En Argentina nos encontramos ante una nueva ofensiva extractivista. El desfinanciamiento de políticas de protección ambiental, el desmantelamiento de institutos y entidades públicas que protegían derechos ambientales y de comunidades, la implementación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) –acompañadas por un discurso de ultraderecha que postula que toda intervención estatal en la economía produce ineficiencias económicas y desconoce la función de bien público– crean un campo propicio para el avance de proyectos extractivos. En un contexto marcado por las dificultades para acceder financiamiento externo y por la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que Argentina cumpla con sus metas fiscales, las exportaciones de minerales, hidrocarburos y materias primas agropecuarias se perfilan como opciones “salvadoras” –en clave casi de realismo mágico– que refuerzan el consenso extractivista que ya es transversal a todas las fuerzas políticas. Sin ir más lejos, el proyecto de Presupuesto presentado por el gobierno nacional para 2025 prevé un superávit fiscal apuntalado por las inversiones en litio, cobre, las exportaciones del sector energético (principalmente gas y petróleo de Vaca Muerta) y –aunque con rendimientos decrecientes– del sector agropecuario. La apuesta es, entonces, la profundización del saqueo de los bienes comunes como motor del crecimiento económico y una aceleración de la reprimarización de la economía. Este proceso se replica, con mayores o menores matices, en el conjunto de América Latina / Abya Yala.
Tras dos décadas de implantación del extractivismo como modelo hegemónico de desarrollo para la región, hemos constatado los profundos saldos ambientales, sociales y económicos que deja en los territorios, a costa de un crecimiento efímero y fugaz. Además, parte del flujo monetario de estas actividades se volcó en inversiones inmobiliarias en los centros urbanos, profundizando las desigualdades en el uso y apropiación del suelo. Esto es visible, por ejemplo, en los datos de déficit habitacional, que a nivel país no han hecho sino aumentar desde inicios del nuevo milenio, ya sea en momentos de expansión como de retracción económica. Los impactos ambientales, el despojo que implica, la dosis de violencia que los acompaña, han generado fuertes resistencias y activaciones ecoterritoriales, que lograron –en muchos casos– poner freno al avance de proyectos puntuales o actividades en provincias enteras. Ejemplos de ello son los andamiajes legales que impiden la megaminería en Chubut o en Mendoza, junto con las ordenanzas municipales y las sentencias judiciales que restringen la posibilidad de fumigar en los márgenes de pueblos, escuelas y cursos de agua. El contexto económico y político actual ha puesto más que nunca estos hitos en duda y, entre funcionarios públicos, referentes políticos y lobbistas corporativos, circulan diversas iniciativas para derogar o restringir estas estrategias institucionales de resguardo socioambiental.
Ante una nueva oleada en el proceso constante de
El ámbito académico se ha hecho eco de la noción de
Algunas de las características específicas del extractivismo contemporáneo son la profundización de la inserción subordinada de los países latinoamericanos al mercado internacional; la reprimarización y extranjerización de la economía; la profundización de los procesos de mercantilización de los bienes comunes; la aplicación de tecnologías de punta que permiten la expansión de la frontera de los commodities; la implementación o creación de marcos normativos de promoción que tienden a una mayor laxitud de las regulaciones económicas y ambientales; la proliferación de impactos socioambientales –y conflictos– sobre trabajadores, poblaciones locales y ecosistemas circundantes, que tienen como correlato la coproducción de desigualdades en el campo y en la ciudad. Un rasgo central que acompaña al extractivismo contemporáneo es la consolidación de un acuerdo general entre los diferentes gobiernos latinoamericanos –más allá de sus diferencias político-ideológicas– sobre la explotación de los bienes naturales, que ha sido caracterizado como un
Originalmente, el análisis de los procesos extractivistas se circunscribió a espacios rurales y territorios indígenas, para dar cuenta del avance mercantil tanto sobre los espacios comunes utilizados por amplios grupos sociales como sobre los bienes comunitarios que se encuentran en territorios habitados por comunidades campesinas e indígenas. La expansión de la frontera extractiva es la base de un modelo de acumulación basado en la explotación –y exportación– a gran escala de materias primas localizadas en el Sur Global. Para ello se utilizan tecnologías de punta que incrementan cualitativa y cuantitativamente los volúmenes de extracción (
Así, la noción de extractivismo se aplica a algunas actividades económicas que anteriormente no se incluían dentro de este formato. Las transformaciones acaecidas en el desarrollo capitalista agrario de las últimas décadas han modificado el uso que se le da a los dos principales bienes comunes de la naturaleza que se utilizan para la producción de alimentos: tierra y agua. Si antes eran considerados como recursos renovables, los niveles de intensidad en su uso, de contaminación y pérdida de fertilidad de los suelos por el uso masivo de agrotóxicos y fertilizantes de origen industrial y de monocultivos extensivos, han generado que la tierra y el agua no lleguen a cumplir sus ciclos de reproducción y renovación natural.
Al respecto, el artículo de Iño Daza (
Sobre cómo se legitiman proyectos extractivos altamente controversiales, dos artículos de este dossier puntualizan en las dimensiones simbólicas y culturales que han acompañado la actividad hidrocarburífera y litífera en Argentina. El artículo colectivo de Bruno Fornillo, Melisa Argento y Ezequiel Gatto (
En esta línea, el artículo de Paula D’Amico (
Cuando las estrategias legitimadoras no alcanzan, el conflicto emerge en su faz más descarnada. Entendiendo al conflicto como parte del proceso de formación y transformación del orden social, en “Neoliberalismo, resistencias sociales y disputas territoriales. Conmemorar 40 años de democracia desde la experiencia de lucha contra la megaminería en Mendoza, Argentina (2003-2023)” Mariano Salomone (
Volviendo a las distintas acepciones del concepto de extractivismo, algunos aportes clásicos del debate como Harvey (
En las ciudades latinoamericanas, el capital sobreacumulado encuentra en los sectores inmobiliarios destinos de estabilización, facilitado por los aportes del Estado de recursos públicos y de suelo. Los productos inmobiliarios resultantes pasan a ser activos financieros sujetos al imperativo de generar tasas de ganancias similares a las de otros mercados y, como consecuencia, el precio del suelo registra significativos aumentos. La ampliación y profundización de los procesos de mercantilización del espacio implican la sustracción y redistribución de recursos –incluyendo el suelo–, bienes y servicios entre clases y fracciones de clase, en el marco más amplio de las relaciones capitalistas y del ciclo de acumulación (
Los procesos de extractivismo urbano requieren, además, de un andamiaje judicial facilitador. En este sentido, la contribución de Paula Sagel (
Es posible pensar, por otra parte, al extractivismo como un proceso que introduce dinámicas de territorialización que enlazan diferentes espacios (
En los últimos años observamos también de qué modo el avance de la frontera extractiva se vale de la generación de incendios a gran escala como método último y más brutal en las que se expresa el despojo, dando lugar a un proceso de
En síntesis, el concepto extractivismo tiene el potencial de anudar heurísticamente los procesos de avance capitalista sobre los comunes, los bienes públicos estatales y los bienes comunitarios que permite a diversos sujetos, clases o fracciones de clase hegemónicos apropiarse gratuitamente o a muy bajo costo de “recursos” originados, poseídos, o gobernados por colectivos sociales diversos. Y, lo que es más, ha permitido a numerosos movimientos sociales y actores colectivos enmarcar distintas luchas dentro de una misma matriz extractiva, y encontrar un término unificador capaz de aunar dialécticamente las disputas por lo común en territorios distantes.
En este número de la Revista Quid 16, pues, los invitamos a profundizar estas discusiones a partir de análisis situados en nuestra región que, con su riqueza, complejidad y urgencia, contribuyen al debate global sobre lo que entendemos sobre los extractivismos.