Introducción

En este artículo se recogen los resultados de una investigación doctoral en estudios sociales donde se analizó la compleja relación entre sujeto y espacio, pero, en esta ocasión, se enfatiza un aspecto particular: las dinámicas históricas y sociales que incidieron en la construcción de las ciudades colombianas a partir de lo que definimos como ciclos de desposesión/ocupación, es decir, ciclos inaugurados por expropiaciones de tierras y la respuesta organizada de resistencias populares. Es, en todo caso, una reflexión sobre importantes acontecimientos en la historia reciente del país, en la cual se pone el acento en el conflicto habitacional en las ciudades, y sus raíces históricas en la expropiación de tierras.

De manera sintética, proponemos una lectura del conflicto urbano/habitacional desatado en los años cincuenta del siglo pasado, entendido como una respuesta a ejercicios de desposesión masiva en las ciudades y el campo, no como un punto de origen. Esta idea contraviene el “conocimiento común” sobre este fenómeno, que intenta criminalizar la acción popular de toma/ocupación de predios. Se propone, entonces, un análisis social de los hechos de ocupación centrados en la siguiente pregunta: ¿Qué paralelismos podemos trazar para, de esta manera, comprender la regularidad de dos conflictos históricos, separados por casi un siglo, y cuyo denominador común ha sido la tensión entre fuerzas poderosas de expropiación de tierras y la organización política de sectores populares que articularon formas de acción directa para el acceso a la propiedad? En suma, ¿cómo comprender el contenido político de estos acontecimientos históricos más allá de una mera matriz normativa, legalista y represiva?

Siendo consistentes con este interrogante, la ocupación sería un ejercicio de recuperación histórica de predios colectivos, que la ley ha reconocido que debían servir para atender la necesidad de vivienda popular. Es un ejercicio que, en estos términos, supone pues una forma de justicia para sujetos violentamente desposeídos de sus bienes ante la pasividad/complicidad del Estado.

Así, en este estudio se intenta recuperar el sobresaliente papel de las luchas urbanas por la vivienda, la ocupación y la recuperación de predios en la construcción de ciudades como Cali y Bogotá a lo largo del siglo XX, al tener como tesis principal que los conflictos urbanos en Colombia ocurridos en el siglo XIX y XX, comentados en este artículo, pueden ser explicados como ciclos de violencia motivados por el acceso y control de la tierra: inician por la puesta en marcha de complejos procesos de expropiación de predios, ejecutados por sectores latifundistas, paraestatales o criminales que pauperizan las clases populares, y la respuesta más o menos organizada de estos sectores para la toma y recuperación de predios.

Para desarrollar el presente estudio se tomaron en cuenta tres fases de análisis. Primero, los antecedentes de las luchas viviendistas a mediados de siglo XIX, que dan cuenta de una forma de lucha autóctona que hereda métodos de lucha urbana en Cali. Luego, se abordó el contexto de disputa territorial conocido en Colombia como La Violencia, acontecimientos que antecedieron y pueden explicar el auge de la lucha histórica (años cuarenta en adelante) por la recuperación de la vivienda urbana a partir de tomas de predios. Finalmente, se rastreó la historia de estos movimientos populares con organizaciones políticas, como Provivienda, y su aparente desaparición a finales de siglo.

Metodología

La metodología implementada consistió en un estudio documental y cualitativo en el que se rastrearon distintos acontecimientos históricos con los cuales fue posible “graficar” el conflicto espacial/habitacional en el país, durante los dos últimos siglos. Esto supone que el estudio que aquí se presenta no es un estudio historiográfico en sí mismo, sino un análisis social de hechos históricos que pueden ser contrastados, al entender su singularidad, para comprender dinámicas sociales complejas. Por otra parte, el archivo sobre el que se desarrolló el estudio comprende investigaciones académicas convencionales, disertaciones doctorales, magistrales, investigaciones participantes, historiográficas, estudios críticos, documentos oficiales y leyes.

Además de lo señalado, el diseño metodológico implementado, que se ocupa del estudio histórico de prácticas en confrontación, conocido como ontología política relacional espaciosubjetiva (Vargas-Murcia, 2021, 2024a, 2024b, 2025) es una propuesta analítica de inspiración sociológica y filosófica a partir de un cruce singular entre las obras de pensadores como Henri Lefebvre, David Harvey, por un lado, y de Michel Foucault, por otro, que reivindica el papel de los sujetos en los procesos históricos de configuración de las ciudades y de distintos conflictos socio/espaciales en un periodo determinado.

Aplicada al estudio que nos compete, la ontología política relacional consistió en explorar, en acontecimientos históricos particulares, los rastros de una pugna social entre fuerzas que intentan, por una parte, controlar espacios sociales importantes y expropiar de estos a numerosos sujetos mediante distintos procedimientos sociales, culturales, políticos y de violencia organizada; y, por otra parte, las luchas de sujetos populares, colectivos, barriales y campesinos para resistir la embestida expropiadora. El análisis político de tales acontecimientos históricos, como lo entendemos, invita a cuestionar los relatos oficiales sobre la historia de la ciudad al hacer visibles ejercicios de violencia que exceden la historiografía oficial y permiten situar todas las acciones políticas/reivindicativas, como una fuerza urbanizadora que merece reconocimiento.

De esta manera, en la presente investigación se toma distancia de relatos convencionales que analizan la construcción de las ciudades satanizando los procesos de toma de predios, catalogándolos como expresiones de criminalidad, mientras se ocultan formas de expropiación sufridas por los sectores populares. En cambio, detrás de las historias de censura moral dirigidas hacia los ocupantes es posible entrever ejercicios de activismo político, una expresión de justicia histórica, que fueron determinantes para darle materialidad a las ciudades que hoy día conocemos.

Por esta razón, se hace un uso cuidadoso de expresiones como ocupación y recuperación de predios, y se excluyen otras como “bandidaje” o “invasión”, al entender que el uso de estas nociones implica apreciaciones político/morales que impactan el análisis. Un argumento similar fue expuesto en su momento por Massidda (2023) que, en su estudio de los desplazamientos forzados durante la dictadura argentina, señala cómo se persiguió con crudeza las ocupaciones populares de barrios, en las que los sujetos populares resistieron mediante procesos de reocupación y refundación de estos espacios resignificándolos.

Discusión

Antecedentes de la disputa por los terrenos colectivos en las ciudades

El fenómeno de las ocupaciones populares de terrenos para la construcción de barrios populares en Colombia ha merecido una atención exhaustiva de parte de los expertos sobre la ciudad, quienes se han centrado en abordar las movilizaciones barriales ocurridas a lo largo del siglo XX en distintas ciudades. Como resultado de este esfuerzo, hoy en día contamos con una vasta bibliografía historiográfica y sociológica que documenta el conflicto urbano, con particular énfasis a partir de los años cincuenta, dado el impacto del movimiento cívico barrial/popular cuyo auge se dio como respuesta a La Violencia que azotó al país.

Y es que, en efecto, hay buenas razones para destacar este momento en particular. Por mencionar una razón, el proceso de hiperurbanización que sufrieron las ciudades colombianas en ese periodo ha merecido una observación detallada puesto que, dada su naturaleza, contraviene otras formas históricas de urbanización típicamente documentadas. Fue, en términos estrictos, un proceso de urbanización impulsado por la violencia, diferenciado radicalmente de la urbanización por razones económicas, esquema típicamente capitalista usado de forma paradigmática para explicar otros casos históricos de desarrollo. Tal novedad temática, teórica y conceptual ha llamado la atención de destacados analistas y aún hoy es una fuente importante de reflexión para quienes se interesan por la ciudad colombiana y latinoamericana como problema de estudio.

Sin embargo, dicho énfasis no puede conducirnos al equívoco de pensar que la ocupación, la lucha popular por el acceso a las tierras fue una estrategia popular exclusiva del siglo XX. Por el contrario, las estrategias por la recuperación de espacios en las ciudades ya se habían documentado en Colombia desde el siglo anterior, pero con un carácter menos masivo, proporcional al tamaño de las ciudades del momento y con sus obvias particularidades. Por ahora, suspendemos el estudio del período de auge de las ocupaciones de predios, a mediados de siglo XX, para abordar sus antecedentes.

Ante la pregunta por las raíces de las acciones directas para la recuperación de suelos es necesario aproximarse a un momento mucho menos estudiado por los teóricos de la ciudad, y que merece más atención de los especialistas: las acciones de las cuadrillas democráticas de salvaguarda ejidal del siglo XIX, presentes en importantes ciudades colombianas como resultado de las tensiones políticas, económicas e ideológicas que afloraron con la apertura al libre cambio, en especial, bajo las administraciones de Tomás Cipriano de Mosquera y José Hilario López.

Más allá de las intrigas políticas del momento, nos interesa la articulación de dicho movimiento político/popular nacido con una apuesta ideológica clara, con impacto nacional, y cuyas actividades tuvieron incidencia en el objetivo de este estudio: las sociedades democráticas y sus cuadrillas de recuperación de tierras.

Las sociedades democráticas de artesanos se gestaron en la primera mitad del siglo XIX, y alcanzaron un momento crítico en 1848, cuando saltaron a la escena política al oponerse con contundencia ante los gobiernos librecambistas. Dichas sociedades pueden ser entendidas como un movimiento en ciernes, una organización política que proliferó en el territorio colombiano mediante la articulación de distintos estamentos sociales en un proyecto político con un fuerte arraigo local.

Con contradicciones internas y disputas ideológicas, como es natural, fueron una pieza importante en la consolidación de la modernización política de un país todavía joven. Según Torrejano Vargas (2007, p. 174), “En sus filas participaron comerciantes, campesinos, empleados públicos, sacerdotes y políticos de carrera reunidos alrededor de un proyecto político nacional orientado a auspiciar el desarrollo democrático de la nación”.

Además de la característica multiestamentaria de la organización, los historiadores enfatizan el carácter popular de las sociedades democráticas, en especial, el papel dirigente desempeñado por sectores del artesanado. En buena medida las acciones de las sociedades democráticas, su particular aversión al librecambio, por ejemplo, pueden explicarse gracias a la naturaleza interclasista de la organización y al trabajo ideológico que desempeñaron algunos sectores de las clases populares, la pequeña burguesía criolla, y el artesanado, que veían sus intereses afectados con la apertura del país a la industria extranjera.

Por otra parte, el papel militante del artesanado, vanguardia política y clase dirigente en términos casi gramscianos, fue determinante para la consolidación de las sociedades como base de la política nacional, pues, como lo recuerda Rueda-Enciso, “poseían una tradición política y eran la capa más ilustrada dentro de las gentes del pueblo” (Rueda-Enciso, 2015, p. 4). Fruto del encuentro de tantos estamentos sociales frente al papel dirigente del artesanado, en el seno de las sociedades democráticas circularon idearios republicanos radicales, tendencias socialcristianas, liberalismos de base y hasta socialismos premarxistas, ya que “Adoptaron principios socialistas emanados de las enseñanzas de la revolución francesa de 1848, constituyéndose en el medio social en que tomaron cuerpo las tendencias utópicas y románticas" (Rueda-Enciso, 2015, p. 10).

Además de los debates ideológicos, las sociedades también impulsaron formas de acción directa que caracterizaron el ala beligerante de las sociedades. Así, “las bandas de zurriago” o “de perreros”, creadas dentro de las sociedades de artesanos tenían la finalidad de confrontar la expropiación de bienes comunes impulsada por los terratenientes. Veamos el caso de la ciudad de Cali:

Entre 1848 y 1851, concretamente, la población que componía esas sociedades se enfrentó a la vieja aristocracia terrateniente en defensa de derechos consuetudinarios. Este enfrentamiento dio lugar no solo a arengas públicas y reuniones convocadas por los asociados, sino también a motines, revueltas y asonadas, entre las cuales, por su carácter particularmente violento, se distinguió aquella conocida como del “perrero” o del “zurriago”. (Duque Castro, 2010, p. 181)

Ante este hecho histórico, destacadas analistas como Naranjo-Botero (2019) y Pacheco G. (1987) reconocen en las bandas de zurriago caleño un antecedente histórico de la lucha viviendista del siglo XX (como se conoció el movimiento organizado de toma de predios, ocupación y construcción de la vivienda popular en el país a partir de la década de los cincuenta), justamente porque eran acciones políticas reivindicativas que apuntaban claramente a cuestionar el uso de la propiedad del suelo, reclamo recuperado en las luchas por la vivienda a lo largo del siglo XX.

Según las especialistas, el conflicto caleño inició a causa de la apropiación latifundista de tierras comunes. La desposesión de comunes no era un fenómeno local, el liberalismo gobernante de la época los había puesto en riesgo para adelantar un proceso de modernización capitalista del mercado inmobiliario. Así, el caso caleño es solo un ejemplo de la modernización intensiva de propiedad que implicó la política liberal del siglo XIX.

En 1834, señores como Bautista Cayzedo adelantaron medidas unilaterales para cercar terrenos en disputa, cuyo uso libre y común se tenía garantizado por costumbre. La intensificación de la apropiación de los bienes comunes y la expulsión de quienes se beneficiaban de los ejidos impulsó casi un quinquenio de luchas intensivas por parte de cuadros políticos vinculados a la sociedad democrática, que intentaban recuperar la naturaleza ejidal de estos suelos por distintos medios legales y de acción directa. Las afrentas latifundistas, entonces, habían terminado por tensar aún más una situación que parecía llegar a la fractura social dado el contexto socioeconómico particularmente convulso de la ciudad (Pacheco G., 1980).

En la acción particular de Cayzedo se cortaba un camino que conectaba la ciudad con el puerto sobre el Río Cauca y que había permanecido como bien de uso común desde tiempos inmemoriales. Ante el hecho, la acción popular se activó en defensa de bienes que los insubordinados consideraban como ejidos, tierras cuyo estatuto hunde sus raíces en el derecho español.

El ejido, y las tierras comunes en general, son instituciones clave para desentrañar los conflictos territoriales colombianos. En realidad, el conflicto alrededor de los ejidos, puesto en el centro por la acción directa en el siglo XIX, fue un elemento clave en la disputa por la tierra rural y urbana en Colombia durante los siglos XIX y XX. A propósito de esto, Pacheco G. (1980, p. 10) afirma:

los problemas de la cuestión Ejidos están inmersos dentro de los grandes conflictos que configuran la historia agraria de nuestro país; pero, también, están íntimamente ligados a la historia urbana, sobre todo, a partir del momento en que las ciudades fueron configurándose como tales, en un proceso jalonado por el desarrollo económico y político que experimentaba la nación.

Por ende, los ejidos, así como otras formas de propiedad provenientes del derecho colonial español, como las tierras dehesas y de propios, eran “un conjunto de tierras importantes y peculiares respecto del conjunto de las demás tierras por cuanto las determina como de propiedad del común, esto es, no privada, y para usufructo de las gentes —todas— del lugar” (Pacheco G., 1980, p. 12). Fueron, en pocas palabras, bienes que, dada la costumbre, tenían bien establecida su inalienabilidad, por lo que se debía garantizar el derecho de acceso y goce a todos los habitantes del municipio.

De esta manera, los hechos de apropiación latifundista detonaron una respuesta popular violenta que se expresó en un conjunto de actividades que incluyeron la conformación de cuadrillas para el amedrentamiento de los terratenientes en las que los zurriagueros recorrían de noche las calles de Cali arengando, escribiendo amenazas anónimas y atentando contra la integridad de las viviendas; el levantamiento de juicios en el Concejo municipal, en los que se exigía el restablecimiento de la naturaleza común de los predios en disputa; y la acción directa, con escenarios de violencia, en los que se reclamó la entrega de las tierras, y que incluyó asesinatos, robos e incendios.

Para 1854, el movimiento de recuperación de predios vio diezmada su fuerza con la caída del gobierno del general José María Melo, impulsado por las sociedades democráticas. A juicio de Pacheco G. (1987, p. 229), luego de la sublevación melista “todos aquellos a los que se identificó como zurriagueros y con la Democrática del 49, fueron escarmentados severamente”. Ello derivó en la caída de las acciones violentas, y en la aparente desactivación de la sublevación, la cual, a pesar del revés, dejó lo suficientemente bien asentada la bandera de la recuperación de los ejidos.

Producto de esta herencia, a partir de 1862 se proclamó una política ejidal para Cali, consistente en la adquisición de terrenos por parte de la administración municipal que fueron consagrados como ejidos y posteriormente urbanizados: "Una parte considerable de la actual área urbana de la ciudad está ocupada por barrios —ejidos—” (Pacheco G., 1980, p. 28).

Ahora bien, tres elementos permiten entender las razones subyacentes al conflicto socio/espacial en el caso caleño. Primero, la intensificación de la apropiación de la tierra por parte de las élites terratenientes, lo que caldeó los ánimos; segundo, la dramática situación económica por la que atravesaba la región en ese momento (parálisis de la economía agraria, conflictos derivados por la abolición de la esclavitud, y los conflictos civiles, etc.) que empujó a la desesperación a estos sujetos; y, tercero, la progresiva toma de conciencia de las masas populares, posibilitada por su participación política en las sociedades democráticas.

Estos factores, como veremos, son elementos clave para entender las dinámicas históricas del conflicto urbano en Colombia. La apropiación masiva de predios comunes por parte de latifundistas, por señalar solo el primer punto, ha sido una constante en la historia colombiana que ha derivado en distintos ciclos de violencia. Pasemos, ahora, a analizar las ocupaciones en el siglo XX.

Expropiaciones en La Violencia y su papel en el desplazamiento masivo

El inicio de las ocupaciones masivas y populares de predios se incrementó en los años cincuenta del siglo XX por dos razones principales. En primer lugar, el país venía experimentando una verdadera explosión demográfica impulsada por el desarrollo de la incipiente industria nacional y por las crecientes rentas cafeteras. Solo en la primera mitad del siglo, la ciudad de Bogotá pasó de tener cerca de cien mil habitantes a superar el medio millón (Torres Carrillo, 2013).

Además, desde los años cuarenta se estaba gestando un estallido de violencia bajo la apariencia de una disputa política entre los partidos tradicionales.¹ Entender a cabalidad este ciclo violento es un primer paso para comprender las complejidades del conflicto urbano colombiano. Por ejemplo, solo unos meses antes de su asesinato, en febrero del 48, el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, había alzado la voz —en su famosa Oración por la paz— para denunciar el exterminio de su movimiento político por parte de fuerzas asociadas al régimen oligárquico. En realidad, bajo la superficie, se articuló una estrategia de apropiación de predios rurales por la fuerza, y un proceso de exterminio de las fuerzas populares, lo que derivó en una ola de desplazamientos de campesinos hacia las ciudades, con asesinatos y masacres aupados por los terratenientes. La estrategia implicó el uso de escuadrones, militantes y miembros de la fuerza pública —antecedentes del moderno paramilitarismo colombiano— que servían como brazo armado de dirigentes políticos, fuerzas del Estado y terratenientes.

Estos grupos se articularon en torno al proyecto político latifundista de acumulación de tierras, con componentes protofascistas y un claro odio al socialismo y comunismo, discurso que les sirvió como cemento ideológico. Ya cohesionados, establecieron como metas claras el asesinato de dirigentes gaitanistas que amenazaban la consolidación de su proyecto, y la expropiación masiva del campesinado que, a la fecha, había sido el motor de la ampliación de la frontera agrícola del país. En suma, la función de estos grupos consistió en “despojar y desalojar a los colonos pioneros que habían valorizado con su trabajo las laderas vírgenes" (Naranjo-Botero, 2019, p. 26).

Este contexto deja claro un asunto; contrario al sentido común histórico, la propagación de la violencia latifundista en Colombia antecedió al levantamiento popular ocasionado por el magnicidio de Gaitán. Autores influyentes como Bushnell (2004) y divulgadores históricos como LaRosa y Mejía (2013) consideran la violencia de los años treinta y cuarenta como actos marginales, usualmente presentados fuera del contexto de la expropiación latifundista y del exterminio al movimiento gaitanista, mientras presentan al periodo de La Violencia apenas como una expresión de animadversión partidista.

Esta cultura hegemónica histórica, por tanto, parece persistir en la idea de que el detonante de la violencia moderna del país fue justamente el magnicidio de Gaitán, suceso dado como un hecho aislado y el gatillador definitivo de la conflagración. Pero poco o nada se mencionan las raíces del recrudecimiento de la violencia: el conflicto socioespacial de predios rurales y urbanos o el genocidio del gaitanismo. Tal creencia es un elemento clave de la discursividad oficial, ya que tiende a ocultar la responsabilidad de los dirigentes políticos, los partidos y del mismo Estado en el estallido de la violencia que sigue azotando al país.

No obstante, la historiografía contemporánea (Aprile-Gniset, 2007), impulsada por vertientes de la historia crítica y los estudios de la memoria, ha aclarado este punto. A propósito de esto, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) puntualiza:

La Violencia se expresó, entre otras formas, en la ola represiva contra los movimientos agrarios, obreros y populares urbanos aglutinados en torno a los ideales del gaitanismo [...] La confrontación política bipartidista se radicalizó y se degradó a tal punto que las agrupaciones armadas cometieron masacres, actos violentos con sevicia, crímenes sexuales, despojo de bienes y otros hechos violentos con los cuales “castigaban” al adversario (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 112).

Ahora bien, la discursividad negacionista plantea una serie de problemas para entender la lucha popular colombiana. En primer lugar, reduce la violencia a un asunto de pasiones individuales o polémicas partidistas y así tiende a ensombrecer las raíces del conflicto espacial que se corona con el magnicidio de Gaitán. Se oculta así un régimen de exterminio de las causas populares que detona el desplazamiento masivo hacia las ciudades. En segundo lugar, tienden malintencionadamente a ocultar los procesos de expropiación masificada para restarles legitimidad a los desplazados, esto es importante también para legitimar al proceso de expropiación. En realidad, no dar cuenta de este hecho histórico, que explica el auge de la ocupación en el país, intenta dejar sin fundamento los reclamos legítimos de personas expropiadas. Y, tercero, el reduccionismo histórico podría justificar la imposición de nuevos ejercicios de violencia sobre las personas desplazadas, ahora en ciudades y cabeceras municipales. En resumidas cuentas, este periodo es clave para desentrañar los procesos de acumulación de tierras, despojo y urbanización acelerada que sufrió Colombia a partir de los años cincuenta.

El objetivo de las fuerzas expropiadoras era hacerse con las tierras más productivas, obtenidas con el trabajo de los campesinos, y con las fincas cafeteras para conectar así al proyecto terrateniente con la renta internacional cafetera, de la cual, hasta ese entonces, se beneficiaba un número importante de pequeños productores con menos de diez hectáreas.

De esta forma, se expropiaron comunidades enteras en el país, casi un 50 % del campesinado en el Tolima, por mencionar solo un ejemplo (Naranjo-Botero, 2014). Así mismo, en otras zonas cafeteras, la intensidad de la violencia se acentúo con el mismo objetivo: “La persecución política obliga al abandono de las pequeñas fincas cafeteras ubicadas en las vertientes de las cordilleras de Cundinamarca, Tolima, Eje cafetero y norte del Valle” (Naranjo-Botero, 2014, p. 95).

Y, debido a la intensificación de la violencia terrateniente, el país se encontró con ciudades como Cali, Bogotá e Ibagué rebasadas de desplazados que requerían una solución habitacional seria. Naranjo Botero (2019, p. 86) comenta este crecimiento inusitado:

Algunos ejemplos evidencian una explosión demográfica sin precedentes: en 1940 Valledupar tenía 3.000 habitantes que residían en 50 hectáreas y en 1973 su población asciende a cerca de 100.000 personas asentadas en unas 1.000 hectáreas. Un proceso similar se observa en Ibagué, Villavicencio, Armenia, Calarcá, Pereira, Cartago, Tuluá, Manizales Palmira y Cali durante el periodo 1938-1973.

Para 1966, el entonces alcalde de Bogotá, Gaitán Cortés, describía la situación como “calamitosa” por la afluencia inusitada de desplazados, un fenómeno que había superado todas las previsiones demográficas sobrecargando el sistema de servicios públicos de la ciudad (Gaitán Cortés, 1966, como se cita en Torres Carrillo, 2013).

La calamidad a la que hacía referencia se entiende con las cifras de déficit habitacional que, de acuerdo con los censos de 1964 y 1973, establecían que la mitad del porcentaje nacional de déficit cuantitativo de vivienda se encontraba en Bogotá. Para 1964, 134.000 familias de poco más de 320.000 que habitaban el territorio bogotano carecían de vivienda o de acceso a servicios públicos: más del 40 % de la población de la ciudad (Torres Carrillo, 2013).

Con cifras tan elevadas, estos sujetos se convirtieron en un importante actor político, no solo por su cuantía, que de facto le atribuía una connotación de problemática social por atender, sino porque cuadros importantes de la política popular se vincularon al proceso de concienciación que estaban adquiriendo estas poblaciones, lo que fue determinante para el papel que estos colectivos desempeñaron en la construcción de las ciudades populares que hoy día conocemos. Se daban así las condiciones para el paso hacia la acción.

Al cabo de esta descripción, vale la pena recalcar dos puntos. Primero, entender el contexto de La Violencia como un motor de desapropiación de tierras y su conexión con las posteriores ocupaciones es una tarea necesaria para comprender el hecho político que movilizan las luchas urbanas: sus justificaciones y la naturaleza de los reclamos detrás de la acción directa. En segundo lugar, porque entender los ciclos de apropiación terrateniente de predios y de recuperación popular de estos es un elemento indispensable para predecir conflictividades futuras, que hemos definido como puntos neurálgicos de conflicto. Por ejemplo, en el capítulo anterior vimos cómo la confrontación espacial del siglo XIX inició con la apropiación de terrenos ejidales y estos mismos terrenos fueron importantes para la construcción posterior de barrios.

En resumen, la apropiación violenta de tierras vuelve a presentarse como una constante que permite caracterizar el conflicto rural/urbano a partir de ciclos de apropiación latifundista de tierras (con mayor o menor grado de violencia) y la respuesta organizada de sujetos sociales que intentan ocupar y recuperar algunos predios. En la siguiente sección comentaremos la organización política de esta ocupación/recuperación de predios.

Ocupaciones de predios y construcciones de barrios populares en el siglo XX

Con la violenta expulsión de los campesinos como detonante de los procesos de movilidad poblacional hacia las ciudades, el problema de déficit habitacional urbano, en auge desde inicios de siglo, se fue acentuando a mediados de los cincuenta hasta ser prácticamente insostenible.

Por su parte, el Estado colombiano fue incapaz de atender adecuadamente la problemática del desplazamiento en el campo y la carencia de vivienda en las ciudades. Las autoridades se limitaron a hacer llamados de alerta puntuales sobre la situación, pero las medidas de seguridad no fueron capaces de resolver la situación. Las políticas de vivienda estatales, de otro lado, se dedicaron a fortalecer los sistemas de crédito, lo que de entrada limitó su acceso. Es decir, con la política crediticia numerosos sujetos sin trabajo formal, ni capacidad de ahorro, se vieron objetivamente excluidos del acceso a la vivienda provista por el Estado (Vargas-Murcia, 2025, p. 191).

En consecuencia, la situación límite en las ciudades hizo visible el conflicto espacial colombiano que se trasladó del campo a la ciudad. Por un lado, porque la violencia rural/expropiadora tenía ahora un impacto tangible en las ciudades. Por otro lado, porque el ciclo de expropiación/ocupación estaba llegando al momento de la respuesta con el desarrollo de procesos de concienciación popular, la consolidación de cuadros políticos y nuevas organizaciones populares que pusieron en el centro la disputa por la propiedad.

El primer ingrediente de la respuesta resistente/popular hunde sus raíces en los procesos de colonización que anteriormente comentamos, que fungió como una fuerza de ampliación de la frontera agrícola. En efecto, a inicios de siglo los campesinos sin tierra se volcaron a conquistar extensas zonas inhabitadas, que pertenecían a la nación o a los municipios, para convertirlas en fértiles tierras cultivables. La colonización del campo fue posible porque la cultura popular colombiana, consciente o inconsciente de las gestas populares del siglo XIX y de la tradición comunera campesina, recuperó la idea de que las tierras de la nación de uso comunal, como los ejidos y los baldíos, debían contribuir a resolver los problemas de la propiedad popular.

Fue tan importante la tradición de recuperación de tierras colectivas que el Estado colombiano tuvo que reconocer mediante la Ley Barberena (Ley N° 41 de 1948) la no-prescripción de los terrenos ejidales, su administración por parte de los municipios y su finalidad social: resolver el problema de la vivienda popular en las ciudades e impulsar la producción agrícola. En la actualidad, esta herencia jurídica se conserva en el ordenamiento jurídico posterior a la Constitución del 91, que refrendó el carácter social de los baldíos, los cuales deben servir para la reforma agraria y ser entregados prioritariamente a campesinos, indígenas y afrocolombianos empobrecidos.

En aquel entonces, los expropiados del campo, antiguos colonizadores de baldíos agrarios, llegaron a las cabeceras municipales y capitales con un conocimiento pragmático de lo que significaba la recuperación popular de predios, puesto que “pasan de colonizar tierras baldías de la nación a la colonización de los ejidos y los predios municipales” (Naranjo-Botero, 2014, p. 98).

También en las ciudades se sumaron algunos sectores del liberalismo y cuadros comunistas, al asumir el desafío de apoyar las luchas urbanas y conscientes de la centralidad de la política popular de vivienda.

Nuevamente Cali fue el epicentro de este ciclo de luchas populares. Personajes históricos como Julio Rincón y Alfonso Barberena, verdaderos apóstoles de la recuperación de predios, impulsaron procesos de cambio apoyados en dos mecanismos; impulsaron reformas normativo/legislativas que garantizasen la protección de la propiedad ejidal, y, por otra parte, impulsaron acciones de amparo de los ocupantes en barrios irregulares.

Barberena fue un político caleño, asesor jurídico de ocupantes y de otras luchas sociales, concejal de Cali y congresista de la Nación. En su paso por la Cámara de Representantes, jugó un papel importante en la promulgación de la Ley N° 48 de 1958 ya mencionada, y que popularmente lleva su nombre (La palabra, 5 de agosto de 2021 [Link]). También, Rincón, sastre comunista caucano y dirigente político en Cali, destacó por encabezar numerosas luchas sociales. A Rincón también se le atribuye el mérito de demostrar que numerosos predios "pertenecientes" a las familias más poderosas de Cali en realidad habían sido ejidos indebidamente apropiados (Naranjo-Botero, 2023).

Ambos apoyaron la creación de organizaciones viviendistas en el país, forma autóctona de activismo popular, con la finalidad de impulsar una política activa en la ocupación/recuperación de predios. El ejemplo más sobresaliente fue Provivienda, una organización popular que vio la luz

por iniciativa de Alfonso Barberena y convocación del Partido Comunista […] en el barrio Las Cruces de Bogotá el 16 de febrero de 1959. Dicho evento contó con la asistencia de los abogados Hernando Garavito Muñoz y Gerardo Molina. También participaron dirigentes sindicales y militantes comunistas con experiencias previas en procesos de colonización rural y organización campesina, quienes habían promovido los comités de Cali. Estos incluían a Pedro Antonio Salas, Luis A. Morales, Jesús Flórez y Celmira Cruz (Naranjo-Botero, 2023, párr. 4).

Provivienda buscaba generar un ámbito de actuación fundamentado en la Ley Barberena cuando las condiciones lo permitían, o en la acción directa —ocupación— cuando las fuerzas retardatarias del momento lo impedían. Sus afiliados recibían formación política que incluía “conocimientos básicos sobre la problemática urbana, la política gubernamental y las soluciones de vivienda popular” (Naranjo-Botero, 2023, párr. 5); se vinculaban a un fuerte proceso de socialización organizativa e ideológica, al adherir a un marco ético, con autogestión comunitaria y ahorro solidario.

El trabajo formativo/político se acompañaba de lecciones prácticas en las que se entrenaban para la ocupación de terrenos y la resistencia ante los desalojos policiales; fabricaban casetas móviles que después instalaban en los lotes ocupados en operativos relámpagos, se preparaban jurídicamente para el reclamo de los predios y se alistaban ante los desalojos.

Además del trabajo propiamente organizativo de acción directa, la organización también sirvió para que los afiliados aprendieran oficios y para establecer los lazos comunitarios que fueron determinantes para la supervivencia y proliferación de los nuevos barrios. La consciencia solidaria que se fue asentando en este proceso político impulsó la creación de lazos de solidaridad con otros procesos de lucha popular como la sindical y la estudiantil, lo que garantizó de estos actores una solidaridad recíproca ante los intentos de desalojo policial.

Las líneas de ahorro colectivo implementadas por la organización les permitieron la compra comunera de predios que luego fueron parcelados, y sobre los que se construyeron nuevos barrios en sitios como Fusagasugá, Ibagué y Usaquén.

Fue tan intensa la actividad del movimiento de ocupación/recuperación de predios, con Provivienda a la cabeza, que Torres Carrillo (2013) estimó un aproximado de 250 acciones colectivas entre 1958 y 1971, que incluyen desde reclamos por los conductos legales hasta acciones directas. Un movimiento de tal magnitud dejó un importante legado constructivo y fue determinante para la aparición de numerosos barrios en Bogotá y en otras ciudades del país.

Como es de esperarse, el movimiento de ocupación fue víctima de múltiples fuerzas, todas ellas violentas, con distintos niveles de intensidad. Por una parte, los medios de comunicación intentaron instalar la idea de que los ocupantes eran simplemente criminales que atentaban contra la propiedad privada, exageraron el alcance de las tomas y generalizaron un peligro que, bien sabían, solo se destinaba a recuperar predios baldíos de uso comunal, pues como afirma Torres Tovar , “la invasión de suelo urbano, es la característica menos frecuente de acceso al suelo en Bogotá”(Torres-Tovar, 2012a, p. 444). Esto se sumó a la movilización ideológica de viejos fantasmas que siempre han servido para satanizar las luchas sociales/populares colombianas (el bandidaje y pillaje) mientras se ocultaban otros procesos de expropiación de predios en el país, que incluyen las tierras robadas a las comunidades indígenas en el noroccidente de Bogotá, tal como relata Beuf (2012).

Adicionalmente, la represión del Estado se empecinó en perseguir a los ocupantes mediante desalojos y apresando constantemente a sus activistas y dirigentes como los propios Barberena y Rincón. Las fuerzas paramilitares, vinculadas a la represión, se desataron contra los militantes, los barrios mismos, y asesinaron a los líderes del movimiento; Rincón mismo falleció en manos de torturadores y sicarios. Actualmente, muchos de estos barrios siguen sufriendo la violencia regular/paramilitar que amenaza con la muerte de sus dirigentes y que legitima el exterminio como “limpieza social”.

En resumidas cuentas, el clima de satanización, ilegalización, persecución y exterminio de los procesos es persistente en la historia de las luchas espaciales colombianas, lo que encuentra ecos en otros procesos de lucha urbana latinoamericanos, caracterizados igualmente por represiones policial/militares y el papel ideológicamente adverso de la prensa —sirvan de ejemplo los casos CUAVES peruano y las villas argentinas—(Massidda, 2023; Quijano, 2014).

Ahora bien, gracias a la autoconstrucción, modalidad responsable de casi el 50 % de la construcción en la ciudad de Bogotá durante el periodo estudiado, el urbanismo informal y la ocupación de predios fueron una respuesta necesaria ante las crecientes necesidades habitacionales. A pesar del declive de las ocupaciones populares después de los años ochenta, la autoconstrucción sigue siendo el mecanismo preponderante en el país, reforzado por el recrudecimiento de las políticas neoliberales de vivienda (Torres-Tovar, 2012a, 2012b; Torres-Tovar y Robles-Joya, 2014; Vargas-Murcia, 2025), lo que da cuenta de la importancia de las soluciones populares y su legado, consagrado con la legalización masiva de barrios en los 2000.

Junto a la violencia y la propaganda oficialista, otras razones para el declive de las ocupaciones populares fueron la aparición de actores, algunos realmente criminales, conocidos como terreros, urbanizadores piratas y hacendados terratenientes, que pusieron en circulación predios no necesariamente aptos para la urbanización. Así, lograron fracturar el mecanismo de las ocupaciones viviendistas al ofertar inmuebles relativamente económicos fuera de los procesos de politización y lucha, y desviaron a los sujetos de las alternativas colectivistas.

De esta manera, la criminalización creciente de estos grupos supuso un factor adicional en la estigmatización de las luchas de ocupación. Inclusive, en la actualidad los grupos de terreros constituyen verdaderas mafias enquistadas en el Estado colombiano (en oficinas de planeación municipales), ya que hacen uso irregular de bienes estatales y convierten en realidad el discurso de la prensa hegemónica (Vargas-Murcia, 2025).

La última razón para el declive ha sido la creciente concentración de la demanda de vivienda en los mercados financieros de crédito hipotecario, ahorro y subsidios públicos, así como el crecimiento de la vivienda por alquiler. La financiarización, no obstante, ofrece soluciones de vivienda limitadas, con altas tasas interés y prolongados períodos de tiempo.

A pesar de los ingentes recursos que absorbió el sistema, a fines de los noventa el país sufrió una crisis crediticia de vivienda que dejó en la calle a millones de personas. De esta forma, en ciudades como Bogotá y Medellín, los sectores más vulnerables y sin capacidad de crédito han tenido que optar por el acceso a alquileres, muchos en barrios de ocupación, cuyo precio aumenta permanentemente, y en condiciones generalmente indignas.

En todo caso, la financiarización, la criminalización y el genocidio del activismo popular (comunistas, ocupantes y miembros de la Unión Patriótica²) han logrado desvanecer la potencia histórica de este movimiento, por el momento, pero la apremiante crisis habitacional en Colombia y en el mundo amenaza con relanzar viejos conflictos, esta vez, con organizaciones sociales menguadas.

Conclusiones

Llegados a este punto, parece tentador suponer una desactivación del conflicto urbano, pero es un error atribuir la carga del conflicto a las ocupaciones populares. Tal como se expuso en el artículo, la ocupación popular generalmente nació como un reclamo ante ejercicios de expropiación impulsados por fuerzas irregulares y grandes capitales, que no se han detenido en la actualidad. De esta forma, mientras el modelo de desarrollo colombiano persista en la expropiación como mecanismo de acumulación las tensiones sociales solo se agudizarán.

En el pasado (siglo XIX), los ciclos de expropiación se adelantaron bajo el amparo de apropiaciones ilegales de terrenos ejidales o baldíos, las cuales fueron respondidas en el seno de organizaciones interclasistas como las sociedades democráticas, con una amplia gama de procesos de toma y recuperación. Luego de un periodo de latencia, en el que las clases acomodadas de ciudades como Cali se apropiaron de terrenos históricamente comunes, y cuando avanzaba el desplazamiento masivo forzado de los campesinos a las ciudades, el activismo popular pudo reactivarse al amparo de movimientos liberales radicales (personificado por Barberena) y fuerzas comunistas (con Rincón a la vanguardia). Y si el ejemplo de los procesos históricos contribuye a pensar el presente, como creemos, es válido afirmar que importantes procesos de recuperación y disputa de predios se pueden estar gestando, no solo en el campo donde ya se han activado desde hace décadas las luchas indígenas, afrodescendientes y campesinas (apoyadas por la jurisprudencia sobre el desplazamiento, la ley de víctimas y el acuerdo de paz), sino que las ciudades mismas pueden ver un relanzamiento de los procesos de recuperación de predios.

Factores como la pérdida de poder adquisitivo, el aumento del precio de la vivienda urbana y la gentrificación de ciudades como Medellín solo agravan la situación. El contexto internacional (por ej. México y España), en el que los ciudadanos del mundo se vuelcan a las calles contra la especulación de la vivienda, también puede incentivar al relanzamiento de resistencias populares que cuentan en Colombia con un legado importante. Seguramente, los puntos históricos en los que se ha mantenido el conflicto nos sirvan para predecir tensiones socio/espaciales futuras. De manera que atender a un análisis de estos ciclos, de los procesos sociales que los acompañan y de la disputa política en las viviendas y en las ciudades se hace cada vez más necesario.

Referencias bibliográficas