La política desarrollada en materia de servicios públicos y dentro de ellos la situación de los usuarios y consumidores durante los años de los gobiernos kirchneristas se ha caracterizado por una notoria tensión entre un Estado más activo y centralizado en materia regulatoria y en defensa y ampliación de los derechos de los usuarios, y la subsistencia de los marcos regulatorios sancionados durante la década privatizadora de los años noventa.
