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Inicio > Núm. 18 (2020) > Girona

 "Castri-comunistas", violencia política y represión: el sitio policial al edificio de la Universidad de la República en setiembre de 1964

 

“Castri-comunistas”, political violence and repression: the police site to the building of the University of the Republic in september 1964

Por Martín Girona*

Universidad de la República

Recibido: 30/09/2019 – Aceptado: 23/04/2020

 

Cita sugerida: Girona, M. (2020). "Castri-comunistas", violencia política y represión: el sitio policial al edificio de la Universidad de la República en setiembre de 1964. Cuadernos de Marte, 0(18), 21-55. Recuperado de https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/5625/4567

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Resumen

La ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales entre Uruguay y Cuba en setiembre de 1964, culminación de meses de debates políticos, realineamientos partidarios, presiones internas y externas, desencadenó episodios de movilizaciones populares, represión estatal y acciones violentas en relación con definiciones de política interamericana, durante los días inmediatamente posteriores a la resolución del Consejo Nacional de Gobierno. La Universidad de la República estuvo material y simbólicamente en el centro de los enfrentamientos: un acto en la explanada, convocado en repudio a la ruptura de relaciones, culminó con una fuerte represión y un sitio al edificio central de la UdelaR, donde se “refugiaron” más de trescientas personas que permanecieron sitiadas durante casi cuarenta horas. El objetivo del presente artículo es focalizar en este episodio para abordar problemas más generales respecto a la recepción de la Revolución Cubana, la composición social y las estructuras organizativas del movimiento en defensa de las relaciones con Cuba, las estrategias de control policial de la protesta, así como las interpretaciones y posiciones políticas de los partidos gobernantes y los medios de comunicación frente a estas movilizaciones, en un cuadro de creciente polarización política como expresión local de la Guerra Fría latinoamericana.

 

Palabras claves: Guerra Fría Latinoamericana; violencia política; Revolución Cubana; Uruguay; Universidad

 

Abstract

The breakdown of diplomatic and trade relations between Uruguay and Cuba in September 1964, result of months of political debate, partisan realignments, internal and external pressures, triggered episodes of popular mobilizations, state repression and violent actions in relation to definitions of inter-American policy, in the days  immediately following the resolution of the National Governing Council. The University of the Republic was materially and symbolically at the center of these conflicts: a mitine on the esplanade, summoned in repudiation of the breakdown of relations, culminated in a strong repression and a siege to the central UdelaR building, where more than three hundred people were sheltered, who remained besieged for nearly forty hours. The objective of this article is to focus on this episode to address broader problems regarding the reception of the Cuban Revolution, the social composition and organizational structures of the movement in defense of relations with Cuba, the police control strategies of protest, as well as the political interpretations and positions of the ruling parties and the media to deal with these mobilizations, in a context of increasing political polarization as a local expression of the Latin American Cold War.

 

Keywords: Latin American Cold War;political violence; Cuban revolution; Uruguay; University

 

 

Introducción

Este artículo se ubica en el campo de estudios de la Guerra Fría internacional, en particular de sus expresiones latinoamericanas, fuertemente condicionadas por el lugar de la Revolución Cubana a partir de 1959, y en términos más específicos, como parte de los estudios que vinculan las denominadas variables internas y las relaciones internacionales. Es parte de una investigación en curso, en el marco del proyecto de investigación “Uruguay, la Revolución Cubana y el Sistema Interamericano (1959-1964)” coordinado por el Doctor en Historia Roberto García.

Al mismo tiempo, se inscribe en un esfuerzo de investigación más general, cuyo objetivo es abordar los factores internos y su incidencia en la ruptura de relaciones entre Uruguay y Cuba, así como en los ritmos particulares que adoptó el alineamiento de Uruguay con la política que se impuso en el sistema interamericano, orientada al aislamiento de Cuba. El punto de partida consiste en la necesidad de incorporar a los actores no gubernamentales como parte fundamental de estos factores domésticos, teniendo en cuenta, pero trascendiendo, el accionar del poder ejecutivo y de la cancillería, para sumar otros actores y fuerzas sociales, políticas y económicas, así como las formas en que la “cuestión cubana” se vinculó con debates, problemas e interpretaciones respecto a la situación nacional y latinoamericana por parte de los protagonistas locales. Un primer avance de los resultados de dicha investigación fue presentado en las XIII Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales deUniversidad de Buenos Aires, realizadas en el año 2019.[1]

La ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales entre Uruguay y Cuba en setiembre de 1964, culminación de meses de debates políticos, realineamientos partidarios, presiones internas y externas, desencadenó episodios de movilizaciones populares, represión estatal y acciones violentas en los días inmediatamente posteriores a la resolución del Consejo Nacional de Gobierno (CNG). La Universidad de la República (UdelaR) estuvo material y simbólicamente en el centro de estos acontecimientos: un acto en la explanada, convocado en repudio a la ruptura de relaciones, culminó con una fuerte represión y un sitio al edificio central de la UdelaR, donde se “refugiaron” más de trescientas personas que permanecieron sitiadas durante casi cuarenta horas.  

El abordaje de este episodio permite reflexionar sobre problemas más generales respecto a la recepción de la Revolución Cubana y a la relación entre el Estado, los partidos, la prensa y la protesta social a mediados de los años sesenta. En este sentido, uno de los problemas centrales que atraviesan estos episodios es el de la violencia con connotaciones políticas, que constituyó un emergente fundamental de la década de los sesenta, dando lugar a una naturalización de la violencia de la mano de una “brutalización de la política”.[2] Abordaré la ocupación de la UdelaR y las manifestaciones de violencia política, como parte de un repertorio de acción[3] construido en relación con un contexto transnacional y con las respuestas estatales, en particular con las estrategias de control policial de la protesta; considerando las interpretaciones y percepciones de los distintos actores en relación con el contexto específico de polarización política, como expresión local de la Guerra Fría latinoamericana.

El tema de la ocupación de la UdelaR en setiembre de 1964 ha sido estudiado previamente, con mayor o menor énfasis, por otros investigadores[4], mediante un tratamiento necesariamente marginal por ser parte de trabajos dedicados a temas más amplios. Este artículo se propone focalizar en este episodio mediante un estrechamiento del campo de observación, conjugado con la incorporación de una documentación relativamente amplia y variada, que permita un abordaje del tema desde varios ángulos.

Este trabajo se basa principalmente en documentación del Archivo del Servicio de Inteligencia y Enlace de la Policía de Montevideo; el Archivo de la Presidencia de la República; el Archivo del Parlamento y el Archivo de la Unidad Polifuncional sobre Problemas Universitarios (UPPU). Al mismo tiempo, incorpora el estudio de la propaganda escrita, tanto los periódicos antagonistas de la Revolución Cubana y alineados con sectores del oficialismo como la prensa, afiches y comunicados producidos desde el movimiento procubano, conjugando la documentación de la prensa política y los periódicos de alcance nacional, con periódicos locales y propaganda producida por las organizaciones sociales. Para la próxima etapa se prevé la incorporación de testimonios orales, que constituyen un material de gran importancia como construcciones de narrativas desde el presente, elaboradas en cuadros sociales y enmarcadas en las luchas y tensiones políticas actuales.

 

Polarización política y anticomunismo

 

La Revolución Cubana significó un punto de inflexión en la guerra fría latinoamericana, pautando el desarrollo de la convulsionada década de 1960 en la región, que se transformó, en palabras de Jonh F. Kennedy, en “la zona más peligrosa del mundo”.[5] El desafío que significó la “cuestión cubana”, particularmente después de la declaración del carácter socialista de la revolución y de su alineamiento definitivo con el campo soviético, trastocó las relaciones interamericanas y los procesos políticos nacionales, en el marco de una intervención más activa y agresiva por parte del Gobierno y los servicios de inteligencia estadounidenses, favoreciendo “la creación de una solidaridad nueva entre los Estados Unidos y todos los que en Latinoamérica rechazaban alarmados” la alternativa que presentaba la Revolución Cubana.[6] Esta orientación estadounidense implicó un cambio respecto a su política de alianzas, a partir de la cual los sucesivos gobiernos le dieron primacía a los objetivos de conservación y seguridad, lo que significó el “abandono de la opción política en favor de la democracia representativa”.[7]

Al mismo tiempo, la Revolución Cubana contribuyó al desarrollo de redefiniciones radicales en las izquierdas y al surgimiento de organizaciones armadas apoyadas en el ejemplo cubano, que en muchos casos contaron con el apoyo directo del Gobierno de la isla.[8] Siguiendo a Greg Grandin, la Guerra Fría latinoamericana “representó una revolución extendida, dispersa en el tiempo y el espacio, que sin embargo, entrañaba una lógica coherente y legible de insurgencia, violencia y transformación”, que se desenvolvieron simultáneamente en los campos nacional e internacional y “cada una contribuyó a aumentar un tipo de experiencia y percepción que desafiaron en términos cada vez más enfocados la autoridad de Estados Unidos como poder mundial ascendente”[9]

En este escenario, aparece como un elemento central el desarrollo regional del anticomunismo, que no constituía un fenómeno nuevo entre las élites gobernantes y las clases dominantes latinoamericanas, pero que adquirió nuevas dimensiones y significados a la luz de la Revolución Cubana, que aumentó el temor a la infiltración comunista y a la proyección de la URSS en el continente, en ocasiones más imaginada que real. Vanni Pettiná señala que el anticomunismo de la política exterior estadounidense “alentó una escalada de tensiones interamericanas” favoreciendo “la polarización política interna y el auge de propuestas políticas conservadoras y/o autoritarias que Washington apoyó externamente en clave antisoviética”[10], dando lugar a una fractura interna que significó “una fuerte revitalización de los actores políticos y económicos más conservadores” y “una quiebra significativa en el avance del proceso de reforma política y social regional”.[11]

El anticomunismo y las preocupaciones compartidas de los gobiernos latinoamericanos respecto a la cuestióncubanano fueron exclusivamente la expresión de un alineamiento mecánico con la política estadounidense, ni dieron lugar a una respuesta homogénea en el sistema interamericano. Por el contrario, las fluctuantes posiciones de los gobiernos de la región y el difícil camino que llevó al aislamiento de Cuba en 1964 respondieron tanto a la presión estadounidense como a conflictos internos, estrategias e interpretaciones locales.[12] Uno de los objetivos del presente artículo es valerse de este marco interpretativo para analizar la complejidad de la cuestión cubana, con relación a los problemas e intereses en pugna en Uruguay, durante la primera mitad de la década de 1960.

Marchesi y Yaffé señalan la necesidad de reconocer los ritmos y maneras específicas en que la Guerra Fría se expresó en Uruguay con relación al resto del continente. Durante el primer ciclo (pautado por el fin de la “primavera democrática” de posguerra y el advenimiento de dictaduras o regímenes liberales con proscripción de partidos comunistas y sindicatos), Uruguay mantuvo una situación de relativa excepcionalidad. Durante el segundo ciclo (con la agudización de la dialéctica revolución-contrarrevolución como consecuencia del impacto que la Revolución Cubana) Uruguay “pareció integrarse más claramente al ritmo latinoamericano” y “el

conjunto de los actores comenzó a asumir más claramente el marco conceptual que la guerra fría imprimió”.[13]

La imagen de “excepcionalidad” uruguaya, fuertemente condicionada por los procesos históricos posteriores (principalmente por la profundización del camino autoritario a partir de 1968), está siendo fuertemente cuestionada en la historiografía reciente, en particular en los trabajos dedicados a los discursos y prácticas de las derechas entre fines de la década de 1950 y la primera mitad de 1960.[14] El clima de persecución ideológica y la interpretación de la conflictividad social a través del prisma de la Guerra Fría se estaban gestando al menos desde fines de los años cincuenta. El episodio analizado en este artículo estuvo precedido por el despliegue de campañas anticomunistas y el surgimiento de organizaciones “democráticas” de las derechas, que llevaron adelante cuestionamientos a las libertades de las que gozaba la izquierda en Uruguay y propiciaron estrategias de represión y persecución frente a los conflictos sociales.

En marzo de 1963, la asunción del Segundo Colegiado con mayoría del Partido Nacional se produjo en un contexto de conflictos sindicales y represión estatal, en el marco de Medidas Prontas de Seguridad, militarización contra trabajadores públicos y detenciones masivas en todo el país. No era la primera vez que se recurría a este tipo de estrategias para hacer frente a los movimientos sociales: las medidas de excepción, las prolongadas detenciones de trabajadores que no eran puestos a disposición de la justicia y los heridos en las movilizaciones tenían una larga historia en Uruguay.[15]

 

El movimiento contra la ruptura de relaciones

 

La movilización en Uruguay contra la ruptura de relaciones con Cuba superó los marcos de las organizaciones identificadas con la izquierda, operando como reactivo de una división política en los partidos de Gobierno y presionando sobre las decisiones gubernamentales en política internacional. Las minorías y mayorías en el Consejo Nacional de Gobierno no se correspondieron mecánicamente con la división entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. La resolución de romper relaciones no estaba saldada de antemano, por el contrario, el decreto del 8 de setiembre fue resultado de amplios debates, presiones y realineamientos políticos.[16]                                  Las organizaciones políticas identificadas con la izquierda[17] eran naturalmente más tendientes a simpatizar con un Gobierno revolucionario, autoproclamado marxista leninista desde 1961 y en creciente enfrentamiento con el “imperialismo yanqui” y la tradicional política panamericana, muy proclive a la intervención en los asuntos internos de los países latinoamericanos. En el campo de las izquierdas, el movimiento parece presentar un carácter unitario, facilitando una movilización común y sostenida en torno a un tema en el que confluyeron diferentes sectores de tradiciones diversas o de reciente gestación. En este sentido, la Revolución Cubana otorgó un marco de referencia latinoamericano a los partidos y movimientos que no se identificaban con la Unión Soviética o que mantenían un apoyo crítico, facilitando la formación de un marco común a las organizaciones de izquierda.

A partir de julio de 1964 (luego de la IX Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Washington) se organizó en Uruguay un movimiento en torno a la defensa de las relaciones diplomáticas y comerciales, que trascendió a las organizaciones que desde 1959 defendían y reivindicaban la Revolución Cubana. Esta campaña estuvo enmarcada por las expresiones nacionales de la crisis económica (con sus consecuencias para los sectores populares) y en un cuadro de creciente conflictividad social y enfrentamiento con el Gobierno. Al mismo tiempo, estas movilizaciones se desenvolvieron en relación con un contexto político regional marcado por el golpe de Estado en Brasil del 31 de marzo de 1964 (con sus más de 100 asilados en Uruguay, incluyendo al expresidente Joao Goulart) y las elecciones chilenas en setiembre, pautadas por la posibilidad de una victoria del Frente de Acción Popular (FRAP) encabezado por Salvador Allende.

Las estructuras organizativas de este movimiento fueron variadas, pero la forma predominante eran los Comités, organizados territorialmente, con nombres de barrios de Montevideo o referencias a la Revolución Cubana.[18] A estos núcleos se le sumaron numerosos comités organizados por profesiones: artistas, músicos, actores de teatro, intelectuales, etc. El Comité Nacional Coordinador de Apoyo a la Revolución Cubana, conformado en 1960, fue el principal aglutinador de decenas de organizaciones procubanas. El Partido Comunista tenía un peso fundamental en este movimiento, principalmente a través de sus organizaciones “satélites” como el Frente Izquierda de Liberación (FIdeL), pero la hegemonía comunista enfrentaba una importante disputa por parte de sectores de la “nueva izquierda”.           

Rey Tristán afirma que el impacto de la Revolución Cubana en Uruguay hay que entenderlo a partir del sustrato ideológico y organizativo desarrollado en las izquierdas durante los años anteriores: “las renovaciones, el tercerismo o el desarrollo de una conciencia antiimperialista y latinoamericana”[19]. Los debates sobre las perspectivas de la revolución en América Latina no fueron ajenas al movimiento. Al menos desde 1960, las discusiones alrededor de la revolución cubana se expresaban en su interior y se vinculaban con las luchas sociales y políticas, los proyectos estratégicos y las perspectivas revolucionarias en Uruguay y América Latina. Las diferentes organizaciones pasaban a formar parte del movimiento con sus propias lecturas y objetivos, traduciendo la cuestión cubana a los debates políticos locales.

De acuerdo con las convocatorias a las movilizaciones y los discursos en los actos, en términos generales, el movimiento no realizaba una defensa de la Revolución Cubana como pauta del desarrollo de la revolución socialista latinoamericana. Una parte importante de las declaraciones contra la ruptura de relaciones destacaban que su adhesión al movimiento era “a pesar de la opinión que tenga sobre el régimen cubano”. El movimiento adoptó como marcos de acción la autodeterminación de los pueblos, el principio de no intervención y la defensa de la soberanía nacional (el debate político nacional se centró en estas tres cuestiones), buscando la reivindicación de la tradición diplomática del país, con fuertes referencias al pasado y al Artiguismo en particular[20].

El repertorio de acción colectiva del movimiento por el mantenimiento de relaciones con Cuba abarcó actos, marchas, caravanas de vehículos, paros, ocupaciones, juntadas de firmas, pronunciamientos, cartas y telegramas al Consejo Nacional de Gobierno, reuniones con sectores políticos y acciones violentas contra propiedades y personas. Se pueden observar regularidades en las formas de beligerancia que, en rasgos generales, no escaparon de las modalidades predominantes de protesta que habían pautado los conflictos y luchas de los movimientos sociales contra el Estado desde hacía décadas. Pero también se puede constatar la convivencia de estas formas de protesta con las modalidades de “violencia colectiva”, operando con una lógica del daño, que aparece como el emergente más novedoso: atentados con bombas caseras, ataques a comercios y vehículos en las movilizaciones o en sus márgenes.

La movilización por el mantenimiento de relaciones adquirió un alcance nacional e incluyó la formación de comités en varios lugares del país, así como la realización de marchas, actos, paros y un amplio pronunciamiento de diferentes sectores sociales. Los informes de inteligencia policial y la prensa muestran la existencia de actividades de este tipo en Melo, Tacuarembó, Paysandú, Mercedes, Salto, Las Piedras, Canelones, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres. Las estructuras organizativas y los repertorios de protesta eran similares a los desarrollados en la capital. Sin embargo, cabe destacar que los documentos utilizados para este trabajo no registran episodios de violencia política ni represiones policiales en el interior contra el movimiento, en contrapartida a la reiteración de episodios represivos en la capital a partir del 8 de setiembre.

Al abordar el movimiento en su dimensión nacional, se constatan diversos grados de involucramiento de los partidos de Gobierno: en algunas ciudades del interior los actos, las movilizaciones y los pronunciamientos contaban con un destacado protagonismo de dirigentes políticos de agrupaciones del Partido Colorado y el Partido Nacional. En particular en los sectores juveniles, se produjo una confluencia donde se encontraban la Unión de Juventudes Comunistas y las Juventudes Socialistas con la Juventud de la Unión Blanca Democrática, el Movimiento Popular de las Juventudes Nacionalistas (lista 49), la Lista 15 y la Lista 99 del Partido Colorado, entre otras. Esta coordinación de organizaciones dio lugar a movilizaciones y declaraciones en común, como el “Manifiesto a la juventud uruguaya” de julio de 1964, firmado por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Comisión Juvenil de la Central de Trabajadores del Uruguay (CTU), la Juventud Batllista Lista 99, la UJC, la JS, la Juventud del Movimiento Revolucionario Oriental y la Joven Guardia Española.  

 

La Universidad y el movimiento estudiantil

 

El movimiento contra la ruptura de relaciones contó con un protagonismo destacado de la juventud, principalmente del movimiento estudiantil, siendo la FEUU[21]el sector más activo en la organización y convocatoria a las movilizaciones. La Federación participó de los principales pronunciamientos y medidas, en conjunto con el Comité Nacional Coordinador de Apoyo a la Revolución Cubana, al mismo tiempo que acompañó las acciones de lucha de la Central de Trabajadores del Uruguay (CTU), en particular el paro del 11 de agosto, convocado en defensa del mantenimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con la República de Cuba y contra las resoluciones adoptadas en la Conferencia de Cancilleres.  

La FEUU siguió desde el inicio las repercusiones de la Revolución Cubana, festejando el triunfo de “los elementos que realizaron la revolución por medio de una guerra hecha en toda la isla y que ha tenido como resultado la caída del dictador” haciendo énfasis en el papel de los estudiantes universitarios y sus universidades como “centro de la oposición contra el régimen”.[22] El impacto de esta revolución fue tan importante para el movimiento estudiantil universitario, que la Federación creó el cargo de Secretario de Asuntos Cubanos, el cual tenía como objetivo el mantenimiento de una relación estrecha con la embajada de Cuba. Van Aken afirma que estos vínculos incluyeron numerosos viajes de estudiantes y docentes a Cuba, con los gastos pagos por el Gobierno.[23]

La identificación política con la Revolución Cubana era tan robusta que la FEUU suscribió los términos de la “Primera Declaración de la Habana”, emitida por Fidel Castro en setiembre de 1960. Las críticas a la política panamericana de Estados Unidos a principios de los sesenta se desarrollaron a partir de una larga tradición de antiimperialismo en la FEUU, que en esos años se expresó, entre otras, en la movilización contra la visita de Eisenhower y en la protesta por la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA en 1962.[24]

El entusiasmo inicial de la FEUU hacia la Revolución Cubana era compartido por la casi totalidad del espectro político nacional, pero el desarrollo del proceso revolucionario erosionó tempranamente este amplio apoyo y tuvo sus consecuencias al interior de la FEUU. Su principal repercusión política fue la apertura de un proceso de recambio en su dirección, contribuyendo a la erosión de la hegemonía “tercerista” y a un cambio de alianzas que se consolidó en la formación de una coalición entre el Partido Socialista (que hasta ese momento formaba parte del frente tercerista) y el Partido Comunista. Van Aken afirma que los unitarios llegaron “al poder en la cresta de la ola fidelista que pulverizó al tercerismo al envolver al movimiento estudiantil”.[25]

Luego de una etapa de aislamiento y marginalidad del Partido Comunista en la Federación, esta alianza les permitió ganar las elecciones en varios centros de estudiantes, logrando el control de la Secretaría General de la FEUU en 1963 y la mayoría del Consejo Federal en el segundo semestre de 1964. En esta situación se encontraba la Federación para afrontar las movilizaciones contra la ruptura de relaciones, y en particular la represión y la ocupación de la UdelaR, en setiembre de 1964.

El posicionamiento de la FEUU a propósito de las relaciones con la isla vinculaba la cuestión cubana con los problemas nacionales y las perspectivas políticas de la situación latinoamericana:

 

La defensa de la Revolución Cubana está íntimamente ligada a la profundización de la lucha de nuestro pueblo por su liberación. En la medida que ocupemos nuestro lugar de combate, día a día, por el cambio sustancial de las estructuras que nuestro país requiera para superar la crisis, estaremos defendiendo efectivamente a Cuba.[26]

 

En general, los gremios operaban en un clima universitario de simpatía con la Revolución Cubana, donde el movimiento estudiantil coincidía con el resto de los órdenes, lo que se expresó en los posicionamientos de los órganos cogobernados y del propio Consejo Directivo Central contra la ruptura de relaciones con Cuba. El 31 de agosto de 1964, el CDC declaraba que “lo que en estos momentos se pretende hacer con la República de Cuba no difiere, en su esencia, de lo que en tiempos se hizo con Nicaragua, Panamá, Santo Domingo, Guatemala y otros países” y que lo expresado no implicaba“pronunciarse sobre el Gobierno de Cuba o su régimen político, social o económico, sino que importa defender a nuestro país y en escala más a amplia a todos los pueblos de Latinoamérica”.[27]

Los episodios de represiones y resistencias, que tuvieron como escenario a la Universidad, deben enmarcarse en un cuadro más general. Durante las movilizaciones contra la ruptura de relaciones se desarrolló una lucha entre el Gobierno, la policía y las organizaciones por el mantenimiento de relaciones, por el espacio simbólico y material de la UdelaR, que apareció en el centro de las batallas políticas, en particular durante los días en que los enfrentamientos callejeros y la represión alcanzaron su punto más alto.

Los informes de inteligencia y las intervenciones del ministro del Interior Adolfo Tejera en el Consejo Nacional de Gobierno (CNG), muestran una preocupación por prohibir las concentraciones en la explanada de la UdelaR, en función de evitar conflictos “a los que ya nos tiene acostumbrados esa zona de la ciudad”.[28] La orientación del Ministerio del interior fue habilitar lugares alternativos en el centro de Montevideo; para Tejera, el hecho de convocar en la explanada de la Universidad se debía “al propósito de transformar el acto en un acto subversivo”.[29]

Estos enfrentamientos respecto al espacio de la UdelaR expresaban el lugar particular de esta institución en la situación política nacional, así como su relación de mutua desconfianza con el gobierno, que se había profundizado luego de las movilizaciones que conquistaron la sanción de la Ley Orgánica en 1958. El Gobierno y las organizaciones de derecha interpretaban un escenario de “infiltración comunista”, que tenía como vehículos a los gremios estudiantiles, los docentes y las propias autoridades universitarias.[30] Blanca Paris de Odonne afirma que la situación de la Universidad entre 1956 y 1966 se caracterizó ”por una tónica conflictiva en cuanto a las relaciones con el poder político y una persistente campaña antiuniversitaria orquestada desde la prensa vinculada a los partidos tradicionales”.[31] En este sentido, un episodio destacable del ataque a la UdelaR por parte de grupos de derecha autocalificados de “demócratas” fue el “asalto” fallido del edificio central en octubre de 1960.[32]

La autonomía y el cogobierno ayudaron a configurar los vínculos conflictivos con los dos gobiernos con mayorías del Partido Nacional, relacionados con la propia concepción que la Universidad tenía de sí misma: en su oratoria en nombre del Consejo Directivo Central, el decano de la Facultad de Humanidades, Rodolfo Tálice, afirmaba que

 

existen fuerzas que sienten animosidad contra la Universidad; seguramente, porque ignoran qué es la Universidad actual. Hoy la Universidad con su ley de autonomía, es un segundo gobierno y trae el aporte decisivo, para el progreso del país.[33]

 

Ocupación y sitio policial

 

A partir de la decisión de la mayoría del CNG que concretó la ruptura de relaciones, la policía desató una represión sistemática contra las movilizaciones de los días siguientes; al mismo tiempo, se desarrollaron enfrentamientos violentos y una serie de atentados principalmente dirigidos contra edificios y propiedades vinculados al gobierno estadounidense, los capitales norteamericanos y los sectores políticos nacionales que votaron la ruptura de relaciones.[34]

El 9 de setiembre, el movimiento por el mantenimiento de relaciones organizó un nuevo acto, esta vez en la explanada de la Universidad, a pesar de la prohibición oficial de realizarlo en dicho lugar. Esta movilización desembocó en episodios represivos, ataques a propiedades y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, en el marco de los cuales más de trescientas personas ingresaron nuevamente al edificio de la UdelaR. El gobierno y la prensa anticubana hablaban de “ocupación”, mientras que desde el movimiento afirmaban que la Universidad estaba “sitiada” y los estudiantes “se refugiaron” en el edificio escapando de la represión policial.

Durante casi cuarenta horas, el edificio de la UdelaR fue cercado por un operativo policial que abarcó dos cuadras a la redonda, instaurando un sitio que impedía la comunicación con el exterior y el ingreso de víveres como alimentos o medicinas, a pesar de las gestiones que llevaron adelante los familiares de los ocupantes y la delegación de mediadores. El cerco también impedía la asistencia médica a quienes sufrían las consecuencias del bombardeo de gases y heridas de la represión.

Paralelamente a este operativo, la policía mantenía una vigilancia sobre locales estratégicos de organizaciones sociales y políticas: un memorándum del 10 de setiembre informaba sobre las actividades en la Casa Central del Partido Comunista, el Comité Ejecutivo del FIDEL, el Centro de Estudiantes de Derecho y Notariado; la Asociación de Estudiantes de Medicina, el Centro de Estudiantes de Arquitectura, de Servicios Social, la Unión de la Juventud Comunista y la Casa del Pueblo.[35]

La ocupación de la Universidad generó una extensa respuesta popular que, si bien encontró su epicentro en Montevideo, tuvo expresiones en varias ciudades del interior. Sobre el mediodía del 10 de setiembre, el Comité Ejecutivo de la CTU emitió un comunicado en el que repudiaba “los salvajes procedimientos policiales”, condenaba el “intento de intervención judicial o policial” en la UdelaR y exhortaba a los gremios a “tomar medidas inmediatas de solidaridad, paros de protesta y otras acciones”, manteniéndose en “estado de alerta” y “convocando de inmediato Asambleas Generales”.[36] En este marco se desarrolló una respuesta en el movimiento sindical que el diario Acción calificó de “paros en serie”.[37] Por su parte, los gremios de estudiantes secundarios desarrollaron paros y movilizaciones solidarias en varios departamentos del país, a los que se sumaron estudiantes de UTU y de los Institutos Normales. La FEUU, los centros de estudiantes de Preparatorios Nocturnos y de algunos liceos decretaron la huelga general.

En la madrugada del 10 de setiembre, cuando hacía apenas unas horas que los “ocupantes” se encontraban encerrados en la Universidad, comenzaron las movilizaciones solidarias hacia la avenida 18 de julio, que fueron interceptadas por el cerco policial, y en varias ocasiones respondidas con represión directa. Durante las horas que duró el sitio, también se realizaron actos relámpago en varios puntos de Montevideo.

Finalmente se llegó a una salida mediada. Los términos del acuerdo que dieron lugar a la desocupación fueron los siguientes: las personas mayores de edad serían identificadas en la Universidad y los policías encargados serían acompañados por el Dr. Adolfo Gelsi Bidart. Solo serían sometidos al Juez los dirigentes de la FEUU y todas las personas que carecieran de documentos. Se pasaría inspección ocular y documentación fotográfica del interior de la Universidad, que debía ser entregada a las autoridades universitarias.[38]

A rasgos generales, estos fueron los términos planteados por los representantes estudiantiles, lo cual reforzó las lecturas de este resultado como un triunfo por parte de la FEUU. Desde las páginas de Jornada, la Federación afirmaba que

 

la ola de represión fue resistida por los estudiantes, que rechazaron con altura la indigna resolución del gobierno en cuanto a la ruptura con Cuba, y respondieron luego, en similar medida, en la defensa de la autonomía universitaria y el derecho de libre expresión, pisoteado por el gobierno y la policía. Estamos seguros de que los principios fueron dignamente defendidos.[39]

 

El impacto político de la ocupación de la UdelaR aparece reflejado en su presencia en la prensa: los principales periódicos nacionales hicieron un seguimiento constante de la situación en la Universidad, la cual apareció en las tapas de la mayoría de los diarios. El Popular afirmaba que los ocupantes “enfrentaron con valentía la saña policial” y protagonizaron una “heroica defensa de la autonomía universitaria”.[40] Para El País se trataba de “un grupo de revoltosos castri-comunistas”. Se discutió sobre su calidad de “estudiantes”, cuestionando la presencia en el interior del edificio de elementos ajenos al movimiento estudiantil. En su intervención en el CNG, el Ministro Tejera justificaba la represión afirmando que “entre los que están en la Universidad hay muchos que no son estudiantes y que nunca lo han sido”.[41]

¿Quiénes eran los “ocupantes” de la Universidad? Los documentos policiales (fichas, informes, interrogatorios) a propósito de este episodio permiten individualizar a los militantes y acercarse a su composición social, edad, género, ocupación, antecedentes políticos y nacionalidad. En el caso específico de la ocupación de la UdelaR, contamos con el resultado del fichado de los más de trescientos ocupantes, sometidos a este procedimiento a cambio de la posibilidad de abandonar el edificio.

De acuerdo con las fichas policiales y los “oficios al juzgado”[42], los “ocupantes” promediaban los veintidós años y entre ellos había por lo menos veintidós menores. Esta cifra coincide con los detenidos en la movilización del ocho de setiembre y con los detenidos en los alrededores de la Universidad durante los días de ocupación. Los fichados por la policía contabilizaban 336 personas, de los cuales 298 eran hombres y 38 mujeres. Efectivamente, había una importante presencia de trabajadores que no eran estudiantes, que constituían un tercio de los refugiados en la Universidad. En lo que respecta a los estudiantes, la mayoría eran universitarios, con una representación destacable de las facultades de Medicina y Derecho, algunos de los centros donde tenían más fuerza los terceristas.[43] Entre los estudiantes también figuraban doce alumnos de secundaria.

La policía informaba sobre los antecedentes políticos de alrededor de quince de los ocupantes: la mayoría militantes estudiantiles vinculados a tendencias filocomunistas o castristas y un número menor de anarquistas. Algunos de ellos estaban identificados como participantes en la movilización a Maldonado en el marco de la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA.[44]El calificativo “castri-comunistas” también aparece en los informes policiales al describir estos antecedentes.

 

“Piensan a la manera cubana”

 

La salida mediada a la ocupación y el sitio policial fue el resultado de un largo proceso de debates, durante el cual la actitud oficial del Gobierno osciló entre las amenazas y la negociación, reforzada por una campaña de desprestigio hacia los ocupantes y sus métodos. El ministro del Interior consiguió una orden de desalojo extendida por el Juez de Instrucción de Primer Turno para proceder al allanamiento del edificio en caso de producirse “hechos que podían obligar a la entrada de la fuerza pública”.[45] Si eso sucedía, el ministro del Interior consideraba que no era necesario accionar una hora después de salir el sol, que eso era “confundir el hogar con la Universidad” y que la orden de allanamiento lo habilitaba a entrar durante la madrugada. La FEUU denunciaba que “en 150 años de historia de la Universidad ningún gobierno, ni siquiera la dictadura de Terra, se había animado a emitir una orden de allanamiento de nuestra casa de estudios”.[46]

Este tema se discutió en dos sesiones consecutivas del Consejo Nacional de Gobierno. Tejera presentó el informe con la afirmación de que quienes estaban dentro del edificio “han cometido el delito de sedición, perfectamente tipificado en el Código Penal”, calificativo que también utilizó para referirse al episodio en la prensa. Su orientación era que “depongan su actitud, se entreguen a la policía, quien los pondrá inmediatamente a disposición del Juez”[47] y “que los menores se vayan a sus casas”.[48]

Los sectores oficialistas que justificaban la represión establecían una línea de continuidad entre los atentados y la protesta social, ubicándolos bajo sospecha de maniobras del comunismo internacional o del “castrismo”. Tejera afirmaba que el movimiento no era “estudiantil”, “tiene características muy diferentes a los movimientos estudiantiles” y que los hechos en curso tenían “una raíz internacional” y “la gente que está manejando esto, a través de todo lo que se ha visto anoche, son técnicos”.[49] Ubicó la “ocupación” en el contexto de “otros hechos de extremada gravedad: la colocación de bombas violentísimas que han explotado en la madrugada de hoy”.[50] Por otra parte, en el CNG se expresó la preocupación por “evitar de todas maneras hechos violentos”, temiendo que “dentro de la propia universidad pudieran existir elementos capaces de ultimar a un muchacho, a un niño, y que luego se hiciera bandera de ese hecho”.[51]

El ministro del Interior exhortó a “hacer cumplir la Constitución y la Ley”:

 

es absolutamente necesario que se entienda que nuestra sociedad está fundada sobre la base del respeto al derecho ajeno y del respeto mutuo; que no puede, un grupo de exaltados, alzarse contra la tranquilidad social y contra el orden; que, por ello, todos deben ser sancionados[52].

 

El consejero Alberto Abdala realizó una comparación con otros conflictos con ocupaciones “en períodos de gobierno colorado y también en el último período del gobierno blanco” donde “intervenimos con soluciones de mediación”, remarcando el caso de FUNSA y de UTE en los que “se llegó al diálogo”.[53]

                De esta manera, el sitio a la UdelaR se inscribió en un debate político que trasciende este episodio: el Poder Ejecutivo estaba discutiendo las estrategias para hacer frente a los movimientos sociales en el escenario de la Guerra Fría Latinoamericana, donde la conflictividad social en general era sospechosa de maniobras internacionales para desequilibrar o derrocar al régimen político, asentándose una lógica del enemigo interno vinculado a la influencia de la Revolución Cubana en el país. 

La ocupación de la Universidad también se discutió en el Senado[54], que resolvió extender al ministro del Interior “un conjunto de manifestaciones de las que se extrae la necesidad que el Senado siente de tener noticias” sobre el desarrollo del conflicto.[55] Sin embargo, Tejera no respondió al llamado de la Cámara de Senadores y a pesar de su extracción parlamentaria, decidió actuar en la crisis de la Universidad prescindiendo del Parlamento. 

El Senado se polarizó con relación a este conflicto, que fue percibido como un episodio de crisis política que podría tener consecuencias extremas y que se calificó de “subversivo”, repitiéndose las interpretaciones que lo ubicaban como parte de un desafío revolucionario al régimen por parte de grupos alineados con el castrismo y el comunismo. El Senador Rodríguez Larreta fue uno de los principales voceros del ataque al movimiento estudiantil, señalando los vínculos entre las movilizaciones (y la ocupación) con la cuestión cubana:

 

debemos creer que quienes han asumido aquí la dirección de la protesta piensan a la manera cubana, vale decir, de un modo que ha sido repudiado por todo el continente hace pocos días por la amenaza que a todos nos tienen preocupados.[56]

 

En su opinión, la universidad era “un campo de batalla” y eso “no lo habían producido unos cuantos muchachos alborotados”, era “fruto de una organización”.[57] Larreta advertía que, a través de la defensa de los ocupantes, el Senado corría el riesgo de estar contribuyendo con “fuerzas sospechosas, turbias, oscuras, que son las que representan el mundo cubano, en estos momentos dirigido por Fidel Castro”.[58]

Por otro lado, al igual que en el CNG, en el Senado se manifestaron expresiones de preocupación hacia posibles desbordes de la Policía, una vez dada la orden de reprimir. Por ejemplo, Renán Rodríguez, senador por la Lista 99, afirmaba que “la ejecución va a quedar en manos de los agentes de seguridad”, y manifestaba “real temor sobre lo que pueda ocurrir”.[59] En el CNG, Abdala afirmaba que había que evitar “que se pueda matar a un muchacho”, y que “las Fuerzas Armadas están integradas por hombres con nervios y tensiones como nosotros, la nerviosidad les puede llevar a cometer un acto involuntario”.[60]Esta preocupación por mantener un control sobre los posibles excesos policiales aparece acompañada de una preocupación por no generar detonantes políticos que propicien una extensión y radicalización de la conflictividad social. Renan Rodríguez concluía su intervención afirmando: “si se ponen en ejecución medidas de desalojo violento de la Universidad, quién sabe lo que puede ocurrir, y si no nos veremos enfrentados a hechos que debamos luego lamentar todos”.[61]

Durante los días siguientes a la ocupación de la UdelaR, decenas de organizaciones sociales y políticas se pronunciaron por la destitución del ministro del Interior y del Jefe de Policía Ventura Rodríguez. Desde el movimiento popular, los episodios represivos fueron percibidos como señales de alerta de un grave deterioro en el clima político, reforzado por la situación regional (en particular el golpe de Estado en Brasil), pero también por episodios de la situación nacional, principalmente la crisis política de junio, que fue denunciado como intento de golpe de Estado.

La CTU declaraba que “nuevas medidas represivas, así como el allanamiento de la Universidad (…) constituye una afrenta a la democracia y un ataque a las libertades y derechos”.[62] También se sucedieron los pronunciamientos por parte del Cogobierno universitario. La declaración del Consejo de la Facultad de Medicina se pronunciaba en el mismo sentido: la negativa a autorizar actos y manifestaciones, la frecuente represión policial y la orden de allanamiento contra la Universidad traducían “un intento de conculcar libertades individuales imponer soluciones de fuerza y avasallar la autonomía universitaria”, hechos que adquirían una mayor gravedad “si los relacionamos, como es inevitable hacerlo, con el panorama político social de casi todos los países latinoamericanos, hoy sometidos a dictaduras o gobiernos antipopulares”.[63]Por su parte, los estudiantes de Humanidades caracterizaban que “el ataque y el endurecimiento de la policía va en aumento” y que “el gobierno se ha atrevido a actuar de esta forma porque la amenaza de la revolución cubana en América, para los sectores reaccionarios, es un peligro que no pueden aceptar”.[64]

Durante el debate en el Senado, Enrique Rodríguez (perteneciente al Partido Comunista del Uruguay) afirmaba que los responsables de la represión a las movilizaciones “quieren crear situaciones de violencia propicias a planes que, esos si, ya los conocemos y que los conocimos en el mes de junio”[65], y calificaba al Jefe de Policía como un “aspirante a Hitler, como un hombre que está haciendo honor a la aseveraciones -no simples rumores- que lo daban como implicado en el golpe de Estado que se estuvo gestando en el mes de junio en nuestro país”.[66] Por su parte, un artículo de Época titulado “Que no hablen luego de violencia”, afirmaba que esos hechos "demuestran quienes son los que están cerrando el diálogo y abriendo los cauces de la violencia. Y quién será el culpable -de persistir el Gobierno en esa actitud- si en última instancia las vías de hecho se hacen las únicas transitables en el Uruguay".[67]

 

 

Reflexiones finales

 

El movimiento contra la ruptura de relaciones entre Uruguay y Cuba adquirió una importante pluralidad y una extensión nacional, alineando a sectores ideológicamente ajenos al socialismo y al marxismo-leninismo, incluso abarcandoa organizaciones y personalidades políticas pertenecientes a los partidos en el Gobierno. Este movimiento nos presenta a los actores locales posicionándose en los conflictos interamericanos en función de las luchas políticas nacionales y de sus intereses sociales y económicos. El contexto regional y nacional condicionó las posiciones y la extensión del movimiento: las manifestaciones de la crisis económica nacional sobrevolaron los posicionamientos frente a las relaciones con Cuba.

            La ocupación de la Universidad se transformó en un episodio político central en el marco de la ruptura de relaciones entre Uruguay y Cuba, captando la atención de la prensa y de las organizaciones sociales; a la vez que fue abordado por varios organismos del Gobierno e involucró a todos los poderes del Estado. Esta situación motivó posicionamientos y acciones por parte de las principales fuerzas políticas del país. El episodio permite ver la relevancia de la UdelaR como espacio de encuentro entre estudiantes, intelectuales, trabajadores y militantes políticos entorno a la defensa de las relaciones con Cuba.

            Por su parte, el calificativo “castri-comunistas”, utilizado por la prensa y por la Policía para referirse a los ocupantes de la UdelaR, da cuenta de la creciente gravitación de la Revolución Cubana en el anticomunismo uruguayo, así como en las preocupaciones internas por defender el régimen político, frente de las actividades calificadas de “subversivas” y “sediciosas”. Las convicciones anticomunistas de los partidos de gobierno y su nula simpatía política hacia la Revolución Cubana no los colocó, de forma mecánica, en el mismo bando durante las discusiones sobre la ocupación, así como tampoco fue suficiente para unificarlos detrás del decreto de ruptura de relaciones. Estas preocupaciones compartidas no fueron el único elemento condicionante de las posiciones políticas durante la ocupación de la UdelaR.

El debate sobre la ruptura de relaciones con Cuba (y sobre la “cuestión cubana” en general) con las consecuentes reacciones populares, se cruzaron con el problema de la conflictiva relación entre la Universidad y el Gobierno, el papel de un movimiento estudiantil crecientemente politizado y atravesado por la recepción del proceso cubano, y los debates sobre el alcance de la autonomía universitaria, lo cual se expresó concretamente en la discusión sobre la legitimidad de un allanamiento y una desocupación compulsiva del edificio central por parte de la policía. De esta forma, la cuestión de la autonomía universitaria aparece vinculada con los problemas políticos nacionales, incluyendo la represión a las movilizaciones y a los proyectos políticos que un sector de las élites gobernantes interpretaba como un peligro para el régimen social que defendían. En este sentido, el sitio policial de setiembre de 1964 aparece precedido por una amplia campaña antiuniversitaria por parte de la prensa y de organizaciones políticas de derecha. 

Los debates sobre la ocupación de la UdelaR, también se vieron condicionados por acciones violentas y planificadas, con connotaciones políticas, así como por un clima de creciente represión estatal, en el marco de una situación regional pautada por el golpe de Estado en Brasil. Los sectores políticos y la prensa que pugnaban por la represión y el allanamiento del edificio de la UdelaR, establecían una continuidad entre los atentados y las movilizaciones contra la ruptura de relaciones, a través de un discurso que las presentaba como parte de la misma estrategia de infiltración antinacional con epicentro en Moscú, pero principalmente, en La Habana.

Los episodios categorizados de “violencia política”, junto a la represión policial anticomunista con la lógica del enemigo interno, han sido considerados y abordados como antecedentes del periodo de profundización de la lucha de clases y de la conflictividad social entre el año 1968 y 1973, en particular como factores explicativos del deterioro democrático y el Golpe de Estado. Pensar estos temas a través de un episodio concreto, puede permitirnos estrategias de conocimiento que los aborden como objetos en sí mismos, no desde el “resultado” posterior, sino como respuestas concretas de actores específicos, con sus intereses, sus expectativas, sus marcos culturales e ideológicos, posicionándose en el complejo entramado político de los tempranos años sesenta.

Para el abordaje integral de la “violencia política” en este período, es necesario superar el sesgo que tiende a poner el énfasis en los grupos armados actuando orgánica y planificadamente, que en nuestro país implicó centralidad en los análisis académicos y políticos del papel desempeñado por el MLN-Tupamaros. Entiendo que el problema central son los vínculos entre los diferentes tipos de violencia con connotaciones políticas: entre los atentados y acciones guerrilleras, las movilizaciones populares y los enfrentamientos con la policía en los márgenes de las movilizaciones, así como su relación con las estrategias desplegadas desde el Estado para controlar la protesta social.

El estudio de episodios como la ruptura de relaciones con Cuba y el sitio policial de la UdelaR, puede contribuir al cuestionamiento de una visión tradicional que remarcaba la excepcionalidad del proceso político uruguayo hasta fines de la década de 1960, con énfasis en la convivencia social y en las prácticas democráticas de los partidos de gobierno. En contraposición, al menos desde fines de la década de 1950, las organizaciones populares y las izquierdas eran sospechosas de una estrategia de infiltración internacional, siendo el blanco de discursos y prácticas que buscaban la proscripción política, un aumento de la escala represiva y una reducción de sus márgenes de acción.

En este sentido, las respuestas frente a la ocupación de la UdelaR y a la ruptura de relaciones con Cuba aparecen como síntomas de una fractura política interna, que se profundizó en los años inmediatamente posteriores. La cuestión de las interpretaciones nativas de la represión estatal y la violencia política, así como las percepciones de amenaza recíproca entre quienes denunciaban las conspiraciones del comunismo internacional, y quienes veían el avance del autoritarismo alineado con el Gobierno de los EEUU, se encuadraban en el contexto de polarización política de la Guerra Fría latinoamericana.  

Sin embargo, el proceso que llevó a la salida mediada en el conflicto de la UdelaR, muestra que no existía unanimidad en los partidos de gobierno sobre las estrategias para hacer frente a los movimientos sociales en dicho contexto.  El Consejo Nacional de Gobierno y el Parlamento no mostraron una posición unánime en el sentido de optar por la represión, antes de haber agotado todas las vías de negociación y diálogo. Por el contrario, la mayoría de los consejeros intentaron evitar los costos políticos de un asalto policial a la Universidad y del desalojo violento de estudiantes, varios de los cuales eran menores. En este sentido, sería relevante indagar sobre la importancia de una posible estrategia tendiente a evitar una mayor extensión y radicalización de la conflictividad social, como factor condicionante de los alineamientos y decisiones de los partidos de Gobierno en materia de política interamericana, y particularmente en relación con la “cuestión cubana”.  

 

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