Cuadernos de Marte

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Keywords: Malvinas – war experience – Armed Forces – democracy transition – war studies

Introducción[2]

La guerra contra Gran Bretaña por la soberanía del archipiélago conformado por las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur e islas aledañas, fue la única guerra convencional contra otro Estado en la que Argentina fue protagonista durante el siglo XX.[3] Fue un enfrentamiento breve, llevado a cabo entre el 25 de abril hasta el 14 de junio de 1982, aunque el operativo de recuperación (denominado Operación Rosario) fue ejecutado entre el 1 y el 2 de abril. La guerra se llevó 649 vidas argentinas, 255 británicas y millares de heridos y mutilados en ambos bandos. Sin embargo, la brevedad del conflicto no mella su intensidad y sus efectos. En el lado argentino, el fin de la guerra desató un colapso político que, pese a la incertidumbre general, mostraba la necesidad de un cambio de rumbo en la forma de gobierno que desde 1976 era administrado por una Junta Militar. Asimismo, es indudable que la guerra y la derrota también modificarían aspectos internos del mismo campo militar.[4]

Sin adentrarnos en estos cambios, nos interesa remarcar un aspecto resaltado en la inmediata posguerra y que conectó lo sucedido en el Teatro de Operaciones con la emergencia de una necesidad de reestructuración doctrinaria. Nos referimos al lugar que ocupó la experiencia de guerra[5] en el post conflicto a partir de una serie de documentos militares. Siguiendo este objetivo, intentaremos marcar qué importancia y sentidos se le asignó a esa experiencia desde las primeras acciones de obtención de información de las Fuerzas Armadas sobre su propio personal hasta la elaboración de informes fundamentales como el de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS, conocido como Informe Rattenbach) y el Informe Oficial del Ejército sobre el Conflicto Malvinas, ambos escritos en 1983. El escrito inicia con un detalle sobre la relación entre la organización de la Sanidad Militar y los sistemas de evacuación durante la guerra, en cuyo contexto se organizaron los interrogatorios para obtener la experiencia de los heridos y prisioneros propios. En segundo lugar, se analiza la estructura del interrogatorio apenas finalizado el conflicto y en el contexto de los centros de recuperación, y las primeras acciones llevadas a cabo por las comisiones de análisis de lo sucedido en Malvinas. Y finalmente se aborda la traducción de esa experiencia en términos de revés militar, y las contradicciones emergentes entre esa definición y el Informe Rattenbach.

Sanidad militar y obtención de información en contexto de guerra

Más allá de los objetivos y motivaciones para llevar adelante una guerra contra la segunda potencia de la OTAN, la guerra de Malvinas es señalada desde diferentes frentes por su improvisación e imprevisión por parte de las FF AA argentinas. Sin abandonar esta caracterización, y como señala de manera sugestiva Rosana Guber al referirse a la experiencia de los pilotos argentinos de A4-B Skyhawk[6], nos interesa ver a la improvisación no solamente como un modo negativo, desorganizado y negligente de operar, sino fundamentalmente como un choque de regularidades y conocimientos contra una contingencia urgente, mediante lo cual cobra un sentido netamente productivo. Decir que la guerra de Malvinas fue improvisada nos permite mostrar la serie de planificaciones y problemas que esa improvisación produjo, con sus correlativos efectos.

Luego del operativo de recuperación, Argentina sufrió una serie de derrotas en el plano diplomático[7] que llevaron a cambiar los planes de organización estratégica. Al pequeño contingente de la Operación Rosario se le fueron sumando diversas unidades cuya movilización y organización mostró problemas de planificación de algunos mandos militares, formados y con mayor pericia en el terrorismo de Estado, la guerra irregular y Doctrina de Seguridad Nacional que en un conflicto convencional y conjunto. Pese a ello, y como bien señala Germán Soprano[8], las unidades con mayor formación en este último aspecto tuvieron un buen desempeño en la conducción táctica.

Lo que inició como una guarnición reducida de 500 hombres, se convirtió en una movilización desorganizada de 23405 hombres y mujeres, de los cuales más de 10 mil[9] ocuparon posiciones en Puerto Argentino[10]  y el resto en distintos lugares de la Patagonia argentina.[11] Este despliegue acelerado y la falta de planificación desembocaron en una ruptura o total inexistencia de cadenas de mando claras, dando autonomía –que muchas veces fue aislamiento– a las unidades en particular y a cada Fuerza en general.

A este contexto debe sumarse la planificación de la Sanidad Militar[12], que incluye la atención de las necesidades médicas y a su vez el sistema de evacuación y rehabilitación de heridos y prisioneros de guerra[13]. En ese marco se organizaron las operaciones de inteligencia y obtención de información sobre el personal propio, que resultan fundamentales para comprender el lugar que ocupó la experiencia de guerra una vez que se firmó la capitulación argentina en la Isla Soledad.

Sin planificación previa[14], la primera oleada de movilizados despertó la necesidad de constituir una conexión de hospitales militares y establecer puentes aéreos y navales con nosocomios del continente (Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Buenos Aires). Las FF AA argentinas organizaron puestos de socorro en cada unidad desplegada en las islas, un puesto de socorro de mayor magnitud en Howard (Gran Malvina) y un Hospital Militar en Puerto Argentino (denominado Hospital Militar Conjunto, puesto que actuaron de manera coordinada la Sanidad del Ejército y de la Fuerza Aérea), como la instalación más importante para la atención médica de las bajas nacionales[15]. El 1 de junio dispusieron de dos Buques adaptados como hospitales, el ARA Bahía Paraíso y el ARA Almirante Irízar, al que se sumaría el ARA Puerto Deseado que nunca entró en operaciones.

A este armado debe sumarse que la diagramación de los sistemas de evacuación se llevó a cabo recién tras los inicios de los bombardeos en los primeros días de mayo. Las formas de regreso a continente de las tropas argentinas se llevaron a cabo bajo tres modalidades: “por recambio de tropas, como sucedió con el personal implicado en la Operación Rosario del 1-2 de abril; por heridas en combate o enfermedad; y como prisioneros de los británicos”[16]. La organización de los espacios de recuperación de heridos data del 1 de mayo mediante la conformación del Grupo de Inteligencia del EARI (Equipo de Apoyo para la Recuperación Integral) que conectaría los hospitales militares de Puerto Argentino, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y Campo de Mayo[17], y cuyo objetivo fue “colaborar en la recuperación de los pacientes y obtener la información que estos disponían”.[18]

En este sentido la Orden Especial 759/82 del Comandante en Jefe del Ejército (en adelante OECJE)[19] emitida el 25 de mayo de 1982 dispuso un plan de hospitalización, evacuación y apoyo a la recuperación integral de los heridos y enfermos que se enmarca en aquel objetivo. El documento presentaba un doble problema: la inexistencia de un plan de evacuaciones y la necesidad de recuperar y reintegrar a quienes se vean afectados por los sucesos bélicos. La OECJE especificaba que ante las bajas de distinta magnitud se hacía necesario un plan de “apoyo a los efectivos en operaciones, para lograr una adecuada recuperación psico-física, a fin de reintegrarlo a su unidad de origen y/o prepararlo para su integración al medio civil”. A este respecto, a partir del texto se desplegó una serie de categorizaciones y clasificaciones (herido, enfermo, recuperable, reintegrable, no recuperable) cuya delimitación buscaba “evitar que pueda afectar a la seguridad nacional o específicas de las Fuerzas Armadas”.

Posteriormente, inició el plan de recepción del personal tras la rendición de las tropas argentinas en Darwin (entre el 28 y el 29 de mayo), con el fin de recibir a los primeros prisioneros de guerra. El 4 de junio, por Orden Especial (en adelante OE) del Comando de Institutos Militares (IIMM) Nº19/82 se creó el CREPG (Centro de Recuperación de Ex Prisioneros de Guerra) que funcionó en Campo de Mayo. En la misma fecha y también por orden del Comando de IIMM se aprobó la OE Nº 18/82, para la organización y funcionamiento del Centro de Apoyo de Recuperación Integral (CARI) que buscó contribuir al reintegro del personal de baja (herido o enfermo) a su unidad de origen.[20] El 7 de junio bajo la OE Nº 1/82,[21] se creó el Centro de Recuperación del Personal del Fuerza (CRPF) con el mismo objetivo que el CREPG[22]. Esta triangulación estuvo emplazada en un objetivo logístico y específico de la guerra: recuperación y obtención de información.

En esa misma vía se emitieron otras órdenes como la OE Nº 19/82 del Comandante del Cuerpo de Ejército IV, del 10 de junio, que especificó la misión del CREPG en cuanto a

recibir, alojar transitoriamente, efectuar el examen psicofísico necesario y ejecutar las actividades de Inteligencia y Contrainteligencia y Justicia Militar necesarias al personal de ex-Prisioneros (sic) de guerra para determinar su aptitud psicofísica, obtener información sobre el enemigo e iniciar las actuaciones a fin de lograr su más rápida integración a las Unidades o al medio civil.

Al mismo tiempo, el documento advirtió algunas precauciones propias de la recuperación: no filtrar información a la opinión pública y no denominar ex prisionero de guerra al personal recibido. Este proceso productivo de recuperación se repitió en otros textos similares con la misma racionalidad: recibir, examinar, clasificar, definir su continuidad, tomar información y devolver.[23] Como parte de las actividades de inteligencia circularon una serie de documentos cuyo objetivo era regular la información sobre el enemigo que podía obtenerse de los evacuados y ex prisioneros. Esta información tuvo su sustento argumentativo en un aspecto que se resaltaba en varios textos militares: la experiencia. Un ejemplo de ello fue el modelo de interrogatorio al personal liberado que figura en la OE del Estado Mayor General de la Armada (OEEMGA) N° 1 “C”/82 del 11 de mayo,[24] en su anexo D denominado Encuesta de acción psicológica. Entre sus objetivos figuraba “provocar manifestaciones libres que denotarán con mayor o menos evidencia, estados de perturbación psicológica, nerviosidad, culpa, remordimiento”. Como puede apreciarse, hay una frontera difusa entre obtener información y diagnosticar un trastorno, lo cual se potencia con alguna de estas preguntas:

¿Sintió miedo a morir en algún momento del combate?; ¿Las acciones del enemigo despertaron en uds. odio o indignación contra los agresores? (…) Cuando sobrevivió la ocupación de la posición del enemigo, ¿se sintió resignado, frustrado, impotente, muy deprimido? (…) ¿Observó escenas de pánico o cobardía?

En esa misma línea, la Instrucción N° 04/82 “C” del EMGA[25] proponía escudriñar en las “experiencias vividas por los liberados y el estado de hostilidades” para lo cual el entrevistador podría presionar “para obtener el nivel emotivo o de tensión que facilite el recuerdo de imágenes vividas”. A la par, la OEEMGA antes citada estipuló una serie de consideraciones generales respecto del orden externo a la guerra (familiares, opinión pública) que merecen destacarse. En primero término, estimaron innecesario el contacto directo de los ex prisioneros y evacuados con la prensa e inconveniente la presencia de los familiares. Y a su vez, las clasificaciones y modos de nombrar también cobraron realce al proponer:

1) Evitar referirse a los mismos como prisioneros. Titularlos ‘Los que volvieron’; ‘Los repatriados’, etc; 2) No dar nombres de personas. En todo lo posible evitar los nombres de Jefes (…); 3) Procurar referirse a los soldados como hombres y no como jóvenes.[26] 

Lo que tenemos hasta aquí es un marco sanitario y de inteligencia, improvisado y planificado con objetivos bélicos. La pregunta que surge es, ¿qué sucedió cuando este marco no se usó para la guerra pues esta dejó de existir? Con la capitulación argentina, y la evacuación, traslado de heridos y prisioneros, estos elementos técnicos adquirieron otros enfoques. La experiencia de guerra pasó a convertirse en un argumento de conocimiento y gobierno militar, cuestión que podemos ver en la similitud entre dos documentos de Fuerzas Armadas distintas. Por un lado, el Memorandum para información del Comando Aéreo Estratégico[27] del Comandante de la Fuerza Aérea Sur, emitido el 17 de mayo (en plena guerra) donde se definió la importancia para una “posible reestructuración de la Fuerza Aérea” de algunos elementos de juicios basados en “una experiencia real de guerra” para la modificación “del principio doctrinario de la unidad de mando” mediante un “empleo racional y coordinado de los medios disponibles”. Por el otro, la OE N°762/82 “para el estudio y explotación de experiencias relacionadas con el conflicto Malvinas”[28] impartida por el Ejército el 15 de julio, la cual solicitó informes sobre “experiencias obtenidas como consecuencia de las operaciones en Malvinas y en el territorio continental desde la iniciación de las acciones hasta el repliegue de los elementos a sus asientos de paz”. El objetivo de estos informes fue realizar un compendio de toda la documentación para “lograr un perfeccionamiento institucional integral y así aportar las bases fundamentales a los estudios orientados a la reorganización de la fuerza en aspectos doctrinarios, orgánicos, educativos y funcionales”.

Caída, evacuación, aislamiento y experiencia

Tras la caída de Puerto Argentino las fuerzas británicas y la Cruz Roja Internacional iniciaron la organización del traslado de los prisioneros argentinos al continente. Entre el 17 y el 27 de junio se llevó a cabo la mayoría de los traslados de heridos y evacuados a continente principalmente en los buques de la Armada Bahía Paraíso y rompehielos Almirante Irízar,[29] sin posibilidad de contacto con la población civil[30]. Para el 14 de julio un número aproximado a los 600 prisioneros (en su mayoría oficiales y suboficiales) retenidos en Malvinas desde el 14 de junio fueron trasladados a Trelew en el trasbordador St. Edmund y desembarcados en Puerto Madryn (Ministerio de Defensa, 2012). Una parte importante de los heridos permanecieron en el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia, mientras que otros fueron trasladados a Campo de Mayo junto con los contingentes de efectivos que no tenían secuelas físicas.[31] Un gran número de soldados permanecieron allí hasta que fueron dados de baja. Cabe aclarar que las unidades aisladas fueron las pertenecientes al Ejército, mientras que los la oficialidad y suboficialidad de las restantes Fuerzas se reincorporaron a sus respectivas unidades tras los interrogatorios y por diferentes vías.

Como vimos, desde los centros de recuperación se organizó el estudio y explotación de experiencias relacionadas con el conflicto a partir de una serie de documentos de información que se pusieron en acción durante la guerra y continuaron con la caída, es decir que desde allí intentó darse un marco de racionalidad ex post a la indagación que las Fuerzas venían llevando a cabo. Cabe recordar que el CRPF, el CREPG y el CARI fueron los encargados de elaborar listados y planillas con la información recogida de las instancias de interrogación al personal proveniente del TOAS (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur). En ese marco, por ejemplo, se emitió el PON 1/82 llamado régimen orgánico funcional de la Secretaría de Inteligencia del CRPF, donde se estructuraron una serie de interrogantes dirigidos a prisioneros tanto oficiales, suboficiales como a soldados. El cuestionario solicitaba datos personales, antecedentes militares, actividades previas, captura, datos de internación, datos del enemigo, y AS (acción sicológica). Esta encuesta se utilizó en posguerra y centró la experiencia en sus últimos cuatro puntos, especialmente en las actividades previas donde se solicitó a los interrogados la descripción de las “Actividades que realizó en el TO (Teatro de Operaciones, aclaración nuestra) previas a su captura” y “Experiencia positivas y negativas recogidas”.

Entre el 14 y el 18 de junio los interrogadores del CARI elaboraron una serie de Informes Especiales con el objetivo de organizar y presentar la información obtenida, y prever medidas provisorias en base a ellas. Ejemplo de ello es la distribución de cartillas con recomendaciones a “personal de cuadros” y la sugerencia de “impedir la salida individual del Área Restringida del personal alojado en el Centro”;[32] a la par de proponer que los equipos de interrogadores se compongan “exclusivamente con personal militar” por “carecer el personal civil de inteligencia la adecuada instrucción para registrar en el formulario de entrevistas aspectos tácticos de una operación” y por el “riesgo de su divulgación entre conocidos y amistades del ámbito civil”. A propuesta de este informe, la cerrazón del ethos militar opera en un doble sentido: no sólo se necesitan preguntas militares -las preguntas del CARI se estructuraban en 32 puntos sobre hechos bélicos, captura, enemigo, moral propia, armamentos, etc.-, sino también interrogadores específicos de este ámbito, tanto por el riesgo de filtraciones como por desconocimientos de datos experienciales y tácticos propios del campo militar.

El 19 de junio, por OE 2/82 se modificó el objetivo inicial del CRPF para adaptarlo al contexto de desmovilización, por lo cual dicho centro ejecutaría

las actividades necesarias para la recuperación de hasta 2500 efectivos evacuados de las Islas Malvinas (…) para determinar su aptitud psicofísica, obtener información del enemigo e iniciar las actuaciones de justicia militar que por razones sanitarias fuese necesario, a fin de lograr su más rápida integración al destino que se determine.

Como vemos, en líneas generales se mantuvo el formato de misión de los otros centros creados previos a la rendición. Esta OE organizó lo que sería el asilamiento de los soldados en Campo de Mayo[33], sostenidas en medidas de estricta reserva como la prohibición de visitas e imposibilidad de hablar con los medios de comunicación:

Este proceder rígido, que ocasiona malestar en los EPG (ex prisioneros de guerra, aclaración nuestra), quienes naturalmente ansían reunirse con sus familiares, permite: 1) Identificar correctamente a todo el personal que regresa como EPG, cuadros y tropa; 2) Evitar la difusión de noticias falsas sobre personal muerto o herido, hecho que en esos días resultaba frecuente; 3) Llenar un informe básico, por parte de todo el personal, el que permitirá luego reconstruir hechos, adoptar medidas de justicia militar, desmentir situaciones falsas creadas con diversos fines, etc.; 4) Determinar el estado físico real del personal a su regreso del continente[34].

El tercer punto de esta lista se materializó en los pedidos de informes y las actas de recepción que fueron distribuidas a soldados, oficiales y suboficiales, y se estructuraron de acuerdo al cruce de dos trayectorias: una individual -grado, arma, apellido y nombre, clase, unidad de origen y en caso de conscriptos si fue incorporado o movilizado- y otra experiencial en Malvinas -estado de salud, rol de combate, actividades, tiempos de permanencia, misiones, superior a cargo, lugar donde fue tomado prisionero, información sobre personal fallecido o herido, actos destacados-. Tanto para conscriptos como para los oficiales y suboficiales se agregó un espacio específico para el comentario sobre lo experimentado. En el caso de los primeros, más breve y estandarizado a partir de detallar “las actividades más importantes que desarrolló” y las “experiencias recogidas en el desarrollo de las actividades que cumplió en el TO”,[35] con una sección sobre experiencias positivas y negativas.[36] Por el lado de los cuadros militares, el espacio asignado para el detalle sobre lo experiencial fue mayor, a partir de una serie de preguntas sobre el enemigo y un espacio (medianamente extenso y libre) de relatos sobre “experiencias recogidas en el TO”.[37]

Bajo esa doble trayectoria (individual y experiencial), la Armada también elaboró un Cuestionario Tipo para personal propio que regresa de Islas Malvinas o de acciones en contacto con el enemigo[38] donde, amén de consultar sobre heridas, enemigos y posiciones, se interpeló al interrogado con la siguiente pregunta: “¿sabe que no puede realizar ningún tipo de declaración a la prensa sobre bajas propias, o enemigas, acciones de combate y otro dato de interés?”.[39] Este tipo de exhortaciones al silencio se replicaron en el Ejército, especialmente sobre los civiles (personal de apoyo y conscriptos) de esa Fuerza. Un ejemplo es la cartilla de Inteligencia de la OE 4/82 (Para el repliegue y desmovilización) desde la cual, entre otras cosas, se ordenaba: “No proporcionar información sobre su movilización, lugar de presentación, arma a que pertenece y/o aptitud adquirida y su experiencia de combate”, (…) “NO ser imprudente en sus juicios y apreciaciones”, (y) “NO dejarse llevar por rumores ni noticias alarmantes”.[40] Asimismo, la Fuerza Aérea también organizó y distribuyó un cuestionario a su personal donde se pedían detalles sobre tareas, “inconvenientes para el cumplimiento” de las mismas, “acciones de combate que intervino y/o presenció”, entre otras, y un apartado de opinión sobre moral de la tropa, abastecimiento, equipamiento, etc., como así también armamento, munición, motivos de su repliegue, e información sobre el enemigo.[41] 

En la órbita de la OE 761/82 se distribuyeron una serie de órdenes especiales a las distintas jurisdicciones y cuerpos del Ejército, para operativizar el trabajo sobre las experiencias. Ejemplo de ello es la OE 25/82[42] denominada “Para el estudio y explotación de experiencias relacionadas con el conflicto Malvinas por parte del Cpo Ej IV”, cuyo objetivo era instruir al cuarto cuerpo del Ejército ubicado en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) sobre los puntos clave de la información a obtener. En este documento, fechado el 20 de agosto de 1982, las experiencias recopiladas fueron las “bases fundamentales a los estudios orientados a la reorganización de la Fuerza en aspectos doctrinarios, orgánicos, educativos y funcionales” y su indagación se focalizó en el “área de conducción y en todos los niveles de comando (…) hasta la unidad táctica inclusive”. Para el armado del informe sobre la experiencia de guerra se tuvo en cuenta los modos de racionamiento, la movilización y la capacidad de llevarla a cabo. En todos los casos, la última pregunta sugería un espacio para consignar “toda experiencia que hayan podido registrar y que constituye un aporte para optimizar el sistema”.

La puesta en circulación de estos documentos militares tomó coherencia posteriormente en algunos de los informes requeridos por la Comisión de Evaluación de las Operaciones Realizadas en las islas Malvinas, presidida por el general Edgardo Calvi, comandante de Institutos Militares, conformada el 5 de junio en el marco del regreso de los primeros prisioneros tras la caída de Darwin y que evaluaría las acciones del Ejército luego de la capitulación. Su estructura tenía algunos puntos en común con los interrogatorios que hemos visto, aunque estuvo dirigido específicamente a oficiales. La experiencia de guerra emerge como un factor de conocimiento valorado para una recomposición, tal como lo planteaban la directiva Informe de Guerra del Comando Aéreo Estratégico de la FAA[43] elaborada a fines de junio, donde se concluía que “la organización, equipamiento y el adiestramiento, jugaron en esta guerra un papel que debe ser profundamente analizado para no repetir errores y para, en base a la experiencia de guerra, estructurar definitivamente la Fuerza Aérea”.[44]^.[45] En agosto, por su parte, se creó la Comisión de Análisis de Acciones de Combate (COAC) por disposición Nº49/82 del Jefe del Estado Mayor General de la Armada, con el fin de hacer una revisión doctrinaria en base a la experiencia del conflicto. Estas comisiones finalizaron su labor al conformarse la que elaboraría el Informe Rattenbach, que analizaremos en el próximo apartado.

El revés, la experiencia pública y la experiencia secreta

El 15 de junio de 1982 Galtieri anunció al país que el combate en Puerto Argentino había finalizado agregando que los soldados, suboficiales y oficiales “enfrentaron con más coraje que armamento la abrumadora superioridad de una potencia apoyada por la tecnología militar de los Estados Unidos de Norteamérica”[46]. Nacía y tomaba forma la hipótesis del revés militar y parcial por la inequidad de fuerzas mediante las cuales los mandos castrenses hicieron pública su interpretación del conflicto y la derrota. Ejemplo de ello es el Comunicado del Estado Mayor Conjunto N° 166 del 16 de junio, posterior al discurso de Galtieri pero el primero en brindar una cronología de la guerra al público. Entre sus términos se explicaba

1. Que la toma de PUERTO ARGENTINO fue producto de la neta superioridad en medios y tecnología de las Fuerzas británicas. 2. Que esos medios fueron empleados recién cuando el enemigo inició su ofensiva final y ante la certeza que de otro modo su triunfo hubiese sido sumamente dificultoso. 3. Que esos medios, muchos de los cuales eran totalmente nuevos y desconocidos aun en el mercado de armas mundial, convirtieron el área de operaciones MALVINAS en un campo de experimentación y pruebas. 4. Que la logística fue facilitada por los Estados Unidos de América. 5. Que los mismos británicos han reconocido que la capacidad profesional, valentía y espíritu de nuestras tropas constituían un escollo que sólo podía ser salvado por una neta superioridad en material, tanto cualitativa como cuantitativa. 6. Que no cabe sino reconocer que la superioridad técnica y la disponibilidad de medios han sido los artífices de este triunfo parcial de GRAN BRETAÑA.[47]

Las primeras evaluaciones de la guerra intentaban marcar que las Fuerzas Armadas aún gobernaban aquello que les daba su razón de ser: la guerra. Al ubicar la derrota como un resultado natural –pero parcial- por la inequidad de fuerzas y no por la capacidad e instrucción, la hipótesis del revés abría la doble posibilidad de volver a la guerra y a la vez aprender de ella. Días después, tras el apartamiento del hasta entonces presidente de facto y su renuncia como Comandante en Jefe del Ejército, el general Cristino Nicolaides asumió el liderazgo de esa Fuerza (mientras que el general Reynaldo Bignone fue designado como presidente). En su discurso como nueva autoridad militar, el 18 de junio, Nicolaides profundizó algunos de los términos anticipados por Galtieri:

Conozco estado espiritual de los integrantes de la fuerza, hayan o no combatido en las islas. Afectados tanto por el revés militar como por la generalizada crítica sin fundamentos. Aquellos, a los hombres y mujeres argentinos de buena fe, debemos recordarles cuál ha sido el comportamiento de sus Fuerzas Armadas en esta etapa crucial de la historia nacional. Que valoren el sacrificio de cada oficial, de cada suboficial, de cada soldado, enfrentando durísimas condiciones de vida, soportando una tremenda presión anímica, y combatiendo durante 44 días contra un enemigo técnica y materialmente más dotado.[48]

En ese sentido, el flamante Comandante en Jefe reforzó días más tarde esta idea al afirmar que “la guerra moderna no es solo un enfrentamiento de voluntades, de coraje y de capacitación intelectual. Intervienen (…) factores militares y tecnológicos imposibles de equilibrar solamente con los valores espirituales y profesionales”.[49] En esta misma alocución estableció una triple meta para el Ejército, el cual debía primero

restañar las heridas producidas como consecuencia de la guerra; segundo, recomponer el Ejército, nuestro Ejército, para superar deficiencias y colocarlo con la mejor aptitud para el cumplimiento de su misión específica aprovechando al máximo las experiencias y enseñanzas extraídas durante el conflicto; tercero, apoyar con todas sus capacidades espirituales, intelectuales y materiales la acción a desarrollar por el gobierno nacional en procura de la institucionalización de la república no más allá del mes de marzo de 1984.

Recomponer, aprovechar las experiencias y prepararse para los cambios políticos se volvían objetivos fundamentales para este miembro de la Junta Militar, en un contexto de incertidumbres y colapsos. En ese sentido, los comandantes de las FF AA procuraron dar una explicación y evaluación a aquel revés a partir de la elaboración de una comisión que pudiera mostrar y explicar lo sucedido, que dio lugar a lo que se conocerá como el Informe Rattenbach. A su vez, el Ejército –quizá la Fuerzas más cuestionada por su actuación en la guerra- ya había iniciado este proceso a partir del denominado Informe Calvi pero que continuaría con la Comisión de Redacción del Informe Oficial del Ejército Argentino finalmente publicado en 1983 y con “evidente tono autoexculpatorio”[50]. En ambos la experiencia de guerra aparece problematizada con objetivos de evaluación, no obstante su especificidad y la capacidad de gobernarla por parte de los actuales miembros de las FF AA es claramente diferente en cada uno.

La discusión y puesta en marcha de un informe general sobre lo actuado a nivel estratégico, táctico y político durante la guerra aparece reflejado en las Actas de Reunión de la Junta Militar del mes de noviembre de 1982, como uno de los aspectos a concertar[51] con la población y los partidos políticos. Desde unos pocos meses atrás, los comandantes de la Junta elaboraron diversos temarios para discutir los mejores términos para una transición que no tenía horizontes claros. El 10 de noviembre se adjuntó al acta un documento denominado Directiva de la Junta Militar al Poder Ejecutivo Nacional para la concertación que tuvo el objetivo de trazar los pasos de institucionalización (vuelta a elecciones e “instaurar una democracia estable”), y entre los temas se encontraba el conflicto Malvinas. La directiva consignó la necesidad de un “análisis y evaluación de las decisiones políticas y estratégica militar, adoptadas en el conflicto”, para el cual, el 25 de noviembre,[52] la Junta

resolvió integrar la Comisión de Análisis y Evaluación de la conducción política y estratégico militar del conflicto bélico del Atlántico Sur, con el Teniente General (R) D BENJAMIN RATTENBACH[53] y el General de División (R) TOMAS ARMANDO SANCHEZ DE BUSTAMANTE por el Ejército, el Almirante (RE) D ALBERTO P. VAGO y el Vicealmirante (RE) D JORGE ALBERTO BOFFI por la Armada, y el Brigadier General (R) D CARLOS ALBERTO REY y el Brigadier Mayor (R) D FRANCISCO CABERA por la Fuerza Aérea (sic).

Por Resolución 15/82, el 2 de diciembre se creó la comisión[54] que se centraría “en el desempeño en el ejercicio de las funciones y las responsabilidades emergentes respecto de la conducción política y estratégico militar del conflicto”.[55] La elaboración del informe de la CAERCAS inició apenas tomaron juramento sus miembros[56] y fue entregado en septiembre de 1983. Durante ese año, la premura de su realización apareció en los debates de las reuniones de la Junta Militar, vinculada nuevamente al fin de tomarlo como un elemento necesario para discutir los parámetros de los cambios institucionales y políticos iniciados con la derrota bélica. Ejemplo de ello es el documento interno del 14 de febrero denominado Orientación para la acción de gobierno febrero 1983 – enero 1984, elaborado y discutido por diferentes mandos militares y que tuvo como objeto

evaluar la situación nacional actual, prever su probable evolución y establecer las medidas más importantes a instrumentar (…) para facilitar el logro del objetivo de institucionalizar la república, asegurando –simultáneamente– la cohesión, el prestigio, la imagen interna y externa de las FF.AA”.[57] (Resaltado nuestro)

Este texto, de circulación interna, postulaba una serie de acciones específicas entre las que se encontraban dos “respecto a Malvinas”. La primera tuvo que ver con aspectos diplomáticos y medidas de hostilidad hacia los británicos; la segunda, “procurar que la Comisión Malvinas (sic) agilice su trabajo de investigación de responsabilidades a nivel político y estratégico militar de manera que esté finalizado antes de 01 Jun 83 y adoptar de inmediato la resolución correspondiente”. La experiencia de guerra, su investigación y evaluación, señalamiento de culpables y resolución se mostraban como un pilar para construirle un lugar a las FF AA en esa república, como un sostén del buen gobierno de lo militar que aún poseían los mandos castrenses y la institución entera. Aquel revés militar no podía hacer mella en una institución con cohesión y prestigio, necesaria para la vida nacional. Sin embargo, a medida que transcurría el año la fecha del informe final fue modificándose, pasando del 1 junio al 30 de julio,[58] y de allí al 15 de septiembre,[59] aunque finalmente la CAERCAS hizo entrega del texto a la Junta Militar el 23 de septiembre, mediante lo cual se disolvió su actuación.[60]

Una vez recibido la Junta Militar decidió evaluar el Informe a través de una Comisión Interfuerzas[61] que al finalizar su labor divulgaría públicamente el contenido. No obstante, el 1 de noviembre dicha comisión elevó un diagnóstico sobre el trabajo de la CAERCAS donde se sugirió un tratamiento estrictamente castrense de quienes son evaluados como responsables estratégicos. Asimismo, respecto a las responsabilidades políticas, la comisión entendió que “el lapso transcurrido desde que se produjeron los hechos no permite apreciarlo con la suficiente perspectiva como para hacer un justo y acertado juzgamiento” y a la par recomendaron que el informe quedase bajo reserva militar “hasta tanto la República Argentina recobre sus derechos sobre las Islas del Atlántico Sur” para salvaguardar “los intereses de la Nación, de las Instituciones y de las Negociaciones en Política Internacional” (sic)[62].

Tras esta evaluación, la Junta Militar resolvió llevar a cabo dicha clasificación postulando que

“de sancionarse a los presuntos responsables resultará difícil (…) fijar debida y claramente cuáles son las conductas que se reprimen, esto es, si lo reprochable es la decisión política de recuperarlas, o las causas que determinaron su ocupación o la forma en que se condujo políticamente, con posterioridad, el conflicto” (corriendo el riesgo de que) “esta confusión (fuera) aprovechada y utilizada por el enemigo a su favor”. [63]

Sobre la base de esta reserva, el Informe Rattenbach fue catalogado como secreto político y secreto militar, y dicha catalogación fue la única que se hizo pública. [64]

¿Qué sucedió entre la promesa de un documento público y la clasificación del informe como secreto? No forma parte de nuestro objetivo hacer un detalle pormenorizado del Informe de la CAERCAS, pero consideramos que el texto echó por tierra la idea de revés y cargó con fuerza el resultado de la guerra en los problemas humanos de conducción apuntando específicamente a las esferas más altas.[65] No sólo colectivamente por la falta de conducción centralizada que nunca llevó a cabo “el ejercicio de un comando unificado, con control de todos los factores que conformaban las situaciones de crisis”[66], por ejemplo, mediante una conformación adecuada del comité militar; sino también puntualizando las cargas individuales de responsabilidad bajo tres criterios: político, penal militar, disciplinario militar. Las primeras (colectivas) se centraron en las funciones (por ejemplo, a nivel de comandantes en jefe); las segundas, en los individuos: Galtieri, Anaya, Lami Dozo y Costa Méndez; a los que se agregaron responsabilidades estrictamente militares a los miembros del comité (vicealmirante Suarez del Cerro, vicealmirante Juan Lombardo, general Mario Benjamín Menéndez, entre otros).

Paralelamente, en su apartado sobre “Experiencias y enseñanzas” (Capítulo XVI), el informe afirmaba que Argentina no poseía “oficialmente una ‘política militar’ orgánica, cuyos fines y modos de acción claramente establecidos, armonicen presupuestos, estructuras y estrategias entre las tres FF AA, y entre éstas y el conjunto del quehacer político, económico y social del Estado Nacional”[67]. Asimismo, el capítulo marca una serie de debilidades como “deficiencias en el accionar conjunto”, falta de “desarrollo del equipamiento” y “falta de adiestramiento”.[68] Queda claro que el contenido del informe, y su uso de la experiencia bélica como fundamento de producción y evaluación, va por fuera de los deseos de mostrar un buen gobierno militar y la necesidad de estas Fuerzas Armadas. Su contenido delimitó claramente los ámbitos políticos y militares (no sólo respecto a Malvinas, también en cuanto una política militar en general), y señaló las deficiencias en ambos, con lo cual su uso político (institucionalizar al país con las FFAA adentro) era riesgoso, y por lo que vimos también su utilidad militar.

Asimismo, lo evaluado por la CAERCAS chocaba con otro informe que no tenía que ver con Malvinas, menos técnico pero de uso público, también elaborado por la Junta Militar y puesto en circulación especialmente por el Ejército. Nos referimos al Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo. Desde inicios de 1983 la Junta incluyó la importancia de una explicación de lo acaecido entre 1976 y 1983 con miras a la institucionalización del país, que permitiera mostrar la importancia de las Fuerzas Armadas en ese proceso. La experiencia de guerra sirvió para explicar el terrorismo de Estado, la muerte planificada y los escenarios de horror desplegados desde 1976 dentro de una guerra contra la subversión[69] por lo cual asumían “la responsabilidad histórica frente a la Nación en el desarrollo de las acciones contra la delincuencia terrorista”.[70]

Su contenido fue discutido en la reunión del 6 de abril de ese año, y aprobado el 14 de abril[71] para ser difundido a partir del 28 de abril de 1983. El Documento final… presentó una síntesis de la experiencia de guerra montando un escenario donde el enemigo “por su magnitud, recursos y procedimientos, iba adquiriendo nivel similar a la de las fuerzas regulares”[72]. Esto justificaba que “las acciones así desarrolladas fueron la consecuencia de apreciaciones que debieron efectuarse en plena lucha, con la cuota de pasión que el combate y la defensa de la propia vida genera, en un ambiente teñido diariamente de sangre inocente”. La cuota de pasión y la experiencia vivida permitieron asegurar que el “accionar de los integrantes de la Fuerzas Armadas en las operaciones relacionadas con la guerra librada constituyeron actos de servicio”, a la par de aseverar que éstas “actuaron y lo harán cada vez que sea necesario en cumplimiento de un mandato emergente del Gobierno Nacional, aprovechando toda la experiencia recogida en esta circunstancia dolorosa de la vida nacional”.

La especificidad y tono de este documento está claramente en las antípodas del Informe Rattenbach, no obstante funcionan como un contexto de producción. Ambos se elaboraron en el mismo período, procuraron evaluar lo acaecido en dos guerras y mostraron la fragmentariedad interna que existía dentro de las propias FF AA. Asimismo, el Documento final…, por su tono y por los actores que se preocuparon por divulgarlo, se emparenta con otro informe de carácter oficial pero también público que circuló desde julio de 1983 mostrando la postura del Ejército sobre lo acaecido en las islas.

El informe denominado Informe Oficial del Ejército Argentino sobre el Conflicto Malvinas[73] (compuesto por dos tomos, unos sobre desarrollo de los acontecimientos y el otro sobre Fuentes y Anexos) tuvo como objetivo “hacer conocer a la Institución y a la opinión pública” las acciones del Ejército en las islas, sobre la base de que “las diversas acciones cumplidas son una valiosa fuente de experiencias para las distintas áreas de la conducción, cuyo aprovechamiento contribuirá al perfeccionamiento de la institución”[74]. Su diferencia fundamental con el Informe Rattenbach, es que estaba desprovisto de evaluaciones y su superficie se mostró como descriptiva, puesto que destacaba “los hechos tal como sucedieron, relatando las circunstancias particulares que ofrecieron en las distintas zonas de combate terrestre”. No obstante, en el texto se aclaraba que “muchas de las conclusiones a las que se arribará, habrá que extraerlas de la última fase de la lucha, ocurrida en PUERTO ARGENTINO (sic), última acción terrestre importante en un teatro de operaciones eminentemente aéreo y naval, y, por tanto, no familiar a nuestra instrucción, capacidad y experiencia personal”.

El Informe Oficial… presentó una guerra limpia (parafraseando a León Rozitchner[75]), donde el detalle es la dureza de la geografía malvinense y la inequidad de fuerzas y armamento con respecto al enemigo, mezclado con una descripción de hechos, elementos intervinientes y documentos. Si en el documento de la CAERCAS no se da lugar a interpretaciones sobre un revés militar, esta hipótesis es reflotada en el informe del Ejército ya que allí se  cataloga a la guerra como “un revés ocasional, consecuencia inevitable, ya se ha dicho, de la relación de poder de combate de las fuerzas en presencia”[76]. A lo que agrega con tono heroico:

todas las acciones realizadas son cosecha de lecciones que acrecientan las experiencias militares y cuyo punto se verá reelaborado en términos que perfeccionan nuestra doctrina, nuestra organización, la competencia militar de nuestros mandos y el adiestramiento de sus hombres. Y en ese acervo, que es también acervo de historia patria, estarán presentes todos y cada uno de los gestos bélicos: el aporte de nuestros soldados en la campaña, el sacrificio de los héroes caídos; el sufrimiento de los cuadros y las tropas en las operaciones y el cautiverio; el estoicismo y altivez de los combatientes quienes, sin reproches, y al grito de ¡Viva la Patria! Sobrellevaron con estoicismo el dolor de no haber podido arribar a la victoria.

Conclusiones

Desde la organización de las acciones de inteligencia en el marco de la Sanidad Militar, pasando por los interrogatorios en posguerra y los informes basados en ellos, la experiencia de guerra fue un elemento de información fundamental para las FF AA. Tanto en el contexto del conflicto bélico como en el posterior proceso de reestructuración. Obtener esa experiencia, controlarla ante posibles desvíos y filtraciones, gobernarla, mostrar su importancia y sobre todo dar cuenta de su control fue, desde distintas vías, una manera de explicar la derrota sin hacer mella en la necesidad de las Fuerzas Armadas para la vida nacional. Ante un escenario de cambios y recomposiciones, pero bajo un horizonte todavía incierto, la Junta Militar mostró la necesidad de construir a la experiencia de la guerra de Malvinas como un revés parcial y tecnológico y no como el resultado de una incapacidad acumulada (táctico y estratégico, de accionar conjunto, etc.). La necesidad de reestructurar las Fuerza Armadas y mostrar su importancia hacia el afuera a partir de resaltar la experiencia bélica como objeto de conocimiento y valorización fue una premisa.

Como quedó dicho, los comandantes postularon que aún poseían la capacidad de manejar aquello que los diferenciaba del resto como parte de su salida política y concertación con las fuerzas civiles. Esa experiencia de guerra podía incluir errores ocasionales pero sobre todo le mostraba a la Nación que los militares eran capaces de evaluar, aprender y asumir de responsabilidades sin poner en dudas su necesidad histórica. El Informe Rattenbach, si bien nada dice sobre esta necesidad (lo cual es entendible al tratarse de un texto militar elaborado por cuadros retirados), desestabilizó la posibilidad de mostrar un buen gobierno interno al expandir las fallas a cuestiones previas y errores estratégicos y tácticos, lo que llevó a su silenciamiento mediante secreto militar ya que ponía oficialmente en duda los atributos político-estratégicos de quienes encabezaron todo el Proceso de Reorganización Nacional.

Contrariamente, las disposiciones de la Junta Militar y el informe oficial del Ejército, mostraron la inconveniencia política de hacer visible cierta incapacidad de control interno para lo cual la experiencia se presentó como una posibilidad de mejora futura, aunque encauzada en acciones históricas con valores positivos. En ese sentido, esas disposiciones se ligan al Documento Final… en su valoración y publicidad de lo experiencia de guerra en momentos donde fue fundamental intervenir por el bien de la patria. Entonces, una de las caras del intento de continuidad de los mandos militares (su amnistía, concertación y reconciliación; en síntesis, su plan de impunidad) durante a la transición venidera fue mostrar que, pese al revés militar, aún podían gobernar lo que  –se supone- los hacía expertos y necesarios.

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