La lógica agrícola moderna, esto es, el agronegocio, ha logrado una expansión significativa en la región agrícola pampeana argentina desde mediados de 1970 y, con mayor ahínco, desde 1996 con la aprobación de la soja transgénica (Basualdo et al., 2013). Se trata de una lógica productiva que puede ser caracterizada por cinco elementos fundamentales: la transectorialidad; la priorización de las necesidades del consumidor global; la intensificación del papel del capital en los procesos productivos; la estandarización de las tecnologías utilizadas, con una intensificación en el uso de insumos de origen industrial y la generación de tecnologías basadas en la transgénesis; y el acaparamiento de tierras para la producción en gran escala (Gras y Hernández, 2013).

Sin embargo, la consolidación de esta lógica productiva no ha estado exenta de cuestionamientos y resistencias. Especialmente, asistimos en el transcurso de estas dos primeras décadas del siglo XXI a la constitución de diversas experiencias contestatarias urbanas que sobre la base de un discurso ambiental anteponen críticas a los impactos sanitarios del agronegocio y construyen una identidad colectiva. Habitantes de pueblos y ciudades vienen denunciando el carácter problemático de contenidos inherentes al modelo productivo, entre otros: las fumigaciones con agroquímicos en áreas periurbanas, los depósitos de agroquímicos, las plantas y laboratorios experimentales de semillas.

Ahora bien, atendiendo a que “[…] toda configuración social es una configuración significativa” (Mouffe, 1993, p. 114), entendemos que no basta el registro de las alteraciones o impactos que el paquete tecnológico del agronegocio2 provoca para que inexorablemente se constituya una preocupación social y que esta se exprese como una problemática ambiental. Es decir, la configuración de problemáticas ambientales presentadas como inherentes a los impactos del agronegocio es la resultante de experiencias colectivas no necesarias sino contingentes (Forlani, 2021). Caso contrario, en el país deberían haberse configurado acciones colectivas contestatarias a los impactos sanitarios derivados del empleo de agroquímicos ya desde 1980, pues desde esta década en casi todas las producciones agrícolas se registran aplicaciones de químicos peligrosos. Al decir de Hernández (Hernández, 2017) el caso argentino tal vez sea el más representativo de la adopción sin grandes controversias de los cultivos transgénicos, los agroquímicos y los softwares de gestión empresarial como los drones.

Sobre la base de estas consideraciones ontológicas el interés del presente artículo radica en analizar el surgimiento y desenvolvimiento de las acciones colectivas (que incluyen desde protestas sociales hasta la conformación de espacios asamblearios) contestatarias al agronegocio en localidades insertas en su área de emplazamiento. Para ello abordaremos dos experiencias colectivas que lograron precisamente hacer de la preocupación ambiental un problema público en torno al modelo agrícola hegemónico: los casos de Río Cuarto (RC) y Malvinas Argentinas (MA).

Para el estudio de las experiencias contestatarias de RC y MA la perspectiva teórica adoptada recupera dos enfoques centrales: la sociología pragmática de los problemas públicos y las perspectivas relacionales del territorio. Según analizamos en otra oportunidad (Forlani, 2021) entrelazar ambos desarrollos teóricos potencia la comprensión de la conflictividad socioambiental. Pues, mientras la sociología de los problemas públicos de base pragmática nos ofrece “una caja de herramientas”3 que nos facilita el seguimiento práctico-situado de los procesos de movilización como los que nos interesan estudiar, el segundo enfoque nos permite reconocer los conflictos en tanto modos diversos de dominación y apropiación de los territorios que dirimen su hegemonía en el marco de relaciones de poder (Haesbaert, 2011). En otros términos: desde el enfoque sociológico referido es posible reconstruir en clave genealógica las múltiples mediaciones suscitadas en diferentes arenas públicas para que el agronegocio se convierta en objeto de preocupación e impugnación bajo un discurso ambiental. En tanto, la contemplación de la territorialidad en los términos anunciados nos previene acerca de las desigualdades en lo que refiere al acceso y control de los recursos materiales y simbólicos por parte de los actores en disputa (Sili, 2018).

En términos metodológicos adoptamos un enfoque cualitativo de tipo socio antropológico en vista de analizar y comprender las prácticas materiales y simbólicas inmanentes a los procesos de movilización frente al agronegocio. Para ello desarrollamos un estudio de dos casos relevantes: las experiencias colectivas socioambientales emergentes en RC y MA (ambas en la provincia de Córdoba, Argentina), en el periodo 2009-2019.

En clave de Merlinsky (Merlinsky, 2013a) visualizamos a este tipo de casos como “instrumentales” dado que el estudio en detalle de estos nos facilita la comprensión de problemáticas que incluyen a la vez que exceden las experiencias analizadas, esto es: las conflictividades socioambientales que se desarrollan en múltiples espacios urbanos en torno a la dinámica del agronegocio.

Veamos: Los casos referidos comparten características comunes, pero también aspectos diferenciales. Entre las primeras se destaca que en ambas localidades se conformaron espacios asamblearios (“Río Cuarto Sin Agrotóxicos” [RCSA] y “Malvinas Lucha Por La Vida” [MLPLV]) al calor de la conflictividad desatada centralmente alrededor de los intentos de la multinacional del agronegocio Monsanto por instalar un centro experimental en RC y una mega planta acondicionadora de semillas en MA hacia el año 2012. Asimismo, en los dos espacios urbanos los litigios se desplegaron en una multiplicidad de arenas públicas (las universidades, el derecho y los distintos espacios públicos: calles y plazas) que convocaron a múltiples actores sociales cuyos involucramientos en las disputas coadyuvaron a la instalación pública de las preocupaciones expresadas, en ambas experiencias, en clave ambiental.

Entre los rasgos diferenciales se divisa un contraste marcado en lo que atañe a la integración de las respectivas ciudades al circuito económico del agronegocio. Mientras que RC constituye una “ciudad del agronegocio”,4 MA se encuentra escasamente vinculada al entramado productivo de la dinámica agrícola hegemónica.5 También ambas experiencias contrastan en lo que refiere a los antecedentes de acciones colectivas contestatarias a los impactos del agronegocio: en RC antes del conflicto frente a Monsanto se registran protestas sociales por las fumigaciones periurbanas y los depósitos de agroquímicos, así como procesos organizativos en torno a la defensa del bosque nativo frente al avance de la agricultura basada en el paquete tecnológico; por su parte, en MA tales preocupaciones se constituyeron en el marco del litigio frente a Monsanto.

En función de los aspectos compartidos y singulares señalados, ambas experiencias de estudio se configuran como heurísticas respecto de nuestro problema mayor de investigación. Es decir, lo acontecido en RC y MA “puede ser presentado metodológicamente” (Menna, 2013, p. 74) como casos en los que apoyarse para una comprensión de la conflictividad socioambiental, al menos, con relación a la agricultura moderna.

Para la reconstrucción de tales experiencias apelamos al método narrativo, el cual consiste en definir una estructura narrativa cuya resultante es la elaboración de un relato mediante el cual se organizan los eventos conflictivos y se establecen sus relaciones (Merlinsky, 2013a).

Según adelantamos, el episodio central identificado, es decir el que acaparó la atención pública en las localidades de RC y MA, se desprende del intento de Monsanto por instalar una planta y un centro experimental de semillas en las ciudades referidas. Este constituye el punto de partida de cara a la reconstrucción de los diferentes eventos que se le vinculan, cuyo trazado nos permitió analizar los antecedentes y la evolución del contenido de las demandas y los repertorios de acción a los que acudieron los actores movilizados para plantear sus problemáticas.

Así, con la reconstrucción de la trama conflictiva, identificamos aquellas preocupaciones que los actores movilizados definen como problemas socioambientales y el modo en que los relacionan con la expansión agrícola tanto en RC como en MA. El interés estuvo puesto en reconstruir el proceso de significación que los actores sociales realizaron de la situación problemática, tanto como aspectos contingentes o bien inherentes a la expansión del agronegocio. Para este cometido prestamos especial seguimiento a las distintas arenas públicas en las que se fueron expresando las denuncias-demandas y los repertorios de acción a los que acudieron para visibilizarlas. A tal fin, organizamos inicialmente el relato en torno al episodio central distinguiendo tres momentos en que se desarrolló la problematización respecto a las iniciativas de Monsanto para cada localidad: el momento de la experiencia, el del litigio y el de la sutura (parcial) del conflicto.

En lo que atañe al momento de la experiencia, reconstruimos los modos en que los distintos actores sociales vivenciaron la noticia de la “llegada” de Monsanto a una y otra localidad. Identificamos los “lanzadores de alarma” (Bernstein y Jasper, 1998, en Merlinsky, 2013a), es decir las personas e instituciones que inicialmente alertaron respecto del daño potencial que generarían la planta y el laboratorio de la multinacional y narramos los procesos investigativos iniciales a partir de los cuales se fue constituyendo el problema ambiental en torno a Monsanto.

En el momento del litigio, contemplamos las tres arenas públicas por las cuales el problema ambiental en torno a Monsanto pasó a convertirse en un problema público: 1) el litigio en “la calle”, en tanto expresión del accionar colectivo en los espacio públicos (calles, rutas, plazas, edificios públicos), 2) el litigio en el ámbito académico con epicentro en los diferendos políticos acontecidos en tres universidades radicadas en la provincia de Córdoba (Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba), y 3) el litigio en la arena del derecho y la actuación referida en el ámbito administrativo, normativo y del poder judicial.

Finalmente, en el momento de la sutura (parcial) de los conflictos precisamos el desenlace de los litigios en torno a Monsanto en cada localidad contemplando a su vez los eventos/conflictos vinculados/asociados a este episodio central de disputa.

Tras una década de movilizaciones protagonizadas por el colectivo “Madres de Ituzaingó” en torno a los impactos sanitarios negativos que la aplicación de agroquímicos generaba en los campos adyacentes a su barrio (Ituzaingó, ciudad de Córdoba capital), se concretó hacia el 2012 el primer juicio oral y público de la historia argentina por fumigación con agroquímicos cerca de poblaciones urbanas (Página 12, 22/08/2012).

En vísperas de este acontecimiento actores sociales con diversas trayectorias militantes de la ciudad de RC se congregaron en pos de manifestar su apoyo a las “Madres de Ituzaingó” al tiempo que aprovecharon la oportunidad política que habilitaba el histórico juicio para problematizar los impactos sanitarios que el modelo agrícola producía en esta ciudad. El espacio asambleario en formación, denominado Asamblea “Río Cuarto Sin Agrotóxicos” [RCSA], restituía un significante de directa vinculación con las acciones de protesta social acontecidas en la ciudad en años previos (2007-2009) con motivo de las fumigaciones periurbanas (Diario Puntal, 09/01/2007) y, de un modo más directo, con la charla debate “¿Somos una ciudad fumigada?” impulsada por “Vecinos por un Río Cuarto Sin Agrotóxicos” en el 2010.6

En el contexto del incipiente proceso organizativo crítico de los impactos sanitarios del agronegocio, hacia el 2012 la empresa Monsanto comienza a construir en la ciudad una planta experimental de semillas a través de una compañía local comercializadora de sus productos: Foc Seed. Fue el curso investigativo de los actores sociales nucleados en RCSA el que detectó que el real interesado en la puesta en funcionamiento del centro experimental era la multinacional en cuestión, hecho que se transparentó en el 2013 cuando al estar la obra concluida, Monsanto solicitó los permisos de uso de suelo e hizo la presentación del informe de impacto ambiental.7

Los actores sociales movilizados asociaron tempranamente a la multinacional en cuestión con un modelo agrícola (agronegocio) al que caracterizaban como “extractivista-contaminante” inherente a las lógicas de “acumulación por desposesión” globales.8 De allí el despliegue de acciones colectivas en resistencia a la puesta en funcionamiento de la nueva iniciativa de Monsanto en la localidad. Una de las primeras acciones en pos de impedir su instalación se constituyó por la temprana búsqueda por parte de los activistas del respaldo de la Universidad Nacional de Río Cuarto; institución que, a través de su Consejo Superior, se posicionó en los siguientes términos:

Aún con este respaldo institucional, el 2013 comenzó sin la posibilidad de que RCSA tuviese acceso a la información oficial respecto del proyecto presentado por Monsanto en el municipio, proyecto que ya estaba en marcha con las obras de la estación experimental en construcción. En este marco, RCSA llevó adelante diferentes intervenciones en los espacios públicos, tres de ellas frente a la sede de los ejecutivos municipales y provinciales, una acción disruptiva durante el tradicional evento del agronegocio “La expo de la Rural 2013”, un corte parcial sobre la Ruta Nacional 8 (en las inmediaciones de donde se estaba instalando Monsanto) y, finalmente, una movilización en las calles céntricas de la ciudad.

En el marco de esta conflictividad social ascendente y tras una evaluación de impacto ambiental desfavorable respecto del emprendimiento de Monsanto, el intendente municipal de RC estableció por decreto la imposibilidad de que la trasnacional coloque en funcionamiento el laboratorio ya construido, mediante el argumento de que ello "sería perjudicial, al menos, en lo que respecta a la armonía, la paz social y la convivencia" (entrevista al Intendente de Río Cuarto Jure, en Infobae 22/11/2013).

Es interesante, asimismo, divisar la vinculación del conflicto en torno a Monsanto con otras tres situaciones problemáticas asociadas al agronegocio en la ciudad: 1) la Audiencia Pública desarrollada en el Concejo Deliberante en la que se debatieron los impactos del modelo agrícola hegemónico; 2) las denuncias sobre la agroindustria Bioetanol Río Cuarto S. A. (Bio4); 3) la iniciativa popular “Río Cuarto Agroecológico”.

Con relación al primero de ellos, importa advertir al menos dos aspectos. Primeramente hay que destacar que la concreción de la audiencia a los efectos de “[…] conocer la opinión de la ciudadanía en general y de las instituciones públicas y privadas vinculadas a la problemática sobre el modelo productivo agrícola actual […]” (Concejo Deliberante de Río Cuarto, Ord. N°418/13, Art. 1) refleja en sí mismo el alcance público de un debate que convocó a 60 expositores. De las intervenciones de este universo de participantes es posible reconocer la segunda dimensión trascendente: dos núcleos de significaciones antagónicas se desprendieron de las exposiciones. Por un lado, quienes defendían los logros del paquete tecnológico reivindicaban las “buenas prácticas agrícolas” en tanto dispositivo para dotar de sustentabilidad el modelo agrícola hegemónico; por el otro, los críticos del agronegocio impulsaban la agroecología como paradigma superador al destacar la armonía con el ambiente que esta forma de producir representa. En suma, en esta audiencia se escenificaron las controversias sociotécnicas existentes sobre el modelo productivo en cuestión.

No obstante, el alcance público que la preocupación en torno al modelo productivo tuvo a través de la concreción de la Audiencia y la visibilidad de una posición alternativa/antagónica a la hegemónica, no significó que la problemática en torno al agronegocio se estabilice como asunto de debate público en la ciudad. Así lo evidencian los dos restantes eventos anteriormente mencionados. Primero, las denuncias efectuadas por RCSA frente a los impactos de la agroindustria productora de etanol Bio4 no lograron permear la discusión pública como sí ocurrió frente a Monsanto. A pesar de los intentos de los activistas de visibilizar la conexión de Bio4 como una variante dentro del conjunto de contenidos inherentes al agronegocio y sus impactos ambientales a partir de las denuncias por “el elevado consumo de agua”, “la toxicidad de sus efluentes” y “la ineficiencia energética” (Blog de RCSA [LINK]), esta agroindustria continuó con sus procesos productivos sin las menores complicaciones.

De igual modo, el proyecto de ordenanza por iniciativa popular “Río Cuarto Agroecológico” presentado por RCSA hacia 2018 fue aprobado, aunque con sustanciales modificaciones que desnaturalizaron los alcances de la iniciativa. En palabras de los activistas: de un “proyecto de planeamiento territorial” solo quedó una “ordenanza declarativa” por cuanto los puntos concernientes a la prohibición progresiva de las fumigaciones y del crecimiento del área destinada a la agroecología fueron quitadas y quedó solo una enunciación en torno a la importancia de la sustentabilidad de las formas de producir (Facebook de RCSA, 6/12/2018).

El anuncio de la inversión de una mega planta procesadora de semillas de maíz por parte de Monsanto en la localidad de MA hacia el 2012 contó con el respaldo y promoción de parte de los tres niveles gubernamentales: nación, provincia, municipio (LaVoz del Interior, 17/07/2012; Página 12, 16/06/2012). El comienzo de la construcción de las obras no cumplimentó las obligaciones estipuladas por la normativa ambiental nacional de la Ley General de Ambiente N° 25675, especialmente en lo referido a la convocatoria previa de una audiencia pública y la presentación de un informe de impacto ambiental. También la puesta en marcha de las obras tenía la irregularidad concerniente al “uso de suelo” pues la normativa provincial estipulaba que en el sector donde se estaba emplazando la planta estaba destinado a actividades agropecuarias sin contaminantes. Frente a ello, activistas de MA acompañados por abogados que oficiaron como querellantes en el “juicio de Ituzaingó” desplegaron acciones en la arena jurídica en oposición a la continuidad de las obras (presentación de amparos y solicitud de medidas cautelares).

Sin embargo, antecede al litigio judicial frente a las inversiones de Monsanto el desarrollo de una experiencia investigativa en torno a los posibles impactos sanitarios-ambientales que la planta generaría y sobre la cual se fue constituyendo un espacio colectivo en resistencia contra la multinacional. En un trabajo de campo (años 2016/2017) basado en la realización de entrevistas9 a distintos actores partícipes del espacio asambleario que protagonizaría la resistencia frente a Monsanto (“Malvinas Lucha Por La Vida”), sumado a la revisión de diferentes investigaciones enfocadas en la conflictividad socioambiental registrada en la localidad (Agosto, 2014; Fitz Herbert, 2019; Sánchez Marengo y Valor, 2015), pudimos reconstruir que la preocupación en torno al referido contenido del agronegocio comenzó a gestarse a través de un rol activo de ciertos “lanzadores de alarma”. Inicialmente, Raúl Montenegro10 e integrantes de “Madres de Ituzaingó”, convocados por un investigador de un ámbito científico nacional y docente universitario que residía en la localidad, socializaron ante un grupo creciente de vecinos convocados a reuniones informativas cómo la puesta en funcionamiento de la planta convertiría a MA en una “zona de sacrificio ambiental”.

Ante tales voces de alerta, sumadas las investigaciones desarrolladas por la Red Universitaria de Ambiente y Salud coordinada por el médico Medardo Vázquez y frente a autoridades municipales y provinciales que no brindaban mayores aperturas en lo que al debate público respecto de la iniciativa de Monsanto refiere, se fue constituyendo un espacio asambleario que desplegó distintas acciones de protesta (cortes de ruta, movilizaciones, festivales, bloqueos y acampes, entre otras) en pos de visibilizar su desacuerdo ante la continuidad de las obras.

Una de las arenas públicas en las que permeó la conflictividad social en torno a las inversiones de Monsanto, y que fue clave en la definición y estabilización como problema público de la preocupación ambiental emergente, fueron la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. Respecto de la primera, en rigor, fue el Centro de Bioética el que sostuvo una posición pública crítica respecto de las inversiones de Monsanto en virtud de que:

En tanto, en lo que refiere a la Universidad Nacional de Córdoba, se sumaron a los pronunciamientos críticos de distintas facultades y dependencias (Facultad de Artes, Psicología y Consejo Académico Consultivo de la Escuela de Trabajo Social) con relación a Monsanto y, en general frente al modelo agrícola hegemónico, las resoluciones del Consejo Superior:

Conviene aquí advertir que entre ambas resoluciones del Consejo Superior mediaron relaciones de litigio frente a la Facultad de Ciencias Agrarias, cuya máxima conducción (decanato) sostenía públicamente el carácter virtuoso de la articulación entre la universidad y las corporaciones del agronegocio: posicionamiento que se tradujo en un convenio de colaboración con la propia Monsanto, mediante la Resolución Decanal N° 680/2014, aunque en el marco de una conflictividad social en ascenso la posición de la referida Facultad culminó cediendo (derogación del convenio por la Resolución Decanal FCA/UNC N° 970/2014).

Así, conforme a las múltiples acciones de visibilización respecto del desacuerdo con la instalación de Monsanto protagonizada por activistas de MLPLV, y dados los reveses judiciales y administrativos que la empresa registró (entre otros el rechazo del informe de impacto ambiental presentado por la compañía), derivaron en que hacia el 2016 la firma desistiese de sus inversiones en la localidad.

Para abordar cómo en ambas experiencias las preocupaciones ambientales devinieron en problemáticas públicas y qué nos relevan los casos con relación a la conflictividad socioambiental respecto del agronegocio, nos valdremos de ciertas categorías de alcance medio.

Inicialmente recuperamos de Merlinsky (Merlinsky, 2013b) la noción del riesgo, entendida como la percepción de una situación como capaz de tener consecuencias negativas actuales y futuras. Según la socióloga, para que “se active la percepción del riesgo deben mediar complejos mecanismos de atribución social que hacen que un evento sea considerado como peligroso” (Merlinsky, 2013b, p. 34). Estos mecanismos comportan la generación de conocimientos acerca de las implicancias de una determinada situación.

Según lo relatado, en el seno de las preocupaciones sociales emergentes se encontraba la sensación en términos experienciales de una afectación ambiental-sanitaria. En MA, proyectada (hipótesis de la puesta en funcionamiento de la planta de Monsanto), y en RC, además de un agravamiento de las problemáticas con la instalación del centro experimental de la multinacional, sobre la base de antecedentes (fumigaciones periurbanas). Tales preocupaciones movilizaron cursos investigativos colectivos en los que confluyeron producciones académicas/científicas y conocimientos plebeyos, que vincularon las afectaciones con las alteraciones ambientales generadas por el agronegocio.

Interesa aquí recuperar dos aspectos significativos de cómo esta indagación colectiva fue re-significando las problemáticas de los territorios y motivando procesos organizativos. En RC, es a partir del “juicio de Ituzaingó” que la acción colectiva de protesta frente a las fumigaciones periurbanas se reinscribe en un espacio socioterritorial (RCSA) que no solo pasa a sostener en el tiempo la denuncia por el impacto de los insumos utilizados en la agricultura, sino que además los enmarca ―litigio mediante frente a Monsanto― en una crítica mayor en torno a la lógica productiva (el agronegocio como lógica neoextractivista).

En MA, por su parte, conforme avanza la preocupación colectiva por los posibles impactos que generaría la planta de Monsanto se problematiza un estado de situación preexistente que hasta entonces no era motivo de preocupación, menos aún de reclamo o denuncia. Los testimonios de activistas en la resistencia contra Monsanto dan cuenta de cómo era la situación en MA previo a la problematización respecto a la planta de Monsanto en los siguientes términos:

Es decir que es a partir del curso investigativo en torno a la planta de Monsanto que las fumigaciones con agroquímicos pasan a divisarse como una preocupación común. Incluso más, es recién en pleno proceso contencioso frente a la multinacional que los impactos sanitarios derivados de los agroquímicos aplicados en los campos linderos a MA que estos se convierten en una de las principales problemáticas para los actores movilizados:

Ahora bien, la percepción de la afectación sanitaria recién se constituye como problema cuando los actores preocupados por la situación que la desencadena (una planta de semillas, una estación experimental, las fumigaciones con agroquímicos, los depósitos con agroquímicos, etc.), al demandar información a las autoridades públicas sobre aquello percibido como negativo, no encuentran sino negación y hermetismo. Ante ello, comienza a constituirse una identificación común fruto de un triple reconocimiento: de la existencia de un daño (vigente o potencial), de un otro en tanto responsable de las injusticias padecidas, y de la autopercepción como víctimas en tanto sujetos de derecho negados por los poderes públicos.

En este marco las denuncias de los “afectados ambientales”11 se inscribirían en el orden de lo político puesto que estos se constituyen como tales en la medida en que se “auto reconocen víctimas en tanto que ciudadanos que ejercen su derecho a la defensa de la salud y el ambiente” (Berger, 2016, p. 39). En clave de Rancière (Rancière, 1996) sostenemos que el reclamo de participación/consulta de los actores movilizados constituye una invención política, en la medida en que reclaman ser contados en la discusión acerca de la continuidad o agregación de contenidos inherente al agronegocio en sus respectivas localidades.

Ahora bien, el logro de MLPLV y RCSA en “hacer escuchar como discurso lo que no era escuchado más que como ruido” (Rancière, 1996, p. 45) no fue el resultado de exponer en el espacio público la sumatoria de las preocupaciones individuales de sus miembros, ni siquiera de todos ellos como colectivo, sino a partir de la evocación de un daño cuya afectación involucraba al conjunto de la sociedad: el ambiente. La denuncia del daño ambiental es lo que permitía a las Asambleas presentar los problemas que preocupaban a sus partícipes como asuntos que requerían la atención pública, dado que lo que estaba en juego era un bien común:

Así, la demanda ambiental se configura como un significante que da cuenta que los impactos del modelo no se agotan en lo plano de lo individual, dado que “los agrotóxicos” y “las lógicas extractivistas” contaminan/degradan “los bienes comunes” (cursos de agua, suelo, aire, bosques). Afectándose los bienes comunes, la definición de la problemática tiene un alcance colectivo, puesto que lo que está en juego es “la vida” misma en los territorios en los que se desenvuelve el paquete tecnológico del agronegocio.

Al analizar las experiencias colectivas de una y otra localidad advertimos que los valores sobre los que se construye lo ambiental, en tanto matriz de significación de las preocupaciones de los actores movilizados, se circunscribe a “la salud” y a “la vida”, además del derecho a la participación. Parafraseando a Merlinsky (Merlinsky, 2013b) los reclamos, al concentrarse en evitar el daño sobre los cuerpos, hacen que los temas ambientales sean juzgados en términos éticos al tiempo que se adopta de una posición “no negociable”:12

De este modo, la situación que se percibe como generadora de afectación se “consolida” conforme los actores divisen la incorporación en los territorios de nuevos contenidos asociados al agronegocio (caso RC con la incorporación de la estación experimental) o bien, a la inversa, a partir de potenciales nuevos contenidos (planta de Monsanto en MA) que sus actores reconocen en prácticas e insumos de existencia previa en los territorios como dañinos. Tal consolidación acontece, asimismo, en el marco de una lógica productiva globalizada que no puede prescindir de la materialidad de lo local, es decir, de sus anclajes localizados en determinadas coordenadas espaciales para asegurar su reproducción.

El estudio de los conflictos socioambientales en torno al agronegocio con epicentro en distintos espacios urbanos emplazados en la región agrícola pampeana revela aspectos sociológicos-politológicos novedosos. En primer término, la dimensión espacial de las críticas hacia al modelo agrícola hegemónico, esto es, el surgimiento de acciones colectivas contestatarias en espacios urbanos, evidencia una mayor complejidad de los procesos de resistencia frente a las dinámicas ligadas a los procesos agrarios (Forlani, 2021). A las históricas movilizaciones frente a los desalojos desplegadas por movimientos campesinos e indígenas y las luchas emprendidas por pequeños productores frente al acaparamiento de tierra de actores de mayor capacidad económica (Teubal, 2006), se ha añadido en lo que va de este siglo XXI la emergencia de espacios colectivos contestatarios al agronegocio cuyas acciones de protesta tienen lugar en ciudades y pueblos.

El surgimiento y desenvolvimiento de estas últimas acciones colectivas desde luego no ocurren en el vacío. En clave de las perspectivas relaciones del territorio, los conflictos con relación a la dinámica agraria que se multiplican en los espacios urbanos, en parte se comprenden atendiendo a las transformaciones socioespaciales engendradas por la agricultura moderna. Pues, con “[…] la adopción de variables fundamentales del actual periodo de la globalización, como la ciencia, la tecnología y la información” (Santos, 2000, en Maldonado et al., 2017, p. 82) por parte del modelo agrícola hegemónico, las ciudades y pueblos pasan a adoptar un rol fundamental en la provisión de insumos y, en general, recursos que el campo moderno necesita (Elias, 2012). Así, las fronteras entre lo urbano y lo rural tienden a difuminarse toda vez que además de acontecer una expansión del área sembrada hasta los límites mismos de los cascos urbanos, la producción del agronegocio requiere de insumos de origen industrial (semillas y agroquímicos), profesionales, maquinaria de alta complejidad, recursos comunicacionales y financieros que los proveen indefectiblemente actores situados en las ciudades y pueblos.

Sin embargo, el registro de tales transformaciones socioespaciales no determina la emergencia de públicos contestatarios sobre la base de un discurso ambiental. Antes bien, ello es el resultado de una dinámica experiencial por la que los impactos sanitarios de la agricultura moderna son significados como inherentes al modelo agrícola y no como una mera externalidad. Según reflejamos, la interacción de saberes plebeyos y científicos fue determinante respecto de la asociación: agronegocio–daño ambiental–afectación sanitaria.

Añadimos, a partir de los casos analizados, que el derecho ambiental se constituyó como una fuente de legitimación y des-singularización de las denuncias-demandas de los actores movilizados toda vez que el marco normativo da cuenta del derecho colectivo vulnerado si existe una afectación ambiental. De allí que coincidimos con Delamata (Delamata, 2013) en que el uso progresivo del derecho constitucional y la ley para enfrentar las injusticias es característico de las asambleas socioambientales. Las reiteradas evocaciones del Artículo N°41 de la Constitución Nacional y la Ley General de Ambiente se convirtieron no solo en uno de los repertorios centrales de las acciones colectivas, sino también en uno de los ámbitos (el derecho, el marco normativo) donde los conflictos produjeron mayores transformaciones al activar obligaciones dormidas:13 como los estudios de impacto ambiental y sus correspondientes evaluaciones en tanto instancias previas a la construcción y puestas en funcionamiento de proyectos agroindustriales, como los que pretendía instalar Monsanto.

Estas conquistas sociales inscriptas en el movimiento de justicia ambiental global, no obstante, no deben soslayar la fortaleza de la territorialidad inmanente al agronegocio. Hemos advertido a partir de los casos analizados que los cuestionamientos a Monsanto en una y otra localidad no fueron suficientes para instalar el modelo productivo en su integralidad como un problema público. Nuevamente aquí conviene tener presente las rugosidades y la hegemonía construida por los promotores de la agricultura dominante. En conjunto, el orden del agronegocio y sus cuestionamientos nos revelan el carácter abierto y en disputa por las formas de uso y dominio de los territorios.