Este artículo examina dos exponentes de ciertas políticas de vivienda de “interés social” destinadas a hogares de ingresos bajos y medios, edificados recientemente en dos ciudades sudamericanas —Bogotá y Buenos Aires—. Se trata de dos grandes desarrollos urbanísticos: Ciudad Verde (CV), localizado en Soacha, al borde sur de Bogotá, y Estación Buenos Aires (EBA), erigido al sudeste de la ciudad de Buenos Aires. Explora las políticas de vivienda que los sustentan colocando el acento en el rol cumplido por el Estado y el mercado en cada una de ellas, las concepciones oficiales sobre la vivienda que prevalecen, los modelos urbanos con los que se asocian, y algunos aspectos vinculados al habitar tales como las tensiones observables entre el espacio planificado y el espacio habitado.

El corpus de investigaciones que examina las políticas urbano-habitacionales implementadas en distintos períodos en ciudades latinoamericanas es amplio (Ballent, 2005; Borthagaray, 1986; Coulomb, 2013; De Garay, 2004; Saldarriaga Roa y Carrascal, 2006) pero no abundan las pesquisas sobre iniciativas recientemente desplegadas en ciudades como Bogotá y Buenos Aires. Haciendo abstracción de sus discrepancias —pues se trata de urbes con culturas políticas y urbanas diferentes—-, se observan algunas interesantes convergencias en los emprendimientos estudiados, las políticas asociadas y las prácticas de sus residentes.

El poblamiento de CV comenzó en 2010 y el de EBA, a finales de 2019. En ambos casos, el proceso fue paulatino y gradual. Por su originalidad, extensión y escala, los dos emprendimientos llamaron profundamente la atención de las autoras. En Colombia, el Estado habilitaba la construcción de una inmensa ciudadela de interés social cuya concepción reenviaba a los barrios cerrados o semi-cerrados habitados por las clases medias acomodadas. Mientras que, en Argentina, el Estado levantaba un extenso y elegante barrio compuesto de amplios parques y variadas edificaciones que, en algún punto, remitían a torres-jardín, y que estéticamente marcaba también una ruptura con el entorno urbano en el que se insertaba. Se trataba de distinguidos emprendimientos para sectores de ingresos medios y bajos que despertaron nuestro interés y curiosidad socio-antropológica: ¿qué concepciones acerca de la vivienda y la vida urbana sustentaron su planeación y edificación? ¿qué factores contribuyeron a que los gobiernos de dos países tan diferentes adoptaran esa modalidad —el gran desarrollo urbanístico—a la hora de fomentar el acceso a la vivienda a sectores medios y bajos? ¿a qué modelos urbanos reenvían? ¿cómo están transformándose hoy los estándares y las cosmovisiones sobre la vivienda de interés social?

El artículo se sustenta en el análisis de documentos, decretos y normativas que rigen las políticas de vivienda estudiadas, y de materiales de difusión de los desarrollos urbanísticos en cuestión. Además, retoma entrevistas realizadas a funcionarios y desarrolladores. Asimismo, recoge el trabajo de campo etnográfico desplegado junto a los habitantes de esos espacios. Develar cómo llegaron a convertirse en residentes de sendos emprendimientos, sus concepciones sobre la vivienda y el Estado, sus opiniones sobre los barrios “de interés social” y la integración socio-urbana, son algunos aspectos indagados en las entrevistas realizadas en ambos espacios.

En CV, la investigación se desarrolló entre 2015 y 2017 como parte de una tesis doctoral (Hurtado Tarazona, 2018), que tuvo actualizaciones en 2021 y 2022. La revisión documental de planes, leyes y artículos de prensa se complementó con visitas al “parque de ventas” de la ciudadela, asistencia a conferencias y eventos en los que se presentaba el macroproyecto. Las representaciones de los residentes se aprehendieron a través de entrevistas, visitas a viviendas, conversaciones a través de Facebook y WhatsApp. Se realizaron 35 entrevistas en profundidad y se mantuvieron intercambios sostenidos por redes sociales con otros 120 residentes. Se efectuaron, además, observaciones sostenidas en los espacios públicos, eventos y celebraciones.

En EBA, la pesquisa comenzó en 2019 y aún se encuentra en curso. Se realizaron cinco entrevistas a funcionarios y profesionales de PROCREAR —política de desarrollo territorial, urbano y habitacional que busca mejorar las condiciones de acceso al hábitat. Se efectuaron 20 entrevistas abiertas a residentes y se aplicó una guía breve en el espacio público (a alrededor de 20 adjudicatarios). Se mantuvieron conversaciones informales y desarrollaron actividades de observación con y sin participación en el espacio público.1

Ambas pesquisas se efectuaron en forma independiente y fueron posteriormente puestas en diálogo.2 Partimos de la estrategia a la que Montero y Baiocchi (2022) denominan comparación a posteriori, en donde los casos se seleccionan después de que la investigación se realiza por el potencial que puede arrojar la comparación de sus resultados. Profundizamos en la productividad, desde un punto de vista teórico, que nos brinda esta comparación.3 A su vez, siguiendo a Giglia y Duhau (2008) consideramos a los desarrollos urbanísticos en cuestión como ciudades, es decir como entornos urbanos que presentan regularidades y que resultan comparables entre sí.

En el plano teórico-metodológico, se retoman aportes de Giglia y Duhau (2008), cuyas investigaciones sobre Ciudad de México contienen fecundas contribuciones para efectuar ejercicios comparativos.

Según los autores, la complejidad y heterogeneidad que presentan las metrópolis contemporáneas es tan notable que, a fin de asir prácticas y representaciones sobre lo urbano, es conveniente posar la mirada en ciertos espacios urbanos específicos, a los que denominan ciudades. Al interior de cada “ciudad” sí es posible identificar regularidades, lógicas de uso, “órdenes” y códigos de urbanidad característicos, basados en reglas locales sui generis (Duhau y Giglia, 2008, p. 15). Las grandes metrópolis están compuestas por cierto número de ciudades más o menos diferenciadas cuyas tipologías edilicias, espacios públicos, usos y prácticas, pueden ser etnográficamente aprehendidas.

Las distintas ciudades que se perfilan como significativas en cada metrópoli suelen estar en relación con la manera en que el espacio urbanizado es producido y planificado. Es probable que al interior de un “barrio de invasión” o “villa miseria” imperen códigos de urbanidad, prácticas y usos del espacio más o menos recurrentes. Lo mismo vale para los fraccionamientos o barrios cerrados habitados por las clases medias o altas y para los conjuntos de interés social destinados a los sectores populares o las clases medias.

Tanto CV como EBA pueden ser comprendidos como ciudades: como entornos urbanos relativamente homogéneos pasibles de ser explorados en los términos propuestos por Giglia y Duhau. Se trata de dos grandes emprendimientos urbanos abiertos o de libre acceso pero que contienen algunos sub-espacios o conjuntos de acceso restringido.

En la misma línea, es posible interrogarse además por los modelos urbanos asociados a CV y EBA. Giglia distingue dos tipos ideales: la ciudad moderna y la ciudad contemporánea. La primera reenvía a las metrópolis industrializadas estructuradas en base a la intervención del Estado y el urbanismo funcionalista. Sus espacios favorecieron el encuentro y la integración entre sujetos diferentes —en términos de clase social y culturales—. Mientras que los entornos urbanos de las ciudades contemporáneas se configuran para atraer ciudadanos homogéneos. Se trata de urbes desindustrializadas atravesadas por la “lógica de la fragmentación” (Donzelot, 1999) y los intereses del sector privado en mayor medida que el modelo anterior. Si el primer modelo se asocia al Estado de Bienestar, asentándose en una concepción de la ciudadanía como sujeto de derechos y obligaciones; la ciudad contemporánea tiende a presentar a la vivienda como una mercancía y a producir urbanismo y ciudadanos imbuidos de la racionalidad liberal.

Los grandes —y hoy mayormente deteriorados— conjuntos habitacionales de interés social para trabajadores asalariados edificados por el Estado después de la segunda Guerra Mundial, y los barrios privados o condominios cerrados construidos hoy por empresas desarrolladoras privadas, son característicos de ambos modelos urbanos: la ciudad moderna y la ciudad contemporánea respectivamente.

CV y EBA se destacan por su magnitud y porque fueron concebidos como emblemas de las nuevas políticas de vivienda puestas en marcha por el Estado en Colombia y Argentina en los primeros decenios del siglo XXI.

El Macroproyecto de Interés Social Nacional CV se extiende sobre una superficie de 328 hectáreas, de las cuales 57 son espacio público. Se erige en Soacha, un municipio colindante de Bogotá localizado al suroccidente de la ciudad, en una zona periférica rodeada de asentamientos de origen mayormente informal como Ciudad Bolívar y Bosa. En la frontera entre Soacha y Bosa se encuentra el acceso al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá (Ver Figura 1).

El desarrollo urbanístico EBA se ubica en un terreno de 20 hectáreas aproximadamente. Más de la mitad de la superficie de EBA, el 65 %, corresponde a espacio público: áreas parquizadas, calles y veredas. Se localiza al sudeste de la ciudad de Buenos Aires, en el límite entre los barrios de Barracas y Parque Patricios, y en las proximidades del estadio de fútbol del club Huracán, la Villa 21-24 y el ex Núcleo Habitacional Transitorio Zavaleta. Un área periférica mayormente transitada por los sectores populares que la habitan (ver Figura 2).

CV es un proyecto-bandera de la política de vivienda colombiana. Su realización fue anunciada en 2008 durante la presidencia de Uribe. Fue el primer “Macroproyecto de Interés Social Nacional” (MISN), una figura creada por el Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo 2006-2010 (Ley N° 1151/2007) para agilizar la disponibilidad de suelo urbanizable, contener el déficit cuantitativo en materia de vivienda y dinamizar el sector económico traccionado por el ramo de la construcción. (Resolución N° 1577/2008 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia).4 Promover el desarrollo social y urbano, favorecer el ascenso social garantizando el acceso a hogares a sectores de bajos ingresos, y construir una clase media a través de la adquisición vivienda en propiedad, fueron otros objetivos subsidiarios de aquellos (Hurtado Tarazona, 2018).

A semejanza de CV en Bogotá, EBA es la intervención de mayor envergadura en materia de vivienda realizada por el Estado en la ciudad de Buenos Aires en los últimos cuarenta años. Fue levantado entre 2015 y 2019 en el marco de la operatoria Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR). Este fue lanzado en 2012, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015).

Como la iniciativa bogotana, PROCREAR se orienta a resolver la problemática del déficit habitacional y traccionar el desarrollo económico generando “empleo genuino”. El Decreto N° 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional, que lo creó, hace fuertes referencias a las necesidades de asegurar el acceso a una vivienda digna a distintos sectores sociales y generar empleo promoviendo el sector de la construcción. Invoca al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que determina la incumbencia del Estado en materia de seguridad social, explicitándose que el acceso a la vivienda digna es uno de sus componentes. A través de PROCREAR se edificaron distintos desarrollos urbanísticos en diversas regiones del país, y se financiaron otras iniciativas enmarcadas en variadas líneas de crédito.

Si en Argentina, la puesta en marcha de PROCREAR fue una iniciativa del Estado, en Colombia, la aprobación de la disposición que habilitó la construcción de Macroproyectos respondió tanto al interés del Estado como del sector privado: fueron las grandes empresas constructoras y desarrolladoras privadas las que promovieron y apoyaron la normativa. El propio Presidente de la empresa desarrolladora a cargo de CV, Amarilo S.A, la fomentó desde el cargo que desempeñaba en la Cámara Colombiana de la Construcción dado el rédito económico que podría generar. Según su testimonio, CV fue resultado de una “alianza público-privada perfecta”.5

La necesidad del sector público de construir viviendas a gran escala unida a los beneficios económicos que podía representar al sector privado, sentaron las condiciones para que distintos actores pudieran articular intereses y dar existencia material a la ciudadela: el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y el del Municipio de Soacha, la empresa desarrolladora (Amarilo S.A), más las siete empresas constructoras que se encargarían de desarrollar los distintos conjuntos residenciales, y las familias dueñas de los terrenos. Estos últimos fueron adquiridos por la empresa desarrolladora a cinco familias que eran propietarias de las 328 hectáreas de tierra —en ese entonces, tierra rural—. Las tierras así adquiridas requirieron de un cambio de uso, desde suelo rural a urbano, y de negociaciones con los gobiernos locales para la repartición de las cargas urbanísticas y el desarrollo de vías externas.

A diferencia de CV, la edificación de EBA no requirió de la compra de tierra privada. La operatoria PROCREAR se basó en la conformación de un fondo fiduciario con recursos públicos provenientes del fondo de garantía de sustentabilidad de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y el Tesoro Nacional. Siendo El Banco Hipotecario S.A el organismo responsable de administrar los recursos del fondo fiduciario (Decreto 902/2012).

EBA se construyó sobre antiguos terrenos de uso ferroviario pertenecientes al Estado Nacional adyacentes a las vías del Ferrocarril Belgrano Sur. Otros emprendimientos edificados por PROCREAR en otras zonas se basaron también en la incorporación de tierras fiscales ,terrenos ferroviarios desafectados o de las fuerzas armadas: era el Estado Nacional quien aportaba el suelo. La creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) resultó fundamental, ya que posibilitó la puesta a disposición de tierras para su ejecución.

Los terrenos aledaños al Ferrocarril Belgrano Sur fueron incorporados al fondo fiduciario PROCREAR y re-zonificadas por medio de la Ley N° 4474/2012 de la Ciudad de Buenos Aires que habilitó la edificación del emprendimiento, con la previa adaptación a la normativa local. Según entrevistas realizadas a funcionarios de PROCREAR, alrededor de 500 viviendas planificadas en el proyecto original no pudieron ser construidas porque la normativa de la ciudad establece que, en emprendimientos de este tipo, el 65 % de la superficie debe destinarse a espacio público.

Aunque PROCREAR es un programa comandado y financiado por el Estado, delega la construcción de los emprendimientos en el sector privado. Intervinieron en la obra de edificación de EBA cinco empresas constructoras, que resultaron ganadoras de los concursos de proyectos y precios convocados por el sector público.

Se vislumbra así el rol diferencial cumplido por el Estado y el sector privado en CV y EBA. El sector público estuvo presente desde un inicio en la concepción de CV casi en pie de igualdad con el sector privado: el interés de este último en que la Ley de Macroproyectos se aprobara confluyó con la preocupación del Estado por abordar la problemática habitacional. El Estado generó las condiciones para que CV se levantara, pero no produjo directamente las viviendas. En EBA, el sector privado —las empresas constructoras ganadoras de las licitaciones— jugó un rol importante pero subordinado al Estado Nacional que, como se detallará, determinó los lineamientos generales del proyecto además de aportar el suelo y los fondos.

Ciertos cambios constitucionales, legislativos e institucionales que afectaron al ordenamiento político en Colombia entre finales del siglo pasado y comienzos del siglo actual, por una parte, así como los cambios legislativos e institucionales derivados de la alternancia en la gestión del gobierno nacional en Argentina, dieron lugar a vaivenes y tensiones entre el reconocimiento de la vivienda como un derecho y su tratamiento como una mercancía: ninguna de las dos concepciones parece haberse impuesto por completo sobre la otra.

No obstante, en Colombia, el esquema de complementación entre el sector público y el privado ha permanecido más estable que en Argentina, en donde las marchas y contramarchas en la operatoria PROCREAR y las oscilaciones en la concepción de la vivienda como derecho y mercancía han sido una constante. El rol preponderante que asume el Estado en este último caso hizo que las políticas de vivienda se encontraran más expuestas a transformaciones con cada cambio en la gestión del gobierno nacional. En contraste, el rol relevante del sector privado en Colombia en la producción de vivienda de interés social, la ha mantenido más al margen de esas oscilaciones.

El propósito tras la planificación de CV y EBA fue generar urbanizaciones integrales y no solamente construir viviendas. En lo que respecta a su planeación e imagen visual, CV y EBA tensionan lo que se ha considerado “vivienda de interés social” en el modelo de ciudad moderna, distanciándose de los grandes complejos habitacionales edificados por el Estado en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Aunque constituyen “barrios” de interés social “abiertos”, con espacios públicos accesibles a no residentes, en el plano de lo simbólico reenvían a ciertos emprendimientos urbanos edificadas por la iniciativa privada propios de la ciudad contemporánea tales como barrios o condominios cerrados, torres-jardín con amenidades, que constituyen una tendencia en boga para las clases medias tanto en Buenos Aires como en Bogotá.

En CV, la planeación estuvo mayormente en manos del sector privado mientras que en EBA la acción del Estado se articuló con la privada.

CV es una ciudadela compuesta por más de 50 conjuntos residenciales, la mayoría torres de apartamentos de seis pisos, de entre 41 y 64 metros cuadrados. El acceso a cada conjunto residencial es restringido a los propietarios, pero el espacio público entre conjuntos es de libre acceso. Tiene parques lineales, ciclovías, redes eléctricas subterráneas, equipamientos públicos y privados, como colegios y jardines infantiles, y centros comerciales. A diferencia de Bogotá, que cuenta con 4.8 metros cuadrados de espacio público por habitante, la ciudadela tiene aproximadamente 12,4. Su diseño se basó en preceptos del “nuevo urbanismo” estadounidense bajo el cual se planificaron ciudades de usos mixtos, que tuvieran todo lo necesario para la vida urbana dentro de su ámbito (Hurtado Tarazona, 2018). Según el presidente de la empresa desarrolladora que lo creó, CV retomó algunas características de las mejores experiencias de ese país (ver Figura 3).9

Fue promovida como “una ciudad dentro de la ciudad” , aunque queda fuera del límite urbano. Se construyó sobre un “gran vacío urbano”, lo que para los desarrolladores era una situación óptima. El gran terreno plano rodeado por lomas se presentaba como un espacio para ser modelado con las aspiraciones de orden y “desarrollo”, la racionalidad de la planeación y el deseo utópico de construir espacios controlados (como se observa en la Figura 4).

EBA se destaca por la amplitud de los espacios verdes y públicos que se extienden a cada lado de la vía principal que lo atraviesa. Como CV, cuenta con equipamientos públicos y privados, ciclovías y juegos infantiles. Posee 2.396 departamentos, capacidad para que residan diez mil personas aproximadamente, y espacios para 74 locales comerciales. Alberga dos jardines de infantes. El Estado local está construyendo actualmente una escuela primaria. Está compuesto de 56 edificios de entre 30 y 90 metros cuadrados, agrupados en quince sectores. Cada sector posee algunos espacios de acceso restringido a propietarios, como sectores parquizados, patios internos, terrazas verdes, salones comunes (ver Figura 5).

Según el testimonio de los arquitectos que proyectaron EBA, la disponibilidad de un extenso terreno correspondiente a playas ferroviarias en desuso proveyó el marco para revisar los paradigmas vigentes y proyectar una “urbanización integral”, en donde las unidades habitacionales pudieran ser complementados con espacios y equipamientos públicos de jerarquía, como parques, escuelas, negocios, y la apertura de tramas viales conectadas al resto de la ciudad (Fernández Castro y Torres, 2017).

Si bien el Estado tuvo un rol protagónico en EBA, concedió cierto margen de acción a las empresas privadas. El diseño urbanístico-arquitectónico general fue en trazos gruesos elaborado por el Estado, quien brindó el plan y las directrices generales e impuso ciertos estándares constructivos y de calidad, abriendo la posibilidad de que los estudios de arquitectura y las empresas constructoras dotaran luego a cada sector y sus edificaciones de singularidades. Sus propuestas debían ceñirse a los lineamientos del “proyecto madre” elaborado por el Estado, pero gozaban de márgenes de acción para conferirles cierta originalidad (Entrevista abierta a profesional de PROCREAR, septiembre de 2023). Así, coexisten en EBA edificios heteróclitos, de diferentes alturas y características que brindan distintas comodidades, aunque están dotados de una impronta común. Un edificio, por ejemplo, cuenta con una piscina y solárium, otros con terrazas verdes, cocheras y/o salones de uso común y patios cerrados en la planta baja, mientras que otros son más modestos:

Según un arquitecto que intervino en el proyecto “madre” de EBA, uno de los objetivos era construir vivienda social de calidad superior a la habitual y visualmente atractiva, en lugar de vivienda económica accesible pero propensa a deteriorarse rápidamente (Entrevista abierta a arquitecto de PROCREAR, julio 2024).

Aunque su condición de barrio abierto y el designio de favorecer la integración socio-urbana inscriben a EBA en el modelo urbano ciudad moderna; su originalidad y carácter vanguardista es tal que ante una primera mirada, cuesta creer que se trata de un barrio “de interés social” edificado en el marco de una operatoria pública ya que rompe los esquemas urbanos, arquitectónicos y estéticos en los que solía encuadrarse esta última—al menos dentro de ese modelo, el de ciudad moderna—.

Otro tanto ocurre con CV, que constituye una inmensa ciudadela de interés social habitada por sectores de ingresos medios y bajos, que se distancia de la densidad y homogeneidad que presentan los complejos habitacionales de interés social edificados por el Estado durante el siglo XX.

La amplitud de los emprendimientos, su escala “extendida”, la vastedad de espacios verdes que rodean los edificios y el carácter peculiar de sector o conjunto, dan cuenta de la consolidación de nuevas cosmovisiones y maneras de imaginar la vivienda de interés social en el siglo XXI.

El papel diferencial ocupado por el sector público y privado en CV y EBA se manifestó también en el modo en que fueron difundidos. En el primer caso, predominaron las retóricas propias del sector privado y lo que podría denominarse el “lenguaje publicitario”. Mientras que en el segundo tendió a prevalecer lo que algunos autores denominan el “lenguaje de los derechos” (Holston, 2008; Wanderley, 2009). Con esa expresión remiten a la concepción de ciertos recursos socialmente valorados: vivienda, alimentos, u otros, como derechos que deben ser garantizados por el Estado antes que como mercancías, premios o dádivas.

CV y EBA mixturan en forma compleja y creativa características típicas del modelo “ciudad moderna” y “ciudad contemporánea”, y concepciones de la vivienda como derecho y como mercancía.

Las políticas que subyacen a CV y EBA son diferentes, pero en ambas coexisten diversas comprensiones de la vivienda. Aunque tanto la Constitución colombiana como la argentina la definen como un derecho, en ambos casos el Estado actuó de consuno con el sector privado para coadyuvar a que ese derecho se concretara. En esa concreción, la vivienda aparece simultáneamente como derecho, como mercancía y como un sueño a concretar. La noción de la vivienda como mercancía resulta más notable en el caso colombiano y durante la gestión macrista que entregó los créditos UVA en el caso argentino. En EBA, el rol del Estado prevalece, adquiriendo mayor visibilidad que en la iniciativa colombiana, en donde no solo la edificación sino también la comercialización la efectúa el mercado. Aunque la comercialización y publicidad es muy diferente, las imágenes utópicas y los discursos oficiales que asocian el acceso a la vivienda con el sueño del ascenso social y el progreso individual son comunes. No obstante, el lenguaje de los derechos, central en la retórica oficial del primer PROCREAR, no adquiere relevancia en el proyecto CV.

El proceso de gestión y construcción de CV y EBA es diferente, pero el resultado espacial presenta algunas convergencias. Entre estas se destacan la adopción de premisas vinculadas a la sustentabilidad ambiental, la extensa superficie destinada a espacio parquizado, su carácter integral y la ruptura que marcan con el entorno urbano en el que se inscriben. Ello los aproxima a ciertos espacios residenciales de las clases medias y altas —condominios cerrados, torres-jardín y edificios con amenidades—. Este fenómeno da cuenta del “consentimiento social” (Hurtado Tarazona, 2018) adquirido por esas tipologías, su difusión entre diversos sectores sociales e interiorización por las clases medias bajas y los sectores populares, y su parcial integración a las políticas públicas.

Estos fenómenos revelan además que la transición de un modelo urbano a otro lejos está de ser completa y acabada: por el deterioro en que se encuentran, los densos y abigarrados complejos habitacionales construidos durante el siglo XX son una tipología a evitar tanto por el Estado como por el sector privado. Sin embargo, en las grandes ciudades latinoamericanas, amplios sectores de la población siguen requiriendo en el siglo XXI de la acción del Estado para acceder a la vivienda. El resultado, —o una de las soluciones de compromiso a la que parecen haber arribado el sector público— es asociarse al sector privado y emplazar grandes desarrollos urbanísticos que incorporan características de los emprendimientos destinados a las clases medias. Gobiernos de distintas ciudades como Bogotá y Buenos Aires ensayan soluciones que permitan, de alguna manera, seguir construyendo viviendas de interés social a gran escala con morfologías novedosas, de manera tal que no se parezcan a las viviendas de interés social más antiguas.

A su vez, ambas experiencias permiten entrever la falacia de pensar al Estado y al mercado como compartimentos estancos. En la práctica, representantes del sector privado pasan a menudo a la función pública y viceversa. Estado y mercado suelen confluir articulando sus intereses a la hora de implementar proyectos de edificación de viviendas de interés social.

Aunque la concepción de la vivienda como derecho social subyace —en mayor o menor medida— a sendas iniciativas, el vínculo con el Estado y la cosa pública no parece manifestarse fuertemente en el plano de la urbanidad. Los usos del espacio público y el tipo de urbanidad que fue gestándose en CV y EBA remiten por una parte a modelos de ciudadanía liberales y/o americanizados. Las estigmatizaciones internas y hacia las urbanizaciones informales de los alrededores, y la práctica del running y el festejo de Halloween —por citar solo dos ejemplos— son indicativas de la gestación de nuevas pautas de urbanidad. Pero estas coexisten con otras más populares, destacándose en CV la venta ambulante, y los usos comunitarios y en cierta manera “alternativos” del espacio público ya referidos en EBA —partidos de fútbol, actividades conmemorativas de las víctimas del terrorismo de Estado, acciones comunitarias para fortalecer derechos de niñes y adolescentes—.

La vida social y su devenir siempre alteran y modifican los proyectos urbanos. Solo una observación sostenida permitirá responder, contribuyendo a dilucidar si los modelos de urbanidad de impronta liberal serán reconfigurados localmente, si prevalecerán por sobre los populares o comunitarios o si, como ocurre en el seno de las grandes metrópolis latinoamericanas, ambos coexistirán en forma pacífica a veces y tensa en otras.