización barrial. Si observamos los trabajos que analizaron las tomas originadas en los 80 en el conurbano bonaerense, notamos una tendencia del Estado a otorgar planes sociales a los barrios a partir de los 90, pero solicitando a las organizaciones que tengan una institucionalización formal, conformando asociaciones civiles (Cravino y Vommaro, 2018). Según Cravino, Fournier, Neufeld y Soldano (Cravino et al., 2001), este proceso no implicó la disolución o desactivación de la trama asociativa que había en los barrios, sino que transformó su estructura y trastocó la lógica de la red de relaciones.

Estas discusiones no han sido previamente analizadas en Comodoro Rivadavia, por lo que no conocemos cómo lxs habitantes de los asentamientos se relacionaban con el Estado en la década de los 90. Este dato sería relevante para pensar los condicionantes que influyen en las prácticas de organización política de quienes viven hoy en los asentamientos. Sin embargo, pudimos trazar ciertos paralelismos cuando analizamos la institucionalización formal de las relaciones entre vecinxs y Estado, si pensamos en el rol que cumplieron las uniones vecinales (UV) de los barrios. Al comenzar nuestro trabajo de campo, las UV no formaban parte de nuestro interés de análisis, ya que el asentamiento no contaba con una UV. No obstante, como mencionamos antes, no concebimos al barrio como un espacio aislado, sino en estrecha relación con la ciudad. Al ampliar la mirada, comprendimos que las UV eran un actor clave para examinar el proceso de urbanización de la ciudad y sus relaciones de poder.

En Comodoro Rivadavia, las UV son aquellas figuras jurídicas que representan los intereses de lxs vecinxs de los barrios oficialmente reconocidos por el Estado. Dichas entidades, como mostró Bachiller (Bachiller et al., 2015), fueron centrales en los procesos de urbanización de la ciudad y como intermediarias entre lxs vecinos y el Estado. El autor planteó una hipótesis sobre el aumento en la conformación de UV en los 90, en relación con el proceso de descentralización promovido en esa misma década por el Estado nacional hacia las provincias y municipalidades; a esto se le sumó una delegación de responsabilidades del municipio a las UV. Como también expuso Bachiller (2015), los cargos en las UV no son remunerados, por lo que sus referentes suelen ocupar un puesto laboral en el Estado provincial o municipal, lo que muchas veces frena las denuncias sobre las condiciones de sus respectivos barrios ante las autoridades municipales y/o provinciales.

El vínculo entre asentamientos y Estado se volvió más complejo desde el momento en que consideramos que estos territorios fueron catalogados como “extensiones”, sectores irregulares o ilegales, quitándoles la posibilidad de constituirse como un barrio formal con una UV. Los asentamientos solían manejarse con referentes vecinales y, a veces, con un cuerpo de delegadxs por manzana. La forma en que estos referentes llegaron al Estado municipal fue variada; en muchas ocasiones, estuvo atravesada por sus trayectorias personales y políticas. También influyó el nivel de movilización que tenían. Como sostuvo una trabajadora de la Secretaría de Tierras, el hecho de que lxs vecinxs de los asentamientos se movieran e insistieran en las oficinas fue determinante para que el Municipio llevara a cabo procesos de regularización dominial en los barrios:

El testimonio de esta trabajadora social nos arrojó luz sobre las razones por las cuales un barrio podía avanzar o no. El “estar abierto a trabajar” refería a una disposición que muchas veces dependía de las representaciones sociales que tuvieran lxs empleadxs estatales sobre las tomas de tierras. Quienes concebían el acceso a la tierra como un derecho encontraron resquicios dentro del sistema para trabajar en pos de la regularización dominial de los asentamientos, mientras quienes consideraron que estos eran ilegales directamente cerraron las puertas. 3 Sin embargo, su relato también aludía a la capacidad de movilización de lxs vecinxs y a su insistencia.

En este “golpear puertas”, la relación con el Estado le imprimió determinadas características a las formas de organización barrial que se desarrollaron en los asentamientos. En principio, por el hecho de que lxs funcionarixs no recibían extranjerxs. Tal negación repercutió directamente en la selección de referentes dentro del barrio, ya que estos tenían que ser argentinxs para ser recibidxs por lxs funcionarixs locales. Esta situación estuvo presente también en el relato de otra vecina cuando nos comentó sobre la posibilidad que tuvo de ser referente:

En la ordenanza de asociaciones vecinales, dicho criterio también funcionó a la hora de regir la conformación de tales entidades. Como señaló Baeza (Baeza, 2015), en la ordenanza N.º 347 de 1972 se estableció que la presidencia de una asociación vecinal solamente podía ser ejercida por un ciudadano argentino; mientras que, para ser miembro de la comisión directiva, los años de residencia que se les exigían a las personas variaban en función de su ciudadanía. Si bien este reglamento fue el que reguló las asociaciones de barrios reconocidos por el Municipio, es decir, los considerados formales, pensamos que tal normativa construyó criterios que luego se reflejaron en el modo en que lxs funcionarixs vieron a la ciudad y sus habitantes.

Por otro lado, el modo en que lxs referentes se presentaron o los vínculos que establecieron con agentes del poder local los constituyeron como personas mejor posicionadas para representar a sus vecinxs; de esta manera, las posibilidades de elección de uno u otro referente se redujeron a aquellxs que para el Estado eran mejores interlocutorxs. Cravino (Cravino, 2004) analizó esta situación en el contexto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mostrando cómo el Estado seleccionó cuál era la organización más representativa para llevar a cabo las tareas de regularización; tal designación provocó procesos de reacomodamiento y de legitimación de ciertas organizaciones por encima de otras. Giaretto (Giaretto, 2011) analizó esto para el caso de Cipolletti, mostrando como el Estado en muchos casos se encarga de diluir el contenido político de la lucha para sostener solamente el componente reivindicativo.

En el caso del barrio Las Américas, si bien los asentamientos no tenían una UV, la posibilidad de comunicarse directamente con el Municipio estaba condicionada por estas entidades. Al ser catalogados como extensiones barriales, el Estado les solicitó que elevaran sus reclamos a través de las UV de los barrios contiguos (en este caso, el barrio 30 de Octubre). De esta manera, lxs referentes vecinales elegidxs por lxs vecinxs de los asentamientos no tenían la posibilidad de una comunicación directa con el Estado municipal a menos que tuvieran vínculos partidarios con la fuerza que gobernaba en ese momento.

Aquí entró en juego otro de los debates que atravesó la bibliografía nacional sobre tomas de tierras, que remite a las características de los vínculos políticos que se establecen entre referentes y Estado, los cuales históricamente han sido leídos en clave de clientelismo o de intercambio instrumental. Quirós (Quirós, 2011) propuso etnografiar la política vivida y las impurezas de dichos vínculos, para no separarlos a través de dicotomías que no permiten aprehender la realidad. En nuestro caso, tal mirada permitió comprender cómo el Municipio estableció vínculos indirectos con los asentamientos, siempre mediados por las UV, pero que no encajaron en ninguna de las dos categorías mencionadas. Además, la clasificación de las extensiones barriales funcionó como una sectorización que no otorgaba los mismos derechos que tenían los barrios considerados formales, manteniendo a los asentamientos en un lugar relegado.

La presencia de las UV y su rol en la política municipal, sin duda, influyó en las formas de organización vecinal, y muchas veces, la participación en estas instituciones era vista desde el lente del clientelismo: “Acá no tenemos unión vecinal, porque siempre que se arman esas alguien quiere sacar provecho” (Registro de campo, 2 de septiembre de 2015). Sin embargo, nuestrxs entrevistadxs señalaron que establecieron múltiples vínculos que sobrepasaron la instrumentalidad. En concordancia con lo sostenido por Maneiro (Maneiro, 2018), si bien en estas relaciones se intercambiaron cosas, las formas de erigirse en torno a la recepción de recursos son diversas, y cada una de ellas se vincula con una trayectoria específica y, por lo tanto, con un contenido específico de economía moral.

Esto se pudo observar al analizar los vínculos entre los referentxs y el gobierno municipal en el barrio Las Américas. En un momento determinado, el Municipio no los reconoció y les instó a canalizar sus reclamos a través del dirigente vecinal4 de otro barrio contiguo. Ante el intento de imponer a dicho vecinalista, lxs residentxs del sector de “abajo” se opusieron: “¿Cómo puede ser que nos vengan a decir que alguien que nunca vino y se presentó va a ser nuestro vecinalista?, eso no puede ser” (Registro de campo, 30 de abril de 2016).

Como se mencionó antes, el hecho de denominarse “extensiones barriales” hizo que algunos asentamientos quedaran asociados a los servicios o infraestructuras de los barrios oficiales de la ciudad. En nuestro caso, el nombre del asentamiento, en principio, quedó vinculado con “1008 viviendas”, ya que era el barrio más próximo reconocido por el Estado. Sin embargo, las dinámicas y alianzas políticas llevaron al municipio a solicitarles que elevaran sus reclamos y realizaran diversas gestiones a través del vecinalista de otro barrio contiguo:

En este caso, la lógica inclusiva que supondría la denominación de “extensión” terminó perjudicando a lxs vecinxs, ya que no les permitió constituir una UV propia. Además, se observaron los distintos vínculos políticos que el municipio establecía con cada unión vecinal. Las relaciones personalistas se volvieron claves a la hora de pensar las dinámicas políticas en el barrio. Quirós (Quirós, 2018) analizó las relaciones de interconocimiento como una tecnología movilizada por el trabajo político de dirigentes, candidatxs y militantes en las relaciones de representación política. El hecho de “conocerse”, para la autora, constituyó un vínculo que, aunque en la sociología clásica sería considerado débil, se tornó productivo a la hora de incidir en los vínculos y expresiones de adhesión política. Consideramos que dicha forma de analizar las relaciones de interconocimiento no solo se pone en juego entre referentes y vecinxs, sino que también tiene efectos en la relación entre funcionarixs y referentes, así como en la relación de asistencia a través de la cual el Estado se vincula con los territorios.

Otro de los componentes que apareció en el trabajo de campo fue la desconfianza hacia lxs vecinalistas, como recuperábamos antes, en relación a sus vínculos con partidos políticos o el Municipio. La percepción de la política como algo que puede contaminar las relaciones o la sospecha de que lxs referentes pueden tener aspiraciones políticas afecta a todas las relaciones barriales y, en muchas ocasiones, genera desconfianza entre lxs vecinxs. Como sostuvo Quirós (Quirós, 2018, p. 137):

Lo que señala la autora guarda relación con una visión moralista, donde la buena política estaría asociada a aquellos movimientos sociales que mostraron compromiso y lucha social, mientras que la política del intercambio instrumental o la manipulación estarían asociadas a una imagen de “mala política” (Quirós, 2011). En nuestro caso, la mirada se posó sobre algunxs referentes y su vínculo partidario o con el Municipio local como obstáculos para representar adecuadamente las demandas de sus vecinxs. Algo parecido señaló Bachiller (Bachiller et al., 2015) sobre el rol de lxs vecinalistas como intermediarixs entre el Estado y lxs habitantes del barrio, que muchas veces los colocaba en una posición desde la que debían “satisfacer simultáneamente a las demandas de lxs vecinxs y las exigencias municipales” (p. 98). Sin embargo, creemos que estas relaciones dan cuenta de las tramas relacionales señaladas por Manzano (Manzano, 2013), que históricamente dieron forma a las entidades estatales y movimientos sociales como objetos escindidos.

A partir de la oposición generada en el sector de “abajo”, el grupo de vecinxs logró imponer su decisión de trabajar con el vecinalista de “1008” en lugar del vecinalista del otro barrio contiguo. Esta decisión fue asentada a través de un acta que firmaron con el coordinador político de asociaciones vecinales.7 El poder simbólico se hizo presente a través de un papel que movilizó capital simbólico acumulado (Bourdieu, 1994).

Después, pudimos corroborar que el referente del sector de “arriba” tampoco quería trabajar con el vecinalista del otro barrio contiguo, debido a que, según algunxs vecinxs, “estaba enemistado” con él. En opinión de una funcionaria de Hábitat, estas cuestiones sucedían porque “se mezclaba la política”:

Como señaló lx entrevistadx, la acusación hacia el referente de “arriba” fue que vendía terrenos dentro del asentamiento. Además, mencionó la posibilidad de “desarticular” a un referente, refiriéndose a una acción que venía desde “arriba”, es decir, desde lxs funcionarixs políticxs. Estas prácticas, que formaron parte de los modos no institucionalizados en los cuales el Estado intervino, fueron determinantes a la hora de llevar adelante políticas públicas sobre el territorio, por lo que el límite entre lo institucionalizado y no institucionalizado se volvió borroso.

Como mencionábamos antes, el Municipio participó en la construcción de lxs interlocutores válidos y, en varias oportunidades, impuso su voluntad. Cravino (Cravino et al., 1998) ha analizado cómo el Estado muchas veces quiere llamar a un interlocutor de acuerdo a cómo lo tenía construido en su imaginario o, mejor dicho, quiere construirlo a su medida. De esa manera, según la autora, esto se transforma en un boomerang y termina destruyendo a lxs propixs interlocutorxs, proceso al cual denominó “clientelismo encubierto”.

Nuestro caso arrojó luz sobre tales dinámicas, mostrando que los caminos de la representación política de un espacio barrial no pueden analizarse dentro de los límites de dicho espacio, sino que entran en juego las relaciones que se establecen con las instituciones estatales. En esta línea, coincidimos con Manzano, quien sostuvo que las formas organizativas son producto y productoras de relaciones sociales con el Estado (Manzano et al., 2010). Dicha autora propuso una mirada que se aleja de considerar al Estado como una entidad esencial y fija, y procuró poner el foco en los modos de disputar, demandar, negociar y concertar con autoridades gubernamentales (Manzano, 2013).

Esta mirada nos permitió entender cómo las prácticas no institucionalizadas de lxs agentes estatales y funcionarixs públicxs incidieron y determinaron la elección de referentes en el asentamiento. Y cómo también dichas acciones actuaron desde una posición de poder hegemónico, habilitando o cancelando la posibilidad de agencia de ciertxs referentes, a través de la idea de “desarticular”. Así, algo que parecería una cuestión interna del barrio, de su forma de organización, estuvo también permeado por las intervenciones estatales.

En este sentido, el Estado también intervino en la frontera interna construida por lxs vecinxs, alimentando las dinámicas de organización cuando respondían a uno u otro referente, otorgando el lugar de interlocutor válido. Por ende, las relaciones políticas externas al barrio, como son las estructuras de las UV, incidieron en los procesos de organización internos. Como plantearon Capdevielle et al. (Capdevielle et al., 2013), el Estado puso en marcha mecanismos de dominación más bien simbólicos o basados en el consenso, imponiendo un conjunto de normas, significaciones, modos de estar y hacer en los territorios. Así, la exigencia de constituir UV y de adecuarse a tales canales de representación política constituyeron las formas en que lxs agentes estatales pretendieron “ordenar” dichos territorios. Se buscó encuadrar las prácticas colectivas en organizaciones sociales preestablecidas (Foucault, 2006, citado en Capdevielle et al., 2013).

La política barrial en contextos de informalidad se suele desarrollar en un diálogo constante con el Estado, debido a que busca conseguir acceso a servicios básicos e infraestructura urbana. En este proceso, existen encuentros y desencuentros influenciados por relaciones de poder que afectan las prácticas de organización barrial.

Desde un enfoque etnográfico, este trabajo se propuso explorar las prácticas de organización de quienes residen en asentamientos informales y cómo estas interactuaron con el Estado para lograr la integración urbana de su barrio. Para entender este proceso, se partió de una comprensión relacional de los modos de organización, teniendo en cuenta cómo sufrieron modificaciones en la medida en que se vincularon con el Estado.

Las representaciones sobre quiénes tienen derecho a habitar la ciudad fueron una constante a la hora de analizar las intervenciones estatales en Las Américas. Un ejemplo de esto fue la disputa por la denominación del espacio barrial. La categoría de “extensión”, en este caso, si bien supuso una lógica inclusiva, también demarcó una distancia. La diferencia entre ser una “extensión” y un “barrio” tuvo efectos en las posibilidades de constituirse como referentes políticos, ya que los barrios eran los que tenían la posibilidad de tener vecinalistas, a diferencia de las extensiones. Dichxs actorxs se volvieron centrales en el desarrollo de la política barrial, y, si bien a primera vista parecerían ser quienes llevaban adelante los reclamos de sus pares, pudimos observar sus vínculos con el Poder Ejecutivo local. Esto los situó en una posición contradictoria en relación a las demandas, ya que debían responder a dos lados que, en muchas ocasiones, eran antagónicos.

La tensión entre UV y asentamientos, la posibilidad de conformarse como una comisión de vecinxs o como una vecinal y la normativa y requisitos para constituirse como tal fueron factores que influyeron y determinaron el modo en que lxs vecinxs se organizaron, y, por ende, el modo en que el Estado les respondió. Sorteando estas dificultades, Las Américas avanzó en el acceso a servicios básicos e infraestructura, aunque dichas obras actualmente se encuentran inconclusas.

Con nuestro trabajo, buscamos ampliar la mirada en lo que respecta a las formas de organización, entendiendo contextos que no han sido analizados en la teoría urbana en general. En este sentido, se trató también de comprender las prácticas en su contexto, la política en movimiento, saliendo de los modelos dicotómicos que englobaron las prácticas de organización en la esfera de los movimientos sociales o del clientelismo político. Las fronteras jugaron un rol en la unión y desunión de lxs vecinxs, y en muchas ocasiones, fueron reforzadas por el Estado local. El modelo institucional que dictaminó el proceder político en la ciudad, a través de la conformación de UV, las fronteras que delimitaron un adentro y afuera, lxs interlocutores válidos, configuraron un escenario que incidió en las estructuras organizativas de lxs vecinxs.