En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), constituyen dos de los principales referentes que, desde hace más de ocho décadas, han integrado el derecho a la vivienda como parte de las garantías de la vida de los seres humanos, situación que diversos países han adoptado a través de sus leyes. En este contexto, la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda, destaca a través de su Observación General número 4, que el concepto de vivienda adecuada remite a la disposición de:

México, en su Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo N° 4 , establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Al respecto, el Artículo 2° de la Ley de Vivienda del año 2024 precisa que:

Lo anterior refleja que, en México, el responsable de proteger el derecho a la vivienda e impulsar las acciones para que la población pueda acceder a ella es el Estado, para lo cual instaura un Sistema, una Comisión y un Consejo Nacional que deben coordinar los esfuerzos para llevar a cabo acciones de vivienda, priorizando a los sectores sociales de bajos ingresos y en condiciones de pobreza.

Por su parte, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México , precisa que el derecho a la vivienda se concibe como aquel que “garantiza a todo ser humano un espacio destinado a servir de morada, que cuente con los servicios mínimos para mantener y fomentar la salud física y mental, el desarrollo, la privacidad e intimidad de su persona y la de su familia” (UNAM, 2016, p. 4) .

Con base en este fundamento legal, la vivienda se ha asociado en épocas recientes, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, específicamente con el número 11: ciudades y comunidades sostenibles, ya que está vinculado a los procesos de urbanización de las urbes y a “asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales” (ONU-Habitat, 2018). Cabe destacar que, por la naturaleza de la vivienda, también existe relación con otros ODS como el 1, por su contribución a las condiciones para aminorar la pobreza, con el 3 por las instalaciones adecuadas que promueven la salud y el bienestar, con el 6 que contribuye a la provisión de los servicios de agua y saneamiento, con el 7 por el uso y aprovechamiento racional de las energías no contaminantes y renovables, con el 8, 9 y 12 por la producción y modernización tecnológica en los procesos constructivos, con el 10 por la reducción de desigualdades de la población de bajos ingresos, con el 13 y 15 por la disminución de riesgos asociados al cambio climático, con el 16 por su contribución a la disminución de la violencia y con el 17 por la gestión de recursos para ejecutar instrumentos que reflejen las alianzas para el acceso a la vivienda. No obstante, el énfasis de la vivienda en este trabajo se sitúa en el ODS 11, ya que ésta se analiza desde la perspectiva del desarrollo urbano, que, en el Estado de México, resulta incesante y concentra cuatro zonas metropolitanas reconocidas en el actual Sistema Urbano Nacional (2020).

Asimismo, el Artículo N° 10 fracción XXIII de la Ley de Vivienda del Estado de México define a la vivienda social, como “aquella dirigida a las personas en situación de pobreza, marginación y/o vulnerabilidad, a través de los programas sociales de vivienda, clasificada en social progresiva, de interés social y popular”, por lo que es esta categoría en la que se centra el presente trabajo. Una definición complementaria la aporta el Gobierno de México a través de la (SEDATU, 2024, p. 7), instancia que la cataloga como “vivienda social o vivienda de interés social, que es un tipo impulsado por los recursos gubernamentales, que cumple con los requisitos mínimos de una vivienda adecuada, enfocada para los sectores más desfavorecidos de la sociedad”. No obstante, es preciso apuntar que este concepto puede variar dependiendo el país y las condiciones de cada espacio geográfico, contexto cultural y condiciones climáticas. Pese a ello, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, precisó a través de la Observación General número 4 que una vivienda adquiere la categoría de adecuada cuando posee al menos siete características (ONU-Habitat, 2018): a). Seguridad de tenencia; b). Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c). Asequibilidad; d). Habitabilidad; e). Accesibilidad; f). Lugar; y g). Adecuación cultural.

De lo anterior se deriva que las directrices internacionales que abogan por el derecho a la vivienda como garantía, sí han sido asumidas por México para procurar, en forma progresiva, que la población cuente con los estándares mínimos de bienestar, así lo reflejan sus diversos instrumentos jurídicos, que integran nuevas categorías conceptuales que emanan de las necesidades sociales. A su vez, el país a lo largo del tiempo ha creado diversas instancias gubernamentales federales y estatales, responsables de ejecutar el marco jurídico y normativo, y de impulsar los programas y proyectos que respondan a los requerimientos en materia de vivienda.

En la revisión de la literatura especializada se identifica que, la vivienda social tuvo presencia desde la Revolución Mexicana, con la inclusión de la obligación de los patrones de más de cien trabajadores de proveer “habitaciones cómodas e higiénicas”, en el Artículo N° 123 de la Constitución de 1917 (SEDATU, 2024). A partir de la década de 1950, surgen instituciones reconocidas por el Estado para impulsar la vivienda, sus políticas y apoyos crediticios para que la población accediera a ella, situación que se aprecia a través de los diferentes fondos, programas y con el surgimiento de leyes que marcaron un hito histórico en el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio. A lo largo del tiempo, la vivienda ha sido estudiada por diferentes instancias que han permitido clasificarla por su tipo de tenencia, régimen de propiedad, materiales de construcción, localización, tipo de suelo (zonificación), nivel de ingresos de sus habitantes, tipo de crédito y por la institución pública o privada que lo otorga, así como por su forma de producción, entre otros aspectos que se observan en la Tabla 2 que compara la evolución en el contexto nacional y en el Estado de México.

El Estado de México se distingue por ser la entidad más poblada del país. Cuenta con una población, al año 2020, de 16.992.418 habitantes y una densidad de 760 habitantes por km², es la segunda más densamente poblada después de la Ciudad de México (CDMX) donde se ubican 6.163 habitantes por km² (como indica la Página Web del INEGI [Link, accedido: 19/05/2025]); su estructura territorial se divide en dos zonas metropolitanas: Valle de Cuautitlán-Texcoco y Valle de Toluca y dos zonas conurbadas: Tianguistenco y Ozumba. En la primera demarcación se ubican municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl, que son los de mayor volumen demográfico en la entidad y en el ámbito metropolitano, con 1.645.352 y 1.077.208 habitantes, respectivamente, que en sus orígenes formaron parte de la periferia de la CDMX y actualmente integran la zona metropolitana más grande del país. El constante crecimiento urbano de la entidad y la producción formal e informal de la vivienda, muestra importantes retos en su planeación, que en la última década se ha caracterizado por la expansión de suelo para vivienda más no de población.

El parque habitacional para el año 2015 se conformaba por un total de 4.168.206 viviendas, cifra que representa el 13,10 % del total nacional, para el 2020 se contabilizaron 5.402.594 viviendas, que significan el 15,33 % con respecto al total nacional; el incremento de vivienda del periodo 2015 al 2020 asciende a 1.216.388 unidades (SNIIV, 2020). Por su parte, el promedio de ocupantes por vivienda para el año 2020 es de 3,71 (como lo indica la Página web del INEGI [Link, accedido: 19/05/2024]).

De acuerdo con el Consejo Estatal de Población (COESPO, 2015), la vivienda puede clasificarse a partir de criterios de independencia, agrupamiento y acceso, y se dividen en casa única en el terreno, casa que comparte terreno con otras, casa dúplex, triple o cuádruple, departamento en edificio, vivienda en vecindad o cuartería. Para el 2020, el INEGI agrega las categorías de vivienda en cuarto de azotea de edificio, local no construido para habitación, vivienda móvil, y refugio. El 92,46 % de las viviendas en la entidad corresponde a casas convencionales, mientras que el 6,08 % a departamentos, el menor valor identificado son los refugios.

La importancia del material de los pisos radica en conocer las condiciones de salubridad de sus ocupantes; para el año 2015 el 1,81 % de las viviendas particulares habitadas contaban con piso de tierra, cifra que aumenta en el 2020 a un 2,04 %; la categoría de cemento o firme paso de un 62,26 % a un 63,32 %; mientras que los pisos de mosaico, madera u otro recubrimiento disminuyeron de 35,12 % a 34,55 %.

El objetivo de identificar los datos sobre el número de cuartos y dormitorios consiste en estimar el total de espacio disponible para la vivienda, y así contribuir al desarrollo de diagnósticos y programas de política pública de mejoramiento habitacional. En la Tabla 3 se muestran los datos referentes a cuartos y dormitorios para el periodo 2015-2020.

Como se aprecia en la tabla anterior, para el año 2020, el 24,06 % de las viviendas cuenta con cuatro cuartos y sólo el 5,11 % dispone de un cuarto; con respecto a los dormitorios el 39,80 % de las viviendas cuenta con dos y únicamente el 5,75 % con cuatro cuartos, situación que hace referencia al tamaño de las viviendas.

Considerado los servicios básicos de agua potable, drenaje y energía eléctrica, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 y del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, se identificó que para el período 2015-2020, las viviendas particulares habitadas que disponen de agua se incrementaron de 95,66 % a 97,32 %, el servicio de drenaje se incrementó de 95,54 % a 96,53 %; mientras que la cobertura de energía eléctrica aumentó de 99,36 % a 99,60 %.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), para el año 2020 la oferta de vivienda se contabilizó en 15.260 unidades, ubicadas principalmente en los municipios de Tecámac, con el 20,08 %, y Zumpango, con el 21,23 %. La información registrada hasta el mes de marzo de 2024 señala una oferta de 11.572 viviendas, destaca el municipio de Tecámac con una oferta de 3.950 que representa el 34,13 % con respecto al total.

En materia de financiamiento, es importante considerar en primer término, el tipo de tenencia, según la Encuesta Nacional de Vivienda para el año 2020, el 16,23 % de las viviendas son rentadas, el 19,5 % son prestadas y el 63,5 % son casas propias.

Para la adquisición de una vivienda el 71,4 % de la población recurre a recursos propios para la adquisición de vivienda, seguido del 16,5 % que utilizan crédito de INFONAVIT, mientras que el 1,1 % de la población acude a otras instituciones crediticias públicas.

La intervención del Estado mexicano en la construcción de vivienda cambia a partir de 1992 con la reforma del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), pasando del otorgamiento de vivienda digna a los trabajadores a un organismo que tiene por objeto “crear sistemas de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones“ (Decreto Oficial DOF 24-02-1992).

La reforma al INFONAVIT dio paso a un mercado abierto, con una relación directa entre desarrolladores inmobiliarios y trabajadores, fomentando la construcción de vivienda en conjuntos urbanos de interés social, que se caracterizan de acuerdo con Pradilla (2015), por una gran dimensión, con viviendas unifamiliares de una o dos plantas, materiales de construcción de calidad deficiente, ausencia de bienes y servicios de uso básico, localizados en zonas periféricas lo que propicia la expansión urbana descontrolada.

En esta lógica, la problemática de abandono de la vivienda en México comienza a agravarse en el año 2010 con la identificación de cinco millones de viviendas deshabitadas: viviendas particulares que están totalmente construidas y disponibles para ser habitadas y que al momento del levantamiento censal no tienen residentes habituales, tampoco son de uso temporal (Contreras Saldaña, 2023), cifra que aumenta para el 2020 a 6.000.000, datos que, en la opinión de Contreras Saldaña (2023), muestran el fracaso de la política habitacional en el país que solo mantiene una visión económica y cuantitativa sin propiciar espacios seguros y habitables que garanticen el derecho a la ciudad.

Concretamente, en el Estado de México para el periodo 1999-2004, se autorizaron y construyeron 63.000 viviendas, cifra que puede compararse con la producción de los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Tabasco, Morelos, Zacatecas y Baja California Sur. Posteriormente, del 2000 al 2010 la producción de viviendas aumentó a 617.250 distribuidas en 325 conjuntos urbanos en la entidad (Pedrotti, 2010).

En el año 2020, el Estado de México registró 5.402.594 viviendas, de las cuales 4.568.635 están habitadas, y 611.159 se encontraban deshabitadas, situación que representa un 11,31 % con respecto al total de la entidad (SNIIV, 2020). En el ámbito municipal, las viviendas abandonadas se clasificaron en cuatro rangos, previamente descritos en el apartado metodológico, y los resultados se muestran a continuación:

en el Rango 4, denominado como alto se ubican 2 municipios: Huehuetoca con el 37,07 % y Zumpango con el 35,63 %. Se trata de municipios caracterizados por la expansión de conjuntos urbanos, alejados de los centros de trabajo, educación y recreación (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 2022, [Link, accedido: 10/03/2025]). En el Rango 3, medio, con 9 municipios se destacan Almoloya de Alquisiras con 27,51 %, y Chapultepec con 26,82 %. En cuanto al Rango 2, bajo, con 37 municipios se destacan Zacazonapan con el 21,10%, Tejupilco con 20,82% y Nextlalpan con 20,41 % (ver Figura 1, debajo). Por su parte, en el Rango 1, muy bajo, se clasifican 77 municipios. Los valores máximos se registran en Atizapán, Chiautla y Rayón con porcentajes de 12,84 %, 12,79 % y 12,03 %, respectivamente; los datos por municipio se muestran en la Figura 1 (arriba).