Han transcurrido poco más de dos años desde la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Si bien a simple vista se presenta como un mojón en la historia reciente del sector, todavía es difícil determinar su alcance y grado de ruptura. Desde junio el Poder Ejecutivo nacional negocia con las provincias petroleras y las principales compañías los términos de una nueva ley de hidrocarburos. De la resolución que se dé a las demandas de unas y otras —reducción o eliminación de retenciones a las exportaciones, libre disponibilidad de los hidrocarburos y de divisas, libre importación de equipos e insumos, tope al cobro de regalías, y mantenimiento del sistema de “acarreo” que favorece a las empresas provinciales— dependerá la suerte del período iniciado en 2012 con la recuperación del control de YPF por parte del Estado nacional.
