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Introducción

Definida como el vínculo del individuo con una comunidad política territorialmente delimitada, la noción de ciudadanía tuvo sus inicios en la Grecia clásica como categoría que adscribía al hombre según su participación en la administración y en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Consolidada como el sujeto político por excelencia de las sociedades occidentales, con el desarrollo del capitalismo, la ciudadanía –en tanto status de igualdad humana básica– ha intentado tensionar la estructura de desigualdades propia del sistema de clases sociales (Marshall, 1964).

Sin embargo, las transformaciones sociales y económicas encauzadas hacia la precarización de distintas dimensiones de la vida (como el trabajo y la vivienda), ocurridas a partir de la disolución del estado de bienestar, nos advierten sobre obstáculos concretos en cuanto al acceso a derechos para grandes grupos de la población en todo el mundo. En este sentido, Villavicencio (2007) ha propuesto reflexionar acerca de la condición de millones de personas en situación de pobreza extrema en América Latina que se encuentran excluidas del reparto social y político. La territorialización de estas poblaciones en las periferias de las grandes ciudades (o, en su defecto, localizadas en su centralidad con altos niveles de hacinamiento y riesgo sanitario y ambiental) se ha vuelto un locus para pensar, desde el ámbito académico, en los procesos contemporáneos de inclusión/exclusión.

Este trabajo se propone compartir un conjunto de reflexiones sustentadas sobre un estudio empírico que aborda los procesos de ciudadanización (Garibotti et al., 2017) atravesados por los habitantes de un asentamiento¹ precario localizado en un predio ferroviario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) (ver Figura 1). La Carbonilla es un barrio producido por autoconstrucción a partir de la ocupación –iniciada a finales de la década del noventa y continuada de forma diferida a lo largo de las dos décadas siguientes– de un grupo de cartoneros que llegaban en el tren blanco² desde el conurbano bonaerense a recolectar metales, cartón y objetos en desuso.

La Carbonilla actualmente está habitada por alrededor de 600 familias (RENABAP, [Link]) y posee construcciones de hasta cinco y seis pisos de altura. Originalmente, constituía un espacio utilizado por el grupo de familias cartoneras con fines más que nada logísticos: el objetivo era acaparar materiales para vender la cantidad suficiente como para retornar a sus casas con dinero para la compra de alimentos. La consolidación de vínculos con las instituciones de la zona (principalmente centros educativos y de salud), que implicaba períodos más largos de permanencia en el sitio, conllevó a la construcción de algunas casillas para pernoctar. Años más tarde, nuevos habitantes fueron llegando al barrio por medio de una lógica mercantil (Abramo, 2003) y comenzaron a construir viviendas de material tradicional. De esta manera, el conjunto de familias que habitaba el predio ferroviario comenzó colectivamente a producir ciudad.

En este trabajo aducimos que el proceso de construcción del barrio implicó un conjunto de transformaciones físico-territoriales de producción de hábitat y ciudad que supuso la consolidación de vínculos de cohabitación, vecindad y solidaridad, a la vez que procesos jurídico-políticos de transformación de sus habitantes en ciudadanos de CABA. Este recorrido conllevó para los sujetos diversas instancias de participación en la toma de decisiones sobre problemas comunes, jornadas de trabajo colectivo de construcción de infraestructura y múltiples formas de gestionar derechos ante las agencias gubernamentales y las empresas de servicios.

Por ello, abordaremos aquí, desde un enfoque etnográfico, la forma en que se expresaron, en diversos momentos, la constitución de un orden colectivo local, la producción de una red de normas, derechos y obligaciones, y la construcción de sentimientos de pertenencia común, elementos que, analizados en conjunto, denominaremos “proceso de ciudadanización”. Sostenemos que en el análisis in situ de la escala micro-local de la vivienda y el barrio se pueden estudiar la emergencia y el funcionamiento de lógicas, estrategias y conflictos que constituyen la producción de normas orientadas al mantenimiento del orden socioespacial, así como también la construcción de relaciones de conciudadanía, lazos de solidaridad y concepciones del bien común.

Las reflexiones que se presentan aquí se sustentan en una investigación empírica con eje en un trabajo de campo etnográfico que viene realizando quien suscribe desde 2016. Este está basado en técnicas de observación participante en instancias de interacción cotidianas y eventos extraordinarios, entrevistas semiestructuradas a habitantes y militantes del barrio, y a trabajadores estatales que participaron en intervenciones territoriales allí, así como también en el relevamiento de fuentes secundarias (presentaciones y expedientes judiciales, censos, documentos producidos en el marco de intervenciones de organismos estatales, resoluciones y proyectos de ley).

Enmarcado en los debates contemporáneos sobre ciudadanía y exclusión, este trabajo se propone dar cuenta no solo de las distintas dimensiones de estos procesos de ciudadanización, sino también de la complejidad en la forma en que estos procesos fueron subjetivados de manera diferencial en las trayectorias biográficas de distintos grupos de habitantes del barrio.

Acerca de los procesos de inclusión-exclusión

Para Aristóteles, el rasgo distintivo de un ciudadano se hallaba en el ejercicio de la función pública. Esto es, a partir de sus funciones de juez y magistrado o de su participación en la asamblea. Desde esta perspectiva, el ciudadano, un sujeto político sustancialmente colectivo y moral (Lazar, 2013), era el individuo que participaba en las decisiones sobre los problemas comunes en tanto tenía voz deliberante en el tribunal.

Desde otro ángulo, las tradiciones liberales promulgadas por autores como Rousseau, Locke o Stuart Mill enfocaron mayormente su análisis en el arco de deberes individuales para cada miembro de la sociedad, en tanto el orden social sería producto de la aceptación tácita de vivir bajo el consenso de la mayoría.

Por su parte, Marshall (1964) ha reseñado de manera lúcida los vínculos históricos, desde fines de la Edad Media hasta el transcurso del siglo XX, entre la institución de la ciudadanía, entendida como status de igualdad humana básica basada en la lealtad a una civilización percibida como común, y el sistema de clases sociales, como estructura de desigualdad social.

Sin embargo, la existencia de grandes masas de población en el mundo excluidas del reparto social y político, que se encuentran cotidianamente en la lucha por la supervivencia,³ ha venido expresando los límites de los sistemas jurídicos para articular el derecho con el resto de los órdenes de la vida de los individuos y los colectivos, lo que se manifiesta en el desfasaje entre la esfera formal de estos derechos y las condiciones para su ejercicio (Villavicencio, 2007). En esta dirección, Holston y Appadurai (1999) han demostrado que la dimensión formal de la ciudadanía, que constituye la membresía exclusiva al Estado nacional, no es una condición necesaria ni suficiente para su acceso y su ejercicio sustantivo.

Podemos aducir que la ciudadanía configura tanto un mecanismo para demandar la membresía a una comunidad como también un medio para la exclusión de otros, estableciendo un contraste con el modelo de ciudadano normativo (Lazar, 2013). Por esto, Lazar afirma que los considerados “no ciudadanos” constituyen el meollo de quienes se perciben como los “otros” del Estado y conforman el objeto de estudio de la Antropología. De esta manera, podemos comprender a la ciudadanía no exclusivamente como una relación formal que establece derechos y obligaciones, sino más bien como una práctica y un proceso disputado en permanente construcción (Lazar, 2013).

La puesta en agenda, durante las últimas décadas, de demandas de los movimientos sociales protagonizadas por diferentes actores (movimientos feministas, indígenas y campesinos, afrodescendientes, desocupados, entre otros) impulsaron a las ciencias sociales a poner en jaque el postulado de la universalidad de la ciudadanía. Es así que desde la Antropología se han venido a complejizar las nociones abstractas, formales y estatutarias que contemplan al ciudadano como un individuo aislado, y se plantea la necesidad de abordar empíricamente los estudios en este subcampo. En palabras de Neveu (2016), debemos indagar en la “diversidad de fábricas de ciudadanía” en contextos de acción localizados por medio de los cuales los/as ciudadanos/as se constituyen tanto en prácticas corrientes como extraordinarias. Y es de este conjunto de teorizaciones que se despliega el análisis que propone este escrito: un estudio empírico sobre el proceso de disputa por un derecho de ciudadanía social, como es el derecho a la vivienda y a la infraestructura urbana, que atravesaron los habitantes de un asentamiento precario.

En este punto, asumimos dos cuestiones como supuestos de anticipación. En primer lugar, que estos procesos de ciudadanización implicaron tanto la lucha por el reconocimiento formal frente a los organismos del Estado como la construcción de una pertenencia común y de proyectos a largo plazo. En segundo lugar, que este recorrido, lejos de ser un proceso lineal y homogéneo, fue subjetivado de manera diferencial entre distintos grupos de habitantes.

Nos remitimos, entonces, a la distinción que hace Neveu (2005) entre ciudadanía vertical y ciudadanía horizontal. Mientras que la primera refiere al clásico estatus individual basado en la relación entre el individuo y un Estado que se constituye en el garante de derechos, la segunda remite a las relaciones de cooperación y conflicto que se tejen entre conciudadanos en el marco de procesos de lucha por el acceso a derechos. En este punto, la noción de ciudadanía continúa presentándose como una clave analítica para el abordaje de las luchas por el derecho al hábitat que despliegan los habitantes de los asentamientos precarios.

Retomando las preocupaciones por la cuestión social gestadas durante el siglo XIX europeo al calor de la industrialización y la vertiginosa transición hacia la vida urbana, hoy las ciudades reemergen como escenario y sustancia de las luchas por los derechos de ciudadanía (Holston, 2008). Aquí, el análisis de la vida cotidiana en los asentamientos precarios nos convoca a los estudios sobre procesos de inclusión y exclusión.

Debates (de ayer y hoy) sobre ciudadanía y precariedad habitacional

El acelerado crecimiento poblacional, producto de las migraciones del campo a la ciudad, de los centros urbanos en América Latina durante mediados del siglo XX tuvo como consecuencia la producción de barrios informales sobre las tierras vacantes ajenos a la planificación estatal. En este contexto, los debates en torno a la noción de marginalidad urbana arribaron al campo académico y político, problematizando la forma en que los sectores populares habitaban la ciudad y se integraban en el reparto económico desde distintas dimensiones.

La noción de marginalidad era definida en ese entonces como una etapa transitoria del capitalismo. Desde su dimensión económica, se comprendía como marginales a los sectores trabajadores no inscriptos en organismos públicos o privados, quienes por dicha condición tendrían un rol limitado como consumidores (Lomnitz, 1975). Posteriormente, diversas críticas hacia este concepto demostraron que estos grupos no componían, en rigor, un conjunto apartado del resto de la estructura social.

Silvia Sigal (1981) se dispuso a reconsiderar el concepto a partir de la noción de “distancia institucional”. Esto es, la discrepancia que existe entre los trabajadores asalariados formales y los trabajadores informales. De acuerdo con la autora, la marginalidad, entendida como problema social, debería advertir la coexistencia de un corpus de derechos institucionalizados, que engloba al conjunto de la sociedad, con la ausencia de políticas concretas para garantizarlos.

Recientemente un conjunto de pensadores del ámbito de las humanidades, las ciencias sociales y la filosofía, influidos por las corrientes decoloniales, problematizaron –nuevamente– la forma en que los sectores más pobres de la sociedad se integran al reparto económico y político (Villavicencio, 2007) y las modalidades en que las agencias gubernamentales abordan y gestionan la vida cotidiana de estas poblaciones (Chatterjee, 2008). En este contexto, se reelaboraron algunos conceptos medulares de las ciencias políticas. Así, Chatterjee (2008) cuestionó el consenso sobre la idea de que todos los seres humanos son portadores de derechos. El autor visibilizó la forma en la que múltiples grupos de la población (por ejemplo, campesinos sin tierra o personas sin techo), que movilizan recursos y estrategias y solicitan beneficios de programas gubernamentales, no lo hacen desde un paradigma igualitario de derechos derivado de la noción de ciudadanía o de sociedad civil.

Por su parte, basándose en el ya célebre postulado del “derecho a tener derechos” (Arendt, 1994), Villavicencio (2007) colocó en el centro de este debate el ejercicio político y el restablecimiento de las relaciones en la esfera pública que no se limiten a la tarea de gestionar las poblaciones y que transformen los procesos de exclusión en inclusión. También formulada a partir de dicho postulado y retomando, a su vez, la noción de nuda vida de Agamben (1995), la metáfora de “ciudadanía desnuda”, acuñada por Appadurai (2013) para referirse a la condición experimentada por los grupos de pobres urbanos, viene a restituir la cuestión de los Derechos Humanos como planteo medular de los vínculos entre ciudadanía, vivienda y dignidad.

Ahora bien, dentro del campo de los debates sobre ciudadanía, exclusión y hábitat precario, otros autores han colocado su atención en la agencia desplegada por los habitantes de los asentamientos precarios para producir, transformar y disputar su derecho a permanecer en la centralidad urbana. Tomando distancia de los planteos de Chatterjee (2008), Holston (2008) expuso cómo las demandas de derechos a la propiedad, a la infraestructura urbana y a la justicia, que se ponen en práctica desde los ámbitos domésticos y cotidianos en las periferias urbanas de Brasil, tensionan los procesos de segregación de las ciudades y formulan nuevos espacios y marcos legales de participación, por medio de la comprensión de las necesidades en términos de derechos. También desde el campo de la sociología urbana, Donzelot (2012) entendió que es el espacio urbano el locus desde el cual se organizan las divisiones, las oposiciones y los conflictos sociales más significativos.

Así, antropólogos latinoamericanos como L. Moreno (2020) y M. Pérez (2019) analizaron las modalidades en que los sujetos legitiman sus luchas por el derecho a la ciudad y por mejores condiciones de vida, poniendo como fundamento el trabajo dispensado y representándose a sí mismos como productores de ciudad. Este punto nos convoca a centrar el análisis en los procesos de producción de vivienda (y ciudad) por autoconstrucción que se desarrollan de manera cotidiana en los asentamientos precarios. En tanto en estos contextos el Estado no interviene originalmente –de la forma en que lo hace en el contexto de la ciudad planificada– como ordenador del territorio, la organización del espacio en los asentamientos precarios implica la participación activa de sus habitantes para su cuidado y sostenimiento.

Giglia y Duhau (2008) han definido al urbanismo popular como la “ciudad del espacio negociado”. Esto es, un espacio urbano que se construye a partir de un proceso de poblamiento periférico, organizado y provisto de significación –cuyo origen es definido por sus propios habitantes como algo inhóspito e inhabitable– a partir del trabajo colectivo mediante la producción de un orden socioespacial específico.

En esta dirección, este trabajo se propone redimensionar la participación de los habitantes del barrio La Carbonilla en la producción de ciudad y en la creación de acuerdos por medio de prácticas orientadas a la domesticación de un espacio intersticial de la ciudad y de la conformación de una comunidad de pertenencia. Para esto, se estudiarán tres dimensiones de la historia de la construcción del barrio. En primer lugar, se analizará el surgimiento de los procesos comunalizadores (Canelo, 2011) que contribuyeron al desarrollo de una comunidad de pertenencia y promovieron el sostenimiento de un orden socioespacial. En segundo lugar, se reconstruirá la emergencia de algunos elementos formales que dieron cuenta de un proceso de institucionalización del barrio frente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En tercer y último lugar, se examinarán las modalidades heterogéneas en las que distintos grupos del barrio experimentaron estos procesos de ciudadanización.

Tres dimensiones de los procesos de ciudadanización en La Carbonilla

La construcción de un orden socioespacial

Los primeros grupos de habitantes del Barrio La Carbonilla, reconocidos por los vecinos bajo el apelativo de “las históricas”, eran familias cartoneras que, a finales de la década del noventa, llegaban desde el conurbano bonaerense a recolectar cartón, metales y objetos en desuso. Se asentaron distintos grupos en el predio de la estación de tren en tanto en sus inmediaciones se hallaban galpones de compra-venta mayorista de dichos materiales. Fueron generando arraigo en el barrio y comenzaron a pernoctar, con el objetivo de ahorrar tiempo y dinero en traslado y poder vender un monto de materiales que les permitiera volver a sus barrios con dinero suficiente para comprar alimentos.

De esta forma, empezaron a construir una casilla a modo de refugio con los materiales con los que contaban. Así, se nuclearon en grupos a partir de relaciones de parentesco y vínculos de cooperación. Como se puede advertir en el siguiente testimonio, en los relatos de sus protagonistas se revela como un momento mítico que remite a la conformación de un colectivo:

Mirá, nosotros llegamos acá en el año 2000, cuando fue la bataola esa de… De la Rua⁴… Bueno, en esa época nosotros veníamos a buscar comida, cosas de la calle para vender y… y ahí nosotros nos empezamos a quedar en el puente con Moni, que estaba con su hermana, los sábados y… los viernes a la noche y… me empecé a quedar, me empecé a quedar, hicimos amistad con una familia paraguaya, misionera que estaba ahí y nos regalaron nuestro primero “pen house” [risas] (Fragmento de entrevista con Graciela, una de las vecinas “históricas”, 17 de enero de 2017).

Autoras como Fernández Álvarez (2018) han analizado las formas en que la precariedad, en tanto experiencia subjetiva, puede habilitar las condiciones para la emergencia de procesos de construcción colectiva en los que cobran centralidad las relaciones de parentesco. Así, progresivamente, este grupo fue asentándose de forma colectiva en el predio y dejó de utilizarlo con una función logística para concebirlo como un refugio. Este proceso de domesticación y de humanización de un lugar que no estaba destinado inicialmente a construir viviendas comprendió una serie de acciones que se iniciaron por construir casillas con materiales recolectados de la calle, encontrar un resguardo para preparar los alimentos y conseguir agua, hasta el reconocimiento de puntos de referencia y de uso colectivo. Fue así un proceso gestado en las relaciones cotidianas y a partir de acuerdos sobre los usos del espacio y la formación colectiva de un orden local (Giglia, 2010).

En adelante, con el arribo de algunas organizaciones sociales, sus referentes entablaron fuertes vínculos con algunos de los habitantes –quienes posteriormente devinieron en delegados barriales– y se propusieron en primer lugar trabajar en torno al cuidado de los espacios comunes y la implementación de reglas de ordenamiento socioespacial. Así, estos vínculos originados sobre la base de la cohabitación, la vecindad y parentesco se fueron proyectando en prácticas colectivas organizadas que incluían la participación en instancias colectivas de toma de decisiones orientadas a transformar las condiciones materiales de hábitat (Rodríguez y Arqueros Mejica, 2020).

En este sentido, la limpieza de un basural resultó un hito clave. De manera similar, la implementación de jornadas de trabajo para la producción de infraestructura urbana, como ser la construcción de cloacas y la colocación de caños para el tendido de red de agua, funcionaron como prácticas comunalizadoras (Canelo, 2011) y contribuyeron a consolidar lazos y construir una pertenencia que funcionó, durante algún tiempo, otorgando el sentido de trabajar por un objetivo en común. Estas prácticas comunalizadoras se orientan a producir membresía, defender valores comunes y establecer/distribuir, a su vez, diferentes grados de obligatoriedad. Tal como lo analizó Moreno (2020), a partir de estas actividades destinadas a “mejorar el barrio” no solo se gestan sentidos locales de derechos, sino que también producen a los vecinos como sujeto colectivo.

En la medida en que arribaban al barrio nuevos habitantes, quienes ahora compraban tierra o viviendas, las familias comenzaron una urbanización de hecho a partir de la construcción de viviendas y la búsqueda y el tendido de redes de servicios que fueron obteniendo por medio de la articulación con distintos agentes institucionales. Paralelamente, la necesidad de organizar socialmente un espacio exento de la intervención estatal los convocó a producir acuerdos sobre sus usos, establecer límites físicos para la construcción de las viviendas, pactar medidas mínimas de ancho de calles y veredas y medidas máximas de altura de las construcciones.

Esta construcción, en concordancia con Giglia y Duhau (2008), se encuentra vinculada al sentimiento de pertenencia y de percepción de una historia compartida en la constitución del espacio local. Esto es un “orden urbano permanentemente negociado” que se sustenta en normas basadas en convenciones –usos reglamentados sobre acuerdos no escritos–. Por lo mismo, es un proceso inevitablemente colectivo de elaboración de reglas compartidas y de apropiación y familiarización del espacio, desde el cual se establece la relación con otras personas (Giglia, 2012).

Asimismo, tanto la distintiva organización y el cuidado de los espacios comunes como la calidad de gestión de los servicios se constituían como un rasgo distintivo del barrio respecto de otros asentamientos precarios de la ciudad, donde estos espacios (calles, veredas y plazas) son irrumpidos por la misma extensión de las viviendas. Estos acuerdos –y su cumplimiento– solían ser mencionados con orgullo por los habitantes entrevistados durante el trabajo de campo, quienes han manifestado orgullosamente que “en este barrio la electricidad no es un negocio”. Bajo esa aseveración, reafirmaban su correcta gestión de los servicios básicos a la vez que se diferenciaban sustancialmente de otros barrios.

En este sentido, sostenemos que en los procesos de producción del hábitat popular se practican en forma cotidiana diversas dimensiones de la ciudadanía: formas activas de organización social y participación en las decisiones sobre la gestión de lo común. Específicamente, aquí nos referimos a la producción de una red de normas, derechos y obligaciones que sus miembros se encomiendan para la construcción y mantenimiento de un orden socioespacial (Thomasz, 2017).

Es aquí que aludimos a un proceso de ciudadanización desde una dimensión horizontal (Neveu, 2005) desplegado por un conjunto de actores que se identifican como miembros de un grupo y que se hallan involucrados en una serie de disputas por su derecho a la vivienda. Con esta dimensión horizontal de la ciudadanía nos queremos referir también a la producción de acuerdos cotidianos (inestables y no exentos de conflictos y contradicciones) sobre la construcción de viviendas, la provisión de servicios y los usos de los espacios comunes, que se desplegaba en simultáneo a la conformación de una comunidad de pertenencia constituida, en un principio, en torno a vínculos familiares y de vecindad, y fusionada por el cumplimiento de un sistema de normas tácitas.

El cumplimiento de estos acuerdos, plasmado en la buena distribución espacial, similar a la del tejido formal de la ciudad en cuanto a las medidas de calles y veredas, funcionaría posteriormente como el fundamento para dar cuenta de la legitimidad de sus demandas de reconocimiento formal de La Carbonilla por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como se desarrollará a continuación, con la solicitud de reconocimiento se iniciaría un período de institucionalización del barrio.

La institucionalización del barrio frente al Estado local

En el año 2013, como consecuencia de la presentación de un recurso de amparo en el que se solicitaba una medida cautelar de servicios ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad se vio obligado a reconocer a La Carbonilla como una “villa” de la ciudad. Este litigio se iniciaba en un contexto que, en términos de Nardin (2021), podría denominarse como de “mutación del vínculo de ciudadanía” entre los sectores populares habitantes de las villas y asentamientos de la ciudad y el Estado. A saber, un conjunto de asentamientos precarios que presentaron un recurso de amparo similar⁵ y obtuvieron el fallo a favor continuaron una relación con los organismos estatales mediada por la intervención judicial.

El fallo judicial resultó favorable a los habitantes de La Carbonilla. Esto conllevó al inicio del proceso de intervención judicial para la implementación de la elección de representantes políticos. Aquí, el barrio alcanzaba el reconocimiento bajo la categoría de “villa” y se constituía como un punto de inflexión en su historia en tanto sus habitantes hasta el momento no eran reconocidos como residentes de CABA (bajo el fundamento de que se hallaban asentados sobre tierras ferroviarias de propiedad nacional). Este era a su vez el camino a la conformación de una microcomunidad política, en tanto serían censados para la realización del padrón electoral y elegirían sus propios representantes barriales.

El fallo judicial colocaba al Poder Ejecutivo de la Ciudad en la exigencia de atender las emergencias referentes a servicios básicos e infraestructura. Precisamente, la jueza lo exhortaba a proveer servicios de alumbrado y agua potable, garantizar la seguridad y la limpieza del barrio, diseñar un plan de obra para el tendido de red de electricidad, instalar la red cloacal y pluvial y drenar las cámaras sépticas y pozos ciegos. A su vez, a partir de esta instancia, se determinaba el inicio de la intervención judicial, con lo cual se iniciaban una serie de procedimientos y pasos burocráticos de carácter obligatorio.

Los pasos a seguir en estas intervenciones, de acuerdo a los preceptos de la Ley 148/99, eran exhortar al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) a la realización de un censo poblacional, la conformación de un padrón y la elección de representantes por sector. De esta forma, con representantes electos, cada barrio tendría interlocutores legítimos frente a las agencias del Poder Ejecutivo. Esta intervención del Poder Judicial se constituía, así, como un vínculo institucionalizado que mediaba entre los habitantes de las villas y el Estado, proceso en el que se reconocía su derecho a residir en el área.

La intervención judicial implicaba mecanismos propios de las democracias liberales, en tanto se realizaba el llamado a presentación de listas con candidatos a representantes y la realización de elecciones para la designación de delegados y miembros de la Comisión Directiva, a la vez que se imponían condicionamientos y obligaciones⁶. La participación del Poder Judicial establecía, principalmente, criterios generales para la realización de los procesos electorales de modo que estos se lleven a cabo por medio de la normativa y la lógica más similares a las de las elecciones generales (locales y nacionales).

En esta instancia, los habitantes del barrio, que habían transformado un espacio no destinado a construir viviendas en un espacio habitable, procurando construir ciudad desde los marcos más similares a los que la normativa urbana del territorio de la ciudad obligaba, ahora alcanzaban el estatus de “villa” como el primer paso de la demanda por la reurbanización. En esta intervención los habitantes de La Carbonilla eran reconocidos como sujetos de derecho de la ciudad ya que, en primer lugar, habían participado en su rol de demandantes contra el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, porque a partir de la intervención judicial se comenzaban a pactar sanciones formales escritas, enunciadas por un organismo estatal, ante la transgresión de algunas normas de urbanidad, como ser la ocupación de los espacios considerados públicos. En este sentido, se establecían reglas escritas y se formalizaban dichas sanciones. En la consolidación del vínculo entre los referentes barriales y los miembros del Poder Judicial se configuraban, parafraseando a Holston (2008), nuevas formas de ciudadanía insurgente y se construían espacios de participación en la esfera pública que operaban nuevos lenguajes legales en términos de derechos fundamentados sobre la base de su contribución a la producción de ciudad.

Así, a lo largo de este recorrido los habitantes de La Carbonilla atravesaron, siguiendo a Neveu (2005), un proceso de ciudadanización vertical por el que obtuvieron el reconocimiento del Estado y situaron a este último –al menos en el plano formal– como el responsable y garante de los derechos de sus habitantes. En este curso, los referentes, ahora devenidos representantes barriales electos, construían colectivamente aprendizajes sobre lenguajes legales, marcos burocráticos y categorías estatales asociadas a la disputa por el derecho a la vivienda y a la infraestructura urbana. Citando a Manzano, producían un “saber-hacer para enmarcar demandas populares en el lenguaje de la legalidad estatal” (2020, p. 20). Sin embargo, como se pudo advertir durante el curso del trabajo de campo, estos procesos de ciudadanización no asistieron al conjunto de los habitantes del barrio de manera homogénea.

Los procesos de ciudadanización y subjetivaciones diferenciales

El trabajo de campo etnográfico permite documentar procesos sociales a partir de la observación de las prácticas cotidianas de los actores y la producción de conocimiento contextualizado desde una escala microlocal. A su vez, la peculiaridad del enfoque antropológico habilita el análisis complejo del mundo social, articulando las dimensiones explícitas y las subyacentes de la acción humana y problematizando los relatos de los actores en tramas de relaciones más amplias.

Así pues, desde los inicios de esta investigación nos propusimos documentar distintos procesos de ciudadanización vinculados a una dimensión significativa de la vida social como lo es la producción del habitar. Desde una perspectiva amplia, partíamos del supuesto de que por medio de una multiplicidad de prácticas –necesariamente colectivas– referidas a la producción de vivienda y ciudad, los habitantes de La Carbonilla habían pasado de ser ocupantes de tierras a habitantes y ciudadanos de la ciudad. Sin embargo, el análisis in situ nos habilitó ir más allá y preguntarnos por qué algunos grupos del barrio no asistían conjuntamente a los procesos de ciudadanización descriptos aquí.

Al recorrer La Carbonilla a pie, en la actualidad, el transeúnte puede encontrarse con una diversidad de construcciones de viviendas, y puede advertir el heterogéneo diseño de las calles y veredas en cada sitio. Mientras que algunos frentes de viviendas poseen terminaciones muy prolijas realizadas por albañiles y herreros residentes, en otros casos, se pueden ver una cantidad no menor de paredes sin revestimiento exterior (ni interior) y puede hallarse a su vez una diversidad de viviendas más precarias con distintos tipos de materiales adosados (Figura 2).

Asimismo, resulta variada la distribución, el alcance y la extensión de los espacios comunes, así como la organización de los servicios de infraestructura urbana (agua, electricidad y saneamiento) por cada sector del barrio. Mientras que en la zona central (la intersección de dos calles, llamada “la canchita”) y sus inmediaciones, se pueden observar calles de más de 4 metros de ancho, plazas, veredas y hasta sectores para estacionar automóviles, en otras zonas se vuelve difícil atravesar el espacio incluso caminando, en tanto las veredas y/o pasillos se vuelven más angostos y, en algunos casos, las redes de electricidad se ponen más enmarañadas, lo que supone más riesgo para los transeúntes.

Si nos remitimos a las trayectorias biográficas –recolectadas en el contexto del trabajo de campo– de las familias que habitan las diferentes viviendas, se puede advertir una vinculación entre los capitales previos con los que contaban estas al arribar al barrio y las características de sus viviendas. Así, las viviendas con mayor calidad constructiva y terminaciones más prolijas coinciden con los lotes que fueron obtenidos por medio de una lógica mercantil (por su delimitación original al momento de la compra). Como se advierte en los testimonios recopilados, el acceso por medio de la compra de tierras no excluyó la existencia de procesos organizativos. De acuerdo con los relatos de algunos vecinos, estos se unieron a otras familias para comprar terrenos de forma colectiva y lotearlos posteriormente. Fueron en principio estas familias, mayormente provenientes del Perú, las que se propusieron para entrar en contacto con distintos actores (organizaciones sociales, organismos estatales, empresas de servicios) con miras a construir la infraestructura necesaria para poder habitar el espacio.

Investigaciones etnográficas recientes (Manzano, 2020) han sistematizado cómo las conceptualizaciones nativas de los habitantes de barrios populares del AMBA sobre la producción del hábitat, entendido este como bienestar social, implicaban tanto aspectos materiales como proyectos éticos acerca de cómo vivir juntos. A lo largo del trabajo de campo, vislumbramos cómo las subjetivaciones sobre ese vivir juntos se encuentran atravesadas por fundamentos morales divergentes sobre las formas de abordar problemas comunes.

Uno de los hitos de la historia del barrio que tuvieron como vértice la construcción de proyectos comunes fueron las mencionadas jornadas de trabajo colectivo para la producción de infraestructura urbana. Particularmente, la construcción de la red de cloacas para el barrio configuró un momento épico que se ancló en la memoria colectiva como un tiempo donde trabajaban “todos juntos” aunque tengan “distintas remeras” (haciendo referencia a la presencia conjunta de distintas organizaciones sociales).

Mientras que las estrategias socialmente valoradas, orientadas al trabajo movilizado por el bien común, conformaban parte del relato épico de la historia del barrio, encontramos que no todas las familias habían decidido incorporarse a estos procesos. Así, la circunstancia de iniciar la construcción de una red de infraestructura como el sistema de saneamiento, actividad que racionalmente tiende a resolverse de manera colectiva (Pírez, 2013), entraba en contradicción con el hecho de que algunas familias optasen por no formar parte de esas jornadas laborales. Se instaló así el debate en torno a cómo proceder ante la necesidad de construir la red de cloacas lo más extensa posible. Al consultar durante las entrevistas realizadas qué consideraban que ocurría con las familias que decidieron no cooperar, una referente del barrio indicaba lo siguiente:

Por varios motivos… no fueron los únicos ellos. Muchos no salieron porque no les interesaba y muchos realmente porque no… no pueden, entendés, no pueden.
Entrevistadora: No tenían las herramientas, o no tenían recursos para hacer...
No, no, ni el recurso material, ni el recurso de… esta cuestión de solidaridad ¿entendés? De laburar para el bien común… esta cosa no… (Fragmento de entrevista con Anabela, referente del barrio, 5 de julio de 2018).

Adviértase que muchas de estas familias que no se integraban a las jornadas de trabajo habitaban el barrio desde al menos 10 años antes que los grupos que comenzaban a organizar estas actividades, ya que habían arribado por medio de la ocupación de estas tierras antes de que se comiencen a poblar.

En comparación con los habitantes que compraron tierra, quienes detentaban no solo la posibilidad de tener ahorros sino también trabajos con algún nivel de estabilidad (albañiles, herreros, choferes, cuidadoras), otras familias no solo carecían de un capital material previo sino que también poseían (y poseen) diferentes dificultades para incorporarse al tejido social: situaciones de consumo problemático de drogas, conflictos con la policía o antecedentes penales, inconvenientes para sostener la escolaridad de los/as niños/as, entre otras cuestiones.

Otros habitantes han expresado encontrar obstáculos a la hora de tener que activar dinámicas organizativas para solucionar problemas comunes. Así lo relataba una vecina, también delegada del sector, en una reunión pactada en el centro comunitario para abordar estas problemáticas:

Cuando advierten que llega el camión de la UGIS Carla le comenta a Yesi que están sin agua hace unos días, son quince casas que están sin agua porque tienen el tanque (que comparten) roto. Es el tanque que está en el pasillo de Strauss. Pierde tanta agua que en general queda vacío. Aunque les colocaron (del Gobierno de la Ciudad) un tanque nuevo, aun no lo conectaron ya que necesitan juntar plata para hacer esa conexión, pero no puede contar con sus vecinos, ya que “no tienen la conciencia de participar”. Ella dice que, si tienen que gastar cien pesos en comprar cigarrillos, lo hacen (y aclara que ella misma les dice estas cosas un poco en tono de chiste y un poco en serio), pero que para otras cosas no quieren poner plata. (Fragmento de registro de campo, 13 de mayo de 2021)

Lejos de intentar esencializar las características de cada grupo en función de su origen o identidad nacional, los testimonios repuestos aquí intentan dar cuenta de las herramientas con las que contaban las distintas familias tanto para satisfacer sus necesidades materiales de vivienda y hábitat, como para insertarse en procesos organizativos y colectivos.

Sin embargo, las condiciones materiales que configuran el punto de partida no están exentas de horizontes de transformación inscriptos en proyectos colectivos. De acuerdo con Pacífico (2019), las modalidades de organización colectiva pueden encontrar anclajes en trayectorias previas, en formas de participación en movimientos sociales y en los tránsitos por programas sociales. Es en esta dirección que vale mencionar otros relatos recolectados en los que familias cartoneras de origen argentino daban cuenta de la transformación que habían atravesado en sus trayectorias biográficas desde el momento en que llegaron al barrio: reformaron sus hogares como comedores comunitarios, participaron en la organización de cursos de capacitación para los/as vecinos/as y talleres para los/as niños/as y se instruyeron sobre lenguajes técnicos y legales vinculados a la demanda por el derecho al hábitat (Manzano, 2020).⁷

En este apartado procuramos argumentar que los procesos de ciudadanización experimentados por los habitantes del barrio La Carbonilla, como muchas otras luchas históricas por el acceso a derechos de ciudadanía, no solo no se desplegaron de una forma lineal, sino que tampoco abordaron de manera homogénea al conjunto de los habitantes del barrio. Si bien las experiencias de acompañamiento en la precariedad forjaron lazos de solidaridad y vecindad, estos lazos fueron resignificados de forma diferencial en cada caso.

Reflexiones finales

Lejos de intentar constituir un informe sobre la “efectividad” que tendrían las prácticas organizativas y comunalizadoras para promover procesos de ciudadanización entre los habitantes de un asentamiento precario, en este trabajo nos propusimos analizar, en contextos de acción localizados, lo que Neveu (2016) denominó como “fábricas de ciudadanía”, que se despliegan tanto a lo largo de prácticas cotidianas como extraordinarias. Se procuró reconstruir las dinámicas de producción de ciudad que implicaron necesariamente la construcción de acuerdos, de proyectos comunes a largo plazo y de cuidado y sostenimiento del orden socioespacial.

A lo largo del trabajo de campo, en base a la reconstrucción de relatos sobre algunos hitos referentes a la historia del barrio, pudimos documentar cómo estas experiencias fueron subjetivadas de forma diferencial por distintos grupos de familias. Para muchos referentes, la posibilidad de insertarse en dinámicas participativas de trabajo y toma de decisiones implicó embarcarse no solo en aprendizajes técnicos (por ejemplo, sobre cómo construir la bajada de una vereda), sino también jurídico-legales (incorporar conocimientos sobre legislación y oficinas gubernamentales de competencia en los asuntos). Mientras tanto, otras familias encontraron límites a la hora de participar de estos procesos, lo que se refleja en la presente precariedad de sus viviendas, pero también en los obstáculos para insertarse en procesos educativos, institucionales y laborales.

La ciudadanía como categoría heurística para pensar en procesos de inclusión y exclusión se nos presenta como una clave analítica para el abordaje de diferentes dimensiones de la vida cotidiana de las poblaciones de las villas y asentamientos precarios, así como de sus formas de acceso a derechos. La cuantiosa bibliografía existente que aborda las vinculaciones entre ciudadanía y precariedad habitacional nos invita a pensar cómo se vinculan esas categorías al interior de las comunidades de vecinos, pero también a sopesar, en una escala más amplia, cómo funcionan las intervenciones del Estado en el abordaje de esta heterogeneidad. En términos de Chatterjee (2008), ¿podemos repensar la intersección entre las categorías de ciudadanos y poblaciones al observar la heterogeneidad en la forma que se subjetivan estas experiencias? Si bien aquí la ciudadanía se presentó como una construcción analítica para abordar procesos multidimensionales orientados a disputar, construir y formalizar un derecho de ciudadanía social, no pretendemos afirmar que todas las modalidades de participación que describimos fueron puestas en práctica desde la noción de derechos, sino desde diversas formas de garantizar la necesidad de vivienda y, en ese camino, vincularse con organismos del Estado.

Referencias bibliográficas

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Quid16. Revista del Área de Estudios Urbanos. ISSN: 2250-4060.

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