Cuadernos de Marte

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Nicole Fuenzalida[1]

Recibido: 26/6/2020 – Aceptado: 9/12/2020

Cita sugerida: Fuenzalida, N. (2020). Arqueología de lo (im)posible: las ruinas del ex Cuartel Borgoño (Chile, 1977-1989). Cuadernos de Marte, 0(19), 265-301. Recuperado de https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/6283

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Resumen

Tomando como caso paradigmático la experiencia dictatorial chilena (1973-1990), y con el uso combinado de fuentes: materialidad, testimonio y experiencia, se expone la trayectoria histórica y memorias en juego del ex Cuartel Borgoño (1977-1989). Un edificio que a lo largo del siglo XX albergó a diversas instituciones públicas, hasta funcionar como uno de los principales centros secretos de detencio´n, tortura y exterminio. Con la transición democrática, fue traspasado a la Policía de Investigaciones y es durante la segunda demolición de los inmuebles, promovida por esta entidad, que comienza la lucha por recuperar el lugar y la activación de los procesos de memoria. Así, Borgoño como ruina, da cuenta de una arqueología de lo (im)posible que se enraiza, en la superposición de los contextos de ocupación del Cuartel y sus materialidades, que atestiguan tanto las marcas presentes de un sistema científico y siniestro, así como las experiencias de los sobrevivientes y la continuidad de la violencia estatal.

Palabras claves: Sitios de memoria; Ruinas; Arqueología de Dictaduras; Centro de detención; Dictadura Chile

Abstract

Considering the paradigmatic case of Chilean dictatorial experience (1973-1990), and with the combined use of sources: materiality, testimony and experience, the historical trajectory and memories of the former Borgoño Barracks (1977-1989) are exposed. A building that throughout the twentieth century housed several public institutions, among them it functioned as one of the main secret detention centers, torture and extermination during Chilean dictatorship. Later, along with the democratic transition, it was transferred to the Investigation Police Agency, and during a second demolition of the buildings, promoted by the same institution, begins a fight to recover the place and a process of memory activation emerges. Thus, Borgoño as a ruin, reveals and an archaeology of the (im) possible takes its root, in the superposition of the contexts of their occupations and its materialities, which attest both the present marks of a scientific and sinister system, as well as the experiences of survivors and the continuity of State violence.

Key words: Sites of memory; Ruins; Archaeology of Dictatorships; Centre of detentions; Chilean dictatorship

Introducción

Este trabajo pretende dar elementos para pensar la violencia fundante[2], que fue el ciclo de dictaduras sudamericanas[3], en relación con los lugares donde se ejerció la represión. En Chile estos espacios son resignificados por colectivos de defensa de los Derechos Humanos, quienes demandan al Estado su protección. El artículo sintetiza un proceso investigativo de carácter autogestionado, que nace desde la reflexión académica, pero también, desde la experiencia como miembro del área de investigación de la “Corporación Memoria Borgoño”. Colectividad integrada por sobrevivientes, familiares, profesionales y vecinos, que desde el 2016 en adelante, busca la recuperación de la memoria del ex centro secreto de secuestro, tortura y exterminio (1977-1989), Cuartel Borgoño, ubicado en la Comuna de Independencia, Santiago de Chile, Región Metropolitana, Figura I.

Figura I. Imágenes satélitales del ex Cuartel Borgoño. Ubicación respecto a Santiago de Chile (izquierda) y en relación a las calles (derecha).

Fuente: Google Earth (diciembre 2020), modificado por la autora. 

En este marco, se expone una lectura del potencial de la materialidad contenida en la superposición de contextos y tiempos, observada a partir de las ruinas del ex Cuartel Borgoño. Tomando como caso paradigmático la experiencia dictatorial chilena (1973-1990), se caracteriza la historia larga o la trayectoria histórica que ha tenido el espacio, desde su construcción original hasta su conversión a fines represivos, el contexto de lucha armada, sus usos actuales, así como los procesos asociados a su entendimiento en tanto sitio de memoria.

La propuesta metodológica es cualitativa, organizada en la triangulación de estrategias de carácter documental y trabajo de campo (arqueológico y etnográfico)[4] y utilizó para su desarrollo fuentes escritas, audiovisuales y orales, según ejes analíticos: representacional, relativo al testimonio; el material-experiencial de los lugares y aspectos histórico-contextuales, Tabla I. Trabajamos estos datos desde el área de investigación de “Memoria Borgoño”, conformada por profesionales procedentes de la antropología, arqueología y ciencia política,  en un proceso combinado que supuso el estudio de la conformación espacial-arquitectónica, tomando como unidad de análisis el complejo de inmuebles, análisis fotográficos, estudio de los traspasos de la propiedad, diagnósticos del estado de conservación, entre otros. Destaca el análisis testimonial que involucró la creación de un archivo oral con registro audiovisual de 10 testimoniantes,[5] talleres de elaboración grupal, creación de protocolos, entre otras, consideraciones ético-profesionales.  

Tabla I. Detalle de los ejes analíticos y fuentes consultadas.

Fuente: Elaboración propia. Las citas completas de las obras consultadas para este artículo se encuentran en notas al pie y en la bibliografía.

El terrorismo de Estado como forma de gobierno, posibilitó la emergencia de espacios donde la política se acomodó hacia la aniquilación, en un marco generalizado de desprotección. Estos lugares fueron aparatos institucionales, cuya función era iniciar un proceso de “vaciamiento” y deshumanización en los secuestrados, pero también en la sociedad en general[6]. A su vez, este poder concentracionario si bien se pretendió total, consideró una dimensión cotidiana de sobrevivencia, entendida como “líneas de fuga”[7]. Lo anterior describe una clase de violencia extrema como coeficiente histórico, se trata de una violencia que ha caracterizado nuestro tiempo, alcanzando el grado que ningún objetivo político puede corresponder y que nos toca especialmente, pues desde el hecho colonial, es constitutiva del orden en Nuestra América.[8]

Desde los contextos de transición democrática en la región, las Ciencias Humanas han reflexionado sobre las causas, experiencias y consecuencias de la violencia desarrollada en las dictaduras. La arqueología ha efectuado diversas contribuciones en torno al estudio de las estrategias represivas -espacios de detención, tecnologías, fosas comunes, entre otros- y de resistencia -túneles de fuga, objetos y otras expresiones gráficas-[9]. Hoy se define un campo de estudios que, con matices: Arqueología de la Represión[10], Arqueología del Conflicto[11], Arqueología de Dictaduras[12], ha permitido documentar el funcionamiento de los sistemas de desaparición forzada y abordar la construcción de una “memoria material del genocidio regional”[13]. En Chile esta arqueología se ha desarrollado, principalmente, acompañando los procesos protagonizados por los colectivos, desde mediados de los años 2000 en adelante, ya sea en la colaboración de la formulación de expedientes técnicos en sitios como el ex Estadio Chile[14], en la la investigación de las “capas de memoria” en ex Nido 20[15] y en el diseño de museografías como en Londres 38[16]. Asimismo, se debe considerar la emergencia global de una inquietud por el pasado contemporáneo, con estudios sobre guerras mundiales, campos de concentración, fosas comunes y tecnologías del terror, entre otros[17]. Particularmente fructífero ha sido el subcampo de la “arqueología de las ruinas”, que valoriza los procesos destructivos, desde el potencial estético negativo que contiene la ruina y los excesos de la trayectoria capitalista modernizadora[18].

La “arqueología de las dictaduras”, constituye un marco disciplinar que problematiza un quiebre con la neutralidad valorativa y la distancia epistémica-temporal usual de la práctica arqueológica. Este quiebre no sólo tiene que ver con la densidad del pasado que se estudia, y su intención de develar las huellas del terrorismo de Estado, sino con la inclusión crítica de otros intereses no académicos (políticos, éticos, entre otros) y diálogo con actores (p. e. colectivos de DDHH., jueces), que conflictúan y condicionan alcances y prácticas[19]. Asimismo, los lugares donde se ejerció la represión dictatorial provocan distintas memorias y representaciones. Desde la “arqueología de las ruinas”, nos interesa posicionar la discusión de la relación entre memoria y lugares, particularmente, desde la dimensión de la “memoria material”[20], que compromete la disponibilidad, bajo la producción de procesos continuos de abandono, descomposición o “ruination”[21]. La hipótesis que se quiere plantear respecto de los espacios como Borgoño, en su estatus de ruina, es que se trataría de una memoria material que resulta innegable, que se superpone a pesar de los olvidos.

La materialidad de la memoria

La problemática de la memoria ha tenido un desarrollo notable, en el contexto de estudio.  Es imprescindible el antecedente del Holocausto y lo que Annete Wieiorka denominó como “la era del testigo”, que se consagraría en un “culto a la memoria”[22] y una verdadera “cultura de la memoria”[23], expresada en la gran cantidad de conmemoraciones, el frenesí por los procesos de patrimonialización[24], entre otros. También debe añadirse que, en la región, existe una lucha política activa, acerca del sentido de lo ocurrido y de la memoria misma[25].

En mayo del 2018, una organización de ultraderecha convocó en Santiago, al lanzamiento del libro “Las Respuestas de Corvalán”. El autor, Álvaro Corbalán, ex director de la Central Nacional de Informaciones, acumula más de 300 años de condena por crímenes de lesa humanidad. El evento contó con unos 200 invitados y una masiva protesta en las afueras, convocada por organizaciones de derechos humanos quienes argumentaron: “si no hay justicia, hay funa”.[26] Las fuerzas policiales dispersaron rápidamente la manifestación. Esta situación permite ilustrar que el escenario en Chile, oscila entre abusos de la memoria y olvidos, pero profundamente posiciona a la memoria como un campo político en disputa.

La memoria simboliza y da cuenta del tiempo socialmente significado a través de la vivencia directa e indirecta, constituyéndose en fuente de experiencia y saber colectivo, al arrastrar el pasado y reubicarlo, según las necesidades del hoy[27]. Estas memorias se pueden comunicar discursivamente mediante los testimonios, que señalan una serie de problemáticas complejas de abordar, de la que nos interesa la imposibilidad de narrar el trauma[28], y el silencio deliberado como indicador del doble carácter de la experiencia concentracionaria: el límite de “lo posible” y el límite de “lo decible”[29].

Luego, se rescata una premisa experiencial de la temporalidad, pues no se trataría ni del pasado ni del presente en tanto categorías cronológicas, sino de lo que “ha sido” y del “tiempo-ahora”, como unidades complejas de la experiencia humana-vivida[30]. Por materialidad se entienden los lugares y las cosas, refiriendo tanto al componente físico como al relacional y a las vías por las cuales es apropiado y practicado en proyectos humanos[31]. Mientras, la materialidad de interés arqueológico considera la suma de todos los tiempos pasados que coexisten en el momento presente[32], que memoriza la interacción con el mundo y la mutua constitución entre las personas y las cosas. Desde este punto de vista, Borgoño sobrepasaría la definición como “medio de” las memorias, los traumas o los significados, porque es una instancia en sí misma, cargada de ontología, historicidad y sentido.

Contexto histórico

La dictadura chilena, igual que en otros países de la región, fue una intervención institucional del conjunto de las Fuerzas Armadas y de Orden, orientada a reconstruir la sociedad sobre nuevas bases económicas, sociales y políticas[33]. Este proceso puede ser entendido en dos fases: una revolucionaria-terrorista (1973-1978) y, otra constitucional-refundacional (1978-1990). Esta última fase tiene como gran hito la promulgación de la Constitución (1980), que fundamenta un modelo económico neoliberal y un Estado subisidiario[34].

Desde fines de los años setenta, la sociedad civil opositora comenzaba a experimentar un paulatino proceso de reactivación política. En 1978 el caso de Hornos de Lonquén[35] aparece en la opinión pública, confirmando el actuar terrorista estatal. Igualmente, la promulgación de la Ley de Amnistía, provocó la “gran huelga del hambre”, dirigida por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)[36]. Desde el extranjero se presionaba y se expresaban con mayor resonancia los grupos artísticos, las organizaciones poblacionales, universitarias y sindicales. Este movimiento promovió nuevas formas asociativas, que contaron con el apoyo de sectores de la iglesia católica, ONGs y partidos políticos en la clandestinidad[37].

Este proceso de reactivación política decantó en una serie de manifestaciones (1983-1986), con grados crecientes de violencia que, si bien fueron instancias convocadas por el sindicalismo, articularon simultáneamente a partidos políticos, estudiantes, agrupaciones de DD.HH., mujeres y movimientos de pobladores[38], constituyendo la manifestación social e histórica más amplia y antagónica a la dictadura.

Consecuentemente, la represión de los organismos de seguridad e inteligencia, estuvo marcada por una gran cantidad de muertos, desaparecidos, secuestrados y heridos producto de allanamientos a poblaciones completas[39]. Desde 1978 la Central Nacional de Inteligencia (CNI) -sucesora de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA)- será la principal organización terrorista, actuando bajo la tutela del Estado y del Poder Judicial[40].

Por su parte, de forma sostenida y progresiva, el movimiento de resistencia acumuló fuerzas hasta 1986, cuando se desató una violenta represión[41], tras el fallido intento de ajusticiamiento de Pinochet por parte de un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Un gran acuerdo nacional, con la intermediación de la iglesia y la participación de los partidos políticos, ahogó el desencadenamiento de un conflicto armado. Con ello se inició un proceso de transición pactada, permitiendo la continuidad del modelo neoliberal y la exclusión de los movimientos sociales de la agenda política[42].

La lucha armada

En 1980, el secretario general del Partido Comunista (PC), Luis Corvalán, anunció la política de rebelión popular de masas, en la que se reconocía el derecho del pueblo a la rebelión[43]. Nace en 1983 el FPMR[44], un brazo autónomo y clandestino del PC, que tuvo la lucha armada de las masas por forma de enfrentamiento y realizó acciones complejas, como la toma de emisoras de radio y televisión, rescate de militantes desde clínicas clandestinas, secuestros de empresarios, voladuras de automóviles frente a áreas militares, entre otros. También el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, tras el debate político interno y su reorganización con la “operación retorno” (1978), apuntó a fortalecer su estructura militar[45]. Iniciándose una ofensiva armada, cuyo resorte fue en 1981, la conformación de un contingente guerrillero en Neltume, posteriormente desmantelado. Asimismo, sobresale la acción de las Milicias Rodriguistas, una organización paramilitar y otra ala clandestina del PC, en barrios populares y centros estudiantiles. Si bien su duración fue corta (1984 a 1987), se caracterizó por una forma de acción política enlazada con el combate callejero[46].

Y es que las prácticas de resistencia, fueron muy diversas. “Una mano empuñando un viejo revólver treinta y ocho, fue lo único que asomó Renato desde la esquina para realizar dos o tres disparos hacia donde la policía desarmaba la barricada”[47]. Es un ejemplo de las acciones desarrolladas, en el marco de las protestas de julio de 1986. En otros casos alcanzaban mayor envergadura, en la búsqueda por sustentar tareas políticas y de propaganda: “una de las acciones fue hacer un asalto a un supermercado”[48]. Desde la reflexión actual, se deslizan críticas hacia el carácter espontáneo e irreflexivo: “nosotros efectivamente fuimos inmediatistas y cortoplacistas, sobreestimamos nuestras propias capacidades y subestimamos las capacidades que tenía la propia dictadura, eso nos fue mermando”[49].

Asimismo, durante la transición pactada, los operativos represivos se mantuvieron con mayor participación civil y discreción. Las prácticas de resistencia, se ligaron orgánicamente a las movilizaciones sociales y territorios de trabajo. Esto facilitaba su desarrollo: paralizando el transporte, cortando calles, realizando apagones, barricadas, entre otros. La habilidad de sobrevivir a la represión, fue resultado de la cultura política desarrollada previamente a la dictadura[50].

El Cuartel Borgoño

La historia larga del ex cuartel siempre se ligó a la institucionalidad pública. Los orígenes de la construcción corresponden a un complejo sanitario de envergadura, que fue una expresión modernizadora, parte de la Comisión de Higiene Pública (1891) y del Instituto de Higiene (1892)[51] (Figura II). Las obras comenzaron en 1896, con el primero de los edificios y, en 1909 con los restantes, comprendiendo un total de cinco volúmenes: el pabellón de Higiene y Demografía, en la calle Independencia; el de Química; el de Microscopía y Bacteriología; el de Seroterapia, y, el Desinfectorio, ubicados en la calle Borgoño. 

                       Figura II. Vista panorámica del Instituto de Higiene

Fuente: Ferrer, L. (1910)[52]

En las décadas siguientes, el discurso higienista clásico se enfrentó a nuevos paradigmas. Ilustrativo de este cambio fue la inauguración del Instituto de Bacteriología (1929), donde se realizaron importantes avances en políticas de salud, con la creación de vacunas, sueros y suplementos[53]. Más tarde, debido a un incendio ocurrido en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile (1948), se trasladaron varias cátedras. En paralelo, se creó el Servicio Nacional de Salud (SNS) (1952), de la mano de potentes reformas de seguro social[54]. Según la planimetría analizada para el año 1968, en los inmuebles se distribuían el SNS, en los lotes 1, 2 y 5; la Universidad de Chile, en el lote 3; y, el Servicio Nacional de Empleo en el lote 4, Figura III. 

Figura III. Plano con el loteo y uso respectivo por parte de las instituciones públicas (1968).

Fuente: Archivo de la Corporación Memoria Borgoño (2018). 

En mesones de laboratorio y auditorios, se impartieron seminarios internacionales y clases: “Es abril de 1956 y en algunos minutos entraré junto con otros 160 compañeros en un cavernoso auditorium”[55]. El complejo de edificios seguiría con funciones académicas[56] y sanitarias hacia 1975, según se constata en insertos del archivo de la Sociedad de Biología, que dan cuenta del traslado de los investigadores por la “reorganización” y “peligrosidad” del momento[57].

La existencia del Cuartel Borgoño fue denunciada públicamente en 1983, en una emblemática acción del Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo, que desplegó un lienzo en el acceso, con la consigna: “Aquí se tortura”[58]. Más tarde, la Comisión Nacional Contra la Tortura publicaría el cuadernillo “Así se tortura en Chile” (1984), basado en el testimonio gráfico de un sobreviviente[59]. Ese mismo año, el Diario Oficial lo consignó como “lugar de detención”[60]. A pesar de ello, el Cuartel Borgoño permaneció inadvertido para la sociedad en general. La continuidad institucional que se desarrolló en la postdictadura y la escasa mención en las comisiones de verdad, permiten entender, en parte, esta situación.

La Comisión Rettig[61] estableció: “la CNI funcionó en numerosos recintos. Los más conocidos son los de Av. República 517, donde funcionaba el cuartel general; Borgoño 1470, donde se mantuvo detenidos y cerca del cual murieron varios militantes de extrema izquierda, en enfrentamientos falsos[62]; y la propia Villa Grimaldi, que la CNI conservó”[63]. La Comisión Valech[64] señaló: “Hubo detenidos en ese recinto entre 1980 y 1987. El mayor número de detenidos se registró entre 1984 y 1986”. Este informe, además, dio la siguiente descripción del Cuartel Borgoño:

Un gran portón de hierro, por donde entraban y salían constantemente vehículos (…) pasaban casi la totalidad del tiempo en un subterráneo que contaba con una sala de recepción, una sala para exámenes médicos, una pieza donde se fotografiaba y tomaban las huellas digitales a los detenidos, una pieza de interrogatorio y tortura especialmente habilitada para este fin, celdas individuales y un baño con duchas (…).[65]

Desde lo acontecido con Borgoño, se puede observar cómo los informes de las comisiones establecieron una versión consensuada de los hechos, una “verdad en la medida de lo posible”. Progresivamente, se configuró un panorama de impunidad en materia de DD.HH., afianzado en la Constitución vigente, y en la permanencia de Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército hasta 1998, cuando asume como senador vitalicio[66]. Ante ello, los testimonios cobran relevancia, pues confirman que se trató de uno de los centros secretos de secuestro, tortura y exterminio más relevantes de la dictadura.

La DINA ejecutó sus últimas acciones represivas en el año 1977[67] y la CNI entre 1978 y 1989 consituyó en Borgoño un espacio represivo medular, en términos de elaboración estratégica, gestión y operación nacional. Desde este lugar, desplegó su accionar de inteligencia, contrainteligencia y contrainsurgencia, seguimiento e infiltración. Las brigadas especializadas por partido, con dirección regional y nacional, estuvieron compuestas de agentes, procedentes tanto de las FF.AA. y de Orden, así como civiles, entre ellos, personal médico y administrativo[68].

La CNI consolidó acciones de secuestro y asesinato en vías públicas, montando escenarios de falsos enfrentamientos que eran divulgados en medios de comunicación. En 1987, la prensa colaboró en justificar ante la opinión pública la “Operación Albania”, calificando como “enfrentamientos” el asesinato de 12 militantes del FPMR, en represalia por el atentado a Pinochet. El operativo fue planificado por la CNI; 7 militantes fueron secuestrados desde sus hogares y trasladados el día anterior al Cuartel Borgoño[69]. Esta lógica represiva fue empleada en regiones y en años anteriores, por ejemplo, con la “Operación Alfa Carbón”, relacionada con la rearticulación del MIR[70].  

El objetivo represivo fue detener la movilización de la lucha armada, las bases militantes, dirigenciales y poblacionales, en el marco del ciclo de protestas. Luego del proceso de secuestro, al llegar al cuartel, se ingresaba en vehículos por un gran portón de fierro. Tras pocos pasos, se avanzaba a una sala de recepción, para bajar por una escalera a un subterráneo, donde comenzaba el período de cautiverio individual, que podía durar días y semanas, en celdas menores a 2 m²:  “pasamos de ser intersectados en plena vía pública, a ser sometidos en un vehículo con metralletas pasadas…bajamos escalinatas y de ahí a meternos en una especie de sala, siempre con la vista vendada (…)”[71].  

A los secuestrados, maniatados y vendados (a veces, simplemente con una tela adhesiva), se les llevaba a un subterráneo, donde eran obligados a desnudarse y luego a vestir un traje mecánico con zapatillas “alpargatas”. Sin antes pasar por un exámen médico inicial[72], “(…) para hacer las cosas menos difíciles”[73]. Más tarde, se les fotografiaba, registraban sus huellas digitales y los fichaban como control, pues estaban previamente identificados: “(…) tenían claro quien era yo”[74]. La rutina comprendía beber moderadamente agua y acceder a comidas: “cuando te retiran el plato, éste debe estar sobre la banca”[75], con salidas ocasionales al baño, y la escucha constante de radio y música estridente: “una canción que se repetía una y otra vez hasta el agotamiento: América…como un inmenso jardín eso es América”[76]; que no alcanzaban a ahogar los gritos provocados por las torturas.

El carácter rutinario se relacionaba con el ejercicio tecnificado del horror: “Me resultó particularmente impresionante comprender que el funcionamiento de este lugar se parecía al de una oficina común y corriente, aún en sus aspectos más burocráticos”[77]. En ocasiones, se les llevaba a otro piso, a una sala con pupitres, donde les decía que: “estaban derrotados”[78]. En otras, accedían por medio de una escalera de madera a una sala de “grabación” insonorizada, donde filmaron declaraciones falsas, las que fueron transmitidas por la televisión. Un sobreviviente señala que tras afeitarlo y lavarlo, lo filmaron con un letrero que decía: “yo militante del PC, dirigente de la construcción, declaro que no he sido sometido a maltrato”.[79]

La tortura adquirió un carácter científico e involucró el uso de hipnosis, analgésicos y otras prácticas médicas, por ejemplo, uso de masajes cardíacos, aplicación de oxígeno e inyecciones. También se utilizaron drogas estimulantes, que perseguían la “colaboración” y pérdida del autocontrol[80]. No se perseguía la obtención de información: “fundamentalmente les interesaba el dinero y las armas… ellos sabían más que yo”[81]. Al salir, y tras otro proceso de pruebas médicas y tratamientos paliativos, en caso de dificultades de salud graves, se realizaba el baño y cambio de vestimenta. Posteriormente, eran conducidos -con vendas y maniatados- a las fiscalías militares, donde eran obligados a firmar declaraciones con acusaciones falsas y trasladados a cárceles por años.  

El sitio de memorias, ex Cuartel Borgoño

En el año 1987 la CNI traspasó mediante decretos legales los terrenos a la Policía de Investigaciones (PDI)[82]. De esta forma, se instaló la Brigada Antinarcóticos, el Departamento de Protección a Personas Importantes, la Jefatura de Bienestar y Calidad, así como la Nacional de Extranjería. En 1996 se autorizó la demolición total de uno de los edificios (Borgoño 1470) en un marco de modernización de la institución y, en 1998, se construye un nuevo edificio con estacionamientos. Las acciones destruyeron completamente el ex pabellón de Seroterapia y así, el espacio más referenciado testimonialmente como Cuartel.

Hacia el 2016 la PDI planifica nuevas demoliciones, para dar continuidad a su proyecto constructivo. Como han estimado otros investigadores, existe una verdadera política de “desaparición” como destino de estos lugares[83]. Con todo, la movilización de sobrevivientes y activistas de DD. HH., logró detener la destrucción y ese mismo año, se demanda al Estado su protección por medio de la declaración como patrimonio[84].  El lugar quedó semidestruido, Figura IV, y si bien las denuncias asocian el uso represivo al edificio de Borgoño 1470, no es posible descartar que estos otros inmuebles estén implicados, dada la envergadura represiva y las características arquitectónicas del complejo sanitario.

Figura IV. Vista de fachada de ex Pabellón de Microscopía (Borgoño 1154).

Fuente: Fotografía de la Corporación Memoria Borgoño (2017). 

“En los años ochenta, cuando lo importante era derrocar a la dictadura, nunca imaginamos que, décadas después, algunos nos dedicaríamos de lleno a luchar por recuperar los lugares donde fuimos torturados”[85]. Esta frase resume las luchas que se dan en Chile por la “recuperación” de este tipo de espacios, y su resignificación en sitios de memorias[86]. Estos lugares se reclaman como testimonio de las injusticias y crímenes, movilizando procesos de reapropiación y recuperación de la memoria, así como una reflexión crítica respecto del presente.[87]

Si bien organismos como el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur (IPPDH),[88] establece entre los deberes del Estado la protección de estos espacios para consagrar el derecho a la verdad y la memoria, en Chile no existe una política estatal integral para los sitios de memoria. Es por ello que los colectivos han utilizado a su favor la “Ley de Monumentos Nacionales”[89], aunque el espi´ritu normativo contiene valoraciones arquitectónicas o históricas decimonónicas, involucrando una serie dificultades prácticas. Como consecuencia y bajo un modelo patrimonial “outsourcing”[90], el Estado no se involucra ni en la responsabilidad de propiedad y uso, gestión, investigación, entre otros.

Hasta el año 2018 se contaba con restricciones de acceso, pero los colectivos podían visitar el lugar, previa solicitud de permiso a la policía. Desde noviembre de ese año, el ingreso ha sido denegado, en alusión al “riesgo de derrumbes”, a pesar de que los espacios se utilizan como estacionamientos para los funcionarios. Esto de alguna manera ha impulsado diversas acciones por parte de las organizaciones, como finalizar un estudio preliminar sobre el estado de conservación y factores de vulnerabilidad que afectan el inmueble de Borgoño 1154[91], y el desarrollo de actividades artísticas, educativas y conmemorativas en las afueras (Figura V).

Figura V. “Mil manos para Borgoño”, protesta que rodeó el edificio de personas.

Fuente: Fotografía de la Corporación Memoria Borgoño (2018). 

En atención al contexto de urgencia en que se encuentra la materialidad en ruinas con los peligros de demolición y desaparición, así como por la negativa de acceso, el ejercicio inquieto de la memoria, conduce a una constante reactualización de su sentido y, desde un punto de vista más amplio, posibilita la re-articulación de los lazos sociales y vínculos con el espacio. Lo crucial del proceso se instala en la voluntad de recordar y en la capacidad que guarda el propio lugar en sus cualidades performáticas y experienciales.

Directrices finales

Es necesario conocer la historia larga, los sentidos, los usos, las sociedades, los proyectos políticos y los actores, para entender la dimensión del horror que operó en el ex Cuartel Borgoño, y así otorgar elementos amplios en la elaboración crítica de ese pasado. Comprender el ex Cuartel Borgoño desde el estatuto de la ruina, permite considerar una arqueología de lo (im)posible. Ello porque en su materialidad abyecta se contienen tanto las huellas de la modernización e higiene pública, como el sistema siniestro y científico que significó el accionar de la CNI, y las líneas de fuga de quienes dejaron sus propias marcas en el lugar[92]. Hay palimpsestos de uso y memoria que se sintetizan en los restos de los laboratorios, salas de clases, celdas y oficinas (Figura VI). La ruina a su vez contiene la posibilidad de convertirse en prueba material, necesaria para el desarrollo de acciones judiciales y para evocar la memoria de aquellos que aún no hablan.

Figura VI. Vista interior de edificio principal del ex Instituto de Higiene (Independencia 56).

Fuente: Fotografía de la autora (febrero del 2017). 

Es una arqueología de lo (Im)posible también, porque el negacionismo en materia de violación a los DD.HH. han permitido que perseveren las fuerzas policiales en el espacio, imprimiendo nuevas violencias en la actualidad. La memoria material que se desprende de Borgoño, representa un elemento incómodo, para la sociedad que quiere dejar “el pasado horroroso atrás”, y para el Estado con su voluntad de olvido. Mientras que, para los colectivos convertir estos espacios en lugares de vida, supone la posibilidad de testimoniar y reflexionar con otros, conjugando las luchas de ayer y las de hoy.

Borgoño se trata de una materialidad abyecta y ruinosa que no es vestigio estático o una cosa ausente. Conforma una realidad presente, desde un pasado que pesa y sostiene una memoria, que la arqueología puede escarbar. Al mismo tiempo, devela su marcada fragilidad, con el deterioro, abandono, destrucción inminente y desaparición. Siguiendo a Benjamin[93], las ruinas del ex Cuartel no sólo comportan la decadencia, sino que son huellas de una vida anterior, es decir, un significado objetivo de naturaleza histórica. La imagen de la huella-presente que es Borgoño, resulta en un emblema de la violencia estatal. Más que un espacio desolado, esta debe considerarse como un “instructivo”, que nos enseña sobre la fragilidad del orden social y advierte que en las condiciones actuales, nada asegura que la catástrofe no se vuelva a repetir.

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