• Inicio
• Acerca de
• Iniciar sesión
• Registrarse
• Buscar
• Actual
• Archivos
• Avisos

Introducción

En Argentina, desde principios del siglo XX, se conformaron las denominadas villas por medio de procesos no mercantilizados para acceder a la vivienda por parte de pobladores que llegaban a las grandes ciudades. En un principio eran considerados lugares de paso, pero se transformaron en lugares de permanencia (Rodríguez et al., 2018). A partir de los años ochenta, en un contexto de crisis socioeconómica y de neoliberalización de los centros urbanos, amplios sectores sociales fueron expulsados del sistema laboral “formal” y de la posibilidad de acceso a la tierra, viéndose obligados a crear nuevas formas de habitar: los asentamientos informales. A partir de la década del 2000 y hasta la actualidad, se incrementó la cantidad de asentamientos, convirtiéndose en un eje problemático instalado en la agenda urbana estatal, de las ONG y de los organismos internacionales. Así, los movimientos sociales comenzaron a involucrarse en estos debates a través de la participación en entramados estatales, como consecuencia de la “descentralización” de las funciones del Estado, y en la construcción de estrategias comunitarias para el sostén de los sectores populares.

Las formas de intervención estatal y los modos en que se formulan y configuran las políticas públicas se han ido modificando, surgiendo en los últimos años las políticas de integración socio-urbana. En este trabajo se propone analizar el impacto del programa Mi Pieza y su apropiación por parte de las mujeres beneficiarias, a partir de las diversas estrategias habitacionales utilizadas, contribuyendo al abordaje de las políticas públicas habitacionales de integración socio-urbana en las transformaciones territoriales de los barrios populares. Para esto se selecciona el barrio El Caribe de la ciudad de Mar del Plata, entre los años 2021 y 2023, período de implementación del programa. La hipótesis planteada afirma que el diseño del programa Mi Pieza, orientado a la autogestión del hábitat por las mujeres, implica una apertura en su implementación que puede resultar tanto condición de posibilidad para respuestas creativas en algunos casos, como barreras y dificultades en otros, quedando sujeta su efectividad a las capacidades y posibilidades de las redes construidas.

Mi Pieza surge en el año 2021, impulsado por la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU en adelante) con el objetivo de aportar una asistencia económica para refaccionar, mejorar o ampliar la vivienda. Sus beneficiarias son mujeres¹ mayores de 18 años y residentes de barrios populares del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP en adelante) con certificado de Vivienda Familiar (CVF). Este punto resulta de interés por ser una de las primeras políticas habitacionales destinada únicamente a mujeres, y conformada en el marco de la Ley N° 27.453² y de los diagnósticos realizados por el RENABAP.

En un primer momento del trabajo, se aborda teóricamente la relación entre las prácticas del hábitat popular y las estrategias habitacionales de reproducción social. En un segundo momento, se identifican los antecedentes de políticas públicas habitacionales indagando en la integración socio urbana como eje central de las nuevas agendas urbanas, centrándose en la caracterización del programa Mi Pieza en particular. En un tercer momento, se describen los aspectos metodológicos principales. En un cuarto momento, se analiza el programa Mi Pieza aplicado en el barrio El Caribe, desarrollando las diversas tipologías de materialización del mismo ejecutadas por las beneficiarias. Por último, se presentan reflexiones finales e interrogantes alrededor del impacto del programa en el barrio analizado —sus alcances y limitaciones— y de las estrategias habitacionales implementadas por las beneficiarias.

Las prácticas del hábitat popular

Desde hace varias décadas existe en América Latina un extenso debate sobre las prácticas de hacer ciudad desarrolladas por los propios pobladores empobrecidos, siendo ésta una forma característica de nuestras ciudades (Jaramillo, 2012). Herzer y Pírez (1994, en Zapata, 2020) identifican que frente a miradas mercantilizadoras de la ciudad como soporte para la maximización de la ganancia, existen otras lógicas como la de la necesidad, caracterizada por las acciones que llevan adelante sectores que no logran garantizar sus condiciones de reproducción social y la lógica del Estado, cuyas normativas y regulaciones son capaces de intervenir en las otras lógicas.

La urbanización popular es entendida por Pírez (2019) como aquellas prácticas populares que construyen el soporte material para la vida social aglomerada, predominantemente, por fuera de los mecanismos mercantiles y estatales (donde el actor relevante son los propios pobladores) y cuyo resultado es un medio urbano precario, fruto de lo que el autor denomina “proceso de urbanización inversa”. Se trata de procesos en los cuales la población llega antes de que el lugar tenga las condiciones y servicios necesarios para la reproducción social (Pírez, 2019) en territorios degradados ambientalmente, con altos niveles de contaminación, próximos a basurales y en zonas inundables (Clichevsky, 2002). De acuerdo a Cacopardo et al. (2021), los procesos de urbanización popular evidencian un itinerario complejo de “pequeñas acciones en apariencia intrascendentes a una mirada distraída donde los habitantes de barrios populares resuelven el acceso a los servicios mediante diferentes estrategias en una trayectoria de conflictos, tensiones, alianzas y vinculaciones” (Cacopardo et al., 2021, p. 1219). Se trata de procesos interrelacionados donde, a lo largo de distintos momentos, se interactúa de diferentes maneras con el Estado y sus instituciones de forma transversal, funcionando con una temporalidad y agencia específica (Caldeira, 2017). No obstante, las formas de concebir y apropiarse del espacio, la construcción del hábitat y las prácticas de habitarlo, muchas veces, entran en tensión y contradicción frente a las intervenciones estatales posibles (Chanampa, 2019; Rodríguez y Zapata, 2020), ya sea por intervenciones en el espacio urbano o a través de políticas públicas de mejoramiento barrial y/o habitacionales.

En el ámbito latinoamericano, el concepto de Producción Social del Hábitat ha sido muy difundido en las últimas décadas gracias a asociaciones civiles y conferencias internacionales vinculadas a la temática del hábitat. Sin embargo sus antecedentes datan de la década del setenta (Zapata y Díaz Parra, 2020). Enrique Ortíz, iniciador en la temática, define este concepto como aquellos procesos generadores de espacios habitables —a escala urbana o de vivienda— “que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro” (Ortíz Flores, 2012, p. 73). De acuerdo a Rodríguez et al. (2007), se trata de modalidades concebidas de manera planificada cuya promoción, dirección y control es iniciada por actores distintos a las unidades domésticas. Cuando la iniciativa, control y construcción es llevado adelante por los propios usuarios, se trata de procesos de autoproducción y autoconstrucción del hábitat (Rodríguez et al., 2007). Entre el amplio abanico de políticas habitacionales se podrían dividir las de producción directa y las que promueven la autoconstrucción con apoyo técnico o económico (Guevara, 2011). El autor señala que hay quienes consideran a las políticas que promueven la autoconstrucción como una forma de reducir costos y sobreexplotar la fuerza de trabajo, al mismo tiempo que otros las entienden como un modo de fomento de la autodeterminación y valorización de procesos existentes.

Para la resolución de demandas habitacionales en contextos de urbanizaciones populares, donde muchas veces los dispositivos del Estado o las ofertas del mercado no aportan soluciones suficientes, se despliegan una serie de estrategias que llevan adelante individuos y familias movilizando recursos, en gran medida vinculados a las redes sociales a las que pertenecen los integrantes del hogar, sobre todo quienes ejercen su jefatura (Di Virgilio, 2015). De acuerdo con la autora, las redes familiares y de vecindad desempeñan un papel crucial al proporcionar información esencial sobre la disponibilidad de terrenos para ocupar, adquirir o alquilar; programas de financiamiento; y en los procedimientos de autoconstrucción de viviendas. También destaca que los vínculos familiares intervienen en estrategias de “corresidencialidad” o de “compartir lote” para el inicio de procesos de autoconstrucción.

Las estrategias habitacionales en el marco de la reproducción social

El hábitat popular se construyó históricamente desde lógicas autogestivas, colectivas y organizadas frente a la lógica de producción urbana del suelo como bien de consumo. Como ya se mencionó, las redes y vínculos construidos resultan de gran importancia para movilizar recursos sociales y satisfacer necesidades tanto de escala individual/familiar como colectiva/comunitaria, potenciando recursos propios y efectivizando el acceso a recursos de programas estatales (Di Virgilio, 2015). En este sentido, según Gutiérrez (2011), la posibilidad de que una política tendiente a mejorar las condiciones de vida de una parte de la población sea realmente efectiva depende, en gran medida, de su capacidad de instituirse como instrumento de reproducción social, es decir, desde una mirada relacional, atendiendo a situaciones concretas. Desde esta lógica, se entiende por estrategias de reproducción social al

conjunto de prácticas fenomenalmente muy diferentes, por medio de las cuales los individuos y las familias tienden, de manera consciente o inconsciente, a conservar o a aumentar su patrimonio, y correlativamente a mantener o mejorar su posición en la estructura de las relaciones de clase (Bourdieu, 1988, p. 122).

En el ámbito académico latinoamericano, el enfoque de las estrategias familiares de vida explica los comportamientos que llevan a cabo las familias para constituir y mantener sus unidades familiares y que les permiten asegurar la reproducción biológica y la realización de las prácticas necesarias para su vida material y no material(Torrado, 1981) de forma tal de mejorar sus condiciones de vida, posición social, bienestar y patrimonio (Camargo Sierra, 2020). Entre las estrategias desarrolladas en particular de los sectores más empobrecidos, la vivienda tiene un rol central asociado a la satisfacción de una necesidad básica, capaz de ofrecer una sensación de seguridad y protección a futuro. Dentro de este marco, se encuentran las llamadas estrategias habitacionales, es decir, aquellas decisiones vinculadas al acceso al hábitat, dependientes de factores estructurales pero donde se reconoce un margen de libertad, vinculando posibilidades, expectativas y condicionantes (Di Virgilio y Gil y de Anso, 2012). Esta noción refleja la íntima relación existente entre el territorio y las decisiones, proyectos y objetivos propios de cada familia en materia de hábitat, siendo condicionados por la situación socioeconómica familiar, su autopercepción, sus capacidades y recursos para acceder al barrio y los factores del contexto —políticas públicas, ciclos económicas, situación laboral, comportamiento del mercado, etc. (Catenazzi, 2003; Di Virgilio, 2009)—. Si bien su análisis se centra en el núcleo doméstico, es necesario comprender sus estrategias y elecciones en el marco de la producción, construcción y reproducción social del hábitat de manera colectiva.

Políticas públicas habitacionales

Entendiendo a las políticas públicas como expresiones de entramados entre diversos actores, el gobierno posee un papel muy importante debido a que emplea recursos del Estado para poder reproducir las relaciones sociales y de poder (Rodríguez, 2010). En este sentido, cumple un rol fundamental y, ya sea por acción u omisión (Oszlak y O’Donnell, 1995), teniendo gran incidencia en las personas, actividades y recursos de las ciudades.

Las políticas públicas de intervención habitacional se remontan al siglo XX y se relacionan con los problemas existentes en torno a la pobreza urbana y la incorporación de temáticas vinculadas a la vivienda en la agenda pública. Dentro de las formas de respuesta estatal a las problemáticas habitacionales, en Argentina se pueden identificar tres grandes paradigmas de intervención (Guevara et al., 2018) en los últimos sesenta años: de erradicación, de regularización y de integración socio-urbana.

El paradigma de erradicación surgió a principios del siglo XX, con carácter tecnicista, cuantitativo y urbanista, frente a las ocupaciones de viviendas, tierras y creaciones de barrios y conventillos en las grandes ciudades. La solución consistía en la construcción masiva de conjuntos habitacionales y viviendas sociales en los márgenes de la ciudad, conocidas como “llave en mano”. Esta lógica se enfocaba en la materialización de la vivienda sobre suelo urbano desvalorizado, mediante un modo de producción mercantil dominante donde las viviendas eran concebidas por el Estado, construidas por empresas privadas y entregadas a los habitantes, sin que incidieran en este proceso (Zapata, 2016).

Las políticas de regularización de asentamientos informales en los años ochenta, con la recuperación de la democracia, estuvieron enfocadas en generar condiciones de habitabilidad para esta población por medio de regulación dominial. Luego, desde los años noventa, en el marco de un proceso de descentralización administrativa (Ferraudi Curto, 2013), estuvieron vinculadas a mejoramiento de barrios y accesibilidad a servicios básicos. Esta época se caracterizó por la coexistencia de programas “híbridos” (Bettatis, 2009), promoviendo tanto políticas “tradicionales” vinculadas a construir nuevas viviendas, como políticas que impacten cualitativamente en viviendas existentes que cuenten con déficits materiales, de servicios y/o saneamiento (Marcos et al., 2018), como el Programa Federal de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) y el Programa Federal de Mejoramiento de Vivienda “Mejor Vivir”. Así, con la intervención del sector privado en las políticas territoriales de privatización y desregulación del ordenamiento urbano y la incorporación de la participación ciudadana y de organizaciones de base como nueva dinámica de integración en las políticas sociales, surgió un entramado multiactoral no estatal en la conformación de programas sociales, articulando las problemáticas cotidianas y urgentes del territorio con la agenda pública (Rofman et al., 2010).

Por último, las políticas de integración socio urbana surgen en la última década, buscando vincular la regulación dominial y urbanística con los procesos de organización social, comunitaria y el desarrollo económico. Buscan la integración tanto social como residencial, intentando generar las condiciones físicas necesarias para garantizar un acceso igualitario a las ciudades desde un mejoramiento integral, considerando cuestiones jurídicas, ambientales, de infraestructura, equipamiento, participación ciudadana, fortalecimiento comunitario, capacitaciones y ofertas de empleo para los trabajadores de los barrios. Además se agrega un componente subjetivo y simbólico en torno a esta pretendida integración, asociado a fomentar el sentido de pertenencia y los lazos sociales existentes en los barrios populares con el resto de la ciudad (Guevara et al., 2018) y a los significados que los sujetos le otorgan a estar y sentirse integrados dentro de la ciudad en la que viven, cuestiones que históricamente estuvieron relegadas en las políticas públicas.

Recorrido de las políticas de integración socio urbanas en Argentina

El concepto de integración socio-urbana se incorpora en los debates de Hábitat III en Quito (Clos, 2015) a partir de la problematización sobre el cambio climático, los grandes desplazamientos poblacionales y la articulación público-privada (Murillo et al., 2019). Esta cuestión se instala en las agendas políticas a nivel regional en general, y en Argentina, frente a las demandas establecidas desde distintas organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales (CTEP, Barrios a pie, TECHO, CCC) y los/as pobladores/as de los barrios populares.³ En el 2017 se crea el RENABAP bajo el Decreto N° 358/2017 frente a la urgencia de conocer la situación habitacional del país, reconociendo la existencia de 4.228 barrios populares en el territorio nacional.⁴ En 2018, con la Política Nacional de Urbanización, se formula la Ley Nacional Régimen de Integración Socio Urbano y Regularización Dominial buscando acompañar a las metas establecidas por el RENABAP. Con el objetivo de que estas políticas habitacionales tengan incidencia en el territorio nacional, surge la SISU —actualmente dependiente del Ministerio de Desarrollo Social—, buscando promover el desarrollo humano integral y dar respuesta al déficit habitacional y las condiciones precarias de los barrios populares del país (Ministerio de Desarrollo Social Argentina, 2022). Se encuentra guiada por cuatro grandes principios: integración urbana, acceso al suelo, integración social y gestión popular. En este marco, se desarrolla el Fondo para la Integración Socio Urbana para financiar los proyectos para los barrios populares inscriptos en el RENABAP, junto a las Líneas de Financiamiento Internacional (financiado por el BID) y el Programa Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares (sostiene principalmente a los Proyectos de Obras Tempranas). Bajo esta premisa se pensaron líneas de acción con el objetivo de abordar la integración socio urbana de manera complementaria: Obras de Integración, Lotes con Servicios y Mi Pieza.

El programa Mi Pieza

Durante el escenario de pandemia por el COVID-19, la función social de la vivienda tomó un lugar central en el habitar cotidiano, como primer espacio de resguardo y reproducción social. No obstante, en los contextos de barrios populares, se reforzó la cuestión barrial como foco de los cuidados, frente a la situación vulnerable en la que se encontraban las viviendas y el acceso a servicios de infraestructura. Esta situación reconfiguró las prácticas cotidianas de subsistencia, intensificó la crisis sanitaria que ya se hacía presente en los barrios populares, y recrudeció las condiciones de desigualdad estructural.

En este contexto surge el programa Mi Pieza en el año 2021, en el marco del RENABAP, como el primer programa nacional de mejora del hábitat orientado exclusivamente a mujeres. Inicialmente, su diseño se basó en los datos relevados por el diagnóstico integral barrial (DIB) realizado en catorce barrios populares en 2021, el cual afirma que:

El 64 % de las familias tiene como responsable del hogar a una mujer. Del total de hogares, el 8,5 % es monomarental; y de ellos el 88 % está conformado por una mujer. La tasa de desocupación de las mujeres que habitan en barrios populares es del 22 %, mientras que, para las mujeres de todo el país, es del 11 % según la Encuesta Permanente de Hogares. Por su parte, el 31 % de las mujeres residentes en barrios populares perciben un ingreso por el trabajo que realizan, mientras para el caso de los hombres que trabajan, la cifra asciende al 73 % (Ministerio de Desarrollo Social Argentina, 2023, p. 8).

El programa implica un subsidio que otorga la SISU, destinado a la mejora, refacción y ampliación de viviendas, intentando contribuir a la reducción del déficit cualitativo de las mismas. Las beneficiarias son mujeres mayores de 18 años y residentes de barrios populares del RENABAP con CVF. La selección de beneficiarias, debido a que las inscripciones superaron el número de cupos disponibles de cada convocatoria, se realiza a través de sorteos periódicos (Figura 1). Para agosto de 2023 se realizaron siete sorteos que suman 199.811 beneficiarias en todo el país, con una inversión mayor a 49 mil millones de pesos . Los sorteos son aleatorios, pero se emplea un ponderador que le otorga más probabilidades de ser seleccionadas a las inscriptas más vulnerables en términos socioeconómicos (considerando el hacinamiento, la calidad de los materiales de la vivienda, la cantidad de hijos/as, la existencia de hogar monoparental y la presencia de situaciones de violencia de género)(Ministerio de Desarrollo Social Argentina, 2023; Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, 2023).

Las obras a realizarse estipuladas por el programa son: mejoramiento de techo, pared, piso o aberturas; divisiones interiores; refacciones menores de plomería o electricidad; o ampliación de vivienda. Para ello, se les asigna a las beneficiarias un monto que puede ser de $ 100.000 o $ 240.000,⁵ dependiendo del tipo de obra a realizar, otorgándose en dos desembolsos de 50 % y teniendo que rendir el avance de obra del primer desembolso para que luego se realice el segundo. Una particularidad de este programa es que solo un 60 % del financiamiento debe ser rendido y utilizado a través de una tarjeta de débito en comercios inscriptos dentro del rubro de la construcción, mientras que el 40  % restante puede ser utilizado en efectivo (principalmente para el pago de mano de obra), habilitando tanto la compra de más materiales como la contratación de mano de obra local del propio barrio. A esto se le suma otra particularidad vinculada a la ejecución de esta política, ya que se realiza por medio de una aplicación móvil, buscando generar un intercambio y seguimiento continuo de información con las beneficiarias (Ministerio de Desarrollo Social Argentina, 2023).

Para desarrollar el programa, la estructura pública organizativa está conformada por dos grandes equipos: de ejecución (monitoreo de las beneficiarias) y de territorio (acompañamiento a las beneficiarias). Para esto se han desarrollado articulaciones dentro de la SISU (RENABAP y Dirección de obras) y con otros organismos hacia afuera. Respecto a la articulación con las organizaciones sociales y municipios, su apoyo fue importante en los primeros momentos del programa en términos de acceso a los territorios, difusión e información a la población, como también durante su implementación en el territorio, como acompañamiento, seguimiento y ayuda frente a cuestiones tecnológicas.

Aspectos metodológicos

El trabajo es abordado desde la perspectiva de los estudios urbanos, con el fin de articular problemáticas que atraviesan a las políticas públicas y el territorio. Se propone analizar el impacto del programa Mi Pieza y su apropiación por parte de las mujeres beneficiarias. La elección del programa Mi Pieza se debe a su gran alcance a nivel nacional y provincial, y por ser una de las primeras políticas públicas habitacionales destinada a mujeres de barrios populares, constituyendo una novedad en su ejecución.

Los resultados aquí expuestos forman parte de una investigación en curso que incluye otros dos barrios populares de la ciudad de Mar del Plata. Se enmarca en la participación en el territorio de una de las autoras como becaria en el grupo de investigación CyTHaP de la ciudad de Mar del Plata (FAUD, UNMdP), que tiene trabajo articulado con la ONG local Soporte.

La estrategia metodológica consiste en un análisis cualitativo, combinando fuentes secundarias y primarias. Las fuentes secundarias seleccionadas corresponden a las bases de datos del RENABAP y el listado de inscriptas en los sorteos de Mi Pieza, ambas de acceso abierto y disponibles en la página web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Como fuentes de datos primarias, se realizaron entrevistas de tipo semiestructuradas y presenciales a cinco mujeres beneficiarias⁶ del programa en el barrio El Caribe entre los años 2021 y 2023. Este recorte temporal corresponde al período de implementación del programa Mi Pieza e incluye los siete sorteos al momento realizados. También se realizaron registros por observación directa con seguimientos de obra en distintas etapas. La articulación entre el grupo de investigación y la ONG antes mencionada permitieron tanto el acceso a territorio como el conocimiento de las primeras vecinas sorteadas por el programa en el barrio.

Estudio de caso

Los barrios populares en Mar del Plata: el caso de El Caribe

A partir de los años cincuenta y sesenta, la masificación del turismo entre los sectores medios y buena parte de los trabajadores registrados produjo un auge en el crecimiento urbano de algunos centros vinculados a la actividad (Guevara et al., 2019). Según el autor, como resultante de estos procesos de urbanización muy acelerados y con alto componente especulativo, estas ciudades suelen caracterizarse por una gran restricción en materia de acceso al suelo urbano para sectores populares y medios, redundando en conflictos recurrentes, expansión de las tomas de tierras y los barrios populares.

De acuerdo con los datos de la última actualización del RENABAP, en el partido de General Pueyrredón existen 71 barrios populares donde viven aproximadamente 13.449 familias. Existe un 70 % de familias con responsable del hogar femenino frente aquellos hogares con responsable masculino. Por otro lado, también resulta llamativo que por cada familia monoparental hay nueve familias “monomarentales”.

El Caribe es un barrio popular reconocido por el RENABAP de reciente formación —los primeros pobladores llegaron hace menos de diez años— y donde los/as vecinos/as se han organizado en distintos momentos para luchar por el acceso a la red de agua, la apertura de calles y la formalización del tendido eléctrico, en acciones de lucha que evidencian un itinerario de urbanización popular. Se encuentra en la zona noroeste de la ciudad (Figura 2), y representa un polígono de aproximadamente doce manzanas en el límite del tejido urbano, próximos al predio del ex hipódromo y al barrio Jorge Newbery. En este barrio viven alrededor 138 familias en aproximadamente 125 viviendas (RENABAP).

En la actualidad, el barrio no posee red eléctrica y sus calles no están pavimentadas. En términos urbano-ambientales, no posee desagüe cloacal, las viviendas eliminan sus desechos cloacales a pozos ciegos en inadecuadas condiciones y generando riesgos de contaminación microbiológica. En cuanto al acceso a la red de agua, coexisten en el barrio distintos tipos de redes con diferentes grados de precariedad que fueron consolidándose a partir de esfuerzos colectivos de urbanización popular (Ispizua, 2023). En relación con la gestión de residuos sólidos urbanos, la empresa recolectora no incorpora al barrio como parte de los recorridos, lo cual trae aparejadas formas no saludables de tratamiento: quema, puesta bajo tierra y acumulación en veredas, baldíos o a la vera de un brazo del arroyo El Cardalito que atraviesa el barrio. Las aguas de este arroyo desbordan cuando ocurren abundantes precipitaciones, generando inundaciones y exponiendo a la población a un riesgo ambiental que puede propiciar problemas de salud, afectaciones en sus actividades, daños en las viviendas y pérdidas materiales (Figura 3).

El programa Mi Pieza en el barrio El Caribe

En el barrio El Caribe, 36 mujeres resultaron beneficiadas en los primeros seis sorteos del programa, mientras que otras 51 se anotaron y no fueron seleccionadas. De las 36 sorteadas, se realizaron entrevistas semiestructuradas a cinco de ellas donde se abordaron aspectos vinculados con las estrategias que utilizaron para su implementación: administración del dinero, cómo pensaron las mejoras, capacidades físicas, técnicas y resolutivas que movilizaron, redes de ayuda preexistentes, entre otros aspectos.

De los resultados obtenidos encontramos que los medios por los cuales se enteraron del programa fueron a través de redes sociales, por vecinas o a través de una organización. Si bien la inscripción al programa se realizaba a través de una aplicación móvil, lo cual podría llegar a significar algún tipo de barrera tecnológica, en el caso de las entrevistadas manifestaron no haber tenido ningún problema para anotarse. Sin embargo, una de ellas, tuvo ciertos inconvenientes para recibir el primer desembolso y recurrió a la organización en la que participa para recibir asesoramiento de personal de la SISU.

En cuanto a cómo se decidió qué obras realizar, todas expresaron que fue una cuestión conversada en familia o con sus parejas. Solo en uno de los casos se pidió asesoramiento al equipo técnico de la ONG Soporte, quienes pudieron brindar información sobre aspectos vinculados a la ubicación de la ampliación en el lote, teniendo en cuenta el buen asoleamiento, las posibilidades de crecimiento de la vivienda a futuro de acuerdo con las expectativas de la familia y la vinculación de la ampliación con las pendientes de techo existentes.

Para la compra de materiales, la mayoría recibió asesoramiento en el cómputo, ya sea de familiares o vecinos con conocimiento en la construcción o incluso de los propios vendedores de los corralones. Por su parte, una de las entrevistadas, para el cálculo de la cantidad de ladrillos, tomó creativamente como referencia una pared existente sin revocar. “Conté cuántos ladrillos había de este lado, más o menos, en el largo de las paredes que queríamos hacer y después en el corralón me ayudaron con la cantidad de mezcla” (Entrevista 2, vecina del barrio El Caribe).

En cuanto a la mano de obra, en todos los casos se contó con algún familiar con conocimiento de albañilería, donde los maridos tuvieron una alta participación. Solo una entrevistada expresó haber sido ella misma la que llevó adelante la construcción con ayuda de la familia: “Había contratado a un familiar para que me levante, fui mirando y después me largué a hacerlo yo. Habrá levantado las bases y tres hiladas mi suegro, yo levanté todo lo demás. Con ayuda de mis hijos y mi pareja” (Entrevista 1, vecina del barrio El Caribe).

Con respecto a los gastos, en algunos casos los familiares trabajaron de manera paga y en otros no. De esta forma, la autoconstrucción o mano de obra gratuita de un familiar permitió destinar la totalidad del monto recibido a la compra de materiales.

Estas estrategias, abordadas de manera diferencial, dieron lugar, a grandes rasgos, a tres tipologías de materialización de las obras: 1) Mejoramiento de la vivienda existente, realizando una mejora en la envolvente como puede ser revoque, colocación de pisos 2) Ampliación de la vivienda existente, generalmente para la construcción de una habitación nueva; y 3) Inicio de un proceso de vivienda progresiva, que se realizó en algunos casos en otro sector del lote donde estaban viviendo o en una porción lote cedido por un familiar (Figura 4, arriba), o comprado previamente (Figura 4, abajo). Esta última tipología conforma una respuesta creativa de materialización ya que no se encuentra planteada dentro de los lineamientos del programa. Se trata de mujeres que no contaban con una vivienda propia o esta era inadecuada (casos de vivienda casilla) y que iniciaron la construcción de su vivienda “de material”.⁷

Si bien el monto de dinero que brinda el programa es bajo para los valores de los materiales de construcción,⁸ quienes realizaron una mejora de piso o pared asumieron un menor riesgo de inconclusividad. En estos casos, en general optaron por mejoramiento de pared con revoque en habitaciones como estrategia de protección del frío y mejora de piso con revestimiento cerámico en ambientes húmedos como cocina y baño.

Dentro de quienes decidieron realizar una ampliación, se trata de proyectos extensos (como el de una entrevistada que decidió hacer living y cocina nuevos) y otros que se circunscribieron a la “pieza”. Tal es el caso de la Entrevistada 1, cuya vivienda contaba con solo dos espacios para dormir y vivían once personas. Ante esta situación de hacinamiento, decidió utilizar el financiamiento y los materiales a su alcance para la ampliación de una habitación, utilizando chapas y aberturas recicladas. A pesar de esto, el monto no fue suficiente, teniendo que recurrir a distintos préstamos: “Para terminar saqué un préstamo en el ANSES. Ahora me metí en otro para revocar. Quiero hacer el piso de la pieza mía. Siempre préstamos para construir. Debo haber sacado entre cinco y seis, algunos en ANSES y otros en Efectivo Sí” (Entrevista 1, vecina del barrio El Caribe).

Es así como, tanto quienes realizaron ampliaciones como quienes iniciaron un proceso de vivienda nueva, manifestaron que el dinero no alcanzó, quedando los proyectos inconclusos hasta poder avanzar a través de ahorros que iban generando, donaciones que conseguían o préstamos que obtenían. Particularmente en los inicios de viviendas nuevas, al ser apuestas más ambiciosas, el grado de avance dependió fundamentalmente de la capacidad de las familias para movilizar otros recursos económicos.

Finalmente, se destaca que la intervención y participación de algunas organizaciones sociales en el territorio, en particular la ONG Soporte, permitió la articulación del Mi Pieza con otros programas y proyectos. Ésta ofició de unidad ejecutora de dos Proyectos de Obras Tempranas en el barrio. Uno de ellos está finalizado, con la realización de 67 instalaciones intra-domiciliarias de agua y 101 instalaciones eléctricas; y otro en ejecución, consiste en la realización de veredas, un playón deportivo, colocación de arbolado, cestos domiciliarios y construcción de 20 núcleos húmedos (módulos adaptables de baño y cocina completos). Así, las intervenciones barriales posibilitaron una complementariedad en términos habitacionales, combinando distintos programas de la SISU.

A pesar de todo esto, todas las entrevistadas dijeron estar satisfechas con el programa y plantearon que seguirán realizando mejoras en sus viviendas, entendiendo a éste como un aporte en un proceso de mayor duración.

Reflexiones finales

De acuerdo con las tendencias de políticas públicas habitacionales identificadas, el programa Mi Pieza comprende ciertas novedades en términos de orientación e implementación, como el reconocimiento de las mujeres en la gestión del hábitat, sus capacidades de cálculo y de construcción de estrategias. El programa ha sido muy bien recibido y se ha dado una reapropiación del mismo por parte de las beneficiarias según las diferentes necesidades que el contexto establece. Esto se debe a que se desarrollaron prácticas y acciones en materia del hábitat más allá de los objetivos planteados por el programa (mejoramiento, refacción o ampliación), constituyendo respuestas creativas según las capacidades y necesidades de las familias (inicio de viviendas progresivas).

Respecto al impacto pretendido en el déficit habitacional cualitativo de las viviendas, el mismo se cumple parcialmente debido a que los fondos otorgados resultan acotados para las expectativas que promueve un programa de esta índole, y los mismos debieron complementarse con ahorros familiares, préstamos monetarios u otros subsidios. Además, sin estar previsto, su implementación contribuyó al acceso a la vivienda, en los casos de inicio de vivienda progresiva, incidiendo en la problemática cuantitativa del hábitat popular. El programa resulta entonces un puntapié para movilizar recursos en pos de mejorar las condiciones de la vivienda. Sin embargo, considerando la autoconstrucción progresiva del hábitat popular, podría pensarse subsidios complementarios a Mi Pieza que acompañen el proceso de mejora paso a paso.

En relación con las estrategias habitacionales vinculadas a la implementación del programa, la autoconstrucción es la respuesta principal a la gestión de recursos estatales, y las propuestas de mejoramiento, ampliación o construcción dependen, en muchos casos, de los conocimientos y saberes populares del núcleo cercano, principalmente familiar. Conforme a esto, las redes comunitarias, la articulación entre organizaciones sociales y los actores estatales en el barrio también impactan positivamente al ser facilitadores de información previa y durante su implementación, y posibilidad de mano de obra, a pesar de no estar contemplados en el diseño de esta política.

En términos más generales, las cuestiones ambientales y los aspectos simbólicos procurados dentro de la integración socio urbana quedan relegados frente a la problemática tecnicista y material de construcción y mejoramiento de viviendas, manteniéndose las inadecuadas condiciones en materia de contaminación, inundaciones, gestión de residuos y percepciones de los habitantes del barrio en relación con los lazos creados con el resto de la ciudad. En cuanto al acceso a servicios básicos de infraestructura, estos resultan ineficientes, sin existir la posibilidad de articulación con los entes estatales o privados proveedores de estos servicios para sortear estos obstáculos. No obstante, se evidencia que, en simultáneo a la ejecución de este programa, se desarrollan otros proyectos y programas de la SISU que abordan dimensiones urbanas que no son tenidas en cuenta por el Programa Mi Pieza. Al ser una política que surge desde el Ministerio de Desarrollo Social, desvinculado del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat —con el objetivo de trabajar por “el derecho a la vivienda digna en todo el país”—, se traduce en el territorio como una respuesta asistencialista, y no integral en materia del hábitat popular.

Otro aspecto para resaltar es la incorporación del género a políticas habitacionales, reconociendo a las mujeres cis y trans como sujetas de derechos. Resulta un punto de partida para el debate sobre estas problemáticas, habiendo sido históricamente invisibilizadas en la formulación de las mismas. A su vez, es pertinente revisar si el hecho de constituirse como beneficiarias asegura la redistribución de poder hacia el interior del hogar, ya que, a pesar de reforzar el rol como gestoras de recursos en el hábitat, se visibiliza una división sexual de funciones, en donde la participación masculina se involucra principalmente durante la construcción o intervención de la vivienda, y no en la gestión de los recursos. En este sentido, si bien se valora positivamente que el programa se encuentre destinado a mujeres, se considera que el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas no consiste solamente en reconocer su existencia, sino que deberían atenderse aspectos diferenciales en términos de empoderamiento y autonomías económicas, políticas y físicas, principalmente en caso de vecinas de barrios populares. En esta oportunidad, la desvinculación con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad da cuenta de una resolución lineal, es decir que es orientada hacia las mujeres y disidencias, sin la profundización necesaria para generar herramientas que aborden las desigualdades y la violencia de género desde una perspectiva de género interseccional. Queda pendiente el interrogante sobre el alcance a mujeres travestis/trans, y cómo han sido sus experiencias en los barrios populares en relación con el programa. Además, se plantea otra pregunta sobre qué estrategias generan las mujeres para llevar adelante la gestión de recursos para la construcción material de la vivienda en simultáneo con las tareas de cuidado que generalmente son asumidas por ellas, y de qué manera se debería incorporar de forma integral esta problemática en las políticas públicas.

A modo de conclusión, el programa resulta una estrategia paliativa frente a las condiciones en que se encuentran las viviendas del hábitat popular, sosteniendo las condiciones de vulnerabilidad en términos dominiales y de acceso a los servicios e infraestructura. La desarticulación con otros ministerios da cuenta de una resolución limitada, sin mayor profundización en la problemática real que acontece la propuesta, tanto en términos presupuestarios, como en una perspectiva integral de la producción del hábitat. Por último, queda inconcluso el interrogante sobre la relación entre las prácticas populares y el diseño y ejecución de las políticas habitacionales, y en particular si Mi Pieza resultó efectivamente un programa creado o inspirado “desde abajo”. No obstante, se destaca que, a partir de su lanzamiento, rápidamente pasó a formar parte importante de itinerarios de mejora paso a paso, siendo hoy un mecanismo instalado en los barrios populares como estrategia habitacional posible en procesos de urbanización popular.

Referencias bibliográficas

Enlaces refback

• No hay ningún enlace refback.

Quid16. Revista del Área de Estudios Urbanos. ISSN: 2250-4060.

Los trabajos publicados en esta revista están bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International.