En el marco de la consolidación del capitalismo urbano de la segunda mitad de siglo XX (Harvey, 2012; Lefevbre, 2013), la afirmación de la dinámica capitalista en las ciudades latinoamericanas dio lugar a la producción de prácticas espaciales (Lefevbre, 2013), vinculadas a las disputas de los sectores populares urbanos por su derecho a la ciudad (Harvey, 2013). La ampliación del repertorio de estas confrontaciones sociales, centradas en la búsqueda de estrategias para acceder a la tierra y la vivienda urbana, estableció en la Argentina, a partir de inicios de los años ochenta, la ocupación de tierras fiscales y privadas como una de las principales modalidades de acceso al suelo urbano por parte de los sectores populares (Cravino, 2006, 2008; Cravino y Vommaro, 2018; Vommaro, 2006, 2007, 2010).

Las experiencias de ocupación de tierras urbanas y formación de asentamientos en la zona de San Francisco Solano, ocurridas entre los meses de agosto y noviembre de 1981, en terrenos ubicados en las localidades de Quilmes y Almirante Brown, al sur del Gran Buenos Aires (Argentina), irrumpen en una coyuntura caracterizada por una profunda crisis económica, así como lo hizo el golpe que la instauración de la última dictadura militar en 1976 impuso a los procesos de movilización y organización política de los sectores obreros y populares. Sin embargo, la emergencia de los procesos de ocupación directa de tierras –denominados tomas tanto por sus protagonistas como por los documentos de la época–, como modalidad de acceso al suelo urbano, dan cuenta de la convergencia de diversos aspectos sociopolíticos vinculados con la dinamización de formas organizativas activadas en torno a la territorialización de prácticas de resistencia –conformación de experiencias de base territorial y comunitaria–, desplegadas bajo un contexto de pauperización económica (Merklen, 2005) y de activación de lógicas de exclusión espacial y de expulsión sociopolitica (Cravino, 2006; Jajamovich y Menazzi, 2012; Jelin, 1989).

A partir de 1977, el plan de erradicación de villas impuesto por la dictadura militar emprendió un proceso amplio de exclusión y expulsión de los sectores populares urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Con respecto a este proceso, se pueden señalar como principales medidas de fuerza para la restricción y la reorganización territorial la Ley 21.342 de Normalización de Locaciones Urbanas, publicada en junio de 1976; las políticas de erradicación de villas de emergencia implementadas desde 1977 mediante Ordenanza Municipal 33.652 (Bellardi y De Paula, 1986); la promulgación del Código de Ordenamiento de la Ciudad de Buenos Aires; y la destrucción de viviendas para obras de infraestructura como las autopistas (Cravino et al., 2008).

El repliegue político de las organizaciones sociales, la expulsión y la exclusión de los sectores populares urbanos, y la precarización de sus condiciones de vida fueron algunas de las consecuencias directas de la ejecución de estas medidas de reorganización territorial urbana en clave excluyente y regresiva. Entre otros efectos de estas acciones, resaltamos la introducción de profundos cambios en los mercados de tierras y de viviendas urbanas. Dichos cambios se caracterizaron por las transformaciones en los valores del suelo urbano, alteraciones generadas por los efectos del proceso de valorización que trajo consigo, por una parte, la modificación de los usos del suelo urbano y, por la otra, la ejecución de proyectos de infraestructura urbana y de obras públicas (Cravino et al., 2008).

En cuanto al mercado de vivienda, los efectos por causa del incremento en la valorización de las propiedades, la liberación de alquileres y la dolarización de los precios se tradujeron en la intensificación del proceso de exclusión y expulsión de los sectores populares urbanos. Como mencionamos antes, estas medidas de reorganización territorial modificaron sustancialmente los usos del suelo en favor de la valorización comercial y financiera del territorio urbano. En este contexto de concentración de los usos y valores del suelo urbano al inicio de los años ochenta, los sectores populares redefinen sus estrategias de acceso al territorio configurando la ocupación de tierras –tomas de tierras- como una modalidad legítima de ejercer su derecho a la ciudad.

De acuerdo con lo anterior, sostenemos que la ciudad y el significado de lo urbano constituyen procesos de construcción histórica por parte de los distintos agentes y actores sociales que disputan espacialmente la ciudad y, además, definen el espacio urbano de acuerdo con intencionalidades que componen espacios sociales de fuerzas en los cuales son desplegadas las múltiples relaciones sociales y sus singularidades. En esta línea, la producción de la ciudad da cuenta del vínculo que establecen los sujetos –individuales y colectivos– con el espacio y la configuración del territorio. Desde esta perspectiva, espacio, lugar y territorio se articulan en la configuración de la ciudad dando cuenta de los flujos, circuitos, temporalidades y movimientos que confluyen en el permanente cambio del paisaje urbano. La producción y reproducción del espacio, la apropiación de los territorios materiales y simbólicos de la ciudad y la construcción del lugar urbano (Santos, 1996), indican la dinámica relacional de los ritmos del mundo social intersubjetivo, en el cual las estructuras económicas, culturales y sociales se evidencian históricamente.

Desde esta perspectiva, en la configuración territorial de los sectores populares urbanos se involucra su definición como sujetos que recrean, construyen y (re)significan lugares heterogéneos. Hay que subrayar que partimos de concebir el territorio como un espacio socialmente construido, signado por una conflictividad permanente, pero también, como un ámbito de concreción de prácticas de espacialización definidas por la materialización socioespacial de las relaciones de poder y las disputas entre las diferentes fuerzas sociales (Fernandes, 2005, 2008). Bajo la mirada de estos procesos, desde la perspectiva socioterritorial, advertimos el despliegue de confrontaciones sociales por la producción del espacio como un elemento dinamizador de la acción colectiva (Fernandes, 2005, 2008). El proceso de espacialización, entonces, deviene de la producción territorial de lugares singulares que configuran –y son configuradas por– prácticas políticas. Es, precisamente, en esta dinámica de confrontación y vinculación donde ubicamos las trayectorias de los actores sociales que conformaron los procesos territoriales en las ocupaciones y la producción de los asentamientos de San Francisco Solano a comienzos de los años ochenta.

La hipótesis general que recorre el artículo parte de considerar los procesos de construcción de subjetividades como dinámicas disruptivas de los dispositivos y los mecanismos institucionales (González Rey, 2012) por los que las ocupaciones de tierras urbanas operan como producciones socioterritoriales cristalizadas por la concreción de prácticas espaciales que confrontan las lógicas urbanas de poder (Haesbaert, 2013). Este proceso, por una parte, plantea la resignificación de la experiencia histórica de las formas de apropiación territorial urbana de los sectores populares y, por otra, supone la configuración de espacios y prácticas de resistencia política colectivas, y de formas organizativas contrahegemónicas (Vommaro, 2006, 2012). En esta línea, sostenemos, a su vez, que la activación de procesos de territorialización política (Vommaro y Daza, 2017) desplegados por redes de actores tales como las comunidades eclesiales de base (CEB), grupos religiosos de la zona, jóvenes y mujeres, se densifican en torno a una doble temporalidad. De un lado, los procesos activados en torno a la consolidación de los asentamientos devenidos de las ocupaciones de tierras en la zona durante los años que van desde 1981 a 1983. Del otro, de acuerdo con el rastreo documental que realizamos, encontramos que, desde 1983 hasta finales de esa década –desde el período de restauración democrática en adelante–, fueron activados modos de participación política y social de las juventudes con un fuerte anclaje territorial y, en parte, distanciados de los espacios institucionales tradicionales de participación –sindicatos, partidos políticos por ejemplo–, para configurar formas organizativas socioterritoriales autónomas y alternativas. Asimismo, estos modos de organización se articulan con las redes de sociabilidad anteriores conformadas por los actores sociales que tuvieron incidencia en la escena política de la zona durante los años ochenta (Vommaro y Perozzo, 2019).

Con respecto a la estrategia metodológica, para el presente artículo nos basamos en un enfoque cualitativo que combina la perspectiva sociohistórica (Offerlé, 2011) y la socioterritorial (Fernandes, 2005), y utilizamos, como principales herramientas metodológicas, el análisis de entrevistas en profundidad, el análisis crítico de fuentes periodísticas de la época (prensa gráfica), de fuentes de los archivos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del Archivo Diocesano de Quilmes, de fuentes documentales generadas por las organizaciones sociales y de la bibliografía que aborda la temática y la experiencia que aquí estudiamos.

A continuación, analizamos y caracterizamos las dinámicas de apropiación territorial producidas en los procesos de ocupación de tierras y formación de los asentamientos de San Francisco Solano a partir de 1981 en clave de reconstruir la producción de las formas político-organizativas predominantes, así como las tramas de participación de los diversos actores involucrados. En un segundo apartado, centramos nuestra mirada en el protagonismo de las CEB, comprendiéndolas como espacios de socialización y participación político-territorial desde las cuales fueron producidas y dinamizadas narrativas, sentidos, actores, prácticas y estrategias de afirmación y defensa de los territorios apropiados. De la misma manera, en un tercer apartado, centramos nuestro interés en poner en relación las dinámicas de participación en la afirmación de los asentamientos consolidados con la configuración de otros modos de politización del territorio devenidos de producciones socioterritoriales que tuvieron a los jóvenes como sus principales protagonistas.

Como mencionamos, las experiencias de ocupación de tierras y formación de los asentamientos de La Paz, Santa Rosa, El Tala, Santa Lucía, San Martin y 2 de Abril –inicialmente llamado Montes de Los Curas– se produjeron en 211 hectáreas ubicadas en los límites entre la localidad de San Francisco Solano, al suroeste del partido de Quilmes, y la localidad de Rafael Calzada, en el partido de Almirante Brown (Cuenya, 1984; Vommaro, 2006, 2010). Estas experiencias de ocupación masiva y organizada de tierras (Fernandes, 2008) agruparon la acción directa de apropiación territorial. En ellas participaron aproximadamente 20.000 personas –cerca de 4.600 familias– entre agosto y noviembre de 1981.

Siguiendo el modelo de retícula de los barrios anteriores de la zona –conocidos como los barrios viejos–, las acciones y las estrategias colectivas desplegadas durante estos procesos contaron con actividades destinadas a la identificación de las tierras a ocupar, la planificación para la delimitación de los lotes, el trazado de las calles, la delimitación de los espacios comunes y la asignación de los lotes para los nuevos pobladores a través de la distribución de números, en algunas ocasiones, mediante sorteo. Respecto de la composición y la procedencia de los pobladores que participaron en estas experiencias, la heterogeneidad de sus trayectorias espaciales constituye un rasgo primordial. De acuerdo con los estudios de Cuenya (Cuenya, 1984), Cravino y Vommaro (Cravino y Vommaro, 2018) y Vommaro (Vommaro, 2009), los pobladores y sus familias provenían, por un lado, de las zonas circundantes del primer y segundo cordón del conurbano bonaerense, y de los barrios viejos de la zona. Por otro lado, de los procesos de erradicación compulsiva de las villas de emergencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de otras villas de emergencia ubicadas en la zona sur del conurbano.

En su mayoría, se trató de familias en situación de múltiples precariedades, cuyos miembros estaban desempleados o bien vinculados al trabajo informal –cuentapropistas, trabajadoras de casa particular, changarines, entre otros–; algunas familias fueron expulsadas por los aumentos en los precios de los alquileres y otras, despojadas de sus viviendas por los desalojos compulsivos realizados –entre otras acciones- para la construcción de circuitos viales, en el marco del plan de reordenamiento urbano puesto en marcha por las autoridades locales y provinciales del gobierno de facto. Tal como hemos destacado en trabajos anteriores (Vommaro, 2009; Vommaro y Perozzo, 2019) las experiencias de apropiación territorial devenidas de las ocupaciones de tierras estuvieron signadas a la vez por la participación de migrantes internos –migrantes del Nordeste Argentino y, en menor proporción, del Litoral–1 y migrantes externos –de países limítrofes como Paraguay y Bolivia y, en menor medida, de Chile y Perú–, grupos caracterizados por un marcado origen rural.

Respecto de la configuración de las formas organizativas desplegadas en estas experiencias, se caracterizaron por la presencia de una multiplicidad de redes sociales e interpersonales –conformadas de manera previa o con posterioridad a las acciones– a través de prácticas colectivas de carácter contrahegemónico dinamizadas por su tendencia hacia la autonomía, la horizontalidad, la democracia y la acción directa, la dinámica asamblearia y, a la vez, la producción y la reproducción de nuevos modos de identificación colectivos e individuales anclados en la producción territorial (Vommaro y Daza, 2017). En este sentido, las experiencias de apropiación territorial articularon prácticas asociativas tendientes a la planificación de las acciones colectivas tales como reuniones previas realizadas por las familias, acciones de identificación y delimitación de las tierras a ocupar, y prácticas de producción social del hábitat (PSH) (Rodríguez et al., 2007), en las cuales se dio lugar a la activación de la participación comunitaria de carácter autogestivo y por autoconstrucción para la producción de las viviendas, los espacios destinados a usos comunitarios y el trazado de manzanas y calles.

Antes del inicio de las primeras acciones de ocupación, el grupo de pobladores y familias que construyeron el primer asentamiento –La Paz– se acercaron al sacerdote Raúl Berardo, quien impulsaba en conjunto con otros sacerdotes y religiosos de la Diócesis de Quilmes las experiencias de las CEB en la zona. A partir de los encuentros con Berardo y con el apoyo de integrantes de las CEB, los pobladores planificaron de manera organizada la ocupación directa de las tierras y la conformación de los asentamientos. Esta modalidad de organización previa y coordinada para acceder a las tierras se consolidó en las experiencias posteriores que dieron lugar a los seis asentamientos antes mencionados entre agosto y noviembre de 1981.

Al mismo tiempo que las familias iniciaron la ocupación de los lotes en los que rápidamente construyeron casillas precarias, se fueron gestando las diversas comisiones de cada asentamiento coordinadas por los propios pobladores con la orientación de las redes preexistentes, dentro de las que podemos mencionar las signadas por las experiencias significativas anteriores como las de las Ligas Agrarias (Vommaro, 2006, 2010) y, en particular, las dinamizadas por las CEB activas en la zona desde fines de los años setenta (Nardin, 2020; Vommaro, 2007; Wagener, 2008). Este proceso dio origen a la conformación de una trama organizativa socioterritorial activada por formas de participación contrahegemónicas y de gobierno alternativo y coordinada por cada asentamiento a través de un cuerpo de delegados por manzana –manzaneros/as– y una comisión interna. Así, en las asambleas de vecinos de cada barrio en formación fueron elegidos hasta dos delegados por manzana que, en conjunto, constituyeron la Asamblea del Cuerpo de Delegados (Cuenya, 1984; Izaguirre y Aristizábal, 1988; Vommaro, 2007). Además, los plenarios de vecinos elegían las comisiones internas, a partir de las cuales se conformaba la comisión coordinadora de cada barrio (Cuenya, 1984; Izaguirre y Aristizábal, 1988).

Si bien las comisiones internas operaban en representación de los vecinos, las decisiones se tomaban en la Asamblea de vecinos, en la cual se debatían problemáticas particulares y se posibilitaba la concreción de las tareas y las actividades para la producción social de los asentamientos. De la misma manera, en cada barrio se conformaron comisiones focalizadas que hacían frente a problemáticas concretas y buscaban dar solución tanto a las necesidades referidas al acondicionamiento y el equipamiento de los servicios básicos –agua, luz, vías, basurales– como a la distribución de las tareas y las actividades de cuidado –la salud, la recreación o el cuidado de la población infantil–, acciones que posibilitaron la construcción de sentidos de pertenencia al territorio.

La trama organizativa descrita persistió por cuatro años aproximadamente. Sin embargo, hacia los primeros meses de 1982 se conformó la Coordinadora General de los Asentamientos, órgano de representación y autogobierno que articuló a las redes asociativas de todos los asentamientos, que estaba integrada por dos representantes elegidos en la comisión coordinadora de cada barrio. La Coordinadora General realizó las asambleas en la parroquia de Nuestra Señora de Itatí, y contó con la compañía de referentes de las redes de las CEB, sacerdotes y religiosas vinculados a la zona y, en particular, de Raúl Berardo:

En este punto, vemos importante señalar que la dinámica político-organizativa activada durante el proceso de apropiación y afirmación territorial de los asentamientos propició la masiva participación de los pobladores en torno a la solución de las necesidades y la producción social del espacio apropiado, así como su participación en las acciones de reivindicación por la defensa territorial en las que desplegaron prácticas de acción directa, democráticas y de autogestión que, a su vez, signaron la producción de vínculos de solidaridad, participación y sentidos de pertenencia territorial.

En resumen, las formas organizativas dieron lugar a la producción de los siguientes espacios de participación en los cuales se definieron las acciones de planificación, producción y defensa de los asentamientos:

Como señalamos antes, las redes activadas por las CEB ocuparon un lugar protagónico en la dinamización de la trama organizativa de las experiencias de ocupación y formación de los asentamientos abordados. De acuerdo con nuestro rastreo, las CEB constituyeron un espacio social de convergencia y emergencia de actores sociales, en especial de los/as jóvenes, que impulsaron desde estos espacios prácticas y narrativas emergentes para la organización en el territorio (Vommaro, 2012; Vommaro y Perozzo, 2019).

La emergencia de las CEB en Argentina y, específicamente, en el sur del Gran Buenos Aires puede rastrearse a partir de 1976 (Vommaro, 2006), cuando surgieron como espacios de participación comunitaria y local impulsados desde la Diócesis de Quilmes (Pinedo, 2022). En su conformación, confluyeron las corrientes de pensamiento del tercermundismo, de la Teología de la Liberación y el arraigo de trayectorias y prácticas políticas del bajo clero católico que constituyen derivas de la opción preferencial por los pobres que se difundieron luego de la II Guerra Mundial.2 Bajo esta perspectiva, las CEB activadas en el sur del Gran Buenos Aires se plantearon como propósito reunir a los habitantes de la zona para construir comunidades de reflexión en torno a la fe a partir del método ver-juzgar-actuar, desde el cual se proponía el encuentro de las experiencias y trayectorias de vida articuladas a la creencia y su resignificación política. Así, las reflexiones de vida de los integrantes de las CEB potenciaron los procesos de subjetivación individual y colectiva a partir de las resignificaciones de los evangelios en vinculación con las problemáticas sociales y políticas de los habitantes de los territorios en los que estas comunidades desplegaban su acción (Vommaro, 2006).

Bajo el impulso de sacerdotes como Raúl Berardo, las CEB que participaron en la organización de las ocupaciones de tierras de San Francisco Solano constituyeron “espacios de encuentro, acción y fraternidad en plena represión” (Rivarola, 1986). Estas redes territoriales, conformadas en su mayoría por jóvenes y mujeres, encontraban en los espacios de las comunidades lugares en los cuales se sostuvo un fuerte relato en torno al compromiso social desde la educación y religiosidad popular (Nardin, 2020; Vommaro, 2012). Esto hizo posible activar prácticas de resistencia frente al contexto represivo de la época. Cabe mencionar que las comunidades constituyeron un lugar de circulación, transmisión y continuidad de prácticas y narrativas provenientes de las distintas tradiciones políticas articuladas al peronismo, el sindicalismo, las Ligas Agrarias, entre otras prácticas políticas y organizativas proscritas y perseguidas durante la última dictadura militar (Vommaro, 2012).

Las CEB estaban integradas en su mayoría por jóvenes (Nardin, 2020; Vommaro, 2006) y dentro de sus formas de organización se propendió por establecer prácticas horizontales y autónomas, precisadas en la toma colectiva de las decisiones y la elección democrática del animador de cada comunidad entre sus participantes. La labor del animador era la coordinación de la comunidad y la promoción de las iniciativas surgidas en su seno. La descentralización de los sacramentos se planteó como una de las prácticas más destacadas de las comunidades ya que implicó fuertes niveles de participación de los integrantes, lo que hizo posible la construcción de prácticas de horizontalidad en la relación entre sacerdotes, religiosos y laicos integrantes de las CEB, y de un espacio de formación en dinámicas de liderazgo local y comunitario (Vommaro, 2006).

Durante las ocupaciones de tierras y la construcción de asentamientos en San Francisco Solano en 1981, las CEB ocuparon un rol protagónico al funcionar como redes de sostén material, afectivo, simbólico y de contención para el proceso de instalación de las familias que llevaron adelante las tomas (Perozzo, 2017; Vommaro y Perozzo, 2019). Estas redes fueron fundamentales para la contención de los pobladores en los asentamientos ante diversas coyunturas adversas, dentro de las que destacamos la del cerco policial impuesto desde diciembre de 1981 hasta febrero de 1982:

Como dijimos, el tejido social conformado por las CEB produjo desplazamientos en los roles asignados tradicionalmente a actores sociales menos protagónicos en las prácticas políticas instituidas, como los/as jóvenes y las mujeres (Vommaro y Perozzo, 2019), proceso que devino en la producción de acciones y relaciones de politización territorial caracterizadas por promover vínculos horizontales y desjerarquizados, que dieron cuenta de la intensidad de las experiencias de sociabilidad y subjetividad política atravesadas en las CEB.

Desde la caída de la dictadura y durante el período de restauración democrática entre 1983 y 1989, podemos ubicar puntos de continuidad en la dinámica organizativa territorial de la zona a partir de la emergencia de experiencias conformadas en torno a la participación de las juventudes. Así, entendiendo a las juventudes como noción dinámica, construida social e históricamente y, partiendo de su carácter relacional y situado (Vázquez et al., 2017), advertimos en las experiencias territoriales abordadas la visibilización de la participación juvenil a partir de experiencias de politización territorial articuladas a la emergencia de formas novedosas de participación político-organizativa en los territorios. De acuerdo a lo planteado por Vommaro, Vázquez y Blanco (Vázquez et al., 2015) en torno al período de restauración democrática en Argentina, entendido como punto de inflexión histórica de gran impacto para la configuración de experiencias de organización y participación política de las juventudes, observamos en la consolidación de los asentamientos de San Francisco Solano el activo protagonismo y lugar de la participación juvenil en las dinámicas de producción de lo territorial (Vommaro y Daza, 2017).

De lo anterior da cuenta la transición que va del lugar de acompañamiento y participación de los jóvenes en las CEB de principios de los ochentas hacia la emergencia, a mediados de los ochenta, de formas y prácticas organizativas de carácter autónomo y lideradas por jóvenes. Dentro de estos espacios de participación política nos interesa destacar la experiencia del Equipo Social Latinoamérica Gaucha (EsLaGa), grupo juvenil conformado hacia 1986 y liderado por Agustín Ramírez. Esta experiencia de agrupación juvenil estuvo compuesta por más de una decena de jóvenes, habitantes de los asentamientos conformados a partir de las ocupaciones de tierras en 1981. En su mayoría, se trató de jóvenes que iniciaron sus trayectorias de activismo territorial participando en los espacios de las CEB (Perozzo y Giordano, 2019).

En la experiencia del EsLaGa encontramos actividades como los fogonazos, activados en la zona desde 1986. Con estos, el EsLaGa genera uno de los principales espacios de encuentro entre los/as jóvenes de los asentamientos. Los fogonazos, como se conocieron entre las juventudes y vecinos de la zona por aquellos años, constituyeron espacios de encuentro alrededor de una fogata, con música, relatos y alimentos compartidos, y funcionaron como un espacio de expresión y pertenencia para los/as jóvenes del asentamiento. Además, proporcionaron un momento de calidez y esparcimiento donde los/as jóvenes relataban sus experiencias cotidianas, las problemáticas familiares y particulares que atravesaban por encontrarse en situaciones de precariedad económica, las dificultades para encontrar empleos y otros horizontes de vida. Este espacio de encuentro juvenil también funcionó como ámbito de mediación para resolver situaciones de violencia surgidas entre los propios jóvenes confrontados en pequeños grupos. Así, alrededor del fuego, y en una dinámica subjetiva de reconocimiento entre pares, las juventudes del territorio dirimieron sus conflictos, construyeron y compartieron nuevos relatos, experiencias y caminos y produjeron subjetividades colectivas territorialmente situadas. Así podemos advertirlo en el siguiente testimonio:

Si bien los fogonazos constituyeron ámbitos de encuentro, contención y socialización entre pares que perduran en la memoria de gran parte de los pobladores de los asentamientos, también destacamos dentro de las principales actividades de la organización juvenil la elaboración y difusión del periódico local Latinoamérica Gaucha, que configuró un espacio cultural de diálogo entre distintos actores sociales y políticos presentes en los asentamientos, y tuvo dentro de sus principales objetivos dar visibilidad a las distintas problemáticas sociales atravesadas en el territorio durante este período.

Cabe señalar, dentro de los alcances más relevantes de esta publicación local, la visibilización de las distintas agrupaciones juveniles adheridas a espacios de militancia partidaria tradicional, entre otros actores territoriales que también cobraron protagonismo en la zona durante el período (Vommaro, 2006). Tal como pudimos rastrear en las publicaciones producidas por el EsLaGa, estas operaron como un canal de comunicación, difusión y visibilización de las actividades convocadas por la militancia juvenil partidaria del peronismo o la del Partido Intransigente, así como la militancia territorial conformada por los integrantes de las CEB, las sociedades de fomento y las organizaciones nucleadas en torno a las comisiones de tierras de los asentamientos de la zona (Perozzo y Giordano, 2019).

Por otra parte, es importante mencionar que, en el marco de la denominada primavera democrática, el activismo liderado desde las juventudes organizadas en el EsLaGa, en articulación con las redes de actores políticos y sociales presentes en el territorio, realizaron esfuerzos conjuntos en torno a la causa por los derechos humanos en línea con las consignas por la verdad y la justicia. La solicitud por el esclarecimiento de la verdad sobre los detenidos-desaparecidos se mantuvo de forma constante en la publicación del EsLaga, a punto tal que produjeron y publicaron, en el primer número de Latinoamérica Gaucha del 1 de mayo de 1986, un listado de desaparecidos durante la dictadura que, de manera específica, incluía a los jóvenes que vivían en los asentamientos de la zona. En este sentido, podemos afirmar que la causa en torno a los derechos humanos, el esclarecimiento de la verdad y el pedido por la justicia componen una demanda política de carácter intergeneracional durante los años ochenta, que aglutinó a las diversas organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos, algunos sectores de las iglesias y las redes socioterritoriales de la zona que tuvieron como protagonistas a las juventudes.

Si bien la visibilización de los distintos entramados político-partidarios tuvo un lugar relevante en estas publicaciones, es importante mencionar algunas temáticas referidas a las problemáticas territoriales. En primera instancia, destacamos las entrevistas realizadas por las/os jóvenes del equipo editorial a referentes de los asentamientos devenidos de las ocupaciones en las cuales no solo logran recuperar los hitos fundantes de las experiencias de apropiación territorial, sino que, a la par, buscan mostrar las acciones de las organizaciones de base sobre los diversos problemas que atravesaban en cuanto a las necesidades materiales y de infraestructura de las familias asentadas. Asimismo, resaltan en estos testimonios el protagonismo de la organización de base como actor que moviliza la causa y lucha por la tierra, el diálogo entre las comisiones internas de los asentamientos y los distintos órganos de gobierno municipal y provincial, así como los llamados de apoyo y solidaridad con sus luchas hacia las sociedades de fomento de la zona.

Un segundo aspecto relevante en las publicaciones del EsLaGa se vincula con los procesos de autogestión y producción social del hábitat (PSH). En esta línea, observamos un fuerte relato sobre la importancia de la organización para la autoconstrucción de las viviendas a partir de secciones con consejos y recomendaciones, algunos de estos con tiras de ilustraciones con dibujos hechos a mano alzada, tendientes a socializar saberes de carácter técnico para la producción de las construcciones, otros con advertencias sobre la necesidad de verificar los tipos de suelo, que mostraban sus diversas clasificaciones. Cabe mencionar que dicha socialización de saberes más técnicos respecto a cómo identificar el tipo de suelo y su capacidad para la construcción de cimientos era señalada en las publicaciones como extracciones de manuales de autoconstrucción, lo que da cuenta de la circulación de información experta sobre procesos de autogestión y autoconstrucción de vivienda en la época.

Por último, consideramos relevante destacar de estas publicaciones los relevamientos de precios de alimentos, mercaderías y materiales para construcción realizados por las/os jóvenes de la redacción. En esta sección denominada “Economía”, se presentaba una tabla con los precios vigentes de los alimentos de la canasta básica, vestimenta y materiales para la construcción a los cuales se les hacía un seguimiento y se pedía en nota al pie el compromiso de actualización para los siguientes números. Entonces, señalamos esta sección como protagónica, no solo porque da cuenta de las principales necesidades de las familias y las experiencias territoriales, sino porque las publicaciones la vinculan a un contexto de crisis económica y profundización del empobrecimiento potenciado por el endeudamiento externo. De este modo, la sección manifiesta una permanente denuncia del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, las herramientas de ajuste económico y sus impactos en la calidad de vida y las condiciones materiales de los integrantes de las comunidades y los barrios en los que esta publicación circulaba.

La experiencia de organización del EsLaGa puede interpretarse como expresión generacional de la formación de sus integrantes en las CEB en la primera mitad de los años ochenta, así como del importante protagonismo territorial del militante Agustín Ramírez, cuyo asesinato junto a Javier Sotelo en 1988 vinculó de manera definitiva la experiencia juvenil en el territorio con el Movimiento de Derechos Humanos (Perozzo y Giordano, 2019). El asesinato de ambos jóvenes ocurrió el 5 de junio de 1988 a manos de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes, previo a la ejecución, los secuestraron y torturaron. Horas antes, Agustín se encontraba buscando materiales para apoyar la ocupación de tierras del asentamiento denominado Tierras de Jerusalén.

La causa por el esclarecimiento y la verdad de las circunstancias en la que fue secuestrado, torturado y asesinado Agustín por parte de fuerzas policiales represivas consiguió su reapertura en 2017 a raíz de la persistente lucha de sus familiares, sus amigos y sus abogados, quienes presentaron el caso como delito de lesa humanidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Perozzo y Giordano, 2019). En este proceso fue clave la documentación provista por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), dentro de la cual se encuentran informes de inteligencia de la época en los que se constatan los modos en los que las fuerzas represivas espiaron y realizaron seguimientos tanto a Agustín como a sus familiares, a sus redes de amistades y a los diversos grupos sociales, juveniles, culturales, eclesiales y políticos de la zona. Esto marca un giro relevante ya que se trata de uno de los primeros casos de persecución, secuestro, tortura y asesinato perpetrado por fuerzas policiales a un militante territorial posterior al retorno de la democracia en el país.

Finalmente, sostenemos que el EslaGa configuró una experiencia tanto de politización juvenil devenida de las trayectorias de participación y de la trama socioterritorial activadas en las CEB como de reconocimiento de nuevas sensibilidades y modos de concebir el lugar público de las juventudes en el territorio. En esta línea, advertimos también un fuerte componente generacional que atraviesa las trayectorias de las juventudes vinculadas con la militancia socioterritorial y, a su vez, con la trama organizativa que persiste durante todos los años ochenta, período en el que son desplegadas prácticas políticas ancladas en las demandas territoriales. Asimismo, advertimos la sedimentación de prácticas políticas territorializadas, tales como las ocupaciones de tierras, como estrategia de apropiación y producción del territorio que perdura hasta la actualidad, tanto en la zona como en otras localidades del Gran Buenos Aires y de la Argentina.

Si bien los procesos de ocupación directa de tierras, los loteos y los proyectos de vivienda por autoconstrucción han sido estrategias producidas por amplios sectores del mundo popular para concretar su derecho a la ciudad en diversos países de América Latina (Zibechi, 2008), advertimos en las experiencias de ocupación de tierras de San Francisco Solano la producción de un modo innovador y disruptivo de acceso a la tierra y la vivienda, que constituyó un hito fundante de esta modalidad en el conurbano bonaerense y en la Argentina. Por ejemplo, los protagonistas de las ocupaciones que se produjeron en La Matanza dos años más tarde refieren a la experiencia de Solano como fundante y pionera (Merklen, 1991). Así, las experiencias de producción espacial de los asentamientos estudiados transformaron el territorio en un espacio social instituyente que involucró la convergencia de múltiples actores sociales –las CEB y los/as jóvenes, entre otros– y habilitó la construcción de formas asociativas sustentadas en prácticas participativas de carácter horizontal, contrahegemónicas y de gobierno alternativo para la producción y afirmación territorial.

En lo que refiere a los modos de participación en las configuraciones territoriales vinculadas tanto a la política como a las subjetividades, en las experiencias estudiadas, observamos el despliegue de modos emergentes de subjetivación colectiva que resultaron en la cristalización de formas político-organizativas que dan cuenta de procesos de politización del territorio y territorialización de la política (Vommaro y Daza, 2017). Así, los procesos de configuración de subjetividades anclados en el territorio dieron lugar a la configuración generacional de dinámicas político-organizativas definidas por la construcción de relaciones sociales, prácticas y saberes para la gestión y resignificación del territorio, afectividades, redes y vínculos intersubjetivos intra e intergeneracionales, en los cuales se destaca el protagonismo de los/as jóvenes en diversos espacios de participación y activismo territorial durante todo el período. En este artículo identificamos la experiencia del EsLaGa como clave para estos procesos de politización juvenil territorialmente configurada.

Por último, la experiencia que estudiamos en este artículo puede ser analizada, entre otras claves interpretativas, desde la perspectiva de un modo de resistencia y oposición a la dictadura –ya debilitada– que se configura territorial y comunitariamente de modo molecular y capilarizado. Esto nos invita a revisitar también los procesos de organización social espacializada y situada en barrios populares articulados tanto a las necesidades de acceso a la tierra y la vivienda como a las dinámicas de politización ligadas a las transformaciones de la Iglesia católica luego de la segunda posguerra. Así, encontramos, en el despliegue de las CEB, experiencias organizativas que dan cuenta de la conformación de redes capilares de sostenimiento de los procesos de inscripción territorial, en las cuales convergen prácticas de religiosidad popular y de asociación comunitaria que potenciaron los procesos de apropiación y defensa del territorio en los procesos de ocupación y en los asentamientos formados.