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Introducción¹

La reestructuración política, económica, social y cultural que impuso el orden neoliberal a partir de los años setenta modificó la forma de crecimiento urbano de las ciudades latinoamericanas (Amín, 2003; Harvey, 2010; Pradilla Cobos, 2010). El suelo urbano se convirtió en una de las mercancías más valoradas y afectó de manera desigual a las poblaciones urbanas (Brenner y Theodore, 2002). La implantación del neoliberalismo dejó expuestas a las poblaciones de manera heterogénea a los efectos del desempleo, a la degradación de los niveles de vida y a la pérdida de recursos, de opciones y de calidades ambientales, al tiempo que concentró en localizaciones específicas riqueza, poder y oportunidades para reducidos grupos poblacionales (Harvey, 2004).

La prohibición de loteamientos sin servicios, el colateral aumento de costo del suelo urbano y la ausencia de políticas estatales de acceso al suelo (Oszlak, 1991), consolidaron a la toma de tierra como una forma estructural de producción de suelo y acceso a la ciudad para los sectores populares (Abramo, 2012; Clichevsky, 2012; Cravino y Vommaro, 2018; Di Virgilio, 2015; Izaguirre y Aristizábal, 1988; Merklen, 1991). Desde una lógica estricta de necesidad (Pírez, 1995), un masivo conjunto de familias excluidas del acceso al suelo o la vivienda, tanto por la vía del mercado como de las políticas públicas, impulsó un acelerado desarrollo de mercados informales de vivienda (Abramo, 2012). A su vez, estos grupos de bajos ingresos llevaron a cabo tomas directas de inmuebles o tierras en intersticios de la ciudad o en zonas no urbanizables, consolidando barrios informales, villas, asentamientos, barriadas, favelas, barrios bajos o cualquier otra tipología de hábitat caracterizada por la precariedad material en la condición de vida.

Además de estas formas de producción social del hábitat (PSH) (Rodríguez et al., 2007), en las ciudades latinoamericanas también tuvo lugar el surgimiento de formas colectivas de reapropiación del suelo urbano orientadas por una lógica de recuperación de un bien común y el impulso de otras formas de vida, centradas en dinámicas comunitarias. En Uruguay, Argentina, Venezuela, Brasil y muchos otros países latinoamericanos emergieron experiencias concretas de producción social autogestionaria del hábitat (HIC-AL/Grupo de trabajo de PSH, 2017; Jeifetz, 2018) mediante la conformación de cooperativas de viviendas que disputaron las dinámicas capitalistas de producción de suelo (Rodríguez, 2009; Zapata, 2017). En el marco de estas experiencias, se construyeron nuevas capacidades para la organización territorial y materialidades orientadas a solucionar de manera colectiva e integral los problemas de sus miembros.

Ahora bien, la expansión de la COVID-19 recrudeció las desigualdades urbanas existentes, profundizando procesos extendidos de mercantilización de los bienes urbanos (Sugranyes et al., 2021). Afectó con crudeza a los sectores más vulnerables, demostrando las pronunciadas desigualdades existentes a escala territorial. Las malas condiciones de habitabilidad, la falta de agua potable y el hacinamiento propio de los barrios populares convirtió a estas tipologías de hábitat en un caldo de cultivo para el esparcimiento del virus. Esta situación de crisis sistémica (que combinó crisis habitacional, sanitaria y socioeconómica) alteró las formas cotidianas de reproducción de vida de las familias y sus estrategias de supervivencia, y obligó a la intervención de los distintos niveles gubernamentales. Mediante una batería de políticas más o menos coordinadas (Zapata et al., 2022), desde los distintos niveles de gobierno se impulsaron intervenciones que cooperaron o confrontaron con las estrategias impulsadas desde las organizaciones de base.

Desde 2019, la Asociación Sin Fronteras para la Discapacidad (ASFAD), ² perteneciente a la CTA-Autónoma con asiento territorial en el Barrio Arroyo Las Piedras I (BALP I), y el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) se articularon para impulsar una experiencia piloto de producción autogestionaria de hábitat orientada a la generación de soluciones habitacionales para las familias habitantes del camino de sirga del arroyo Las Piedras. El punto de partida de esta iniciativa fue la confluencia entre dirigentes de ambas organizaciones sociales, que compartían una trayectoria de militancia en problemáticas habitacionales. Esta reunión tuvo lugar en el Encuentro Federal del Hábitat de 2019 que se organizó en la Universidad Nacional de Lanús (UNLA). Así, comenzó un intercambio de experiencias entre las organizaciones que confluyó en el impulso de una precooperativa³ autogestionaria de hábitat en Quilmes. Con este objetivo, se incorporaron a la alianza la Universidad de Buenos Aires a través del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA), la Universidad Nacional de Quilmes a través del Instituto de Estudios Sobre la Ciencia y la Tecnología (IESCT-UNQ) y la Red de Tecnologías para la Inclusión Social Argentina (RedTISA).

Durante la conformación de este colectivo, fue identificada una vacancia de información respecto a los problemas habitacionales, ambientales y socioeconómicos del territorio. Por esto, la primera actividad fue realizar un relevamiento sistematizado de:

1. los problemas socioambientales y sociohabitacionales presentes en el territorio;

2. las capacidades/saberes existentes en la población del barrio;

3. y el interés por participar en una experiencia de producción autogestionaria.

El andamiaje metodológico de este trabajo colaborativo fue la técnica de la investigación-acción-participativa (IAP) de Fals Borda (Fals Borda, 1985), que permitió articular de manera crítica los aportes de la ciencia y el saber sociosituado para abordar de manera conjunta –investigadores, organizaciones sociales y actores locales– todas las etapas del proceso investigativo y de la intervención social.

Durante esta producción colectiva-colaborativa de conocimiento, se desplegaron múltiples aprendizajes que generaron perfiles líderes entre las participantes de esta tarea. A su vez, a partir del relevamiento, fueron identificadas las personas/familias con interés en participar de una experiencia de producción autogestionaria de hábitat.

No obstante, la conformación de la precooperativa fue interrumpida por el advenimiento de la pandemia. La suspensión de las actividades en curso como producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) impuesto por el Gobierno nacional, el recrudecimiento de las condiciones de vida de las familias que venían gestando este proyecto cooperativo y el impacto social que tuvieron algunas políticas como el Potenciar Trabajo pusieron en tensión la posibilidad de avanzar con la experiencia precooperativa.

En este marco, el artículo tiene por objetivo reconstruir y analizar la trayectoria de una organización social de base ubicada en un barrio popular del conurbano bonaerense (San Francisco Solano, Quilmes) entre 2019 y2022, en términos de: ¿Cómo se vinculó con otras organizaciones sociales, institutos de I+D y políticas públicas? ¿Cómo influyó la pandemia de la COVID-19 en esta trayectoria? ¿Cómo se generaron nuevos conocimientos y capacidades de gestión territorial? ¿Cómo se relacionaron y se construyeron las diferentes agendas de problemas durante esta trayectoria?

Para responder estos interrogantes, se recuperaron los resultados del relevamiento cuantitativo del barrio y se triangularon estos datos con cuatro entrevistas en profundidad a referentes barriales orientadas a caracterizar los desafíos del escenario pandémico. Además, se recurrió al procesamiento de fuentes secundarias, vinculadas a informes de gestión e informes de avances y seguimiento de las políticas implementadas frente a la pandemia y al escenario posterior.

Precisiones teórico-conceptuales

La PSH (Rodríguez et al., 2007) es un recorte dentro del conjunto de modalidades de autoproducción del hábitat ejecutadas históricamente por los sectores populares como consecuencia de la persistente brecha entre las características y alcances de la producción capitalista de vivienda y la demanda social e históricamente generada de vivienda y hábitat. Se trata de prácticas productivas que tienen por prioridad satisfacer las necesidades de habitar de las familias (por sobre una finalidad lucrativa), donde la urbanización o la vivienda son el resultado progresivo de un proceso (que depende de los flujos monetarios de las familias de bajos ingresos) y que tienen en común haber sido concebidas de manera planificada. Son prácticas dirigidas y controladas por sus productores/originadores mediante una modalidad colectiva, cuyos fines trascienden aquellos procesos circunscriptos al nivel de las unidades de tipo individual-familiar.

Dentro de las prácticas de la PSH, la autogestión del hábitat (Rodríguez et al., 2007) remite exclusivamente a formas de producción que se caracterizan por ser colectivas y organizadas por organizaciones sociales (cooperativas, mutuales, movimientos sociales, partidos) que persiguen:

1. Por un lado, procesos de producción de hábitat digno en vinculación con el Estado para la reapropiación de recursos y la transformación de la institucionalidad estatal a partir de su desburocratización.

2. Por otro lado, desde una perspectiva de integralidad, la construcción de poder popular para la transformación social e individual de las subjetividades.

Es decir, la autogestión del hábitat, a diferencia de otras prácticas de la autoproducción (como la autoconstrucción individual) está inscripta en una perspectiva política de transformación de las relaciones sociales. La autogestión fortalece prácticas comunitarias y el ejercicio directo de la democracia, tiene efectos estimuladores en la autoestima de los participantes y favorece la convivencia social (Ortiz Flores, 2002; Rodríguez y Zapata, 2020; Zapata, 2017). Además, mejora la capacidad de gestión y el control social sobre los procesos productivos de hábitat a partir de un fortalecimiento de los circuitos populares de mercado, potenciando las estructuras de la economía social y solidaria, la economía de los participantes y de la comunidad barrial en la que se ubica. Así, pone en marcha procesos innovadores y transformadores, al tiempo que siembra prácticas de recuperación de comunes urbanos (Gutiérrez Aguilar et al., 2016).

Las experiencias sociohistóricamente situadas de PSH pueden ser analizadas como diferentes “tecnologías de organización”,⁴ en tanto formas relativamente estabilizadas de relaciones entre actores sociales y tecnologías, que incluyen:

1. un conjunto de actores sociales articulados en función de un objetivo común;

2. mecanismos orientados a la distribución de la toma de decisiones;

3. una división técnica específica del trabajo;

4. espacios físicos o virtuales donde sus miembros despliegan diferentes prácticas (productivas, administrativas, políticas, entre otras);

5. dinámicas de control sobre dichas prácticas, que premian o sancionan a sus integrantes;

6. mecanismos de financiamiento y administración de recursos;

7. una distribución específica de los beneficios;

8. conocimientos tácitos y codificados;

9. y procesos de aprendizaje múltiples.

De este modo, dentro de las tecnologías de organización se puede incluir cualquier forma estabilizada de producción (en este caso, de soluciones habitacionales): desde una empresa capitalista maximizadora de lucro o una política pública hasta una cooperativa de vivienda o una organización social de base. Las tecnologías de organización pueden diferenciarse entre sí por un conjunto de ejes⁵ que, en sus extremos, pueden presentarse como pares dicotómicos:

1. Organización vertical para la toma de decisiones vs. organización horizontal para la toma de decisiones.

2. Control centralizado vs. democratización de los espacios de control.

3. Producción y acumulación individual vs. producción y acumulación colectiva.

En la práctica, las experiencias de PSH presentan diferentes combinaciones y gradientes de estos pares dicotómicos que responden al carácter procesual de cada caso. De este modo, un proceso puede iniciar de manera colectiva e individualizarse en otro momento de su trayectoria, con decisiones de carácter vertical combinadas con asambleas.

Una de las dimensiones analíticas más utilizadas para abordar las tecnologías de organización es su forma de producir, incorporar, sistematizar y difundir conocimientos. Según Lundvall y Johnson (Johnson y Lundvall, 1994) el “éxito” de los individuos, organizaciones, regiones y países refleja su capacidad de aprender. Los trabajos centrados en el análisis de los procesos de aprendizaje tienden a abordar casos de países o empresas capitalistas. Sin embargo, en los últimos años, la dimensión analítica de los procesos de aprendizaje fue utilizada para abordar otro tipo de tecnologías de organización: la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) (Thomas et al., 2014), la ONG TECHO (Bidinost, 2016), la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular (SELVIHP) (Rodríguez y Zapata, 2022) y procesos (individuales/familiares y colectivos) de autoconstrucción de viviendas e infraestructura urbana (Davenport, 2021).

Ahora bien, ¿cómo analizar los procesos de aprendizaje propios de las tecnologías de organización? En los últimos 60 años, autores del campo de la Economía del Cambio Tecnológico analizaron las diversas formas en que las organizaciones aprenden a partir de diferentes tipos de interacciones (Thomas et al., 2014):

1. Learning by doing (Arrow, 1962): los aprendizajes son el resultante de una interacción entre un actor (con su respectivos conocimientos, información y prácticas) y conocimientos codificados y tácitos relativos a un artefacto, actividad productiva y/o uso social, en relación a nuevas prácticas tecnológicas, institucionales y sociales.

2. Learning by using (Rosenberg, 1982): los aprendizajes son el resultado de la interacción entre actores y artefactos, mediante la cual se configura en un proceso dinámico la capacidad del actor para utilizar, transformar y disponer del artefacto en forma plena.

3. Learning by interacting (Lundvall, 1988): busca dar cuenta de los procesos de aprendizaje resultantes de las interacciones entre los actores sociales (individuales y/o colectivos). El aprendizaje por interacción se produce a partir del intercambio de conocimientos tácitos y codificados de cada actor. A su vez, estos intercambios pueden generar nuevo conocimiento.

De este modo, entender las experiencias de PSH como tecnologías de organización permite superar las limitaciones de las explicaciones centradas en los artefactos (viviendas) para poner el foco en la forma en que los actores toman decisiones, se relacionan entre sí y con otras instituciones, construyen y distribuyen materialidades, aprenden y adquieren nuevas capacidades tanto al nivel de la organización como al de los individuos que la conforman.

La conformación de un colectivo multiactoral orientado a la autogestión del hábitat

El Barrio Arroyo Las Piedras I se asienta sobre el camino de sirga de unos de los arroyos más emblemáticos del conurbano sur: el arroyo Las Piedras, localizado en la zona continental del municipio de Quilmes (provincia de Buenos Aires). Según el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) [LINK], sobre los márgenes de este curso de agua se asientan 25 barrios populares de un total de 70 ubicados en el municipio (el 36 %), los cuales se conforman mayormente por viviendas autoproducidas en condiciones de habitabilidad sumamente precarias.

Tanto el BALP I como la mayoría de los barrios aledaños asentados en los márgenes del arroyo están incluidos en el ReNaBaP (Figura 1). Sin embargo, en el BALP I no se realizaron obras de integración sociourbana hasta la actualidad: el barrio solo es objeto de intervenciones aisladas enmarcadas en programas tales como Mi Pieza y Potenciar Trabajo, entre otros del Ministerio de Desarrollo Social.

Como se dijo anteriormente, la experiencia precooperativa en el BALP I surge a partir de la articulación entre un conjunto heterogéneo de instituciones. A partir de la formación de vínculos entre los diferentes equipos, se produjeron encuentros en los que se programó una agenda de trabajo en conjunto orientada a consolidar una experiencia cooperativa. Aquí se desplegó un primer proceso de aprendizaje, donde se generaron intercambios de conocimientos heterogéneos:

1. Experiencias/trayectorias personales.

2. Conocimiento territorial sobre el BALP I y el Municipio de Quilmes.

3. Conocimientos técnicos sobre procesos burocrático-legales relacionados al cooperativismo.

Durante esta experiencia se definió que era necesario contar con información sobre las características sociodemográficas, socioeconómicas, habitacionales y ambientales del barrio, así como también sobre las capacidades tecnocognitivas de la población y su interés en participar del proyecto cooperativo.

Frente a la vacancia de esta información, se impulsó un relevamiento sobre las condiciones de habitabilidad del barrio. Se avanzó en dos líneas de trabajo paralelas: 1) talleres de formación en cooperativismo, autogestión y ayuda mutua; y 2) diseño e implementación participativa y colaborativa de una encuesta para resolver el vacío de información.

A su vez, se generó un aprendizaje por la propia práctica de organización de la actividad que implicó difusión de la convocatoria, gestión del espacio físico y diseño de un temario y de las actividades prácticas a realizar.

En la segunda línea de trabajo se desplegaron múltiples procesos de aprendizaje en diferentes momentos:

1. Diseño de la encuesta y el relevamiento: la definición del territorio a relevar y la información a recopilar fue resultado de la interacción en mesas de trabajo, recorridas por el territorio, conversaciones informales con habitantes y referentes del barrio. Los aprendizajes generados en esta instancia se materializaron en el rediseño de la encuesta que finalmente se utilizó.

2. Formación de encuestadoras: la ASFAD convocó a habitantes del barrio que, junto con militantes de la Asociación, consolidaron un grupo de encuestadores. El grupo se conformó principalmente por mujeres, las cuales nunca habían realizado encuestas o censos. Por ello, se decidió organizar un ciclo de talleres de formación para el uso del instrumento. Allí, se precisaron los objetivos del relevamiento, se leyó detalladamente la encuesta, se explicó cómo aplicarla (los pases de preguntas), la forma en que se completaba el formulario y las definiciones conceptuales. Luego, se llevó a cabo una actividad práctica (juego de roles) para testear el instrumento. Por un lado, los aprendizajes de esta fase se dan por la interacción entre las y los formadores y las futuras encuestadoras. Por otro lado, se despliegan por la práctica de participar de estos talleres y por el uso de la encuesta en los juegos de roles.

3. Realización del relevamiento: los aprendizajes en esta instancia se dan 1) en el uso de la encuesta; 2) en la interacción entre los participantes del relevamiento y entre las encuestadoras y los habitantes del barrio; y 3) en la propia práctica de llevar a cabo el relevamiento. Los aprendizajes de esta fase se materializaron en la reducción del tiempo necesario para realizar cada encuesta, la reducción de datos perdidos y la mejora en el desenvolvimiento de las encuestadoras durante las jornadas de trabajo.

Las diferentes acciones contenidas dentro del proceso de relevamiento tuvieron como resultado una caracterización de la pobreza estructural y situada del BALP I. De esta manera, se construyó una muestra de 268 viviendas (de un universo de 482), con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de +/- 4.

Breve caracterización de los problemas habitacionales, económicos y ambientales en el BALP I

Los ingresos de la población habitante condicionaban las posibilidades de reproducción de vida, ya que a principios de marzo de 2020 casi la mitad de los hogares vivía con un ingreso -por hogar- equivalente a la mitad de un salario mínimo, vital y móvil de 1 trabajador (establecido en $16.857 en marzo de 2020): el 42,2 % de las viviendas percibía un ingreso mensual total menor a $8.300. Con estos ingresos, gran parte de las familias tenía graves dificultades para poder acceder a la canasta básica total. El 84,7 % estaba por debajo de la línea de pobreza y el 56,7 %, por debajo de la línea de indigencia. A esto se le suma la informalidad de sus puestos de trabajo, ya que el 79,0 % de los jefes/as de hogar trabajadores/as del barrio se encontraban ocupados en la economía informal.

Respecto a la condición de tenencia de las viviendas, la mayoría de las familias no poseía título de propiedad ni boleto de compra-venta, ni ningún otro tipo de certificación que acredite su situación dominial sobre el terreno y/o sobre los inmuebles que ocupaban. La mayoría de estas viviendas (68,9 %) fueron autoproducidas de manera individual y el 73,6 % aún no estaban terminadas (43,7 % se encontraban en obra y 29,9 % no estaban terminadas y no se encontraban en obra).

Por otra parte, el 20,0 % de las familias no accedía a los servicios de agua y luz en sus viviendas (y las que accedían lo hacían de manera informal/precaria). La mayoría no contaba con gas natural por red (88,1 %), internet (72,0 %) ni recolección de residuos (49,6 %). No obstante, a pesar de las precariedades habitacionales descriptas, la zona de inserción de este barrio ofrecía ciertos servicios que facilitaban el desarrollo de la vida cotidiana de las familias encuestadas (transportes, instituciones educativas, centros de salud).

Por último, respecto a las condiciones ambientales del barrio, tanto el arroyo como su entorno presentaban un alto nivel de degradación a causa de:

1. la autorecolección de residuos por parte de las familias, arrojados directamente al arroyo (29,5 %), a basurales cercanos (17,4 %) o la quema directa de basura (16,7 %);

2. el vertido directo de residuos cloacales desde las viviendas al arroyo (41 %);

3. y las recurrentes inundaciones que generaban daños materiales y problemas de circulación barrial que se traducen en pérdidas laborales ( 89,7 % de los encuestados declaró haber sufrido al menos una inundación en su vivienda durante el último año).

La cuantificación de las condiciones sociodemográficas, socioeconómicas, sociohabitacionales y socioambientales existentes en el BALP I da cuenta del perfil que asume la pobreza estructural y situada (Bonfiglio, 2020; Clemente, 2014; Kaztman, 2001; Minujin, 1999) en este territorio del conurbano bonaerense. Las propias características del territorio se configuran como reproductoras de esa pobreza estructural (Apaolaza, 2018). Para sobrevivir a estas condiciones de exclusión social, los y las habitantes han desarrollado diferentes capacidades tecnocognitivas y organizativas que permitieron la construcción de algunas soluciones paliativas.

Potencialidades para la autogestión de hábitat en el BALP I

El BALP I es un territorio autoproducido en su totalidad (desde las estructuras de las viviendas hasta las conexiones a servicios básicos), lo cual materializa las capacidades constructivas de su población. El relevamiento realizado en el barrio también arrojó datos significativos en este sentido.

El 66,8 % (179) de las viviendas poseía al menos un integrante familiar con conocimientos y habilidades en albañilería; el 20,9 % (56), en plomería; el 21,3 % (57), en herrería; el 35,4 % (95), en electricidad; y el 11,2 % (30), en gas. También se verificó la existencia de capacidades tecnocognitivas relevantes para el desarrollo del barrio y la consolidación de submercados propios de una economía social y solidaria: el 23,1 % (62) de las viviendas poseía al menos un integrante familiar con conocimientos y habilidades en recuperación y clasificación de materiales reciclables; el 7,5 % (20), en enfermería; el 15,3 % (41), en producción y comercialización de alimentos; el 11,2 % (30), en producción y comercialización de textiles; el 6,3 % (17), en producción y comercialización de artesanías; y el 16,4 % (44), en mecánica de autos, motos y/o bicicletas.

La autoconstrucción de las viviendas y el acceso a servicios básicos (conexiones a la red eléctrica, pozos ciegos, desagües cloacales de vertido directo al arroyo, conexiones a red de agua) son la referencia material de algunos de los conocimientos mencionados. Sin embargo, a pesar de estas capacidades generadas, la escasez de recursos económicos de esta población restringe la calidad y durabilidad de las soluciones habitacionales generadas.

La identificación de estas capacidades tecnocognitivas encontró correlato con la predisposición de los habitantes para participar de actividades orientadas a mejorar el barrio. En este sentido, los resultados mostraron que el 83,6 % (224) de las personas encuestadas manifestó interés en participar de estas actividades.

Ocurre algo similar en relación a la predisposición a cooperativizarse para desarrollar proyectos productivos y de vivienda que mejoren su calidad de vida. El 87,3 % (234) de las personas encuestadas manifestó tener interés en formar parte de una cooperativa de vivienda; y el 82,5 % (221), en formar parte de una cooperativa de trabajo.

Más allá del interés por participar de experiencias colectivas-cooperativas orientadas al mejoramiento barrial, no se relevaron espacios de organización comunitaria en el territorio (con la única excepción de la ASFAD y algunos merenderos populares). En tal sentido, la falta de espacios de organización comunitaria refuerza la construcción de soluciones individuales, que no logran cambios sustantivos sobre las condiciones de pobreza extrema en las que el barrio está sumergido.

No obstante, los aprendizajes recuperados anteriormente generaron nuevas capacidades de intervención/gestión e impulsaron la construcción de liderazgos dentro de la ASFAD, lo cual se tradujo como un proceso de empoderamiento de actores individuales (principalmente, habitantes y militantes de la organización) y de la ASFAD como un actor colectivo orientado a la gestión de soluciones locales. En este sentido, los aprendizajes fomentaron el interés por organizarse comunitariamente.

Este proceso de aprendizaje-empoderamiento impulsó, por un lado, la conformación de una precooperativa autogestionaria de hábitat (con apoyo del MOI) orientada a generar soluciones habitacionales para los problemas de las familias participantes. Y, por otro lado, la organización de estrategias territoriales para sobrellevar el brote pandémico. Incluso, desempeñaron capacidades de gestión a escala local para la materialización de un hábitat digno, a partir de:

1. la identificación de terrenos municipales que permitieran la edificación cooperativa de las soluciones habitacionales;

2. y la organización de reuniones con funcionarios de la gestión local (que fueron interrumpidas por la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y las políticas del ASPO).

Las condiciones de exclusión social de esta población se vieron recrudecidas en el escenario del ASPO impuesto por el Gobierno nacional como medida preventiva frente a la pandemia de la COVID-19. Esto llevó a que la emergencia sanitaria, socioeconómica y alimentaria desvíe los intereses vinculados al desarrollo del proyecto precooperativo de hábitat hacia la atención de necesidades básicas insatisfechas: la conformación de merenderos/comedores que permitieran brindar alimentación básica a las familias del barrio y la administración del programa Potenciar Trabajo para la generación de trabajo remunerado en el territorio.

COVID-19 y Potenciar Trabajo: marchas y contramarchas del proceso precooperativo autogestionario

El 20 de marzo de 2020 el Gobierno nacional argentino dispuso como medida general el ASPO y un conjunto de medidas complementarias para su sostenimiento. El ASPO diferenció entre los espacios de la ciudad formal, en los que la población debió permanecer dentro de sus hogares y salir únicamente por motivos esenciales, y los barrios populares, en los que las personas debieron permanecer dentro de los límites del barrio y salir solamente por cuestiones esenciales.

Esta medida de aislamiento fue efectiva a nivel sanitario. Pero en términos económicos afectó los circuitos de producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios. Ante este escenario, el Gobierno nacional ejecutó un paquete de medidas para atender las necesidades de los más afectados (D’Alessandro et al., 2020). Específicamente en el BALP I, se ejecutaron un conjunto de políticas públicas que tuvieron una fuerte articulación con organizaciones sociales de base para su implementación.

Este artículo hace foco específicamente en las políticas que fueron el eje de acción de la ASFAD y las que tuvieron algún impacto en términos de ser habilitantes o inhibidoras de procesos de autogestión. En este sentido, se identificó que a partir de la implementación del ASPO, 1) se multiplicaron los comedores y merenderos en el barrio (producto de un aumento de las personas que requerían de estos para su alimentación básica) con relativo apoyo estatal y 2) se implementó el programa Potenciar Trabajo, del que la ASFAD fue su unidad ejecutora local.

La política de aprovisionamiento de alimentos a comedores comunitarios y merenderos en el BALP I tuvo un fuerte impacto. Algunos de estos comedores / merenderos apoyados por la ASFAD ya habían recibido asistencia de la organización antes de la pandemia, otros fueron contactados a partir del relevamiento realizado por este equipo de investigación y otros se vincularon con la organización durante la pandemia.

La asistencia se concretó en 5 comedores y merenderos de la zona de influencia de la organización: Corazón de León, Por la Sonrisa del Niño, Sueños Cumplidos, Merendero Rincón de Luz, Merendero Ojitos Dulces. Desde mayo de 2020, producto de la alta demanda, la organización también impulsó la creación de otros 8 comedores y merenderos ubicados en distintos puntos de Quilmes y de Florencio Varela: Merendero ASFAD 1, Merendero ASFAD 2, Sin Fronteras 1, Sin Fronteras 2 B° Saionara, Sin Fronteras 3 B° Los Pinos, Merendero Los Peques de ASFAD, La Florida ASFAD, y Los Cariocas Sin Fronteras (Figura 2).

En estos establecimientos la ASFAD se ocupó del abastecimiento de alimentos no perecederos (arroz, fideos, polenta, harina, aceite, etc.), los cuales, según las entrevistas realizadas, fueron obtenidos por cuatro vías:

1. mediante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires;

2. por financiamiento de la propia organización;

3. mediante la Secretaría de Desarrollo Social y Niñez del municipio de Quilmes, que entregó alimentos no perecederos en jornadas específicas para población de bajos ingresos;

4. y mediante mercadería cedida por CTA-A Solano.

La asistencia de la ASFAD no se redujo solo a la entrega de alimentos, también proporcionó garrafas a ciertos comedores y merenderos a fin de posibilitar el uso de cocinas a gas, y se encargó de gestionar las tarjetas magnéticas recargables del Programa de Fortalecimiento a la Red de Espacios Comunitarios de provincia de Buenos Aires. Estas tarjetas, tramitadas a nombre de los referentes de los comedores y merenderos, recibían un monto mensual para la compra de alimentos y utensilios de cocina. Como solo se consiguió este beneficio para aproximadamente la mitad de los establecimientos, las tarjetas fueron utilizadas de manera compartida por todos los comedores y merenderos que la ASFAD asistía.

Estas prácticas de asistencia generaron un conjunto de aprendizajes: por la interacción con las instituciones que proveyeron alimentos y con los merenderos/comedores, por la práctica de distribución de alimentos e insumos (que incluyeron logística y comunicación) y por el uso de las tarjetas magnéticas recargables. Estos aprendizajes se materializaron en la asistencia alimentaria para grupos familiares del BALP I y en nuevas relaciones colaborativas con múltiples referentes de comedores y merenderos. La eficacia de esta asistencia territorial generó un aumento de la participación de los habitantes del barrio en la ASFAD.

Sin embargo, más allá del impacto que esta intervención tuvo en el barrio, la asistencia a comedores y merenderos corrió el eje de las actividades de la ASFAD hacia la emergencia alimentaria, poniendo un freno al desarrollo de la experiencia precooperativa. Aquel grupo de mujeres que había impulsado el colectivo precooperativo se vio absorbido por las tareas propias del abastecimiento de alimentos en el barrio y la gestión de los comedores.

Esto se agravó aún más con la implementación del programa Potenciar Trabajo en el barrio, una política pública a cargo de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social que, en 2020, buscaba vincular los planes sociales con la generación de empleo y capacitación laboral. Además de recibir un monto mensual, las y los titulares se capacitaban y/o formaban parte de proyectos socioproductivos, que se enmarcaban en cuatro sectores de intervención territorial: construcción y mejoramiento de espacios públicos, espacios comunitarios y viviendas vulnerables, actividades de saneamiento ambiental y promoción de la salud.⁶

El programa se desarrolló articulando dos líneas distintas: por un lado, el Salario Social Complementario, que es una prestación individual para cada titular, equivalente al 50 % del Salario Mínimo Vital y Móvil; y, por otro lado, la llevada adelante por las unidades ejecutoras (organizaciones no gubernamentales o gubernamentales, que reciben un subsidio para la implementación de los proyectos, en los cuales se insertan los titulares, como requisito para la permanencia en el programa). En esta última modalidad se desarrolla la experiencia del convenio firmado por la ASFAD, que fue acreedora de un subsidio de 40 millones de pesos, transferidos en dos desembolsos, conforme a un plan de actividades a 12 meses centrado en acciones de mejoramiento habitacional y de edificios comunitarios.

A partir del conocimiento territorial de la ASFAD y de la identificación concreta de familias en situaciones de alta vulnerabilidad durante el relevamiento, las actividades de la organización, en el marco del Potenciar Trabajo, se concentraron principalmente en el mejoramiento de viviendas, que incluyó tareas de albañilería, núcleos húmedos, instalaciones eléctricas, cubiertas, rampas de accesibilidad, terminaciones y revestimientos. También se ejecutaron mejoramientos y obras menores en espacios públicos (plazas y plazoletas) del barrio y en edificios públicos/comunitarios tales como sociedades de fomento, escuelas y clubes de barrio, donde se impulsaron obras de baños, duchas, vestuarios y trabajos de pintura.

Además, a partir de la grave problemática en materia ambiental y de salud identificada, se decidió abordar estos aspectos en el Potenciar Trabajo. En cuanto a la gestión de residuos, se realizaron algunas campañas de concientización comunitaria orientadas a fomentar el reciclado y la eliminación de microbasurales. Y en relación a la cuestión sanitaria, se impulsaron campañas de preinscripción para la vacunación contra la COVID-19, la promoción de la prevención y la divulgación de enfermedades de virus estacionales, y se promovieron cuidados para evitar la proliferación del dengue, zika y chikunguña. Los equipos de salud que se conformaron, además, realizaron labores de prevención de violencia de género, brindando a las mujeres de las comunidades contención e información.

Ahora bien, el tránsito por la experiencia del Potenciar Trabajo dejó una diversidad de capacidades y obstáculos para la organización: algunos de tipo coyuntural (altos niveles de ausentismo laboral por contagios) y otros más de tipo estructural, vinculados al formato del programa, (estructuras y prácticas burocráticas que entran en contradicción con dinámicas propias de la economía social y solidaria local, costos extras a cargo de la organización para que las obras realizadas tengan un buen desempeño), que generaron desafíos organizativos para la ASFAD.

La puesta en marcha de las tareas que generó el Potenciar Trabajo y las estrategias desarrolladas para sortear estos obstáculos implicó el fortalecimiento de las capacidades de gestión y administración de los recursos. Aprendieron y ejercieron tareas de planificación, vinculación con organismos públicos, compra de materiales, ejecución de obras y seguimiento de las acciones.

Además, el Potenciar Trabajo permitió la conformación de varias cuadrillas de trabajadoras/es, entre quienes se logró la consolidación de un grupo base conformado por: 1) compañeras/os que inicialmente participaron como encuestadores del relevamiento y luego también se incorporaron como equipos ejecutores en obra, ambiente y salud en el marco del programa; y 2) compañeras/os nuevas/os que se sumaron a partir de la convocatoria realizada para la conformación de equipos de trabajo. Este grupo de entre 15/20 compañeras/os mostró inicialmente predisposición y compromiso para el trabajo colectivo.

Sin embargo, con el transcurrir de los meses, el tiempo que implicó el desarrollo del trabajo ejercido en el marco del Potenciar Trabajo, sumado a los tiempos de las actividades de la ASFAD y a las tareas de cuidado y del hogar (recordemos que se trata de un grupo mayormente femenino) desplazaron la emergencia del acceso a la vivienda de la agenda de problemas. De este modo, cada vez fue más dificultoso organizar reuniones orientadas a reencausar el proceso precooperativo, debido a que la emergencia habitacional pasó a un segundo plano, frente a la emergencia alimentaria y socioeconómica.

Reflexiones finales

A lo largo de este trabajo, fue reconstruida la trayectoria de una organización social de base del conurbano sur. En esta trayectoria se diferencian dos momentos distinguibles analíticamente: 1) el proyecto precooperativo y 2) la gestión de la emergencia en la pandemia.

En el primer momento, la experiencia del relevamiento generó un conjunto de aprendizajes (por la interacción, por la práctica y por el uso) y de nuevas capacidades, producto de la vinculación entre la organización de base y el resto de las instituciones. Además, aumentó la cantidad de participantes del barrio en las actividades de la ASFAD debido a:

1. los talleres desarrollados por la ASFAD, que incluían a los habitantes del barrio;

2. la participación de otras organizaciones en estas actividades (institutos de universidades públicas y el MOI), que aportaron sus conocimientos específicos en la temática de hábitat y vivienda;

3. el trabajo “puerta a puerta” desarrollado durante las actividades de relevamiento, que dinamizó diálogos informales y semiestructurados (a partir de la encuesta) entre habitantes del barrio y militantes de la ASFAD;

4. el mejoramiento de los vínculos entre la ASFAD y los merenderos/comedores de la zona;

5. el interés de los habitantes en las problemáticas que se buscaba atender (generación de soluciones habitacionales y ambientales para el territorio);

6. el interés en participar de la incipiente precooperativa autogestionaria de hábitat;

7. y la difusión local de los resultados del relevamiento a través de la entrega de trípticos “puerta a puerta” y la organización de reuniones en la ASFAD.

A su vez, el relevamiento viabilizó reuniones del equipo de trabajo con funcionarias municipales de las áreas de hábitat y obras públicas. En estas reuniones se presentaron los resultados del relevamiento y los principales problemas relevados en el territorio. También se avanzó en la programación de nuevas reuniones orientadas a consolidar la precooperativa de vivienda como estrategia orientada a la construcción de soluciones habitacionales, en vínculo con la Municipalidad. Sin embargo, con la irrupción de la pandemia de la COVID-19, el posterior ASPO y la emergencia alimentaria estas acciones fueron postergadas.

En sintonía con algunos de los planteos de Manzano y Moreno (Manzano y Moreno, 2011), la realización del relevamiento en este territorio permitió 1) identificar la magnitud de los problemas existentes en el barrio para reconstruirlos como demandas; 2) adoptar metodologías propias de institutos de I+D para organizar y jerarquizar los problemas relevados con el objetivo de formalizar estas demandas; 3) activar vínculos cotidianos entre referentes y habitantes para construir una agenda de trabajo común; y 4) construir instancias de negociación con unidades de gobierno municipales y otros organismos públicos.

El ASPO implicó un agravamiento de las condiciones socioeconómicas de la población en general y de los barrios populares en particular. Este agravamiento aumentó la importancia relativa de la emergencia alimentaria, lo cual llevó a un corrimiento de la agenda de las organizaciones sociales de base, que respondieron al problema de falta de acceso a la alimentación básica. Las organizaciones sociales de base se encargaron de la gestión local de las políticas públicas de asistencia alimentaria a través de la creación y el mantenimiento de merenderos y comedores. En este sentido, la ASFAD creó nuevos comedores y merenderos y asistió a otros establecimientos de este tipo ya existentes. En el marco de esta asistencia, se generaron múltiples procesos de aprendizaje que también aumentaron la capacidad de gestión de la ASFAD.

Las capacidades generadas durante este proceso permitieron a la ASFAD constituirse como unidad ejecutora local del programa nacional Potenciar Trabajo. El programa fue una oportunidad para la organización de base en términos de:

1. organizar trabajo territorial y generar algún nivel de soluciones materiales a los problemas del barrio;

2. ampliar la cantidad de participantes locales en sus actividades a partir de la modalidad de trabajo remunerado;

3. estabilizar su equipo de trabajo, fortalecer los perfiles líderes dentro de la organización y establecer una división técnica del trabajo a partir de estos nuevos liderazgos;

4. y mejorar sus vínculos con instituciones públicas (principalmente, con la Municipalidad de Quilmes).

El conjunto de acciones contenidas en la ejecución del Potenciar Trabajo y en la asistencia a merenderos/comedores logró disminuir los efectos negativos de la pandemia en el territorio. También mejoró las capacidades organizativas y de gestión de la ASFAD a partir de dinamizar un conjunto de procesos de aprendizaje. Sin embargo, estas actividades y la emergencia alimentaria y socioeconómica generaron una pérdida de importancia relativa respecto al armado de una cooperativa orientada a la construcción de soluciones habitacionales autogestionarias.

En particular, el Potenciar Trabajo se constituyó en el centro de gravedad de la ASFAD, en torno al cual se movilizaron todos sus recursos (humanos, económicos, tecnocognitivos). En esta nueva configuración de la ASFAD, los vínculos con el MOI y los institutos de las universidades públicas se debilitaron debido a una incompatibilidad de agendas. Es posible desagregar esta incompatibilidad en diferentes niveles:

1. Soluciones-objetivo de las agendas: mientras que el proyecto precooperativo estaba orientado a la construcción de soluciones autogestionarias e integrales de hábitat, las acciones de la ASFAD, en el marco del Potenciar Trabajo, se orientaron a la construcción de soluciones paliativas a la emergencia socioeconómica, alimentaria y habitacional.

2. Estructura de las tecnologías de organización: durante la experiencia precooperativa, la toma de decisiones se llevó a cabo de manera horizontal y participativa en mesas de trabajo semanales. En tal sentido, las actividades de este colectivo (talleres y relevamiento) eran formas democráticas de identificar comunitariamente los problemas a resolver. Por otro lado, el Potenciar Trabajo le impuso a la ASFAD una estructura organizacional predefinida, con una división técnica del trabajo específica y un conjunto de roles jerárquicos que centralizaban el control y la toma de decisiones.

3. Horizonte temporal para la construcción de soluciones: la precooperativa autogestionaria definía el horizonte temporal a partir de los problemas de los usuarios-cooperativistas. El horizonte temporal de la gestión de la ASFAD como unidad ejecutora del Potenciar Trabajo estaba definido por la política pública (en particular, por los desembolsos financieros y las certificaciones de avance).

4. Distribución de beneficios: el proyecto precooperativo estaba orientado a la producción autogestionaria de soluciones por ayuda mutua y a la apropiación colectiva de los beneficios producidos. El Potenciar Trabajo estaba estructurado de forma jerárquica, y asignaba remuneraciones diferenciales según el rol ejercido. Respecto a las soluciones habitacionales, estaban orientadas a beneficiarios individuales específicos.

Por lo dicho hasta aquí, es posible afirmar que el proyecto precooperativo y el Potenciar Trabajo fueron dos tecnologías de organización incompatibles. El Potenciar Trabajo resolvió problemas coyunturales urgentes: generó trabajo remunerado, impulsó la construcción de refacciones en viviendas del barrio, dinamizó un conjunto de procesos de aprendizaje y, en definitiva, viabilizó el ASPO. Sin embargo, suboptimizó las capacidades territoriales preexistentes de la ASFAD, erosionó los vínculos con otras instituciones (que implicaron años de trabajo para construirse) e inhibió la construcción de soluciones integrales/sistémicas.

Teniendo en cuenta las condiciones de vida en estos territorios (bajos ingresos, informalidad laboral, condiciones habitacionales precarias, falta de acceso a servicios básicos, problemas de contaminación ambiental), las políticas públicas que responden a situaciones de emergencia resultan ineludibles. Pero para optimizar su funcionamiento, resulta pertinente diseñarlas e implementarlas recuperando las capacidades tecnocognitivas y el trabajo territorial que desarrollan las organizaciones de base. De esta manera, es posible combinar la gestión de la emergencia con la construcción de soluciones estructurales.

Referencias bibliográficas

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Quid16. Revista del Área de Estudios Urbanos. ISSN: 2250-4060.

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