Como consecuencia de las sucesivas crisis económicas y sociales de los últimos años, la estructura tradicional de las ciudades se ha modificado tanto en su conformación como en su funcionamiento político-institucional. Esta situación, produjo barreras cada vez más rígidas y generó una tensión entre quienes pueden adaptarse al nuevo contexto y quienes quedan excluidos. Estos grupos sociales, forman parte de lo que se denomina “sociedad en riesgo” (Beck, 1998), fenómeno que se analiza como una creciente exposición diferenciada a los efectos colaterales propios de la etapa actual de modernización capitalista.

Frente a esta situación, se continúan degradando las condiciones del suelo urbano informal, el cual se caracteriza por ser un complejo multidimensional que involucra problemas relacionados con la propiedad del suelo urbano, la calidad de los servicios básicos, la calidad urbano ambiental del área, el proceso de ocupación en sí mismo y las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos. Los asentamientos informales1 se encuentran estrechamente ligados con el estado de vulnerabilidad, el aumento de la resiliencia, por un lado, y la implementación de mecanismos de adaptación, necesarios para reducir o mitigar el riesgo, por otro (Smolka y Mullahy, 2010).

En este contexto, se planteó la necesidad de reflexionar y proponer estrategias para abordar los aspectos más urgentes del hábitat. En esta línea, se presentó el Programa de Extensión Universitaria “Ambiente y Salud Comunitaria” denominado “Atención Primaria del Hábitat (APH) en Barrios Populares” (Durante et al., 2022) el cual articula y da continuidad a diversas acciones que los y las integrantes realizan desde la investigación y docencia universitaria. El Programa apunta a profundizar sobre aquellas problemáticas socio-habitacionales vinculadas a las condiciones físicas de la vivienda, las condiciones socioeconómicas, culturales y de género de los hogares, el acceso a servicios básicos, la condición de los espacios comunes, movilidad e infraestructuras de salud, educativas y socio-comunitarias. El objetivo del Programa es elaborar un diagnóstico participativo, que permita conocer y caracterizar dichas problemáticas en profundidad, generando diversas estrategias para la coproducción de mejoras en las viviendas, en base a las necesidades y posibilidades de cada familia, tanto desde el punto de vista constructivo y económico como sociocultural. En este sentido, la propuesta busca abordar el hábitat de manera integral, multiactoral e interdisciplinaria, innovando en las formas de relacionar la Universidad y el territorio, apuntando a la retroalimentación desde la coproducción de conocimientos con los diversos actores.

En este sentido, el presente artículo expone los avances del Programa, cuyos primeros desarrollos se apoyan en espacios de organización territorial, profundizando en la interacción de los diferentes actores del hábitat popular. Particularmente, se trabaja en asentamientos informales de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires (Argentina). Los mismos, han sido seleccionados principalmente por las capacidades organizativas, gestionarias y de acción de sus habitantes, con los cuales se viene trabajando hace tiempo respecto a diferentes acciones de mejoramiento habitacional. En consecuencia, en este artículo, se exponen los lineamientos teóricos y metodológicos para la realización de un relevamiento socio-habitacional de las viviendas de dichos barrios populares, desde los aspectos constructivos, funcionales y de salubridad, así como las condiciones y capacidades laborales, productivas y gestionarías de los habitantes. Los mismos constituyen los primeros pasos del Programa, y permiten reflexionar sobre las estrategias de abordaje y perspectivas de estudio de las problemáticas del hábitat popular, como aporte a repensar nuestras intervenciones situadas en el contexto actual.

La informalidad urbana actual, encuentra una dinámica particular en todo el territorio latinoamericano y, puntualmente, en nuestra región: se produce y transforma a partir de dinámicas sociales populares. La misma, no surge únicamente por falta de regulación política institucional, sino más bien por las necesidades urgentes y concretas de una sociedad en riesgo. El hábitat popular es y ha sido la forma en que habitan los pobres, los sectores desposeídos de acceso a la tierra, urbanización, infraestructura, trabajo, equipamiento, etc. (Gassull, 2017). Desde la década del 2000, se ha acuñado el concepto de “Producción Social del Hábitat” (PSH), para dar valor a aquellos “procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas, que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines lucrativos”(Enet et al., 2007; Ortiz Flores, 2002). Sin embargo, las dinámicas que atraviesan estos procesos obligan a complejizar la famosa tríada: producción social, producción estatal y producción de mercado; para comprenderlas como formas de producción heterogéneas que se encuentran relacionadas de múltiples formas (Pírez, 2018). El proceso de PSH implica una forma de gestión y de acción que no responde al modelo dominante, sino a una cultura de la solidaridad y de la complementariedad con otros actores sociales con implicancias políticas, económicas y sociales de transformación de las relaciones de poder. La PSH plantea la necesidad de concebir el hábitat como parte de un sistema complejo con una necesidad concreta de aproximación a la gestión del mismo en su integralidad, que incluya el derecho a la ciudad y la gestión participativa del hábitat, desarrollados a partir de sistemas de autoconstrucción de infraestructuras y viviendas, que se combinan en estos procesos de urbanización popular (Jaramillo, 2012).

En este sentido, “estos territorios empiezan a constituirse como una estrategia recurrente de acceso al espacio urbano, y su proliferación es evidencia de que no se trata de una maniobra excepcional de acción colectiva y resistencia”(Castañeda-Pérez y Hernández-Ramírez, 2021).Por el contrario, sus habitantes han demostrado que, en su formación social, estas territorialidades contienen diversas y creativas estrategias de producción de su propio hábitat (Harvey, 2013).

Ante la imposibilidad de acceder a una vivienda estatal y/o de emprendimientos privados, el acceso a la vivienda de los sectores de mayor vulnerabilidad continúa siendo de manera autogestionada. Por lo tanto, la autoconstrucción de la vivienda se constituye como una de las principales formas de producción de los espacios habitables. A pesar de los cuestionamientos de los años setenta que reconocen en la autoconstrucción el encubrimiento de diversas formas de sobreexplotación y trabajo precarizado (Burgess, 1978; Pradilla Cobos, 1982), resulta una discusión aún abierta. En la actualidad, es posible encontrar diversos esfuerzos de organizaciones políticas y programas públicos que continúan promoviendo la construcción de viviendas o la mejora de las mismas a través de los propios pobladores. Según Jaramillo, en estos procesos están, por un lado, quienes ven los procesos de autoconstrucción como “un soporte para el desarrollo social y político colectivo de los pobladores” y, por otro lado, quienes la consideran una práctica individual, de “promoción del poblador en una senda que lo convierte eventualmente en un empresario […] —induciendo en la iniciativa privada popular” (Jaramillo, 2012, p. 185).

Se pueden citar diferentes estrategias tendientes al mejoramiento habitacional impulsadas desde la universidad y el ámbito académico en vínculo con los sectores populares. Se hace referencia a procedimientos de producción de situaciones habitacionales satisfactorias a partir de reconocer el valor de las situaciones ya existentes y resultantes de las acciones populares espontáneas incorporando los modos de resolución propios (Pelli, 1995).

Para nombrar ejemplos argentinos, el Programa Hábitat y Ciudadanía del Instituto de Investigaciones en Desarrollo Urbano, Tecnología y Vivienda de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se centra en la generación de tecnologías de inclusión social en territorios de extrema pobreza, en asentamientos urbanos y rurales (Cacopardo et al., 2018). El Programa Arquitectura y Construcción con Tierra de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires (Rotondaro y Cacopardo, 2012), se encuentra orientado a la promoción de la construcción a partir de tecnologías regionales. En el Centro Experimental de la Vivienda Económica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Asociación de Vivienda Económica (AVE) de Córdoba se trabaja sobre investigación, experimentación, desarrollo y transferencia de tecnologías de construcción y gestión integral, destinadas a la producción social del hábitat (Gaggino, 2019). En la Universidad Nacional de Tucumán, el Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (INTEPH, CONICET-UNT) trabaja desde hace varios años, en el acompañamiento técnico para la mejora del hábitat en barrios de la periferia y comunidades rurales (Boldrini y Malizia, 2020). En el ámbito local, en la ciudad de La Plata, se han desarrollado diversas experiencias previas. Por ejemplo, desde el Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos (CIEC, FAU-UNLP) se han abordado experiencias de espacios de asesoramiento individual y colectivo para la realización de proyectos de mejora con las familias de barrios populares en el marco de los “Consultorios barriales de atención del hábitat”. En el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC - FAU - CONICET/UNLP) se abordan desde el año 2001 una serie de desarrollos tecnológicos para la mejora habitacional en sectores vulnerables.

Por su parte, desde el Estado argentino, en los últimos diez años, se han registrado una serie de programas y proyectos con la capacidad de dimensionar, registrar y asistir focalizadamente a los asentamientos informales. En primer lugar, se produjo un cambio sustancial en lo que antes se conocía como “políticas de urbanización”, ya que pasó a denominarse “integración socio urbana”. Sin embargo, en la práctica no parece cambiar sustancialmente respecto a lo anterior, pero enfatiza la necesidad de articular las mejoras físicas con un abordaje social y económico de las poblaciones destinatarias. En este sentido, a nivel provincial, en 2014, se construyó el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (RPPVAP) en el marco de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda, que permitió identificar los asentamientos. En 2018, se creó el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) —con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—, el cual impulsa una serie de proyectos en ciertos barrios populares de mejora del hábitat y generación de empleo.

A nivel nacional, en 2017, se creó el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), fruto de las negociaciones de las organizaciones sociales y no gubernamentales con el gobierno (Guevara et al., 2018, p. 463). Este registro constituyó un marco de legitimidad para implementar una política de regularización dominial, de servicios y de mejora de los barrios, a través de diversos programas implementadas por la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU).2 Los mismos pueden ser ejecutados por municipios y/o por organizaciones sociales y políticas. La SISU también ha implementado programas de pequeños subsidios para la mejora de las viviendas por autoconstrucción, como es el caso de Mi Pieza, destinado a jefas de hogar. Este último, resultó de los pocos programas que apuntó directamente a la vivienda en sí e incorporó de modo incipiente la perspectiva de género en el hábitat popular brindando un subsidio para una pequeña refacción, ampliación y/o modificación. Del mismo modo, podría nombrarse el caso de los Proyectos de Obras Tempranas (POT) que realizaron núcleos húmedos —baño y cocina— en las viviendas, o aquellos de conexiones intradomiciliarias —de luz y agua—.

Con la pandemia se multiplicó la implementación de “políticas públicas con impronta territorial con el fin de ganar proximidad y gestionar las problemáticas ocasionadas por la COVID-19 a nivel local teniendo en cuenta las particularidades de los barrios y resaltando el cuidado comunitario” (Ferrari Mango y Campana, 2021, p. 102). Las políticas orientadas a los asentamientos informales buscaron generar empleo a partir de la construcción de mejoras en los propios barrios. Estas acciones se combinaron en los territorios con una serie de programas de asistencia social, que el Ministerio de Desarrollo Social brinda a los sectores populares a través de las organizaciones sociales y políticas, como el plan “Potenciar Trabajo”. Todo este entramado de recursos se apoya con fuerza en los espacios de organización socio-comunitaria y las organizaciones impulsoras de los mismos. Desde allí, se han generado una serie de redes de trabajo, cuadrillas y cooperativas, que permiten viabilizar procesos de construcción colectiva en torno a mejoras del hábitat. En los barrios populares se consolidó una red multiactoral desde la cual se abordan diversas demandas de los sectores populares y se gestionan recursos, apoyándose en diferentes formas de organización: referentes/as, delegados/as por manzana, asambleas, cuadrillas de trabajo, comisiones, entre otras. Estas formas son definidas junto a las organizaciones sociales y políticas que llegan al barrio haciendo pie en espacios de comedores, salitas de salud, bachilleratos populares, emprendimientos productivos, etc. Un tejido socio-comunitario que se torna indispensable para la subsistencia de estos sectores, donde las organizaciones de base social acompañan los procesos de organización y gestión, la disputa de recursos, la autogestión y la construcción de mejoras barriales.

El Programa se apoya y retroalimenta sobre las redes socio-comunitarias desde donde pensar la posibilidad de dimensionar, caracterizar y gestionar capacitaciones, así como organizar y accionar líneas de trabajo. La idea de “atención primaria del hábitat” (APH) apunta a comprender la vivienda y el hábitat como determinantes sociales de la salud, para pensar que el abordaje de sus problemáticas pueda ser convertidas en programas públicos de salud y espacios de atención primaria. En este sentido, el espacio universitario actúa como intermediario, propiciando experiencias piloto que permitan hacer aportes para pensar programas públicos en escalas mayores. Se plantea que los instrumentos generados por el Programa puedan ser replicados, adoptando la sistematización, la teorización y la reflexión de la práctica como parte fundamental de la metodología de trabajo.

Se parte de la caracterización respecto a la situación de la vivienda, incorporando dimensiones sociales, de género, de funcionamiento, constructivos, de salud, ambientales. Esto permite identificar y evaluar las capacidades particulares y colectivas respecto a los propios procesos de construcción y mejoras habitacionales. Para ello, se realizaron una serie de relevamientos sobre la situación socio-habitacional a nivel hogar/familia que permitió visibilizar variables ligadas a la situación de la vivienda que no se obtienen a través de los censos o registros oficiales existentes. Se apunta a realizar un diagnóstico participativo, donde la “participación” se entiende de manera amplia, virando hacia la idea de “co-producción”, donde los actores del territorio son parte de la producción del conocimiento en torno a sus problemáticas y las formas de abordaje, y no simplemente “población consultada”. Además, la construcción de un diagnóstico participativo implica problematizar con las familias sobre su situación habitacional individual y colectiva, así como reconocer las capacidades y recursos disponibles para motorizar futuras mejoras. El mismo, se estructura en cinco etapas de trabajo que se observan en la Figura 2.

La propuesta de trabajo se apoya sobre las ideas de prácticas integrales, extensión crítica, coproducción, diálogo de saberes y tecnologías para la inclusión social. La integralidad es entendida “como la articulación de las funciones universitarias (enseñanza, extensión e investigación), interdisciplina y diálogo de saberes (científicos y populares)” (Stevenazzi y Tommasino, 2017, p. 55), nos obliga a pensar los “entre”, la relación entre diversos ámbitos, actores y perspectivas de la universidad y el territorio. Por su parte, la extensión crítica “modifica los procesos de investigación priorizando agendas y dejando abierta la posibilidad de la generación de conocimientos en conjunto con la población en procesos de investigación acción que potencien el saber-hacer transformador de la misma” (Tommasino, 2009, p. 1). Estas prácticas integrales habilitan la construcción de conocimientos socialmente valiosos, más comprometidos, pertinentes y fundamentados. Por su parte, la idea del diálogo de saberes permite pensar “una epistemología contrahegemónica basada en el reconocimiento, no solo de la pluralidad de prácticas de conocer, sino también en la estrecha imbricación entre el conocer y el hacer, en tanto praxis cognitiva y política” (Carenzo y Trentini, 2020, p. 103).

Para definir los contenidos del relevamiento, como primer paso, se estudiaron en profundidad otras encuestas como las estrategias y dispositivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC), el Relevamiento de Asentamientos Informales de la organización Techo, y el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Es necesario aclarar que, si bien estos relevamientos tienen otras finalidades y escala de trabajo, han permitido realizar una aproximación a las dimensiones de la vivienda que se consideran críticas y prioritarias para las políticas públicas y/u organizaciones sociales.

En esta línea, para poder obtener información cualitativa y cuantitativa, se implementó una estrategia de triangulación metodológica. En palabras de Pi Puig: “El sentido original de la triangulación metodológica en ciencias sociales se encuentra fuertemente asociado al proceso de validación de una inferencia o interpretación basada en una fuente de información a través de su confrontación con otra fuente de datos diferente”(Pi Puig, 2020). Esto implica una complementariedad de información, opinión e ideas de una misma situación. En este sentido, la encuesta se estructuró de tal manera que diera la posibilidad de obtener respuestas de mayor carácter estadístico (cuantitativas), y aquellas que posibilitan el estudio de las representaciones (cualitativas). El objetivo era que el formulario del relevamiento pueda dar cuenta de problemáticas particulares de la vivienda que permitieran realizar recomendaciones en torno a mejoras, sin ser un diagnóstico en detalle. Además, debía abordar diferentes aspectos de la vivienda, pero con una extensión controlada para poder realizar varios en una misma jornada (se estimaba entre cuarenta minutos y una hora por encuesta).

La información recabada en los relevamientos permite pensar una nueva etapa donde se diseñan diversas estrategias para encauzar el mejoramiento habitacional considerando la organización de talleres sobre construcción de tecnologías; la construcción de insumos técnicos para optimizar el uso de los programas sociales; la gestión de nuevos recursos; los asesoramientos individuales; hasta la propuesta de nuevas tecnologías sociales para resolver problemáticas no abordadas de las viviendas.

En función del enfoque y estrategia metodológica del programa, el presente artículo se vale de instrumentos y técnicas para arribar a los resultados obtenidos que se detallan a continuación:

El problema de la vivienda y el hábitat popular sigue siendo una tarea pendiente para las instituciones estatales, incluida la Universidad. Su crecimiento constante obliga a pensar respuestas que indaguen en la gran escala, que puedan replicarse, sistematizar y optimizar el uso de los recursos disponibles. Y, a la vez, debe pensarse situada en los territorios, reconocer a los actores y sus formas de organización, sus expectativas, proyecciones y capacidades. Los primeros pasos de este Programa permiten pensar algunas de las complejidades que el manejo de ambas escalas implica. Por un lado, la necesidad de generar estrategias claras y sistemáticas, pero que, al mismo tiempo, sean flexibles en su territorialización y su trabajo junto con los actores sociales. Por otro lado, comprender los contextos políticos y económicos que imprimen a la acción de las instituciones públicas y las formas de organización aspectos particulares. La disponibilidad actual de una batería de recursos que se destinan directamente a las organizaciones para ejecutar las obras plantea un escenario particular donde inscribir el aporte técnico-universitario.

La criticidad de la situación socio-habitacional requiere un abordaje que articule el saber técnico, el saber popular y las capacidades organizativas. En este sentido, el hecho de ingresar a los barrios de la mano de las organizaciones permite optimizar tiempo, recursos y saberes, pero principalmente, el abordaje mancomunado permitió revalorizar el trabajo de las organizaciones como productoras de conocimientos y fortalecer el vínculo con la Universidad. Las expectativas de mejora, modificación y/o ampliación de las viviendas se manifiesta en los vecinos/as enlazado a sus expectativas de mejorar la condición de vida de sus familias. A la vez, poder fortalecer las capacidades de detección de estas problemáticas, de parte de las organizaciones y referentes, es señalado como un aspecto importante para mejorar la gestión de futuros programas y/o destino de esfuerzos solidarios. Otro aspecto a destacar es el protagonismo de las mujeres en el proyecto habitacional, en la gestión del hogar y en las mejoras barriales, que requeriría de un análisis en profundidad.

Desde la Universidad pública, es interesante pensar con qué actores articular nuestras prácticas y construcción de conocimientos. Retroalimentar a las políticas públicas es una vía de acción, pero también reconocer, potenciar y acompañar otros esfuerzos de autogestión y producción que ocurren en nuestros territorios, también es una vía posible. Más aún, pensando en lo que implica la Universidad en las trayectorias formativas de futuros profesionales, hay una vía interna, que es volver sobre la sensibilización y fortalecimiento del pensamiento crítico de los propios estudiantes, docentes e investigadores.

La convocatoria mostró la necesidad de este tipo de espacios tanto en la facultad/universidad como en el accionar cotidiano. La convocatoria realizada a estudiantes de Arquitectura fue masiva e impulsó la integración y el intercambio de un importante grupo de trabajo que reflexiona, teoriza y acciona de y hacia el territorio.

Se apunta a repensar las relaciones entre los diferentes actores de la universidad y los del territorio. Lejos de plantear al Programa como una “extensión” de los conocimientos universitarios sobre los sectores vulnerables, se entiende que la retroalimentación es mutua, desde donde co-construir nuevos conocimientos.