Cuadernos
de Marte
AÑO 11
/ N° 18 Enero – Junio 2020
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/index
Las
jornadas estudiantiles antimperialistas de mayo de 1965 en Colombia y el
asesinato del universitario Jorge Enrique Useche
The anti-imperialist student days of May 1965 in
Colombia and the murder of the university student Jorge Enrique Useche
Miguel Ángel Beltrán Villegas*
Universidad Nacional de Colombia
Recibido: 30/09/2019 – Aceptado: 15/05/2020
Cita sugerida: Beltrán Villegas, M. (2020). Las jornadas
estudiantiles antimperialistas de mayo de 1965 en Colombia y el asesinato del
universitario Jorge Enrique Useche. Cuadernos de Marte, 0(18),
57-88. Recuperado de https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/5658/4599
Resumen
El
presente artículo tiene como propósito ofrecer, a través de una revisión
bibliográfica y hemerográfica, una reconstrucción histórica de las jornadas de
protesta realizadas por los estudiantes colombianos durante el mes de mayo de
1965, contra la invasión a Santo Domingo y en defensa de la autonomía
universitaria, en el marco de las cuales fue asesinado el estudiante Jorge
Enrique Useche. El análisis de dichas jornadas reviste particular importancia
por cuanto en ellas podemos identificar un conjunto de elementos novedosos en
relación no sólo con las formas y contenidos que adquiere la movilización
estudiantil en el decenio de los sesenta sino, también, con la configuración de
modalidades represivas por parte del Estado colombiano en contra de la protesta
social. Dichas estrategias que hacen parte de una larga tradición
contrainsurgente de las élites colombianas buscan, en el marco de la Guerra Fría
y el afianzamiento de la triunfante Revolución Cubana, estigmatizar y
descalificar la movilización estudiantil en los centros urbanos del país, aduciendo
una pretendida lucha contra la “infiltración comunista” y haciendo uso de
instrumentos jurídicos como la declaratoria del Estado de Sitio.
Palabras
Claves
Estudiantes, Jorge Enrique Useche,
Invasión de Santo Domingo, Frente Nacional, Represión Estatal.
Abstract
The purpose of this article is to offer, through a
bibliographic and newspaper review, a historical reconstruction of the days of
protest carried out by Colombian students during the month of May 1965, against
the invasion of Santo Domingo and in defense of autonomy university, the
context of the assassination of the student Jorge Enrique Useche. The analysis
of this short period is important to identify a set of new elements, not only
in relation with the forms and contents that student mobilization acquires in
the 1960s, also to the configuration of repressive modalities by the Colombian
State against social protest. These strategies that are part of a long
counterinsurgency tradition of the Colombian elites in seeking, within the
framework of the "cold war" and the consolidation of the triumphant
Cuban revolution, of stigmatize and disqualify the student mobilization in the
urban centers of the country, adducing a pretended It fights against
"communist infiltration" and making use of legal instruments, such as
the declaration of the State of Siege.
Key words
Students, Jorge
Enrique Useche, Invation of Santo Domingo, National Front, State repression
El 2
de mayo de 1965 el presidente de los Estados Unidos Lyndon B. Johnson declaró
ante la comunidad internacional que “Las naciones americanas no pueden, no
deben permitir y no permitirán el establecimiento de otro gobierno comunista en
el hemisferio occidental”.[1]
Con estas palabras el primer mandatario estadounidense justificaba el
desembarco, días antes, de 1500 soldados e infantes de marina, reforzados por
2500 paracaidistas. Invasión que fue presentada inicialmente como una misión
“humanitaria” dirigida a “salvar la vida de los ciudadanos norteamericanos”. No
obstante, más allá de la retórica presidencial el propósito de esta operación
era claro: sofocar a sangre y fuego un legítimo movimiento dirigido por un
grupo de oficiales rebeldes encabezados por el coronel Francisco Caamaño.
Dicho
levantamiento, que contó con un amplio respaldo popular, exigía la renuncia de
la Junta militar gobernante dirigida por Donald Reíd Cabral, que el 25 de
septiembre de 1963 había depuesto de su cargo al presidente constitucional Juan
Bosch. En el transcurso de pocos días los oficiales rebeldes lograron el
reconocimiento de Rafael Molina Ureña como presidente provisional, a tiempo que
consolidaron el control militar sobre la ciudad. Entre tanto el general Wesin
Wesin -afecto a los mandatos de la Casa Blanca y uno de los líderes del golpe
militar contra Bosch- trató infructuosamente de detener el movimiento, y al no
conseguirlo abrió las puertas para la intervención norteamericana, bajo el
falaz argumento de que Caamaño estaba liderando una revolución comunista.
Una
vez en territorio dominicano, las tropas invasoras establecieron en la capital un
cinturón de seguridad con el fin de aislar a los rebeldes, y luego de disolver
la Junta Militar impusieron un gobierno paralelo al que denominaron “de
Reconstrucción Nacional”. Éste, de la mano de las fuerzas de ocupación,
emprendió una brutal ofensiva contra los constitucionalistas, cobrando la vida
de más de cuatro mil civiles. Tras una heroica resistencia estos últimos se
vieron presionados a buscar una salida “concertada” que, a través de la OEA,
obligó a la renuncia del Coronel Caamaño -a la sazón jefe del gobierno
constitucionalista- y al nombramiento de un presidente provisional mientras se
convocaba a nuevas elecciones.
Con
este repudiable acto el organismo interamericano no sólo legitimó la agresión
norteamericana, sino que desconoció la voluntad democrática del pueblo
dominicano. Así lo denunció Francisco Caamaño en su discurso de entrega del
mandato presidencial ante 25000 compatriotas, que le aclamaban:[2]
Para
desgracia de la República Dominicana –señaló el oficial– y para desgracia de
América, la Organización de los Estados Americanos, en vez de asumir la defensa
de nuestra soberanía…también empujó aún más el puñal que hoy se clava en el
corazón de nuestra patria.[3]
Las
reacciones a esta agresión se hicieron sentir en todo el mundo: “En los Estados
Unidos mismos, los círculos liberales se levantaron contra esta intervención.
En la ONU, el Consejo de Seguridad convocado por solicitud de la Unión
Soviética decidió actuar, pese a la negativa de los Estados Unidos y encima del
organismo regional de la OEA, pidiendo al Secretario General que interviniese
para lograr un cese al fuego y que mandase a Santo Domingo un representante
militar que se diese cuenta del curso de los acontecimientos”.[4] Pese a estas importantes
manifestaciones de rechazo fue en las calles del continente donde al grito
de “Caamaño
seguro…A los gringos dale duro” y “Gringo Ladrón, al paredón” las
organizaciones populares y en particular los estudiantes, expresaron su solidaridad
con los rebeldes dominicanos.
En las
principales ciudades de América Latina las movilizaciones frente a las
representaciones diplomáticas de los Estados Unidos constituyeron la nota
predominante. La capital colombiana no fue la excepción, tan pronto se tuvo
conocimiento de la invasión norteamericana, la Federación Universitaria
Nacional (FUN) hizo un llamado al estudiantado a solidarizarse con el pueblo
dominicano. Desde el 4 de mayo se iniciaron en Bogotá manifestaciones de
protesta en el campus de la Universidad Nacional y, en los días siguientes,
fueron quemadas en distintos puntos de la ciudad banderas de los Estados
Unidos. La Universidad Libre, la Universidad Distrital y la Universidad
Externado se tomaron las entradas de la representación diplomática
norteamericana y tras izar la bandera de República Dominicana exigieron hablar
con el entonces embajador Covy T. Oliver. Cumplido su cometido los
universitarios se desplazaron por el centro de la ciudad hacia la Universidad
Libre denunciando la presencia de los marines estadounidenses en la Isla.[5] Acciones similares se
dieron en diferentes ciudades del país como Bucaramanga, donde los
manifestantes no solo quemaron una bandera de los Estados Unidos, sino una
efigie del “Tio Sam”.[6]
Sin
embargo, los hechos de mayor significación se produjeron en Medellín
(Antioquia), donde la fuerza pública invadió el claustro de la Universidad de
Antioquia para reprimir una manifestación pacífica organizada por la comunidad
universitaria. Esta violación al campus, aunado al rechazo a la invasión
imperialista a Santo Domingo, desencadenó una de las jornadas estudiantiles más
importantes en los años sesenta en Colombia, en cuyo marco fue asesinado Jorge
Enrique Useche, estudiante de economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
No obstante, la importancia que revisten estos hechos
para la historia del movimiento estudiantil colombiano en el decenio de los
sesenta, llama la atención el tratamiento tangencial que hasta el momento ha
recibido dicha jornada, más aún cuando en ella podemos identificar un conjunto
de elementos novedosos en relación no sólo con las formas y contenidos que
adquiere la movilización estudiantil sino también, con la configuración de
estrategias represivas por parte del Estado
colombiano contra la protesta social, que en el marco de la Guerra Fría
y el afianzamiento de la triunfante Revolución Cubana, busca su criminalización
-ahora en el medio urbano- aduciendo una pretendida lucha contra “la
infiltración comunista” y recurriendo a instrumentos jurídicos como la
aplicación del Estado de Sitio.
En este sentido, mi interés en el presente
artículo es hacer una reconstrucción histórica de este gran paro estudiantil
antimperialista que movilizó más de treinta mil universitarios en rechazo a la
invasión norteamericana a Santo Domingo y por la defensa de la autonomía
universitaria, en un contexto de Guerra Fría y de ascenso de las luchas del
estudiantado colombiano que tuvo como teatro fundamental los principales centros
urbanos del país.
La “Doctrina Johnson”
El triunfo de la Revolución Cubana a principios de
1959 significó no solo el fin de la dictadura de Fulgencio Batista, sino el
surgimiento de una nación que, a 90 millas de los Estados Unidos, desafiaba las
políticas imperiales y asumía un programa de hondas transformaciones sociales,
haciendo "real y tangible una alternativa hasta entonces presente solo en
un horizonte casi mítico, como objeto del temor o la esperanza de los
antagonistas en el conflictivo proceso político social latinoamericano”.[7]
Los profundos
cambios políticos y sociales en Cuba, sumados al avance de los movimientos de
liberación nacional en África y el creciente desembarco de tropas
norteamericanas en Vietnam del Norte, hicieron de Asia, África y Latinoamérica los principales escenarios de la Guerra Fría en
los años sesenta, y llevaron al gobierno del presidente John F. Kennedy a
evaluar críticamente la estrategia norteamericana de “contención” dominante hasta
entonces, la cual colocaba a los Estados Unidos en la disyuntiva de iniciar una
guerra atómica o negociar y retirarse. La adopción de una nueva estrategia por
parte de la Administración Kennedy –que habría de conocerse como la
"respuesta flexible"- fue trazada por su consejero militar, el
general Maxwell D. Taylor, quien planteó la necesidad de actuar con la
suficiente flexibilidad para asumir la confrontación en el terreno que
ofreciera el enemigo, bien se tratara de una guerra convencional limitada o de
una guerra de guerrillas.[8]
Esta nueva
estrategia formulaba un amplio abanico de posibilidades de acción entre las que
se contaba el fortalecimiento de la guerra insurgente, bajo el principio de que
era necesario enfrentar la guerrilla en su mismo terreno y utilizar sus mismas
tácticas, todo lo cual supuso el adiestramiento de “‘fuerzas especiales’
versadas en las técnicas de la acción política, social y económica, así como en
técnicas bélicas irregulares, cursos obligatorios de contrainsurgencia en los
colegios militares y en el servicio exterior, y ávidas discusiones entre los
círculos más altos de la administración acerca de los escritos de Mao Tse Tung,
Vo Nguyen Giap y el Che Guevara".[9]
Además
de lo anterior la “respuesta flexible” dedicaba especial atención a los
instrumentos no militares de la contención; énfasis que cobraba mayor
importancia por el creciente temor a la generalización del modelo
insurreccional de Cuba en el continente. La implementación de esta estrategia
pasaba por admitir que en los países de América Latina era necesario destinar
una cierta cantidad de recursos orientados a adelantar algunos cambios
socioeconómicos que alejarán a estos países de la senda comunista.[10]
Uno de
los mecanismos por medio de los cuales se pretendió alcanzar este último
objetivo fue la llamada “Alianza para el Progreso”, un plan que suministraba
alrededor de 20 mil millones de dólares en ayuda a Latinoamérica durante un
decenio, a cambio del cual los gobiernos latinoamericanos se comprometían a
emprender en sus respectivos países, una serie de reformas sociales y políticas.[11] Paralelamente a este plan se conformaron los
llamados "Cuerpos de Paz", constituidos por voluntarios
norteamericanos, preocupados de organizar proyectos en pequeña escala en las
áreas salud, educación, agricultura y un programa de “Alimentos por la Paz”,
destinado a facilitar la distribución de los excedentes alimenticios
norteamericanos en esas áreas.
Entretanto
se ponía en marcha este plan de reformas era necesario aplastar la Revolución Cubana
a través de una serie de hostigamientos, provocaciones y ataques que finalmente
cristalizaron en la intervención militar directa el 17 de abril de 1961, cuando
cerca de 10 mil mercenarios
transportados por mar y aire desembarcaron en Playa Girón con el apoyo de
aviones y naves de guerra. Agresión que fue repelida con éxito en menos de 72
horas.
Ante estos hechos, el canciller cubano Raúl Roa
acusó y denunció ante la Comisión Política de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, la criminal agresión de los Estados Unidos, en tanto el presidente
John F. Kennedy, en un discurso pronunciado pocos días después asumió la
responsabilidad de las operaciones militares en Cuba y reiteró su pretensión
intervencionista:
Si en cualquier momento –afirmó el primer mandatario estadounidense-
pareciese que la doctrina interamericana de no intervención sencillamente
oculta y disculpa una política de inacción -si las naciones de este hemisferio
no cumplen sus compromisos contra la penetración del comunismo exterior- quiero
que se entienda claramente que este gobierno no vacilará en afrontar sus
obligaciones principales, que son aquellas de la seguridad de nuestra propia
nación.[12]
El fracaso de las operaciones norteamericanas en
Playa Girón conllevó a una radicalización del proceso cubano, el cual hizo su
tránsito de una etapa nacionalista y antimperialista a una fase de revolución
social optando por una vía de desarrollo socialista. Junto a ello, en los meses
que siguieron a la invasión, América Latina asistió a la emergencia y
organización de nuevos movimientos de liberación nacional; algunos de ellos
estimulados por el ejemplo revolucionario cubano, asumieron la confrontación
armada como forma principal de lucha. Asimismo, aumentaron también las
presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos, el cual reclama un
mayor alineamiento y solidaridad contra el régimen cubano, logrando en la VIII
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Celebrada en Punta
del Este, Uruguay (22-31 enero de 1962), la exclusión de Cuba del Sistema
Interamericano.[13]
Tras
el asesinato de John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, su sucesor Lyndon
B Johnson intensifica la política intervencionista de los Estados Unidos en la
guerra de Vietnam, a la vez que incrementa sus acciones militares en América
Latina y el Caribe, fundamentando así la llama “Doctrina Johnson”, según la
cual Estados Unidos se abroga el derecho de intervenir unilateralmente en
cualquier lugar de la región donde viere amenazados sus intereses”.[14] Al amparo de esta
política se propicia el derrocamiento del gobierno democrático de Joao Goulart
(marzo de 1964) y la invasión a República Dominicana, poco más de un año
después.
La IX
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, convocada en
Washington del 21 al 26 de julio de 1964 para adoptar medidas frente a
supuestos “actos de intervención y agresión” contra “la integridad territorial
y la soberanía de Venezuela”, dispuso en una de sus resoluciones la ruptura de
relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de Cuba; la interrupción
de cualquier intercambio comercial directo o indirecto con Cuba y de todo
transporte marítimo.[15] Mientras el gobierno
mexicano votó negativamente la resolución, Chile, Uruguay y Bolivia anunciaron
la ruptura de relaciones con Cuba.
Con
las disposiciones adoptadas por la IX
Reunión de Ministros, se pretendía no sólo hacer frente a una agresión
extranjera continental o extracontinental, como lo preveía el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), sino sentar un precedente para
cortarle el paso a cualquier movimiento popular que en adelante pretendiera un
cambio social y que eventualmente podría ser calificado como comunista por el
gobierno de los Estados Unidos u otro país de América Latina, justificando así
la intervención armada.
Colombia:
¿Frente Nacional oligárquico o Frente Unido del Pueblo?
En medio de esta turbulenta atmósfera anticomunista,
las élites políticas colombianas se vieron estremecidas por la irrupción en la
escena política del país del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una nueva
organización guerrillera que realizó la toma armada de la población
santandereana de Simacota el 7 de enero de 1965, y cuyo manifiesto fundacional denunciaba
“La violencia reaccionaria desatada por los Gobiernos oligarcas y continuada
por el corrupto régimen Guillermo León Valencia – Alberto Ruiz Novoa – Alberto
Lleras Camargo”, anunciando la necesidad de adelantar la lucha revolucionaria “como
el único camino de todo el pueblo para derrocar el actual gobierno de engaño y
violencia”.[16]
Estos
sucesos ocurrían en medio de los anuncios por parte las Centrales Obreras de
adelantar para el 25 de enero de ese mismo año, una huelga general de protesta
en rechazo a las medidas económicas antipopulares impulsadas por el segundo gobierno
del Frente Nacional en cabeza del presidente Guillermo León Valencia
(1962-1966). Para entonces el costo de la vida había subido a niveles que
alcanzaban el 33 por ciento, mientras que la cotización del peso colombiano en
el mercado libre se devaluaba notablemente, descendiendo en pocos meses de 10 a
18 pesos por dólar.[17]
Aunque
a última hora las centrales obreras orientadas por los partidos tradicionales dieron
paso atrás en su protesta, suspendiendo la huelga a cambio del nombramiento de
una comisión para el estudio de los problemas económicos y fiscales urgentes
del país, estos hechos ponían de presente las limitaciones de un acuerdo
bipartidista que había prometido “la paz y la reconciliación nacional de los
colombianos” afirmando el monopolio político de los partidos liberal y
conservador a través de la alternación presidencial, y la paridad burocrática por
un período de 16 años.
En el
contexto de la puesta en marcha de este acuerdo excluyente, y a poco más de un
año de concluir el gobierno del presidente Guillermo Valencia, el 12 de marzo
de 1965, el sacerdote católico Camilo Torres dio a conocer, durante un acto
público realizado en Medellín,
un borrador de su “Plataforma para un Movimiento de Unidad
Popular”. Con un contenido amplio, unitario y democrático, este proyecto
alternativo generó un hecho político hasta entonces desconocido para el país,
que desafiaba abiertamente la vigencia del Frente Nacional.
La
reacción de la jerarquía eclesiástica no se hizo esperar; el Cardenal Concha
Córdoba declaró ante la prensa nacional que a los sacerdotes les estaba
prohibido participar en política y que en la plataforma presentada por Camilo
había puntos inconciliables con la doctrina de la Iglesia. El sacerdote
católico solicitó su reducción al estado laical pero mientras esto sucedía se
ocupó de ampliar y enriquecer su plataforma de lucha en todo el país,
convocando la unidad de obreros, estudiantes, campesinos y con ellos, de todos
los sectores excluidos del pacto oligárquico del Frente Nacional.
Fue en
ese agitado panorama político y social en que los universitarios colombianos
recibieron la noticia de la invasión a Santo Domingo por parte de los Estados
Unidos y el anuncio de un posible envío de tropas nacionales a esta isla
caribeña.
El
allanamiento a la Universidad de Antioquia
En el
marco de los actos de protesta que se realizaron en el país en contra la
invasión a Santo Domingo, el 7 de mayo de 1965 los estudiantes de la
Universidad de Antioquia, con el apoyo de algunas organizaciones sindicales
convocaron a una movilización por las calles de Medellín que concluiría en una
concentración en la Plaza de San Ignacio. En el transcurso de esta acción de
protesta hubo hostigamientos y bloqueo de las calles de acceso por parte de la
fuerza pública. Poco antes de concluida la manifestación policías y carabineros
arremetieron contra los estudiantes quienes optaron por refugiarse en el
paraninfo universitario.[18]
Ante
estos hechos Miguel Aramburo, gobernador de Antioquia, y ex dirigente
estudiantil de este mismo claustro universitario dio la orden al comandante de
la policía del Distrito de Medellín que ingresara al claustro, y se ofreció a
dirigir personalmente la operación. La presencia militar había sido solicitada
previamente por el rector de la Universidad de Antioquia Ignacio Vélez Escobar,
y se desarrolló con el apoyo de grupos de la “defensa civil” los cuales se
desplazaban en carros de los “cuerpos de paz”.[19] Según informes
periodísticos en la refriega fueron heridos 50 estudiantes, entre ellos un
universitario, Miguel Ochoa Bernal, quien recibió impactos de bala en su pierna.[20]
El
docente José Fernández, presidente de la junta directiva de profesores del
Liceo de Bachillerato de la Universidad de Antioquia, institución de secundaría
que también se habían unido a la protesta, describió así las agresiones
policiales:
La noche del
allanamiento a los claustros de la Universidad, de los sanitarios del Instituto
de Estudios generales fueron sacadas distinguidas universitarias que se habían
recluido allí y sometidas a improperios e irrespetos. Una de ellas, doña Irma
Quevedo, perdió la dentadura a golpes de bolillo.
Esa misma
noche, hubo estudiantes a quienes colocaron contra la pared y golpearon los
testículos, luego de haberlos sometido al tratamiento del bolillo. Pero los
desafueros no paran allí: el profesor de química Rafael Durán fue agredido a
bolillo, dentro del mismo laboratorio, y al profesor Mario Aristizábal, de
Sociales del mismo liceo, lo obligaron a arrodillarse y le fracturaron un brazo
y una costilla.[21]
Ante
estos hechos, las asambleas estudiantiles reunidas el día lunes 10 de mayo
decretaron una huelga general de 72 horas, como acto de protesta por el allanamiento del edificio principal y
exigieron tanto la renuncia del rector como del gobernador. Se constituyó un
comité central de paro integrado por representantes de las facultades de
derecho, economía, estudios generales, medicina, veterinaria e ingeniería
química en el que participó también el Liceo de Bachillerato.[22] A ellos se sumaron,
también, los estudiantes de la Universidad Nacional (sede Medellín) y la
Universidad de Medellín.
Por su
parte el 12 de mayo en diferentes ciudades del país se realizaron
movilizaciones estudiantiles convocadas por la joven Federación Universitaria
Nacional (FUN),[23]
presentándose enfrentamientos con la fuerza pública en Barranquilla, Cali y
Bucaramanga, en tanto la manifestación capitalina arribó a la Plaza de Bolívar
se desenvolvió sin mayores tropiezos, acompañada de carteles que expresaban su
solidaridad “con el pueblo rebelde de la República Dominicana” y de cantos
compuestos para la ocasión como el de “se va el Tio Sam”, parafraseando el
popular ritmo costeño “se va el caimán”.[24]
Al día
siguiente, mientras el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia
avala la conducta del rector Ignacio Vélez Escobar, los Consejos estudiantiles
de esta misma universidad declaran un paro estudiantil indefinido exigiendo su
renuncia, el cual es respaldado por la Federación Universitaria Nacional (FUN),
de modo tal que entre el 18 y el 21 de mayo, el país vive una intensa agitación
estudiantil:
…el paro
abarca la Nacional, la Distrital, América, Jorge Tadeo Lozano, Externado,
Instituto Universitario Gran Colombiano, Incca. En Medellín, universidades de
Antioquia, Medellín y dependencias de la Universidad Nacional en esa ciudad. En
Barranquilla, Universidades del Atlántico, Seccional de la Universidad Libre e
Instituto Carlos Meissel. En el Magdalena, Universidad Tecnológica del
Magdalena. En Cali deciden ingresar al paro desde el lunes 24 y desde el 21
toma parte el Instituto Tecnológico Agrícola de la Universidad de Nariño.[25]
Para
el 18 de mayo los universitarios de Medellín programaron un desfile de
antorchas hacia la gobernación el cual fue prohibido por las autoridades.
Desobedeciendo esta orden los estudiantes se concentraron en diferentes puntos
estratégicos de la ciudad, “carabineros a caballo y agentes de la policía con
perros amaestrados disolvieron los grupos cuando empezaban a tomar fuerza, en
tanto que un fuerte cordón de agentes mantuvo cercado el instituto de estudios
generales”[26].
Numerosas personas fueron privadas de la libertad y concentradas en El Coliseo,
para entonces los detenidos rozaba los trescientos.[27] Entre tanto las directivas
de la Universidad de Antioquia anunciaban que cancelarían las matrículas de los
estudiantes que continuaran en paro”.[28]
Al día
siguiente en Bogotá se presentaron fuertes protestas frente al edificio de la
Facultad de derecho de la Universidad Libre, muy cerca al palacio de San
Carlos, unidades del Batallón Guardia presidencial bloquearon las entradas.
Hacia el mediodía los estudiantes retuvieron a un civil a quien sindicaron de
ser agente secreto, quien “se dedicaba a agredir con piedra a los destacamentos
de la fuerza pública, encargados de la vigilancia de ese sector, aledaño al
palacio presidencial”.[29] Hechos similares se
produjeron en la Universidad Nacional y la Universidad América.
El
asesinato de Jorge Enrique Useche
Para el 20 de mayo las actividades del
paro se incrementaron, presentándose fuertes choques con la policía en el
centro de Bogotá y lugares vecinos al Capitolio y al Palacio presidencial:
…los
estudiantes capturan en la Libre a un agente del F-2. Ese mismo día las
brigadas estudiantiles toman la Radio Modelo, la Voz de Bogotá, Emisora
Horizontes y los teatros El Cid, Tequendama, Atenas y La Carrera, mediante
mitines relámpago. El edificio del Colombo Americano es apedreado y la oficina
de servicios generales de la policía es atacada con bombas molotov por grupos
de manifestantes. El comité huelguístico de Medellín declara que ‘hay 25.000
estudiantes en paro en el país’. Esta cifra pasaría de los 30.000 en los
próximos días. En Santa Marta se realiza una manifestación, la segunda, con
participación de la universidad Tecnológica, Liceo Celedón y Colegio Hugo J.
Bermúdez.[30]
Las
calles 26 y 45 que circundan la Universidad Nacional fueron bloqueadas, mientras
que piquetes de la fuerza pública se apostaron en la entrada de la Facultad de
Derecho de la Universidad Libre, presentándose allí una verdadera batalla
campal. Al anochecer de ese 20 de mayo, agentes de policía irrumpieron con lujo
de violencia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Producto de esta acción
represiva fue herido de gravedad, el estudiante Jorge Enrique Useche, quien
falleció al día siguiente.
Mientras,
el comandante de la Brigada de Institutos Militares, Brigadier General Omar
Gutiérrez, trataba de justificar estos hechos como producto de un plan
subversivo agenciado por “algunos elementos extremistas de la Universidad Libre
y Universidad Nacional de Bogotá”,[31] que estarían buscando
desplegar violencia física agresiva contra la fuerza pública, incluyendo “ataques
sorpresivos con empleo de armas y artefactos de lucha y aislamiento de las
fracciones y unidades de personal uniformado, para su posterior desarme y
eliminación”.[32]
El reconocido jurista Gerardo Molina –entonces rector de la Universidad Libre- en
una valerosa carta dirigida al Ministro de Guerra, General Gabriel Rebeiz
Pizarro, advertía sobre las agresiones sufridas por la comunidad universitaria
a manos de la fuerza pública, señalando entre otras:
…la trágica
muerte del estudiante Useche, los numerosos heridos pertenecientes a diferentes
claustros, la invasión al Externado de Derecho, a la Universidad Jorge Tadeo
Lozano y el peligro en que se vio su ilustre rector, los destrozos causados en
nuestras instalaciones por la policía, el ataque a las ambulancias de la Cruz
Roja cuando cumplían con su humanitario deber y la infiltración de elementos
armados en las concentraciones estudiantiles con claros fines de provocación.[33]
Estas acciones de la Fuerza Pública que
antecedieron el asesinato de Jorge Enrique Useche y que acompañaron las medidas
de excepción adoptadas por el gobierno colombiano en los días siguientes,
fueron poniendo de presente la consolidación de una nueva estrategia represiva
por parte de los organismos estatales, orientada a contener la creciente
protesta urbana generada por las políticas excluyentes del Frente Nacional.
Dicha estrategia combinará diversos elementos como la aplicación del estado de
sitio, el uso del ejército para ejercer tareas de control y seguridad en las
ciudades; la infiltración de agentes de inteligencia en las movilizaciones estudiantiles
con el fin de propiciar el enfrentamiento con la fuerza pública; la creación de
Comités Nacionales de Acción Cívica militar en apoyo de las operaciones
militares buscando el concurso de civiles supuestamente para detener el
crecimiento de los atracos y secuestros en las capitales del país,[34]
y que terminarán siendo instrumentalizados por el Estado para cumplir labores
contrainsurgentes.
Las
consecuencias de esta política represiva serán puestas de presente por el senador del Movimiento Revolucionario Liberal
(MRL), Jaime Isaza Cadavid, quien después de denunciar ante los ministros de
Gobierno y Educación, las torturas recibidas por estudiantes de la Universidad
de Antioquia concluirá afirmando que “el tratamiento que se ha dado a esos
estudiantes es peor que ´las represiones de los movimientos estudiantiles
durante las dictaduras de Laureano Gómez y Rojas Pinilla’”.[35]
El
estado de sitio y el fantasma de “la conspiración comunista”
El
viernes 21 de mayo en la madrugada el presidente Guillermo León Valencia, a
través del decreto número 1288 del 21 de mayo, declaró turbado el orden público
y el estado de sitio en todo el territorio nacional. Amparado en estas medidas
de excepción, el gobierno promulgó los primeros decretos prohibiendo las
manifestaciones públicas, autorizando la implantación del “toque de queda” donde
la situación lo requiera, dando curso al control y censura de periódicos y
radio-periódicos.
Asimismo,
en ejercicio de la facultades otorgadas por el estado de sitio, el Ejecutivo,
en asocio con su Consejo de Ministros, activaron los consejos verbales de
guerra a través del decreto 1290 del 21 de mayo, en virtud del cual:
…se dispuso
trasladar a la jurisdicción privativa de la justicia penal militar la
instrucción y el conocimiento, así como la facultad de proferir sentencia, en
relación con todos los delitos contra la existencia y la seguridad del Estado,
contra el régimen constitucional y la seguridad interior, la asociación para
delinquir, el incendio y otras infracciones que envuelven peligro común, el
secuestro la extorsión y los estados antisociales que representen una amenaza
contra el orden público.[36]
De
este modo, el primer mandatario hacía uso de uno de los mecanismos más
utilizado por los gobiernos del Frente Nacional para contener el accionar de
los movimientos populares y la aplicación de medidas económicas excepcionales.
Así lo advertía la Juventud Comunista (JUCO) en un comunicado, suscrito por su
comité central:
El gobierno
de la gran burguesía, con el estado de sitio, pasará a aplicar los planes
económicos dictados por el fondo monetario internacional y por los bancos
norteamericanos. Pasará también a tratar de destruir las organizaciones
populares: a aplastar la universidad en su contenido popular; a ilegalizar, de
hecho, al movimiento revolucionario; a erigir en ‘delito’ derechos y libertades
fundamentales.[37]
En
este contexto, la tesis de una supuesta “infiltración comunista” aparecía una
vez más como justificación para criminalizar la oposición política y social, y
fue el mismo presidente Valencia quien lo expresó en declaraciones dadas en
Bogotá a un periodista del semanario estadounidense Newsweek: “Un peligro serio existe –señalaba el jefe del ejecutivo-
no solamente de parte del comunismo internacional, sino también de los
comunistas y neocomunistas que se infiltraron en nuestras agrupaciones
políticas más antiguas”.[38]
Argumento que había esgrimido unos meses antes para deslegitimar la frustrada
huelga general convocada por las centrales obreras contra el alto costo de la
vida. En aquella ocasión el jefe de estado calificó la protesta sindical de ser
“un movimiento subversivo de muy peligrosas características”.[39]
Todo
lo anterior expresaba la total obsecuencia del primer mandatario colombiano
hacia las políticas anticomunistas de Washington. No sorprende entonces que pocas
semanas después de la posesión del presidente Johnson, Colombia recibiera la
visita del subsecretario de estado norteamericano para los asuntos
latinoamericanos, Thomas Mann. Aunque oficialmente se dijo que el objetivo de su
visita era el intercambio de puntos de vista acerca de la construcción de un
canal interoceánico, un comunicado firmado por “Resistencia Patriótica Juvenil
(R.P.J). Brigada: Jacobo Prías Alape. Operación: Cristobal”,[40] dejado junto a una bomba
de alto poder explosivo en la Embajada de los Estados Unidos, declaraba que el
funcionario venía:
…[a] pasar
revista a las tropas americanas acantonadas en Colombia; a intensificar las
masacres contra el pueblo colombiano, esencialmente con los frentes
guerrilleros de Marquetalia, 26 de septiembre, Guayabero, Pato, José Antonio
Galán, Santa Bárbara; a darle nuevas órdenes a los altos mandos militares
colombianos; a Felicitar a Raquel mercado y a Cueva por su traición a la clase
obrera” y concluía diciendo. “Fuera tropas yanquis de Colombia.[41]
Si
bien el mencionado artefacto logró ser detectado y desactivado media hora antes
que detonara, era una clara evidencia del repudio que generaba la creciente
injerencia de los Estados Unidos en los asuntos nacionales. Declaraciones como
la de Richard Nixon -ex vicepresidente de los Estados Unidos- en el sentido que
Colombia sería el próximo país en caer en manos del “Castrismo” por “ser el más
vulnerable”,[42]
no hacían más que exacerbar dicho rechazo.
Las
palabras dichas por el futuro trigésimo séptimo presidente de este país no
pueden entenderse, en modo alguno, como un señalamiento aislado. Por esas
mismas semanas Averell Harriman enviado especial para la América Latina por el
presidente Johnson para justificar la intervención de los EEUU en Dominicana
señalaba, en declaraciones hechas desde Washington, que “los agitadores
comunistas que habían intentado controlar la rebelión dominicana trataban ahora
de provocar disturbios en otros países del hemisferio”[43] y hablaba de “una conspiración
comunista internacional en la que Fidel Castro no es el único implicado sino
que beneficia (sic) del apoyo declarado de la URSS, donde Venezuela y Colombia parecen
ahora los dos objetivos prioritarios de esta conspiración comunista”.[44]
Estas
tesis anticomunistas eran repicadas en el Congreso colombiano por voces como la
del senador conservador Gustavo Salazar, quien se empeñaba en demostrar “que el
comunismo ha planeado y puesto en práctica una nueva sierra maestra en los
Andes Colombianos, habiéndose ya apoderado total y completamente de las
cordilleras oriental y central que sirven de marco al departamento del Huila”,[45] y hacía un llamado a los
partidos políticos a hacer frente a esta situación.[46] Los argumentos sobre una
supuesta infiltración comunista en el país se constituyeron en el caballito de
batalla de algunas asociaciones estudiantiles controladas por el bipartidismo, como
la Asociación de Universitarios Libres de las Universidades (que reunía a estudiantes
de la Universidad Libre de diferentes seccionales) la cual buscaba deslegitimar
el paro estudiantil argumentando que éste había sido tomado por líderes
reconocidamente marxistas que, ocultos tras la “democracia cristina”,
pretendían generar un clima de violencia para desacreditar a los “dirigentes
moderados”.[47]
Con
estas declaraciones, la sediciente Asociación de Universitarios Libres hacía eco
de las tesis formuladas meses atrás, por la subcomisión de seguridad interna del
parlamento de los Estados Unidos, según la cual los comunistas venían
realizando una ‘infiltración masiva’ en los movimientos estudiantiles de
América Latina; y aunque el estudio realizado a instancias del Senador
Demócrata Thomas J. Dodd, estaba consagrado a Bolivia, Venezuela y Honduras, planteaba
que dicha tesis podía aplicarse en diferente medida a “todos los países no
comunistas”.[48]
Las
protestas continúan a pesar del Estado de Sitio
Pese a
su severidad, las medidas de orden público fracasaron en su objetivo de detener
la protesta estudiantil. Fue así que la Federación Universitaria Nacional reafirmó
la orden de paro general y numerosos centros universitarios que no participaban
del mismo se sumaron a él. En efecto, ese mismo 21 de mayo los estudiantes de
la Universidad Nacional realizaron reuniones por Facultades y posteriormente convocaron
a una asamblea general la cual reafirmó su decisión de continuar en paro
indefinido. Hacia el mediodía los universitarios distribuidos en grupos
pequeños bloquearon el tránsito en diferentes vías aledañas al Alma Mater. Después del mediodía fue
retenido un agente adscrito a los servicios de seguridad del Estado, quien se
encontraba en los predios del campus universitario cumpliendo labores de
inteligencia. El agente secreto fue conducido a las oficinas del Consejo
Universitario, y tras un largo interrogatorio se le rapó la cabeza, y se dejó
en libertad.[49]
Al
atardecer los enfrentamientos entre estudiantes y policías se concentraron en
la entrada de la carrera treinta con calle 45. Allí, la fuerza pública arremetió contra los
universitarios, haciendo uso de gases lacrimógenos. En esta acción fueron
heridos Calixto Raúl Ortega y Augusto Barrera, de las Facultades de Geología e Ingeniería
respectivamente. Asimismo, fue detenido Medófilo Medina, estudiante de la
Facultad de Filosofía y Letras.[50] Pese a estas medidas
represivas, la protesta estudiantil se generalizó en todo el país.
En Tunja los estudiantes de la UPTC bloquearon
las carreteras que van de esta ciudad hacia Duitama y Moniquirá generándose fuerte
enfrentamientos entre los
universitarios y unidades de la policía
nacional; el ejército y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
también intervinieron. Según informes oficiales en las protestas fueron heridos
15 estudiantes, cinco de ellos de gravedad. En estos mismos hechos fue agredido
el secretario académico de dicha universidad y en ese momento encargado de la
rectoría, Max Gómez Vergara, a quien se le otorgó una incapacidad de cinco
días”.[51]
La
Universidad del Tolima (Ibagué) se sumó al paro de tres días. En horas de la
tarde se programó una manifestación de grupos estudiantiles de este centro
universitario, rechazando el estado de sitio y la intervención del gobierno de
los EEUU en Santodomingo; el Edificio de la gobernación fue ocupado
temporalmente por los estudiantes.[52] En la universidad del
Cauca, también se acordó un cese de actividades por 72 horas y la Federación
orientó una marcha por las calles de Popayán (Cauca), la cual se realizó no
obstante la prohibición del gobernador del Departamento, Solarte Hurtado y el
asedio de la policía.[53] En la Universidad de
Cartagena (Bolívar) los estudiantes en plenaria votaron el paro, el cual fue
aprobado por mayoría. En la Universidad del Quindío (Armenia) el consejo
superior estudiantil anunció cese de actividades desde el 21 hasta el 26 del
mes en solidaridad con el movimiento. En la Universidad de América (Bogotá) el
estudiantado se sumó al paro de 72 horas y en la Universidad Incca, directivas,
profesores y estudiantes, se acogieron a esta misma decisión.[54]
Un
paso importante en la dirección de la huelga fue la creación por iniciativa de
la Federación Universitaria Nacional (FUN) de un comité nacional de huelga, el
cual quedó integrado por Jaime Arenas de la Universidad Industrial de Santander
(UIS), Julio César Cortés y Hésper Eduardo Pérez de la Universidad Nacional;
así como Antonio Vallejo y Alfredo Salgado de la Universidad de Antioquia.[55]
Camilo
Torres: Los estudiantes tienen un compromiso con la revolución colombiana
El
sábado 22 de mayo, al conocerse la noticia del fallecimiento del estudiante
Jorge Enrique Useche arreciaron las protestas en todo el país, teniendo en la
capital un importante epicentro. El diario El
Siglo, tituló su edición dominical: “Ocho horas de Pedreas en Bogotá”. Uno
de los puntos de la ciudad donde se focalizaron estas acciones fue el sector de
las “residencias universitarias 10 de mayo”, una edificación de 13 pisos, que
albergaba cerca de setecientos estudiantes y el cual era el sitio de vivienda
del estudiante asesinado. En cercanías a este sector fue interceptado un
campero de la misión militar de los Estados Unidos, en el que se movilizaba el
mayor del ejército David Wade, y aunque este último logró resguardarse, el
automotor fue incendiado.[56]
Otras
acciones de protesta se presentaron en el centro de la ciudad, y en la pista
aérea del aeropuerto El Dorado cuando una nave de la Fuerza Aérea Colombiana
partía con los restos fúnebres de Jorge Enrique Useche, rumbo a Cúcuta
(Santander) su ciudad natal. En Ibagué (Tolima), los estudiantes de la
Universidad del Tolima se tomaron la emisora “La voz del nevado” y leyeron un
comunicado”.[57]
En
horas de la tarde fue retenido un agente policial, Luis Meza, quien pertenecía
a la Décima estación de policía y permaneció varias horas en poder de los
estudiantes.
No
obstante, el hecho político que siguió a la declaratoria de estado sitio lo
constituyó el homenaje que el 22 de mayo brindó la Federación de Estudiantes
Universitarios (FEU) al sacerdote Camilo Torres Restrepo en la Universidad
Nacional. En dicho acto Camilo leyó un programa de unidad popular que venía elaborando
“con grupo de jóvenes de todo el país, pertenecientes a movimientos
revolucionarios o independientes de éstos [..] que resume los objetivos a largo
plazo de una acción revolucionaria”,[58] y que se constituiría en
la plataforma definitiva del llamado “Frente Unido del Pueblo Colombiano”,
entre cuyas reivindicaciones incluía: “distribución de la tierra adecuada y
ampliación de planes cooperativos y comunales. Una reforma urbana por la cual
quien ocupa las casas era propietario de ella. Igualmente sugirió nacionalizar
bancos, hospitales, clínicas, radio, tv, transportes”.[59] Dichas reformas -argumentaba
Camilo- sólo podrían alcanzarse cuando la mayoría de los colombianos estuviesen
dispuestos a cambiar las estructuras políticas vigentes; lo que confería al
programa del Frente Unido un carácter claramente antisistémico.
La
intervención de Camilo Torres estuvo acompañada también de una reflexión sobre
el papel del estudiantado y su necesario compromiso ético-político con la
revolución colombiana:
…como grupo
privilegiado, –señalaba el sacerdote- nosotros debemos restituir al pueblo
colombiano los esfuerzos que ha hecho para que podamos ser una élite cultural
[…] somos un grupo insustituible del cual esperan mucho las mayorías de nuestro
país. Desgraciadamente hemos traicionado muchas veces los intereses de la
revolución Colombia al servicio de nuestros mezquinos intereses personales.
Mientras no haya un grupo de estudiantes y profesionales resueltos a sufrir
todas las consecuencias de la represión que les impondrá un sistema que está
organizado contra los que quieren cambiar el estado de cosas en Colombia, no
habrá en nuestro país un verdadero liderazgo revolucionario.[60]
Concluido
el homenaje que estuvo acompañado de las intervenciones de algunos
representantes estudiantiles y del abogado Eduardo Umaña Luna, Camilo encabezó
el desfile silencioso hasta el Cementerio Central en honor al estudiante asesinado,
desafiando así la prohibición que al amparo del estado de sitio pesaba sobre
las marchas callejeras.
A
modo de conclusión: Incumplimiento e Impunidad por parte del Estado
Ante
la fuerza que fueron tomando las jornadas de protesta estudiantil, una comisión
del Senado viajó el 23 de mayo a Medellín, con el propósito de buscar una
fórmula conciliatoria que condujera al levantamiento de la huelga por parte de
los estudiantes. La propuesta ofrecida por la comisión senatorial se limitaba a
proponer el nombramiento, por parte de las directivas universitarias, de un
vicerrector académico que tuviera voz y voto en el consejo directivo y que se
ocupara de ejecutar las orientaciones académicas; asimismo, asumía el
compromiso de brindar garantías de no sanción a estudiantes y profesores que
hubiesen participado en el paro, y recomendar al Congreso el trámite de un
proyecto de ley sobre autonomía universitaria ampliando el régimen vigente en
ese momento para la Universidad Nacional de Bogotá a todas las universidades
públicas del país.[61] La fórmula que no considera entre sus puntos la renuncia del
rector de la Universidad de Antioquia generó el rechazo mayoritario del
estudiantado.
Un día
después, algunos representantes estudiantiles, entre ellos: Galo Burbano, líder
de la FUN; Armando Correa, presidente del consejo estudiantil de la Universidad
Nacional; Fabio Puyo, dirigente estudiantil de la UdeA y, Antonio Hernández,
vicepresidente del consejo estudiantil de la UN; se reunieron con el presidente
Valencia, éste último señala que si la universidad es incompatible con el orden
público cerrará las universidades.[62] La FUN presenta como
fórmula, aprobada en las asambleas estudiantiles, un pliego que teniendo como
fondo el no envío de tropa a Santo Domingo, y el levantamiento del Estado de
Sitio, contempla:
1)
Retiro del rector Ignacio Vélez Escobar, como
solución del problema de la Universidad de Antioquia
2)
Respeto a la autonomía:
a)
No violación de los claustros,
b)
No ingerencia (sic) de la política universitaria
en el orden académico, docente y administrativo;
c)
Planes de reforma y estructuración exclusivos
del personal colombiano y de acuerdo con nuestras necesidades, no utilizando o
acomodando reformas de otros países;
d)
Libertad inmediata de los estudiantes detenidos
y rechazo a los procesos verbales de guerra, y
e)
Garantizar la libre expresión y organización
del movimiento estudiantil
3)
Investigación y castigo a los responsables de
la muerte del estudiante Useche.
4)
Vigilancia de la tarifa diferencial del
transporte, por rumores de un alza de la gasolina[63].
Para
ese momento el paro era generalizado en todo el país: En Bogotá hubo
enfrentamientos a piedra con la fuerza pública, en los que participan
estudiantes de la Universidad Distrital, Externado, Jorge Tadeo Lozano y
algunos estudiantes de la Gran Colombia. Varios miembros de las fuerzas armadas
son retenidos entre ellos un capitán del ejército, un detective, un sargento de
la policía y un agente, también fueron apedreadas las oficinas del diario El Tiempo. En Cali varias facultades de
la universidad Santiago de Cali declararon un paro de 48 horas. En la
universidad del Atlántico fueron bloqueadas las vías de acceso al campus,
mientras se le rendía un homenaje al estudiante asesinado, izando la bandera
nacional y de la Universidad a media asta. En Ibagué, estudiantes de la
Universidad del Tolima y del colegio de San Simón organizaron un desfile hasta
la catedral, al finalizar la misma hubo incidentes con la fuerza pública siendo
quemado un vehículo oficial y apedreados varios edificios.[64]
Particular
intensidad, tuvieron las protestas en la ciudad de Medellín. Allí la marcha
fúnebre fue impedida por las autoridades. Los enfrentamientos se centraron en
la Facultad de Medicina, y se ´prolongaron hasta largas horas de la noche a
pesar del toque de queda impuesto por el alcalde de Medellín entre las 8 de la
noche y las seis de la mañana. En estas acciones fueron retenidos por los
estudiantes algunos médicos del consultorio departamental, entre ellos el
secretario de salud pública del departamento.[65]
Ante
el recrudecimiento de la movilización estudiantil, la noche del 24 de mayo el
presidente Guillermo León Valencia escribe un mensaje al rector Ignacio Vélez
Escobar, donde le sugiere su renuncia.[66] El Consejo superior
universitario de la Universidad de Antioquia, solicita al primer mandatario
reconsiderar dicha solicitud, pero el presidente insiste, y ésta finalmente se
produce el día 26, cuando es nombrado en su reemplazo Lucrecio Jaramillo Vélez.[67]
Cumplida
una de las reivindicaciones centrales formuladas por el estudiantado, la FUN
orientó el levantamiento de paro. Esta decisión si bien estuvo respaldada por asambleas
convocadas en diferentes centros universitarios,[68] fue objeto de críticas
por parte de algunos sectores estudiantiles que vieron en ella una medida
apresurada, en un momento en que el movimiento universitario prometía
articularse con otros sectores sociales, de lo cual daban cuenta sus
acercamientos en las principales ciudades del país con organizaciones obreras
como Fedeta, Acción Sindical Antioqueña, Bloque Sindical Independiente,
Sindicato Único de Coltejer y Sindicato Nacional de Choferes, así como la
Confederación Sindical de Trabajadores Colombianos (CSTC) y la Federación de
Trabajadores de Cundinamarca (Festrac).[69]
No
cabe duda que los estudiantes habían puesto muy en alto sus banderas
antiimperialistas, y librado, a su vez, una de las más importantes batallas en
defensa de la autonomía universitaria que registra el decenio. Por su parte el
régimen también fue afinando sus estrategias represivas, y en un hecho sin
precedentes -poco más de un año después del paro estudiantil de mayo de 1965-
el presidente de turno, Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), ocupa militarmente
el campus de la ciudad universitaria, disuelve el Consejo Superior Estudiantil,
y suspende la personería jurídica a la FUN, el 26 de octubre de 1966, en
respuesta a las acciones de protesta promovidas por los estudiantes cuando el
primer mandatario se disponía a inaugurar unas nuevas instalaciones acompañado
del magnate norteamericano John D. Rockefeller. Entre tanto, el compromiso
expresado por el Ministro de educación de aquel momento de investigar a fondo
el crimen del estudiante Jorge Enrique Useche, y agotar “todos los recursos
para establecer las sanciones y responsabilidades correspondientes”,[70]
se perdió en una bruma de una recurrente impunidad que, en Colombia, ha
caracterizado la consumación de estos crímenes de Estado.
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*Profesor Departamento de
Sociología, Facultad Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia.
Correo: beltranvillegas2000@gmail.com. Artículo resultado del proyecto de
investigación “Estudiantes, Represión Estatal y Memoria: De Gonzalo Bravo Pérez
a Rómulo Carvalho (1929-1969)” avalado por la Facultad de Ciencias Humanas.
Departamento de Sociología (Cód. 43335-Hermes).
[1] Según los registros
periodísticos de la época la presencia de tropas estadounidenses superó los 42
mil hombres. Cfr. El Tiempo (1965). “42413 hombres tiene
EU en Santo Domingo”. Bogotá, 10/65.
[2] Sobre los acontecimientos en
República Dominicana Cfr.; Selser, G.
(Comp., 1966). Aquí, Santo Domingo: la
tercera guerra sucia. Buenos Aires: Palestra; Gutiérrez C. M. (1974). El Experimento Dominicano. México:
Diógenes; Grimaldi, V. (1989). El diario
secreto de la intervención norteamericana de 1965. Santo Domingo: Amigo del
Hogar.
[3] El Tiempo (1965). “Gobierno imparcial hará García-Godoy”. Bogotá,
4/9.
[4] Pierre-Charles, G. (1980). El Caribe a la Hora de Cuba. La Habana:
Casa de las Américas, p. 259
[5] Cepeda Vargas, M. (1965).
“Treinta mil estudiantes contra el imperialismo”. Documentos Políticos n° 50 (pp. 73-87). Bogotá, pp. 76/77, y El Tiempo (1965). “Estudiantes invaden
la embajada de los EE.UU”. Bogotá 8/5.
[6] El Tiempo (1965). “Mitin contra Estados Unidos en Bucaramanga”.
Bogotá, 10/5.
[7] Halperin,
D. (1994). Historia Contemporánea de
América Latina. Madrid: Alianza, p.465.
[8]
Cfr. Lewis,
J. (1989). Estrategias de la contención. Una evaluación crítica de la política de
seguridad norteamericana de Posguerra. Buenos Aires: Grupo Editor
Latinoamericano, 1989, pp. 219-259.
[9] Ibíd.,
p. 239.
[10] Ibíd.,
p.245
[11] Levinson, J. y Onis, D. (1972). La alianza extraviada: un informe crítico
sobre la Alianza para el Progreso. México: Fondo de Cultura Económica.
[12] El
Tiempo (1961). “Cambio radical en su política internacional anuncia
Kennedy”. Bogotá, 21/05.
[13] Con 14
votos afirmativos se completa la mayoría absoluta que respalda esta decisión.
El voto de la República Dominicana, que estaba excluida de la OEA, desde agosto
de 1960, es contabilizado. Las abstenciones corresponden al Brasil, Argentina,
Chile, Bolivia y Ecuador. Sólo México y Cuba votan en contra.
[14] Suárez, L. (2006). Un siglo de terror en América Latina. Crónica de crímenes de Estados
Unidos contra la Humanidad. La Habana: Ocean Sur, p. 284.
[15] Instituto Interamericano de Estudios
Jurídicos Internacionales (1966). El
Sistema Interamericano. Estudio sobre su desarrollo y fortalecimiento.
Madrid: Centro de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos del Instituto de Cultura
Hispánica, pp. 203-221.
[16] Arenas, J. (1975). La Guerrilla por dentro. Bogotá: Tercer Mundo, p. 48.
[17] Whelan, J. (1965) “Colombia en el
exterior: la última crisis vista por un corresponsal extranjero”. En diario El Tiempo, Bogotá: 31/5.
[18] El
Siglo (1965). “Nueve policías heridos y varios estudiantes contusos en
Medellín”. Bogotá 10/5.
[19] Cepeda Vargas, M. “Treinta mil
estudiantes contra el imperialismo”, op.
cit., p. 77.
[20] El
Tiempo (1965). “70 heridos en choques de estudiantes y la Policía”. Bogotá,
8/5.
[21] El
Tiempo (1965). “Nueve profesores renunciaron en Medellín”. Bogotá, 20/5.
[22] El
Tiempo (1965). “Decretada huelga de 72 horas en U. De Antioquia”. Bogotá, 11/5.
[23] La Federación Universitaria Nacional
fue creada en noviembre de 1963, como resultado de un proceso nacional unitario
de los estudiantes de educación superior, con una gran influencia en sus filas
de los sectores de izquierda. Cfr. Ruiz Montealegre, M. (2002). Sueños y Realidades. Procesos de
Organización Estudiantil 1954-1966. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, p. 149 y ss.
[24] El
Siglo (1965). “Ordenada Manifestación realizaron los estudiantes de la
Universidad Nacional”. Bogotá, 13/05.
[25] Cepeda Vargas, M. “Treinta mil
estudiantes contra el imperialismo”, op. cit.,
p.78.
[26] El
Tiempo (1965). “Nuevos Incidentes ayer en Medellín”. Bogotá, 19/05.
[27] Ibíd.
[28] El
Siglo (1965). “Cancelan matrículas a quienes no expresen deseo de regresar
hoy a Universidad de Antioquia”. Bogotá, 19/05.
[29] El
tiempo (1965). “Lesionados 12 policías. “Retenido y golpeado un detective
en la Libre”. Bogotá, 20/5.
[30] Cepeda Vargas, M. (1965). “Treinta mil
estudiantes contra el imperialismo”, Op.cit., p. 78
[31] El
Tiempo (1965). “Prevención sobre planes violentos”. Bogotá, 22/5.
[32] Ibíd.
[33] El
Tiempo (1965). “Respuesta de Molina a Rebéiz. Bogotá, 25/5.
[34] El
Tiempo (1965). “Se sugiere patrullaje militar”. Bogotá, 11/3.
[35] El
Tiempo (1965). “El senado aboca el problema”. Bogotá 21/5.
[36] El
Tiempo (1965). “Los consejos de Guerra”. Bogotá, 23/5.
[37] Comité Ejecutivo Central. Juventud
Comunista de Colombia (1965). “¡Abajo el estado de sitio! Documentos políticos n° 49 (pp.93-94). Bogotá, p. 93/94.
[38] El
Siglo (1965). “Revuelta roja en Colombia”. Bogotá, 18/5.
[39] El
Tiempo (1965). “Valencia denuncia criminal conspiración”. Bogotá, 21/1.
[40] El
Tiempo (1965). “Bomba en la embajada de los Estados Unidos”. Bogotá, 30/1.
[41] Ibíd.
[42] La
Vanguardia Española (1965). “Nixon: ‘Colombia próximo objetivo de Castro”
en La Vanguardia Española, Madrid, 6/5.
[43] El
Siglo (1965). “Colombia es el nuevo objetivo del comunismo”. Bogotá, 17/5.
[44] Ibíd.
[45] El
Siglo (1965). “Si los partidos siguen el forcejeo por retazos de poder, los
días de Colombia como pueblo son contados”. Bogotá, 25/5.
[46] Ibíd.
[47] El
Tiempo (1965). “‘No he pensado en Renunciar’” dice el rector de la
Universidad de Antioquia” Bogotá, 22/5.
[48] De Calers, A. (1965). “La autonomía
favorece la infiltración comunista”. En El
Tiempo, Bogotá, 30/1.
[49] El
Siglo (1965). “Reafirmación del paro ordena la Universidad Nacional”.
Bogotá, 22/5.
[50] El
Tiempo (1965). “Bogotá recobra su normalidad”. Bogotá, 22/5.
[51] El
Siglo (1965). “19 heridos cuando la Policía intentó el despeje de vías
cerradas por jóvenes en Tunja”. Bogotá, 22/5.
[52] El
Tiempo (1965). “Completa normalidad en el País”. Bogotá, 22/5.
[53] Ibíd.
[54] Cepeda Vargas, M. (1965). “Treinta mil
estudiantes contra el imperialismo”, op. cit.,
p.79.
[55] El
Siglo (1965). “Reafirmación del paro ordena la Universidad Nacional”.
Bogotá, 22/5.
[56] El
Siglo (1965). “Nuevos desórdenes en Bogotá”, Bogotá, 23/5.
[57] El
Siglo (1965). “De nuevo se tomaron emisora grupo de Jóvenes en Ibagué”.
Bogotá, 23/5.
[58] Broderick, W. Camilo Torres. El Cura Guerrillero (1987). Bogotá: El Labrador,
1987, p. 271. Sobre la naturaleza del
Frente Nacional puede consultarse también: Villanueva, O. (1995). Camilo: Acción y Utopía. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia, Colciencias; Guzmán Campos, G. (1967). Camilo, el cura guerrillero. Bogotá:
Servicios Especiales de Prensa; Ramírez Toro, E. (1982). Camilo, su vida su proyección
política. Bogotá: Pregrafit.
[59] El
Tiempo (1965). “El Padre Camilo Torres pide esfuerzo Nacional”, Bogotá,
23/5; la plataforma completa puede consultarse en Sondeos (1967). Camilo Torres el cura que murió en las
guerrillas. México: Tierra Nova, pp. 209-212.
[60] Torres, C. (1965). “Conferencia en la
Universidad Nacional de Bogotá” en Documentos de Camilo Torres. Disponible en https://www.archivochile.com/Homenajes/html/camilo_torres.html (visitado junio 2019)
[61] El
Tiempo (1965). “Fórmula conciliatoria presentada en Medellín”. Bogotá 24/5.
[62] El
Siglo (1965). “Posible cierre de las universidades del país”. Bogotá, 25/5.
[63] El
Tiempo (1965). Toque de queda en Medellín. No se recurrirá a un cierre de
universidades. Bogotá, 25/5.
[64] Un registro de estos hechos puede
consultarse en El Tiempo (1965). “Con
incidentes, se extiende el paro”. Bogotá, 25/5; El Siglo (1965). “Nuevos actos de violencia cometidos por
estudiantes”. Bogotá, 25/5. La República
(1965). “Se recrudeció ayer la violencia estudiantil”. Bogotá, 25/5.
[65] El
Tiempo (1965) “Ola de terrorismo en Medellín”. Bogotá, 25/5.
[66] El
Tiempo (1965). Renunció Vélez Escobar”. Bogotá, 25/5.
[67] El
Tiempo (1965). “Aceptan renuncia de Vélez y nombran nuevo rector”. Bogotá,
28/5.
[68] El
Tiempo (1965). “Levantado el paro”. Bogotá, 29/5.
[69] Cepeda Vargas, M. “Treinta mil
estudiantes contra el imperialismo”, op.
cit., p. 83.
[70] El
Tiempo (1965). “Declaraciones del Ministro de Educación”. Bogotá, 22/5.
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Cuadernos de Marte, Revista latinoamericana de Sociología de la Guerra es una publicación oficial del Insituto de Investigaciones Gino Germani, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
ISSN 1852-9879
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LISTADO DE REVISTAS PARTICIPANTES EN LATINOAMERICANA (Nº 289)
FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN ERIH PLUS
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FICHA DE CUADERNOS DE MARTE EN BINPAR
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