CUESTIÓN URBANA

En tiempo de crisis económica y social el rol de las organizaciones sociales tiende a cobrar renovada centralidad. Se trata de un universo heterogéneo cuya regularidad es actuar mancomunadamente en la construcción  de respuestas en torno a demandas y reivindicaciones de diferente orden y escala, especialmente allí donde las políticas de Estado muestran sus limitaciones. 

Dentro de este amplio espectro organizativo, los movimientos sociales -desde la crisis de fin de siglo- emergen como un actor político que, en  articulación -explícita o no- con los programas públicos, han definido un lugar de trabajo cotidiano y sostenido con la población más vulnerable. Desde allí, también, desarrollaron  su estrategia de poder político, de incidencia y progresiva institucionalización, a partir de la ocupación de lugares de acción gubernamental y/o representación partidaria.

El proceso de progresiva institucionalización de los movimientos sociales no es exclusivo de Argentina, sino que tiene manifestaciones comparables en varios países de nuestra región. Estos cambios  merecen  una revisión de las  conceptualizaciones clásicas sobre la configuración de la organización popular y su papel en el desempeño de los gobiernos que buscan retomar la agenda del bienestar sobre la base de la distribución de la riqueza.  

En este número 12 de Cuestión Urbana nos interrogamos acerca de los factores que motivan las participación popular en las políticas públicas, el tipo de gestión que surge en la colaboración entre los movimientos sociales y el Estado, como así también los conflictos, las negociaciones y el poder transformador de este actor, que llegó para quedarse, mantiene en este contexto.