Con posterioridad a la crisis de 2001-2002, en Argentina se llevaron adelante una serie de políticas orientadas a la reactivación económica e inclusión social de sectores empobrecidos en el marco de un consenso intersectorial1 que colocó a la problemática habitacional en un lugar central (Varela y Fernández Wagner, 2012). Además de los programas federales de provisión de vivienda “llave en mano” ejecutados por empresas privadas a partir de transferencias del Estado, existieron una serie de programas que, con menor partida presupuestaria, articularon intersectorialmente la problemática habitacional con la del trabajo, al mismo tiempo que establecieron un diálogo político con organizaciones del movimiento piquetero y gobiernos locales2 para abordar de manera focalizada y territorial la situación de pobreza (Nardin, 2020; Rodríguez, 2010, 2012).

Misión Sueños Compartidos (en adelante “el Programa” o Sueños Compartidos) fue creado y gestionado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo3 (en adelante “la Fundación”) y financiado por el Estado nacional. Comenzó a operar en 2006 a partir de la implementación en tres villas de la Ciudad de Buenos Aires y se federalizó, finalmente, en 2008. El mismo, se presentó como un programa de “inclusión social a partir de la construcción de viviendas […] de los lugares más marginados de las ciudades” (Expediente 1558-D-2011, Honorable Cámara de Diputados de la Nación [Link]). El desarrollo de la capacidad laboral de la población destinataria era el fundamento para la transformación de las condiciones socioeconómicas de las y los habitantes de los barrios de intervención. La vivienda y los servicios urbanos, que formaron parte de la reurbanización, fueron construidos y gestionados en gran parte de las implementaciones por trabajadores/as de los barrios; lo que acercó la experiencia a una de producción social del hábitat (Rodríguez et al., 2007). Desde su diseño, restituyó lo habitacional al campo de las problemáticas sociales a partir de una articulación con el desempleo, la pobreza e insolvencia de los hogares y la desigualdad de género; en el marco de las discusiones por los derechos humanos llevadas adelante por la fundación.

A mediados del 2011, con varias de sus implementaciones en curso, sufrió una interrupción en todo el territorio en medio de un escándalo mediático por denuncias de corrupción y defraudación al Estado.4 La causa judicial alrededor del programa ha sido movilizada en los debates políticos y en medios de comunicación con perspectivas estigmatizantes sobre funcionarios/as y referentes sociales, lo que contribuyó a una mirada condenatoria sobre la Fundación Madres de Plaza de Mayo y sus experiencias en el campo de las políticas habitacionales (Barros y Morales, 2019).5

En este artículo, nos proponemos recuperar la experiencia del programa Sueños Compartidos para incorporarla a una serie de discusiones en torno a la política habitacional, su relación con las problemáticas sociales como la pobreza y precariedad en el acceso a los bienes urbanos, por un lado; y, por el otro, a la participación y politicidad popular.

Esta pregunta cobra relevancia en un contexto en el que la participación de las personas y organizaciones barriales en las políticas y programas habitacionales se concibe bajo un criterio instrumental de sustentabilidad planificado desde las directrices de las políticas financiadas por los Organismos Multilaterales de Crédito (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013), por lo que queda vaciada de contenido político. Además, en el marco actual de paradigmas de integración socio-urbana financiados por estos organismos, la experiencia de Sueños Compartidos restituye la dimensión política de la participación popular y de la integralidad de lo habitacional no solo en relación con el marco de problemáticas sociales, sino a las disputas por el acceso a los bienes urbanos. Al inscribir la dimensión habitacional dentro de la disputa por los derechos humanos, las condiciones socioeconómicas, comunitarias, políticas y simbólicas de quienes habitan las villas y asentamientos del territorio nacional se articulan redefiniendo la construcción y legibilidad de la problemática, así como las respuestas ensayadas.

El trabajo se apoya en un abordaje cualitativo centrado en una perspectiva etnográfica que incluye el trabajo con fuentes primarias y secundarias.6 La etnografía como abordaje integral, a partir del cual se constituye conocimiento en interacción con otros sujetos y en diálogo entre lo micro y lo macro, la teoría y la práctica; es el marco general del trabajo de campo (Ingold, 2017; Rockwell, 2011). Esta perspectiva se vuelve central en tanto nos permite pensar en términos relacionales la construcción de un objeto, que se realiza a partir la conformación de un problema, en la que elementos teóricos dialogan con los registros empíricos a partir de diferentes medios.

El trabajo de campo en Villa Garrote comenzó a fines del 2019 hasta mediados del 2022 con interrupciones a partir de las medidas de restricción a la circulación adoptadas a partir del COVID-19 entre marzo del 2020 y marzo del 2021. En el mismo, se articularon registros de observación participante, conversaciones informales y entrevistas semiestructuradas a vecinos y vecinas del barrio y referentes sociales de organizaciones. En la selección, intentamos dar cuenta de la heterogeneidad de posicionamientos para poder reponer las diferentes construcciones y experiencias alrededor de la implementación. Realizamos, a su vez, recorridos de campo y conversaciones informales con referentes en otros dos barrios del municipio en los que se implementó el programa: barrio Cina Cina (en la localidad Troncos del Talar) y San Pablo (Talar de Pacheco). Las entrevistas y registros de campo fueron procesados mediante la utilización del software Atlas ti, lo que permitió establecer codificaciones relacionadas con los avances en las construcciones teóricas en un proceso iterativo.

Tenemos que señalar la escasa bibliografía académica que aborda la experiencia del programa en contraposición al análisis de otros programas de la época (Chiara et al., 2017; Cravino, 2012). Encontramos, sin embargo, algunas excepciones (Najman, 2018; Palombi, 2019; Spinelli Álvares, 2011) en las que se indagan casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), aunque no hay, a la fecha, investigaciones sobre el desarrollo del programa a nivel federal; lo cual nos resulta clave, dadas las diferencias en la implementación del resto del territorio nacional. Sumado a la negativa de trabajadores y trabajadoras de la fundación de participar en la investigación, para la reconstrucción del programa nos valimos de una serie de fuentes secundarias como resoluciones e informes judiciales de la causa en la que se vio envuelto, publicaciones oficiales del programa y la fundación, normativa y digestos publicados en el Boletín Oficial de la municipalidad de Tigre, registros en medios de comunicación digital nacionales y locales; y publicaciones en facebook y redes sociales de organizaciones políticas y sociales que retoman experiencias del programa.

Para el análisis que sigue, contamos con aportes teóricos del campo de los estudios urbanos que se centran en políticas urbanas y habitacionales, estudios sobre organización y politicidad popular (Semán y Ferraudi Curto, 2013; G. A. Vommaro, 2016) y abordajes antropológicos sobre el Estado, la política y el gobierno (Balbi y Boivin, 2008; Das y Poole, 2008; Fernández Álvarez et al., 2017; Shore, 2010). Esta última perspectiva se caracteriza por una búsqueda de indagar en el contenido concreto de los conceptos señalados, desnaturalizándolos desde una perspectiva crítica que dialoga con los marcos de legibilidad de las personas que se ven atravesadas en su vida cotidiana por el Estado, sus procesos y efectos.

A continuación, delineamos las principales coordenadas del programa a partir de los lineamientos del mismo y de elementos desarrollados en algunos casos de implementación. En un segundo apartado, analizamos la integralidad del Programa Misión Sueños Compartidos (PMSC), en relación con los diferentes componentes y dispositivos para abordar las problemáticas sociales de la población con la que trabajó, para luego preguntarnos por la dimensión de participación de las organizaciones sociales y redes barriales involucradas en el programa. Finalmente, reflexionamos sobre estos elementos en términos de las experiencias de politicidad popular en el marco de la implementación de la política pública.

A comienzos de siglo, la fundación Madres de Plaza de Mayo adoptó un posicionamiento que la diferenció de otros organismos de derechos humanos al mantener una postura activa en la política local.11 Durante la época de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015), su dimensión identitaria en relación con el Estado y las diferentes fuerzas sociales y políticas se transformó a partir de la inscripción de las políticas de Derechos Humanos dentro de las reivindicaciones gubernamentales. Este reposicionamiento dio lugar a una resignificación en donde los reclamos de memoria, verdad y justicia se articularon con situaciones de inclusión y justicia social, estableciendo un desplazamiento hacia otros reclamos populares (Andriotti Romanin, 2012; Barros y Morales, 2017). En esta reformulación, la vivienda fue una dimensión más de la integración social que buscaba resolver por medio de capacitación e inserción laboral de la población entendida con menos posibilidades.

Sueños Compartidos se desarrolló en un contexto de reactivación económica post convertibilidad, en el que las discusiones en torno a las políticas sociales de subsidios o transferencias monetarias y el fomento del trabajo cooperativo y del trabajo registrado ocupaban las discusiones alrededor de las políticas públicas. En el marco de una línea próxima a la economía social, desde el Ministerio de Desarrollo Social nacional se desarrollaron una serie de programas en los que cooperativas de trabajo aparecieron como posibilidad de inclusión social, con una serie de elementos en donde convivieron el desarrollo del capital social y de la empleabilidad (Arcidiácono y Bermúdez, 2015). Tomando nota de lo que fueron las principales críticas de la construcción por medio de cooperativas de trabajo,12 a partir de la firma en 2009 con convenios con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social13; Sueños compartidos operó como empresa constructora con empleados bajo contratación formal, apuntando a la calidad del trabajo y al proceso de sindicalización en articulación con la Unión de Trabajadores de la Construcción (UOCRA), como ejes centrales para establecer una diferencia entre una política con empleo y una política asistencialista. Sin embargo, los cursos de capacitación en cooperativismo eran obligatorios para todos los y las trabajadoras, pero eran pensados en términos de la incorporación de dichos conocimientos en pos de que cuando finalicen las obras, las y los trabajadores puedan autoorganizarse y, de este modo, crear empleo. El trabajo asociativo era reivindicado, además, en términos políticos, en cuanto a posibilidades de la organización popular (“Proyecto de vivienda Madres de Plaza de Mayo I”, emitido en Canal Encuentro, 2007).

Otra de las dimensiones centrales del programa tiene que ver con la inclusión social de los grupos más desfavorecidos, aún en el contexto de pobreza de una villa o asentamiento. En el caso de Villa Garrote, se dio principalmente a partir de la propuesta de capacitación e inserción laboral de quienes tenían antecedentes penales y/o atravesaban situaciones de consumo problemático y las mujeres. Como nos relataba una de las referentes de la organización barrial:

En relación con la dimensión de género, si bien no se cumplieron las proporciones estipuladas, hubo una alta tasa de contratación de mujeres. Al igual que en otras experiencias a partir de las cuales se desempeñaron en obras de construcción (un ámbito laboral altamente masculinizado),14 hubieron una serie de tensiones y disputas a nivel barrial —cuestionamientos cuando se contrataba a una mujer “habiendo tanto padre de familia sin trabajo”—, de las organizaciones —en el establecimiento de los criterios de prioridad para los listados—, en el espacio de trabajo de la obra —varones que no querían compartir las tareas con mujeres— y hasta en el hogar de las y los participantes alrededor de estas decisiones. En palabras de una de las trabajadoras de la obra:

Nos interesa puntualizar en esta dimensión que atañe a las transformaciones en los arreglos internos de los hogares, dado que además de haber una transformación en el rol de las mujeres al poder ocupar espacios o tareas que tradicionalmente no se les presentaban disponibles, permitió una discusión en el centro de las disputas políticas por la desigualdad de género: las relaciones en la familia. En otros casos, pudieron empezar a trabajar cuando sus maridos, hermanos o padres estaban trabajando y, en muchos casos, este era un paso necesario para el ingreso al programa. Por otra parte, hay mujeres que no quisieron enlistarse para las tareas de obra, por lo que las trabajadoras fueron alrededor de 20 y 10 en tareas de cocina. Dentro de la obra, no era igualmente ponderado el trabajo de ellas que de los varones. Esto se pudo ver no solo por parte de quienes se encargaban de dirigir la obra, sino también de los trabajadores, quienes en parte no querían que éstas vayan a trabajar dado que “no sabían” y había que enseñarles, consideraban que eran tareas que no eran para que las desarrollen las mujeres o no querían compartir el espacio de trabajo con ellas: “Ahí en revoque hubo un grupito de chicos que no me dejaban trabajar, que no, que era mujer, que me vaya a otro lado” (Laura, trabajadora en diferentes oficios de obra durante dos años. Diciembre, 2021).

El programa contó, además, con una serie de dispositivos implementados por los equipos territoriales de la Fundación, que trabajaron sobre dimensiones relativas al acceso a la educación, salud, recreación y sobre la estigmatización de los barrios, para lo que realizaron actividades de fortalecimiento a la organización barrial que buscaban “transformar las visiones desfavorables”15 a partir de seguimientos familiares, talleres formativos y orientación psicológica. Otro de los dispositivos eran los “compartiendo lluvias”, un espacio entre las y los trabajadores los días que por cuestiones climáticas no se podía trabajar en la obra. En palabras de una trabajadora:

En su análisis de los lineamientos del programa, Spinelli Álvares (2011) señala que si bien hubo una estructura que respondía a la conformación de los equipos sociales y dispositivos como los encuentros y talleres, no fue posible establecer un programa de acción previo, por lo que si bien habilitaron la posibilidad de adaptarse a las diferentes características y problemáticas de cada barrio, le imprimió cierta discrecionalidad al dispositivo, en relación con que en algunos barrios se desarrollaron experiencias que en otros no. En Villa Garrote, por ejemplo, estas actividades junto con la articulación de áreas sociales del municipio quedaron restringidas al ámbito de las y los trabajadores de la obra, sin participación del resto del barrio. Esto fue explicado por quienes se desempeñaron en la organización a partir de que el Programa tomó una dimensión que excedió las capacidades que tenían, siendo que pasaron de gestionar un comedor y ayudas puntuales en el barrio, a un programa que alcanzó las 240 personas empleadas, además de continuar con sus obligaciones familiares y del hogar.

Hubo, además, un proceso de socialización política que dio lugar a una resignificación de recuerdos personales que obtuvieron un nuevo sentido a partir de un conocimiento y reflexión del marco histórico social, como ser en relación con violencias de la dictadura militar sufridas en los barrios o violencias de género, entre otras. Los espacios de reflexión en torno a los derechos humanos, por ejemplo, fueron claves para poder significar una serie de recuerdos del barrio en torno a las requisas y violencias en la época de la dictadura o las desapariciones forzadas de las fábricas y aserraderos de la zona en la que muchos familiares de personas de los barrios trabajaban.

Tan mencionada en las actuales políticas, consideramos a la participación como un concepto polisémico que puede dar lugar tanto a dinámicas de politización como de despolitización. Lejos del supuesto sesgo técnico y neutral de las orientaciones instrumentales, lo que está en disputa son los procesos de toma de decisión en torno a las transformaciones de las ciudades y su apropiación, es decir, “una disputa por la definición de lo público” (Cravino et al., 2011, p. 117). Esto implica, un involucramiento en los asuntos comunes, en donde la misma no solo es social sino, también, política en términos de conflicto. En esta dirección, situamos una serie de disputas que se dieron al interior de las relaciones barriales en la implementación del programa, como las de ciertos actores tradicionalmente marginados del mercado laboral disputando el trabajo frente a “los padres de familia” considerados como los actores legítimos para el acceso al mismo.

Un lugar especial le queremos dedicar a las disputas alrededor de la participación de las mujeres. Encontramos una serie de estudios que se interrogan específicamente por las experiencias y transformaciones entre mujeres que participan en procesos de producción social del hábitat (Rodríguez y Arqueros Mejica, 2020), en organizaciones sociales de base territorial (Gil y de Anso, 2008; Tabbush y Caminotti, 2015), otros espacios de participación como las asambleas del movimiento piquetero y en empresas recuperadas por sus trabajadores (Di Marco, 2011; Raía, 2009). En ellos, se da cuenta de cómo el formar parte de un colectivo que discute y toma decisiones sobre determinados procesos alrededor de lo público, da lugar a la valorización de las capacidades en los procesos de negociación, demandas y gestión de recursos; lo que genera modificaciones en el autoestima y prestigio social, dando lugar a experiencias de liderazgo y participación en la vida política (Longo, 2007; Massolo, 2003).

Otras autoras señalan, a su vez, cambios en la subjetividad en dirección a una desnaturalización de asociaciones normativas derivadas de visiones tradicionales de género, así como también una desnaturalización de otros pares de oposiciones que reproducen desigualdades y exclusiones, tales como los límites entre lo productivo y reproductivo, lo doméstico y lo político, el trabajo manual y el intelectual, entre otros (Ossul-Vermehren, 2018; Pacífico, 2019; Rodríguez y Arqueros Mejica, 2020). La puesta en común con realidades de otras mujeres permite identificar como problemas sociales las que se pensaban de modo individual, lo que puede dar lugar, a su vez, a procesos de fortalecimientos colectivos con redes de apoyo grupal que trascienden las fronteras del propio barrio (Longo, 2007), reconocimiento de una propia voz política con opiniones y aprendizajes en torno a derechos ciudadanos y desigualdad de género (Massolo, 1999).

En el caso de Villa Garrote, las mujeres que formaron parte de los equipos de trabajo generaron espacios de intercambio sobre violencia intrafamiliar, crianza de hijos/as y otros temas que la dinámica cotidiana centradas en el trabajo doméstico no lo permitían. Además, en el caso de quienes participaban con anterioridad en tareas comunitarias y fueron integradas al programa, la transformación de un trabajo no pago y poco reconocido a otro bien pago y reconocido en una dimensión política —dada la importancia al trabajo comunitario que le daba la fundación—tuvo un impacto grande. Autoras que analizan articulaciones en torno a la colectivización de las tareas de cuidado en movimientos sociales ponen el foco en la dimensión política y en el reconocimiento social de dichas prácticas, dando cuenta de una transformación en los modos de hacer política desde el territorio por parte de las mujeres (Pacífico, 2019; Zibecchi, 2022).

Sueños Compartidos se propuso el fomento del fortalecimiento comunitario y organizacional en los barrios de intervención, en el marco de la búsqueda de un empoderamiento de los sectores populares. Tal como señala Natalucci para el caso del Movimiento Evita, los incentivos a la participación institucionalizada de las organizaciones sociales por parte del Estado nacional a partir de una serie de programas y políticas sociales desarrolladas desde el 2003, fueron incorporados de modo de sumar las discusiones territoriales a la construcción política del Estado y de las políticas públicas (Natalucci, 2012). En el caso de la FTV de Tigre, sin embargo, el alcance de esta propuesta se vio condicionado por características propias de la organización local. Esta red de mujeres, recientemente integrada a la FTV, venía trabajando en la villa y articulando en relación con las necesidades sociales del territorio con una dinámica diferente al trabajo político y social que se podría pensar al referirnos a una organización sociopolítica de escala nacional (como la FTV) que gestiona los recursos de un programa de urbanización e integración social.16

En el caso de Mujeres al Frente, sin embargo, no se intentó fortalecer la organización de la FTV dado que, a poco tiempo de comenzado el programa, la misma tuvo una fractura a nivel municipal y, quienes eran los referentes de la organización, se retiraron para formar parte del Estado. Las mujeres a cargo de sus familias, del comedor y, ahora, de un programa de urbanización, quedaron en cierto modo huérfanas de la organización sociopolítica nacional que había acercado la urbanización al barrio. En este contexto, el Programa pasó a concebirse como “una política que nadie pidió” y las mujeres de la organización local pasaron a referenciarse con la fundación Madres de Plaza de Mayo y la UOCRA y empezaron a administrar el programa en un movimiento que no fue en dirección a una acumulación política o de crecimiento de la organización, sino al contrario, en una búsqueda de evitar “los chusmeríos” y “los rumores” en el barrio acerca de cómo un grupo de mujeres administraban los recursos.

En este punto, retomamos la premisa de que ni los movimientos u organizaciones sociales son neutros en términos de género, ni las relaciones entre los géneros están exentas de dinámicas de poder (Andújar, 2005; Barrera, 2011). Si bien hay una apertura al espacio público y al activismo, no se dejan de lado las tareas de cuidado, lo que genera una sobrecarga.17 Una rápida mirada/revisión sobre estudios con perspectiva de género en diferentes procesos políticos nos puede brindar pistas. A partir del análisis de la participación de mujeres en el movimiento piquetero, Andújar (2005) se pregunta si no estamos frente a la confrontación de dos lógicas y formas de hacer política diferentes entre varones y mujeres, así como dos modos de concebir la experiencia política diferentes. En su análisis acerca de la organización colectiva entre mujeres titulares de un programa estatal, Pacífico (2019) señala que las trayectorias previas, las formas de ayuda y dinámicas de organización familiar —que incluye la materialidad de las casas—son componentes centrales del hacer política. Por su parte, Zibecchi (2022) interroga los movimientos sociales y organizaciones territorializadas desde la perspectiva de los cuidados como uno de los ejes pendientes de análisis en el estudio de la politicidad de los movimientos sociales. Además, Andújar (2005) da cuenta de cómo el tipo de prácticas políticas y modo de organización de los movimientos puede resultar expulsivo o poco atractivo para las mujeres, dado que ésta “resume características que genéricamente, se inscriben en las normas pautadas para el comportamiento masculino: dureza de carácter, firmeza en el uso de la palabra, seguridad amparada en la razón para la expresión de las ideas, coraje, etc.” (2005, pp. 158-159).

En este trabajo nos propusimos recuperar la experiencia de un programa gestionado por la fundación Madres de Plaza de Mayo junto con organizaciones sociopolíticas y territoriales de base que, por medio de la construcción de viviendas y equipamiento urbano, buscó la inserción social de las personas que residían en las villas y asentamientos que contaban con una escasa intervención estatal.

A lo largo del texto nos detuvimos en dos ejes centrales para el diseño del programa: la integralidad o intersectorialidad en la construcción de la problemática habitacional y la participación de quienes habitan el barrio en la obra. Nos interesa señalar el carácter polisémico de ambos elementos, ya que los mismos pueden presentar diferentes sentidos y contenido tanto en la planificación como en la implementación de la política. Principalmente, discutimos contra el carácter instrumental que en muchos casos adoptan dichos elementos y argumentamos que, en Sueños Compartidos, los mismos tuvieron como base fomentar el desarrollo de una politicidad popular por medio de dos movimientos: en primer lugar, al habilitarles a las organizaciones populares un espacio en la gestión y discusión de las políticas públicas; y en segundo, al trasladar las discusiones sobre las dimensiones socioeconómicas de desigualdad al campo de los derechos humanos en un momento en que dicha temática ocupaba un lugar central en la discusión política.

Sueños Compartidos introdujo modificaciones en la planificación y gestión de las políticas habitacionales al reconstituir la problemática habitacional al campo de lo social con una perspectiva interseccional (a partir de la incorporación de las dimensiones de género, de nacionalidad/discriminación por lugar de origen, trayectorias por el sistema penal o el consumo problemático, entre otras), visibilizando, de este modo, la heterogeneidad de los territorios que se caracterizan por la pobreza y precariedad habitacional. En segundo lugar, introdujo modificaciones al inscribir un programa de urbanización e integración sociolaboral dentro de la problemática de los derechos humanos en el marco de una tradición en la que los organismos como Madres de Plaza de Mayo fueron centrales para su construcción. En tercer lugar, introdujo modificaciones en la planificación de la política pública, al ser un programa diseñado y ejecutado por una organización de la sociedad civil que se inscribió territorialmente en la implementación a partir de organizaciones territoriales de los barrios de intervención, en donde —con variabilidades según cada caso— éstas organizaciones tuvieron participación en las decisiones de gestión. La estructura flexible del programa y la falta de territorialidad de la Fundación suponían una centralidad de las organizaciones sociopolíticas intermedias que articulaban o contaban con organizaciones barriales. Si bien los espacios de participación fueron más bien de tipo consultivo, hubo casos en los que las y los habitantes pudieron discutir y negociar cambios en los proyectos.18

El trabajo etnográfico en Villa Garrote nos permitió ver otras dimensiones de la politicidad popular, relacionadas con las redes barriales que se conforman principalmente por mujeres, a partir de la gestión y respuesta a problemáticas que se vinculan a la reproducción social. Estas redes, entonces, se organizan a partir de formas que difieren de las organizaciones sociales que cuentan con una lógica política androcéntrica. El desafío es, pues, poder analizar las formas de politicidad popular a partir de una perspectiva interseccional y sensible a las desigualdades del territorio.