Conflictividad laboral, empleo registrado y utilidades de la cúpula económica. Aproximaciones al estudio de racionalidades políticas contrapuestas en la Argentina reciente (2006-2014)
Damian Pierbatistti (UBA-CONICET)
En consecuencia, es de esperarse que los líderes empresariales y sus expertos se inclinen más al subsidio del consumo masivo (mediante asignaciones familiares, subsidios para mantener bajos los precios de los artículos de primera necesidad, etcétera), que a la inversión pública; porque al subsidiar el consumo el gobierno o estaría iniciando ningún tipo de “empresa”. Pero en la práctica no ocurre así. En verdad, el subsidio al consumo masivo encuentra una oposición mucho más violenta de estos “expertos” que la inversión pública, porque aquí está en juego un principio “moral” de la mayor importancia. Los principios fundamentales de la ética capitalista requieren la máxima de “ganarás el pan con el sudor de tu frente”, a menos que tengas medios privados.
(Michal Kalecki)
Para la Escuela neoclásica, la inversión constituye uno de los pilares argumentativos en su esquema de desarrollo económico. Desde esta perspectiva, las condiciones de posibilidad sobre las que se construye el incentivo a la oferta es inescindible de un adecuado “clima de negocios” que propicie la inversión productiva. El mismo es producto de una fuerte disminución de los impuestos al capital pero también de la baja conflictividad laboral, aspectos que lograrían traducir la confianza de los inversores en inversiones productivas. Pero en poco más de un año de un gobierno cuyo programa económico encuentra sus raíces en la ortodoxia económica, los presupuestos teóricos mencionados no sólo no se verifican en la realidad sino que estarían señalando todo lo contrario.
Sin embargo, paradójicamente, durante el período 2006-2014 al tiempo que se observa un incremento de la conflictividad laboral, las principales cien empresas con actuación en el mercado doméstico obtuvieron una rentabilidad un tercio superior a las principales cien compañías a escala global. Esta curiosa divergencia entre los presupuestos que postula la Escuela neoclásica y los datos que ofrece el orden social capitalista realmente existente, nos condujo a reinstalar la pertinencia de la tesis de Michal Kalecki sobre “los aspectos políticos del pleno empleo”, como así también a reforzar la vigencia que ostentan dos racionalidades políticas contrapuestas cuyo centro de gravedad se dirime en el ejercicio del gobierno del Estado.
Conflictividad laboral, Estado, Racionalidades políticas, Kalecki.
For the neoclassical School, investment constitutes one of the pillars of argument in its economic development scheme. From this perspective, the conditions of possibility on which the incentive to supply is built from an adequate "business climate" that favors productive investment. This is a product of a sharp decline in capital taxes but also of low labor conflict, which would translate investor trust into productive investments. But in a little more than a year of a government whose economic program finds its roots in economic orthodoxy, the theoretical presuppositions mentioned are not only not verified in reality but would be pointing out the opposite.
However, paradoxically, during the period 2006-2014, while there was an increase in labor unrest, the main hundred companies operating in the domestic market achieved a profitability one-third higher than the main one hundred companies on a global scale. This curious divergence between the presuppositions posed by the neoclassical School and the data offered by the really existing capitalist social order led us to reinstall the relevance of Michal Kalecki's thesis on "the political aspects of full employment", as well as to reinforce the validity of two opposing political rationales whose center of gravity is settled in the exercise of state government.
Labor conflict, State, Political rationalities, Kalecki.
El flamante gobierno del Presidente Mauricio Macri produjo un abrupto giro en la orientación política del gobierno del Estado, en franca oposición con aquella que signara la emergencia de diversos gobiernos posneoliberales en la región (Arceo, 2006). El lapso que se extiende entre 2002 y 2015 se caracterizó por la consolidación de un marco regulatorio de diversas actividades económicas que tradujeron el horizonte estratégico de reducir la desigualdad social heredada de la etapa en la que primara la hegemonía neoliberal, durante la última década del siglo pasado (Pucciarelli, 2011). En tal sentido, a medida que los estragos de las reformas estructurales se hacían sentir cada vez más intensamente en las diversas fracciones de los sectores populares, dentro del esquema cambiario que ofrecía el Plan de Convertibilidad, el consenso inicial se fue debilitando. El incremento de la coerción y el agotamiento de la tolerancia social al modelo societario en cuyo horizonte se dibujaba un ajuste perpetuo, signó tanto el fin del régimen convertible como las condiciones de posibilidad que posibilitarán el cambio de paradigma inaugurado por Néstor Kirchner en 2003 (Peralta Ramos, 2007; Autor, 2015).
De este modo, la crisis orgánica del modelo societario que estallara por los aires en diciembre de 2001 construyó la base material para revertir los efectos de las profundas transformaciones estructurales que dominaron el escenario político a lo largo de la década de los años noventa en la Argentina. La incipiente recuperación de la economía doméstica a partir de 2002-2003 fue simultánea a los grados crecientes de autonomía relativa que iría ganando el Estado tanto para terciar en las disputas al interior del bloque de poder como para incidir en los procesos económicos desde una perspectiva claramente opuesta a la que había primado en la etapa precedente (Jessop, 2014). En tal sentido, el mundo del trabajo constituye un escenario estratégico para observar el impacto de la reestructuración neoliberal encarada a inicios de los años noventa y su posterior reversión.
Lo que de manera laxa suele llamarse “mundo del trabajo” presenta tantas aristas, como dimensiones y perspectivas desde las cuales abordarlo. En el presente artículo nos proponemos problematizar un aspecto sustantivo de los lineamientos ideológicos del neoliberalismo que sostiene la tajante escisión entre la construcción de un adecuado clima de negocios necesario para el sostenimiento de una apreciable masa de utilidades con los conflictos laborales que tenderían a inhibirla. Partiendo de un breve análisis del impacto que tuvieron las reformas estructurales en los años noventa sobre el mercado de trabajo, en el presente artículo analizaremos las razones que subyacen al incremento de la conflictividad laboral entre 2006 y 2014, tanto en el sector público como el privado y los resultados económicos que exhibe la cúpula empresarial para tal período. En tal sentido, el comportamiento de la cúpula durante el ciclo kirchnerista tendería a demostrar la hipótesis de Kalecki respecto de las razones que subyacen al rechazo del sector empresarial para alcanzar el pleno empleo. Simultáneamente, desde nuestra perspectiva el gobierno del Presidente Mauricio Macri pone de manifiesto la confrontación entre dos racionalidades políticas orientadas a la consecución de objetivos estratégicos claramente opuestos.1
El desmoronamiento de la Convertibilidad, ficticio régimen de tipo de cambio fijo con caja de conversión que estipulaba la paridad del peso argentino con el dólar y que restringía la emisión monetaria a las reservas existentes en divisas (Cantamutto y Wainer, 2013: 11), ponía fin a un extenso cuarto de siglo abierto con la imposición de la dictadura militar argentina en marzo de 1976 (Basualdo, 2006). No obstante, es preciso evitar la confusión que asocia la Convertibilidad con las reformas de carácter neoliberal que signaron la década de los años noventa. Siguiendo a Cantamutto y Wainer, existieron cuatro grandes lineamientos característicos de la racionalidad política neoliberal que tradujeron la ofensiva del capital concentrado sobre la fuerza de trabajo; las mismas que, por estos días, rigen la lógica del gobierno del Estado: a) apertura comercial; b) liberalización financiera; c) regulación selectiva de mercados y d) refuncionalización del Estado (Cantamutto y Wainer, 2013).2
La asimétrica apertura comercial tuvo como objetivo primordial mantener estables los precios de los bienes transables de la economía, motivo por el cual sus devastadores efectos sobre el mercado de trabajo no tardaron en hacerse sentir. Ante tal apertura y con un mercado completamente desregulado, el sector empresario se vio forzado a mejorar sensiblemente su competitividad. En tal sentido, los sectores donde predominaba el capital intensivo fueron ampliamente beneficiarios de la política aperturista con tipo de cambio bajo para adquirir bienes de capital que incrementaron sensiblemente la productividad laboral; Los progresos técnicos incorporados a la producción se tradujeron en una sensible supresión de puestos de trabajo3. De este modo, “la apertura económica produce un ajuste en la participación del país en el mercado internacional, es decir en el nivel de la actividad producida por la demanda externa. Si el país pierde sus posiciones en el mercado internacional en ciertos sectores, esto implica una caída de la demanda efectiva total y, por consiguiente, la tasa de empleo de este país. Estos efectos serán mayores si al mismo tiempo se produce una fuerte penetración de las importaciones” (Bekerman, 1998: 126)
El carácter que asumió la apertura comercial como la cesión al capital financiero de la política monetaria que imponía la convertibilidad constituyeron los ejes sobre los que se montó el intento de bajar permanentemente los costos laborales, lo que produjo un fuerte incremento de la desocupación en un breve lapso. Este fenómeno se vio reforzado por los profundos cambios que se produjeron en la legislación laboral, destinados a precarizar el vínculo contractual que media la relación capital-trabajo, disciplinando fuertemente a la clase obrera ante el escenario de creciente desempleo instalado durante los primeros años del Plan de Convertibilidad4. Las transformaciones operadas en el ámbito jurídico en materia de protección y regulación de las relaciones laborales constituían uno de los principales objetivos de la reestructuración capitalista que traducía la ofensiva neoliberal por aquel entonces5. A poco de iniciado este proceso, ya se advertían las consecuencias sociales que entrañaba la aplicación del esquema macroeconómico vigente: “El impacto de la apertura y de las privatizaciones traducido en el creciente desempleo de los jefes de familia, acentuó la caída de los ingresos familiares así como la entrada en el mercado del trabajo, en calidad de activos demandantes de empleo, de varios miembros de la familia (madre, hijos, etc.). El crecimiento de la Población Económicamente Activa correspondiente a los años 1992-1993 responde fundamentalmente a estos procesos. Durante este período, también se constató el ingreso creciente, en el mercado de trabajo, de las personas de más de 60 años (24% en 1984, 29% en 1989 y 33% en 1992) a causa del deterioro de los ingresos jubilatorios (en 1992 correspondían a la mitad de los de 1983) pero también en razón de las reformas oficiales del sistema de seguridad que elevó la edad de la jubilación de 60 a 65 años” (Lozano, 1995: 13).
El comportamiento del sector industrial no presentó mayores diferencias. La apertura comercial volvió posible la inversión en capital fijo aprovechando los beneficios que otorgaba un dólar barato que permitía el reemplazo de diversos componentes fabricados localmente por aquellos producidos en el exterior, aspecto que tradujo una creciente concentración y centralización del capital debido al cierre de diversas unidades productivas nacionales imposibilitadas de competir con los productos importados (Azpiazu et al, 2011). Por su parte, para las empresas de mayor envergadura el cambio tecnológico aceleraba la creciente reducción de su plantilla profesional, al tiempo que realizaban una ingente productividad laboral.6
Grafico n° 1: Evolución tasas de desempleo y subocupación (1990-2002)
Como resaltáramos previamente, es preciso no confundir el Plan de Convertibilidad con las reformas estructurales que se implementaron en la Argentina hace un cuarto de siglo. No obstante, es evidente la íntima articulación existente entre ambas dimensiones, observable en la contracción del mercado de trabajo como resultado del acelerado crecimiento del desempleo y la retracción del mercado interno.
Por su parte, en la esfera del empleo público se produjo una fuerte reducción de su plantel laboral como resultado directo del proceso privatizador (Duarte, 2000). El esquema macroeconómico vigente impulsaba un ajuste en las cuentas fiscales que se tradujo en la agresiva política de expulsión de trabajadores estatales, edulcorada con el programa de retiros voluntarios existente en diversas empresas proveedoras de servicios públicos en vías de ser privatizadas (Lozano et al, 1992; Autor, 2005). Por medio de esta táctica, se lograba un objetivo estratégico que presentaba dos vectores: al tiempo que se pretendía terminar con el “Estado elefantiásico”, metáfora exhumada en la actual coyuntura, las empresas privatizadas intentaban desprenderse de los trabajadores que encarnaban un heterogéneo abanico de identidades políticas surgidas al calor de las luchas populares durante las últimas décadas, las que constituían un obstáculo manifiesto a la imposición de la “filosofía empresarial” que proveía los grandes lineamientos ideológicos de la flamante gestión y administración de la fuerza de trabajo (Autor, 2012; Trosa, 2008).
En suma, el esquema macroeconómico impuesto en la Argentina a inicio de la década de los noventa demuestra que “La experiencia argentina (1991-2001) es interesante porque pone a la luz los efectos negativos de la apreciación de la moneda: importante déficit comercial en el sector manufacturero, desaparición de sectores enteros de la industria nacional, re-primarización de la economía, flexibilización del trabajo, evolución de las remuneraciones salariales muy por debajo de la evolución de la productividad del trabajo (cuando ellas no son negativas como se ha podido observar sobre todo en el sector público), informalización del trabajo creciente y por consiguiente pérdida de los derechos y de las protecciones, criminalizaciones de los conflictos sociales y tendencia a la atomización del mundo del trabajo” (Salama, 2003: 5).
Así, la retracción del mercado interno, el aumento de la tasa de desempleo y la creciente degradación de las condiciones materiales de existencia de amplias fracciones de los sectores populares, desplazó el eje de la confrontación capital-trabajo al Estado como interlocutor de las demandas sociales. Fue de este modo que este eje cedió pasó a una creciente conflictividad social que tendría en los trabajadores desocupados, piqueteros, trabajadores de empresas recuperadas y al conjunto de los movimientos sociales que los aglutinaban el sujeto de tales reclamos (Palomino, 2010).
Sin embargo, en un marco de reactivación económica, particularmente a partir de 2003, los conflictos laborales retornaron al centro de la escena social. Como analizaremos a continuación, la evolución de la conflictividad laboral refleja la multiplicación de reclamos centrados en su mayoría sobre demandas de mejoras salariales. La puja distributiva desplazaba el centro de gravedad de los conflictos sociales (anclados, prácticamente, en reclamos por atender la reproducción de las condiciones materiales de existencia) a la relación estructurante propia al desenvolvimiento del orden social capitalista (Marx, 2002).
Este fenómeno se da en el marco de una articulación de dos factores que es preciso remarcar. En primer lugar, la capacidad productiva instalada permitió absorber rápidamente la oferta de mano de obra existente (Azpiazu y Schorr, 2010). Por otra parte, la declaración del default de la deuda soberana permitió destinar recursos a la creación de una demanda efectiva que amplió los horizontes de la inversión productiva iniciando un ciclo virtuoso que se caracterizó por el fuerte desarrollo del mercado interno y de la recuperación de los salarios reales (Amico, 2015).
En el transcurso de los últimos meses se instaló con fuerza en la opinión pública argentina la elevada creación de empleo público como un aspecto negativo del modelo de acumulación de capital abierto tras la crisis orgánica de la valorización financiera en diciembre de 2001. Cierta vulgata que recupera los tópicos característicos del neoliberalismo vernáculo señala, equivocadamente, que el empleo público fue la clave que permite comprender los límites y alcances del modelo de acumulación de capital claramente puesto en crisis desde el acceso al poder ejecutivo del Presidente Macri tras su victoria electoral el 22 de noviembre de 2015. Sin embargo, los datos que publicara recientemente el Ministerio de Trabajo desmienten tal afirmación. En el gráfico n° 2 se refleja la creación de empleo público y privado según datos del SIPA.
Entre 2002 y 2014 el empleo privado arroja un crecimiento del orden del 92%, cuarenta puntos porcentuales por encima del sector público, lo que demuestra que la reactivación del mercado interno tuvo como eje a la actividad privada.
Por otra parte, en un lapso un tanto más acotado, 2006-2014, el número de conflictos laborales7 con paro creció un 72%, tal como se desprende el gráfico n° 3.
Gráfico n°3: Evolución conflictos laborales con paro (2006-2014)
Una primera aproximación al problema exige discriminar la conflictividad laboral según se trate de la esfera pública o privada, así como los motivos que la impulsan8. En este punto encontramos que casi dos tercios de los conflictos laborales corresponden a la esfera pública mientras que sólo un tercio se verifica en la órbita privada. Es importante esta diferenciación tanto para medir el peso relativo de ambos sectores en el total de los conflictos con paro como para conocer si existen ciertas analogías, o no, respecto de las razones que subyacen a tales acciones.
A los fines de concentrarnos en nuestro estudio comparativo entre ambos sectores, escogimos circunscribir nuestro análisis a la lectura de los “Conflictos con paro en el lugar de trabajo según reclamo principal”. Durante el período considerado, el gráfico n° 4 verifica un incremento del 54% de los conflictos en el ámbito privado, existiendo notables oscilaciones en las características que asumen los mismos (pasando de 313 a 481). En efecto, mientras se mantienen prácticamente invariables los reclamos por “mejoras salariales” en ambos extremos del período, los 111 paros por “mejoras salariales” constituían el 35% de los reclamos en 2006, proporción que cae doce puntos porcentuales (23%) en 2014. Es decir, los paros por “mejoras salariales” mantienen el número pero cambia su peso relativo en la cantidad de paros reclamo principal durante el período. Al mismo tiempo, se observa un notable incremento de las categorías “pagos adeudados” (85%), “despidos o renovación contractual” (118%), “condiciones y medio ambiente” (200%) y “seguridad” (442%), siempre entre ambos extremos del período. Volviendo nuevamente sobre la evolución histórica de los CCT concertados durante el período analizado, es interesante destacar que la categoría “representación” cae de 21 reclamos en 2006 a tan sólo 5 en 2014. Por su parte, la variable “negociación”, que en 2006 no presentaba valor alguno, en 2014 asciende a seis reclamos, mientras que “sanciones o discriminación” cae a la mitad exacta (de doce reclamos en 2006 pasa a seis en 2014). La categoría “regularización contractual” también manifiesta una sensible caída que pasa de diecisiete reclamos a doce en igual período. Desde nuestra perspectiva, las categorías reseñadas expresan la fuerza de los trabajadores registrados organizados, aspecto inescindible del mencionado aumento de los CCT negociados durante la etapa en estudio.
Pero si restringimos la dimensión estrictamente salarial a las dos categorías que la expresan directamente, “mejoras salariales” y “pagos adeudados”, encontramos que en 2014 concentra el 56% de los reclamos efectuados ese año. Se verifica, así, una caída de seis puntos porcentuales respecto del año 2006 cuando ambas categorías expresaban el 62% de los reclamos.
Por otra parte, las dos categorías que expresan el vínculo contractual de la relación capital-trabajo, prácticamente no presentan variaciones tomadas en conjunto para ambos extremos el período considerado. En 2006 concentraban el 17% de los reclamos, cifra que asciende tan sólo tres puntos porcentuales en 2014. Tomada de manera aislada, la categoría “despidos o renovación contractual” aumenta tan sólo cinco puntos porcentuales, pasando de un 12% en 2006 a un 17% en 2014) mientras que “regularización contractual” cae a la mitad en igual lapso (de un 5% en 2006 a un 2,5% en 2014). Estos datos estarían indicando que los conflictos con paro en el sector privado motivados por “despidos o renovación contractual” crecieron levemente durante el período analizado; comportamiento que será preciso tener en cuenta a la luz de los despidos masivos que se produjeron desde el inicio de la gestión Macri.
Gráfico n°4: Cantidad de conflictos con paro en ámbito privado. Comparación 2006 vs 2014. Ámbito privado
Por su parte, en el ámbito estatal se observa un crecimiento de los conflictos para el lapso en cuestión del orden de 78% (el estudio parte de 487 a 868 conflictos durante el período). La categoría “mejoras salariales” expresa el 52% de los conflictos llevados a cabo durante 2014, veintinueve puntos porcentuales por encima del valor que encontramos en el ámbito privado (23%), pero siete puntos menos que en 2006 (59%). En lo que atañe a la dimensión estrictamente salarial, la sumatoria de las categorías “pagos adeudados” y “mejoras salariales” concentra el 72% de los reclamos de los trabajadores estatales en 2006, cifra que desciende siete puntos porcentuales en 2014 (65%). Estos datos señalan una distancia evidente con el ámbito privado en materia de reclamos salariales, pero resaltan la prevalencia de los mismos en ambos sectores.
En la esfera de lo que concierne al vínculo contractual, en el sector público los reclamos ligados a esta dimensión, y que concentramos en las categorías “regularización contractual” y “despidos o renovación contractual” mantienen un homogéneo 10% sobre el total de los reclamos tanto en 2006 como en 2014. A diferencia del sector privado donde los reclamos por tales motivos prácticamente duplican los valores que encontramos en el sector público.
Sin embargo, si bien el peso relativo de tales reclamos se mantiene invariable, ambas categorías tomadas aisladamente muestran un fuerte incremento. La categoría “despidos o renovación contractual” exhibe un crecimiento de 126% (pasan de 15 a 34 reclamos) mientras que “regularización contractual” aumenta un 60% (de 33 a 53 reclamos). Al igual que en el sector privado, en la esfera estatal se verifica una caída de los reclamos por “representación” (de cuatro en 2006 a tan sólo uno en 2014) y también aumentan fuertemente los reclamos por “negociación” (de tres en 2006 a quince en 2014).
Gráfico n°5: Cantidad de conflictos con paro en ámbito privado. Comparación 2006 vs 2014. Ámbito estatal
Otro aspecto que es importante señalar, refiere al sensible descenso de la informalidad laboral que se verifica desde 2003 hasta el presente. Según datos del Ministerio de Trabajo, entre los primeros trimestres de 2003 y 2015 el empleo no registrado cayó 17,8 puntos porcentuales (pasó de 49,7 a 31,9), aunque desde el primer trimestre de 2013 se verifica cierto estancamiento en torno a los 32-34 puntos porcentuales. Sin embargo, cabe destacar que sólo cuatro sectores de la actividad económica explican dos tercios del empleo no registrado: construcción, comercios y afines, hoteles y restaurantes y trabajo doméstico (Palomino, 2010). En la construcción el trabajo no registrado alcanza el 69,5%, que desciende a 43% y 45% para comercio y afines y hoteles y restaurantes, respectivamente. Por su parte, el trabajo doméstico presenta un elevado 77% de trabajo no registrado. Por el contrario, en el extremo opuesto la industria presenta un 28,3% de empleo no registrado; cifra que siendo elevada es sensiblemente inferior a los tres sectores señalados. Siguiendo los lineamientos expuestos hasta el momento, aparece en evidencia una relación directamente proporcional: a mayor empleo registrado, mayor es el número de conflictos con paro.
Por otra parte, se verifica que en simultáneo con el incremento sostenido de la conflictividad laboral las utilidades netas sobre las ventas de las 100 principales empresas de la cúpula superan en un 33% al promedio que exhibe la cúpula a escala planetaria, tal como se observa en el gráfico n° 7. Esto demuestra que el aumento de la conflictividad laboral no inhibió en absoluto la posibilidad de realizar utilidades extraordinarias para el sector empresarial durante el lapso sometido a nuestro análisis (2006-2014).
Refiriéndose al comportamiento de la cúpula económica local, Azpiazu, Manzanelli y Schorr afirman lo siguiente: “Dada su inserción sectorial y sus formas de vinculación con el mercado internacional, para estas empresas y grupos económicos los salarios constituyen mucho más un costo de producción (que, como tal, debe reducirse tanto cuanto resulte posible), que un factor dinamizador de la demanda interna, lo cual constituye un dato del régimen económico en curso” (Azpiazu, 2011: 32). Sin embargo, un modelo de acumulación de capital anclado en la expansión del mercado interno, en donde el salario obró como un poderoso dinamizador de la demanda agregada, no es incongruente con la realización de ingentes utilidades para el sector más concentrado del capital. En tal sentido, los gráficos que presentamos tienden a refutar los grandes lineamientos ideológicos por los que transitó nuestro país en la década de los noventa y que hoy se reinstalan con fuerza desde el ejercicio del gobierno del Estado. La ofensiva neoliberal, para ser efectiva, necesitó alcanzar el núcleo duro que constituía el principio legitimador del capitalismo surgido a partir de la posguerra europea: el marco jurídico que regula la asimétrica relación entre el capital y el trabajo. En principio queda demostrado que la intervención estatal tanto en la reactivación del mercado de trabajo como en el impulso al crecimiento del mercado interno para generar condiciones susceptibles de expandir la demanda agregada, aún con los condicionantes propios de toda economía que presenta una estructura productiva desequilibrada (Diamand, 1983) y una fuerte concentración y centralización de capital transnacional (Azpiazu et al, 2011), no impidió la realización de utilidades extraordinarias para aquel sector.
El discurso en torno a las rigideces que caracteriza el mercado laboral argentino y que constituiría un potente disuasivo para incrementar la tasa de inversión fue retomado con fuerza en la actual coyuntura. El vínculo que la ortodoxia económica establece entre tal eventual supresión y la liberación de las fuerzas productivas, que en su natural tendencia al equilibrio permitiría acceder a un ilusorio pleno empleo, no encuentra correlato empírico alguno. Sin embargo, sigue operando como un potente vector ideológico9. Resulta evidente que las razones en función de las cuales se esgrime tal argumentación trasciende la esfera estrictamente económica. El abaratamiento del costo del despido fue uno de los vectores que tradujo el carácter ajustable del salario, al tiempo que disciplinaba fuertemente al conjunto de la clase obrera y de los sectores populares en general. Con el incremento del desempleo se intentaba reforzar la salida individualista a la crisis horadando e intentando destruir la noción de “empleo de por vida” y el tránsito a la individualista “empleabilidad”. Este concepto vendría acompañado por la creciente responsabilización individual en la acumulación de “capital humano”, en medio de un ethos favorable a sus condiciones de posibilidad: la precarización y flexibilización laboral. Esto vuelve observable los motivos que subyacen a que el ataque a la noción misma de “sindicalismo” constituyera, durante la década de los noventa, uno de los fundamentos más caros de la doctrina neoliberal de gobierno.
Por el contrario, la recuperación de las instituciones laborales, la dinámica expansionista del mercado interno, reforzada en medio de la crisis capitalista más aguda desde 1930 hasta el presente, y el sensible crecimiento de la tasa de afiliación sindical, no sólo generaron un círculo virtuoso apoyado en el impulso a la demanda agregada sino que, como se resaltara más arriba, fueron el sustrato mismo donde se apoyó la realización de una masa de utilidades extraordinarias por parte de los sectores más concentrados de la economía doméstica.
De esta manera, la crisis orgánica del neoliberalismo, como modelo societario, no como racionalidad política, en diciembre del 2001, construyó las condiciones de posibilidad para que emergiese un liderazgo político que extendiese los previsibles márgenes de maniobra de un Estado capturado por el poder corporativo (Wolin, 2008). La pregunta que se deriva de tal línea argumentativa es tan lógica como esperable. Cuáles fueron las razones por las cuales el poder corporativo nunca vivió como propio al ciclo de gobiernos kirchneristas.
Contrariando los postulados sobre los cuales se fundaría un adecuado clima de negocios desde la perspectiva neoclásica, racionalidad política que guio la expansión del bloque de poder que se configurase durante la dictadura militar y que condicionara fuertemente el desenvolvimiento de la economía desde la recuperación de la democracia desde 1983 en adelante (Ortiz y Schorr, 2008), el crecimiento de la conflictividad laboral entre 2006 y 2014 no constituyó obstáculo alguno para que la cúpula empresarial obtuviese una rentabilidad largamente superior a la media internacional. A la luz de los datos analizados podría afirmarse que el relanzamiento del ciclo productivo impulsado desde el Estado en 2003 fue simultáneo a la reactivación de mecanismos estatales destinados en dos grandes direcciones: a) ganar grados crecientes de autonomía relativa respecto del bloque de poder y las diversas fracciones que lo componen (Poulantzas, 2001; Jessop, 2014); b) construir un poder infraestructural que traducirá la determinación política de avanzar en la en un esquema redistributivo del ingreso (Mann, 2006).
En tal sentido, Palomino y Dalle afirman lo siguiente: “En síntesis, se trató de una movilidad social apoyada en mecanismos colectivos, por lo que la hipótesis más plausible para interpretar la confluencia de los componentes centrales del cambio social en el período, giran en torno a la idea de movilización impulsada por el Estado. En efecto, todos los factores gravitantes para la reducción de la desigualdad descriptos en el estudio, como la reactivación de las instituciones laborales, el fortalecimiento de los sindicatos, la multiplicación de convenios colectivos de trabajo a través de negociaciones paritarias, la reinstalación del salario mínimo, vital y móvil y su renovación anual sistemática, fueron impulsados y coordinadas por el Estado. Se trató centralmente de una movilización de clase, ya que el aumento exponencial de los convenios colectivos de trabajo fue sostenido por el incremento de conflictos laborales, un esquema similar al que predominara en el extenso período que culminó hacia mediados de los ’70 en Argentina, una época en que las relaciones laborales formales tenían una extensión amplia en el mundo del trabajo”. (Palomino y Dalle, 2015: 27).
De allí se desprende que la racionalidad política que expresa lo que Marcelo Diamand designó como la “corriente popular”10 se tradujo en el impulso estatal por impulsar un modelo de desarrollo opuesto al que tuviera vigencia durante la década en la que primara la hegemonía neoliberal. Sin embargo, y tal como señaláramos oportunamente, la crisis orgánica de un modelo societario no implica la crisis de la racionalidad política que lo impulsó. El neoliberalismo, como racionalidad política que sostiene el pleno funcionamiento de los mecanismos propios del libre mercado como forma excluyente que debe regir el desenvolvimiento del orden social capitalista, pervivió más allá de su ostensible crisis de legitimidad a inicios del nuevo siglo, tal como se desprende de la actual coyuntura. En tal sentido, el neoliberalismo se concentra en un universo simbólico que trasciende holgadamente la esfera estrictamente económica, tal como lo señala García Linera (2008) como las investigaciones llevadas a cabo por Gastón Beltrán (2012)
No obstante, dos aspectos centrales limitan la notable expansión que registrara a inicios de los noventa. Por un lado, la ausencia de una crisis de gobernabilidad inducida por diversos desequilibrios macroeconómicos reduce el consenso en torno a la orientación claramente ortodoxa que sigue el actual gobierno del Estado. Dicho de otra forma, el paquete de medidas neoliberales no puede legitimarse como el intento por estabilizar una crisis que no pudo ser desatada. Por otro lado, la acelerada degradación de diversos indicadores socioeconómicos pone de relieve que la racionalidad política a la que el neoliberalismo se enfrenta también constituye una alternativa real de gobierno, que gozó de una fuerte adhesión popular. De este modo, el modelo societario cuyo centro de gravedad radica en la libre competencia y en la creación de mercados desregulados encuentra condiciones de posibilidad que limitan su potencial despliegue histórico.
Por último, una paradoja recorrió los sucesivos gobiernos kirchneristas, particularmente tras la confrontación que se desatase entre las patronales agropecuarias y el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a poco tiempo de iniciado su mandato, en marzo de 2008. Si los márgenes de utilidad para los capitales más concentrados de la economía doméstica fueron tan elevados, y en un contexto de relativa paz social, cuáles podrían ser los motivos subyacentes a que el bloque de poder no reconociese como propio a tales gobiernos?
A lo largo de la extensa década transcurrida, tal paradoja animó tanto el debate académico como la opinión pública. En un artículo publicado en 1942, el economista polaco Michal Kalecki afirmaba: “En realidad, bajo un régimen de pleno empleo permanente, “el despido” dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria. La posición social del jefe se minaría y la seguridad en sí misma y la conciencia de clase de la clase trabajadora aumentaría. Las huelgas por aumentos de salarios y mejores condiciones de trabajo crearían tensión política. Es cierto que las ganancias serían mayores bajo un régimen de pleno empleo que su promedio bajo el laissez faire, y aun el aumento de salarios resultante del mayor poder de negociación de los trabajadores tenderá menos a reducir las ganancias que a aumentar los precios, de modo que sólo perjudicará los intereses de los rentistas. Pero los dirigentes empresariales aprecian más la “disciplina en las fábricas” y la “estabilidad política” que los beneficios. Su instinto de clase les dice que el pleno empleo duradero es poco conveniente desde su punto de vista y que el desempleo forma parte integral del sistema capitalista “normal”. (Kalecki, 1977: 161-162).
Desde nuestra perspectiva, en la actual coyuntura argentina la confrontación entre racionalidades políticas contrapuestas refleja la tensión acerca de las formas reales que asumirá la “normalidad” del orden social capitalista argentino y la tolerancia social en torno a sus posibles desplazamientos.
Amico, F. (2015): Los salarios en el largo plazo: surgimiento de un nuevo piso estructural de las remuneraciones en Argentina. Buenos Aires, CEFIDAR, Documento de Trabajo Nº 67.
Arceo, E. (2011): El largo camino a la crisis. Buenos Aires, Cara o Ceca.
Arceo, E.. et al (2010): La economía argentina de la posconvertibilidad en tiempos de crisis mundial. Buenos Aires, Cara o Ceca.
Arceo, E. (2006): “El fracaso de la reestructuración neoliberal en América Latina. Estrategias de los sectores dominantes y alternativas populares”. En E. Arceo y E. M. Basualdo (Comps.), Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales. Buenos Aires, CLACSO.
Azpiazu, D.; Manzanelli, P. y Schorr, M. (2011): Concentración y extranjerización. La Argentina en la posconvertibilidad. Buenos Aires, Capital Intelectual.
Azpiazu, D. y Schorr, M. (2010): Hecho en Argentina. Buenos Aires, Siglo XXI.
Basualdo, E. (2011): Sistema político y modelo de acumulación. Buenos Aires, Cara o Ceca.
Beltran, G. (2012): Las prácticas del poder. Discusiones en torno al problema de la acción política empresaria. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Vol. XXXIX, N° 70. Lima, Universidad del Pacífico.
Cantamutto, F. y Wainer, A. (2013): Economía política de la convertibilidad. Disputas de intereses y cambio de régimen. Buenos Aires, Capital Intelectual.
Diamand, M. (1983): El péndulo argentino. ¿Hasta cuándo? Buenos Aires, CERES.
Diamand, M. (1972): La Estructura Productiva Desequilibrada Argentina y el Tipo de Cambio. En Desarrollo Económico. Vol. 12 N°45.
Duarte, M. (2000) Los efectos de las privatizaciones sobre la ocupación en las empresas de servicios publicos. Revista Realidad Economica N° 182. Buenos Aires: IADE.
Foucault, M. (2004): Naissance de la biopolitique. Gallimard-Seuil, Paris.
García Linera, A. (2008): La potencia plebeya. Buenos Aires, Prometeo.
Gramsci, A. (2011): Antología. Buenos Aires, Siglo XXI.
Jessop, B. (2014): El Estado y el poder. Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social. Maracaibo, Universidad de Zulia
Kalecki, M. (1977): Ensayos escogidos sobre dinámica de la economía capitalista. México, FCE.
Laval, C. y Dardot, P. (2009: La nouvelle raison du monde. Paris, La Découverte.
Lozano, C. (1995): Convertibilidad y desempleo: crisis ocupacional en Argentina. Buenos Aires: C.T.A.
Lozano, L.; Sozio, T.; Tomada, C.; Vilas, G. y Bustos, J. (1992): Los trabajadores y las privatizaciones. Cómo se implementa un Programa de Propiedad Participada. Buenos Aires: Atlántida.
Marx, K (2002): El Capital. Buenos Aires, Siglo XXI.
Mann, M. (2006): El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados. Revista Académica de Relaciones Internacionales, Núm. 5. México, UAM.
Ortis L. y Schorr, M. (2008): La rearticulación del bloque de poder en la Argentina de la post-convertibilidad. Papeles de trabajo. Consultado el 8 de abril de 2016. Disponible en internet:
http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/Documentos/02_8_Ortiz-Schorr.pdf
Palomino, H. (2011): La renovada presencia de los sindicatos en la Argentina contemporánea. Voces en el Fénix. Disponible en internet: http://www.vocesenelfenix.com/sites/default/files/pdf/N6_4.pdf
Palomino, H. y Dalle, P. (2015): Movilización de clase y convergencia de ingresos en Argentina contemporánea. Ponencia presentada al III Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina. Bariloche, Universidad Nacional de Río Negro.
Peralta Ramos, M. (2007): La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006). Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Autor, D. (2015): Apuntes sobre los rasgos estructurantes de la hegemonía neoliberal en la Argentina reciente y su crisis. Revista Valor Agregado N°1. Buenos Aires, Universidad Nacional de Avellaneda.
________. (2012): “Management, subjetividad y cultura política: el nuevo espíritu del capitalismo a veinte años de la privatización de ENTel”. Cuadernos de Relaciones Laborales. Vol 30.2 2012. Págs. 459-495.
_______ (2008): La privatización de los cuerpos. La construcción de la proactividad neoliberal en el ámbito de las telecomunicaciones, 1991-2001. Buenos Aires, Prometeo.
________ (2005): Destruction et reconstruction des identités au travail en Argentine: la privatisation d’ENTel 1990-2002. Lille, Atelier National de Reproduction des Thèses.
Poulantzas, N. (2001): Poder político y clases sociales en el Estado capitalista. México, Siglo XXI.
PUCCIARELLI, A. (Co) (2011): Los años de Menem. Buenos Aires, Siglo XXI.
SPALTENBERG, R. (2013): La diversidad de los conflictos laborales: dispersión y centralización en las lógicas de acción de los asalariados privados. Buenos Aires, MTESS.
TROSA, S. (2008): La réforme de l’État: un nouveau management ? París: Ellipses.
La réforme de l’État: un nouveau management ? París: Ellipses.
WOLIN, S. (2008): Democracia S.A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido. Buenos Aires, Katz.
En una primera definición tentativa de aquello que entendemos por “racionalidad política” coincidimos con Michel Foucault. El filósofo francés se refiere a la racionalidad gubernamental como “una medida razonable y calculable de la extensión y las modalidades y de los objetivos de la acción gubernamental (2004: 93). No obstante, consideramos que la racionalidad política excede a la racionalidad gubernamental por cuanto la primera, si bien es inescindible del ejercicio del gobierno, define no sólo un campo de acción posible sino también una cierta direccionalidad que se estructura en torno de determinada “visión de mundo”.
Señalan los autores: “Más que un achicamiento o ausencia (imágenes equívocas), se observa un cambio de funciones del Estado, en que éste se enfoca, más que en la redistribución favorable a los trabajadores, en el subsidio y protección al capital (rescates financieros, promoción industrial selectiva, desgravación impositiva, etc). Al mismo tiempo, se observa una retirada del Estado de la producción y la prestación de servicios a causa de las privatizaciones” (Cantamutto y Wainer, 2013: 13-14). Es importante tener en cuenta esta definición ya que suele atribuírsele a la racionalidad política neoliberal una suerte de “retiro” del Estado de diversos ámbitos sociales cuando en rigor de verdad sólo desde el ejercicio del gobierno del Estado puede construirse el modelo societario que aquella impulsa, anclado en el funcionamiento irrestricto de los mecanismos de mercado y la plena competencia (Laval y Dardot, 2009). En apenas cien días el actual gobierno se ocupó minuciosamente de desmantelar el marco regulatorio de diversas actividades productivas y financieras, que caracterizara a la etapa kirchnerista, poniendo de relieve el carácter que asume la alianza estratégica entre los sectores más concentrados de la economía local.
“Mientras que los salarios en la industria crecieron un 25% entre 1990-1995, la productividad ha crecido un 37%. Estos datos reflejan una caída de más de 10% de los costos salariales del sector industrial el cual es más elevado para el sector productor de bienes no transables” (Ministerio de Economía, 1996).
Según la EPH, en marzo de 1991 el desempleo alcanzaba el 6,2%, cifra que trepa al 18,4% en la medición de octubre de 1995. Cabe destacar que en este breve lapso se llevó a cabo la mayor parte de las privatizaciones.
Además de la ley 24.013/91 (Ley Nacional de Empleo), se pueden agregar: el decreto 1334/91 sobre las C.C.T. Decreto 2284/91 de negociación salarial por empresa; Ley 24.028/91 sobre los accidentes del trabajo; Decreto 2184/90 de regulación de los conflictos de trabajo; Proyecto de reforma de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales.
El PBI de las empresas más importantes del sector industrial durante el período 1991-1994 aumentó un 35% mientras que el personal se redujo un 10%. (Lozano, 1995: 14).
La Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales-Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo, perteneciente al Ministerio de Trabajo, comenzó a registrar en 2006 los diversos conflictos laborales que se desarrollaron en la Argentina a partir de un relevamiento diario de la prensa nacional. A los fines de acotar nuestro análisis a los conflictos con paro y los motivos que los impulsan, tanto en el ámbito público como privado, prescindiremos de los indicadores “huelguistas” y “jornadas de paro”. Ver Spaltenberg, 2013.
El período coincide con un crecimiento en la homologación de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) del orden del 82%, pasando de 930 convenios celebrados en 2006 a 1691 en 2014. Si considerásemos el lapso 2003-2014, el incremento sería de un 345% (en 2003 se homologaron 380 CCT).
El editorial del jueves 14 de abril de 2016 del diario La Nación lo deja claramente expuesto: http://www.lanacion.com.ar/1889047-prohibir-los-despidos-desalentara-el-empleo
“Sus ideas en materia económica reconocen la influencia del modelo keynesiano y del nacionalismo económico. Sus principales objetivos son la distribución progresiva del ingreso y el pleno empleo. El primer objetivo se instrumenta mediante mayores beneficios sociales, aumentos nominales de salarios y a menudo controles de precios. También se recurre al manejo de los grandes instrumentos de política económica –fundamentalmente del tipo de cambio y de las tarifas de servicios públicos– en función del objetivo prioritario de evitar que aumente el costo de vida. El segundo objetivo se logra asegurando un alto nivel de demanda. Las etapas expansionistas suelen comenzar con el aumento de los salarios reales, el crédito barato, el incremento de la actividad económica y una euforia en el sector industrial y comercial” (Diamand, 1983: 1).
