• Inicio
• Acerca de
• Iniciar sesión
• Registrarse
• Buscar
• Actual
• Archivos
• Avisos

Introducción

A mediados de la década de los 90, la ola de privatizaciones, endeudamiento y desmembramiento del aparato estatal argentino agudizó la situación social de millones de ciudadanos. Las organizaciones de trabajadores desocupados y organizaciones piqueteras, nacidas de los procesos de protesta y movilización por la situación social y económica, combinaron altos niveles de movilización con intervención social en los barrios y se convirtieron en el foco de la demanda de trabajo bajo la consigna de trabajo digno. Esta demanda, desafío principal para la salida de la crisis, fue traducida e instrumentada por el Estado sin tener en cuenta aquellas dimensiones de la “definición autónoma”¹ que excedían a la comprensión del propio Estado sobre la problemática.

Desde el 2003, la reestructuración del Estado tendió a incorporar esa resistencia piquetera a su lógica integrando algunos aspectos de su demanda en programas de políticas públicas, cediendo algunas conquistas para las organizaciones, pero descartando sus demandas más transformadoras (Dinerstein, 2013). La inclusión en la agenda política se tradujo en la promoción del cooperativismo y la economía social, en particular, de las denominadas “cooperativas de trabajo” construyendo, así, una herramienta para organizar la salida de la crisis con el objetivo político de generar inclusión social y recuperación económica para esa parte de la población. La principal forma que tomó esta iniciativa fue a través de planes, programas y proyectos destinados a la generación de infraestructura en barrios populares, al mantenimiento de espacios públicos y a la construcción de equipamientos comunitarios a lo largo de todo el país.

El objetivo de este trabajo es contribuir con insumos empíricos y teóricos para renovar reflexiones sobre la gestión asociativa de acceso a redes de agua a partir del análisis de políticas públicas y del activismo de actores sociales en territorios específicos. En este sentido, las reflexiones que se proponen están vinculadas con los debates vigentes de las últimas décadas sobre gobernabilidad local y urbanización popular, desde posturas que interpelan las formas de gestión pública dominantes con una perspectiva interactoral, multisectorial y participativa (Gargantini, 2012).

Se analizarán las estrategias de gestión de acceso al agua en la ciudad de Mar del Plata con eje central en la implementación del Programa Plan Agua Más Trabajo (A+T) en el período 2008-2015, desarrollando consideraciones previas para entender la factibilidad de la producción de redes de agua en contextos de urbanización popular a través de grupos asociativos de trabajo.

A partir del análisis del Programa y del recorrido de su implementación en distintos barrios populares, se buscará responder a las siguientes preguntas: ¿en qué medida el activismo político de los actores barriales influyó en la ejecución de la obra? Y en términos de procesos asociativos, ¿qué complejidades significó la conformación de cooperativas y qué desafíos presentan?

La hipótesis principal sostiene que la producción de redes de agua en contextos de urbanización popular, a través de grupos asociativos vinculados a actores barriales, tiene dos potencialidades: como solución posible para el acceso a un servicio fundamental y como estructurador de procesos organizativos para nuevas conquistas barriales. Así, el estudio de estas experiencias aporta insumos en dos órdenes: a la conceptualización de las dimensiones de la urbanización popular; y al diseño de políticas públicas de acceso a infraestructura en contextos de urbanización popular que incorporen en sus esferas de gestión los saberes locales valorizando las trayectorias de los actores de cada territorio.

La estructura del trabajo se desarrolla en 4 apartados: en primer lugar el estado del debate y el marco teórico; en segundo lugar la presentación de los materiales y métodos; en tercer lugar el desarrollo y, en cuarto lugar, la conclusión.

Estado del debate sobre la problemática de infraestructura en barrios populares

Las investigaciones que contribuyen a este trabajo analizan, desde distintas perspectivas, la producción de infraestructura urbana, el cooperativismo y los contextos de urbanización popular. Interesan en particular:

• estudios sobre estrategias para acceder a infraestructuras, analizando las redes políticas, las condiciones y articulaciones de cada territorio (Catenazzi, 2013);

• estudios sobre los servicios urbanos y las sociedades capitalistas caracterizando la producción/consumo de la urbanización y los aspectos estructurales y coyunturales de nuestros capitalismos dependientes (Pírez, 2018);

• trabajos que abordan la reestructuración de la crisis del 2001, estudiando el rol asignado por el Estado a las cooperativas de trabajo y las políticas públicas que viabilizaron ese tipo de estructuración (Arcidiácono y Bermúdez, 2015; Cravino et al., 2013);

• experiencias que indagan en la conceptualización de la urbanización popular y analizan la producción de servicios urbanos con énfasis en las relaciones y vínculos entre las prácticas y los referentes barriales (F. Cacopardo et al., 2021; Ispizúa et al., 2021).

El Estado, con diferentes matices según sus ciclos políticos en los capitalismos dependientes latinoamericanos, participa en la producción de infraestructura de los sectores populares con una orientación predominantemente desmercantilizadora (Pírez, 2018) que se articula y tensiona en cada territorio con un conjunto de actores dando distintos resultados. En algunos casos, la participación de los gobiernos locales bajo modos de gestión local e interinstitucional ha sido una estrategia de los entes nacionales para descentralizar la toma de decisiones a la vez que para fortalecer a los municipios con recursos frente a las organizaciones sociales. De acuerdo con lo planteado por (Gargantini, 2012) en investigaciones sobre modelos de gestión de políticas sociohabitacionales, la agudización de las problemáticas y tensiones sociales, el desmantelamiento del Estado profundizado durante la década de los 90 y los efectos de los procesos de globalización han traído aparejado graves problemas institucionales para los gobiernos locales en la implementación de estas políticas.

Los modos de gestión local producto de esos condicionantes se caracterizaron, en general, por fuertes limitaciones políticas, insuficiente capacidad institucional instalada, escaso grado de integralidad en las acciones propuestas y bajo nivel de articulación actoral promovidos desde lo local, diezmando el impacto y la capacidad para actuar eficazmente frente a las problemáticas sociales.

A partir del 2003, los programas estatales, utilizaron la figura de “cooperativismo de trabajo” bajo programas sociales consolidando un modelo de producción de infraestructura y hábitat en los sectores más humildes llevados adelante por cooperativas de trabajo. A través de distintos programas como “Emergencia Habitacional”, “Plan Agua Más Trabajo”, “Manos a la Obra” y, posteriormente, con los Programas de Ingreso Social con Trabajo (PRIST), “Argentina Trabaja”, “Ellas hacen” y “Hacemos Futuro”, se buscó estructurar en términos organizativos y sociolaborales a gran parte de la población que había quedado desempleada y en situación de vulnerabilidad social producto de la crisis del 2001.

La conceptualización sobre qué sector de la economía representan las cooperativas de trabajo y los sectores populares que las componen está ligada a un debate teórico y político. La mirada económica tradicional ha encasillado históricamente a los sectores populares en la categoría de “informalidad” como sinónimo de ilegalidad y de pobreza. Sin embargo, esta categoría oculta el carácter productivo y de generación de valor de las tareas que realiza el sector y, a su vez, también oculta las relaciones de subordinación y empobrecimiento de estos sectores —desprotegidos de derechos—con el enriquecimiento de los sectores hegemónicos y concentrados del capital.

Autores como Coraggio (Coraggio, 2018) caracterizan a este sector como economía popular: “la economía de las y los trabajadores, de las y los que viven o quieren vivir de su trabajo... de los que dependen fundamentalmente de la continua realización de su fuerza de trabajo”. El autor destaca que la economía popular que existe, efectivamente, está ubicada en la periferia del sistema capitalista y que es altamente competitiva entre sus miembros antes que solidaria. Gago (Gago, 2014) define esta condición como “neoliberalismo desde abajo”.

La característica principal de la economía popular es que se inventa su propio trabajo, “está conformada por todas las actividades que surgieron como consecuencia de la incapacidad del mercado para ofrecernos a todos un trabajo digno” (Pérsico y Grabois, 2015, p. 34). Este sector en la actualidad representa 3225268 trabajadores, cerca del 30 % de la población económicamente activa (Secretaría de Economía Social y Ministerio de Desarrollo Social, 2022).

Según el Foro de la economía cooperativa, autogestionada y popular,² en las últimas dos décadas la creación de cooperativas de trabajo tuvo un fuerte crecimiento. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) de las 23.745 cooperativas existentes a nivel nacional, 17.928 son de trabajo, un 75,5 % del total. Por otro lado, la constitución de cooperativas de trabajo por parte del INAES para abordar estos programas sociales constituyó lo que Arcidiácono y Bermúdez (Arcidiácono y Bermúdez, 2015) llamaron el boom de las cooperativas de trabajo Figura 1.

El rol que el Estado le otorgó al “cooperativismo” como organizador de la distribución de recursos para la reactivación económica fue foco de críticas por parte de referentes en la economía social. Las principales fueron:

1. la formación de las cooperativas estuvo a cargo del Estado y estableció, para las personas que percibían distintas asignaciones sociales, la obligación de “autoorganizarse” en cuadrillas para la realización de obras y servicios públicos establecidas por el Estado (Lo Vuolo, 2010);

2. la creación de cooperativas de modo vertical por parte del Estado obstaculizó la organización genuina y el estímulo a la conformación de una identidad cooperativa entre los/as receptores/as y el reconocimiento legítimo del trabajo autogestionado, en particular, de quienes no tenían experiencia previa de trabajo colectivo (Constanzo et al., 2014).

Marco teórico

En este trabajo se entiende a la “Urbanización Popular” (UP) como el conjunto de mecanismos y estrategias mediante los cuales grupos sociales acceden a infraestructura y vivienda por fuera de los mecanismos formales. Esta acción de “hacer ciudad” por mano propia sucede, en general, a través de prácticas y estrategias colectivas o individuales con alto nivel de autogestión, muchas veces, potenciados por articulaciones intersectoriales, interinstitucionales y políticas.

Los trabajos de Pirez (Pírez, 2018, 2019) enfatizan el rol de la UP en América Latina, partiendo de la caracterización estructural de los servicios urbanos y las especificidades de nuestros capitalismos dependientes y subordinados, en los que este tipo de práctica constituye alrededor del 50 % de nuestras ciudades. Según el autor:

La UP refiere a la construcción de los soportes materiales para la vida social aglomerada que resulta de prácticas populares, por fuera predominantemente de los mecanismos mercantiles y estatales, y su producto es un medio urbano precario, fruto de un proceso de urbanización inversa (Pírez, 2019, p. 5).

De la minuciosa descripción que hace el autor sobre las heterogéneas formas de producción y consumo de la urbanización tomo, aquí, la definición de producción no mercantil: se orienta a la satisfacción de una necesidad sin pasar por el mercado, sin buscar una ganancia. Se presentan dos situaciones:

1. producción estatal directa;

2. producción popular: producción en una lógica de la necesidad mediante procesos de autoconstrucción individual, colectiva u organizada formalmente (cooperativa o asociación). Dentro de esta forma, se presentan dos subcategorías:

   1. procesos de desmercantilización social a partir de acciones generadas por los grupos sociales necesitados sin intervención estatal que implique redistribución económica. Esto indica que consumidores no solventes de la ciudad asumen la carga de facilitar la solvencia de algunos de ellos aportando, no únicamente su trabajo, sino, también, recursos financieros obtenidos desde la limitación de otros consumos necesarios;

   2. en algunos casos se encuentran políticas o programas estatales que contribuyen con esos procesos no mercantiles o de desmercantilización social, incluyendo transferencias de recursos que significan cierta redistribución sin que impliquen la subordinación del proceso.

En el mismo sentido, Cacopardo et al. (F. Cacopardo et al., 2021, p. 1219) definen el significado de UP a partir de las estrategias de los actores locales y experiencias de vinculación con referentes barriales y participación en la gestión. Según esta perspectiva, la urbanización popular no se manifiesta en un gran acto único sino que los hechos muestran un itinerario complejo de “pequeñas acciones en apariencia intrascendentes a una mirada distraída”. Considera que este fenómeno se da en una trayectoria de conflictos, tensiones, alianzas, vinculaciones —no en un hecho único—en los que los habitantes de barrios populares o de las denominadas villas y asentamientos resuelven el acceso a los servicios por fuera de los mecanismos formales de producción. Esta noción nos permite reflexionar sobre el proceso histórico de conquistas de derechos a servicios básicos, entre relaciones sistémicas de poder y producción, de luchas y resistencias de territorios locales.

Respecto a los actores intervinientes en la gestión local interesa, en este trabajo, la distinción que hace Pirez (Pírez, 1995) al caracterizar los actores que producen ciudad desde distintas lógicas: procesos orientados predominantemente por la de obtención de ganancia (empresarios individuales, empresas, conglomerados de empresas que realizan actividades dentro del mercado); orientados por la lógica de la necesidad a través de acciones colectivas o individuales, de organización comunitaria de los sectores populares; por la lógica del conocimiento que contribuyen a las decisiones de los anteriores y, en tal sentido, introducen perspectivas que forman parte de esas decisiones. Por último, desde una lógica política, los actores gubernamentales. Esta “producción de la ciudad” se da en un sentido determinado según cómo sean sus articulaciones y la alineación de los actores.

Para el análisis de las prácticas, considero necesario sumar a este campo de saber otras herramientas conceptuales del ámbito de la sociología de la tecnología, en particular, de las denominadas tecnologías sociales (Thomas et al., 2012) que tienen sus correspondencias metodológicas. Se utilizará una categoría teórica que posiciona mi mirada sobre los procesos de urbanización y su estudio: el concepto de “dinámica sociotécnica”, entendida como un conjunto de patrones de interacción de tecnologías, instituciones, políticas, racionalidades y formas de constitución ideológica de los actores.

Materiales y métodos

La recolección de datos y materiales de este trabajo se ubican en el método de investigación cualitativa y observación participante. Como técnico de la empresa estatal, durante los 8 años de implementación del programa, mi trabajo articuló con las áreas técnicas-administrativas de la empresa (compras de materiales, elaboración de proyectos, certificaciones) y con el área política (reuniones con las cooperativas, visitas institucionales, resolución de conflictos). Por otro lado, el trabajo “de campo” fue la inspección diaria y certificación de los trabajos de las cooperativas. A través de los años, fui construyendo un vínculo con distintas organizaciones, atravesado por los conflictos económicos y operativos del Programa, pero con un matiz de confianza y afecto que sigue hasta el día de hoy.

Las técnicas y métodos empleados se desprenden de los marcos teóricos analizados. Se utilizarán las categorías de Pirez sobre actores sociales (Pírez, 1995) y lógicas de producción (Pírez, 2018) para identificar las estrategias formuladas por cada actor en función de satisfacer sus necesidades e intereses.

Para responder a las preguntas planteadas, fue necesario ordenar las distintas fuentes de información según los actores intervinientes para realizar entrevistas en profundidad de carácter semiestructurado alrededor de las preguntas que guían la investigación en un marco metodológico de conversaciones (Peyloubet, 2017).

A partir de esta práctica, se reconstruirán los recorridos previos, tanto de los barrios donde se ejecutó el programa como de la institución estatal que lo implementó, y se describirán las experiencias asociativas. Como aporte complementario, la recopilación de documentos institucionales parte de la ejecución del Programa y el análisis de fuentes oficiales aporta datos cuantitativos de interés.

Se realizaron entrevistas a:

• cooperativas de trabajo: miembros de comisiones directivas, participantes del proyecto, mano de obra;

• entes ejecutores: directivos de la empresa, funcionarios responsables del armado de cooperativas y responsables técnicos de las obras, y

• referentes barriales: directivos de asociaciones vecinales de fomento y actores relevantes en procesos previos de acceso al agua.

¿Por qué vincular el fenómeno del cooperativismo de trabajo y la urbanización popular con el estudio de las redes de agua?

Las redes de agua, en términos de ejecución, son factibles de materializar bajo formas no mercantiles o desmercantilizadas (sean estatales o sociales), requiriendo, para su ejecución, mano de obra no especializada en saneamiento y un acompañamiento técnico. No sucede lo mismo con infraestructuras básicas de abastecimiento de gas, ampliación de redes eléctricas o desagües cloacales. En la producción popular de servicios urbanos hay algunos argumentos técnico-económicos que contribuyen a asignarle a la red de agua un rol particular para su producción colectiva mediante estrategias de gestión asociativas.

Desde un punto de vista técnico y de factibilidad, las cañerías para redes de agua se asientan a profundidades y anchos de excavación donde la mano de obra no especializada, con herramientas manuales y sin maquinaria pesada, pueden llegar “fácilmente” (aproximadamente 1 metro de profundidad), el diámetro de las cañerías es manipulable (entre 63 y 75 milímetros) y no se requiere un suelo trabajado por pendiente (el agua se distribuye a presión). En cambio, en la ejecución de redes cloacales, las profundidades son muy variables dependiendo la pendiente de los terrenos domiciliarios (entre 1,20 y 2,50 metros de profundidad), los anchos de zanja también varían entre 60 y 80 centímetros, la cañería es más grande y el suelo requiere una nivelación con nivel óptico para garantizar el escurrimiento. Las redes de gas se realizan por termofusión o electrofusión con maquinaria compleja para el sellado de caños y pruebas de presión que requieren mano de obra especializada para su construcción. Por último, el tendido de redes eléctricas combina trabajo riesgoso por altura y por choque eléctrico con el uso de maquinaria para su ejecución.

Por otra parte, el agua para producirse de manera individual (por fuera de las redes de servicios) es más costosa que la realización de un pozo semisurgente ya que para el agua debe realizarse una perforación por parte de un profesional y el pozo semisurgente se puede ir realizando de a tramos por mano de obra no especializada con herramientas básicas.

Políticas públicas de acceso a infraestructura: el Programa Agua + Trabajo

El Programa A+T fue un instrumento de gran escala en el plano local y nacional creado en el 2004 desde el Ejecutivo nacional con el doble objetivo de incluir socio laboralmente a personas en situación de vulnerabilidad y de desempleo, y de ampliar la cobertura básica del servicio de agua por fuera del ejido urbano. Buscó combinar el acceso al agua con la generación de trabajo mediante la constitución de cooperativas barriales que debían estar integradas por 16 ciudadanos desocupados de los cuales, al menos 8, debían ser beneficiarios de los programas sociales “Jefes de Hogar” y “Empleo Comunitario”.

La condición que debían cumplir las áreas beneficiarias de los proyectos era no tener servicio formal de red y estar en situación de vulnerabilidad social, condición que será revisada en este trabajo a la luz de distintas experiencias territoriales, en las que se hará hincapié en la trayectoria de los procesos de urbanización.

La combinación de actores fue la siguiente: en el plano nacional, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSa) aportó el 100 % del financiamiento; en el plano local, las municipalidades realizaron la administración de los fondos y, en el plano barrial, las cooperativas de trabajo se encargaron de la ejecución de las obras.

En la ciudad de Mar del Plata, Obras Sanitarias Sociedad de Estado (en adelante OSSE) es la empresa municipal de servicios sanitarios a cargo de su distribución, gestión y mantenimiento. Mediante la implementación del Programa entre 2008 y 2015 se ejecutaron en la ciudad 103915 metros de cañerías Tabla 1 y 5034 hogares empobrecidos de 7 barrios que no contaban con servicio y estaban por fuera del ejido urbano accedieron al mismo. El impacto en términos de ampliación de redes se observa en la Figura 2.

Formas de abastecimiento previo

Las Dalias fue el primer barrio donde se implementó el programa A+T. La trayectoria barrial muestra un camino previo donde, según nos cuenta el investigador Fernando Cacopardo, se gestó un convenio cuatripartito entre la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), OSSE, la Municipalidad de General Pueyrredón (MGP) y los vecinos del barrio para generar una solución alternativa a la falta de agua. Se acordó la construcción colaborativa de un sistema de distribución de agua en base a torres de hormigón con tanques cisternas y una distribución mediante una red precaria.

Los técnicos de OSSE conectaron los tanques y colocaron una bomba subterránea que en forma progresiva brindó el servicio a 30 familias. Esta experiencia colaborativa de cogestión intersectorial e interinstitucional fue el primer antecedente, en el año 2006, del Plan A+T. (Entrevista a Fernando Cacopardo, responsable del acuerdo UNMdP, 2020).

En el barrio Parque Independencia, asentamiento ubicado en la zona sur de la ciudad, el agua era distribuida por la cooperativa vecinal Stella Maris que proveía el agua desde el barrio vecino a los hogares, por medio de una administración “medianamente formal”. Esta cooperativa, a través de vinculaciones del fomentismo barrial, forjó un convenio con OSSE mediante el cual se realizó una perforación con bomba sumergible para alimentar un tanque de agua construido por la cooperativa. Esta administraba el suministro de agua ampliando el tendido de red a medida que el barrio iba creciendo, con un operario que se encargaba de realizar las nuevas conexiones y las reparaciones, y un administrativo que cobraba cargos fijos mensuales a cada hogar, con un precio por debajo de los de la empresa.

Hasta 2008 el barrio Nuevo Golf, el asentamiento de mayor dimensión y densidad poblacional de Mar del Plata, contaba con un sistema de tanques comunitarios abastecidos por una red que, en algún momento, había sido formal y que había ido diversificándose a lo largo del barrio a través del uso de distintos materiales para su ampliación mediante estrategias de autoproducción. Esta red de tanques comunitarios proveía un servicio intermitente y, en reiteradas veces, los tanques quedaban fuera de servicio, lo que movilizaba al barrio a realizar distintas jornadas de protesta para que la empresa diera respuestas.

Así, en todos los barrios donde se implementó el programa, la empresa ya articulaba con la sociedad civil. Sea por tanques comunitarios que la empresa de servicios colocaba y rellenaba con sus camiones cisternas (y los vecinos transportaban largas cuadras en bidones o baldes), por tanques elevados alimentados por perforaciones de la empresa y redes informales administradas a través de cooperativas de servicios barriales o por convenios interinstitucionales con organismos de Investigación y Desarrollo (I+D) para brindar soluciones alternativas. Y cada vez que la empresa no cumplía con su parte, los vecinos activaban distintas formas de protesta y movilización. En cada territorio particular se emplearon estrategias puntuales. En los barrios donde se implementó el Programa, el abastecimiento previo era el que se muestra en la Tabla 2.

Actores e influencia política para la incorporación del barrio en la agenda

Si bien el programa A+T tuvo sus orígenes en el año 2004 en el plano nacional, no fue hasta el 2008 que en la ciudad de Mar del Plata se pudo concretar el inicio de las obras. Según el testimonio del presidente de la empresa:

El plan implicó un cambio de criterio en la provisión del servicio, ya que OSSE se cernía a atender las demandas del ejido urbano. Cuando nosotros llegamos este programa existía, pero OSSE no se había querido incorporar…Hoy más de 15000 personas tienen el servicio (Entrevista a Mario Dell’ Olio, canal ZOOM, 2015).

En entrevistas³ con los técnicos que llevaron adelante los trabajos, se vincula la decisión de implementar el Programa con disputas y tensiones entre coaliciones gobernantes de distintos signos y en falta de consenso dentro de la empresa:

Nosotros empezamos a trabajar en el 2005 cuando se originó el Programa… pero desde el 2005 al 2008 no se pudo implementar. En términos políticos, Mar del Plata era oposición al Gobierno nacional, y no salían las cosas para acá. En el 2005 pudimos hacer las primeras recorridas, pero hasta que no llegó Dell’ Olio en 2008 no se pudo arrancar. Ahí la empresa nos mandó a un grupo de técnicos al ENOHSa. Volvimos de ahí y arrancamos (Entrevista a Técnico 1, 2021).

Yo no sé cuánto tiempo anterior, pero sí sé que en otras gestiones se intentó hacer el A+T y no hubo una respuesta, había viajado ya un equipo para ver la experiencia en los barrios marginales de Buenos Aires y no sé por qué motivo no hubo una devolución a esa propuesta. A mí, en el 2008, me dijeron: “Vamos a ver el programa A+T”. (Entrevista a Técnico 2, 2021).

En la mayoría de los barrios donde se implementó el Programa, ya había estrategias colectivas instaladas para abordar la problemática del agua. La selección de los barrios a ejecutar y su priorización en la agenda tuvieron que ver con distintos factores. Según los técnicos: “El Programa estaba claramente atravesado por las coaliciones políticas de ese tiempo y se realizaba en función las demandas territoriales” (Entrevista a Técnico 2, 2021).

Hubo una relación directa con la capacidad de presionar por parte de los dirigentes barriales a la dirigencia de la empresa municipal. Todos eran proyectos que venían con arrastres de no menos de 5, 10 años, pero se priorizaron las obras donde los dirigentes tenían peso o incidencia…la priorización fue política más que técnica-operativa (Entrevista a Técnico 1, 2021).

1) El barrio Las Dalias fue el primero en aproximarse al Programa cuando, en 2007, la Municipalidad de General Pueyrredón instruyó al área de Promoción Social de OSSE y al sector de cooperativas de la Secretaria de Producción del municipio para la formación de un equipo con referentes barriales desocupados que pudieran participar en el Programa A+T. Así se trabajó en la formación y capacitación de la cooperativa denominada “Por Nuestros Derechos” constituida por, aproximadamente, 25 vecinos desocupados, quienes se reunieron durante varios meses con el objetivo de capacitarse y organizar su funcionamiento. Esta iniciativa quedó trunca por conflictos que dividieron al barrio. Concretamente, la imposición por parte de la MGP de referentes ajenos al barrio y afines a un movimiento social, con intenciones de control político y económico de la cooperativa.

Finalmente, en el 2008 con la nueva conducción política de la empresa estatal se realizó la capacitación de 16 personas (algunas habían participado de la experiencia anterior) y se dio comienzo a la obra. “Con ese enfoque verticalista de la nueva gestión, se sustrajo a la palabra cooperativa todo su potencial asociativo y emancipatorio, para un uso banal y frívolo de vaciamiento y distorsión de contenidos“ (Entrevista a Fernando Cacopardo, 2019).

2) D.S., fomentista del barrio Parque Independencia, en el año 2008 fue a OSSE a pedir trabajo. En varios encuentros con el presidente de la empresa, le dijo que él necesitaba trabajar, si había alguna forma de entrar a la empresa. La respuesta, que se hizo esperar, fue una propuesta:

Me dijo que si quería, estaba la posibilidad de hacer una cooperativa con la gente del barrio y hacer una obra de agua con capacitaciones de parte de la empresa. En un principio, nos planteó que había una para hacer en el barrio Las Dalias (Entrevista a D.S., 2020).

Este barrio era el primero donde había convenio firmado, pero la complejidad era la distancia: literalmente, la “otra punta” de la ciudad.

Charlamos con mi vieja y con algunos socios, y dijimos que la condición era que la obra fuera en el barrio, que no tenía agua de la red formal y que la red que tenía se la tenía que pagar al barrio vecino y había muchos problemas (Entrevista a D.S., 2020).

Así fue que se gestó, por parte de la empresa y del fomentista, la cooperativa Del Parque y la obra de red de agua en el barrio Parque Independencia.

3) En el barrio Nuevo Golf, la tracción ejercida por el presidente de la Asociación Vecinal en pos de tener red de agua y organizar un equipo de trabajo, con herramientas políticas, pero sin una capacidad técnica formada fue determinante. Hoy, varios años después de la obra, comenta:

Nosotros necesitábamos el agua en el barrio y hoy la tenemos. El proceso fue muy duro, muy difícil, yo no sabía de redes de agua, pero sabía que esa oportunidad la teníamos que aprovechar. Queríamos reinsertar a chicos que habían estado privados de su libertad, que eran una bomba de tiempo en el barrio y para sus familias, porque pasar por la cárcel te deja mucho peor que cuando entrás, y si no encontrás un espacio que te anime a laburar, podés terminar mal (Entrevista a M.P., 2020).

Limitaciones y desafíos del cooperativismo estatal

La visión institucional del Programa intentó mostrar su implementación como una solución universal para el problema de la informalidad y la falta de servicio, pero esto se convirtió, en los itinerarios de cada territorio, en una parte de su trayectoria, en una estrategia más hacia la satisfacción de una necesidad. Por eso no es posible escindir el análisis de la política pública de los procesos de urbanización popular. Estas trayectorias analizadas contribuyen a exponer esta falsa dicotomía entre lo formal y lo informal.

Algunos aspectos a destacar en términos de esta aparente “formalidad” del servicio: el programa previó mallas que funcionan como un todo, con una extensión de alrededor de 5000 metros. En el resto del radio servido, las mallas de cierre de servicios domiciliarios no superan los 500 metros. Esto significa un aislamiento mayor de los usuarios del servicio a la hora de realizar cortes.

Por otro lado, en la distribución diaria hay pérdidas que no se reparan por falta de documentación de fin de obra, conexiones irregulares de parte de nuevos propietarios que no tienen información o voluntad de ir hasta la empresa y solicitarla, trabas burocráticas para realizar nuevas conexiones (el ejemplo más claro es el pedido de tenencia de la tierra, cuando el Programa se implementó sin esa verificación por considerar en condición de propietarios de hecho) sumada a una problemática de facturación: el envío de las facturas y el registro de las direcciones con numeración inexacta constituye un problema para ubicar los lotes.

Este conjunto de problemáticas se retroalimenta y genera pequeñas fisuras en la calidad del servicio obtenido, que comienza a deteriorarse progresivamente. Un indicio de precariedad que rebrota como resultado de la falta de saberes institucionales para articular e incorporar estos sectores a una "nueva formalidad"

Respecto a las complejidades de la implementación:

La traba más grande que tenía el Programa era la burocracia en los certificados, la demora que impedía que la gente cobre en tiempo y forma y que generaba un desfasaje a cooperativas que no tenían un respaldo económico para hacerle frente, más allá del adelanto de obra. Sin experiencia en administración ni gestión, se venían abajo. Si las cooperativas hubieran cobrado apenas hacían la prueba de funcionamiento, hubiera sido otra la historia (Entrevista a funcionario de OSSE, 2021).

Sobre las complejidades del proceso organizativo y las limitaciones del Programa, cuenta el presidente de la cooperativa Parque Independencia:

Convocamos a pibes del barrio a que se sumen, pero había muchos problemas…acá está la cultura de la plata fácil y fue muy difícil arrancar. Nos dieron una capacitación sobre cómo hacer la obra y después nos visitaban los técnicos, pero más que técnicos, necesitábamos psicólogos porque cada pibe tenía un problema y cualquier cosa los hacía estallar…. tuve que echar muchos pibes e ir filtrando porque nadie te ayudaba con eso… el Estado se tiene que replantear cómo trabajar con nosotros (Entrevista a D.S., 2021).

Hoy, después de 10 años de trabajo en los que la cooperativa participó de 6 obras de Agua + Trabajo y más de 30 obras realizadas para OSSE, reflexiona en torno a aquella constitución:

La cooperativa es un filtro, nosotros arrancamos y pasó mucha gente por acá, y hoy ,10 años después, tenemos nuestras herramientas, nuestro equipamiento, cada chico tiene su pala y las herramientas que tiene que llevar y traer, y tenemos espalda. Yo aprendí a escuchar a los chicos y a no mandar, a no desautorizarlos delante de los otros. Tengo dos encargados en cada línea de trabajo… estamos bien (Entrevista a D.S., 2021).

Por otro lado, uno de los cooperativistas (y vecino) que participó de la primera experiencia del barrio Las Dalias, al consultarle sobre las limitaciones y problemáticas en la ejecución cuenta que lo primero que hicieron después de la capacitación fue ponerse a trabajar todos juntos con el objetivo de hacer “todo para todos”, es decir, dividir en partes iguales, independientemente del esfuerzo que cada uno hiciera.

Tardamos una semana en hacer los primeros 100 metros y empezó a haber bronca porque muchos se “hacían los vivos” y mientras uno hacía 10 metros, el otro hacía 2. A partir de ahí empezamos a hacer por metro. Cada uno venía, el técnico te marcaba 10 metros y eso era lo que tenías que hacer vos. Después te lo anotaban y cobrabas por lo que hacías (Entrevista a J.V., 2021).

En el barrio Nuevo Golf, las complejidades que presentó la obra atentaron contra el proceso organizativo y terminaron disolviéndolo. La dificultad que presentaba el suelo (barrio lindero a una cantera de piedra abandonada), la falta de apoyo técnico y operativo por parte de OSSE para abordar estos problemas, el bajo presupuesto asignado a la mano de obra y la eterna burocracia en las certificaciones y pagos a la cooperativa fueron aspectos fundamentales para truncar el proceso cooperativo.

OSSE, responsable de las obras, careció de capacidad de respuesta para apoyar a las cooperativas cuando asediaban las complejidades o cuando las tareas necesarias para facilitar el trabajo no estaban incluidas dentro del paquete del Programa.

El objetivo de seleccionar cooperativas locales que dieran trabajo a los mismos “vecinos” que luego se beneficiarían con la obra fue parte de las premisas del Programa y de la narrativa de los actores políticos. Sin embargo, el armado de las cooperativas de acuerdo al barrio y la selección y adjudicación de obras muestran un esquema de conformación de cooperativas ejecutoras que varió con el tiempo. La Figura 3 muestra la composición de las cooperativas en dos períodos. Entre 2008 y 2011, inicios del plan, la cantidad de cooperativas barriales representó el 64 % de las obras realizadas. Sin embargo, entre 2012 y 2015, con el Programa avanzado en cantidad de obras, la composición varió hacia un modelo donde las cooperativas, en un 73 %, no eran del mismo barrio donde se hacía la red.

Esta situación será necesaria profundizarla en próximas investigaciones. Sin embargo, indicios posibles se desprenden de la información recolectada:

1. los precios pagados por la obra fueron quedando desactualizados ante la creciente inflación, impidiendo tiempos de aprendizaje improductivos en términos de avance de obra;

2. en los primeros años se generaron cooperativas que después de realizar la obra en su barrio quedaron con un know how y una capacidad instalada apta para resolver problemas en barrios vecinos;

3. el ente encargado de constituir las cooperativas (INAES) se saturó ante el boom de conformación de cooperativas (Arcidiácono y Bermúdez, 2015), haciendo imposible la formación de cooperativas nuevas y tardando hasta 2 años para tramitar la constitución.

Funcionamiento del abastecimiento de agua en barrios populares

Las trayectorias expuestas sistematizan un conjunto de prácticas que construyen el funcionamiento de la relación entre los actores barriales y los estatales, enfatizando el proceso que atraviesan para conquistar el servicio con formas previas de urbanización determinadas por la lógica de la necesidad y de respuestas provisorias de la empresa que, bajo lógicas políticas, cubre la intensidad de la demanda de los actores sociales con respuestas de baja complejidad, en cierta medida, apropiándose de esa necesidad y reproduciéndola.

De las entrevistas realizadas, la revisión de documentos técnicos de la empresa y los materiales generados se presenta un esquema de funcionamiento sociotécnico de la relación entre los actores involucrados para dar respuestas en dos partes de la trayectoria: las soluciones previas Figura 4 y la implementación del Programa Figura 5.

El primer gráfico da cuenta de las vinculaciones establecidas entre los referentes de los barrios populares con distintos actores de la sociedad civil local que determinan distintas estrategias para posicionarse ante la empresa estatal y exigir soluciones. En función de la factibilidad técnica, política o social darán un tipo de respuesta: tanques cisternas, redes precarias, perforaciones o tanques comunitarios.

En una segunda instancia Figura 5los actores barriales y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son la base de la implementación del programa A+T integrando cooperativas (o aceptando cooperativas ajenas al barrio) a través del INAES. A partir del financiamiento del ENOHSa, OSSE determina las prioridades de implementación y capacita las cooperativas para realizar la obra de acuerdo a las demandas y a las relaciones de fuerza con los actores barriales. En la implementación, la forma en que se abordan las tensiones y conflictos entre las cooperativas y OSSE determina si las cooperativas se consolidan o si su itinerario se complejiza hasta el punto de disolverlas. El resultado de esta interacción son mallas de agua con algunas problemáticas necesarias de abordar.

A modo de conclusión

Retomamos aquí las preguntas que guiaron este trabajo: ¿en qué medida el activismo político de los actores barriales influyó en la ejecución de la obra? Y, en términos de procesos asociativos, ¿qué complejidades significó la conformación de cooperativas y qué desafíos presentan?

La pregunta acerca del rol de los actores barriales y las primeras aproximaciones en las entrevistas realizadas dan pie para analizar de qué forma los actores presentes en el territorio construyen las relaciones problema-solución alrededor de una cuestión antes de la ejecución de una política pública.

De lo contrario, la implementación del Programa pareciera que viene de manera neutral a ampliar la cobertura a sectores donde “no existía” tal cosa.

Busco, como parte central de este trabajo, considerar las luchas vecinales y sus estrategias como constitutivas de los procesos de urbanización popular con una trayectoria previa en cada territorio vinculada a la empresa de servicios que construyó las condiciones de posibilidad del destino de las obras.

Lo enunciado anteriormente se desprende, también, de los testimonios de técnicos, fomentistas y cooperativas: el carácter fundamentalmente político de asignación de valores para determinar en qué barrio se llevó a cabo cada obra. Una lógica que es el resultado de situaciones en las que dominaban distintos factores: el conflicto barrial y la tensión generada con la empresa a través de jornadas de protestas y luchas, en el caso de Nuevo Golf; la oportunidad y la estrategia vecinal para generar una cooperativa en el barrio Parque Independencia; y las amplias trayectorias de vinculación interinstitucional con la UNMdP, como en Las Dalias.

Las experiencias de gestión previas para el acceso al agua, a pesar de ser respuestas provisorias, dispararon procesos organizativos de conquistas de derechos y soluciones “posibles” en los bordes del sistema con prácticas que implicaron distintas tecnologías de gestión centradas en los grupos territoriales locales como sujetos colectivos activos en las decisiones para la solución del problema.

En base a experiencias en el plano local (F. Cacopardo et al., 2021; F. A. Cacopardo et al., 2013) son numerosos los procesos en los que, a partir de la organización para la producción del servicio de agua mediante estructuras de gestión colaborativas entre redes barriales, multisectoriales e interinstitucionales, se han fortalecido redes asociativas vecinales y generado aprendizajes respecto a los procesos de lucha y confrontación en y frente al Estado para acceder a servicios.

Respecto al impacto del Programa en los mecanismos de gestión de construcción de redes de agua, su implementación en la ciudad contribuyó a instalar a las cooperativas como actores relevantes para solucionar problemas de infraestructura urbana bajo una dinámica de trabajo con múltiples puntos conflictivos, los que serán analizados en próximas investigaciones.

En la revisión de los itinerarios, de las trayectorias y en el carácter político de las conquistas barriales se observa cómo se inserta la política pública como resultado de un conjunto de estrategias desarrolladas por los referentes barriales para acceder a la red “formal”. En esta revisión se observan con claridad los procesos asociativos entre redes vecinales e interinstitucionales para resolver la problemática y traccionar respuestas posibles.

Retomando las conceptualizaciones de la urbanización popular planteada por los autores de referencia, resulta emergente profundizar los análisis de la UP como la construcción de los soportes materiales, pero, sobre todo, analizar la construcción de los soportes inmateriales, a partir de los que la población accede a servicios. Me refiero a los inmateriales en términos de estrategias, alianzas entre actores, creación de instrumentos jurídicos, articulación con instituciones y, específicamente, a los hechos que van construyendo el itinerario de un proceso inserto en un contexto de diversas disputas, tensiones y negociaciones con el Estado y sus representantes, pero, también, con distintas esferas de la sociedad civil.

Referencias bibliográficas

Enlaces refback

• No hay ningún enlace refback.

Quid16. Revista del Área de Estudios Urbanos. ISSN: 2250-4060.

Los trabajos publicados en esta revista están bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International.