La riesgosa política del gobierno para las Fuerzas Armadas

Resumen

Luego del fin de la dictadura y debido al protagonismo que las Fuerzas Armadas tuvieron durante el siglo XX y a su responsabilidad en el terrorismo de Estado, la no intervención castrense en la seguridad pública fue el pilar del sistema político e institucional democrático. Así se plasmó en tres leyes y un decreto, sancionados y reglamentados durante presidencias distintas, que expresan el más importante acuerdo interpartidario conseguido en democracia.

La Ley 23.554 de Defensa Nacional fue sancionada en 1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, luego de un complejo proceso político en el que se disputaron visiones contrapuestas sobre el rol de las Fuerzas Armadas. La aprobación en 1991 de la Ley 24.059 de Seguridad Interior, sancionada durante el gobierno de Carlos Menem, contó con un importante arco de apoyos. Finalmente en 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, a pesar de la presión de algunos sectores para habilitar la intervención militar en actividades de inteligencia ante los fuertes conflictos sociales, fue aprobada la ley de Inteligencia Nacional que la prohíbe expresamente. El armado legal se completó y precisó mediante el decreto 727/06 reglamentario de la Ley de Defensa, firmado por el presidente Néstor Kirchner, que reafirma y aclara el concepto de agresión externa.