Cuadernos de Marte

Las jornadas estudiantiles antimperialistas de mayo de 1965 en Colombia y el asesinato del universitario Jorge Enrique Useche

The anti-imperialist student days of May 1965 in Colombia and the murder of the university student Jorge Enrique Useche

Miguel Ángel Beltrán Villegas*

Universidad Nacional de Colombia

Recibido: 30/09/2019 – Aceptado: 15/05/2020

Cita sugerida: Beltrán Villegas, M. (2020). Las jornadas estudiantiles antimperialistas de mayo de 1965 en Colombia y el asesinato del universitario Jorge Enrique Useche. Cuadernos de Marte, 0(18), 57-88. Recuperado de https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/5658/4599

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Resumen

El presente artículo tiene como propósito ofrecer, a través de una revisión bibliográfica y hemerográfica, una reconstrucción histórica de las jornadas de protesta realizadas por los estudiantes colombianos durante el mes de mayo de 1965, contra la invasión a Santo Domingo y en defensa de la autonomía universitaria, en el marco de las cuales fue asesinado el estudiante Jorge Enrique Useche. El análisis de dichas jornadas reviste particular importancia por cuanto en ellas podemos identificar un conjunto de elementos novedosos en relación no sólo con las formas y contenidos que adquiere la movilización estudiantil en el decenio de los sesenta sino, también, con la configuración de modalidades represivas por parte del Estado colombiano en contra de la protesta social. Dichas estrategias que hacen parte de una larga tradición contrainsurgente de las élites colombianas buscan, en el marco de la Guerra Fría y el afianzamiento de la triunfante Revolución Cubana, estigmatizar y descalificar la movilización estudiantil en los centros urbanos del país, aduciendo una pretendida lucha contra la “infiltración comunista” y haciendo uso de instrumentos jurídicos como la declaratoria del Estado de Sitio.

Palabras Claves

Estudiantes, Jorge Enrique Useche, Invasión de Santo Domingo, Frente Nacional, Represión Estatal.

Abstract

The purpose of this article is to offer, through a bibliographic and newspaper review, a historical reconstruction of the days of protest carried out by Colombian students during the month of May 1965, against the invasion of Santo Domingo and in defense of autonomy university, the context of the assassination of the student Jorge Enrique Useche. The analysis of this short period is important to identify a set of new elements, not only in relation with the forms and contents that student mobilization acquires in the 1960s, also to the configuration of repressive modalities by the Colombian State against social protest. These strategies that are part of a long counterinsurgency tradition of the Colombian elites in seeking, within the framework of the "cold war" and the consolidation of the triumphant Cuban revolution, of stigmatize and disqualify the student mobilization in the urban centers of the country, adducing a pretended It fights against "communist infiltration" and making use of legal instruments, such as the declaration of the State of Siege.

Key words

Students, Jorge Enrique Useche, Invation of Santo Domingo, National Front, State repression

El 2 de mayo de 1965 el presidente de los Estados Unidos Lyndon B. Johnson declaró ante la comunidad internacional que “Las naciones americanas no pueden, no deben permitir y no permitirán el establecimiento de otro gobierno comunista en el hemisferio occidental”.^[1] Con estas palabras el primer mandatario estadounidense justificaba el desembarco, días antes, de 1500 soldados e infantes de marina, reforzados por 2500 paracaidistas. Invasión que fue presentada inicialmente como una misión “humanitaria” dirigida a “salvar la vida de los ciudadanos norteamericanos”. No obstante, más allá de la retórica presidencial el propósito de esta operación era claro: sofocar a sangre y fuego un legítimo movimiento dirigido por un grupo de oficiales rebeldes encabezados por el coronel Francisco Caamaño.

Dicho levantamiento, que contó con un amplio respaldo popular, exigía la renuncia de la Junta militar gobernante dirigida por Donald Reíd Cabral, que el 25 de septiembre de 1963 había depuesto de su cargo al presidente constitucional Juan Bosch. En el transcurso de pocos días los oficiales rebeldes lograron el reconocimiento de Rafael Molina Ureña como presidente provisional, a tiempo que consolidaron el control militar sobre la ciudad. Entre tanto el general Wesin Wesin -afecto a los mandatos de la Casa Blanca y uno de los líderes del golpe militar contra Bosch- trató infructuosamente de detener el movimiento, y al no conseguirlo abrió las puertas para la intervención norteamericana, bajo el falaz argumento de que Caamaño estaba liderando una revolución comunista.

Una vez en territorio dominicano, las tropas invasoras establecieron en la capital un cinturón de seguridad con el fin de aislar a los rebeldes, y luego de disolver la Junta Militar impusieron un gobierno paralelo al que denominaron “de Reconstrucción Nacional”. Éste, de la mano de las fuerzas de ocupación, emprendió una brutal ofensiva contra los constitucionalistas, cobrando la vida de más de cuatro mil civiles. Tras una heroica resistencia estos últimos se vieron presionados a buscar una salida “concertada” que, a través de la OEA, obligó a la renuncia del Coronel Caamaño -a la sazón jefe del gobierno constitucionalista- y al nombramiento de un presidente provisional mientras se convocaba a nuevas elecciones.

Con este repudiable acto el organismo interamericano no sólo legitimó la agresión norteamericana, sino que desconoció la voluntad democrática del pueblo dominicano. Así lo denunció Francisco Caamaño en su discurso de entrega del mandato presidencial ante 25000 compatriotas, que le aclamaban:[2]

Para desgracia de la República Dominicana –señaló el oficial– y para desgracia de América, la Organización de los Estados Americanos, en vez de asumir la defensa de nuestra soberanía…también empujó aún más el puñal que hoy se clava en el corazón de nuestra patria.[3]

Las reacciones a esta agresión se hicieron sentir en todo el mundo: “En los Estados Unidos mismos, los círculos liberales se levantaron contra esta intervención. En la ONU, el Consejo de Seguridad convocado por solicitud de la Unión Soviética decidió actuar, pese a la negativa de los Estados Unidos y encima del organismo regional de la OEA, pidiendo al Secretario General que interviniese para lograr un cese al fuego y que mandase a Santo Domingo un representante militar que se diese cuenta del curso de los acontecimientos”.[4] Pese a estas importantes manifestaciones de rechazo fue en las calles del continente donde al grito de   “Caamaño seguro…A los gringos dale duro” y “Gringo Ladrón, al paredón” las organizaciones populares y en particular los estudiantes, expresaron su solidaridad con los rebeldes dominicanos.

En las principales ciudades de América Latina las movilizaciones frente a las representaciones diplomáticas de los Estados Unidos constituyeron la nota predominante. La capital colombiana no fue la excepción, tan pronto se tuvo conocimiento de la invasión norteamericana, la Federación Universitaria Nacional (FUN) hizo un llamado al estudiantado a solidarizarse con el pueblo dominicano. Desde el 4 de mayo se iniciaron en Bogotá manifestaciones de protesta en el campus de la Universidad Nacional y, en los días siguientes, fueron quemadas en distintos puntos de la ciudad banderas de los Estados Unidos. La Universidad Libre, la Universidad Distrital y la Universidad Externado se tomaron las entradas de la representación diplomática norteamericana y tras izar la bandera de República Dominicana exigieron hablar con el entonces embajador Covy T. Oliver. Cumplido su cometido los universitarios se desplazaron por el centro de la ciudad hacia la Universidad Libre denunciando la presencia de los marines estadounidenses en la Isla.[5] Acciones similares se dieron en diferentes ciudades del país como Bucaramanga, donde los manifestantes no solo quemaron una bandera de los Estados Unidos, sino una efigie del “Tio Sam”.[6]

Sin embargo, los hechos de mayor significación se produjeron en Medellín (Antioquia), donde la fuerza pública invadió el claustro de la Universidad de Antioquia para reprimir una manifestación pacífica organizada por la comunidad universitaria. Esta violación al campus, aunado al rechazo a la invasión imperialista a Santo Domingo, desencadenó una de las jornadas estudiantiles más importantes en los años sesenta en Colombia, en cuyo marco fue asesinado Jorge Enrique Useche, estudiante de economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

No obstante, la importancia que revisten estos hechos para la historia del movimiento estudiantil colombiano en el decenio de los sesenta, llama la atención el tratamiento tangencial que hasta el momento ha recibido dicha jornada, más aún cuando en ella podemos identificar un conjunto de elementos novedosos en relación no sólo con las formas y contenidos que adquiere la movilización estudiantil sino también, con la configuración de estrategias represivas por parte del Estado  colombiano contra la protesta social, que en el marco de la Guerra Fría y el afianzamiento de la triunfante Revolución Cubana, busca su criminalización -ahora en el medio urbano- aduciendo una pretendida lucha contra “la infiltración comunista” y recurriendo a instrumentos jurídicos como la aplicación del Estado de Sitio.

 En este sentido, mi interés en el presente artículo es hacer una reconstrucción histórica de este gran paro estudiantil antimperialista que movilizó más de treinta mil universitarios en rechazo a la invasión norteamericana a Santo Domingo y por la defensa de la autonomía universitaria, en un contexto de Guerra Fría y de ascenso de las luchas del estudiantado colombiano que tuvo como teatro fundamental los principales centros urbanos del país.

La “Doctrina Johnson”

El triunfo de la Revolución Cubana a principios de 1959 significó no solo el fin de la dictadura de Fulgencio Batista, sino el surgimiento de una nación que, a 90 millas de los Estados Unidos, desafiaba las políticas imperiales y asumía un programa de hondas transformaciones sociales, haciendo "real y tangible una alternativa hasta entonces presente solo en un horizonte casi mítico, como objeto del temor o la esperanza de los antagonistas en el conflictivo proceso político social latinoamericano”.^[7]

Los profundos cambios políticos y sociales en Cuba, sumados al avance de los movimientos de liberación nacional en África y el creciente desembarco de tropas norteamericanas en Vietnam del Norte, hicieron de Asia, África y Latinoamérica  los principales escenarios de la Guerra Fría en los años sesenta, y llevaron al gobierno del presidente John F. Kennedy a evaluar críticamente la estrategia norteamericana de “contención” dominante hasta entonces, la cual colocaba a los Estados Unidos en la disyuntiva de iniciar una guerra atómica o negociar y retirarse. La adopción de una nueva estrategia por parte de la Administración Kennedy –que habría de conocerse como la "respuesta flexible"- fue trazada por su consejero militar, el general Maxwell D. Taylor, quien planteó la necesidad de actuar con la suficiente flexibilidad para asumir la confrontación en el terreno que ofreciera el enemigo, bien se tratara de una guerra convencional limitada o de una guerra de guerrillas.^[8]

Esta nueva estrategia formulaba un amplio abanico de posibilidades de acción entre las que se contaba el fortalecimiento de la guerra insurgente, bajo el principio de que era necesario enfrentar la guerrilla en su mismo terreno y utilizar sus mismas tácticas, todo lo cual supuso el adiestramiento de “‘fuerzas especiales’ versadas en las técnicas de la acción política, social y económica, así como en técnicas bélicas irregulares, cursos obligatorios de contrainsurgencia en los colegios militares y en el servicio exterior, y ávidas discusiones entre los círculos más altos de la administración acerca de los escritos de Mao Tse Tung, Vo Nguyen Giap y el Che Guevara".^[9]

Además de lo anterior la “respuesta flexible” dedicaba especial atención a los instrumentos no militares de la contención; énfasis que cobraba mayor importancia por el creciente temor a la generalización del modelo insurreccional de Cuba en el continente. La implementación de esta estrategia pasaba por admitir que en los países de América Latina era necesario destinar una cierta cantidad de recursos orientados a adelantar algunos cambios socioeconómicos que alejarán a estos países de la senda comunista.^[10]

Uno de los mecanismos por medio de los cuales se pretendió alcanzar este último objetivo fue la llamada “Alianza para el Progreso”, un plan que suministraba alrededor de 20 mil millones de dólares en ayuda a Latinoamérica durante un decenio, a cambio del cual los gobiernos latinoamericanos se comprometían a emprender en sus respectivos países, una serie de reformas sociales y políticas.^[11]  Paralelamente a este plan se conformaron los llamados "Cuerpos de Paz", constituidos por voluntarios norteamericanos, preocupados de organizar proyectos en pequeña escala en las áreas salud, educación, agricultura y un programa de “Alimentos por la Paz”, destinado a facilitar la distribución de los excedentes alimenticios norteamericanos en esas áreas.

Entretanto se ponía en marcha este plan de reformas era necesario aplastar la Revolución Cubana a través de una serie de hostigamientos, provocaciones y ataques que finalmente cristalizaron en la intervención militar directa el 17 de abril de 1961, cuando cerca de 10 mil mercenarios transportados por mar y aire desembarcaron en Playa Girón con el apoyo de aviones y naves de guerra. Agresión que fue repelida con éxito en menos de 72 horas.

Ante estos hechos, el canciller cubano Raúl Roa acusó y denunció ante la Comisión Política de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la criminal agresión de los Estados Unidos, en tanto el presidente John F. Kennedy, en un discurso pronunciado pocos días después asumió la responsabilidad de las operaciones militares en Cuba y reiteró su pretensión intervencionista:

Si en cualquier momento –afirmó el primer mandatario estadounidense- pareciese que la doctrina interamericana de no intervención sencillamente oculta y disculpa una política de inacción -si las naciones de este hemisferio no cumplen sus compromisos contra la penetración del comunismo exterior- quiero que se entienda claramente que este gobierno no vacilará en afrontar sus obligaciones principales, que son aquellas de la seguridad de nuestra propia nación.^[12]

El fracaso de las operaciones norteamericanas en Playa Girón conllevó a una radicalización del proceso cubano, el cual hizo su tránsito de una etapa nacionalista y antimperialista a una fase de revolución social optando por una vía de desarrollo socialista. Junto a ello, en los meses que siguieron a la invasión, América Latina asistió a la emergencia y organización de nuevos movimientos de liberación nacional; algunos de ellos estimulados por el ejemplo revolucionario cubano, asumieron la confrontación armada como forma principal de lucha. Asimismo, aumentaron también las presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos, el cual reclama un mayor alineamiento y solidaridad contra el régimen cubano, logrando en la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Celebrada en Punta del Este, Uruguay (22-31 enero de 1962), la exclusión de Cuba del Sistema Interamericano.^[13]

Tras el asesinato de John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, su sucesor Lyndon B Johnson intensifica la política intervencionista de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, a la vez que incrementa sus acciones militares en América Latina y el Caribe, fundamentando así la llama “Doctrina Johnson”, según la cual Estados Unidos se abroga el derecho de intervenir unilateralmente en cualquier lugar de la región donde viere amenazados sus intereses”.[14] Al amparo de esta política se propicia el derrocamiento del gobierno democrático de Joao Goulart (marzo de 1964) y la invasión a República Dominicana, poco más de un año después.

La IX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, convocada en Washington del 21 al 26 de julio de 1964 para adoptar medidas frente a supuestos “actos de intervención y agresión” contra “la integridad territorial y la soberanía de Venezuela”, dispuso en una de sus resoluciones la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de Cuba; la interrupción de cualquier intercambio comercial directo o indirecto con Cuba y de todo transporte marítimo.[15] Mientras el gobierno mexicano votó negativamente la resolución, Chile, Uruguay y Bolivia anunciaron la ruptura de relaciones con Cuba.

Con las disposiciones adoptadas por la IX  Reunión de Ministros, se pretendía no sólo hacer frente a una agresión extranjera continental o extracontinental, como lo preveía el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), sino sentar un precedente para cortarle el paso a cualquier movimiento popular que en adelante pretendiera un cambio social y que eventualmente podría ser calificado como comunista por el gobierno de los Estados Unidos u otro país de América Latina, justificando así la intervención armada.

Colombia: ¿Frente Nacional oligárquico o Frente Unido del Pueblo?

En medio de esta turbulenta atmósfera anticomunista, las élites políticas colombianas se vieron estremecidas por la irrupción en la escena política del país del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una nueva organización guerrillera que realizó la toma armada de la población santandereana de Simacota el 7 de enero de 1965, y cuyo manifiesto fundacional denunciaba “La violencia reaccionaria desatada por los Gobiernos oligarcas y continuada por el corrupto régimen Guillermo León Valencia – Alberto Ruiz Novoa – Alberto Lleras Camargo”, anunciando la necesidad de adelantar la lucha revolucionaria “como el único camino de todo el pueblo para derrocar el actual gobierno de engaño y violencia”.[16]

Estos sucesos ocurrían en medio de los anuncios por parte las Centrales Obreras de adelantar para el 25 de enero de ese mismo año, una huelga general de protesta en rechazo a las medidas económicas antipopulares impulsadas por el segundo gobierno del Frente Nacional en cabeza del presidente Guillermo León Valencia (1962-1966). Para entonces el costo de la vida había subido a niveles que alcanzaban el 33 por ciento, mientras que la cotización del peso colombiano en el mercado libre se devaluaba notablemente, descendiendo en pocos meses de 10 a 18 pesos por dólar.[17]

Aunque a última hora las centrales obreras orientadas por los partidos tradicionales dieron paso atrás en su protesta, suspendiendo la huelga a cambio del nombramiento de una comisión para el estudio de los problemas económicos y fiscales urgentes del país, estos hechos ponían de presente las limitaciones de un acuerdo bipartidista que había prometido “la paz y la reconciliación nacional de los colombianos” afirmando el monopolio político de los partidos liberal y conservador a través de la alternación presidencial, y la paridad burocrática por un período de 16 años.

En el contexto de la puesta en marcha de este acuerdo excluyente, y a poco más de un año de concluir el gobierno del presidente Guillermo Valencia, el 12 de marzo de 1965, el sacerdote católico Camilo Torres dio a conocer, durante un acto público realizado en Medellín, un borrador de su “Plataforma para un Movimiento de Unidad Popular”. Con un contenido amplio, unitario y democrático, este proyecto alternativo generó un hecho político hasta entonces desconocido para el país, que desafiaba abiertamente la vigencia del Frente Nacional.

La reacción de la jerarquía eclesiástica no se hizo esperar; el Cardenal Concha Córdoba declaró ante la prensa nacional que a los sacerdotes les estaba prohibido participar en política y que en la plataforma presentada por Camilo había puntos inconciliables con la doctrina de la Iglesia. El sacerdote católico solicitó su reducción al estado laical pero mientras esto sucedía se ocupó de ampliar y enriquecer su plataforma de lucha en todo el país, convocando la unidad de obreros, estudiantes, campesinos y con ellos, de todos los sectores excluidos del pacto oligárquico del Frente Nacional.

Fue en ese agitado panorama político y social en que los universitarios colombianos recibieron la noticia de la invasión a Santo Domingo por parte de los Estados Unidos y el anuncio de un posible envío de tropas nacionales a esta isla caribeña.

El allanamiento a la Universidad de Antioquia

En el marco de los actos de protesta que se realizaron en el país en contra la invasión a Santo Domingo, el 7 de mayo de 1965 los estudiantes de la Universidad de Antioquia, con el apoyo de algunas organizaciones sindicales convocaron a una movilización por las calles de Medellín que concluiría en una concentración en la Plaza de San Ignacio. En el transcurso de esta acción de protesta hubo hostigamientos y bloqueo de las calles de acceso por parte de la fuerza pública. Poco antes de concluida la manifestación policías y carabineros arremetieron contra los estudiantes quienes optaron por refugiarse en el paraninfo universitario.^[18]

Ante estos hechos Miguel Aramburo, gobernador de Antioquia, y ex dirigente estudiantil de este mismo claustro universitario dio la orden al comandante de la policía del Distrito de Medellín que ingresara al claustro, y se ofreció a dirigir personalmente la operación. La presencia militar había sido solicitada previamente por el rector de la Universidad de Antioquia Ignacio Vélez Escobar, y se desarrolló con el apoyo de grupos de la “defensa civil” los cuales se desplazaban en carros de los “cuerpos de paz”.[19] Según informes periodísticos en la refriega fueron heridos 50 estudiantes, entre ellos un universitario, Miguel Ochoa Bernal, quien recibió impactos de bala en su pierna.[20]

El docente José Fernández, presidente de la junta directiva de profesores del Liceo de Bachillerato de la Universidad de Antioquia, institución de secundaría que también se habían unido a la protesta, describió así las agresiones policiales:

La noche del allanamiento a los claustros de la Universidad, de los sanitarios del Instituto de Estudios generales fueron sacadas distinguidas universitarias que se habían recluido allí y sometidas a improperios e irrespetos. Una de ellas, doña Irma Quevedo, perdió la dentadura a golpes de bolillo.

Esa misma noche, hubo estudiantes a quienes colocaron contra la pared y golpearon los testículos, luego de haberlos sometido al tratamiento del bolillo. Pero los desafueros no paran allí: el profesor de química Rafael Durán fue agredido a bolillo, dentro del mismo laboratorio, y al profesor Mario Aristizábal, de Sociales del mismo liceo, lo obligaron a arrodillarse y le fracturaron un brazo y una costilla.[21]

Ante estos hechos, las asambleas estudiantiles reunidas el día lunes 10 de mayo decretaron una huelga general de 72 horas, como acto de protesta por  el allanamiento del edificio principal y exigieron tanto la renuncia del rector como del gobernador. Se constituyó un comité central de paro integrado por representantes de las facultades de derecho, economía, estudios generales, medicina, veterinaria e ingeniería química en el que participó también el Liceo de Bachillerato.[22] A ellos se sumaron, también, los estudiantes de la Universidad Nacional (sede Medellín) y la Universidad de Medellín.

Por su parte el 12 de mayo en diferentes ciudades del país se realizaron movilizaciones estudiantiles convocadas por la joven Federación Universitaria Nacional (FUN),[23] presentándose enfrentamientos con la fuerza pública en Barranquilla, Cali y Bucaramanga, en tanto la manifestación capitalina arribó a la Plaza de Bolívar se desenvolvió sin mayores tropiezos, acompañada de carteles que expresaban su solidaridad “con el pueblo rebelde de la República Dominicana” y de cantos compuestos para la ocasión como el de “se va el Tio Sam”, parafraseando el popular ritmo costeño “se va el caimán”.[24]

Al día siguiente, mientras el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia avala la conducta del rector Ignacio Vélez Escobar, los Consejos estudiantiles de esta misma universidad declaran un paro estudiantil indefinido exigiendo su renuncia, el cual es respaldado por la Federación Universitaria Nacional (FUN), de modo tal que entre el 18 y el 21 de mayo, el país vive una intensa agitación estudiantil:

…el paro abarca la Nacional, la Distrital, América, Jorge Tadeo Lozano, Externado, Instituto Universitario Gran Colombiano, Incca. En Medellín, universidades de Antioquia, Medellín y dependencias de la Universidad Nacional en esa ciudad. En Barranquilla, Universidades del Atlántico, Seccional de la Universidad Libre e Instituto Carlos Meissel. En el Magdalena, Universidad Tecnológica del Magdalena. En Cali deciden ingresar al paro desde el lunes 24 y desde el 21 toma parte el Instituto Tecnológico Agrícola de la Universidad de Nariño.[25]

Para el 18 de mayo los universitarios de Medellín programaron un desfile de antorchas hacia la gobernación el cual fue prohibido por las autoridades. Desobedeciendo esta orden los estudiantes se concentraron en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, “carabineros a caballo y agentes de la policía con perros amaestrados disolvieron los grupos cuando empezaban a tomar fuerza, en tanto que un fuerte cordón de agentes mantuvo cercado el instituto de estudios generales”[26]. Numerosas personas fueron privadas de la libertad y concentradas en El Coliseo, para entonces los detenidos rozaba los trescientos.[27] Entre tanto las directivas de la Universidad de Antioquia anunciaban que cancelarían las matrículas de los estudiantes que continuaran en paro”.[28]

Al día siguiente en Bogotá se presentaron fuertes protestas frente al edificio de la Facultad de derecho de la Universidad Libre, muy cerca al palacio de San Carlos, unidades del Batallón Guardia presidencial bloquearon las entradas. Hacia el mediodía los estudiantes retuvieron a un civil a quien sindicaron de ser agente secreto, quien “se dedicaba a agredir con piedra a los destacamentos de la fuerza pública, encargados de la vigilancia de ese sector, aledaño al palacio presidencial”.[29] Hechos similares se produjeron en la Universidad Nacional y la Universidad América.

El asesinato de Jorge Enrique Useche

Para el 20 de mayo las actividades del paro se incrementaron, presentándose fuertes choques con la policía en el centro de Bogotá y lugares vecinos al Capitolio y al Palacio presidencial:

…los estudiantes capturan en la Libre a un agente del F-2. Ese mismo día las brigadas estudiantiles toman la Radio Modelo, la Voz de Bogotá, Emisora Horizontes y los teatros El Cid, Tequendama, Atenas y La Carrera, mediante mitines relámpago. El edificio del Colombo Americano es apedreado y la oficina de servicios generales de la policía es atacada con bombas molotov por grupos de manifestantes. El comité huelguístico de Medellín declara que ‘hay 25.000 estudiantes en paro en el país’. Esta cifra pasaría de los 30.000 en los próximos días. En Santa Marta se realiza una manifestación, la segunda, con participación de la universidad Tecnológica, Liceo Celedón y Colegio Hugo J. Bermúdez.[30]

Las calles 26 y 45 que circundan la Universidad Nacional fueron bloqueadas, mientras que piquetes de la fuerza pública se apostaron en la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, presentándose allí una verdadera batalla campal. Al anochecer de ese 20 de mayo, agentes de policía irrumpieron con lujo de violencia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Producto de esta acción represiva fue herido de gravedad, el estudiante Jorge Enrique Useche, quien falleció al día siguiente.

Mientras, el comandante de la Brigada de Institutos Militares, Brigadier General Omar Gutiérrez, trataba de justificar estos hechos como producto de un plan subversivo agenciado por “algunos elementos extremistas de la Universidad Libre y Universidad Nacional de Bogotá”,[31] que estarían buscando desplegar violencia física agresiva contra la fuerza pública, incluyendo “ataques sorpresivos con empleo de armas y artefactos de lucha y aislamiento de las fracciones y unidades de personal uniformado, para su posterior desarme y eliminación”.[32] El reconocido jurista Gerardo Molina –entonces rector de la Universidad Libre- en una valerosa carta dirigida al Ministro de Guerra, General Gabriel Rebeiz Pizarro, advertía sobre las agresiones sufridas por la comunidad universitaria a manos de la fuerza pública, señalando entre otras:

…la trágica muerte del estudiante Useche, los numerosos heridos pertenecientes a diferentes claustros, la invasión al Externado de Derecho, a la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el peligro en que se vio su ilustre rector, los destrozos causados en nuestras instalaciones por la policía, el ataque a las ambulancias de la Cruz Roja cuando cumplían con su humanitario deber y la infiltración de elementos armados en las concentraciones estudiantiles con claros fines de provocación.[33]

Estas acciones de la Fuerza Pública que antecedieron el asesinato de Jorge Enrique Useche y que acompañaron las medidas de excepción adoptadas por el gobierno colombiano en los días siguientes, fueron poniendo de presente la consolidación de una nueva estrategia represiva por parte de los organismos estatales, orientada a contener la creciente protesta urbana generada por las políticas excluyentes del Frente Nacional. Dicha estrategia combinará diversos elementos como la aplicación del estado de sitio, el uso del ejército para ejercer tareas de control y seguridad en las ciudades; la infiltración de agentes de inteligencia en las movilizaciones estudiantiles con el fin de propiciar el enfrentamiento con la fuerza pública; la creación de Comités Nacionales de Acción Cívica militar en apoyo de las operaciones militares buscando el concurso de civiles supuestamente para detener el crecimiento de los atracos y secuestros en las capitales del país,^[34] y que terminarán siendo instrumentalizados por el Estado para cumplir labores contrainsurgentes.

Las consecuencias de esta política represiva serán puestas de presente por el  senador del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), Jaime Isaza Cadavid, quien después de denunciar ante los ministros de Gobierno y Educación, las torturas recibidas por estudiantes de la Universidad de Antioquia concluirá afirmando que “el tratamiento que se ha dado a esos estudiantes es peor que ´las represiones de los movimientos estudiantiles durante las dictaduras de Laureano Gómez y Rojas Pinilla’”.[35]

El estado de sitio y el fantasma de “la conspiración comunista”

El viernes 21 de mayo en la madrugada el presidente Guillermo León Valencia, a través del decreto número 1288 del 21 de mayo, declaró turbado el orden público y el estado de sitio en todo el territorio nacional. Amparado en estas medidas de excepción, el gobierno promulgó los primeros decretos prohibiendo las manifestaciones públicas, autorizando la implantación del “toque de queda” donde la situación lo requiera, dando curso al control y censura de periódicos y radio-periódicos.

Asimismo, en ejercicio de la facultades otorgadas por el estado de sitio, el Ejecutivo, en asocio con su Consejo de Ministros, activaron los consejos verbales de guerra a través del decreto 1290 del 21 de mayo, en virtud del cual:

…se dispuso trasladar a la jurisdicción privativa de la justicia penal militar la instrucción y el conocimiento, así como la facultad de proferir sentencia, en relación con todos los delitos contra la existencia y la seguridad del Estado, contra el régimen constitucional y la seguridad interior, la asociación para delinquir, el incendio y otras infracciones que envuelven peligro común, el secuestro la extorsión y los estados antisociales que representen una amenaza contra el orden público.[36]

De este modo, el primer mandatario hacía uso de uno de los mecanismos más utilizado por los gobiernos del Frente Nacional para contener el accionar de los movimientos populares y la aplicación de medidas económicas excepcionales. Así lo advertía la Juventud Comunista (JUCO) en un comunicado, suscrito por su comité central:

El gobierno de la gran burguesía, con el estado de sitio, pasará a aplicar los planes económicos dictados por el fondo monetario internacional y por los bancos norteamericanos. Pasará también a tratar de destruir las organizaciones populares: a aplastar la universidad en su contenido popular; a ilegalizar, de hecho, al movimiento revolucionario; a erigir en ‘delito’ derechos y libertades fundamentales.[37]

En este contexto, la tesis de una supuesta “infiltración comunista” aparecía una vez más como justificación para criminalizar la oposición política y social, y fue el mismo presidente Valencia quien lo expresó en declaraciones dadas en Bogotá a un periodista del semanario estadounidense Newsweek: “Un peligro serio existe –señalaba el jefe del ejecutivo- no solamente de parte del comunismo internacional, sino también de los comunistas y neocomunistas que se infiltraron en nuestras agrupaciones políticas más antiguas”.^[38] Argumento que había esgrimido unos meses antes para deslegitimar la frustrada huelga general convocada por las centrales obreras contra el alto costo de la vida. En aquella ocasión el jefe de estado calificó la protesta sindical de ser “un movimiento subversivo de muy peligrosas características”.[39]

Todo lo anterior expresaba la total obsecuencia del primer mandatario colombiano hacia las políticas anticomunistas de Washington. No sorprende entonces que pocas semanas después de la posesión del presidente Johnson, Colombia recibiera la visita del subsecretario de estado norteamericano para los asuntos latinoamericanos, Thomas Mann. Aunque oficialmente se dijo que el objetivo de su visita era el intercambio de puntos de vista acerca de la construcción de un canal interoceánico, un comunicado firmado por “Resistencia Patriótica Juvenil (R.P.J). Brigada: Jacobo Prías Alape. Operación: Cristobal”,[40] dejado junto a una bomba de alto poder explosivo en la Embajada de los Estados Unidos, declaraba que el funcionario venía:

…[a] pasar revista a las tropas americanas acantonadas en Colombia; a intensificar las masacres contra el pueblo colombiano, esencialmente con los frentes guerrilleros de Marquetalia, 26 de septiembre, Guayabero, Pato, José Antonio Galán, Santa Bárbara; a darle nuevas órdenes a los altos mandos militares colombianos; a Felicitar a Raquel mercado y a Cueva por su traición a la clase obrera” y concluía diciendo. “Fuera tropas yanquis de Colombia.[41]

Si bien el mencionado artefacto logró ser detectado y desactivado media hora antes que detonara, era una clara evidencia del repudio que generaba la creciente injerencia de los Estados Unidos en los asuntos nacionales. Declaraciones como la de Richard Nixon -ex vicepresidente de los Estados Unidos- en el sentido que Colombia sería el próximo país en caer en manos del “Castrismo” por “ser el más vulnerable”,[42] no hacían más que exacerbar dicho rechazo.

Las palabras dichas por el futuro trigésimo séptimo presidente de este país no pueden entenderse, en modo alguno, como un señalamiento aislado. Por esas mismas semanas Averell Harriman enviado especial para la América Latina por el presidente Johnson para justificar la intervención de los EEUU en Dominicana señalaba, en declaraciones hechas desde Washington, que “los agitadores comunistas que habían intentado controlar la rebelión dominicana trataban ahora de provocar disturbios en otros países del hemisferio”[43] y hablaba de “una conspiración comunista internacional en la que Fidel Castro no es el único implicado sino que beneficia (sic) del apoyo declarado de la URSS, donde Venezuela y Colombia parecen ahora los dos objetivos prioritarios de esta conspiración comunista”.[44]

Estas tesis anticomunistas eran repicadas en el Congreso colombiano por voces como la del senador conservador Gustavo Salazar, quien se empeñaba en demostrar “que el comunismo ha planeado y puesto en práctica una nueva sierra maestra en los Andes Colombianos, habiéndose ya apoderado total y completamente de las cordilleras oriental y central que sirven de marco al departamento del Huila”,[45] y hacía un llamado a los partidos políticos a hacer frente a esta situación.[46] Los argumentos sobre una supuesta infiltración comunista en el país se constituyeron en el caballito de batalla de algunas asociaciones estudiantiles controladas por el bipartidismo, como la Asociación de Universitarios Libres de las Universidades (que reunía a estudiantes de la Universidad Libre de diferentes seccionales) la cual buscaba deslegitimar el paro estudiantil argumentando que éste había sido tomado por líderes reconocidamente marxistas que, ocultos tras la “democracia cristina”, pretendían generar un clima de violencia para desacreditar a los “dirigentes moderados”.[47]

Con estas declaraciones, la sediciente Asociación de Universitarios Libres hacía eco de las tesis formuladas meses atrás, por la subcomisión de seguridad interna del parlamento de los Estados Unidos, según la cual los comunistas venían realizando una ‘infiltración masiva’ en los movimientos estudiantiles de América Latina; y aunque el estudio realizado a instancias del Senador Demócrata Thomas J. Dodd, estaba consagrado a Bolivia, Venezuela y Honduras, planteaba que dicha tesis podía aplicarse en diferente medida a “todos los países no comunistas”.[48]

Las protestas continúan a pesar del Estado de Sitio

Pese a su severidad, las medidas de orden público fracasaron en su objetivo de detener la protesta estudiantil. Fue así que la Federación Universitaria Nacional reafirmó la orden de paro general y numerosos centros universitarios que no participaban del mismo se sumaron a él. En efecto, ese mismo 21 de mayo los estudiantes de la Universidad Nacional realizaron reuniones por Facultades y posteriormente convocaron a una asamblea general la cual reafirmó su decisión de continuar en paro indefinido. Hacia el mediodía los universitarios distribuidos en grupos pequeños bloquearon el tránsito en diferentes vías aledañas al Alma Mater. Después del mediodía fue retenido un agente adscrito a los servicios de seguridad del Estado, quien se encontraba en los predios del campus universitario cumpliendo labores de inteligencia. El agente secreto fue conducido a las oficinas del Consejo Universitario, y tras un largo interrogatorio se le rapó la cabeza, y se dejó en libertad.[49]

Al atardecer los enfrentamientos entre estudiantes y policías se concentraron en la entrada de la carrera treinta con calle 45.  Allí, la fuerza pública arremetió contra los universitarios, haciendo uso de gases lacrimógenos. En esta acción fueron heridos Calixto Raúl Ortega y Augusto Barrera, de las Facultades de Geología e Ingeniería respectivamente. Asimismo, fue detenido Medófilo Medina, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras.[50] Pese a estas medidas represivas, la protesta estudiantil se generalizó en todo el país.

 En Tunja los estudiantes de la UPTC bloquearon las carreteras que van de esta ciudad hacia Duitama y Moniquirá generándose fuerte enfrentamientos entre los

universitarios y unidades de la policía nacional; el ejército y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) también intervinieron. Según informes oficiales en las protestas fueron heridos 15 estudiantes, cinco de ellos de gravedad. En estos mismos hechos fue agredido el secretario académico de dicha universidad y en ese momento encargado de la rectoría, Max Gómez Vergara, a quien se le otorgó una incapacidad de cinco días”.[51]

La Universidad del Tolima (Ibagué) se sumó al paro de tres días. En horas de la tarde se programó una manifestación de grupos estudiantiles de este centro universitario, rechazando el estado de sitio y la intervención del gobierno de los EEUU en Santodomingo; el Edificio de la gobernación fue ocupado temporalmente por los estudiantes.[52] En la universidad del Cauca, también se acordó un cese de actividades por 72 horas y la Federación orientó una marcha por las calles de Popayán (Cauca), la cual se realizó no obstante la prohibición del gobernador del Departamento, Solarte Hurtado y el asedio de la policía.[53] En la Universidad de Cartagena (Bolívar) los estudiantes en plenaria votaron el paro, el cual fue aprobado por mayoría. En la Universidad del Quindío (Armenia) el consejo superior estudiantil anunció cese de actividades desde el 21 hasta el 26 del mes en solidaridad con el movimiento. En la Universidad de América (Bogotá) el estudiantado se sumó al paro de 72 horas y en la Universidad Incca, directivas, profesores y estudiantes, se acogieron a esta misma decisión.[54]

Un paso importante en la dirección de la huelga fue la creación por iniciativa de la Federación Universitaria Nacional (FUN) de un comité nacional de huelga, el cual quedó integrado por Jaime Arenas de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Julio César Cortés y Hésper Eduardo Pérez de la Universidad Nacional; así como Antonio Vallejo y Alfredo Salgado de la Universidad de Antioquia.[55]

Camilo Torres: Los estudiantes tienen un compromiso con la revolución colombiana

El sábado 22 de mayo, al conocerse la noticia del fallecimiento del estudiante Jorge Enrique Useche arreciaron las protestas en todo el país, teniendo en la capital un importante epicentro. El diario El Siglo, tituló su edición dominical: “Ocho horas de Pedreas en Bogotá”. Uno de los puntos de la ciudad donde se focalizaron estas acciones fue el sector de las “residencias universitarias 10 de mayo”, una edificación de 13 pisos, que albergaba cerca de setecientos estudiantes y el cual era el sitio de vivienda del estudiante asesinado. En cercanías a este sector fue interceptado un campero de la misión militar de los Estados Unidos, en el que se movilizaba el mayor del ejército David Wade, y aunque este último logró resguardarse, el automotor fue incendiado.[56]

Otras acciones de protesta se presentaron en el centro de la ciudad, y en la pista aérea del aeropuerto El Dorado cuando una nave de la Fuerza Aérea Colombiana partía con los restos fúnebres de Jorge Enrique Useche, rumbo a Cúcuta (Santander) su ciudad natal. En Ibagué (Tolima), los estudiantes de la Universidad del Tolima se tomaron la emisora “La voz del nevado” y leyeron un comunicado”.[57]  En horas de la tarde fue retenido un agente policial, Luis Meza, quien pertenecía a la Décima estación de policía y permaneció varias horas en poder de los estudiantes.

No obstante, el hecho político que siguió a la declaratoria de estado sitio lo constituyó el homenaje que el 22 de mayo brindó la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) al sacerdote Camilo Torres Restrepo en la Universidad Nacional. En dicho acto Camilo leyó un programa de unidad popular que venía elaborando “con grupo de jóvenes de todo el país, pertenecientes a movimientos revolucionarios o independientes de éstos [..] que resume los objetivos a largo plazo de una acción revolucionaria”,[58] y que se constituiría en la plataforma definitiva del llamado “Frente Unido del Pueblo Colombiano”, entre cuyas reivindicaciones incluía: “distribución de la tierra adecuada y ampliación de planes cooperativos y comunales. Una reforma urbana por la cual quien ocupa las casas era propietario de ella. Igualmente sugirió nacionalizar bancos, hospitales, clínicas, radio, tv, transportes”.[59] Dichas reformas -argumentaba Camilo- sólo podrían alcanzarse cuando la mayoría de los colombianos estuviesen dispuestos a cambiar las estructuras políticas vigentes; lo que confería al programa del Frente Unido un carácter claramente antisistémico.

La intervención de Camilo Torres estuvo acompañada también de una reflexión sobre el papel del estudiantado y su necesario compromiso ético-político con la revolución colombiana:

…como grupo privilegiado, –señalaba el sacerdote- nosotros debemos restituir al pueblo colombiano los esfuerzos que ha hecho para que podamos ser una élite cultural […] somos un grupo insustituible del cual esperan mucho las mayorías de nuestro país. Desgraciadamente hemos traicionado muchas veces los intereses de la revolución Colombia al servicio de nuestros mezquinos intereses personales. Mientras no haya un grupo de estudiantes y profesionales resueltos a sufrir todas las consecuencias de la represión que les impondrá un sistema que está organizado contra los que quieren cambiar el estado de cosas en Colombia, no habrá en nuestro país un verdadero liderazgo revolucionario.[60]

Concluido el homenaje que estuvo acompañado de las intervenciones de algunos representantes estudiantiles y del abogado Eduardo Umaña Luna, Camilo encabezó el desfile silencioso hasta el Cementerio Central en honor al estudiante asesinado, desafiando así la prohibición que al amparo del estado de sitio pesaba sobre las marchas callejeras.

A modo de conclusión: Incumplimiento e Impunidad por parte del Estado

Ante la fuerza que fueron tomando las jornadas de protesta estudiantil, una comisión del Senado viajó el 23 de mayo a Medellín, con el propósito de buscar una fórmula conciliatoria que condujera al levantamiento de la huelga por parte de los estudiantes. La propuesta ofrecida por la comisión senatorial se limitaba a proponer el nombramiento, por parte de las directivas universitarias, de un vicerrector académico que tuviera voz y voto en el consejo directivo y que se ocupara de ejecutar las orientaciones académicas; asimismo, asumía el compromiso de brindar garantías de no sanción a estudiantes y profesores que hubiesen participado en el paro, y recomendar al Congreso el trámite de un proyecto de ley sobre autonomía universitaria ampliando el régimen vigente en ese momento para la Universidad Nacional de Bogotá a todas las universidades públicas del país.[61] La fórmula que no  considera entre sus puntos la renuncia del rector de la Universidad de Antioquia generó el rechazo mayoritario del estudiantado.

Un día después, algunos representantes estudiantiles, entre ellos: Galo Burbano, líder de la FUN; Armando Correa, presidente del consejo estudiantil de la Universidad Nacional; Fabio Puyo, dirigente estudiantil de la UdeA y, Antonio Hernández, vicepresidente del consejo estudiantil de la UN; se reunieron con el presidente Valencia, éste último señala que si la universidad es incompatible con el orden público cerrará las universidades.[62] La FUN presenta como fórmula, aprobada en las asambleas estudiantiles, un pliego que teniendo como fondo el no envío de tropa a Santo Domingo, y el levantamiento del Estado de Sitio, contempla:

1)    Retiro del rector Ignacio Vélez Escobar, como solución del problema de la Universidad de Antioquia

2)    Respeto a la autonomía:

a)    No violación de los claustros,

b)    No ingerencia (sic) de la política universitaria en el orden académico, docente y administrativo;

c)    Planes de reforma y estructuración exclusivos del personal colombiano y de acuerdo con nuestras necesidades, no utilizando o acomodando reformas de otros países;

d)    Libertad inmediata de los estudiantes detenidos y rechazo a los procesos verbales de guerra, y

e)    Garantizar la libre expresión y organización del movimiento estudiantil

3)    Investigación y castigo a los responsables de la muerte del estudiante Useche.

4)    Vigilancia de la tarifa diferencial del transporte, por rumores de un alza de la gasolina[63].

Para ese momento el paro era generalizado en todo el país: En Bogotá hubo enfrentamientos a piedra con la fuerza pública, en los que participan estudiantes de la Universidad Distrital, Externado, Jorge Tadeo Lozano y algunos estudiantes de la Gran Colombia. Varios miembros de las fuerzas armadas son retenidos entre ellos un capitán del ejército, un detective, un sargento de la policía y un agente, también fueron apedreadas las oficinas del diario El Tiempo. En Cali varias facultades de la universidad Santiago de Cali declararon un paro de 48 horas. En la universidad del Atlántico fueron bloqueadas las vías de acceso al campus, mientras se le rendía un homenaje al estudiante asesinado, izando la bandera nacional y de la Universidad a media asta. En Ibagué, estudiantes de la Universidad del Tolima y del colegio de San Simón organizaron un desfile hasta la catedral, al finalizar la misma hubo incidentes con la fuerza pública siendo quemado un vehículo oficial y apedreados varios edificios.[64]

Particular intensidad, tuvieron las protestas en la ciudad de Medellín. Allí la marcha fúnebre fue impedida por las autoridades. Los enfrentamientos se centraron en la Facultad de Medicina, y se ´prolongaron hasta largas horas de la noche a pesar del toque de queda impuesto por el alcalde de Medellín entre las 8 de la noche y las seis de la mañana. En estas acciones fueron retenidos por los estudiantes algunos médicos del consultorio departamental, entre ellos el secretario de salud pública del departamento.[65]

Ante el recrudecimiento de la movilización estudiantil, la noche del 24 de mayo el presidente Guillermo León Valencia escribe un mensaje al rector Ignacio Vélez Escobar, donde le sugiere su renuncia.[66] El Consejo superior universitario de la Universidad de Antioquia, solicita al primer mandatario reconsiderar dicha solicitud, pero el presidente insiste, y ésta finalmente se produce el día 26, cuando es nombrado en su reemplazo Lucrecio Jaramillo Vélez.[67]

Cumplida una de las reivindicaciones centrales formuladas por el estudiantado, la FUN orientó el levantamiento de paro. Esta decisión si bien estuvo respaldada por asambleas convocadas en diferentes centros universitarios,[68] fue objeto de críticas por parte de algunos sectores estudiantiles que vieron en ella una medida apresurada, en un momento en que el movimiento universitario prometía articularse con otros sectores sociales, de lo cual daban cuenta sus acercamientos en las principales ciudades del país con organizaciones obreras como Fedeta, Acción Sindical Antioqueña, Bloque Sindical Independiente, Sindicato Único de Coltejer y Sindicato Nacional de Choferes, así como la Confederación Sindical de Trabajadores Colombianos (CSTC) y la Federación de Trabajadores de Cundinamarca (Festrac).[69]

No cabe duda que los estudiantes habían puesto muy en alto sus banderas antiimperialistas, y librado, a su vez, una de las más importantes batallas en defensa de la autonomía universitaria que registra el decenio. Por su parte el régimen también fue afinando sus estrategias represivas, y en un hecho sin precedentes -poco más de un año después del paro estudiantil de mayo de 1965- el presidente de turno, Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), ocupa militarmente el campus de la ciudad universitaria, disuelve el Consejo Superior Estudiantil, y suspende la personería jurídica a la FUN, el 26 de octubre de 1966, en respuesta a las acciones de protesta promovidas por los estudiantes cuando el primer mandatario se disponía a inaugurar unas nuevas instalaciones acompañado del magnate norteamericano John D. Rockefeller. Entre tanto, el compromiso expresado por el Ministro de educación de aquel momento de investigar a fondo el crimen del estudiante Jorge Enrique Useche, y agotar “todos los recursos para establecer las sanciones y responsabilidades correspondientes”,^[70] se perdió en una bruma de una recurrente impunidad que, en Colombia, ha caracterizado la consumación de estos crímenes de Estado.

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