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Inicio > Núm. 17 (2019) > Pis Diez

 

 

 

1966, universidades y anticomunismo: antecedentes y actores de una guerra fría también propia. El caso de la Universidad de La Plata

1966, Universities and Anti-communism: background and actors of an own Cold War. The case of the University of La Plata

 

Nayla Pis Diez*

Universidad Nacional de La Plata / CONICET

Recibido: 26/9/2019 – Aceptado: 18/11/2019

 

Cita sugerida: Pis Diez, N. (2019). 1966, universidades y anticomunismo: antecedentes y actores de una guerra fría también propia. El caso de la Universidad de La Plata. Cuadernos de Marte, 0(17), 83-111. Recuperado de https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/5136/4260

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Resumen

Este trabajo tiene por objetivo reconstruir lo sucedido en 1966 en la UNLP, tanto en su movimiento estudiantil como en su vida y organización institucional. Para ello, se tomará la coyuntura de 1966 como un episodio signado por el clima político, ideológico y cultural de la Guerra Fría cuyas características se visualizan en, por un lado, las políticas del régimen militar hacia las universidades. Por otro, en las disputas internas de un movimiento estudiantil atravesado desde la década anterior por divergencias en torno al significado de la Reforma Universitaria y su relación con la política universitaria (y en particular, el comunismo y el peronismo).

Palabras clave

Universidad, Guerra Fría, 1966, La Plata, Movimiento estudiantil

 

Abstact

This article aims to reconstruct what happened in 1966 at the UNLP, both in its Student Movement and in its life and institutional organization. To this end, the 1966 situation will be taken as an episode marked by the political, ideological and cultural climate of the Cold War, whose characteristics are visualized in the policies of the military regime towards the universities. On the other hand, in the internal disputes of the Student Movement (with divergences around the meaning of the University Reform and its relation to university policy).

Key Words

University, Cold War, 1966, La Plata, Student Movement

1. Introducción

El 28 de junio del año 1966 comenzó la primera etapa de un régimen militar autodenominado como “Revolución Argentina”. Con importantes apoyos de la Iglesia, las Fuerzas Armadas y no pocas organizaciones y corporaciones de la sociedad, el gobierno del general Juan C. Onganía proponía un proyecto de “modernización” del país por vía autoritaria. Este contenía objetivos específicos para el ámbito de la economía (su racionalización, por ejemplo), de la política y la vida sindical (su supresión o disciplinamiento, de acuerdo al caso) y de la cultura. Una buena parte de las transformaciones proyectadas a esos ámbitos fue realizada desde la óptica de la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional, otorgando a la “lucha contra el comunismo” prioridad absoluta dentro de la actuación de Fuerzas Armadas. En este marco, las universidades y el movimiento estudiantil se convirtieron en epicentro de aquella lucha contra la subversión.

Ahora bien, descripto este panorama inicial, varias cosas deben decirse. Primero, dicha concepción sobre las universidades no comenzó en 1966 ni fue contestada exclusivamente con represión. Durante buena parte del gobierno del radical Arturo Illia (1963-1966) en todas las universidades del país se vivieron protestas masivas, por razones de índole universitaria (como el aumento presupuestario) o más bien política, nacional e internacional. De acuerdo al especialista Pablo Buchbinder, durante esos años se impuso la doble percepción del movimiento estudiantil: como una amenaza al orden; y de las universidades como centros de “infiltración comunista”^[1]. Ya profundizaremos en esto, sólo cabe agregar que si una primera respuesta oficial fue exclusivamente represiva, hacia 1968/1970 se constituyó una segunda línea de acción que buscaba el reordenamiento y la modernización de las instituciones, cristalizada en la creación de más de una decena de nuevas universidades para 1973^[2]. Esta segunda línea se asentaba en un diagnóstico que observaba el enorme crecimiento de las matrículas, el bajo número de egresos, y una estructura universitaria considerada vetusta. Pero estos debates tampoco eran una novedad, ya desde fines de la década de 1950 cuestiones como la modernización y la recepción de fondos extranjeros para apuntalar la investigación científica habían sido largamente debatidas y criticadas por una parte del estudiantado, siempre bajo un esquema que encontraba en aquellos fondos una forma más de imperialismo.

En segundo lugar, no todo lo sucedido en 1966 en las universidades se explica por el accionar de las Fuerzas Armadas pues existían, en esa coyuntura y desde mucho antes, grietas internas que el golpe vino a atizar. Ya desde fines de 1950, el movimiento estudiantil estaba marcado por disputas, insertas en la lógica de la Guerra Fría pero atravesadas y resignificadas en función de importantes elementos locales, como fueran la Reforma Universitaria, el nacionalismo y el peronismo. Recientemente, Juan Califa realizó un análisis para la Universidad de Buenos Aires (UBA) encontrando que la colaboración de la derecha universitaria antirreformista resultó central para que la intervención de 1966 se asentara en sus primeros meses^[3]. Para él, ni el golpe ni la intervención universitaria actuaron como factores meramente “externos”. En el campo de estudios sobre la Guerra Fría en América Latina, son diversos los y las referentes que proponen una perspectiva atenta a los factores internos (políticos, históricos, culturales) que habrían dado forma a un impacto nacional y particular de aquella contienda global^[4]. Esto nos resulta sumamente útil para pensar los debates principales del movimiento estudiantil en el período y lo que en otros trabajos hemos denominado la “guerra fría reformista”, que no comenzó en 1966 ni se explica exclusivamente por el accionar norteamericano en la región^[5]. De alguna manera, nos proponemos recuperar el interrogante propuesto por Marina Franco^[6], respecto de cómo las ideologías de la Guerra Fría permearon las prácticas de los sujetos (en nuestro caso, en la universidad), dotando de significado acciones, posiciones políticas y tradiciones identitarias clásicas (como la reformista, cristiana y peronista).

En síntesis, buscamos articular elementos del campo de estudios sobre la Guerra Fría en América Latina (en particular, sus aspectos culturales, educativos y sus formas de la “batalla por las mentes”) con aquellos referidos a las universidades y el movimiento estudiantil en la historia reciente argentina. Esto nos permitirá colocar la coyuntura de 1966 como un episodio signado por el clima político, ideológico y cultural de la Guerra Fría cuyas características se visualizan en, por un lado, las políticas del régimen militar hacia las universidades. Por otro, en las disputas internas de un movimiento estudiantil atravesado desde la década anterior por divergencias en torno al significado de la Reforma Universitaria y su relación con la política universitaria (y en particular, con el comunismo y el peronismo).

Considerando lo dicho, hemos organizado el trabajo en dos apartados. Uno primero se ubica en los finales de la década de 1950, para recuperar debates en torno a la relación entre universidades, ciencia, desarrollo e imperialismo; como también, los posicionamientos estudiantiles que nos permiten observar esquemas típicos de la Guerra Fría aplicados a ese campo de disputas, incluida una de sus entidades claves, la Federación Universitaria de La Plata (FULP). Luego, el segundo apartado se encuentra enteramente dedicado a lo sucedido en 1966 en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y reconstruye sus repercusiones iniciales: las medidas de resistencia de la comunidad; así como los cambios que van a introducirse en aquel mapa de posicionamientos estudiantiles. Este trabajo se basa en fuentes documentales escritas y orales. Han sido de enorme utilidad registros de diarios locales; también el acceso a los documentos de espionaje elaborados por la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPBA), desclasificados por la Comisión por la Memoria (CPM); y por último, la palabra de protagonistas del período, con gran predisposición a compartir sus experiencias y recuerdos.

 

2. Modernización e imperialismo: dos ejes de debate en las universidades de los tempranos sesentas

Existe un consenso en el campo de estudios sobre universidades argentinas respecto de que durante el inicio de los años sesenta transcurrió una suerte de edad dorada, de renovaciones curriculares y de crecimiento de la investigación científica. En la UNLP, fueron las presidencias del químico Danilo Vucetich (1958-1961) y el abogado José Peco (1961-1964) las que mejor representaron aquella etapa, con, por ejemplo, el incremento de los profesores con dedicación exclusiva (instituido en 1958); la promoción a la investigación mediante programas de becas financiadas con CONICET y la Comisión de Investigaciones Científicas; la creación del Departamento de Extensión a fines de 1959; o la creación de cátedras y carreras “modernas” como Sociología (1957) y Psicología (1958). No obstante, debemos matizar y colocar grises sobre esta etapa. Por un lado, porque el mapa de las universidades nacionales amerita un estudio profundo, a completarse de acuerdo con la realidad de las unidades académicas y los sectores que, con distintos intereses y visiones estratégicas, convivían en ella. Además, los conflictos internos en torno al cómo realizar esos cambios no fueron pocos. Uno de ellos fue el suscitado en 1959 y 1960 alrededor de la recepción de fondos norteamericanos, a través de la Comisión Nacional de Administración del Fondo de Apoyo al Desarrollo Económico (CAFADE), entidad encargada de ordenar los convenios y programas de inversiones con Estados Unidos.

Durante 1959 y 1960, la oposición al Plan CAFADE fue la bandera de los jóvenes reformistas de izquierdas de Buenos Aires, La Plata y Córdoba[7]. En la UNLP, el tratamiento del tema, supuso dos posturas reformistas encontradas y una votación favorable a la aceptación de los fondos en mayo de 1960, por 14 votos contra 13 (con una cláusula que indicaba que no debían afectarse la autonomía y el autogobierno)[8]. El día de la votación, la dirección de la FULP caracterizó a CAFADE como “una imposición de EE.UU. para controlar nuestro desarrollo cultural”. En los pasillos de Humanidades y Derecho, facultades que compartían edificio con el Rectorado, las paredes estaban repletas de carteles con los lemas “CAFADE no, mayor presupuesto” y “Abajo el imperialismo yanqui”. Luego de la votación, los consejeros reformistas que apoyaron la recepción de fondos fueron, no solo abordados a golpes, sino también acusados de “vendepatrias” y “traidores” a la posición antiimperialista de la juventud reformista. Como bien indica la bibliografía especializada, el Plan CAFADE resultaba ser la primera muestra de una nueva etapa en la política de Estados Unidos hacia América Latina.

Según Leandro Morgenfeld, la Revolución Cubana marcó un antes y un después en la Guerra Fría en el continente. Orientado por la necesidad de Estados Unidos de abortar la potencial expansión de la influencia cubana, junto a las estrategias (económicas, diplomáticas o terroristas) de desestabilización de la experiencia revolucionaria, el gobierno de John F. Kennedy lanzó en agosto de 1961 la Alianza para el Progreso[9]. Para Adriana Puiggrós, esta suerte de Plan Marshall en versión latinoamericana, expresó una nueva concepción expansionista norteamericana en la que la reforma económica y social aparecía como una vía para enfrentar la subversión, complementaria a la acción represiva directa[10]. Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la OEA,  la UNESCO y la Comisión de Estudios para América Latina (CEPAL) fueron los vehículos fundamentales de tal orientación. En esta concepción, la educación y la cultura tuvieron un lugar clave. Y esto tanto en términos de erradicación del analfabetismo y elevación del nivel educativo promedio de la población, como de formación de élites educadas, de acuerdo a los patrones de vida y consumo norteamericanos. En plena guerra fría “cultural”, la promoción de recursos estadounidenses hacia la educación latinoamericana se empalmó, en nuestro país, con el proceso de modernización institucional y  de impulso a las actividades científicas en las universidades. Y si bien el grueso de los fondos fue de origen público, algunos núcleos más orientados por las políticas renovadoras recibieron fondos de las Fundaciones Ford y Rockefeller y se articularon con los organismos mencionados. Los casos de las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Exactas de la UBA, la Facultad de Medicina de Cuyo, el CONICET o la Comisión Nacional de Energía Atómica son algunas de las entidades públicas y estatales señaladas como receptores de tales fondos, a las cuales podemos agregar a las privadas Instituto Torcuato Di Tella o Fundación Bariloche[11].

Un breve repaso por la prensa platense nos muestra una fuerte presencia en la UNLP de ofertas de intercambio y convenios de financiación, acompañadas de un clima ideológico marcado por las preocupaciones en torno al desarrollo, la educación y la proliferación del comunismo. Entre 1960 y 1965, las convocatorias para realizar intercambios de grado o posgrado fueron constantes, abarcando áreas diversas como las de estadística y finanzas, sociología, geografía e historia, o geología y planeamiento urbano. En la mayoría de los casos, estamos hablando de becas que formaron parte de programas de intercambio pertenecientes a institutos y facultades ligadas a la OEA como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) o el Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística Económica y Financiera. Los convenios anunciados vía UNLP con instituciones extranjeras fueron de varios tipos. Con organismos internacionales como la ONU para, por ejemplo, poner en funcionamiento un instituto en la Facultad de Agronomía; con fundaciones de grandes empresas internacionales como Ford, Rockefeller o Fiat para recibir fondos[12]; con un organismo gubernamental como fuera la Oficina Científica de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que habría otorgado fondos a la UNLP para el desarrollo de investigaciones en física nuclear. Asimismo, diversas notas aparecidas en los diarios platenses informaban sobre el crecimiento de los fondos y los programas de becas en el mismo período, siempre positivamente y a modo de propaganda. Otras notas, con más contundencia, llamaban directamente a combatir el comunismo. Títulos como “Penetración comunista en la universidad” de abril de 1961, “Comunismo, todos le temen pero lo están provocando” de julio de 1962[13] o incluso toda una serie aparecida a razón de la Alianza para el Progreso y sus aportes a la educación y el desarrollo en el continente, nos ayudan a ilustrar el clima.

Es que no solo el marco político y cultural internacional explica la serie de posicionamientos de los medios platenses. El mismo contexto político de la ciudad es otra clave, pues la oposición estudiantil al imperialismo estadounidense y al Plan CAFADE fue continuada con fuertes manifestaciones de apoyo a la Revolución Cubana. Dos cosas deben decirse sobre el impacto de Cuba en la UNLP. Primero, durante los años 1960-1962, este acontecimiento se constituyó en un parteaguas, reavivando viejas disputas en torno a la relación entre reformismo, comunismo y peronismo y definiendo una suerte de “guerra fría reformista”. Esto es, una batalla constante entre las organizaciones estudiantiles en torno al tema, con acciones que fueron desde las simples declaraciones, las contiendas electorales, hasta los enfrentamientos armados. Tres “bloques” hacían parte de esta “guerra”: los reformistas de izquierdas ubicados en un “cubanismo” antiimperialista (identificados como socialistas, comunistas, trotskistas y con espacios de la “nueva izquierda”); las agrupaciones del reformismo “democrático” que, con sus críticas a las posiciones políticas de los primeros, representaban un anti comunismo renovado; tercero, organizaciones ubicadas en el antirreformismo como la cristiana Federación Universitaria de Estudiantes Libres (FUEL) o la nacionalista Tacuara, que coincidían en que la universidad atravesaba una “crisis moral” cuya causa radicaba en el avance de grupos liberales y marxistas. En segundo lugar, debe mencionarse la ofensiva represiva desatada sobre el movimiento universitario. La ola de discriminación, denuncias y detenciones sobre los jóvenes de izquierda; la represión policial y diversos atentados perpetrados por organizaciones anticomunistas hacia los Centros de Estudiantes reformistas, dan cuenta de un ataque hacia el reformismo de izquierdas que transcurrió por lo menos durante todo 1961. Esto marcó un repliegue en los jóvenes de izquierda y de 1963 en adelante, el actor predominante en aquel mapa fue el reformismo “democrático”[14].

 

3. El golpe de 1966 y la guerra fría “interna”: cambios y continuidades

El 28 de junio de 1966 Arturo Illia fue desalojado del gobierno, erigiéndose un régimen militar sin plazos pero con objetivos claros: transformar la estructura económica y el orden político del país. Una de sus medidas iniciales fue la supresión de toda actividad política, por lo cual fueron prohibidos los partidos, cerrado el Congreso e intervenidas las universidades. Tal como describe Alain Rouquié, el golpe militar se dio en un contexto de nula resistencia y reacciones sumamente débiles. Casi la única manifestación inmediata de hostilidad se dio en las universidades, ya colocadas en la mira de la opinión pública debido a las denuncias de “infiltración marxista”. Se inició así una “dictadura técnica” que dio cuerpo a un Estado “burocrático-autoritario”, cuyos puestos gubernamentales fueron ocupados casi exclusivamente por miembros de grupos católicos, de las Fuerzas Armadas y dirigentes de grandes empresas extranjeras[15].

Ahora bien, la caracterización del bloque de fuerzas que realizó el golpe no puede obviar el contexto de ideas, es decir, la lógica de la Guerra Fría latinoamericana, comandada por Estados Unidos y sus nuevas concepciones de “enemigo” respaldadas en la Doctrina de Seguridad Nacional. De acuerdo a esta, la acción de las tres armas tenía la finalidad de preservar los valores y el orden occidental, democrático y cristiano fronteras adentro, misión fundamental para un Ejército ya convertido a la lógica del combate del “enemigo interno”[16]. Durante 1965, la ambigua actitud de Illia frente al desembarco de tropas norteamericanas en República Dominicana radicalizó a las Fuerzas Armadas. La presión de la opinión pública, del movimiento estudiantil y de las organizaciones de izquierda movilizadas contribuyeron a la decisión presidencial del no envío de tropas al país caribeño. Para los altos mandos, significó una subestimación de la amenaza comunista a nivel latinoamericano, una inacción frente a la infiltración subversiva en los aparatos del Estado y las universidades y una inoperancia frente a la extensión de las guerrillas en el territorio argentino.

La bibliografía suele señalar dos elementos centrales para comprender las acciones ejercidas sobre las universidades tras 1966. Primero, durante el inicio de la década, el movimiento estudiantil y también una buena parte de la comunidad universitaria protagonizaron enormes protestas por mayor presupuesto. Las movilizaciones constituyeron una suerte de ciclo durante los años 1962-1965, logrando además articularse con las acciones del Plan de Lucha de la CGT entre 1963 y 1965 o las opositoras al envío de tropas argentinas a República Dominicana. De aquí, la noción de universidades como focos de “infiltración marxista”, tan extendidas en una parte de la política, las Fuerzas Armadas y la opinión pública. En segundo lugar, el aumento de la matrícula y la deserción estudiantil, constituyeron otro eje de problemas. La masificación de las universidades nacionales así como la eficiencia de los trayectos educativos, llevaron a la elaboración de políticas restrictivas hacia el ingreso, de creación de nuevas universidades y descentralización del sistema universitario, sustentadas en las nociones de planificación y modernización. Y si bien ambas constituyeron estrategias para despolitizar las universidades, la bibliografía señala que tras una primera fase fundamentalmente represiva, le siguió una segunda, más orientada a introducir cambios estructurales en el sistema universitario, con el “redimensionamiento” de las universidades tradicionales, protagonistas de la politización[17]. Nos enfocaremos aquí en la primera etapa mencionada.

 

I. Las primeras posiciones: contra el golpe y “todos los totalitarismos”

El mismo 28 de junio, la UNLP fue clausurada e intervenida militarmente. A los pocos días, el primero de julio, la actividad comenzó a reanudarse con la sesión de su Consejo Superior. Las posiciones respecto del cambio de gobierno fueron más bien ambiguas pues los consejeros no acordaron si la casa de estudios debía emitir una declaración como tal, menos lograron una caracterización común respecto de si se había dado un golpe de Estado o una Revolución. Finalmente, se aprobó una declaración que puso el énfasis no tanto en la situación del país sino más bien en la defensa de la autonomía, el cogobierno y las libertades públicas; es decir, en la defensa del ordenamiento interno de las universidades[18].

El 30 de julio fue sancionado el Decreto-Ley n. 16.912, al tiempo que el primer día de agosto se suspendieron las clases, que recién se reanudarían en septiembre. La normativa suprimía el gobierno tripartito y obligaba a los rectores y decanos a transformarse en interventores del Ministerio del Interior[19]. En Buenos Aires, la facultad de Exactas, tomada por estudiantes y profesores, fue desalojada violentamente, dejando como saldo un grupo considerable de detenidos y fuertes imágenes del hecho luego conocido como la “Noche de los bastones largos”. Rápidamente, la Federación Universitaria Argentina (FUA) repudió la normativa y convocó a la lucha contra un régimen militar que caracterizó como “al servicio del imperialismo, los monopolios y la oligarquía”. Por su parte, la FULP emitió un documento algo más ambiguo, en correspondencia con la orientación de las agrupaciones reformistas que la presidían. Luego de afirmar que “el país marcha hacia un régimen autoritario en lo político, con el cercenamiento de las libertades públicas y favorecidos del privilegio en lo económico”, se declaraba un rechazo a la intervención y una fuerte defensa de la autonomía universitaria y el cogobierno. Todo esto, aclarando también que eran sobredimensionadas las denuncias en torno a la “infiltración marxista” y recordando su oposición a “los totalitarismos de izquierda o derecha”[20].

La declaración de FULP no era aislada, realmente el lugar del marxismo en las universidades estaba puesto en debate, no exclusivamente por el gobierno, también por las agrupaciones más extremas en eso que llamamos la “guerra fría reformista”. Durante los primeros días de agosto, podemos contar alrededor de una docena de declaraciones de espacios que saludaban la intervención. Esta posición entre los estudiantes existía desde mucho antes que 1966. Es decir que era esperable de los espacios cristianos, como los Ateneos (de Humanidades, Económicas y Veterinarias), las agrupaciones Integralistas (de Medicina o Derecho) y los desprendimientos de la FUEL, desaparecida en 1964 y ubicada en el cruce entre el nacionalismo justicialista y el cristianismo. Todas ellas, ubicadas además en el antirreformismo, coincidían en la necesidad de desterrar al liberalismo y al comunismo de las universidades. La novedad en el mapa estudiantil radicó en el surgimiento de espacios con un fuerte tono de apoyo al golpe militar que, aprovechando una coyuntura de apertura política y oportunidad para el reconocimiento de su discurso, venían a fortalecer aquel bloque.

Ahora bien, la cantidad no hace necesariamente al peso real, por lo cual, cabe establecer algunas distinciones. Por un lado, tres de estos espacios conducían Centros de Estudiantes: Lista Facultad (independiente, antirreformista y con algunos referentes cristianos) en Agronomía, la cristiana Ateneo en Veterinarias y Lista Independiente de Derecho (no reformista y de centro derecha). Ellas sí lograrán marcar el ritmo de las acciones y asambleas en sus Facultades, además de tener un lugar en la dirección de la FULP. Por otra parte, algunas serán realmente activas, participando de asambleas e intentando que sus discursos calen en ellas. El Comando de Recuperación Universitaria es uno de esos espacios, así como también la articulación de organizaciones peronistas que durante ese año se dio a conocer como Federación Universitaria para la Revolución Nacional (FURN). La FURN surgió en 1966 como tal, aunque los grupos que hicieron parte de ella venían actuando desde por lo menos 1962 y muchas veces, en conjunto con el reformismo de izquierdas. La coyuntura de 1966 hizo que modificaran su posicionamiento[21].

Por último, cabe mencionar que muchos de esos espacios surgieron en 1966, haciendo “uso” de la oportunidad política que se abría, emitiendo sendas declaraciones pero sin lograr aumentar su participación real ni incidencia[22]. Quizás una excepción está dada por un grupo de profesores y graduados que afirmaron su apoyo a la Ley universitaria, bajo el argumento de que la universidad había padecido un período de decadencia y se encontraba en medio de “una verdadera guerra subversiva contra la comunidad nacional”. La misma tiene la firma de 29 personas, algunas pertenecían a ex miembros de FUEL[23].

 

II. La “resistencia activa” de la universidad platense

Si bien se ha caracterizado la coyuntura de 1966 como un “parte aguas” en la historia de las universidades, son diversos los estudios que hoy proponen no generalizar a partir de una imagen demasiado asociada a los sucesos acaecidos en Buenos Aires. En este marco, Claudio Suasnábar encuentra para la UNLP un escenario caracterizado, por un lado, por la inexistencia de renuncias masivas; por otro, por una “convivencia obligada” entre los interventores y un claustro de profesores casi intacto que manifestaba abiertamente su desacuerdo con el régimen[24]. Según el autor, la actitud del claustro de profesores fue resultado tanto de la presión ejercida por las organizaciones estudiantiles como del debate interno expresado en asambleas y posicionamientos colectivos. Al mismo tiempo, cabe decir que no tuvo lugar en la UNLP un hecho similar al de la represión ejercida en la UBA, lo cual de alguna manera, ayuda a explicar la posición asumida por aquel claustro, con un margen de acción mayor al que tenían sus pares porteños.

A tono con este escenario general, podemos decir que el desacuerdo masivo con el régimen militar se expresó a través de tres líneas de acción que representaron, a su vez, tres formas de resistencia. Primero, al nivel de las autoridades sí existieron renuncias importantes. Entre el 30 de julio y el 4 de agosto renunciaron el rector Roberto Ciafardo y todos los decanos de las nueve facultades, también los directores de las Escuelas Superiores de Bellas Artes y Periodismo y de los cuatro colegios universitarios. A las renuncias se sumaron las autoridades de Radio Universidad, de la Biblioteca Pública y de diversos institutos; incluso, renunció también el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Juan Sábato.

En segundo lugar, se establecieron asambleas interclaustro permanentes en la mayor parte de las facultades, en algunos casos incluso los Consejos Académicos se declararon en sesión permanente. Por ejemplo, el día 6 de agosto, El Día informa que varios núcleos de profesores, Jefes de Trabajos Prácticos (JTP) y ayudantes de diversas facultades se pronunciaron. En Derecho, 35 profesores firmaron contra el golpe pero llamando a permanecer en las aulas, Silvio Frondizi entre ellos; en Naturales, 53 docentes declararon el apoyo a la renuncia de Ciafardo; en Humanidades, un grupo de 50 ayudantes y JTP llamó a la “resistencia activa” y a la permanencia en las cátedras; en Ingeniería, 30 docentes emitieron una declaración que enfatizaba “el daño irreparable que dejará al país la aceptación de renuncias”. Con el correr de los días se sumaron espacios de graduados de Derecho y Arquitectura, de investigadores de Medicina (con una declaración de 54 firmas), de Humanidades (con 46 firmas, Rodolfo Agoglia y Joaquín Pérez, entre ellos) y 63 docentes de Química y Farmacia se posicionaron contra el golpe, solicitando además el rechazo de las renuncias en la Facultad de Exactas de la UBA[25]. Siguiendo el día a día del mes de agosto, contabilizamos alrededor de veinte declaraciones firmadas por un total de 500 docentes (de todas las jerarquías) y personal de investigación que, en general, llamaban a no adoptar la renuncia como medida de lucha.

La excepción la encontramos en Arquitectura donde entre los días 12 y 13 de agosto renunciaron 80 docentes dejando prácticamente paralizada a una Facultad que tenía 1.500 estudiantes activos. La medida además, contó con apoyo del Centro de Estudiantes que la definió como “una actitud ejemplar para el comienzo de la lucha”[26]. Se sumaron a ellos, tres profesores de Humanidades que también hicieron públicas sus denuncias, entre ellos, el jefe del Departamento de Ciencias de la Educación, Ricardo Nassif. En ambas Facultades, los Centros de Estudiantes estaban conducidos por agrupaciones reformistas de izquierda, donde primaba el comunismo. No obstante el apoyo prestado a estas decisiones, las organizaciones estudiantiles platenses no propiciaron las renuncias[27].

Debemos introducir una tercera forma de resistencia: la actividad estudiantil, heterogénea, pero encabezada por una FULP que asumió una actitud opositora inmediata. Como se dijo, tanto el reformismo como el movimiento estudiantil platense se encontraban atravesados por diversas líneas que, luego del golpe militar, continuaron e incluso se acentuaron. Por un lado, los cinco Centros de Estudiantes de Humanidades, Bellas Artes, Arquitectura, Medicina y Naturales, dirigidos por agrupaciones reformistas de izquierdas, elaboraron sus declaraciones en conjunto, con un tono menos corporativo y menos universitario de las emitidas por la FULP. Mediando agosto, tuvo lugar un fuerte debate en su Mesa Directiva que separó aún más las aguas. Estos habían llevado la propuesta de regresar a la FUA y de conformar una conducción mixta (es decir, que integrara a aquellos cinco centros) que fue rechazada por una parte del bloque “democrático”[28]. A pesar del cambio de gobierno, los espacios y acciones del estudiantado platense continuaban delimitados por aquella “guerra fría reformista”.

Al cierre del mes de agosto, cuando era inminente el nombramiento de nuevas autoridades, la situación se agudizó. La FULP convocó actos, manifestaciones y asambleas en todas las facultades con un comunicado que afirmaba, antes que nada, su “posición democrática y de oposición a los totalitarismos”, de lo cual se desprendía la defensa de la autonomía, la libertad de cátedra y el cogobierno. También defendía “el alto contenido moral de las renuncias” pero considerando que debían primero agotarse todas las instancias de lucha; por último, llamaba a la presencia activa de estudiantes en sus facultades[29]. Pero como podemos suponer, una afirmación como la que iniciaba la declaración dejaría en disconformidad a actores claves de la resistencia a la intervención, como fueron los Centros de Estudiantes conducidos por la izquierda reformista que no formaban parte de la FULP “democrática”. Casi en simultáneo, este espacio elaboró una solicitada en El Día que caracterizaba la situación de las universidades al tiempo que proponía un plan de lucha a seguir: 

 

1) La acción del movimiento estudiantil, orientado por la línea política de la FUA al impulsar las luchas por el aumento del presupuesto en 1964, contra el envío de tropas a Santo Domingo (...) infligieron una seria derrota a los grupos de privilegio en el país y a sus personeros en la universidad. 2) La intervención tiene como objetivo cortar ese proceso. La Ley rompe la estructura democrática e ilegaliza al movimiento estudiantil (…) Se elimina la libertad de cátedra y se establece la discriminación ideológica (…) Se marcha a reducir el número de estudiantes por universidad e impedir el acceso de los sectores populares (…)[30]

 

Finalizaba con una serie de puntos para la acción, entre los que se encontraban, la reapertura de las universidades y la reanudación de las clases; la realización de asambleas y actos desconociendo el Decreto Ley n. 16.921 y la articulación con los sectores del sindicalismo que ya habían pasado “de la expectativa a la desconfianza” respecto del gobierno.

 

III. Posiciones que cambian: radicalización reformista y un nuevo “bando” para cristianos y peronistas

En este contexto, particular impacto tuvo lo sucedido en Córdoba, donde, el 18 de agosto la represión a una manifestación dejó 200 detenidos y una importante cantidad de heridos. El mismo día, un grupo de estudiantes integralistas decidió comenzar una huelga de hambre contra el régimen en la Parroquia Cristo Obrero. Con el correr de los días, la medida se replicó en Chaco, Corrientes y San Luis. En La Plata, manifestaron su solidaridad con la osada medida los Centro de Estudiantes de Medicina y Humanidades, los Movimientos Socialcristianos de La Plata y los Ateneos de Humanidades y Química y Farmacia. A partir de aquí, en cada manifestación estudiantil las iglesias de la ciudad contarán con guardia especial.

El 25 de agosto tuvo lugar además el nombramiento de nuevas autoridades universitarias, del rector-interventor Santiago Gorostiague y los decanos de buena parte de las Facultades. A los pocos días, las casas de Gorostiague y Antonio Bonet (interventor de Humanidades) fueron atacadas con bombas de alquitrán. Es que, ambas cuestiones, la radicalidad del estudiantado nacional y los cambios locales, colaboraron en radicalizar las posiciones del estudiantado platense. Los días 26 y 27 estuvieron marcados por continuos actos relámpagos en diversas arterias de la ciudad: en todos ellos los estudiantes se agrupaban y dispersaban rápidamente, arrojando volantes de la FULP o, por caso, un cerdo pintado con frases críticas hacia la dictadura. La fuerte represión sobre los actos e intentos de movilizaciones fue una constante, el día 27 cuatro estudiantes fueron apresados. Al día siguiente, fueron detenidos 23 estudiantes latinoamericanos (16 de Perú, el resto de Bolivia y Honduras) al cierre de una misa en la Iglesia San Ponciano pues la policía había sido alertada por “extraños movimientos”.

El día 29 asumieron Gorostiague y los decanos de siete Facultades en una universidad prácticamente amurallada por la presencia policial. La FULP había convocado una “marcha del silencio” que, al ser impedida, adoptó la forma de manifestaciones y actos relámpagos bajo la consigna “Junto a la FULP para resistir a los interventores y su séquito de obsecuentes”. La represión fue también la nota del día, dejando el saldo de treinta detenidos[31]. Al día siguiente, nuevas escaramuzas entre los estudiantes y las fuerzas represivas acabaron con otros quince detenidos, dos periodistas heridos y la Iglesia San Ponciano (donde un grupo de estudiantes se había refugiado) desalojada.

A partir del primero de septiembre y con autoridades ya nombradas, las clases debían reiniciarse. En este nuevo contexto, la FULP convocó a asambleas en todos sus Centros y a una manifestación que luego de ser reprimida con golpes y gases lacrimógenos, dejó otros tres detenidos y varios heridos. Las asambleas definieron la realización de huelgas estudiantiles que paralizaron por los días siguientes la UNLP. En la Facultad de Naturales la asamblea estudiantil repudió el nuevo decano y acordó no asistir a clases. Luego de esto, el interventor presentó su renuncia y la Facultad fue cerrada bajo custodia policial. Cabe decir que los Centros de Estudiantes de Agronomía, Veterinarias y Derecho fueron las excepciones en este escenario dominado por las posturas de resistencia a las intervenciones. Recordemos que los tres Centros estaban conducidos por agrupaciones no críticas del gobierno militar. Las huelgas, en el resto de la UNLP, se sucedieron hasta el día 7 de septiembre. Ese mismo día, una nueva manifestación dejó ocho detenidos, entre ellos, las estudiantes de Humanidades Liliana Galletti y Martha De Pierris.

Las medidas de lucha continuaron durante todo septiembre. En Humanidades, la policía intentó apresar a Néstor Brutti al momento de abrir la cooperativa del Centro de Estudiantes; Brutti se resistió a los gritos, los estudiantes salieron de las aulas y hubo forcejeos con la policía. El resultado fue de tres estudiantes presos (Brutti, Julio Nolazco de Perú y Danni R. Laguna de Bolivia), una huelga estudiantil y una convocatoria a la comisaría para exigir la libertad de los detenidos. Luego de esto se sucedieron asambleas masivas en las facultades de Medicina, Arquitectura, Derecho, Naturales, Química y Farmacia e Ingeniería. El día 10 de septiembre, Humanidades estuvo paralizada por un paro estudiantil y por una fuerte presencia militar que se mantuvo toda la jornada[32].

En este marco, llegó el 12 de septiembre la noticia de la muerte del cordobés Santiago Pampillón. Las actividades estudiantiles en su repudio se repitieron en todas las facultades, menos en Agronomía y Veterinarias; un grupo de estudiantes organizó una ceremonia religiosa en San Ponciano, al tiempo que la UNLP suspendió las actividades por duelo. El día 13, un acto organizado por la FULP terminó con nuevos incidentes. Producto de los golpes policiales, una estudiante de Periodismo cayó inconsciente al piso. Coincidimos con Pablo Bonavena en que la muerte de Santiago Pampillón modificó las posiciones en el mapa estudiantil[33]. Es decir que una parte de las fuerzas que habían apoyado el gobierno militar, o habían tomado posturas realmente ambiguas al respecto, pasaron al “bando” de quienes lo repudiaban. Un ejemplo claro lo encontramos en el Centro de Estudiantes de Agronomía y la Lista Facultad, que se plegaron a la huelga general convocada por FULP al cumplirse un mes de la muerte de Pampillón. Las excepciones continuaron siendo los Centros de Estudiantes de Veterinarias y Derecho cuyas posiciones no cambiaron. Otro caso, quizás más resonante, está dado por grupos identificados con el peronismo y agrupados en la FURN, que surgió “oficialmente” mediando el 1966. Estos habían pasado, de articular con la izquierda reformista en 1963-1965 a criticarla abiertamente en 1966 y, más aún, colocarse en una posición de “apoyo expectante” al golpe militar. El correr del año y el asesinato de Pampillón modificaron esa posición.

Durante 1966 y los años siguientes, las posturas estudiantiles no iban a hacer más que complejizarse, entre otros motivos, porque la represión gubernamental obligaba a buscar nuevos aliados. Por caso, en septiembre de 1966, una campaña por la apertura del Comedor realizada por la FULP, encontró en la Asociación Obrera Textil y en el gremio de los obreros de Correos y Telecomunicaciones importantes aliados que abrieron incluso las puertas de sus locales para recibir donaciones. Para fines de septiembre de 1966 nos encontramos con un reformismo unido en la necesidad de afianzar dicha relación pues quedaba claro que “a través de este gesto, se ha abierto una ancha puerta que los estudiantes no sabíamos aún como transponer”, es decir, los desencuentros de “los últimos 20 años entre obreros y estudiantes”[34]. Ya cerrando el año, cuando las medidas de fuerza estudiantiles comenzaban a mostrar signos de desgaste, tuvo lugar otro gesto importante como fue el apoyo de la FULP a la huelga general convocada por la CGT para el 14 de diciembre, en medio de fuertes protestas de los gremios portuarios, ferroviarios y azucareros de Tucumán. En dicha ocasión la entidad estudiantil no dejó de posicionarse en favor de “superar pasados desencuentros” con dicho actor así como también definir objetivos comunes y realizar actos de unidad concreta.

 

4. Palabras finales

Dos objetivos han guiado este trabajo. Por un lado, se buscó reconstruir lo sucedido en la coyuntura de 1966 en la UNLP, tanto en su movimiento estudiantil como en su vida y organización institucional. Seguro esta segunda línea deberá profundizarse con indagaciones que, por ejemplo, observen las acciones moleculares (en cada unidad académica) o que sigan el correr de 1967 y los efectos en la UNLP de los planes de modernización. Pero además, intentamos colocar esa reconstrucción empírica en una perspectiva de análisis cruzada: atendiendo al campo de estudios sobre universidades y movimiento estudiantil argentino (los factores internos y locales) y, a su vez, al que trabaja la Guerra Fría cultural en América Latina. ¿Cuánto de ese clima político, ideológico y de índole internacional, nos permite visualizar debates, problemas y posiciones de actores locales? ¿Qué mediaciones, usos y resignificaciones existieron en 1966 y antes?

Como vimos, el esquema Comunismo vs. Anti comunismo o Imperialismo vs. Latinoamericanismo no llegó a la UNLP en 1966, pues desde fines de 1950 ordenaba el mapa estudiantil reformista. Algo similar ocurría con esos binomios aplicados al debate en torno a las funciones de la universidad y la ciencia. Esto nos permite colocar un matiz en aquella imagen tan repetida por la bibliografía que propone a 1966 como un “parte aguas” en las universidades argentinas: ¿En qué sentido, cómo y para quiénes 1966 constituyó un antes y un después? Primero, no hay dudas de que la legislación sancionada en 1966 sí supuso una ruptura en la forma de cómo las casas de estudio se ordenaban internamente al suprimir los principios más básicos de la Reforma Universitaria. Por esta razón, muchas organizaciones adquirieron una nueva dinámica cotidiana (quizás más clandestina, con nuevos repertorios de acción y otros espacios de encuentro y circulación) que se inició como respuesta a aquella política universitaria y represiva del régimen. Pero esto no quiere decir que el reformismo como eje de reivindicaciones haya quedado también suprimido u obsoleto. De hecho, los posicionamientos estudiantiles mayoritarios durante el año dicen lo contrario. Ahora bien, sí hubo desplazamientos que cabe considerar, por su peso posterior: tras el asesinato de Santiago Pampillón, un sector cristiano y la FURN se colocaron en una posición tan crítica del régimen como del reformismo. Para este segundo espacio 1966 sí actúo como “momento fundacional”, pues crecerá ocupando un espacio político que estaba vacante en la UNLP. Sin embargo, esto no nos permite concluir que 1966 haya constituido una ruptura de peso cuantitativo en el mapa global de fuerzas estudiantiles, al menos no lo fue en el corto plazo y los tres “bloques” de posiciones continuaron ordenando actores y posiciones.

 

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- Documento Federación Universitaria de La Plata en: CPM – Fondo DIPBA, División Central de Documentación, Registro y Archivo. Mesa A, Carpeta Estudiantil, Leg. 1.

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