Resumen↑

Este ensayo discute la desigualdad de género como desigualdad categorial persistente y simbólicamente instalada en toda la estructura social, en un análisis del caso argentino a lo largo de un periodo temporal caracterizado por una reactivación de la intervención estatal. Para ello, se presentan evidencias de las desigualdades persistentes en las siguientes dimensiones: las brechas en la inserción laboral de las mujeres, la distribución sexual desigual del trabajo no remunerado y los sesgos de género en la organización de la política social argentina.

Palabras clave↑

Desigualdad; Genero; Cuidado; Argentina

Abstract↑

This essay discusses gender inequality as a persistent categorical inequality, symbolically installed throughout the social structure, analyzing the Argentine case over a time period characterized by a renaissance of state intervention. To do this, evidence of persistent inequalities is presented in the following dimensions: gender gaps in women’s labor insertion, unequal sexual distribution of unpaid work and gender biases in the organization of Argentine social policy.

Keywords↑

Inequality; Gender; Care; Argentina

Recibido: 20 de mayo de 2016

Aceptado: 30 de julio de 2016.

Introducción. La desigualdad de género como desigualdad categorial↑

En términos muy generales, la desigualdad puede ser definida como la distribución asimétrica de ventajas y desventajas en una sociedad determinada, una distribución que está “mediada por relaciones de poder y está sujeta a diversas interpretaciones y valoraciones” (Reygadas, 2008: 14). En este sentido, se trata de una categoría relacional, que permite entablar un discurso en torno a la comparación o la distancia que existe entre dos o más puntos (individuos, grupos, etc.) respecto a la distribución de objetos sociales, que suponen una determinada ventaja o beneficio para quienes la poseen. De manera inescindible, esta dimensión material de la desigualdad se asocia a una dimensión simbólica, que se expresa en una distribución de atributos positivos y negativos, que son atravesados por procesos culturales de “valoración, clasificación, jerarquización, distinción, contradistinción, equiparación y diferenciación” que legitiman y construyen las desigualdades o, al contrario, las deslegitiman y las de-construyen (Reygadas, 2015: 39-42).

Las desigualdades de género evidencian claramente esta dimensión de lucha cultural, ya que están simbólicamente construidas sobre la naturalización de las diferencias entre varones y mujeres cristalizadas en relaciones de poder asimétricas y desigualdades persistentes. Sólo las luchas de las propias mujeres a partir del siglo XIX han logrado desquebrajar su posición subordinada en el plano de lo simbólico, operando procesos simbólicos igualadores como la revaloración de lo femenino, “el cuestionamiento de la opresión patriarcal, la desnaturalización del género y la deconstrucción de las categorías hegemónicas con las que, durante siglos, habían sido clasificados hombres y mujeres” (Reygadas, 2015: 57-58). Es precisamente en esta esfera donde se ha librado la disputa “teórica y práctica por el poder de conservar o de transformar el mundo social conservando o transformando las categorías de percepción de ese mundo” (Bourdieu 1989, 35).

Si se aceptan estas consideraciones, resulta útil adoptar el concepto elaborado por Charles Tilly (2000) de “desigualdad categorial” para describir analíticamente las desigualdades persistentes construidas socialmente en torno a pares categóricos y no continuos, como es el caso del género (varón/mujer). El mecanismo es el siguiente: se construye socialmente una categoría que establece una frontera entre grupos y/o personas; se acomoda de manera jerárquica a la población así separada, de manera que uno de los dos pares sea establecido como superior al otro (el varón sea considerado superior a la mujer, por ejemplo); finalmente se produce una distribución de recursos en base a esta categoría que favorece al grupo superior por sobre el inferior. Como resultado se producen individuos desiguales que confirman ex-post las características de cada categoría. Se tiende a este resultado al margen de que haya o no discriminación explicita, ya que estas relaciones sociales organizan las vidas de manera categorial. Al mismo tiempo, esta estructuración por categorías legitima otros mecanismos de producción de desigualdades. Entonces las formas de explotación o exclusión son más extremas, porque el valor asociado a cada categoría legitima los mayores recursos de los grupos superiores y la situación de desventaja de los grupos inferiores².

Además las categorías se pueden superponer, generando desigualdades aún más severas y extremas: sobre la base del género, la raza y clase se asientan mecanismos de doble o triple dominación, que cristalizan en jerarquías sociales (por ejemplo enfermera mujer negra de bajos ingresos vs. médico varón blanco de altos ingresos). Se produce así una construcción cultural de la legitimidad de la superioridad/inferioridad a lo que puede sumarse el distanciamiento social y la jerarquización (Therborn, 2015: 64-65), particularmente en el ámbito laboral, y finalmente prácticas cotidianas de discriminación (acción directa de un par categórico sobre el otro)³. Huelga decir que estos mecanismos de exclusión (como el techo de cristal) tienden a impedir que las mujeres puedan acceder en igualdad a los mejores puestos, en particular en la punta de la pirámide salarial donde se concentran los denominados “supersalarios” (Piketty, 2014), pese a las medidas de “acción afirmativa” que han intentado revertir estos procesos (Therborn, 2015: 69-70)⁴.

Otra parte muy significativa de las desigualdades de género se anida en los propios hogares, los cuales constituyen, no hay que olvidarlo, la principal unidad de análisis a la hora de calcular los indicadores sociales más utilizados (desigualdad, pobreza, etc.). En la recolección de información se presupone, en términos generales, una distribución igualitaria de los recursos y de los esfuerzos dentro del hogar, mientras que en realidad se establecen jerarquías de poder y relaciones de dominación simbólica, vinculados a factores como la división sexual del trabajo, las desigualdades laborales de género, la violencia de género, etc.

Muchos de estos elementos son difíciles de medir por la falta de datos, algo que es revelador de la persistencia de la dominación cultural que todavía se ejerce sobre la mujer, ya que es funcional al mantenimiento de las jerarquías de género, pese a los avances y a las luchas por el reconocimiento de sus derechos (Chant, 2003). Entre los muchos aspectos que evidencian el sesgo de género que todavía afecta a la recolección de información estadística, pese a las recomendaciones de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (ONU, 1995), se destaca la persistencia del enfoque del “jefe de hogar”, el cual tiende a invisibilizar y subordinar a la mujer y el trabajo que ella ejerce dentro del hogar (UNECE, 2010), ya que tradicionalmente es el varón quien se auto-asigna ese papel, como en el caso argentino⁵.

Además, el enfoque monetario, que domina a los indicadores más utilizados en el análisis de la desigualdad (índice de Gini, brechas de ingreso, etc.), oculta sus dimensiones no monetarias o no mercantiles. En particular, la distribución desigual del trabajo de cuidados, que suele cargar mayoritariamente sobre las mujeres, es una de las fuentes más importantes de desigualdad y no suele estar reflejada en las encuestas de hogares, a menos que se realicen encuestas de uso del tiempo ad hoc.

El cuidado es en sí un “concepto complejo que comprende un conjunto de actividades necesarias para la existencia y el desarrollo de las personas” (Pautassi y Zibecchi 2013: 9), que incluye una multitud de dimensiones económicas y no económicas, relacionales y afectivas. Las actividades interpersonales directas, es decir los servicios que una persona proporciona a otra para cubrir alguna de sus necesidades, y el trabajo doméstico necesario a la realización de esas actividades, sea la realización de servicios, de manutención del hogar por ejemplo, o la adquisición y transformación de bienes (es el caso de la preparación de alimentos, entre otras), cumplen un papel fundamental e imprescindible en la reproducción del sistema económico, pese a la invisibilidad del valor del trabajo de cuidados en la teoría convencional (cfr. Rodríguez, 2012).

El impacto de la distribución desigual del trabajo de cuidados no puede ser subestimado, ya que esta situación afecta a la disponibilidad de tiempo de las mujeres, siendo ellas quienes tienen que conciliar sus múltiples compromisos de trabajo (remunerado y no remunerado) con un uso más intenso de su propio tiempo, a costa del ocio, el descanso y el desarrollo personal (Rodríguez, 2007: 232). En ausencia de una transformación de la distribución sexual del trabajo o, por lo menos, de políticas de conciliación más efectivas, esta situación dificulta el avanzamiento profesional de las mujeres, en sus ocupaciones y carreras (Pautassi y Zibecchi, 2013: 11), contribuyendo a explicar la posición de desventaja que sufren en su inserción laboral y produciendo en muchos casos un estado de “pobreza de tiempo” (cfr. Carbajal, 2011). Estas consideraciones son discutidas en detalle en la sección 2, donde se presenta un análisis cuantitativo propio a partir de los microdatos de la Encuesta de Uso del Tiempo de 2013 (INDEC, 2014), con el objetivo de aportar elementos empíricos novedosos a este debate.

Por otra parte, la problemática de la organización social del cuidado (cfr. Esquivel y Pereyra, 2014) está inescindiblemente asociada a la estructura que asume la provisión de bienestar en un determinado contexto espacial y temporal. Estos arreglos constituyen una matriz institucional donde interactúan el Estado, los hogares, el mercado, y las organizaciones comunitarias de la sociedad civil (Adelantado et al., 1998). Como se discutirá en la sección 3, las instituciones tradicionales de la Seguridad Social estatal fueron construidas a partir de finales del siglo XIX sobre el supuesto de que la mujer proveería el hogar del flujo constante de trabajo no remunerado, y no reconocido socialmente, que es necesario a la reproducción de la vida y, en términos económicos, a la reproducción de la fuerza de trabajo a un costo que es internalizado dentro de los propios hogares y carga sobre el trabajo femenino. En otras palabras, la política social reposaba sobre una fuerte familiarización de la provisión del bienestar⁶. Este arreglo institucional o régimen de bienestar fue particularmente evidente en el caso de la región latinoamericana, donde las formas de provisión del cuidado han tenido históricamente un carácter esencialmente privado e individual a causa de las carencias de la acción estatal, lo que ha contribuido de forma decisiva a la perpetuación de las desigualdades de género (Marco Navarro y Nieves Rico, 2013).

A partir de estas consideraciones teóricas, a continuación se discutirán algunos aspectos de las desigualdades de género en la distribución del trabajo remunerado y no remunerado (sección 2) y los efectos generales de la política social para compensar o reforzar estas desigualdades (sección 3)⁷. Se toma el caso de Argentina durante la etapa de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ya que en este periodo se observa una recuperación de la acción estatal y una incorporación a la protección social de sectores previamente excluidos gracias a la implementación de nuevos instrumentos de política. Se considera por lo tanto necesario y fructífero incluir, en un trabajo sobre desigualdades de género, una discusión sobre los efectos que sobre éstas tuvieron los cambios observados en la política social argentina a nivel nacional. Esta convicción reposa en la perspectiva relacional con la que este artículo se aproxima a la desigualdad de género, como se afirmó desde el íncipit de este artículo. Se considera que desde este enfoque, la acción estatal constituye parte fundamental de la discusión, ya que en muchos casos es a partir de ser objeto de una intervención del Estado que una persona entra en una categoría social específica, con características que estarán moldeadas en buena medida por los lineamientos de esa política⁸.

Desigualdades de género en el mercado laboral y en el uso del tiempo↑

En las últimas décadas, Argentina registró un fuerte incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, en particular a partir de principios de los años 80. Así, a partir de 1980, la población económicamente activa (PEA) femenina creció a tasas más elevadas respecto al caso de los trabajadores varones⁹. Pese a ello, sigue existiendo una brecha de género, ya que en 2013 la tasa de participación masculina (para la población en edad laboral, entre los 15 y los 65 años) era de alrededor de un 80% contra un 55% para las mujeres (MTEySS, 2016).

Sin embargo las transformaciones que han afectado a la posición laboral de las mujeres no dejan de ser muy significativas. Como muestra la Figura 1, la estructura de la participación femenina por edad en el mercado laboral ha variado considerablemente en los últimos años, notándose especialmente un incremento muy importante en la franja de edad mayormente asociada a la maternidad y al cuidado de los hijos, entre los 25 y los 39 años. Pese a ello persiste una marcada diferencia entre la estructura etaria de la PEA femenina y masculina, si bien la brecha se ha reducido a lo largo de todas las edades¹⁰. En el caso argentino, el crecimiento de la PEA femenina coincidió con el abandono del proyecto de industrialización del país (Basualdo, 2006), a partir de la última dictadura de 1976-1983, y en medio de las severas crisis económicas que golpearon al país (entre ellas la hiperinflación 1989-1990 y la crisis y abandono de la convertibilidad, 1999-2002). En estas, las mujeres cumplieron sufrieron la carga de mayores niveles de pobreza, salarios más bajos, una más alta incidencia del desempleo, la informalidad y la precariedad laboral¹¹ (Halperin Weisburd, 2007).

Fuente: elaboración propia en base a OIT (2011a) y ILOSTAT (dato de 1980).

También en el caso de otros indicadores relacionados con el mercado laboral existen y perduran en el tiempo brechas de género significativas. Por ejemplo, en el caso del desempleo, se evidencia que la tasa femenina es sistemáticamente más elevada, pese a un contexto en que la tasa general se redujo considerablemente. Así entre 2004 y 2013, pese a que la tasa de desempleo femenina cayó un 45% aproximadamente, fue en promedio un 43% superior a la de los varones. En el caso de la tasa de empleo, la brecha se mantuvo estable ya que, en promedio, la tasa de empleo femenina fue un 33% inferior a la masculina a lo largo del periodo considerado, pese al contexto favorable. Por otra parte, en el periodo considerado, la tasa de empleo no registrado femenina fue superior en un 23% aproximadamente respecto de la masculina (elaboración propia de datos MTEySS, 2016).

Por lo que concierne a los ingresos laborales de las personas ocupadas, se observa asimismo una persistencia significativa de la brecha de género. Por ejemplo, los ingresos de la ocupación principal en el caso de las mujeres ocupadas muestran una brecha respecto a los varones del 23,9% en 2013 respecto a un 27,8% en 2004 (promedios anuales). En el caso del subconjunto de los asalariados formales (registrados) la brecha permaneció alrededor del 25%, sin ningún progreso evidente. Por otra parte la estadística relativa a los ocupados plenos (personas que trabajan más de 35 horas semanales) sí mostrarían una brecha inferior, aunque superior al 10% (elaboración propia de datos MTEySS, 2016). De hecho, la subocupación caracteriza en mayor medida a las trabajadoras, lo que estaría explicando un parte de la brecha salarial de género que se observa para el total de los ocupados¹². Naturalmente esta característica del trabajo femenino no es independiente de la inequidad de género presente en la esfera no mercantil, en particular la distribución desigual del trabajo de cuidado entre los dos sexos, como pasará a discutirse a continuación.

Para realizar este análisis, hay que referirse a la información contenida en la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo realizada en 2013 por el INDEC por medio de un módulo especial de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) de ese año (representativa de la población urbana mayor de 18 años). En particular, en ella se define al trabajo doméstico no remunerado (TNDR) como toda actividad no remunerada realizada “para prestar servicios para uso final propio en el hogar”, comprendiendo a los quehaceres domésticos, a las actividades de cuidado de niños, enfermos o adultos mayores miembros del hogar y a las actividades dedicadas al apoyo escolar y/o de aprendizaje a miembros del hogar.

En la Figura 2 se resumen los principales resultados que arrojó la encuesta en términos de desigualdad de género (elaboración propia de datos INDEC, 2014). En particular se mide la brecha entre mujeres y varones en dos dimensiones: la tasa de participación (TP) y el tiempo promedio dedicado a una actividad (H). La primera se calcula como la proporción (%) de respondientes que realizaron una determinada actividad el día anterior a la entrevista; la segunda indica el promedio del tiempo dedicado a esa actividad calculado sobre el total de personas que declararon haberla realizado (población participante), expresado en horas y décimas. En particular, en la Figura 2 se muestras las brechas (en %) en las dos dimensiones según determinadas características sociodemográficas de los respondientes (ver Leyenda). La brecha es siempre positiva ya que en ningún caso se da una mayor participación o un mayor uso del tiempo en los varones. A efectos de identificar las principales diferencias entre cada caso, se dividió el espacio del gráfico en cuatro cuadrantes respecto al valor promedio general en las dos dimensiones, correspondiente al punto A: este indica el valor promedio de la brecha de género para el conjunto del trabajo no remunerado relevado por la encuesta. En A se observa que en promedio las mujeres realizan trabajo no remunerado en un 54% más de casos; además, aún en los casos en que los varones se dedican a estas actividades, dedican un 88% menos de tiempo respecto a las mujeres.

Sobre la base de ese parámetro, se identifican los cuadrantes 1 y 2 en los que es más extensa la brecha en el tiempo promedio dedicado a estas actividades no remuneradas; y los cuadrantes 2 y 3 en los que es más amplia la brecha en términos de participación. Por lo tanto, también se pueden observar en el cuadrante 4 aquellos casos en los que la brecha es más reducida y en el cuadrante 2 aquellos en los que es más extrema la brecha en ambas dimensiones. A partir de estos parámetros, es posible individuar algunos ejes de análisis: así las brechas de género más grandes se dan en hogares donde el arreglo es de tipo tradicional (jefe de hogar varón, pareja mujer en B2); la presencia de otras mujeres (hijas, yernas o nueras) se asocia también con una mayor carga de trabajo sobre ellas (B3). De hecho la brecha menor de género se observa cuando las mujeres asumen el rol de jefas de hogar (B1). Por otra parte el estado civil no parece tener un peso significativo (casos C). Respecto a la presencia de personas mayormente receptoras de cuidado, cabe destacar como la presencia de niños y niñas menores de 6 años está asociada con mayores brechas en la carga de cuidado (casos D2 y D3 respecto a D1)¹³. Al contrario, se observa como las personas mayores de 64 años aportan a los arreglos internos a cada hogar respecto a la reducción del trabajo de cuidado, lo que produce una reducción de la brecha de género en este caso (D6 y D5 respecto a D4)¹⁴. Otro eje de análisis es la participación al mercado laboral: se observa que en el caso de personas no ocupadas (E1) la brecha de género es más amplia que para el caso de personas ocupadas, sin embargo las mujeres ocupadas tienen en todo caso una carga de cuidados de 5,9 horas diarias, no muy inferior a las no ocupadas (6,8 horas). Los casos E3, E4 y E5 muestran que son las mujeres quienes ajustan (y tienen que conciliar) su trabajo remunerado y no remunerado, ya que la carga horaria de los varones apenas varía según las horas ocupadas semanalmente¹⁵.

De hecho, la distribución del tiempo social promedio (TSP) diario dedicado a actividades no remuneradas está sesgada de forma significativa hacia las mujeres. Este indicador se calcula, a partir de la Encuesta de Uso del Tiempo de 2013, como el promedio entre el tiempo total que se dedica a una actividad (trabajo no remunerado en este caso) y el total de personas encuestadas (representativo de la población urbana mayor de 18 años). Los datos muestran que las mujeres ocupan 5,7 horas diarias sin remuneración frente a las 2 horas en promedio de los varones. Se trata de una masa de trabajo a la cual la sociedad no asigna ningún valor económico (monetario) directo, aunque tenga claros beneficios económicos indirectos y tenga una función necesaria e imprescindible en la reproducción de la fuerza de trabajo. Por otra parte, en razón de las ya señaladas brechas de género en la inserción en el mercado laboral, el TSP en actividades remuneradas está sesgado hacia los varones (4,6 horas diarias para los varones y 2,15 para las mujeres)¹⁶. Utilizando el valor monetario promedio de una hora de trabajo remunerado, se puede estimar que cerca del 66% del total de la masa de remuneraciones diarias va a los varones y un 34,1% a las mujeres.

Sin embargo, si se calcula el TSP total de trabajo (remunerado y no remunerado) se observa que las mujeres realizan actividades por un promedio de 7,85 horas diarias (contra un 6,60 para los varones), pero un 70% de estas no es remunerado, es decir la sociedad no le reconoce valor económico¹⁷. Si se incluyen estas horas no remuneradas en el cálculo de la remuneración horaria promedio por género, se llega a estimar que las mujeres reciben menos del 40% de los varones. Viceversa, si se asignara el mismo valor monetario de una una hora de trabajo remunerado al trabajo no remunerado, la distribución de la masa total de remuneraciones laborales sería más equitativa: de hecho las mujeres recibirían el 56,8% contra un 43,2% aproximadamente (elaboración propia sobre la base de EAHU 2013). Naturalmente se trata de un análisis especulativo y aproximativo, pero permite esclarecer como el diferente valor económico asignado a diferentes actividades, según sean dirigidas al mercado o al cuidado del hogar y de las personas, combinado con la inequitativa división sexual del trabajo remunerado y no remunerado, contribuyen de forma decisiva a la consolidación de las desigualdades de género.

Finalmente se mencionaran brevemente otros factores que entran en juego en la explicación de las brechas laborales de género. En primer lugar, la segregación ocupacional que caracteriza al mercado laboral. En el caso argentino, es paradigmático el sector del trabajo doméstico remunerado, ya que ocupan en su casi totalidad mujeres, y a la vez representaba el 17,2% de la ocupación femenina en 2014. Su contrapartida es el sector de la construcción donde casi no se emplean mujeres (0,6%). Otros sectores con estas características son la industria manufacturera, energía y agua que ocupaba el 19,7% de los varones (7,8% de las mujeres) y transportes y comunicaciones, un 11,8% (2,7% de mujeres). Un sector con mayor presencia de mujeres era en cambio el de servicios sociales, educativos y de salud (un 23,8% de las mujeres ocupadas y un 6% de los varones ocupados), es decir áreas culturalmente asociadas al cuidado de las personas (cfr. Rodríguez, 2007). El efecto de esta segregación no es neutro si se piensa que por ejemplo en el trabajo doméstico remunerado se observaba en 2014 un peso del empleo no registrado cercano al 80% (frente al 30% del resto de los asalariados). Además, las trabajadoras no registradas del sector obtenían un 30% del salario promedio en ese año¹⁸.

Por último, respecto al fenómeno del “techo de cristal”, en empresas privadas de los principales centros urbanos, sólo un 7,2 de las mujeres ocupadas estaban en puestos de dirección (2,6% directivos más un 4,7% de jefes intermedios) contra un 10% de los varones (3,3% directivos más un 6,9% de jefes intermedios), según datos de 2013 (Encuesta de Indicadores Laborales, en MTEySS, 2016). El cuadro es aún más desigual en el caso de los puestos de máxima autoridad en ámbitos como el político, donde se observa un 18,7% de mujeres sobre el total de cargos de máxima autoridad (gracias a la mencionada ley de cupos en el legislativo nacional se llega al 37%); un 8,1% en organizaciones de la sociedad civil y sindicatos; en los medios de comunicación un 7,5%; y finalmente sólo un 4,4% de los puestos de en las grandes empresas y un 3% en las cámaras empresarias (ELA, 2011). Esta transversalidad del fenómeno a lo largo de sectores tan diferentes hace suponer que están en acto los procesos de adaptación y emulación mencionados con anterioridad además de otras barreras culturales, informales y no explícitas que obstaculizan el ascenso de las mujeres a puestos de mayor responsabilidad¹⁹.

Sesgos de género en la política social argentina↑

Esta desigualdad en el mercado laboral tiene un claro impacto sobre la distribución de las ventajas sociales a raíz de la tradicional configuración trabajo-céntrica del Estado de bienestar argentino. Discutir la desigualdad de género inscripta en las instituciones del Estado de bienestar es fundamental ya que éstas últimas no son neutrales respecto a la distribución, al contrario constituyen “sistemas de estratificación social” (Esping-Andersen, 1993: 41) que operan en la distribución secundaria de las ventajas y desventajas en una variedad de sectores, acceso a bienes y servicios, salud, educación, etc. (siendo la distribución primaria la que se genera el mercado entre capital y trabajo). En este sentido, las políticas públicas tienen un potencial desmercantilizador al excluir de la esfera mercantil a un conjunto de bienes y servicios, e incluso relaciones sociales, como fundamentos materiales de los derechos sociales (cfr. Gamallo y Arcidiácono 2012), además de tener un impacto sobre la familiarización/desfamiliarización de la provisión del bienestar, como se discutió en la introducción.

Como se adelantó, también en el caso argentino el Estado de bienestar tuvo, a partir de su construcción en los años del patrón de desarrollo industrialista de la segunda mitad del siglo XX, un lineamiento conservador centrado en la Seguridad Social de tipo contributivo, centrado en el trabajo asalariado de los varones-jefes de hogar (Hintze, 2007). En este modelo opera un mecanismo de seguro colectivo, donde la redistribución se resuelve de forma horizontal, a lo largo de categorías ocupacionales, y las condiciones de acceso pasan a depender del estatus laboral del receptor y, de forma indirecta, de los vínculos familiares con éste. El objetivo implícito detrás de estos principios reguladores es la preservación del orden socioeconómico (y de género) y por ende su potencial de desmercantilización es intermedio y el grado de desfamiliarización bajo. En concreto, en su génesis, las instituciones de la Seguridad Social argentina fueron construidas en torno a la figura de jefe de familia - varón proveedor y asalariado formal, dejando en un lugar subordinado, dependiente e invisible socialmente a la mujer cuidadora. La división sexual del trabajo quedaba así cristalizada en las instituciones de la Seguridad Social, observándose por un lado los varones dedicados al trabajo de producción para el mercado, sujetos a la explotación del modo de producción capitalista; por el otro, las mujeres, relegadas en el trabajo de reproducción social, sujetas a la dominación patriarcal de los primeros.

Este equilibrio tradicional fue puesto crisis, en las últimas décadas, a raíz de procesos sociales como: i) la emancipación y entrada masiva de las mujeres al mercado de trabajo (ver sección 2); ii) el incipiente envejecimiento de la población; iii) la transformación de la familia tradicional (Filgueira, 2013)²⁰. El conjunto de estos procesos ha puesto en tensión a las instituciones tradicionales de la Seguridad Social y sus supuestos patriarcales (Lewis, 1992). En el caso argentino, las reformas neoliberales de la década del 90²¹, la destrucción del empleo formal y la expansión del empleo no registrado significó para amplios sectores la pérdida de titularidad de los derechos de tipo contributivo de la Seguridad Social, siendo este fenómeno más grave en el caso de las mujeres, como se dijo con anterioridad (cfr. Danani y Hintze, 2011).

La etapa que inicia en 2003 y cierra en 2015 es testigo de un movimiento contrario, hacia una mayor intervención estatal en la actividad económica, un incremento del gasto público y medidas de política social que buscaron extender su cobertura hacia sectores previamente excluidos (Danani y Hintze, 2011), aunque al mismo tiempo se reafirma el carácter trabajo-céntrico de la política social argentina y del empleo como “eje integrador y espacio de canalización de las necesidades individuales y sociales” (Arcidiácono, 2012: 26). Por otra parte en el ámbito de la políticas de conciliación los avances fueron reducidos (Blofield y Martínez Franzoni, 2014)²². La idea de esta sección es presentar algunos elementos de discusión respecto a las principales medidas de política social de esta etapa desde una perspectiva de género. La finalidad es complementar el cuadro descrito en la sección 2 con los efectos que la intervención estatal tuvo en cristalizar o cuestionar la construcción social de la posición de las mujeres y de los varones, tanto en las esferas del bienestar como en la distribución del trabajo no remunerado de cuidados y del trabajo remunerado para el mercado.

En el campo de la previsión social, una de las medida de mayor calado fue la moratoria previsional de 2005, denominada oficialmente “Plan de Inclusión Previsional”, cuyo objetivo fue incrementar la cobertura entre las personas en edad de jubilación, que contaban con un número insuficiente de años de cotización. Gracias a la moratoria previsional, a finales de 2011, la cobertura de la población de más de 65 años alcanzó niveles cercanos al 95% (contra una cobertura inferior al 60% en 2005). También debe decirse, que aproximadamente el 87% que adhirieron a la moratoria fueron mujeres, de manera que cerca del 60% de las mujeres que estaban incluidas en el sistema previsional público en 2010 accedieron gracias a esta medida (Pautassi, Giacometti y Gherardi, 2011). En este sentido, no sólo se reconoció el derecho a una pensión a los trabajadores informales sino también a las personas ocupadas en tareas de cuidado sin remuneración (ni contribuciones), representando un avance importante en el reconocimiento de los derechos de las mujeres o por lo menos de reparación de la desigualdad de condiciones que sufren respecto al reconocimiento de su trabajo, tanto en el mercado como fuera de él.

El efecto positivo de la medida en términos de extender el alcance de la protección social es por tanto indudable, aunque quienes ingresaron al sistema lo hicieron en el nivel mínimo²³, cuyo valor fue afectado en los años posteriores por la erosión de la inflación, pese a ser actualizados de forma periódica (en particular, gracias la Ley 26417 de movilidad previsional de 2008). Además, no constituyó una reforma integral que deslindara el acceso a la protección social del estatus laboral, sino una medida de alivio temporal a los efectos de la crisis del empleo formal en las décadas anteriores²⁴. En conclusión, estas consideraciones confirman la resistencia del armado contributivo tradicional, y de la persistencia de un enfoque “meritocrático” que vincula la calidad y el nivel de las prestaciones al desempeño en el mercado laboral. No es ninguna casualidad, en este contexto, que la moratoria previsional fuera comentada en los medios de comunicación masivos con el despectivo apodo de “jubilación de la ama de casa”, insinuando implícitamente que se trataba de una dádiva pública a mujeres que no “habían trabajado en su vida” (en el mercado)²⁵.

La otra medida estrella de este periodo, en términos de población alcanzada, es la Asignación Universal por Hijo (AUH) de 2009, que pese a mantener ciertos rasgos de las transferencias condicionadas de ingresos²⁶, pasa a constituir un componente no contributivo del sistema de asignaciones familiares (AAFF) contributivas para los asalariados formales. Debe recordarse que las AAFF cumplen múltiples objetivos como incrementar las capacidades de consumo de los niños, niñas y adolescentes, promover su asistencia escolar, cubrir determinadas contingencias que suponen un incremento de los gastos del hogar (nacimiento, matrimonio, discapacidad), etc. En este sentido, con la AUH se intervino en los costos asociados a un incremento de las dimensiones del hogar en los sectores no cubiertos por las AAFF contributivas²⁷. La cobertura del sistema contributivo había disminuido notablemente por las razones ya señaladas, y la respuesta del Estado fue extender de forma no contributiva esa protección por medio de la implementación de la AUH. El resultado fue la erogación de más de tres millones de prestaciones en el arco de un año, elevando la cobertura de los hogares con niños, niñas y adolescentes a cargo de un 68% a cerca del 80%, porcentaje al que deben sumarse los destinatarios de otros programas sociales (nivel subnacional), que cubrían un 6% adicional²⁸ (Bertranou y Maurizio, 2012). Como en el caso de la moratoria, también la AUH mantuvo inalterada la estructura básica del sistema y extendió su cobertura a los trabajadores afectados por las condiciones del mercado laboral y por la insuficiente fiscalización del Estado del comportamiento irregular de las empresas. Para reparar a esta vulneración de sus derechos sociales, es el propio Estado quien se hizo cargo de suplir a las contribuciones faltantes, ya que figurativamente cubrió los aportes de estas personas en lugar de sus empleadores.

Por otra parte, la AUH se diferencia del régimen contributivo de AAFF ya que mantiene las condicionalidades escolares (asistencia a establecimientos educativos) y de controles sanitarios y vacunas (para edades pre-escolares) típicas de los programas de transferencias preexistentes²⁹, además de cubrir un menor número de contingencias³⁰. En este sentido, desde una perspectiva de género puede decirse que las condicionalidades suponen una carga añadida de trabajo de cuidados en el caso de las mujeres, quienes constituyen la gran mayoría de los receptores de la AUH (el 94,4% del total en 2012, en Pautassi et al., 2013: 33). Ellas deben soportar los mayores costos, monetarios y en términos de tiempo, para acceder a establecimientos situados en lugares distantes o que responden de manera insuficiente al incremento de la demanda de parte de los sectores vulnerables. En efecto, al compromiso del receptor debería hacer de contracara la responsabilidad del Estado de proveer los servicios en la cantidad, en la calidad y en el lugar demandado, algo que en muchos casos no se cumple. Por otra parte, y muy significativamente, la prevalencia femenina de la titularidad de la AUH deriva del hecho que en el caso de que tanto la madre como el padre cumplan con los requisitos, siempre se privilegia la titularidad de la primera, quedando establecido que el trabajo de cuidado y el bienestar de los hijos está asignado socialmente a las mujeres³¹.

Estas medidas contribuyen, por lo tanto, a la reproducción de las relaciones de género y a la división sexual del trabajo, reforzando la responsabilidad materna – sancionada incluso normativamente- en el cuidado de la infancia³². Si bien algunos autores señalan que las transferencias destinadas a las madres mejoran su nivel de empoderamiento en el universo familiar, redistribuyendo poderes y limitando las posibilidades de abusos de parte del varón (en particular en los casos de familias en separación) y, en verdad, así son percibidas por parte de las receptoras (Pautassi et al., 2013), también debe decirse que en ausencia de una política pública de cuidados y de conciliación laboral, y a falta de una integración entre la AUH y las políticas activas laborales destinadas a favorecer el ingreso de las mujeres más vulnerables al mercado laboral, el riesgo es que el efecto de las asignaciones sea contraproducente en el mediano y largo plazo³³. Frente a ello, sería necesario promover la complementariedad de la AUH con otras políticas educativas y laborales que promuevan el desarrollo de las capacidades y de las oportunidades laborales para las receptoras (y no sólo para los menores a su cargo), ya que de lo contrario las situaciones de vulnerabilidad tenderán a reproducirse una vez que los hijos que generan el derecho a la prestación vayan adquiriendo la mayor edad, y las niñas se enfrenten a las brechas de género señaladas a la vez que la madre pierde la prestación correspondiente³⁴.

Naturalmente estas críticas no deben hacer olvidar que la AUH, como otras medidas asociadas a las transferencias condicionadas de ingresos, se encuadran en un proceso que a nivel regional ha apuntado a universalizar la protección social por vía de una inclusión focalizada de categorías vulnerables o por vía del subsidio a regímenes especiales de la Seguridad Social, “logrando coberturas más amplias, aunque no universales, y menos segmentadas, aunque no igualitarias” (Cecchini et al., 2015: 44). Entonces no se pueden negar los efectos positivos en términos de reducción de la pobreza y la indigencia monetaria (vía una transferencia directa de ingresos a los hogares en esa situación) y un mayor acceso de niños, niñas y adolescentes a servicios educativos y de salud (ibid. 105-108)³⁵. Sin embargo, en este breve examen de las dos principales medidas de esta etapa política (en términos de receptores alcanzados), que naturalmente no hace justicia a la complejidad de la intervención estatal, se ha podido evidenciar como la perspectiva de género sea imprescindible para aproximar los efectos de mediano-largo plazo de estas medidas sobre la estructura social, en particular respecto a la construcción y de-construcción de categorías sociales.

Asimismo, este análisis muestra cómo, pese a los avances, en este periodo se anidaron históricas contradicciones respecto a la construcción social del género. Es verdad que este viraje de la política social ha significado un mayor volumen de transferencias (y redistribución) a favor principalmente de las mujeres, y en cierto sentido un reconocimiento social, quizás no plenamente intencional, del valor económico del trabajo no remunerado (en el caso por ejemplo de la moratoria previsional). Pero al mismo tiempo, ciertos rasgos de estas medidas han reforzado o han contribuido a reproducir una distribución sexual del trabajo que, como se ha demostrado en la sección 2, es esencialmente desigual, una faceta que desde un análisis puramente económico-monetario permanece invisible, pero se evidencia en el diferente uso que del tiempo hacen mujeres y varones. Retomando el análisis relacional de Simmel (1965), es indudablemente valiosa su advertencia de que “el objetivo de la asistencia social es precisamente el de mitigar ciertas manifestaciones extremas de la diferenciación social, de manera que la estructura social pueda seguir reposando sobre esa diferenciación (Simmel, 1965: 122)³⁶.

Conclusiones↑

Este breve ensayo partió de un análisis teórico de la desigualdad de género como desigualdad categorial persistente y simbólicamente instalada en toda la estructura social, desde las micro-prácticas de lo cotidiano hasta la organización del trabajo social y la estructuración de las políticas sociales. En el resto del texto se presentaron algunas evidencias para suportar estas consideraciones a partir del caso argentino en un periodo caracterizado por una reactivación de la intervención estatal y una ampliación de la cobertura de sus acciones distributivas.

Los datos que fueron presentados muestran, en primer lugar, una fuerte persistencia de las brechas de género en el caso del mercado laboral argentino (participación, empleo formal, salarios, etc.) pese al ingreso masivo de las mujeres en el mismo a partir de los años 80. También persisten fenómenos como una división sexual del trabajo inequitativa, la invisibilización del trabajo de cuidados, la segregación ocupacional y los denominados “techos de cristal” (pese a los avances que se obtuvieron gracias a medidas de discriminación positiva). En particular, en esta sección se presentó un análisis cuantitativa a partir de la Encuesta de Uso del Tiempo de 2013 (INDEC, 2014) que ofrece evidencia empírica muy clara de cómo la carga del trabajo de cuidados no remunerado recae principalmente sobre las mujeres.

Por otra parte, en el ámbito de la política social se observó un esfuerzo para compensar los efectos de estas desigualdades laborales (y de los periodos de crisis que caracterizaron al país en las décadas anteriores), con efectos en términos del acceso desigual de hombres y mujeres a la Seguridad Social. Sin embargo, estas medidas no modificaron, en esencia, a la estructura conservadora-contributiva y patriarcal que tradicionalmente ha tenido el sistema argentino, donde las carreras laborales discontinuas e inestables (entre inactividad laboral, informalidad y formalidad) y los menores salarios que sufren, en mayor medida, las mujeres tienen un impacto severo sobre sus posibilidades de acceder a transferencias monetarias iguales a la de sus pares varones. Aún en los casos en los que se logra un reconocimiento de su derecho a las prestaciones contributivas, ellas obtienen un nivel más bajo de transferencias.

Las medidas compensatorias que fueron implementadas reforzaron este distanciamiento ya que situaron a las mujeres en la base de la pirámide de las transferencias del Estado, como en el caso de la moratoria previsional, la cual garantizó a los nuevos entrantes (principalmente mujeres), exclusivamente el haber mínimo. Por otra parte, algunos factores como las condicionalidades y la titularidad femenina también parecen nacer de la persistencia de categorías culturales entorno a la maternidad y a la distribución del trabajo de cuidados no mercantil. En este sentido tanto la política social como el funcionamiento del mercado laboral parecen reproducir la división sexual del trabajo reforzando la desigualdad categorial entre mujeres y varones.

Naturalmente existen procesos contrarios que tienden a erosionar las fronteras de género, alguno de ellos sancionados legalmente. Además de la ley de cupos, se pueden recordar las leyes de matrimonio igualitario, de derecho a la identidad de género de las personas, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres o el programa nacional de salud sexual y procreación responsable, etc. Además, es indudable que en la esfera cultural las mujeres han podido avanzar en una reducción de las desigualdades de género, gracias entre otras cosas a su mayor participación y desempeño en todos los niveles educativos, lo que debería repercutir ceteris paribus en un reforzamiento de la lucha por una resignificación de los roles de género y una reducción a futuro de las desigualdades existentes.

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