A finales de los ochenta, la crisis política y económica a nivel nacional, propiciada por la hiperinflación y la explosión de los saqueos, transformó la relación entre el Municipio de la ciudad de Rosario y los barrios populares. Aunque los disturbios manifestaban los problemas propios de la coyuntura económica, denunciando la degradación de las condiciones de vida (Serulnikov y Di Meglio, 2017), la situación histórica de las periferias rosarinas comenzó a cobrar relevancia. La emergencia y la densificación de la población de los “asentamientos irregulares” fue interpretada como un indicador del estallido social (VV.AA., 1992). Asimismo, el ocaso de los disturbios visibilizó un conjunto de reclamos estructurales de las villas y los asentamientos. Entre ellos, la precariedad que sufrían estas urbanizaciones informales solo parecía ser atendida por organizaciones y cooperativas barriales, que apoyadas por otros actores de la sociedad civil y organismos no gubernamentales (ONG), reclamaban el acceso a la vivienda y la propiedad de la tierra (Pagnoni, 2019).

Ante esta crisis, el Municipio direccionó sus intervenciones hacia la zona sur de la ciudad, buscando desarticular el epicentro del conflicto. Por un lado, desde la Secretaría de Planificación se reajustaron los objetivos de la planificación urbana que se orientaba a la renovación de la costanera central, con los intereses de los habitantes de la periferia sur. Esta población denunciaba la ausencia y el abandono de la municipalidad en esa parte de la ciudad y el deterioro de sus espacios recreativos. Así, se realizaron ciertas obras que acondicionaron los espacios públicos como la reconstrucción de las Piletas del Saladillo, el Parque del Mercado y el Parque Sur, y otro tipo de mejoras a la urbanización (Pagnoni, 2018). Por otro lado, el Municipio colaboró con algunos proyectos de hábitat popular en villas y asentamientos, mediado por su Secretaría de Cooperativas. Del mismo modo, intervino en la regularización de los terrenos de viviendas autoconstruidas de esas y otras organizaciones cooperativas (Pagnoni, 2021). El foco de la agencia municipal se había concentrado en reconstruir su relación con los barrios populares a través de las intervenciones urbanas concretas. Sin embargo, en el marco de las nuevas políticas habitacionales nacionales —Cecilia Zapata (2017), desde el enfoque histórico, ha identificado tres diferencias generacionales en las políticas habitacionales de Argentina— o segunda generación (Cuenya y Falú, 1997; Zapata, 2017), el Municipio se convirtió en un actor ineludible de los mecanismos de regulación de la tierra, actuando como mediador de las asociaciones y los “asentamientos irregulares” de la ciudad.

Además de reasignar funciones a los gobiernos locales, estos programas habitacionales se caracterizaron por captar organizaciones que ya trabajaban en los “asentamientos informales o irregulares” (Merklen, 2005). Así, el Estado solo intervenía en la cuestión legal del acceso al suelo urbano (Del Río, 2012), responsabilizando a la organización de gestionar y organizar toda la construcción de las unidades habitacionales. Dentro de estos parámetros, las cooperativas de vivienda requerían de la participación activa y constante de sus miembros y el apoyo de ciertos actores de la sociedad civil para sostener la autoconstrucción. En esa línea, este artículo analizará cómo se articularon esos programas habitacionales con una Cooperativa de Vivienda, a través de la experiencia autoconstructiva de villa Margarita.1 Desde el testimonio de los habitantes de la villa y los técnicos que participaron en esta organización, se indagarán las negociaciones, conflictos y resistencias para gestionar la construcción de sus viviendas.

Entonces, en el segundo apartado, se explicará cómo los asentamientos informales se transformaron en los principales actores de las nuevas políticas de vivienda, a través de los programas de regularización dominial. En el tercer apartado, se presentará la experiencia de organización y autoconstrucción en Villa Margarita y sus articulaciones con las políticas alternativas de vivienda entre 1989-1993. A partir de esto, en el cuarto apartado, se analizarán los proyectos y los diseños para sus primeras 14 viviendas. Y, en el quinto apartado, se explorará esa experiencia autoconstructiva desde la mirada de los propios constructores. Este trabajo se apoya en el trabajo de campo realizado durante dos años (2015-2017) con participación en las actividades del Centro Comunitario de la cooperativa, y la elaboración de observaciones y notas de campo. Con el aporte del registro etnográfico, se busca enriquecer la comprensión de las experiencias autoconstructivas e indagar nuevas dimensiones de las políticas alternativas de vivienda.

La informalidad urbana de las villas y los asentamientos argentinos se ha reforzado con las nuevas desigualdades urbanas, bajo las formas asumidas por la segregación y fragmentación espacial, propias de la expansión del neoliberalismo en el último cuarto del siglo XX (Roy, 2005; Wacquant, 2007). Desde los años ochenta, los “asentamientos irregulares o informales”, los “asentamientos” o las ocupaciones o “tomas” de tierras privadas —y algún terreno público— aparecieron como un fenómeno emergente de esa transformación urbana en Argentina (Cravino y Neufeld, 2007; Merklen, 2005; Nardin, 2020). La formación de los asentamientos mostraba el agotamiento del modelo anterior de acceso a la tierra y la vivienda para los trabajadores más humildes que a través de “loteos pagados en cuotas” había producido el crecimiento del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Incluso, Santiago Nardin (2020) ha explicado que los asentamientos intentaban emular el ordenamiento espacial de los antiguos loteos como forma de continuar un modelo de sociabilidad barrial, bajo las nuevas condiciones que imponía la política económica y represiva de finales de la dictadura. Como modalidad de ocupación urbana, el asentamiento se sustenta en el ordenamiento y la reproducción de la trama regular para la conquista del espacio y su permanencia allí (Varela y Cravino, 2009).

Los “asentamientos irregulares” se distinguen de las “villas miseria” por ciertas particularidades espaciales, históricas e identitarias. Desde los años cincuenta, las “villas miseria”, “villas de emergencia”, “barrios de emergencia” o simplemente “villas” se consideraban espacios transitorios donde se instalaban los migrantes internos expulsados del campo a la ciudad, producto de los cambios socioeconómicos y la urbanización de las ciudades latinoamericanas. A diferencia de lo esperado, las “villas miseria” no se incorporaron a la trama regular, sino que se distinguieron de ella por su urbanización informal, la autoconstrucción de sus habitantes, su dominio irregular en terrenos mayormente fiscales y su ubicación en zonas periféricas y degradadas de las urbes (Cravino, 2006). Asimismo, su presencia urbana no se interrumpió con la emergencia de los “asentamientos”, sino que ha testimoniado una trayectoria de lucha, resistencias y organización de su población —principalmente a las erradicaciones o el traslado forzoso fuera de la trama urbana, durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983)—. Con el retorno democrático, los repertorios de protesta de las “villas” y los “asentamientos” se combinaron y/o fusionaron a través de las organizaciones, cooperativas o movimientos sociales para contrarrestar, en parte, su situación urbana y posicionar en la agenda gubernamental los apremios de la periferia (Merklen, 2005).

A pesar de que no existe un acuerdo unánime acerca del uso de estos términos (Varela y Cravino, 2009), la homologación de ambos espacios bajo la denominación de “asentamientos informales o irregulares” coincide con los cambios en las políticas habitacionales argentinas y la incorporación de los lineamientos de los organismos internacionales de Hábitat (como indica la página web del HIC SG, 2016, [Link]). Desde la reunión de ONU HABITAT (Vancuver, 1976), estos organismos influyeron en las políticas nacionales e internacionales de intervención con una financiación activa de programas y políticas públicas para la regularización y urbanización de los “asentamientos informales” en los países más pobres (Fernández Wagner, 2008). En esta línea, Nora Clichevsky (2012) ha explicado que la informalidad urbana se entendía como sinónimo de ilegalidad, irregularidad que implica dos desajustes legales, con respecto a los aspectos dominiales y con relación a la urbanización. Según su planteo, la primera modalidad de informalidad urbana consiste en la ausencia de título de la propiedad del suelo urbano donde se asientan las viviendas. Mientras, la segunda modalidad de informalidad urbana afecta el incumplimiento de las normas de subdivisión, uso, ocupación y construcción de la ciudad.

Bajo los parámetros de la “integración” de la informalidad urbana, a principios de los noventa, la segunda generación de políticas habitacionales argentinas —o las políticas alternativas de vivienda— se direccionaron a la regularización dominial de los “asentamientos informales o irregulares”, entre sus principales objetivos (Cuenya y Falú, 1997; Zapata, 2017). Como parte de ellas, en 1991, se creó la Comisión Nacional de Tierras Fiscales-Programa Arraigo (Decreto N° 846), dependiente de la presidencia y órgano aplicador de la Ley Nacional de Tierras: Ley N° 23.967. La finalidad de este programa era identificar y ceder las tierras fiscales donde se habían instalado asentamientos informales, crear programas para el reordenamiento urbano, y facilitar la participación de actores colectivos implicados en su construcción. Esta reglamentación se complementó con otros decretos y con ciertas leyes que incluían instancias subnacionales de gobierno. Así, se agregó a este programa la Ley N° 23.967 que permitía a la Presidencia de la Nación la donación de tierras a Provincias y Municipios (Decreto N° 591) para que pudieran ser adquiridas por sus habitantes o destinadas a planes habitacionales provinciales. Dentro de las mismas consideraciones, en 1992, también, se brindan a las Provincias o Municipios las tierras declaradas en desuso a título gratuito, tanto para su posterior transferencia a sus ocupantes o su incorporación a construcción de viviendas sociales (Ley N° 24.146) (Virgilio et al., 2015, p. 129). El Programa Arraigo y las distintas leyes que se mencionaron posibilitaron la obtención de la tenencia de los terrenos inutilizados del ferrocarril donde la Cooperativa de Vivienda de Villa Margarita construyó sus viviendas, como se explicará más adelante.

Además del reconocimiento de las realidades urbanas de las periferias como “asentamientos informales o irregulares” para formalizar la tenencia de la tierra, estos programas compartían un imaginario de la “comunidad” como destinataria y, a la vez, gestora de los mismos (Varela y Cravino, 2009). Se difundía una imagen común y uniforme del espacio barrial y de la participación de los vecinos como actor colectivo. Así, el Programa Arraigo construyó dos unidades de intervención para la transferencia de la tierra: el barrio como totalidad y las familias por cada lote o vivienda. Más allá de las prenociones culturales acerca de la tenencia colectiva, —en Argentina, existe un predominio de la propiedad individual de la tierra urbana y la vivienda—, estas unidades de intervención requerían un acuerdo de todos los habitantes para ejecutar la tenencia y una fuerte organización para sostener el proceso. Las dificultades para asegurar los largos períodos de construcción de las viviendas y el consenso de la “comunidad” acerca de la tenencia colectiva de la tierra en la etapa de edificación se evidenciaron como los principales motivos de fracaso de estos programas. Más adelante observaremos que en la cooperativa de Villa Margarita no estuvieron ausentes estas discusiones.

Del mismo modo, la implementación de estos programas por individuos u organizaciones barriales —no remunerados— recuperaba el mencionado imaginario de “comunidad” como parte de un proceso democratizador del accionar estatal. Desde esta ampliación de la participación civil, las organizaciones adquirieron responsabilidades y se convirtieron en entidades jurídicas, fomentando la especialización, profesionalización y creación de redes de trabajo (Varela y Cravino, 2009). En parte, esto permitió la incorporación de nuevos actores y fuentes de financiamientos para la gestión participativa institucionalizada, como subsidios o ayuda de ONG o planes municipales o provinciales para hábitat popular (Zapata, 2017). Este modo de gestión requirió que se valorizaran los recursos y las articulaciones del ámbito local, ya que los actores implicados poseían una gran radicalización territorial (Rofman, 2016). Sin embargo, estas ayudas habitacionales que pretendían ajustarse a las necesidades de cada lugar reforzaron una concepción territorial focalizada. Las intervenciones profundizaban la fijación de estas poblaciones a ciertas zonas de la ciudad ya estigmatizadas (Varela y Cravino, 2009).

En pequeña escala, también, las políticas alternativas de vivienda propiciaban las construcciones de viviendas y mejoras en la infraestructura de los barrios con el trabajo de sus propios habitantes. La organización de asociaciones y cooperativas habilitó la gestión participativa institucionalizada del hábitat popular. Los habitantes de villas y asentamientos organizaron la autoconstrucción de sus hogares, combinando sus prácticas con otros actores de la sociedad civil, como se evidencia el caso de Villa Margarita.

Villa Margarita se fundó por el desplazamiento de una villa más antigua, La Bajada, ubicada en la costa del río Paraná. Ante la construcción de la obra de infraestructura vial “Acceso Sur-Puerto Rosario” (1977-1981), el gobierno municipal junto al ejército erradicó a los vecinos y los trasladó a otro barrio en la zona oeste de la ciudad. Sin embargo, algunos habitantes de La Bajada resistieron el traslado y se instalaron a un par de cuadras de la obra vial. Estas prácticas de resistencia originaron Villa Margarita, ubicada sobre el Brazo Norte del Arroyo, al oeste del Acceso Sur. Aun con lo violentas y contundentes de las medidas autoritarias, tras el retorno democrático, los vecinos erradicados retornaron a habitar la costa del río, formando otra villa, El Fuerte, donde sus habitantes volvieron a realizar su principal actividad laboral, la pesca (ver Figura 1)

Según los relevamientos que realizó la Municipalidad a principios de los noventa, estas villas se censaron como “asentamientos irregulares” (VV.AA., 1992). Aunque, sus habitantes siempre comienzan el relato de la historia de la cooperativa recordando cuando vivían en la “villa”. Al parecer la “integración” como política habitacional del Municipio implicó unificar las tipologías de urbanizaciones informales, considerando “asentamientos irregulares” a cualquier forma de ocupación del espacio urbano. En el caso analizado, la distinción entre “villa” y “asentamiento irregular” no solo distinguía el modo completamente irregular en que los vecinos volvieron a instalarse en el mismo barrio, sino que lo hicieron en ese lugar porque habían vivido allí y fueron desplazados por la fuerza. El uso unánime de la categoría “asentamiento irregular” evidenciaba la relevancia que el problema de la informalidad urbana había cobrado para el Municipio, pero ocultaba el tratamiento anterior que los gobiernos le habían dado a las villas y su historia de lucha. Como se explicó más arriba, con el cambio de las políticas habitacionales, la noción de “asentamiento irregular” direccionó el problema de las villas y los asentamientos a la regularización de la tenencia de la tierra en Rosario.

Según las entrevistas a los pobladores, la organización barrial se inició en 1985, pero la cooperativa solo fue oficializada en febrero de 1989. Amparados en los nuevos tiempos democráticos, los vecinos de ambas villas comenzaron a organizarse colectivamente, junto a militantes de izquierda que trabajaban en el barrio. A través de reuniones mensuales y un relevamiento, identificaron los problemas que los aquejaban, entre 1986 y 1989, como el desempleo y la precariedad de sus hogares, sumada a la ausencia de infraestructura urbana básica. Ante estas necesidades urgentes, se vincularon con otras experiencias cooperativas y habitacionales, como el Movimiento Social “Hábitat Popular”. Con la ayuda del este movimiento, y la colaboración de la iglesia parroquial, los vecinos presentaron un proyecto de autoconstrucción a MISERIOR, una ONG de la iglesia católica alemana que otorgaba subsidios para autoconstrucción de viviendas. Luego de la visita de los miembros de esta organización, y con la cooperativa recién inaugurada, MISERIOR concedió el financiamiento para construir las primeras 14 viviendas que se efectivizó en 1990. Sin embargo, los terrenos donde se encontraban las villas eran zonas inundables y no se podían edificar.

A pesar de la financiación, esta situación detuvo la actividad de la cooperativa. Con mediación del Municipio, se autorizó el inicio de la construcción con la promesa de la obtención de la tenencia de la tierra. Como parte de este arreglo, la construcción de las viviendas se trasladó al otro lado del Brazo Norte el Arroyo, en un angosto terraplén del ex Ferrocarril General Belgrano. Si bien esta localización ubicó a las viviendas en la trama urbana del barrio, las limitaciones de espacio solo permitieron que los habitantes de Villa Margarita, más de 50 familias, comenzaran con la construcción. Como ya se explicó, la sanción del Programa Arraigo permitió regularizar la tenencia de la tierra que se entregó a la asociación en 1993. En este marco de la segunda generación de políticas habitacionales, la cooperativa de Villa Margarita logró las condiciones urbanas y jurídicas para desarrollar su práctica autoconstructiva.

El proyecto habitacional contemplaba un conjunto de 65 viviendas, un centro comunitario y una sala materno-infantil. El diseño de todo este proyecto se discutió entre los vecinos y Arturo, el arquitecto, que colaboraba desde la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (FAPyD- UNR); y Mario, militante de izquierda y físico especializado en los aspectos ambientales de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA-UNR) (Salgado et al., 2012). A través de un convenio entre la cooperativa y la universidad, esta última participó activamente en la primera etapa, donde se construyeron las primeras 14 viviendas y el centro comunitario que coronó el vínculo cooperativa-universidad, materializando un edificio autosustentable. Las restantes viviendas se realizaron con financiación de planes provinciales y nacionales, gestionando la construcción con los “planes trabajar”, un tipo de subsidio estatal con transferencias condicionadas de ingresos —ver siguiente apartado—. Tan solo se realizaron los cimientos de la sala materno-infantil y no se concretó su edificio.

Arturo explicó que su idea original era “la recuperación del Brazo Seco rescatando su biodiversidad” (Entrevista con Arturo, Arquitecto, 30/03/2016). El arquitecto proyectaba una conexión entre los modos de subsistencia de los habitantes, el medio geográfico circundante y las viviendas para producir un espacio donde se recuperará el ambiente contaminado por el vertedero de residuos de las industrias cárnicas al arroyo. El problema de la contaminación del cauce de agua era una preocupación que sobrevolaba el imaginario del barrio. La idea de producir un ambiente autosustentable en plena trama urbana, además de las obvias mejoras ambientales para el barrio, colaboraba en contrarrestar el estigma proyectado hacia los villeros como otro elemento contaminante del espacio. Sin embargo, para poder realizar este plan se requería trabajar en ese espacio contaminado con estrategias de limpieza y saneamiento del brazo seco que no se llevaron a cabo por la falta de recursos y la ausencia de apoyo municipal. La contaminación del entorno continúa siendo un problema para las familias residentes.2

A diferencia del aspecto ambiental, la reutilización de los terraplenes del ferrocarril como estrategia de reducción de costos y aprovechamiento del espacio urbano disponible, logró, en la opinión de Arturo, justificar su intervención técnica en el proyecto. Entre las primeras ideas, los habitantes de villa Margarita habían buscado un diseño tradicional de viviendas en planta baja que no llegó a ejecutarse. La imposibilidad de construir viviendas tradicionales se debía al tamaño de los lotes que tenían un ancho muy reducido a pie de calle de 4,10 m, y un largo profundo sobre el interior del terreno de 14 m. Por el contrario, las antiguas trochas del ferrocarril se reutilizaron para materializar viviendas a bajo costo, con poco impacto ambiental y una optimización del espacio que permitiría a las familias vivir y trabajar en ambientes separados.

El diseño de las viviendas se compone de una planta baja con cocina-comedor y un baño; y una planta alta, con dos dormitorios y un balcón. Esto comprende una superficie cubierta de 56 m² y un patio de 26 m². Asimismo, por cada “manzana”, considerando las medidas del terraplén, se distribuyen dos hileras de viviendas que, a la vez, están agrupadas de a cuatro con un pasillo compartido de 1,80m de ancho y 14 de largo para uso común, como se observa en el plano de las viviendas de la Figura 2.

Esta estructura en dúplex dejaba un espacio para los patios donde los vecinos podrían realizar microemprendimientos productivos o compartir actividades colectivas, a través de los pasillos laterales. De los diagnósticos realizados por la comisión de la asociación, se había deducido que un 15 % de la población recolectaba residuos, considerando este tipo de ocupación se incorporaron los patios al diseño colectivo.

Ante la pregunta por la inspiración para este proyecto, “¿En qué se inspiró para realizar el diseño?”, Arturo mencionó las ideas modernistas y funcionalistas de Le Corbusier en su diseño de la “Unidad Habitacional de Marsella”, una de sus obras emblemáticas. El arquitecto rosarino destacaba esa inspiración inscripta en el aprovechamiento de los espacios interiores que dominaban a ese complejo de viviendas económicas, precisamente departamentos familiares, creados por Le Corbusier en la posguerra europea. Entre las innovaciones del mencionado complejo habitacional se implementó el uso de pasillos y galerías, el hormigón como materia prima, el diseño en fachadas y medianeras y la ruptura con las dimensiones de la manzana. Aunque en una escala mucho menor, estos elementos arquitectónicos se contemplan en el resultado final de las viviendas de la cooperativa.

Sin embargo, Arturo consideraba que el diseño de las viviendas era efectivo y apropiado, solo si se adaptaba al trabajo autoconstructivo de los vecinos. Es decir, él había implementado una serie de mejoras en la estructura y ahorro de materiales para las viviendas, pero “la decisión final correspondía a los autoconstructores”. A propósito de esto, también, mencionó en la entrevista sus recuerdos de la primera experiencia en autoconstrucción, trabajando para la fundación EMAÚS, durante los años 1960, en la zona oeste de la ciudad. Según Arturo, el diálogo con los vecinos, cuando ciertas ideas ya se encuentran naturalizadas, no resulta para nada sencillo, principalmente en saberes comunes y colectivos como la construcción. Las diferentes maneras en que cada uno de estos agentes había adquirido sus conocimientos sobre la construcción de las viviendas aparecen en los testimonios como uno de los obstáculos a trabajar para el avance del proceso autoconstructivo.

Desde la experiencia de Mario, un elemento significativo en la viabilidad del diseño era la posibilidad de agrandar la vivienda cuando la familia crecía. A diferencia de otros planes de vivienda social: “la optimización del espacio se había logrado de tal manera que el diseño de Arturo permitía poner una cama más en la pieza, o sea entraban tres camas” (Entrevista con Mario, Militante y Físico especializado, 18/03/2016). Asimismo, para Mario la sustentabilidad que alcanzaban las viviendas era un elemento innovador para otros proyectos de hábitat. Entre algunos elementos, Mario mencionó que la agrupación de las viviendas en un conjunto homogéneo y compacto, también, generaba ahorros energéticos y sustentabilidad ambiental adicionales (Entrevista con Mario, Militante y Físico especializado, 18/03/2016).

En este marco, este diseño se combinó con un proyecto, “Optimización energética de viviendas de interés social edificadas por autoconstrucción y ayuda mutua”, del Instituto de Física (FCEIA-UNR) y el Centro de Estudios Bioambientales (FAPyD- UNR), coordinado por Mario y Arturo, y financiado por el CONICET. Dentro de este proyecto de investigación, se realizaron modificaciones a una de las unidades habitacionales con ensayos de aislación y climatización mediante energías y recursos no convencionales. Para los sobrecostos de esos ensayos, se utilizó parcialmente el dinero del subsidio de la investigación. Por un lado, se experimentó con la refrigeración de la vivienda en verano, mediante diversas versiones de torres de viento y un tubo enterrado para aprovechar la recirculación del aire en las primeras horas de la tarde. En términos simples, esto consistió en un ventilador de baja potencia que direccionaba la masa térmica del subsuelo, ya que sus marcas eran bastante inferiores a la del ambiente en ese horario y refrigeraba la casa.

Por otro, se contemplaba incorporar a la construcción de las viviendas algún tipo de aislante para preservar el calor durante el invierno. Es decir, las paredes de las viviendas estaban construidas con bloques que poseían una doble plancha prefabricada. La pared se conforma por dos de estas placas que poseían un nervio de hormigón sobre ellas y dejaban un espacio libre intermedio. Ese espacio se rellenaría con polietileno, reciclado por los recolectores de residuos. Esto, a la vez, reducía a cero el costo de la mejora edilicia. Sin embargo, Mario utilizó este ejemplo para explicar los límites de su asesoramiento: “todos coinciden que la casa modificada es más fresca en verano y menos fría en invierno, pero nadie quiso poner ni siquiera el aislante al techo porque, en ese momento, lo consideraron innecesario” (Entrevista con Mario, Militante y Físico especializado, 18/03/2016).

Aunque los técnicos realizaron una serie de sugerencias que se podían incorporar a la estructura básica de las viviendas, en su mayoría ninguna se aplicó. Ni otras estrategias más sencillas como pintar las paredes de las casas de colores claros y resguardarlas con enredaderas del tipo “enamorada del muro” para formar una capa aislante exterior en el verano resultaron de interés de los autoconstructores (Entrevista con Mario, Militante y Físico especializado, 18/03/2016). Los técnicos, además, intentaron realizar otros ensayos de optimización de energía a bajo costo como la propuesta de Arturo para reutilizar las aguas oscuras de las viviendas a través de un sistema sanitario sustentable (Entrevista con Arturo, Arquitecto, 30/03/2016). Estas ideas tampoco fueron aceptadas por los vecinos para el diseño de las viviendas. A pesar de esto, la prioridad de técnicos y autoconstructores era disminuir al máximo el precio final de los inmuebles, porque, en principio, no contaron con otro ingreso a excepción del subsidio de MISERIOR. Por ello, para minimizar los costos financieros, no solo se discutió un diseño óptimo, sino que se añadieron ciertas estrategias de ahorro energético al plan original.

Otro elemento que surgió en las discusiones por el diseño de las viviendas fue el tipo de propiedad del espacio habitacional producido. Aunque el Programa Arraigo otorgaba la tenencia de la tierra colectiva a las organizaciones a cargo de la autoconstrucción, propiciando a la “comunidad” como destinataria (Varela y Cravino, 2009). Cada una de las viviendas de la cooperativa de Villa Margarita pasó a propiedad individual de cada familia. Según lo acordado por los vecinos en las asambleas cooperativas, una vez terminada y resarcido el pequeño crédito que brindaba la institución —detallado más adelante— cada familia tramitaba la propiedad horizontal del inmueble (Salgado et al., 2012). En estas decisiones, se contempla que el Programa Arraigo, como programa de regularización dominial, centrado en el aspecto jurídico, reducía el acceso al hábitat a ingresos individuales y mecanismos de mercado. Sin embargo, esta posibilidad era muy valorada por sus habitantes, como se observa en Villa Margarita (Echevarría, 2015).

En esta línea, el grupo técnico experimentó las reticencias que el uso de los espacios comunes ocasionaba entre sus habitantes, amparada en el problema de los patios de uso colectivo. Como se mencionó más arriba, Arturo explicó que cada cuatro casas hay un pasillo común a las viviendas, pensado para el desarrollo de actividades económicas de esas familias. Según Mario, ese fue un tema de discusión en el diseño de las viviendas, porque para los vecinos estos pasillos reproducían la distribución espacial de la villa (ver Figura 2). Como conclusión de esta disputa, los patios se construyeron, pero el uso colectivo por las familias que los comparten no prosperó y muchos se encuentran cerrados. Sin embargo, el Centro Comunitario es propiedad de la cooperativa y lo administra su asociación, conservando su uso colectivo con diferentes actividades comunitarias. Aun en el marco de las políticas habitacionales de la segunda generación, se subraya que estas prácticas colectivas, eran testimonio de un aprendizaje, donde se resignificó el espacio vivido y se consolidó la experiencia cooperativista de estos vecinos (Rodríguez, 2009). En este sentido, estos conflictos evidenciaban la apertura de los técnicos por encontrar canales de diálogo que permitieran a los usuarios incorporar sus criterios de hábitat a las casas que habitarían (Pelli, 2010). Así, el grupo técnico formalizó el diseño de las viviendas y los vecinos en el intercambio se lo reapropiaron y lo transformaron (Zapata, 2017).

La experiencia autoconstructiva de la cooperativa de Villa Margarita se sostuvo en una colaboración mutua entre los técnicos, los habitantes y el Municipio. Si bien la participación del Municipio fue ínfima y tardía en la organización de la cooperativa, éste colaboró con la regularización dominial, acordando la disponibilidad de terrenos, posibilidades de edificación y servicios urbanos. Aun mediando algunas de sus secretarías, el Estado no tuvo ningún tipo de incidencia en las decisiones organizacionales y espaciales para las prácticas autoconstructivas de esta primera etapa. En este sentido, se recupera la autodeterminación colectiva de estos vecinos en la producción habitacional que presentan las disputas cotidianas con los sectores que hegemonizan el poder político, económico y cultural, como una parte del proceso de producción social del hábitat (Rodríguez, 2009).

Si bien los habitantes de Villa Margarita nunca tuvieron la intención de generar un movimiento social para transformar el orden establecido, la construcción de sus viviendas simbolizaba su incorporación a la ciudad. Ese posicionamiento era un acuerdo interno, discutido por los propios vecinos en sus asambleas, y respetado por quienes llegaban al barrio desde afuera con alguna función específica —políticos, técnicos, ONG, entre otros— (Entrevista con Pedro, 20/08/2016). Ante esto, los propios habitantes afirmaban que el apoyo de los técnicos, los miembros de las ONG, la iglesia, los políticos o empleados municipales era esencial para sostener y reforzar, en parte, la continuidad de las prácticas autoconstructivas. Si bien los vecinos mantenían una motivación legitimada en la necesidad social de poseer una vivienda digna y abandonar la villa, sus testimonios subrayaban que el largo proceso de producción del hábitat requería mucha ayuda para sustentarse en el tiempo (Entrevista con Irene, 15/12/2015).

En este camino, las prácticas de autoconstrucción de sus viviendas les presentaron tres desafíos a lo largo del proceso: el financiamiento, el diseño y la organización de los trabajos colectivos de construcción. Además del crédito de MISERIOR y la universidad, la autogestión de la cooperativa para producir un presupuesto se sostenía por el trabajo de cada vecino y la creación de un fondo común —fondo rotativo— que servía para la manutención del aparato de la institución. El mecanismo era el siguiente: los socios aportaban una cuota mínima para resarcir el préstamo que la institución les había otorgado. Según la explicación de Mario: “no estaba bien regalarle la vivienda, tenía que ser fruto del esfuerzo y el trabajo” (Entrevista con Mario, Militante y Físico especializado, 6/08/2015). Y mencionó una situación con el hermano de Juan, el propio presidente de la cooperativa, donde este miembro se negaba a pagar la cuota del fondo, y “habíamos acordado con los vecinos demoler la casa si se rehusaban a firmar el contrato y la escritura”. Más precisamente, según un Panfleto de la Cooperativa (1993) obsequiado por Susana, la hija de Irene y Juan, en una visita al barrio, el presupuesto de la cooperativa se constituyó de la siguiente manera:

Como ya se mencionó, un segundo problema fue el diseño optimizado de Arturo. Este era una adaptación de los primeros planos que habían presentado los miembros de la cooperativa a la ONG (Entrevista con Pedro, 20/08/2016). Pero, Pedro, el vicepresidente de la cooperativa, explicó que, este diseño estuvo influenciado por los movimientos sociales, donde la cooperativa participaba:

En la entrevista Irene se refirió al diseño de las viviendas:

Irene hacía referencia al traslado de las viviendas, a pedido del Secretario de Planeamiento Municipal que argumentó problemáticas técnicas de inundación del terreno por su proximidad al cauce de agua del arroyo, donde se ubicaba Villa Margarita. Paradójicamente, en la actualidad, allí se conformó una villa de mayor tamaño. En un recorrido por el barrio, Mario explicaba que esta villa era nueva y que muchos de sus habitantes son hijos de los socios de la cooperativa o algunos socios que volvieron a vivir allí y dejaron su “vivienda digna” para sus hijos. Por eso, según Mario, la cooperativa tiene que seguir funcionando para construir viviendas a las personas que se asientan en el Brazo Seco (Entrada Diario de Campo, 6/11/2015).

Entre los diferentes testimonios, la organización del trabajo autoconstructivo aparece como un verdadero desafío. En principio, los trabajos colectivos se organizaron en grupos de cuatro familias como estaban agrupadas las viviendas para su edificación (Salgado et al., 2012). No obstante, Pedro explicó algunos detalles de la puesta en marcha de esa organización para la construcción:

Pedro explica que todos los miembros de la cooperativa conocían el trabajo de albañilería, o lo fueron aprendiendo en las faenas. En el relevamiento que hicieron durante los primeros años de la cooperativa, también, se destacó que casi el 80 % de los hombres de la villa trabajaban, completa o parcialmente, en la construcción cuando se asentaron en Rosario. Aunque mucho de este trabajo fue realizado por hombres, las mujeres también se fueron sumando, ayudando o cumpliendo funciones de “peones de albañil” y realizando las actividades complementarias. Pedro aclara “no pegan los ladrillos”, pero hacían otras cosas cómo preparar la mezcla, trabajaba toda la familia” (Entrevista con Pedro, 9/11/2016).

La propia participación de Susana en la autoconstrucción coincide con lo relatado por Pedro. Ella cuenta que se fue sumando al trabajo de a poco, y al principio, no le interesaba participar. Sin embargo, con el tiempo descubrió que ayudar a su papá Juan en las tareas simples de la construcción era una forma de pasar más tiempo con él (Entrevista con Susana, 01/04/2016).

Una práctica para subrayar era que los propios autoconstructores comenzaron a fabricar los bloques para las viviendas y toda una serie de elementos necesarios para la construcción que sustituyeron muchas compras de materiales. Entre estos recursos, los vecinos se dedicaron a confeccionar: los bloques para las paredes, las viguetas de diseño simple para los techos, las aberturas y los tanques de agua que se construían con los bloques de cemento. Irene, explicó que los elementos prefabricados los realizaban en el viejo local de la cooperativa en la antigua villa (Entrevista con Irene, 15/12/2015).

En una recorrida con Susana para sacar las fotos del barrio y la cooperativa, (ver Figura 3) se conversó con Julio, su cuñado, acerca del trabajo de autoconstrucción. Después de comentar sobre cómo soldaban y armaban las aberturas, Susana se adelanta y le pregunta: “¿Qué pasó con las bloqueras? Pensé que había una tirada por acá así te la mostraba” explica Susana. Julio contesta: “Las bloqueras se las prestamos a otra cooperativa, ni me acuerdo cual, y nunca las devolvieron” (Entrevista con Julio, 25/02/2016). Entonces, explicaron que allí habían hecho los bloques prefabricados. Según Mario, esto surgió de los propios vecinos, “algunos tenían conocimientos de soldadura, les explicaron a los otros y terminaron armando todas las aberturas” (Entrevista con Mario, Militante y Físico especializado, 18/03/2016).

Aun con toda esta organización colectiva del trabajo se produjeron momentos de conflicto y ralentización de la edificación de las viviendas. “No nos decían que ‘casa’ nos tocaba”, así explican Carlos y Mary, recordando cómo construyeron su vivienda, mientras tomaban mates sentados en la vereda de la misma. Además, mencionan que: “en el grupo existían muchas dudas acerca de sí terminaríamos de construir las 65 casas”, considerando los plazos de la autoconstrucción, donde los vecinos solo trabajaban en sus tiempos libres (Entrada Diario de Campo 11/10/2016). Ante esta situación, según Mario, Juan decidió sortear a quién le correspondía cada casa y los autoconstructores aceleraron su trabajo.

En 1994, la Cooperativa de Vivienda de Villa Margarita obtuvo otro subsidio para continuar la construcción de sus restantes 51 viviendas como parte de la segunda etapa del Programa Arraigo. Este ente, junto al Servicio Público de la Vivienda municipal y la Unidad Ejecutora Rosario dependiente de la Secretaría de Acción Social de la Provincia de Santa Fe, se combinaron para otorgar financiación a nueve cooperativas, con presencia consolidada en los barrios de la ciudad (Salgado et al., 2012). Con estos subsidios, los vecinos desempleados de Villa Margarita obtuvieron “planes trabajar”, acelerando la dedicación a la construcción de las viviendas. Además, se cubrió el costo de los materiales de construcción. Estas experiencias le permitieron al Municipio obtener cierta práctica de acción en la periferia para proyectar el “Programa Integral de Recuperación de Asentamientos Irregulares”, conocido como “Rosario Hábitat” en 2001 (Aqueros et al., 2011). Ese mismo año, la Cooperativa de Villa Margarita concluyó la edificación de sus restantes viviendas.

Las políticas alternativas de vivienda se concentraron en la regularización dominial de los “asentamientos irregulares”. Desde el Municipio de Rosario, su implementación implicó, por un lado, unificar los modos de nombrar la ocupación de la periferia, sin distinguir los asentamientos de las villas para la implementación de la política nacional. Y, por otro, la Municipalidad actuaba como intermediaria distrital de los trámites para que las organizaciones obtuvieran los títulos de propiedad de tierra. Esta acción municipal ocultaba las acciones organizativas y autoconstructivas que se habían desarrollado en los barrios. En esa línea, se subraya el peso depositado en las cooperativas para sostener en el tiempo los procesos de autoconstrucción del hábitat y el necesario pero poco relevante e intermitente accionar del Estado en sus diferentes niveles. A pesar del cumplimiento de la ejecución de sus viviendas, la Cooperativa de Villa Margarita evidencia esta dinámica en la relación con la Municipalidad, principalmente en la autoconstrucción de sus primeras 14 viviendas.

A partir de las entrevistas y el trabajo de campo con los pobladores de la Villa Margarita, también se exploraron los contrastes entre las propuestas de las políticas habitacionales, los técnicos y la apropiación que estos autoconstructores realizaron de ellas. Por un lado, se percibe una resistencia a la denominación de “asentamiento informal”, ya que los habitantes nombran al espacio habitado como “villa”. Y, por otro, se considera que ese espacio resulta indispensable para sostener el proceso de autoconstrucción. En este sentido, se detallaron la diversidad de momentos en la autoconstrucción de sus “casas” que ha involucrado tanto la edificación de los cimientos y el armado de los bloques de cemento, como las discusiones con el arquitecto, los técnicos y los militantes que trabajan en el barrio acerca del diseño y el proyecto para las viviendas y la urbanización del barrio, o el cambio de terreno, entre otros problemas. En sintonía con esto, el conjunto de negociaciones, resistencias y vivencias de autoconstrucción y de organización cooperativa construyen una relación entre el autoconstructor y el espacio que habita, la cual resulta difícil de representar con una categoría espacial creada desde fuera de esa experiencia. En esta clave, la lucha por la tierra urbana y la autoconstrucción son esenciales para comprender cómo los sectores populares resignifican su lugar en la ciudad.