En el 2017, un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas que cursan la materia “Taller de etnografía: comunicación y ciudad” en la Facultad de Información y Comunicación, de la Universidad de la República (Udelar), realizan una investigación sobre el proceso de asignación y ocupación de unidades habitacionales a los socios de la Cooperativa de Viviendas Virazón, la cual se ubica en una zona céntrica de la capital del Uruguay.

Realizar dicha investigación condujo a conocer y entrevistar a distintos actores de la cooperativa, de instituciones estatales y de la federación de cooperativas de vivienda a la cual pertenecían.1 Pasados algunos años, podemos vislumbrar las consecuencias de la implantación de esta y otras cooperativas a las que les fueron otorgados terrenos en la misma área en el marco de la Cartera de Tierras Municipal de Montevideo,2 y discutir si contribuyen estas intervenciones a cumplir los objetivos de las políticas públicas que dieron lugar a su instalación en el territorio.

Como lo menciona Machado (2018), en Uruguay se produce una relación singular con el modelo cooperativo, tanto por su escala como su desarrollo histórico. Uno de sus vértices es la vivienda cooperativa, cuyas primeras experiencias piloto surgen en 1966 y adquieren un notable impulso con la aprobación de la Ley Nacional de Vivienda N° 13.728 en el año 1968. Posteriormente ha experimentado un sostenido aumento hasta la actualidad, al alcanzar en el 2019 unas 1.622 cooperativas, las cuales representan aproximadamente sesenta mil familias (Machado, 2022).

Su crecimiento se ha dado por un enfoque por parte de la política social de vivienda financiada por el primer nivel de gobierno y por su incentivo a partir del otorgamiento de tierra saneada y en áreas centrales por la ya mencionada Cartera de Tierras Municipal. Ha sido tanto por su desarrollo como por su permanencia a lo largo de las diversas administraciones que se puede hablar de una auténtica política de Estado. “A pesar del carácter residual, dual y segmentado de la política habitacional, el rol y lugar del Estado ha sido insustituible y permanente” (Machado, 2018, p. 94).

Dada esta tradición no es sorprendente que se considere la implantación de cooperativas a la hora de elaborar planes de renovación urbana en las áreas centrales por parte de las autoridades municipales. Ahora bien, el sistema cooperativo de vivienda tiene características propias en su modelo asociativo, de gestión y construcción, que lo diferencia de la vivienda privada, al mismo tiempo que existen distinciones entre las cooperativas de Ayuda Mutua y las de Ahorro Previo, las cuales desarrollaremos más adelante.

Cabe entonces preguntarnos en qué medida las políticas públicas de renovación urbana consideran la relación entre el modelo asociativo de la cooperativa de vivienda y los lineamientos que se proponen de recualificación urbana y patrimonialización barrial. Y cuáles son los efectos sobre el barrio, una vez concluidos estos planes de renovación.

El Barrio Sur se encuentra intrínsecamente vinculado a expresiones sociales y culturales populares que identifican actualmente al Uruguay, como lo es el Candombe y el Carnaval. Es un lugar donde encontraron su primer alojamiento los descendientes de esclavos y los migrantes, en conventillos y pensiones, donde nacieron expresiones culturales propias, en sintonía con la antigua tradición. Lindante con la Ciudad Vieja, el núcleo fundacional de Montevideo, Barrio Sur, fue uno de los primeros barrios en habitarse tras el primer ensanche de la ciudad colonial y la demolición de las murallas que la protegían (Carmona y Gómez, 2002).

La población originaria fue integrada principalmente por trabajadores humildes, inmigrantes, descendientes de esclavos, obreros no calificados y paisanos, que encontraron en el inquilinato o el conventillo las respuestas a sus necesidades de vivienda. En ese contexto se fueron insertando importantes complejos industriales vinculados a la franja costera, como lo fue el muelle y los predios de la Compañía del Gas. Para 1923 comenzarían las obras de la Rambla Sur, con el fin de ganar espacio a las playas, al mismo tiempo que oficiaba de contención para el agua.

Si bien la Ley de propiedad horizontal de 1946 favoreció la construcción de viviendas de carácter colectivo, esta siguió siendo un deber para los sectores tradicionales y populares de Barrio Sur. En 1971 la Intendencia de Montevideo (IM) propone un Plan de Renovación Urbana, cuyo objetivo principal era densificar el área al aumentar el número de viviendas mediante la construcción de edificios en altura, lo cual implicaría un cambio en el paisaje de la zona (Intendencia de Montevideo, 2004). De esta etapa primarán los edificios en torre y bloque construidos sobre el verde de los predios libres sobre la costa, el cual impondrá una nueva realidad habitacional y poblacional para el sector en contraposición con el perfil edificatorio de los sectores más antiguos del tejido (Nobile y Puppo, 2024). Parte de estos edificios en torre serán las primeras viviendas cooperativas del barrio.3

Los años de la dictadura cívico-militar (entre 1973 y 1985) estarían signados por los desalojos, traslados y expulsiones, parte de un largo proceso donde los sectores más pobres y afrodescendientes fueron sistemáticamente expulsados a las periferias y demolidas sus viviendas de carácter colectivo, en un proceso no solo de clase, sino también de “emblanquecimiento del barrio”.

A finales de los noventa existe el interés por parte de la IM de retomar el proyecto de densificar y rehabilitar el Barrio Sur, pero esta vez con un interés más marcado hacia preservar el patrimonio cultural y articular la permanencia de la población tradicional del barrio. Para este fin se crea el Plan Especial de Ordenación Recuperación Urbana del Barrio Sur (PEBS), que se aprueba a través del Decreto N° 30.317 de la Junta Departamental de Montevideo. El plan tiene como objetivo general “Recuperar y afirmar las características propias del Barrio Sur protegiendo su acervo cultural, arquitectónico, urbanístico y rescatando los valores del entorno social” (Intendencia de Montevideo, 2004, p. 6).

En el PEBS (Intendencia de Montevideo, 2004) se manifiesta que, por un lado, hay cualidades arquitectónicas que le confieren su impronta a Barrio Sur que son necesario preservar, en particular las viviendas “standard” desarrolladas desde finales del siglo XIX hasta 1930 (casas de una o dos plantas, de azotea plana, constituidas por cuartos en línea y de grandes dimensiones verticales) y viviendas colectivas del período racionalista (entre 1930 y 1950) asociadas al Art Decó. Por otro lado, se expresa la necesidad de acciones que ayuden a recuperar el patrimonio cultural asociado a las tradiciones barriales donde se destaca el Candombe, y se mencionan acciones orientadas al fomento de todo lo relativo a la cultura afro. Finalmente se destaca el carácter socialmente heterogéneo del barrio y se proyectan medidas orientadas a densificarlo, profundizar su carácter residencial, combatir las malas condiciones de hábitat y promover el reequilibrio social.

Este proyecto se enfoca en rehabilitar la franja costera de la ciudad de Montevideo, desde el Cementerio Central a la calle Ciudadela (como se observa en la Figura 1). En particular, se buscaba reutilizar el área perteneciente al antiguo corralón municipal (terrenos entre las calles Zelmar Michelini, Gonzalo Ramírez y Carlos Viana), tanto sea en la concreción de proyectos que fomenten nuevas viviendas, la rehabilitación de espacios públicos y la refacción de las viviendas circundantes.

La Intendencia, a través de la Cartera de Tierras para Vivienda, consolida estos terrenos, algunos pertenecientes a tierras propias de la IM que han quedado en desuso y otros predios deteriorados que la IM compra para poder rehabilitar. En algunos de dichos terrenos se llevan a cabo proyectos de vivienda orientados hacia la población afrodescendiente original del barrio, como lo es Ufama al Sur (Cooperativa integrada por mujeres jefas de hogar pertenecientes a una organización que nuclea familias afrodescendientes, denominada Mundo Afrofamiliares de Mundoafro), el reciclaje denominado Casa Verde y otras experiencias de reciclajes colectivos con ocupantes.

Posteriormente, se determinan diferentes propuestas volumétricas (como se muestra en la Figura 2) y se otorgan dichos terrenos a diferentes modalidades cooperativas (Ahorro Previo, Ayuda Mutua y también a vecinos del barrio en la cooperativa Atahualpa Cardozo), pero se reservan los lotes que tenían mayor altura de edificación para posibles ofertas de inversión privada (Entrevista a la Arq. Patricia Roland, directora de la División de Espacios Públicos y Edificaciones de la IM en 2017).

Originalmente, el terreno que sería asignado para las cooperativas Virazón y Gardeliana es propuesto para la inversión privada, pero, al pasar el tiempo y no obtener una inversión del mercado, se decide ofrecer los terrenos a la FECOVI (Federación de Cooperativas de Vivienda). Al ser la Federación la que ofrece los padrones a cooperativas que se encontraban en proceso de formación, en el 2008 se les asignan terrenos a las cooperativas Gardeliana, Virazón, Cuareim y Castalia (las primeras dos torres de trece pisos, las segundas dos edificios de cuatro niveles) (Entrevista a Ricardo Pisciottano, presidente de FECOVI en 2017).

Dentro de los padrones considerados parte del PEBS, también se encuentran los terrenos de la ex fábrica Strauch, frente al Cementerio Central, que pertenecían a la sociedad Tessifilia Italiana. Es esta sociedad privada la que solicita que dichos padrones sean incluidos dentro del PEBS, y desde las autoridades municipales se accede debido a que los grandes equipamientos de antiguo uso industrial instalados sobre el sur de la ciudad son considerados conflictivos con el tejido residencial del barrio (García et al., 2019). Los terrenos se venden a la empresa Campiglia que construye el complejo de viviendas “Estrellas del Sur”, constituido por unas torres de doce y veinticuatro pisos respectivamente, con un total de 389 viviendas, las cuales son inauguradas en el 2018. Es importante destacar que este proyecto se desarrolla según la Ley N° 18.795 “Acceso a la vivienda de interés social” (LVIS), la cual es promulgada en 2011, y que concede exoneraciones impositivas con el fin de incentivar la inversión privada en vivienda social. Cabe destacar que se han de construir otras viviendas en Barrio Sur bajo el amparo de la LVIS, aunque ninguna de las significativas proporciones de “Estrellas del Sur”.

En Uruguay, en 1966, es donde se gestan las primeras experiencias de cooperativas de vivienda. Estas comienzan como experiencias en el interior del país de trabajadores organizados que buscaban una solución habitacional colectiva, que carecían en su momento de un marco normativo específico, y fueron impulsadas por el Centro Cooperativo del Uruguay (CCU) (Bertullo et al., 2004).

En 1968, la Ley de Vivienda N° 13.728 le otorga un marco normativo, y favorece el acelerado crecimiento del sistema, que en 1973 estaba integrado por sesenta y nueve cooperativas con 4.338 viviendas en construcción. “En la expansión tan rápida de las cooperativas de vivienda —sistema profundamente innovador del cual se dijo que era ajeno a la idiosincrasia nacional— se conjugaron sin duda tres factores: la política estatal, la eficiencia de las instituciones de promoción y el peso de las organizaciones sindicales” (Terra, 2015, p. 80).

Como lo señala el autor (Terra, 2015), además de la innovadora Ley de Vivienda, se priorizan recursos desde la Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI) hacia las cooperativas orientadas a usuarios de viviendas muy económicas. La experiencia e impulso desde las instituciones de promoción, ahora organizados en Institutos de Asistencia Técnica, permite transmitir entre los diferentes proyectos cooperativos los aprendizajes acumulados. Finalmente, el peso gremial, donde se identifican los ideales del cooperativismo con los proyectos políticos colectivos de los sindicatos, impulsan el desarrollo de cooperativas entre sus miembros (Terra, 2015).

Desde el establecimiento del marco legal en la Ley de Vivienda de 1968 se ha dividido el sistema en cooperativas de propietarios o cooperativas de usuarios. En las cooperativas de propietarios cada socio titular es propietario legal de su vivienda una vez concluida la etapa constructora. En cambio, en el modelo de cooperativas de usuarios, la cooperativa misma, como entidad jurídica, es dueña de las viviendas, y el socio titular tiene un contrato de uso y goce con la vivienda asignada (Terra, 2015).

El modo de cooperativa de usuarios, por consiguiente, anula la capacidad de un socio titular de vender por cuenta propia o poner la vivienda como garantía (lo salvaguarda, además, de acciones que un tercero pudiese tomar contra su vivienda), y le otorga a la entidad cooperativa como colectivo un mayor control sobre la totalidad de las viviendas y los posibles nuevos socios que ingresen.

Tomando en consideración que la vivienda es una mercancía de intercambio, donde prima el valor de la propiedad privada, en el caso del sistema de usuarios limita esto en usos y venta, lo cual a priori mitiga los posibles fenómenos que implica la llegada al barrio de una población nueva y probablemente de otro sector social (capacidad de ahorro, edades, pertenencia).

En palabras de Harvey (1973): “El suelo y las mejoras realizadas en él son, en la economía capitalista contemporánea mercancías. Pero el suelo y sus mejoras no son mercancías normales, y así los conceptos de valor de uso y de valor de cambio cobran significado en una situación bastante especial” (Harvey, 1973, p. 163). En este sentido, existe una ruptura entre valor de uso y cambio, que limita la agencia del mercado inmobiliario.

Además, las cooperativas se pueden dividir según la manera en que obtienen el capital complementario al préstamo hipotecario: pueden ser de Ayuda Mutua, agrupadas en la Federación de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua (FUCVAM), creada en 1970, o de Ahorro Previo, agrupadas en la Federación Nacional de Cooperativas de Vivienda (FNCV), creada en 1975, y refundada en 1984, luego del periodo de dictadura cívico-militar, con el nombre de Federación de Cooperativas de Vivienda (FECOVI) (Bertullo et al., 2004).

Estos modelos, el ahorro previo y la ayuda mutua, varían en la forma de obtención del capital necesario previo a que le sea otorgado el préstamo hipotecario y cómo se complementa la otra parte del capital durante el proceso de construcción de la vivienda.

En la actualidad, y luego de una reforma de todo el sistema público de vivienda (Ley N° 18.125 ), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), otorga un préstamo que corresponde al 85 % del valor del proyecto edilicio, el 15 % restante debe ser aportado por los socios y se aplica un subsidio a la cuota que se relaciona con los ingresos y la integración de los hogares (Machado, 2018). Las cooperativas de ayuda mutua consiguen este capital a través del trabajo de sus socios en obra, en la construcción de su propia cooperativa o al participar en otros proyectos de construcción. En cambio, el Ahorro Previo funciona a través del ahorro económico de los socios cooperativos previos y durante la construcción de la cooperativa. Esta diferencia de modalidad tiene consecuencias significativas en dónde y cómo se construyen, y qué tipo de perfil de socios habitan las cooperativas.

Tradicionalmente, las viviendas por Ayuda Mutua han sido construcciones de una planta o dúplex, siendo las primeras experiencias de edificación en altura finalizadas posteriormente al 2015 (La Kolonia y Covivema, de ocho y nueve pisos respectivamente) (De Souza et al., 2021, p. 25). Esto responde a los reparos que han existido respecto de las capacidades y la seguridad de una obra en altura, considerando que son los socios cooperativistas quienes construyen la vivienda. (De Souza et al., 2021, p. 30). En cambio por el modelo de Ahorro Previo predominan las construcciones en altura, ya que este tipo de construcción genera un mayor rendimiento del terreno, al aumentar la densidad y capacidad de ahorro de los socios (Abbadie et al., 2018, p. 95).

En sus comienzos las cooperativas de Ayuda Mutua se caracterizaban por estar integradas por familias de ingresos bajos, con una fuerte tendencia a provenir del ámbito sindical, lo que les confería una alta capacidad de movilización (Bertullo et al., 2004, p. 26). Los socios de viviendas de Ahorro Previo, al tener que ahorrar significativamente antes de la construcción, se caracterizaban por ser trabajadores de sectores de ingresos medios, en particular jóvenes profesionales, empleados de cierta calificación y administrativos (Abbadie et al., 2018, p. 24; Bertullo et al., 2004, p. 27).

Las características sociales y arquitectónicas de las diferentes modalidades cooperativas han tenido como consecuencia una distribución desigual de los proyectos cooperativos en la ciudad. Si bien ambas modalidades se encuentran distribuidas en todo Montevideo, las cooperativas de Ayuda Mutua suelen primar en los barrios periféricos de la ciudad, caracterizadas por conjuntos de casas que en algunas instancias forman auténticos barrios cooperativos (De Souza et al., 2021; Díaz y Rabasco, 2013). Las cooperativas de ahorro previo se han desarrollado principalmente en edificios en altura en las zonas centrales e intermedias de Montevideo (Abbadie et al., 2018).

Es importante señalar que gran parte de los terrenos utilizados para la edificación de las cooperativas dependen de acuerdos realizados entre el Gobierno y las Federaciones que agrupan las cooperativas de base (De Souza et al., 2021). En particular, la Intendencia de Montevideo, a través de la Cartera de Tierras para Viviendas, es un actor clave en la obtención de terrenos. En consecuencia, existe un fuerte vínculo entre el sistema cooperativo de viviendas y el Estado, al depender para la obtención de los terrenos y para la financiación de la construcción.

En el caso de las cooperativas de Ahorro Previo, las cuales se encuentran asociadas en FECOVI, estas comienzan su proceso con un grupo de socios fundadores cuyo interés es acceder a la vivienda cooperativa.

Si bien suele pasar que un grupo cooperativo busque activamente por años un terreno donde llevar a cabo sus viviendas, es común que este grupo se conforme en el momento en que se ofrezca un terreno por parte de FECOVI, que actúa como nexo entre la oferta pública y las cooperativas en formación. Es entendible que el grupo cooperativo no adquiera dinamismo hasta el acceso a un terreno, y una vez que este sea otorgado, suelen sucederse grandes cambios a la interna del grupo, debido a la necesidad efectiva de ahorrar dinero para la obtención del préstamo para construir (Abbadie et al., 2018).

El caso que se ha estudiado ha sido la cooperativa Virazón, una de las cuatro cooperativas de ahorro previo que se construyen como parte del PEBS. En el caso de las cooperativas Gardeliana y Virazón, estas se conforman en el 2007, y desde la cartera de viviendas es que se ofertan sus respectivos terrenos en el 2008 (Abbadie et al., 2018). Ambos terrenos son padrones adjuntos, por lo que ambas cooperativas son “hermanas” en muchos sentidos, siendo dos torres construidas a partir de idénticos proyectos arquitectónicos. Lo que ha llevado a que se conformen como dos cooperativas diferentes han sido las restricciones del MVOTMA para acceder al préstamo hipotecario, que limita el máximo de cincuenta núcleos habitacionales por cooperativa.

La cooperativa Virazón (como se observa en la Figura 3) es habitada en el 2017, luego de concluir un proceso de diez años desde su fundación. Como relatan los entrevistados, un gran contingente de socios se unió entre 2009 y 2010. El barrio había sido el motivo principal de su elección, y parte de los socios se integraron a partir del atractivo del barrio en el que se iba a construir la cooperativa.

A medida que el proyecto avanzó y se concretó, se dio un aumento significativo de las solicitudes para formar parte de las cooperativas, fundado posiblemente en la ubicación de las cooperativas cercanas a la Rambla de Montevideo, eje articulador urbano por excelencia y en muchos casos con vistas al Río de la Plata. Cada vez que se retiraba un socio, solía realizarse un proceso exhaustivo para la elección de los nuevos socios cooperativistas que los fueran a reemplazar. El principal factor que se buscaba en el proceso de elección era la capacidad de afrontar el ahorro, el cual, en medida que se alargaba el proceso, requería ponerse al día con el resto de los socios en plazos cortos. Esto segmentaba socio-económicamente a los candidatos, al perfilar a personas o familias que ya tenían dinero ahorrado previamente o la capacidad de obtener liquidez de forma rápida. Cabe destacar que existe un tope a los ingresos familiares, definido por la el MVOT (Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial) en función de que las cooperativas se enmarcan en el sistema de vivienda social, lo que limita el acceso a familias con ingresos superiores a lo estipulado por el Gobierno. A modo de referencia, una familia de tres integrantes, a enero del 2024, podía tener un ingreso máximo total de USD 3.100 aproximadamente (Datos obtenidos de la página web del MVOT [Link]).

Un segundo criterio de elección es la disposición a habitar una vivienda con las características del sistema cooperativo, donde una cantidad de tareas que configuran el proyecto constructivo y los procesos de integración son deberes de los socios. En este sentido, el capital cultural es tomado en cuenta, en particular en la medida que el perfil laboral del nuevo socio contribuya a los objetivos de la cooperativa. Finalmente, la incertidumbre frente a los largos plazos que puede tomar el proceso de construcción contribuye a que los postulantes sean personas que puedan plantearse un proyecto donde por varios años no obtengan una solución habitacional. Estos tres factores, el perfil económico, la no urgencia y el capital cultural vinculado al cooperativismo, contribuyen a que prepondere un perfil socio-económico determinado en las personas que entren en la cooperativa, el cual tiende a que sean jóvenes universitarios de clase media. Hay que recordar, además, que el régimen de vivienda de usuarios en un país donde la propiedad privada es un valor central también aleja fundamentalmente a aquellos con fines especulativos o de inversión (Cabrera, 2018).

En el artículo “Vivienda por cooperativa de ahorro previo. Un camino y sus encrucijadas” (Abbadie et al., 2018), los autores estudian el proceso constructivo de nueve cooperativas de Ahorro Previo (entre ellas, Virazón) y se centran en el proceso constructivo. Del trabajo de entrevistas realizado, se extrae la participación, entendida como compromiso a los espacios colaborativos y trabajos comunitarios, que es altamente valorada por el colectivo. Se considera que existe un aprendizaje de qué implica ser cooperativista, que conduce a que los socios más antiguos, y que posean este capital, suelan ocupar los espacios de toma de decisión. Se señala en varias cooperativas la concentración del trabajo y la toma de decisiones en unos pocos socios, y aun si se entiende la integración como un proceso, se desprende un cierto malestar hacia aquellos socios que participan menos.

En gran parte de las cooperativas estudiadas por Abbadie et al (2018), se hace referencia a la dimensión comunitaria de los vínculos entre los socios.4 Algunas de ellas manifiestan, además, los vínculos hacia el barrio.5 Aun si no hay estudios sistematizados enfocados en la construcción de vínculos desde las cooperativas de Ahorro Previo, el artículo ya mencionado, los numerosos trabajos dirigidos a las cooperativas de Ayuda Mutua y las entrevistas realizadas a los miembros de Virazón (cabe destacar como ejemplo el proyecto de huertas comunitarias llevado a cabo por Virazón en el 2023. Disponible en la página web de Municipio B [Link]), parecerían indicar formas vinculares más fuertes entre los socios y una mejor integración hacia el barrio que lo esperado en las viviendas de propiedad privada.

Dentro de los objetivos del PEBS se manifiesta la búsqueda de la preservación y promoción del patrimonio barrial, sea de carácter edilicio o cultural.6 En este sentido, el patrimonio alude a un conjunto de bienes, materiales o inmateriales, poseedores de valor simbólico por su historicidad y originalidad, y considerados de importancia para la sociedad. Ahora bien, el mismo acto del cuidado y difusión de dichos bienes le confieren un valor que es fácilmente captable por las lógicas de la economía liberal, que entienden el valor de lo patrimonial como un activo económico de primer orden, en particular por la especulación inmobiliaria (Abin, 2022; Santamarina y Del Marmol, 2020).

Considerando el potencial de lo patrimonial para mercantilizar y enajenar un bien de su población original, al mismo tiempo que también se considera que patrimonializar representa una herramienta de lucha contra-hegemónica al cuidar ciertos bienes, es que coincidimos en que “el patrimonio debe entenderse siempre en términos procesuales, como un conjunto de discursos y prácticas que transforman las condiciones sociales de producción de determinadas realidades sociales. Y es, en este sentido, en el que se abre como un campo proclive al conflicto” (Santamarina y Del Marmol, 2020, p. 165).

Aquí podemos discutir si las transformaciones que han sucedido en Barrio Sur tras la inauguración de las cooperativas del PEBS conducen a un proceso de gentrificación. Si bien, como concepto teórico, tiene varias visiones, hay ciertas características en común para otorgarle un marco operativo. Este se genera en barrios centrales cuyas características productivas a comienzo del siglo XX se han transformado, al dejarlos en estado de deterioro y parcialmente vacíos. Estos barrios sufren transformaciones a partir de las últimas décadas del siglo XX motivado por los intereses de las clases medias y altas de volver a ocupar las áreas centrales. Este interés es fomentado por la inversión privada que ve el diferencial de alquiler (rent gap) con los alquileres promedio como provechoso. Se suman al interés privado las políticas públicas que buscan fomentar la reutilización de estos territorios cuyo interés no es únicamente territorial, sino también cultural, al ser barrios históricos o barrios emblemáticos. La introducción de un sector de mayor poder adquisitivo y las nuevas pautas de consumo tendrían consecuencias sobre el valor del suelo, lo que lleva a la expulsión de la población original del barrio (Vergara Constela, 2013). Desde esta definición, existirían varios puntos en común con las características y procesos que ha vivido el Barrio Sur, donde las políticas públicas como el PEBS y LVIS han generado cambios significativos.

Tras ser completados los proyectos cooperativos de viviendas en Barrio Sur, han habido transformaciones sutiles, pero significativas, en el barrio, que se logran entrever en el presente. El motor de dichas transformaciones residenciales no ha sido únicamente los cambios acarreados por el PEBS, además se suma al aumento de construcción privada generado por el LVIS, el cual ha generado el aumento significativo de la construcción de viviendas, siendo el caso más significativo el complejo de edificios “Estrellas del Sur”.

Al caminar por las calles, nos podemos encontrar nuevos edificios y negocios que han surgido a partir del 2015. Muchos de los antiguos bares del barrio, que se encontraban venidos a menos y con poco público, han sido reemplazados o reciclados en bares modernos, que apuntan hacia un público joven y de poder adquisitivo significativo, que suelen llenarse en las noches. La antigua feria barrial de la calle Salto, que no se diferenciaba mucho de otras ferias barriales, ha crecido en tamaño y variedad de productos, siendo en la actualidad uno de los espacios de referencia para comprar alimentos gourmet. Muchos de los hoteles que se encontraban al Sur de la calle 18 de Julio han sido reciclados, y han aparecido algunos “boutique hotel” nuevos.

Si bien podemos dar cuenta de estos cambios, que podrían ser signos de la gentrificación del barrio, también se conservan las manifestaciones barriales que lo situaban como barrio popular. El paisaje urbano con las características casas de una o dos plantas, muchas de ellas con señales de deterioro, sigue coexistiendo con las nuevas tipologías de vivienda. Permanece un número significativo de las características pensiones, que son una alternativa para los sectores vulnerables de la población. Al mismo tiempo existe una pronunciada población en situación de calle que duerme por las noches en las aceras y que por el día trabajan como cuidacoches.

Las comparsas de tambores que circulan por la calle Isla de Flores siguen saliendo de la misma manera en que lo han hecho por décadas, pero suman a otros sectores a esta movida cultural, al atraer a públicos multitudinarios. Se puede decir que la estructura base del barrio se mantiene, con los contrastes de hace décadas, pero quizás con algunos nuevos actores que impactan y generan formas de habitar diversas.

Como dato cuantitativo para evaluar estas transformaciones, podemos referirnos al valor de alquileres. En el 2012, el promedio de alquileres de una vivienda en Barrio Sur era de $U 7.200, mientras que para el resto de Montevideo era de aproximadamente $U 6.800, según datos del Monitor Habitacional elaborado por la Unidad Permanente de Vivienda de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Udelar) [Link]. A enero del 2024, el promedio de alquileres en Barrio Sur era de $U 21.352, mientras que en el resto de Montevideo era de $U 19.991, conforme a los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) [Link]. Esto implica un aumento porcentual en los últimos doce años de 296 % versus 293 %. Esto parecería indicar que el aumento porcentual del coste de alquiler en Barrio Sur es correlativo al resto de Montevideo. Además, se evidencia que en este período de tiempo los alquileres en Barrio Sur se corresponden a la media de los alquileres capitalinos, lo cual parecería sugerir que, tras la finalización del PEBS, no ha habido un fenómeno excepcional de transformación del perfil socioeconómico del barrio, al menos desde la variable de los alquileres.

Gentrificación es una palabra que se puede ver a modo de reclamo grafiteada en los muros de Barrio Sur, camino a Virazón, donde parte de la población originaria se ha sentido desplazada. Pero, según la Arq. Patricia Roland,7 esto no sería el proceso que ella entiende que se desarrolla en Barrio Sur, ya que resalta la importancia de la IM a la hora de adquirir terrenos en estas zonas, que han sido destinados para proyectos cooperativos, y fomentan el repoblamiento de la parte céntrica de la ciudad, al mismo tiempo que se recualifica.

Si bien el proyecto especial del Barrio Sur busca revalorizar el barrio sin dejar de lado su tradición cultural, en tanto reconocimiento de la población histórica que lo ha habitado, su desarrollo y vínculo con el espacio y cómo estos han devenido en un proceso de construcción identitario vinculado a tradiciones afro, como el Candombe, no menos cierto resulta que el boom de la construcción, en estos últimos años, ha intentado cooptar esta faja de la ciudad. En este sentido, Ricardo Pisciottano8 señalaba que la adjudicación de los terrenos del antiguo Corralón Municipal, así como de otros también en el Barrio Sur, han establecido un freno a un proceso de gentrificación, signado por la adquisición de terrenos desde iniciativas privadas, para la construcción de costosos complejos inaccesibles para la media de la población, lo cual termina con el desplazamiento de una población que se sustituye por otra.

La experiencia estudiada parece indicar que las causas que permiten el surgimiento de una cooperativa en determinado territorio son, en gran medida, producto de la interacción entre Políticas Públicas y las federaciones que las engloban. Como tal, existe un entendimiento por parte de los promotores de los planes de renovación urbana que otorgan los terrenos y la gestión de la CMTV (Cartera Municipal de Tierras de Vivienda) de que el desarrollo de los proyectos seguirá ciertos lineamientos producto de las características particulares de gestión y del perfil social de sus futuros socios.

Las cooperativas de la modalidad de Ahorro Previo, además, parecen poseer características que las diferencian del sistema de Ayuda Mutua, en la medida en que su modelo constructivo favorece el desarrollo de edificios en altura con alto nivel de edificabilidad y ocupación de suelo, pero exige una capacidad de ahorro importante para las personas que viven del trabajo (Abbadie et al., 2018).

Como señalan De Souza, Valitutto y Simoneau, “podemos afirmar que la propiedad colectiva del suelo y la organización social en común es una oportunidad real para el desarrollo social como forma de favorecer la integración territorial en ámbitos territoriales centrales” (De Souza et al., 2021, p. 32). Sumado al mayor agenciamiento como colectivo que estas formas de organización demuestran en contraposición al sistema privado, parecería existir un reconocimiento tácito desde las políticas de renovación urbana de que este tipo de viviendas conduce a la reactivación de los barrios y tener un impacto positivo sobre el uso de las áreas circundantes.

El otorgar terrenos a estas cooperativas implica una herramienta para el Estado, que si bien conlleva mayores gastos (en el corto plazo) de recursos que si se otorgaran a la inversión del mercado, también le permite mayor control sobre las personas que han de habitar el barrio, los proyectos arquitectónicos, la mercantilización de las viviendas y su uso, y, en definitiva, las formas de habitar que ejercerán dichas personas.

Alvarez Pedrosián (2021) considera que hay que ser cautos a la hora de correlacionar las mejoras urbanas a la injusticia social. En este sentido, el autor identifica que “La raíz de los fenómenos de gentrificación radica en la expulsión directa o indirecta de la población precedente a las transformaciones urbanas para traer en su lugar a un perfil de mayores recursos” (Álvarez Pedrosian, 2021, p. 58). Y continúa señalando que la única acción fácilmente identificable de este proceso en las áreas centrales de Montevideo fueron las expulsiones forzosas ya señaladas durante la dictadura cívico-militar.

El análisis del devenir histórico del barrio y las razones que se enuncian desde el PEBS para su implementación nos conducen a coincidir con que sí hubo un claro proceso de gentrificación durante la dictadura cívico-militar, cuando “a nivel urbano propició una política liberal de explotación del suelo por parte de los especuladores inmobiliarios con el visto bueno de los planificadores de turno que con leyes y normativas puntuales ayudaron a transformar, mutilar y herir de muerte a grandes sectores de la trama urbana” (Nobile y Puppo, 2024, p. 412), el cual se manifestó particularmente en Barrio Sur con los desalojos y expulsión forzada de la población afrodescendiente.

Por otro lado, hay que considerar la opinión de Díaz y Rabasco (2013) cuando se refieren a los efectos que acarrea la recualificación urbana y la inclusión de nuevos sectores de la población a través del asentamiento de nuevas cooperativas: “Esta sustitución, que en el caso latinoamericano parece destinada a ser promovida directamente por el agente público, provocará en un determinado plazo el aburguesamiento o gentrificación. Una vez que los sectores despeguen, las propias dinámicas del mercado de suelo y la vivienda harán el resto. Visto esto, la gentrificación parece inevitable ante ciertas condiciones favorables” (Díaz y Rabasco, 2013, p. 115). Siendo conscientes de esta advertencia, hasta el presente las cooperativas instaladas en Barrio Sur como parte del PEBS no parecen haber contribuido a un proceso de gentrificación. El modelo de vivienda de usuarios ha arrebatado de la especulación inmobiliaria a un sector considerable de la franja costera. La inclusión de diferentes modalidades de cooperativas (que comprende una compuesta exclusivamente por antiguos vecinos) ha conducido a un perfil socio-económico heterogéneo que dista de ser parte de los sectores pudientes. La proyección comunitaria de los proyectos políticos de los colectivos parecería incentivar políticas de integración y cuidado hacia el resto del barrio.

En cambio, las viviendas promovidas por la LVIS parecen retomar la tendencia de aburguesamiento. Destacables son las viviendas de “Estrellas del Sur”, cuyos terrenos también conformaron parte del PEBS (García et al., 2019). En este marco consideramos que solo políticas públicas acertadas, enfocadas a la retención e integración de la población original y control sobre el uso de los terrenos por parte de la propiedad privada, pondrán combatir los efectos expulsivos de la recualificación barrial.