De acuerdo a los últimos resultados del Registro Nacional de Barrios Populares,1 Argentina cuenta con 5.687 asentamientos y barrios populares. Estos lugares, en los que viven más de 5 millones de personas, poseen déficit habitacional y tenencia irregular, así como acceso precario a servicios urbanos. Recientemente, se ha avanzado en la promulgación de leyes para abordar las problemáticas urbanas, como la Ley Nacional N.º 27.453 (Integración Socio Urbana de Barrios Populares), en 2018, y la Ley Provincial N.º 14.449 (Acceso Justo al Hábitat), en 2012. También las estructuras institucionales reflejan una creciente preocupación por el suelo y la vivienda popular; ejemplo de ello es la creación del Organismo Provincial de Integración Socio Urbana (OPISU) en la Provincia de Buenos Aires, en 2017, y del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a nivel nacional, en 2019.

Sin embargo, diversos informes han denunciado las complejidades para el acceso a una vivienda adecuada, el aumento en el grado de hacinamiento y la tenencia irregular entre sectores de menores ingresos (Centro de Estudios Legales y Sociales, 2016). Sumado a esto, desde hace décadas, es significativa la expansión y consolidación de un mercado informal de tierras y viviendas, así como la inquilinización de piezas y casas no solo en villas sino también en asentamientos y barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (Cravino, 2006). Durante la pandemia de COVID-19, se produjeron diversos desalojos y situaciones de violencia y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad en tomas colectivas de tierra a lo largo y ancho del Gran Buenos Aires, lo que aumentó la visibilidad del recrudecimiento de los conflictos urbanos, las dificultades en el cumplimiento de derechos y las disputas por el acceso al hábitat digno en un marco de “precarización integral de la vida” (Centro de Estudios Legales y Sociales, 2021).

Considerando dicho escenario, este artículo propone analizar los procesos, dinámicas y actores en torno a la provisión de lotes en asentamientos populares recientes de La Matanza, Gran Buenos Aires. Para ello explora, en primer lugar, las múltiples modalidades para acceder y gestionar el uso de terrenos, mediadas por tramas socio-vecinales y regímenes de valor. En segundo lugar, los condicionamientos en el aprovisionamiento de la tierra como resultado del despliegue y las ambivalencias de regulaciones estatales, ya sea mediante políticas de gestión del suelo e “integración socio urbana” o a partir del accionar violento de agencias y agentes estatales. Finalmente, examina las interrelaciones de tramas socio-vecinales con poderes locales “opacos” en expansión y su injerencia en el control de la tierra. En un contexto donde los cambios contemporáneos en los patrones de urbanización son cada vez más notorios, el trabajo sostiene que las acciones llevadas a cabo por sectores populares para lograr el acceso al suelo se inscriben no solo como múltiples estrategias y entrelazamientos colectivos para obtener un lugar donde vivir y, con ello, cierto grado de bienestar. También resultan de una búsqueda por proyectar horizontes futuros, y, a la vez, establecer formas de delimitar y limitar los peligros, la percepción de inseguridad y las violencias.

Esta propuesta se encuadra en la reciente literatura sobre procesos urbanos en áreas metropolitanas de Argentina, la cual viene advirtiendo una coyuntura signada por la reconfiguración en los patrones de vinculación entre grupos sociales, agencias estatales y actores no estatales. Entre dichos estudios se exploran los aspectos cotidianos, usos y formas crecientes de la violencia interpersonal en zonas de relegación territorial, así como la presencia intermitente, selectiva y contradictoria del Estado (Auyero, 2015; Auyero y Berti, 2013). Otras investigaciones han explorado cómo los barrios y asentamientos populares se ven trastocados por modos de regulación y conflictos urbanos desencadenados tras la aparición de actores ligados a redes delictivas (Auyero y Sobering, 2021; Cozzi, 2022). Por su parte, recientes trabajos reflexionan sobre cambios en las dinámicas alrededor del suelo y la vivienda y el papel de las organizaciones barriales en dichas transformaciones (Barreto, 2021; Cravino, 2014; Cravino, 2016; Nardin, 2021; Oriolani, 2022; Tufró et al., 2017).

El artículo plantea una serie de aportes a los estudios que han documentado los procesos de ocupaciones masivas de tierra y conformación de asentamientos populares en el Gran Buenos Aires. Primero, una contribución a los trabajos sobre el mercado inmobiliario informal en asentamientos populares. Este tópico ha sido estudiado, generalmente, en villas y favelas ubicadas en el centro de las ciudades para indagar sus aspectos sociales, económicos y jurídicos; específicamente la estructura de tenencia de la tierra, las estrategias de valorización del suelo, la formación del precio, así como los impactos de políticas urbanas de acceso y regularización o el lugar de las relaciones sociales (Abramo, 2012; Clichevsky, 2007; Cravino, 2006). En este texto, por el contrario, a partir de contribuciones recientes en antropología, recupero la noción de regímenes de valor (Appadurai, 1991), para afirmar que las personas producen de manera creativa prácticas y lógicas racionales y valorativas simultáneas en relación al suelo urbano, las cuales mixturan valores económicos, morales y sociales (de L’Estoile, 2020; Graeber, 2018; Narotzky y Besnier, 2020).

Segundo, una discusión analítica con investigaciones actuales sobre tomas de tierra y asentamientos populares. Esto no solo a la luz de la presente coyuntura, sino porque se trata, además, de procesos recientes que han sido poco abordados, especialmente desde la antropología, y que cierta bibliografía asocia mecánicamente a prácticas delictivas y violentas, comportamientos irracionales, ausencias estatales y/o lógicas clientelares (Ossona, 2014; Zarazaga y Ronconi, 2017). Esta última literatura se contrapone a estudios de las décadas del ochenta y noventa centrados en ocupaciones masivas de tierra y la conformación de asentamientos como nuevo paradigma del hábitat popular (Aristizábal y Izaguirre, 1988; Cravino et al., 1998; Merklen, 1991), los cuales contribuyeron a través de otras herramientas analíticas a comprender aquellos fenómenos urbanos que tenían lugar en el Gran Buenos Aires.

Tercero, un diálogo crítico con la literatura “clásica” sobre asentamientos populares. Si bien aquellos estudios estuvieron abocados a dar cuenta de las características, representaciones sociales y trama de interrelaciones con funcionarios de gobierno, actores políticos, sindicales, religiosos y organismos de derechos humanos que constituyeron saberes y prácticas ancladas en experiencias territoriales específicas (Cravino y Vommaro, 2018), encontramos que ha primado en gran medida un modelo de análisis enfocado en la acción colectiva. El desarrollo de esta óptica, que fue y es sumamente relevante, ha permeado con una tonalidad analítica más tenue a otras prácticas, relaciones y procesos que actualmente resultan significativos en contextos populares urbanos. Nos referimos, por ejemplo, al conjunto de acciones que desbordan lenguajes y repertorios de acción política colectiva; la presencia e influencia de actores posicionados como mediaciones entre agencias estatales, organizaciones comunitarias y mercados; la construcción de formas de valor que desafían dicotomías como economía/política, cálculo/dones, formal/informal, legal/ilegal; y la reconfiguración de tramas socio-vecinales debido a una mayor percepción de violencia sostenida y una cotidianidad atravesada por procesos crecientes de precarización.

El artículo parte de una serie de estrategias propias de la investigación antropológica y el método etnográfico, considerando las dimensiones histórica y relacional de los procesos sociales, en la búsqueda por reconstruir los sentidos de ese mundo social (Guber, 2005). Entre 2017 y 2019, realicé entrevistas en profundidad a residentes y referentes barriales y participé de asambleas y otras actividades en un asentamiento de reciente conformación (La Victoria), cercano a un barrio popular consolidado (San Nicolás) de Virrey del Pino, La Matanza.2 En ese periodo, más allá de mi presentación como un estudiante universitario de Antropología que estaba “escribiendo sobre el barrio”, fui identificado de maneras heterogéneas: investigador, funcionario estatal, político, periodista, lo que me permitió abrir el acceso a determinados ámbitos, relaciones y actores. En esa tónica, construí vínculos duraderos con algunos residentes que decían no participar de política barrial o estar participando por primera vez en ese tipo de experiencia. Con la aparición del COVID-19 y las medidas gubernamentales como el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el trabajo de campo que llevaba a cabo se vio pausado de manera abrupta, y aquellos vínculos forjados terminaron debilitándose.

Posteriormente, la incorporación a proyectos de investigación interesados en analizar los efectos de la pandemia sobre las condiciones de vida (Garriga, 2022), me permitió retomar el contacto con una de las principales organizaciones barriales de la zona a mediados de 2021, y con ello, reorientar mi acceso a espacios más institucionalizados: redes comunitarias de provisión de alimentos y cooperativas de limpieza y mantenimiento de arroyos en convenio con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).3 En dicha etapa, reconstruí trayectorias de vida de quienes hacían parte de tales cooperativas y desarrollé entrevistas en profundidad, donde los tópicos no se limitaban al trabajo o al contexto de pandemia y pospandemia, sino a los entrelazamientos con la urbanización del barrio y los nuevos asentamientos, las formas de acceso y gestión del suelo y la vivienda, los vínculos con agencias estatales y el lugar de la organización colectiva. En simultáneo, entrevisté a funcionarios municipales vinculados al área de urbanización, asistí a distintas jornadas de discusión vinculadas al hábitat popular, y examiné distintas redes sociales y páginas web en donde se publican avisos de compra-venta de terrenos.

Además, en este último periodo, desarrollé un trabajo de campo más intensivo mediante la participación (semanal o quincenal) en jornadas laborales, asambleas, reuniones de formación política y otros eventos como festejos por el Día de las Infancias. En tal cotidianidad, me posicioné y fui posicionado como un “invitado” o “compañero de la universidad”. En base a una mayor confianza, estreché vínculos más sólidos; incluso los propósitos de entrevistas y mi presencia fueron interrogados. También compartieron experiencias traumáticas asociadas al dolor y a la pérdida, y me hicieron parte de celebraciones, discusiones sobre cómo organizar las tareas cotidianas y reuniones que apuntaban a la transmisión de saberes hacia los jóvenes. Es en este contexto, y en la construcción del vínculo intersubjetivo, donde pude dimensionar algunos de los aspectos en torno a la centralidad que adquiere el suelo urbano, las interrelaciones con agentes y agencias estatales y actores no estatales. También, fue debido a esta particular relación que dimensioné las dificultades y limitaciones para acceder a otras variables: su opacidad, densidad y potencial peligro alimentaban ciertos temores, incomodidades y preocupaciones tanto entre mis interlocutores como en mí.

Según Balbi (Balbi, 2012), la etnografía puede considerarse como una práctica de investigación que trata de aprehender una porción del mundo social de manera analítica, incorporando herramientas heurísticas que, asimismo, ponen en tensión y relativizan la propia teoría a partir de los materiales producidos en el trabajo de campo. En este sentido, el texto busca ampliar el lente sobre la gestión de la tierra para dar cuenta de matices y variadas dimensiones de la construcción de valor, las cuales están atravesadas por tramas socio-vecinales, procesos estatales y poderes locales. Es decir, propone no escindir las formas de organización y acción política popular de otras lógicas que se anudan al momento de lidiar con las complejidades de la vida urbana, ni tampoco cristalizar o tipificar las mismas. Más bien, recupera la densidad de la vida cotidiana y los sentidos múltiples dados al aprovisionamiento del suelo, con el propósito de atender a cómo aparecen y operan en una trama relacional.

En 2021, tras el descenso de casos de COVID-19, regresé al barrio La Victoria. La fisonomía del asentamiento había cambiado por completo. A pesar del poco mantenimiento de la calle principal (con barro y muchos charcos de agua), las modificaciones sobre los lotes no se habían frenado: observaba casas con paredes de ladrillos revestidos con material, casillas nuevas y en mejores condiciones que reemplazaron a las anteriores, ampliaciones y terrenos con alambrado o rejas. El cambio era tal que fue difícil discernir dónde estaba el terreno y la casa de Canay, el referente barrial encargado de la organización comunitaria inicial, quien por aquel entonces se había “retirado” de la comisión encargada de “dar terrenos” y velar por la regularización del asentamiento. A pesar de haber pautado una reunión –tras encontrarnos fortuitamente la semana anterior–, cuando ubiqué su casa y golpeé la puerta, nadie salió a atenderme.

Luego de unos minutos, Lara, una de las hijas de Canay, quien vivía con su pareja en un terreno contiguo, salió y me recibió amablemente. Mientras conversábamos sobre las novedades en la cotidianidad del asentamiento, sentados sobre reposeras y debajo de un techo de chapa que daba sombra, Lara aguardaba el regreso de la presión del agua para continuar lavando ropa (“Se corta todo el tiempo, más en el verano”), y sus pequeñas hijas jugaban con lo que encontraban sobre el piso de tierra. En un momento, observé frente a su vivienda un cartel escrito a mano y clavado en la pared de madera de una casilla precaria. El cartel decía “SE VENDE ESTA CASA”, junto a un número de celular. Consulté si esos carteles eran frecuentes, y ella asintió. Según sus palabras, muchos de los residentes que habían obtenido un terreno durante años anteriores “se fueron, vendieron”, o esperaban hacerlo en el corto plazo. También acotó que, a pesar de la presencia de 200 familias en el asentamiento, seguían existiendo lotes vacantes sin habitar ni edificar.

Esta situación me generó algo de sorpresa. Anteriormente, al gestionar la distribución y acceso de terrenos, los residentes del barrio La Victoria implementaron lógicas de regulación colectiva y formularon reglas de membresía valoradas socialmente. Entre ellas, situaciones de “necesidad” como desempleo, violencia de género o enfermedad; la participación en asambleas y tareas de autoconstrucción de servicios; avanzar con el armado de casillas y permanecer en el asentamiento (Barreto, 2021). Años más tarde, parecía difícil sostener aquella declaración de principios de Canay y su esposa cuando gritaban durante las multitudinarias asambleas “¡acá no queremos al que vende terrenos!” y “el único negocio acá es la mejora comunitaria”. ¿Qué estaba ocurriendo con los terrenos? ¿Cómo se proveen los residentes de estos asentamientos populares de suelo urbano? ¿Cuáles son los sentidos otorgados a esas adquisiciones?

Uno de los medios por los cuales algunos habitantes adquirieron su terreno fue gracias a cadenas de ayudas y favores proporcionadas por vínculos familiares, amistades y compañerismo. Estas relaciones se basaban, por lo general, en haber provenido de las mismas provincias o ciudades, o compartir experiencias en las amplias trayectorias habitacionales, laborales y de “lucha” por el hábitat por las que transitaron. Tales vínculos, entonces, les posibilitaron vivir en casas o terrenos “prestados” o edificar su casa en una parcela de tierra que les fue dada. Por ejemplo, Evelio, un vecino formoseño, comentó que antes alquilaba en un barrio popular a unos 4 kilómetros de allí. Su cuñada “agarró” un terreno del barrio La Victoria y luego se lo cedió: “Esto es mío. Lo empiezo a laburar y lo voy a cuidar con todo lo que tenga” (Evelio, barrio La Victoria, 30 de abril de 2017). Marta, quien coordinaba la provisión de alimentos en un comedor comunitario del barrio San Nicolás, construyó su casa y vive desde hace más de 15 años en un lote que fue “un regalo” que le hizo “una compañera” a la que aprecia mucho.

Por otra parte, a medida que avanzaba en la investigación, era frecuente que muchas personas hubiesen tomado más de un terreno cuando ocurrían las ocupaciones masivas de tierra. Sin embargo, el destino de esos lotes era variado. En el caso de Marta, admite haber poseído varios terrenos durante los distintos ciclos de tomas acontecidos en los predios cercanos. De todas formas, se diferenció de la situación de loteadores que acumulan, venden y revenden parcelas de tierra: “A mí no me gusta vender, los terrenos que teníamos los terminamos dando a gente que necesitaba” (Marta, barrio San Nicolás, 28 de marzo de 2022). De esa manera, si bien reconocía la existencia de transacciones y modalidades especulativas, a la vez replicaba una distribución no mercantil del suelo urbano que se inscribía en sus experiencias colectivas.

El “dar terrenos” –mediante una “donación” o “regalo”– como hizo Marta cuando un “compañero” que trabaja en su comedor “necesitaba donde vivir”, o en el momento que cedió un lote a su hija para que pudiera independizarse, permite recuperar algunas de las características propias de la “economía del don” y el intercambio teorizadas por Marcel Mauss, en el que las prestaciones totales implican el acto voluntario de dar y la fuerza obligatoria que lleva a retribuir (Graeber, 2018). En definitiva, aquí parecería tomar relevancia, más que la economía del dinero y el cálculo, el valor de los vínculos sociales. Es decir, cómo los actores movilizan relaciones interpersonales y recursos varios, los cuales están anclados en campos de oportunidades y marcos de referencia, para reducir así la incertidumbre y hacer frente a expectativas sobre el futuro (de L’Estoile, 2020).

Así como hay personas que toman y dan o “regalan”, hay otras que “piden” lotes. Durante una reunión entre coordinadoras de una agrupación política en el barrio San Nicolás, una vecina señaló que realizó esta acción para “dejarle algo” a su hijo, aunque la posesión de ese terreno no prosperó: “Yo fui a pedir terreno, pero yo tengo mi casa. Tengo mis hijos grandes, uno tiene la señora y la nena. Fui, lo pedí por ellos. Como él vio que no iba, bueno, listo [lo abandonó]” (vecina del barrio San Nicolás, 29 de marzo de 2017). Aquí, quizás los vínculos previos no estaban tan afianzados o eran inexistentes, tornándose relevantes otros arreglos al momento de solicitar una parcela a quienes organizan la ocupación. Parecía válido apelar discursivamente a la necesidad o a características y valoraciones morales que pueden resultar positivas para alguien desconocido que quiere establecerse en los “barrios nuevos”: por ejemplo, ser una persona “tranquila”, “honesta”, “trabajadora”, “poco problemática”, “ser jefe/a de familia”, etc.

Otros residentes, por su parte, compraron terrenos. Estas transacciones a menudo eran financiadas en cuotas y facilidades, y se concretaban no solo por medio de tomas colectivas de tierra. En ocasiones, el loteo era iniciado por el dueño del predio o por determinadas inmobiliarias y gestorías, quienes vendían las parcelas junto con una carpeta con comprobantes y supuestos documentos que legitiman la operación. A la vez, algunas personas adquirían terreno mediante conocidos y familiares que los ofrecían por determinado valor.

Además de obtener terrenos para habitar o “para dejarle algo” a nuevas generaciones, en ocasiones los lotes eran adquiridos con el propósito de (re)vender luego de un tiempo, para obtener una ganancia a futuro. En tanto reserva de valor, la tierra operaba en este caso como mercancía: si bien su producción se da a partir de relaciones sociales concretas dentro de regímenes de valor particulares, su valor de cambio aumenta cuando ingresa al mercado inmobiliario informal. Entre los factores de incidencia del precio estaban, además, el tiempo transcurrido (en una coyuntura económica marcada por la inflación) y el trabajo invertido en mantener y mejorar la tierra. Así, terrenos en los “barrios nuevos” que se comercializaban aproximadamente a 4.000 o 10.000 pesos en 2017, pasaban a valer entre 90.000 y 500.000 pesos (incluso más) dos o tres años más tarde. Es bastante común que aparezcan terrenos publicados en páginas web de e-commerce –como Mercado Libre y Marketplace– o en grupos de compra-venta de Facebook.

Finalmente, en otras conversaciones aparecían diversos modos de intercambiar un terreno: no solo por dinero sino también por objetos como celulares, motocicletas y automóviles usados, incluso ropa, en parte de pago y “plata arriba”. Estos intercambios ocurrían especialmente entre jóvenes, quienes –investidos como intermediarios legítimos– subdividían y ofrecían terrenos a través de una amplia opción de pagos, demostrando las complejas maneras en que se produce el valor y se establecen criterios de equivalencia entre mercancías diversificadas. Así, como ciertas pesquisas advirtieron en otros países de Latinoamérica (Cavalcanti, 2010), se visibilizaron nuevos registros de valor que, articulados con formas consolidadas de valorización, de alguna manera organizan el modo en que se produce, ocupa y representa el espacio urbano.

Si bien las discusiones sobre el valor se ubican entre, por un lado, debates marxistas y feministas que recuperan la teoría del valor-trabajo para dimensionar el papel de la reproducción social y la fuerza de trabajo en el proceso de generación de valor (Varela, 2020), y, por otro lado, las concepciones antropológicas sobre el valor que entienden tal noción a partir de la importancia de las acciones y energías creativas de los actores sociales (Graeber, 2018; Narotzky y Besnier, 2020), nos inclinamos por una posición a medio camino. Buscamos así articular la amplitud de sentidos sobre el valor que las personas ponen en juego bajo la categoría regímenes de valor (Appadurai, 1991), en términos de la variedad de arenas sociales y culturales que se despliegan de manera situacional para definir las formas de producir valor(es) y cómo los mismos cristalizan en ciertos objetos materiales.

Más allá del valor monetario atribuido a la tierra, existen alternativas no mercantiles de establecer valor. Tales atribuciones de valor, de dimensiones socioculturales y morales, son movilizadas y regidas por vínculos de amistad y compañerismo, relaciones familiares y vecinales, y se ciñen por el favor y la ayuda (de L’Estoile, 2020; Narotzky y Besnier, 2020). Entonces, las parcelas de tierra, en tanto “objetos” sostenidos sobre regímenes de valor, no solo condensan un valor monetario, sino que también están atravesadas por la dimensión proyectual y los horizontes de expectativas de las personas. Por ende, el “acto de donar o dar” y el valor de mantener las relaciones sociales son creados, mantenidos o transmitidos intergeneracionalmente; incluso son replicados, como demuestra la donación de tierras que han hecho los residentes a personas cercanas. Obviamente estas formas de valorización no mercantiles configuradas para asegurar bienestar futuro conviven, se articulan o tensionan con otros modos de racionalidad urbana; esto es, con relaciones interpersonales basadas en el cálculo donde tiene lugar la acumulación y valorización monetaria, el interés, el intercambio y la búsqueda de ganancia (Gago y García Pérez, 2014; Narotzky y Besnier, 2020).

En los próximos apartados, indagaremos en otras dimensiones del proceso de aprovisionamiento de suelo. Por una parte, las vías por las que intervienen, de maneras ambiguas y paradójicas, agencias y agentes estatales en la configuración de las relaciones de sectores populares con la tierra. Por otra parte, las modalidades de vinculación de tramas socio-vecinales con otros actores y redes que están asociadas no solo al peligro y la violencia, sino también a oportunidades para acceder al suelo.

La provisión de tierra urbana por parte de sectores populares está supeditada, en gran medida, a las formas en que el Estado, a través de sus agencias, agentes y dispositivos de gobierno, produce regulaciones. Como han definido varios trabajos (Abramo, 2012; Cravino, 2006), las políticas de regularización dominial, los programas habitacionales o de integración socio urbana (enfocados principalmente en la construcción de viviendas sociales y extensión de redes de servicios e infraestructuras urbanas) y la promulgación de leyes y ordenanzas para gestionar el acceso y uso del suelo son instrumentos que condicionan las posibilidades del hábitat popular, así como el desarrollo de mercados de tierra, especialmente el formal. En tal sentido, para estos enfoques, las lógicas estatales producen un marco regulador jurídico-político basado en el derecho moderno que deja al margen de su órbita las vías de acceso informal al suelo. Aún más, el Estado a pesar de no regular este tipo de mercado y sus prácticas, tampoco sanciona (Abramo, 2012). En suma, el Estado aparece como “un actor oculto” que tolera y deja realizar ciertas transacciones y acciones, estableciendo debido a su “indiferencia”, una alternativa de acceso a la tierra y la vivienda (Cravino, 2006).

De todas formas, más allá de ciertas miradas reificadas y unidimensionales sobre el Estado, una serie de estudios etnográficos nos permiten comprender cómo las personificaciones estatales y su dimensión multiescalar producen diversos efectos, ambivalencias y rearticulaciones. Estos se dan, por una parte, en los encuentros cotidianos de los sectores subalternos con agentes y agencias de Estado (Gupta, 2015), los cuales son experimentados en términos de representaciones, prácticas, procesos y efectos localizados. Por otra parte, dichos estudios han develado que el Estado –por medio de prácticas y tecnologías de gobierno– no está tan ausente en los márgenes como se tiende a explicitar, sino que se rehace en modalidades diferentes (Das y Poole, 2008). De este modo, las ambivalencias encarnadas en personificaciones y encuentros estatales y su carácter reticular quedan expresadas territorialmente. Ello, de alguna manera resquebraja cierta clasificación rígida de la acción social en relación al suelo y la producción de ciudad –como la formulación de Abramo (Abramo, 2012) sobre la lógica del Estado, del mercado y la necesidad–, así como la “indiferencia estatal” sobre la gestión popular de la tierra urbana.

Por un lado, este carácter ambivalente y paradójico de los procesos estatales resulta central, ya que la articulación de complejas formas de valorización de la tierra en ocasiones queda fuera del radar de las políticas y regulaciones que despliega el Estado. En cooperación con movimientos sociales y académicos, los organismos estatales han producido normativas como la Ley Provincial N.º 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que apunta a mejorar la gestión del suelo en la Provincia de Buenos Aires. En septiembre de 2022 se desarrolló el Primer Encuentro de Tierra y Vivienda de La Matanza, a razón del 10.º aniversario de la promulgación de esta ley. Allí participaron residentes de barrios populares y expertos en la temática, organismos de derechos humanos, el obispado de San Justo y funcionarios del municipio y del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), quienes discutieron algunos principios e instrumentos de la normativa. Entre las disertaciones se podía captar no solo el reconocimiento por haber colocado el hábitat popular en la agenda parlamentaria provincial, sino también ciertos resquemores porque “la letra de la ley no se moviliza” o “queda en el papel”. Evidentemente, a pesar del esfuerzo por establecer la tierra y la vivienda como derecho, la reglamentación tenía trabas para su plena aplicación, los desalojos seguían ocurriendo y muchos de los residentes de barrios populares no vieron grandes avances en urbanización o regularización de la tierra, más allá de censos, registros y la posesión de un Certificado de Vivienda Familiar.4

Por otro lado, las ambivalencias estatales inciden en distintos actores urbanos que ponen en práctica múltiples cadenas de valor, sirviéndose de las incertezas y complejidades de la producción de reglamentaciones, leyes, registros y documentaciones para validar la posesión y la propiedad de la tierra. Es decir, el Estado posibilita la gestión del suelo por fuera de los marcos formales, lo cual habilita el avance en el acaparamiento de lotes con diversos fines.

En agosto de 2022, participé del festejo del Día de las Infancias realizado por una organización social en el barrio San Nicolás. Allí conversé con Luis, trabajador de una cooperativa de ACUMAR encargada de la limpieza y mantenimiento de arroyos. Cuando consulté acerca de loteos en “barrios nuevos”, remarcó que “siempre hay uno o dos capangas, que son los que manejan el tema de los terrenos, los revenden, que están todos con el municipio”. Incluso, comentó que, en algún momento, “alguien del municipio” le ofreció gestionar las operaciones de parcelamiento y comercialización de terrenos, con la posibilidad de quedarse con una ganancia o “cierta cantidad de terrenos” (Luis, cooperativista de ACUMAR, 28 de agosto de 2022). Su relato se asemejaba a lo que estudios urbanos reconstruyeron en las primeras tomas de tierra (Cravino et al., 1998): funcionarios municipales y otros agentes con más o menos vinculaciones con el Estado (promotores, gestores) han alentado la formación de asentamientos, tomando el lugar que históricamente ocuparon los loteadores populares en el Gran Buenos Aires.

Este ejemplo es una de las tantas experiencias que demuestran las complejidades burocráticas y los efectos de la “mala gestión de la ley” vinculada a la tierra (Holston, 2008). Holston analiza cómo las élites brasileñas han utilizado la ley a su favor para sostener conflictos, forzar disputas con resoluciones extralegales, mantener privilegios e inmunidad, construir otras formas de poder legítimo y sobre todo para “legalizar lo ilegal”, favoreciendo la apropiación y acumulación de grandes extensiones de tierra. El autor argumenta que, en las periferias urbanas, las personas también trabajan con la legislación vinculada con la tierra y explotan sus complicaciones burocráticas (como la producción copiosa de documentos y las superpuestas capas de registros), en tanto estrategia de acción social para legitimar el derecho a través de movimientos políticos –y no judiciales–, incluso por medio de fraude, como el caso de actores que especulan con la comercialización de terrenos. Así, los grupos sociales utilizan como estratagema las incertezas, confusiones, inercias y enredos legales, al mismo tiempo que el desarrollo caótico de la ciudad, para distribuir y gestionar el suelo urbano.

En tal complejo entreverado de vínculos, prácticas e intereses, la regulación estatal también apunta a deslegitimar el aprovisionamiento de terrenos a partir del ejercicio de la violencia. Especialmente a través de situaciones de represión y desalojo por parte de fuerzas de seguridad en nuevas ocupaciones de tierra.

Al iniciarse el barrio La Victoria, en 2016, personal policial intentó sabotear la “lucha” por el predio, incendiando y destruyendo las casillas. Durante las asambleas que presencié en 2017, las deliberaciones se daban en un clima tenso debido a acusaciones cruzadas por vender terrenos frente a la defensa de quienes apuntalaron la organización del barrio en momentos críticos. En cierta ocasión, una vecina tomó la palabra para relatar su experiencia y demostrar la valoración social de la familia de Canay: “Vino el desalojo… Yo me fui del miedo. Muchos dejamos porque teníamos miedo. Y Dalma me armó la casilla y me dijo; ‘Vení, que este es tu terreno’”. En ese instante, Dalma, la esposa de Canay, pidió la palabra y a los gritos afirmó: “Yo puse mi cara. Me voy a enfrentar yo y vamos a salir adelante. ¡Y lo hice, compañeros! Le mandé a buscar y [a] decirle que ese era su terreno. Cuando vino el desalojo y quemaron, yo puse el pecho” (Dalma, barrio La Victoria, 14 de mayo de 2017).

Este tipo de situaciones es extensivo a todo el distrito de La Matanza, a pesar del paso de los años, los cambios de gobierno y las políticas urbanas implementadas. Justamente, en el encuentro sobre Tierra y Vivienda mencionado anteriormente, tomaron la palabra representantes de barrios populares del municipio. Cuando fue el turno de las delegadas de una toma de tierras en Ciudad Evita, las mismas describieron una cotidianidad que transcurre paradójicamente entre formas de organización comunitaria, la acción represiva de fuerzas de seguridad y negociaciones con funcionarios locales. Si bien al principio de la ocupación lograron que el municipio realizara un censo y convocara a una mesa de diálogo, con la pandemia los acuerdos se frenaron, creció la población asentada y la policía bonaerense reprimió e intentó desalojar el lugar.

Luego de nuevas reuniones con autoridades municipales, lograron un “acuerdo sin compromiso” para avanzar en un informe catastral y brindar mercadería a comedores y merenderos. Sin embargo, en diciembre de 2021, durante las vísperas de Nochebuena y “a las 6 am”, la policía “volvió a ingresar al predio, prendieron fuego casillas y colchones, mientras las familias dormían”, quemando “pertenencias de familias y mercaderías de comedores”. En ese momento, su relato se frenó por la voz entrecortada, los llantos y muestras de angustia en el grupo de mujeres presentes en el panel; el silencio en la multitud que se apostaba sobre las gradas fue total.

Pasados algunos minutos, la delegada se recuperó y siguió narrando lo acontecido en 2022, aunque no distaba de la secuencia anterior. Como cierre, afirmó contundente: “No queremos más desalojos, no queremos más represión. Solo queremos tierra para vivir”. En semanas posteriores, las delegadas publicaron en redes sociales fotos de casillas incendiadas, adjuntando un breve comunicado en el que resaltan no tener “una respuesta del Estado al problema habitacional que venimos padeciendo”, además de solo recibir “represión, quemas de merendero y hostigamiento”.

Estudios sobre violencia urbana destacan que uno de los actores principales en el desarrollo de contextos desiguales y violentos en los barrios populares son justamente las agencias gubernamentales. En especial, producto de políticas territoriales como la securitización del espacio público, la gestión diferencial de determinados territorios y poblaciones y el hostigamiento por parte de fuerzas de seguridad hacia habitantes de barrios populares (Fassin, 2016; Pita, 2019). A pesar de que las tramas socio-vecinales históricamente se han relacionado de modos ambivalentes con agentes y procesos estatales, el análisis realizado desprende que en los últimos años se amplificaron los efectos de las violencias estatales; como dijo una referente barrial de San Nicolás, desde la pandemia, “la fuerza tomó mucha más fuerza”. Dichas ambivalencias estatales exhiben un entramado de agencias y agentes, instrumentos jurídicos y políticas que acentúan la ilegibilidad sobre las formas de vida y de trabajo de los sectores populares urbanos (Birman et al., 2014).

Es indudable que la regulación de la tierra tiene un nexo fundamental con complejos entramados de instituciones, agentes, instrumentos jurídicos, políticas y tecnologías de gobierno que personifican, de maneras paradójicas, al Estado. Sea para dar lugar a procesos colectivos de acceso a la tierra y autoconstrucción del hábitat popular, motorizar proyectos de urbanización y políticas de regularización dominial y construcción de viviendas estatales; para tolerar y potenciar a través de sus intrincadas burocracias las múltiples instancias de acumulación y comercialización de terrenos; también para habilitar desalojos y expresar de manera violenta la centralidad de la propiedad privada en ciertos lugares “sensibles”, donde no es posible el acceso popular a la tierra.

Investigaciones recientes sobre el Gran Buenos Aires advierten un aumento en el número de ocupaciones de tierras donde se acentúa la circulación de violencias y conflictos desencadenados no solamente por agentes de gobierno sino también por organizaciones delictivas y redes enquistadas en la ilegalidad (Auyero y Sobering, 2021; Centro de Estudios Legales y Sociales, 2016; Cravino, 2016; Tufró et al., 2017).

En análisis sobre las primeras ocupaciones de tierra se señalaron tensiones vinculadas a personas acusadas de realizar maniobras especulativas a partir de la venta de terrenos e incluso una presencia consolidada de loteadores cuya historia está anclada en la propia conformación del Gran Buenos Aires (Aristizábal y Izaguirre, 1988; Nardin, 2020). No obstante, por el contexto de producción de estos trabajos, el eje estaba puesto en la novedad de la acción colectiva como modalidad de acceso a la tierra (Cravino et al., 1998; Merklen, 1991). Recientemente, (re)cobra relevancia tanto en villas como en asentamientos la coexistencia entre mecanismos de obtención de tierras para habitar o comercializar junto a históricos paradigmas de la producción popular de ciudad. Es decir, no solo destaca la organización comunitaria sino también formas de urbanización que se asemejan a loteos populares (también denominados “loteos piratas” o “truchos”), aunque traen aparejadas ciertas especificidades como la consolidación de mercados inmobiliarios informales, y racionalidades vinculadas a acciones atomizadas (Cravino, 2006; Gago y García Pérez, 2014; Nardin, 2021).

Como venimos argumentando en secciones anteriores, entendemos que, en la provisión de la tierra y la construcción de regímenes de valor en contextos populares, toman carnadura redes y tramas enmarañadas superpuestas, las cuales involucran relaciones y acciones promovidas por diferentes organizaciones sociales, agentes estatales, residentes y actores no estatales que son asociados a poderes locales opacos. En relación con tales poderes locales, la gestión del suelo urbano da lugar a condiciones que posibilitan no solo oportunidades, sino también potenciales peligros. Esto produce efectos sobre cómo se ensayan estrategias y apuntalan las propias condiciones de hábitat y de vida, es decir, en campos de oportunidades y expectativas acerca del futuro (de L’Estoile, 2020).

En primer lugar, durante el trabajo de campo etnográfico, aunque de manera fragmentaria, se hizo palpable la percepción de un aumento de situaciones violentas por parte de quienes residían en asentamientos populares de reciente conformación. Ya en los recorridos en el nuevo barrio, quienes habían adquirido terrenos expresaban cierta preocupación por experimentar un clima denso y potencialmente riesgoso. Por ejemplo, años atrás en La Victoria, a través de iniciativas autogestivas, se pusieron en marcha mecanismos de seguridad comunitaria; entre ellos, patrullajes de vecinos o mejoras en la iluminación de manzanas y terrenos. Buscaban evitar que “carreros” y “transas” de otros lugares robasen herramientas y materiales de construcción o “agarrasen” terrenos para diversos propósitos. Aquellas reapropiaciones en muchos casos se hacían sobre terrenos que habían sido pagados “de buena fe” y “con papeles”,5 perdiéndose la posibilidad de recuperar el lote por parte de la familia damnificada.

Carmen, una vecina que vivía en el fondo, describió la vida cotidiana a través de situaciones que evidenciaban un peligro latente; por ejemplo, “carreros” que eran “espantados” durante las noches para que no robaran, o el continuo sonido de balaceras. También mencionó rumores de ventas de tierras, “transas” que “arman casillitas” e instalan búnkeres, o personas que “ocupan hasta cinco lotes”, los unifican y luego “se borran”. Mostraba cierto enojo con la organización del asentamiento (en aquel entonces encabezada por Canay), ya que se implementaron maneras arbitrarias de controlar el poblamiento y de presionar a las personas para que avanzaran en la autoconstrucción: “¿Por qué a algunos se les exige más y por qué a otros no se les dice nada? A algunos si en 15 días no arman algo los echan, pero mirá el caso de esta persona que tiene cinco terrenos y no viene” (Carmen, barrio La Victoria, 27 de agosto de 2017). Evidentemente, las fricciones e interacciones cotidianas entre líneas de fuerzas eran expresadas en el territorio, en base a regímenes normativos que apuntaban al control del espacio urbano (Beraldo, 2020).

Además, a pesar de la oportunidad que significa obtener una o varias parcelas de tierra a través de prácticas mercantiles o no mercantiles, parece bastante común que algunos residentes “abandonen” terrenos debido a una mayor percepción de peligrosidad, resultado del aumento en la circulación de violencias o por situaciones que pueden encuadrarse en una “usurpación”.6 Los rumores y comentarios sobre conflictos entre bandas cuyas características y modalidades de acción resultan difíciles de catalogar y de asir en el territorio aparecían todo el tiempo: “narcos”, “carreros”, “transas”, “los que venden”. En 2022, Marta me expresó esta percepción de peligro en los nuevos barrios:

En esta reposición es interesante destacar cómo cuando están en juego las condiciones de vida, o la propia vida, la tierra “pierde valor”. Para Marta, ya no importaba que haya sido una adquisición que implicó un gasto monetario o que invirtió tiempo y energía “limpiando” la parcela. La valorización terminó desdibujándose por el riesgo y las características del espacio social y urbano, que se convirtió en “una boca de lobo”. De allí que sea una acción frecuente abandonar terrenos o venderlos para tratar de recuperar algo de lo invertido.

No obstante, la percepción de peligro no limitó el avance del proceso de urbanización en La Victoria y la creación de nuevos asentamientos, motorizados en gran parte por la comercialización de terrenos en diversas plataformas web, pero también a través de intercambios no mercantiles como la donación a parientes y conocidos.

A pesar del potencial peligro y el ejercicio de la violencia que pueden desplegar determinados actores y redes opacas, para muchos de quienes residen ahí, los lotes son objeto de protección para sus hijos, para “darles un pedazo de tierra” y que “el día de mañana tengan algo seguro”. Es decir, las instancias de valorización y búsqueda de rentabilidad al adquirir un terreno –incluso la posterior construcción de viviendas, locales comerciales o depósitos para alquiler–, como una posible inversión o como proyección hacia el futuro para las nuevas generaciones, también nos advierte sobre el peligro de “meter a todos en la misma bolsa”, como me diría un reconocido urbanista al hablar de las recientes formas de producción de ciudad. En tal sentido, es importante señalar que existen agentes estatales y no estatales que actúan como “urbanizadores”, algunos de los cuales utilizan la violencia o se inscriben en ambivalencias gubernamentales, pero también residentes de asentamientos cercanos que, por diversas razones, vislumbran en los terrenos posibilidades de rentabilidad o una vía para consolidar proyectos familiares intergeneracionales.

En segundo lugar, la compra de terrenos loteados, limpios y rellenados, e incluso con una casilla montada, puede resultar mucho más viable por diversas razones. Una de ellas tiene que ver con evitar las “penurias de las tomas”, como reflexionó un comentarista de una versión anterior del manuscrito. Como fue documentado por los estudios “clásicos” sobre tomas de tierra y asentamientos populares, se trata de procesos muy sufridos: las familias deben establecerse en lugares muchas veces inhóspitos, a la intemperie y soportando el frío, el calor, la falta de servicios como agua y electricidad. Además, progresivamente se pasa de la carpa o tolderías armadas con chapas de cartón, maderas y otros materiales hacia casillas más consolidadas en un periodo que suele tomar meses o años. También las instancias comunitarias para avanzar con la instalación de la infraestructura urbana poseen sus propias complejidades. Sumado a esto, está la posibilidad latente de que surjan conflictos vinculados a acciones represivas (tanto de fuerzas de seguridad como de otros actores no estatales) durante las etapas iniciales de una toma de tierras. Estos condicionantes hacen que, en ocasiones, los grupos familiares prefieran efectivizar la compra de lotes sobre los que ya se invirtió un trabajo y esfuerzo (de limpieza y cercamiento, por ejemplo), así como se evalúan los avances en la urbanización del asentamiento. Los resultados, finalmente, son monetizados y expresados en el valor del terreno.

Si hay más demanda, hay “oferta”. En avisos y grupos de compra-venta de páginas web y redes sociales pude observar cómo en las descripciones se resalta si los lotes tienen una casilla, acceso a electricidad y agua potable, proximidad a calles pavimentadas, paradas de transporte público e instituciones educativas. También hay “especialización”: otros actores sociales, por lo general residentes jóvenes, asumen los riesgos de ocupar y lotear tierras, sea por el poder e influencia que fueron construyendo o incluso la “viveza”. Como dirán algunos entrevistados: “aprovechan”, “toman tres, cuatro, cinco… hasta una manzana” y venden los terrenos. Esto demuestra que, para los sectores populares, los procesos de movilización colectiva en torno a la tierra y la urbanización conviven con muchas otras aristas: por ejemplo, existen tensiones entre intereses individuales, familiares y colectivos; a las preocupaciones por la tierra se suman aspectos referidos a infraestructuras y servicios o las oportunidades surgidas para obtener una rentabilidad, etc. Estas múltiples aristas están encarnadas en profundas experiencias históricas que han atravesado quienes residen en asentamientos y barrios populares del Gran Buenos Aires.

Propusimos aproximarnos a ciertos cambios en los modelos contemporáneos de urbanización popular. Específicamente, el texto indagó en procesos, dinámicas y actores involucrados en la gestión de la tierra, a través de los ritmos cotidianos, vínculos intergeneracionales y proyecciones futuras.

En primer lugar, se analizó el aprovisionamiento de terrenos, dando cuenta de prácticas mercantiles y no mercantiles que establecen complejos regímenes o cadenas de valor (Appadurai, 1991; Narotzky y Besnier, 2020). En recientes tomas de tierra y asentamientos populares se conjugan formas de organización comunitaria y valor social con racionalidades urbanas basadas en estrategias y oportunidades de acumulación, valorización y obtención de ganancias, las cuales posicionan al suelo como fuente de ahorro, deuda o inversión a futuro.

En segundo lugar, interesó explorar la relación entre determinados procesos estatales y la construcción de regímenes de valor vinculados al suelo urbano. Así, las formas en que las personas dan sentido al espacio que habitan deben también entenderse en función de la manera en que se gestiona y define gubernamentalmente el acceso a la tierra. Atendimos a las múltiples regulaciones que acciona el Estado por medio de sus agencias y agentes, procedimientos judiciales, políticas urbanas, etc. Como analizamos, las ambivalencias estatales posibilitan que se desarrollen y perfeccionen estratagemas a partir de la “mala gestión de la ley” (Holston, 2008), que benefician no solamente a actores inmersos en poderes opacos, como agentes y promotores inmobiliarios locales (muchos de ellos vinculados con esferas del gobierno municipal), sino también a residentes que ven en la adquisición de lotes la posibilidad de proyectar horizontes futuros, sea para nuevas generaciones, sea como un modo de obtener rentabilidad por medio de la reventa. Además, los procesos estatales conllevan actualmente momentos de acuerdos y promoción de la “integración socio urbana” en paralelo a acciones violentas por parte de fuerzas de seguridad. Quienes abogan por un lugar para vivir pendulan entre brechas de oportunidades, compromisos estatales, desalojos y hostigamientos recurrentes.

En tercer lugar, vimos que las acciones llevadas a cabo para lograr el acceso al suelo aparecen no solo como múltiples estrategias y entrelazamientos colectivos con los cuales alcanzar un lugar para vivir y con ello cierto grado de bienestar, sino también como búsqueda por delimitar los peligros, la percepción de inseguridad y la violencia. Para quienes participan de organizaciones sociales o avanzan en mejoras urbanas desde otras formas de colaboración vecinal, los conocimientos adquiridos resultan insuficientes para lidiar con poderes opacos que se hacen concretos en la propia sociabilidad barrial. A través de redes en expansión, actores con vinculaciones estatales o personificados en relaciones familiares, vecinales y laborales, estos poderes vuelven el escenario urbano, en ocasiones, inasible.

Para finalizar, consideramos que es posible encuadrar los procesos de aprovisionamiento y gestión de la tierra como una compleja trama enmarañada de interacciones, actividades y negociaciones entre, por un lado, tramas socio-vecinales encarnadas en organizaciones colectivas y residentes que luchan por mejorar sus condiciones de vida y proyectar horizontes futuros, muchas veces incorporando modalidades de acción y colaboración sedimentadas históricamente; y por otro, agentes estatales y no estatales, los cuales actúan de modos ambivalentes, implementan instrumentos de desestabilización y aportan no solo oportunidades sino además procesos recientes de precariedad, tensión y violencias.