La renovación del extractivismo colonial en América Latina, a inicio del presente siglo, renueva discursos y dinámicas de racismo que justificaron este modelo en el pasado pre republicano. En uno y otro momento se mantiene una relación de subordinación y dependencia entre los países latinoamericanos y los del norte global. La maquinaria extractiva, con todos sus impactos, es funcional e inherente al modelo de desarrollo a escala mundial. Como señala Horacio Machado Araoz, el extractivismo es “un rasgo estructural del capitalismo como economía-mundo” (Machado Araóz, 2013).

Aunque hayan ocurrido intentos más o menos exitosos de industrializar algunas economías latinoamericanas durante el siglo XX, recientemente gobiernos de distinto tinte político han decidido reprimarizar sus economías y centrar sus esfuerzos en el fortalecimiento de la minería y los monocultivos. En algunos casos, lo presentan como una necesidad para garantizar el horizonte de redistribución de la riqueza; mientras que, en otros, se refieren al desarrollo y a la confianza inversionista. Se renuevan los discursos sobre las supuestas ventajas comparativas de nuestros países, territorios y sociedades, para justificar la implantación del modelo extractivo.

Los impactos de la renovación del extractivismo son múltiples. Conlleva la dependencia de las economías hacia productos primarios cuyos precios pueden ser volátiles; produce y reproduce conflictos sociales en los territorios en que se desarrollan los proyectos; se asocia con actividades de corrupción; genera devastadoras afectaciones ambientales e impulsa fenómenos de desplazamientos masivos de población. Sin embargo, este artículo se centra en analizar la relación entre la renovación del extractivismo y la continuidad del fenómeno de racismo estructural. En este sentido, se analizan las afectaciones sufridas por pueblos indígenas, en los casos particulares de Argentina y Colombia.

Aunque las afectaciones del neoextractivismo son padecidas por el grueso de la sociedad, la particularidad de los pueblos indígenas, por su cosmovisión y espiritualidad, deben ser analizadas con un enfoque diferencial. Nos intentamos aproximar a las maneras en las que se mantiene el fenómeno del racismo estructural, cómo se relaciona con el neoextractivismo y cuáles son los impactos diferenciados para los pueblos indígenas en Argentina y Colombia.

Para este fin, se toman como base los estudios de caso de la Comunidad Indígena Bajo Hondo, en la provincia de Santiago del Estero y de la Comunidad Indígena Altagracia, en el departamento de Vichada. En los territorios de estas dos comunidades se implantó de forma violenta el modelo de agronegocio a partir del monocultivo de soja y de palma africana respectivamente. El ejercicio comparado se desarrolla a partir de analizar la relación entre el fenómeno de racismo estructural y la implantación del modelo de agronegocio en territorios considerados marginales, en la segunda década del presente siglo.

El trabajo de campo se desarrolló por medio de la participación en actividades propias de las organizaciones que acompañan a las dos comunidades: en Santiago del Estero, las Pasantías de Invierno del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE-VC) y en Vichada, las visitas periódicas que adelanta la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.

En total se realizaron 16 entrevistas a profundidad y dos entrevistas colectivas a líderes e integrantes de las comunidades y de las organizaciones acompañantes. Adicionalmente se adelantó una labor de relevamiento de prensa dirigido a los medios de comunicación en que se publicó información sobre los casos y una operacionalización del material bibliográfico acorde a las categorías definidas.

A partir de las dos primeras décadas del siglo XXI, se produjo en América Latina una reprimarización de las economías vinculada al llamado boom de los commodities, es decir, al aumento en la rentabilidad de actividades primarias como la minería y los monocultivos. Pese a las diferencias en las orientaciones políticas de los gobiernos de la región, se consolidó el llamado consenso de los commodities en el que estos viraron hacia la profundización del modelo extractivo (Svampa, 2013).

La renovación de este modelo venido de la colonia llevó a que se hablara del regreso del extractivismo que, en un nuevo contexto y con dinámicas y prácticas novedosas, terminó por definirse como neoextractivismo, dadas las continuidades y rupturas. Siguiendo a Maristella Svampa, encontramos que, en el contexto reciente, continúan las relaciones desiguales entre el centro y la periferia; el imaginario social sobre las bondades de la naturaleza y el saqueo a gran escala de los bienes naturales, asociado a la idea de unas supuestas ventajas comparativas. Asimismo, se presentan rupturas encarnadas en las resistencias sociales a la imposición de un modelo que destruye territorios donde habitan comunidades autóctonas (Svampa, 2019).

En el neoextractivismo convergen actividades económicas de vieja data, como la minería, con actividades novedosas como el monocultivo, basado en el modelo de agronegocio. Encontramos así una expansión reciente y vertiginosa de extracción de minerales y de implantación de sendos monocultivos de soja y de palma africana, entre otros.

Una expresión del neoextractivismo es entonces el modelo de agronegocio, caracterizado por una mayor integración de la cadena de valor, una priorización de las necesidades del consumidor global, una intensificación del papel del capital, una inserción de tecnologías transgénesis, el acaparamiento de tierras y la preeminencia del monocultivo (Palmisano, 2016). En efecto, el agronegocio llevó a que economías como la argentina sufrieran un proceso de sojización, llegando a que el 25 % de las exportaciones nacionales estuvieran representadas por soja y sus derivados. Este proceso estuvo caracterizado por un predominio del capital financiero y una orientación exclusiva hacia el mercado externo (Giarracca y Teubal, 2008).

En el proceso de implantación de monocultivos para el establecimiento del modelo de agronegocio se genera un despojo de tierras contra comunidades indígenas y campesinas. Generalmente, empresarios nacionales y extranjeros utilizan medios jurídicos y extrajurídicos para apropiarse de vastas extensiones de territorios, en los que previamente habitaban comunidades. Entre los medios extrajurídicos está el uso de hombres armados para violentar e intimidar a la población.

Entre las características que nos interesa rescatar del neoextractivismo, está su expansión hacia zonas y territorios históricamente marginales al modelo de desarrollo. Tras 200 años de historia republicana, sendas porciones de los territorios nacionales permanecieron marginales a las decisiones políticas y económicas de los gobiernos centrales. Esa aparente ausencia del Estado propició la pervivencia de comunidades indígenas que, pese a enfrentar situaciones económicas y sociales adversas, lograron mantenerse física y culturalmente.

Sin embargo, recientemente la profundización del extractivismo ha generado una presión sobre la tierra, que se ha traducido en la llegada de megaproyectos y grandes capitales a estos territorios. Su avance ha generado una serie de afectaciones que han puesto en riesgo la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas que allí habitan. Como veremos más adelante, la expansión de este modelo implica un nuevo ciclo de violencia y de violaciones a los derechos humanos.

El racismo está íntimamente ligado al colonialismo que han experimentado naciones en Asia, África y América. En la constitución de América y del capitalismo colonial/moderno y eurocentrado como nuevo patrón de poder mundial, un eje fundamental es la clasificación social sobre la idea de raza (Quijano y Lander, 2000). En este sentido, el elemento constitutivo de las relaciones de dominación en la conquista fue la idea de superioridad de los conquistadores sobre los conquistados dadas unas características biológicas (Quijano y Lander, 2000).

Esta idea de raza trascendió el mero escenario de la conquista para mantenerse durante el periodo colonial. Mientras ocurrían las revoluciones burguesas, que proclamaban libertad, igualdad y fraternidad, Europa profundizó un discurso justificador que reconciliara en el plano de las ideas lo que era irreconciliable en la realidad: la superioridad racial y la racionalidad instrumental. La idea de raza hizo posible aceptar que se sometiera a los africanos a los vejámenes de la esclavitud, puesto que no eran considerados humanos, o sus almas estaban malditas (Grüner, 2010).

La idea de raza también contribuyó a forjar la hegemonía de Europa con base en el imaginario de que la modernidad sólo fue posible gracias a sus atributos, no compartidos por el resto de la humanidad. Allí Quijano coincide con Grüner al afirmar que existen:

Tras los movimientos de independencia de las antiguas colonias, el colonialismo puede considerarse también como un fenómeno interno de las “nuevas naciones” (González Casanova, 2006). Siguiendo a Walter, encontramos que las sociedades coloniales de explotación tienden a ser plurales, esto es, a contar con una serie de grupos o etnias diferenciadas y que conviven dentro de un marco político único (Walter, 1944). Tras las guerras de independencia, algunos de estos grupos percibieron un nuevo escenario de dominación en el que los “criollos” sustituyeron a los españoles, perpetuándose la explotación de los nativos por los nativos y el racismo y la discriminación como legados de la conquista.

En este sentido, como señala González Casanova, el colonialismo interno hace referencia a “una estructura de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos y distintos. Si alguna diferencia específica tiene respecto a otras relaciones de dominio y explotación (ciudad-campo, clases sociales) es la heterogeneidad cultural que históricamente produce la conquista de unos pueblos por otros” (González Casanova, 2006). Bajo este marco, persiste hasta la actualidad una segregación racial que explica las precarias condiciones en que se encuentran los grupos y etnias socialmente racializados en términos de su economía, la calidad y ubicación de sus tierras su nivel de productividad y sus técnicas de explotación, entre otras situaciones.

Adicionalmente, los procesos de dominación colonial produjeron una condición multisocietal en la que coexisten y se sobreponen “diferentes sociedades o matrices de relaciones sociales de diversa cualidad y tiempos históricos” (Tapia Mealla, 1994). De esta manera, los sistemas de relaciones que existen en países como los latinoamericanos devienen de distintos tipos de civilización: agraria y moderna; diferentes modos de transformación de la naturaleza y formas de organización política propias. Tapia Mealla coincide en señalar que la segregación se ha mantenido tras la fase post independentista. De allí que la implantación de un modelo como el agronegocio tenga repercusiones diferenciadas en las zonas consideradas más dinámicas y en las consideradas marginales, sin que ello implique pensarlas de manera separada.

El racismo se enfoca principalmente en los pueblos negros y los pueblos indígenas de la región latinoamericana. Sin embargo, suele extenderse hacia las poblaciones mestizas o “marrones” que habitan periferias urbanas. En nuestros países persisten una serie de discursos, repertorios y prácticas que continuaron reproduciendo un imaginario de inferioridad de los pueblos indígenas. En este sentido, entendemos el racismo estructural, siguiendo a Rita Segato, como aquellos factores, valores y políticas que contribuyen a la “fijación de las personas no-blancas en las posiciones de menor prestigio y autoridad, y en las profesiones menos remuneradas” (Segato y Quijano, 2017).

Ante la permanencia de la deshumanización del colonizado en las sociedades republicanas de América Latina, fue recurrente el uso de la violencia contra los grupos racializados. En el caso de Argentina, desde el inicio de la era republicana se mantuvieron las campañas militares contra los indígenas con el ánimo de anexar sus tierras al territorio nacional. Al ser considerados prácticamente como enemigos, el objetivo era la eliminación física de estos pueblos, o bien, su asimilación, en términos subordinados e indiferenciados étnicamente.

Estas campañas militares fueron llamadas campañas del desierto. Para algunos autores, el intento de eliminar, silenciar o asimilar a la población indígena, inicialmente a través del concepto de desierto como el lugar en el que no había control estatal, capitalismo ni civilización, terminó construyendo la noción de lo indígena como una presencia ausente, una fuerza no reconocida que seguía siendo referencia en los relatos hegemónicos, en los que “el carácter blanco y europeo de la Argentina fue paralelo a recurrentes ansiedades sobre la indianidad o salvajismo profundos del país” (Gordillo y Hirsch, 2010).

Aunque en Colombia no ocurrió un proceso de dimensiones semejantes, se mantuvieron hasta tiempos recientes una serie de prácticas violentas contra pueblos indígenas, especialmente en el oriente del país. Durante el siglo XX aún ocurrían las llamadas guahibiadas o cacerías de indígenas, en las que colonos campesinos, incluso algunas veces apoyados por miembros de fuerza pública, asesinaban a comunidades enteras por oponerse al establecimiento de hatos ganaderos o acusados de abigeato. La más célebre de estas fue la Masacre de la Rubiera de 1968, en la que colonos campesinos engañaron a un numeroso grupo de indígenas para proceder luego a asesinarlos con sevicia y sin importar la presencia de menores de edad y adultos mayores (Gómez, 1991).

En el caso de la implantación del agronegocio, se ha estructurado un discurso justificatorio desde el Estado que niega la existencia de territorios y pueblos indígenas con sus espiritualidades, cosmovisiones, usos y costumbres. Esa negación se expresa en el uso indiscriminado de la violencia como mecanismo para garantizar el despliegue del agronegocio. Los impactos de esta violencia se dan en diferentes dimensiones de la vida de estos pueblos.

En la provincia de Santiago del Estero, Argentina, la Comunidad Indígena Yaku Kachi, que se identifica como parte del pueblo Guaycurú, lucha contra un empresario que pretende extender sobre sus tierras un monocultivo de soja. La comunidad está ubicada en el paraje Bajo Hondo del departamento Juan Felipe Ibarra. El recorrido más común desde la ciudad de Santiago del Estero se hace pasando por Quimilí. En el camino se pueden observar vastas extensiones de tierra dedicadas al monocultivo de soja, maíz y trigo.

Aproximadamente a 6.500 kilómetros de distancia, otra comunidad indígena denominada Altagracia, compuesta por integrantes del pueblo Sikuani, lucha contra un empresario que extendió sobre sus territorios ancestrales un monocultivo de palma africana. La comunidad está ubicada en la Inspección San Teodoro, perteneciente al municipio La Primavera, en el departamento de Vichada, Colombia.

Los pueblos indígenas Guaycurú y Sikuani tienen características comunes. Ambos son ancestralmente nómadas y sus actividades económicas estaban basadas en la pesca, la cacería y la recolección. En ambos pueblos indígenas, misiones religiosas intervinieron en sus comunidades para modificar estas prácticas a partir del establecimiento de asentamientos o reducciones. Diferentes bonanzas económicas (por ejemplo, algodoneras en Santiago del Estero y ganaderas en Vichada) fueron cercando sus territorios hasta obligarlos a asentarse.

Fueron víctimas de Estados que llevaron a cabo acciones violentas de represión, que deterioraron el tejido social, limitando la permanencia de prácticas culturales que permitían reproducir su cultura y sus tradiciones. Ejemplo de ello son las jaramilladas [ver Link], como la masacre de Napalpí (Trinchero, 2009), en donde fuerzas policiales asesinaron y torturaron a comunidades indígenas por reclamar derechos o crear organizaciones propias. Asimismo, ambos estados suscribieron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, que se basa en dos postulados: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan (ver anexo: OIT, 2014).

Los Guaycurúes eran un pueblo semi nómada que habitaba en la región hoy conocida como Gran Chaco. Esta característica les permitió ejercer una gran resistencia al proceso de colonización, refugiándose cuando era necesario en el Chaco y atacando desde allí las áreas de dominio español (Santucho, 1954). Por su parte, los Sikuani poseen usos y costumbres que incluyen prácticas nómadas y seminómadas caracterizadas por rutas ancestrales que contienen sitios sagrados y lugares de entierro (Calle, 2017).

El curso de la Comunidad Indígena Yaku Kachi da cuenta de los procesos históricos mediante los que se conformó la estructura agraria de la provincia. Santiago del Estero integra la región del Noroeste Argentino que se caracteriza, entre otras cosas, por una pobreza rural vinculada a los sistemas de apropiación de los recursos naturales y a la distribución desigual de la tierra (Paz y Jara, 2014).

El poblamiento estuvo determinado por los dos ríos principales de la provincia: el Río Dulce y el Río Salado, en tanto que las actividades de pueblos seminómadas, como los Guaycurúes, se dieron al este (Togo, 2005). El periodo de conquista y colonización implicó un proceso de sedentarización y despojo por cuenta de los distintos dispositivos de control y ocupación, entre estos la encomienda, las reducciones, los obrajes y los ingenios. De allí procede el fenómeno de la concentración de tierras, expresado en latifundios ganaderos o cerealeros, que se consolidó con los procesos de independencia del siglo XIX.

En este sentido, las poblaciones con mayor cantidad de habitantes se situaron a la vera de los ríos mientras que muchos otros pueblos surgen sobre la base del espacio ocupado previamente por figuras como las estancias (Paz y Jara, 2014). Justamente, en el siglo XIX es cuando Argentina se perfila como exportador mundial de productos primarios, lo que caracteriza su inserción en el proceso de expansión capitalista. Esto fue posible gracias a la ocupación progresiva de espacios en los que aún no se ejercía un control territorial: los territorios indígenas, lo que a su vez proveyó mano de obra desposeída de sus condiciones materiales de existencia, en los obrajes.

En la inclusión de estos territorios al imaginario nacional argentino, se construyó un discurso que los presentaba como un desierto (Trinchero, 2000), y un despliegue de políticas hacia la población indígena de corte genocida y ecocida (Rosenzvaig, 1996). Hubo entonces un arrasamiento y destrucción del bosque santiagueño, principalmente a través del obraje que consistía en la explotación del árbol de quebracho a gran escala que era muy valorado en Europa por su resistencia, vinculado a la explotación de la mano de obra indígena en sus propios territorios.

A mediados del siglo XX, la explotación forestal pierde rentabilidad por lo que desaparecen los obrajes, quedando los hacheros instalados en estas tierras, pero sin que se regularice su propiedad. Quedan expuestos a eventuales desalojos que se presentan inicialmente en la década de 1960 por el interés de empresarios algodoneros.

Una práctica común de esa época era el envío de documentos falsos o firmados por jueces en los que se intimidaba a los pobladores advirtiéndoles de un supuesto desalojo. Asimismo, fueron comunes los casos en los que se les hacían firmar documentos que no entendían por ser analfabetos y que podían implicar la renuncia al ejercicio de posesión.

En la década de 1970 ocurre una expansión de la frontera agrícola como consecuencia de la llegada de producciones agroexportables a la provincia, tales como sorgo, maíz, poroto y algodón (Desalvo, 2014). Esta época es recordada por la comunidad como un periodo de prosperidad en la que el cultivo era comunitario, de pequeños productores y sin patrón, salvo algunas grandes propiedades existentes:

En Santiago del Estero, el régimen irregular en la tenencia de la tierra hace que las familias indígenas no posean títulos de propiedad. Esta situación se convirtió en una oportunidad para la llegada de “nuevos dueños”, personas foráneas que se presentaban con títulos apócrifos para reclamar la propiedad de predios y avanzar con órdenes de desalojo. En unos casos, estos se valen de una interpretación sesgada del Código Civil, en favor del que tiene los títulos y en detrimento de quien ha ejercido la posesión, y en otros se convence a los poseedores de convenir un contrato de comodato con el que en la práctica renuncian a sus derechos de propiedad (Naharro y Álvarez, 2011) y (Barbetta, 2009).

Desde la década de 1980 y con más intensidad en la década de 1990, se profundizaron los conflictos de tierra en la provincia, en el marco del avance del monocultivo vinculado a la soja. Particularmente desde 1996 tras la expansión del uso del glifosato y la aprobación de la semilla transgénica que posibilitó la llamada pampeanización, es decir, la expansión de la soja fuera de la región pampeana (Martínez, 2015).

A partir de entonces ocurre la expansión del modelo de agronegocio, expresión del neoextractivismo, a zonas previamente consideradas marginales para la economía argentina. Si bien durante la primera década de los 2000 la soja se duplicó en la zona pampeana, fue en la zona extra pampeana, como Santiago del Estero, donde el crecimiento fue mayor. Como señala Martínez Dougnac, entre el 2000 y 2010 en estas zonas el área sembrada con soja creció un 227 %, pasando de uno a tres millones de hectáreas y de dos a ocho millones de toneladas (Martínez, 2015). Esta expansión implicó un proceso de despojo violento hacia comunidades indígenas y campesinas de estas zonas.

La Comunidad Yaku Kachi recuerda al empresario Ernesto Putignano como responsable de los primeros desalojos con topadoras, el desmonte y alambrado para el cultivo de sorgo, primero, y mucho después, de soja. La resistencia de la comunidad evitó que avance sobre una mayor extensión de tierra, aunque se apropió de vastos terrenos en el Paraje Laguna Baya.

En la zona de Campo del Cielo, colindante al paraje Bajo Hondo, se adelantaron los primeros desalojos contra integrantes de la Comunidad Yaku Kachi. Finalizando la década de 1990 aparece otro empresario de apellido Bielsa quien intenta obligarlos a vender la tierra y a la vez se apropia aproximadamente 1000 hectáreas que alambra sin desmontar, una práctica común en esta zona en la que se alambran grandes extensiones de tierras en espera de negocios especulativos o la prescripción apócrifa (Entrevista a Venancio, 2019). Esto tiene que ver con el interés por demostrar el ánimo de dueño en los juicios de prescripción veinteañal, ya que esto se considera prueba para la legislación argentina.

Según las familias entrevistadas, entre el 2005 y el 2008 muchas dejaron de cultivar algodón por su baja rentabilidad. Como consecuencia, el negocio pasó a manos de propietarios de grandes extensiones, con condiciones de venta distintas. Es un periodo en el que se multiplican los cultivos de soja. En el año 2012 aparece el empresario Orlando Canido, propietario de gaseosas Manaos, argumentando haber comprado las escrituras de los predios y presionando a los pobladores para que desocuparan el campo bajo la amenaza de ser desalojados extrajudicialmente. De esta manera logró apropiarse de unas 4000 hectáreas, en las que procedió a hacer trabajos de desmonte y alambrado (ver anexo: Mocase, 2019).

El Equipo Jurídico del MOCASE encuentra al menos dos particularidades en el modus operandi de este empresario. Por un lado, utiliza permanentemente bandas armadas que amedrentan a los pobladores. Y por el otro, ha estado empeñado en adquirir la posesión de territorios en zonas de frontera, en este caso la que une a las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe (Entrevista a V.M., Santiago del Estero, 2019; ver anexo: Mocase, 2019).

En junio del 2014 la Dirección de Bosques y Fauna de la provincia le concedió un permiso para un Plan Productivo en 3692 hectáreas a la empresa Gran Hondonada S.A. en propiedades que son reclamadas por la Comunidad Indígena ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Esto pese a que en el plan de desmonte se señaló la existencia de pobladores dentro de este territorio (ver referencia Greenpeace, 2016 en anexo).

Sin embargo, al día siguiente de su aprobación y de que comenzara la explotación del campo, surgieron las primeras denuncias y problemas con los pobladores ancestrales, que devinieron primero en inspecciones por la parte de la Dirección de Bosques y luego en la decisión de paralizar y suspender el permiso en diciembre del 2014 (La Columna, 25 de febrero de 2016). Aun así, en 2015 Canido continúa con las tareas de desmonte, siembra de soja, hornos de carbón y explotación forestal con la custodia de bandas armadas. Logrando con esto arrasar con 500 hectáreas de monte y quemar carbón en aproximadamente 18 hornos.

El 18 de diciembre de ese mismo año, la Comunidad decide hacer una retoma de una porción del territorio que actualmente se encuentra en conflicto: unas 400 hectáreas. De esta tierra habían sido desalojadas varias familias y, a otras, Canido les había ofrecido dinero a cambio de que abandonaran la posesión de la tierra.

Fueron encontrando el respaldo de otras personas y familias, así como de militantes del MOCASE-VC. Asimismo, los días siguientes estuvieron presentes jueces y la Policía Provincial y organismos de Derechos Humanos de Santiago del Estero. También hubo alrededor de 60 hombres armados de la banda presuntamente dirigida por Canido (Entrevista a B.J., Bajo Hondo, 2019).

Los días subsiguientes se establecen las primeras casas artesanales de las familias que deciden quedarse en el predio. Se construyen los pozos, los potreros, se levantan nuevas cercas y se desplaza el ganado que conformará parte esencial del sustento de la comunidad.

Sin embargo, al año siguiente se dan una serie de hechos de intimidación, desde mecanismos judiciales hasta vías de hecho. El 18 de marzo del 2016, tres meses después de la retoma, se notifica que el juzgado dictó una medida cautelar de no innovar, es decir, autoriza a Canido a entrar nuevamente a la fracción de territorio recuperado (ver Anexo: Mocase, 2019).

Producto de esta autorización, el 5 de mayo se produce el primer desalojo. Los peones contratados por Canido, junto con la Policía Rural y en presencia de autoridades del ejecutivo, proceden a sacar las pertenencias de las casas y ponerlas sobre la ruta. Sin embargo, la presencia masiva de miembros del MOCASE-VC y la decisión comunitaria logran que se retome el territorio y se mantengan allí las familias. El sábado 2 de julio del mismo año la comunidad es víctima de un nuevo ataque en el que ingresan dos camionetas con hombres armados, les amenazan, descargan escombros y veneno en el pozo, se llevan la bomba con la que extraían el agua, rompen algunos corrales y les prenden fuego (Informe histórico antropológico, Comunidad indígena Yaku Kachi Bajo Hondo, ver anexo). Según pudieron constatar, la banda armada estaba integrada por unas veinte personas entre las que se encontraban Canido.

A los pocos días, el 6 de julio, un oficial de justicia en compañía de seis policías llega al territorio para hacer efectiva una nueva orden de desalojo emitida por el Juzgado del Crimen de 1° Nominación. Como la comunidad estaba al tanto del recurso de reposición interpuesto por el Equipo Jurídico del MOCASE-VC, se opuso al procedimiento. Sin embargo, horas después aparecieron 8 camionetas, con aproximadamente 60 personas con el rostro cubierto por pasamontañas. Procedieron a intimidar a los pobladores con armas de grueso calibre, que Canido facilitaba entre una camioneta y la otra, y sacando las cosas nuevamente a la ruta (Entrevista a G.F., Bajo Hondo, 2019).

El mismo día en horas de la tarde, aparecen vehículos de la Policía Provincial para notificarle a Canido que la Sra. Jueza del Crimen de 1° Nominación había revocado la medida de desalojo. Ante esto Canido, además de rehusarse a firmar la notificación, procede a ordenar que se incendien los ranchos (ver anexo: Mocase, 2019).

Seguidamente, la comunidad estuvo tres meses “bajo armas”, es decir, con la banda armada controlando su movilidad, a través del bloqueo de caminos y lanzando intimidaciones de forma constante. No podían dirigirse a conseguir sus víveres, sino que debían valerse de sus vecinos y conocidos que les facilitaban algunos de estos de forma clandestina. En varias ocasiones la banda armada disparaba indiscriminadamente contra sus animales y llegaban a llevarse parte de su ganado delante de ellos mismos (Entrevista a F.H., Bajo Hondo, 2019).

El 24 de septiembre, tres camionetas con 15 personas armadas con pistolas y rifles ingresaron nuevamente al territorio y emprendieron la persecución contra los pobladores, llevándolos a refugiarse en el monte. En la secuencia de disparos fue herido uno de los miembros de la comunidad en una pierna (noticia de CLOC. La Vía campesina, [Link]) . Mientras tanto, incendiaron nuevamente los ranchos y los vehículos y dispararon contra sus animales dejando 6 de ellos muertos y otros 14 heridos (ver Acta N° 3: Comunidad de Yuku Kachi, 2016, en anexo).

Pese a que desde 2019 cuentan con inscripción de su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, entre el 12 de junio y el 5 de julio de 2021 se repitieron hechos de violencia e intimidación [Link]. Sin embargo, han persistido en su permanencia en el territorio.

El caso de la Comunidad Indígena Yaku Kachi da cuenta de la continuidad del racismo estructural expresado en prácticas de segregación por parte de actores privados y agentes del Estado. Como se mencionó, los empresarios de la soja han intentado recurrentemente apropiarse de este territorio para convertirlo en un monocultivo. En determinados momentos el poder judicial ha actuado en favor de estos empresarios, desconociendo las formas de tenencia de la tierra de la comunidad indígena. De esta manera, el racismo estructural expresado en la segregación favorece al modelo de agronegocio.

Altagracia también es representativo de los procesos de organización de la estructura agraria en el departamento de Vichada. Ancestralmente, este departamento estaba habitado por pueblos indígenas de distintas etnias, como Sikuani, Cuiva, Sáliba, Piapoco, Amorúa. Aunque el contacto de estos pueblos con el resto del país data de hace varios siglos, fue especialmente desde la segunda mitad del siglo XX que se aceleraron los procesos de colonización que llevaron a un claro cambio en el uso y la propiedad del suelo en el departamento.

Esta transformación estuvo fuertemente ligada a la introducción del ganado vacuno, lo que generó, a su vez, transformaciones económicas, espaciales, ambientales y socioculturales. La colonización ganadera es la causa de la guerra que se emprendió contra los indígenas, que cada vez se fue corriendo más hacia el oriente.

La mejor representación de esta colonización fue el hato ganadero, llevado a su máxima expresión por los jesuitas en las reducciones. Básicamente, consistía en una porción de ganado, más de mil cabezas, así como una extensión de tierra, sin límites definidos, dedicada a la ganadería cuya propiedad se reconoce por la marca o herraje (Gómez et al., 2012).

Los procesos de ganadería extensiva coexisten con las comunidades indígenas que lograron sobrevivir a diferentes procesos de exterminio a los que fueron sometidos durante la colonia y el periodo republicano, gracias a las dificultades de acceso a estos territorios y al conocimiento del mismo derivado de sus prácticas nómadas. Sin embargo, esta coexistencia no se dio de manera pacífica. A lo largo de la Orinoquía los sujetos que participan de las formas occidentales de vida encuentran en las comunidades indígenas un conjunto de imaginarios que obstaculizan el crecimiento económico de la región, y asumen lo indígena con cuestiones relativas a la falta de higiene, la ausencia de civilización y, por tanto, a una falta de humanidad (Gómez et al., 2012).

El lenguaje que deshumaniza a las comunidades indígenas sirvió, al fin y al cabo, como un mecanismo de legitimación de los procesos de colonización y explotación de los territorios. Así, al considerar al indígena como algo menos que un humano, y sus costumbres y su relación con la tierra como un capricho irracional, no es preciso tener ningún cuidado para con ellos. La explotación ganadera tiene como contraparte simbólica su deshumanización.

En el caso de Altagracia, el primer asentamiento indígena surgió aproximadamente en la década de 1940 cuando algunos misioneros monfortianos enviados allí pretendieron crear un pueblo de indios, llevando a algunas comunidades a adoptar el sedentarismo (Barbosa et al., 2019). A mediados del siglo XX se dio un proceso de desplazamiento masivo de los pueblos indígenas asociado al periodo conocido en Colombia como La Violencia. En la Región Orinoquía, incluyendo al Vichada, en este periodo arribaron miles de familias campesinas provenientes de otras zonas del país que venían huyendo de la persecución política agenciada por liberales y conservadores. La cultura racista, excluyente hacia los pueblos indígenas, instalada en esta y otras regiones, llevó a que estas familias campesinas devinieran en colonos que, no pocas veces, se establecieron en territorios indígenas a través del uso de la violencia (Calle, 2017).

El resultado de ese proceso fue la clara definición de tres actores en la Región Orinoquía: los pueblos indígenas, los pequeños colonos y los grandes terratenientes. Entre estos y otros actores se van a desarrollar más adelante, nuevos conflictos que crean y recrean la estructura agraria de la región.

En la década de 1960 el Estado creó la figura de reserva que luego devino en resguardos, un legado de la época colonial que había sido característico de otras zonas del país como la zona andina. La delimitación de reservas y resguardos no tuvo en cuenta las características culturales nómadas y seminómadas de los pueblos indígenas en la Orinoquía por lo que muchos de ellos se vieron en una situación de confinamiento o incluso de ocupación ilegal (Calle, 2017). En este sentido, hay una permanencia de la colonialidad del poder, a partir de la invisibilización de las prácticas ancestrales de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, y la imposición de figuras de ordenamiento territorial basadas en la lógica occidental. Esta invisibilización hace parte del discurso justificatorio del despojo de tierras hacia comunidades indígenas, por considerar que al no estar cercado y “ocupado” permanentemente el territorio, es susceptible de ser incluido en el mercado de tierras.

Al igual que en Santiago del Estero, en Vichada se intensificó la presión sobre la tierra entre las décadas de 1980 y 1990, aunque por razones distintas. En este caso, la expansión y disputa entre grupos armados ilegales, y sus consecuentes acciones violentas sobre la población, generó desplazamientos masivos hacia zonas cada vez más apartadas.

Para el año 1994 se crea en Puerto Gaitán, Meta el grupo paramilitar denominado Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada. Esta estructura entra a disputarse el control territorial con las FARC-EP en estos dos departamentos y tuvo una especial presencia en la Inspección San Teodoro del municipio de La Primavera, donde está ubicado Altagracia. Allí no sólo desplazaron a la guerrilla, sino que establecieron una base militar que mantuvieron casi hasta su desmovilización en 2005.

Durante un período casi coincidente con la violencia que ejerció el grupo paramilitar, 1993 a 2006, el extinto Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, realizó una serie de adjudicaciones de baldíos a personas foráneas en el territorio que corresponde a Altagracia. Esto en clara violación de la Ley N° 160 de 1994, que establecía como requisito para la adjudicación que las personas hayan ejercido la posesión de la tierra o que sean campesinos de escasos recursos.

Las adjudicaciones irregulares hacia personas foráneas ocurrían sin el conocimiento de la comunidad indígena. Hacia finales de la década de 1990 se enteraron de ello por la llegada de adjudicatarios que se presentaron como “encargados” del dueño de la tierra e interesados en negociar con la comunidad.

Desde allí, los pobladores de Altagracia comenzaron a ser víctimas de intimidaciones por parte de estas personas con hombres armados que amenazaban a los líderes de la comunidad (Barbosa et al., 2019). Prueba de estas intimidaciones es el “acuerdo” realizado entre la comunidad indígena del colindante resguardo Gavilán La Pascua y el señor Javier Rojas en agosto de 2007, quien también se presentaba como administrador del supuesto predio. En el siguiente extracto del “acuerdo” se evidencian presiones a la comunidad:

Por su parte, el señor Rojas Laverde se comprometió con la comunidad:

Mientras tanto, entre los años 2007 y 2009, se llevaron a cabo los negocios jurídicos de compraventa y constitución de usufructo en favor de Agrícola El Encanto y/o la familia Mattos. Esto, aunque varios predios fueron adjudicados uno o dos años antes, vulnerando el artículo 39 de la Ley N° 160 de 1994 que establece un mínimo de cinco años antes de vender los predios.

El 18 de enero del 2008, Rodrigo Hernández, quien se presentó como representante de Alfonso Mattos, en compañía de seis hombres, dos de los cuales estaban armados, llegó a la comunidad Altagracia preguntando por sus representantes o líderes. Tres días después, Hernández, en compañía de alrededor de 20 hombres armados, arribó nuevamente, preguntando por José Alfonso Rodríguez, quien era uno de los líderes.

En el 2009, llegó a la zona Alfonso Mattos Barrero, un político miembro de una familia tradicional del departamento del Cesar. Este se presentó como dueño de las tierras y reclamó con vehemencia su supuesto derecho. En esta tarea contó con el respaldo de las autoridades locales del municipio.

Varios miembros de la familia Mattos Barrero han sido denunciados por vínculos con el paramilitarismo tanto en el departamento del César y la costa caribe, como en los llanos orientales, incluyendo los departamentos de Meta y Vichada. Ha ocupado distintos cargos políticos como diputado ante la Asamblea Departamental del César, Representante a la Cámara y Senador, al que tuvo que renunciar en 1994 por un proceso en el que se le acusaba como determinador del asesinato de Alfredo Rodríguez Arias, quien asesoraba a una familia que había vivido 23 años en un predio que ahora es de propiedad de Mattos.

Como relató un integrante de la comunidad:

En agosto del mismo año, en momentos en que la comunidad indígena se encontraba en la ceremonia llamada rezo del pescado, que se realiza entre los grupos Sikuani y Cuiba de los Llanos Orientales de Colombia y Venezuela para marcar el destete de los bebés y la primera menstruación femenina, dos casas fueron quemadas por hombres desconocidos. En el siguiente año, el 10 de marzo de 2010, la comunidad fue desplazada forzadamente de sus tierras con la presencia y el apoyo de la Policía. En el momento del desalojo se les obligó a firmar un documento en el que hacían constar haber recibido un dinero como contraprestación por el abandono del territorio. En el escrito se comprometían a no regresar bajo ninguna circunstancia y, según los relatos, se les amenazó de muerte en caso de no cumplir con este “acuerdo”. Sus casas fueron derribadas y los pobladores con sus pertenencias fueron llevados en una volqueta de la Alcaldía hacia el casco urbano de La Primavera, puntualmente a un asentamiento indígena de aproximadamente 30 hectáreas.

Actualmente la Comunidad Indígena de Altagracia vive en el Asentamiento Indígena El Trompillo – Kuway, ubicado en el casco urbano de La Primavera. Allí están en condiciones de hacinamiento, pues conviven unas 450 personas en un espacio de 30 hectáreas. Tal como reconoce el Ministerio del Interior en el Plan de Salvaguarda de la etnia Sikuani, 30 familias, conformadas por 110 personas fueron desplazadas desde Altagracia hacia el casco urbano de La Primavera por colonos vecinos (ver anexo: ONIC, 2013). La situación de la comunidad es de miseria, con desintegración familiar, sin acceso a servicios públicos, con viviendas improvisadas y de una extrema precariedad, con pérdida de su lengua, prácticas culturales y alto índice de desempleo.

Con el acompañamiento de la Corporación Claretiana, la comunidad adelanta un proceso de restitución de tierras, en el marco de la Ley N° 1448 de 2011, que se encuentra en etapa judicial desde hace varios años.

El caso de la Comunidad Indígena Altagracia da cuenta del racismo estructural en el que empresarios privados y funcionarios del Estado desconocen y segregan a familias indígenas. Como se ha descrito, a través de distintos mecanismos, legales y extralegales, se despojó a esta comunidad de su territorio ancestral para implantas un monocultivo de palma africana. En este proceso se hizo uso indebido de un marco normativo sobre el acceso a tierras para formalizar la propiedad en favor de terceros foráneos. Asimismo, se hizo uso de la violencia directa contra la comunidad, en un contexto de presencia de actores armados ilegales en la región. De esta manera, el racismo estructural en el marco del cual ocurre este despojo es favorable al modelo de agronegocio, en la medida en que permite expandir el modelo hacia territorios previamente considerados como marginales.

La expansión del neoextractivismo en países latinoamericanos se cimenta sobre elementos tales como el fenómeno de racismo estructural contra los pueblos indígenas y pueblos negros. Este fenómeno ha tenido una larga duración en nuestras sociedades, a partir de la experiencia colonial. En la época republicana se han seguido reproduciendo acciones violentas contra pueblos indígenas, sobre la base de discursos y repertorios racistas, en el marco del colonialismo interno (González Casanova, 2006) y dada la condición multisocietal que caracteriza a los países latinoamericanos (Tapia Mealla, 1994).

La profundización del modelo de agronegocio ha producido y reproducido conflictividades en territorios anteriormente considerados marginales al modelo económico y político. En estos territorios habitan, entre otros, pueblos indígenas que han vivido allí ancestralmente o se han desplazado producto de violencias anteriores.

A pesar de las múltiples diferencias entre las comunidades indígenas Yaku Kachi y Altagracia, encontramos puntos en común respecto de la tradición de violencia que han padecido y la actual situación de vulneración de derechos. Vemos que la implantación de los monocultivos de soja y palma africana, en los casos estudiados, requieren que previamente y a la par se despoje a comunidades originarias. Los mecanismos utilizados por empresarios nacionales son tanto argucias legales, como vías de hecho con un uso premeditado de la violencia.

La colonialidad del poder permanece en manifestaciones como la invisibilización de las prácticas ancestrales de tenencia de la tierra de las comunidades indígenas de ambos territorios, con el fin de disponer de ellas en el mercado de tierras. Sumado a esto está la continuidad de las representaciones del concepto de desarrollo bajo las cuales se justifica el saqueo, la contaminación y la depredación de recursos naturales (Teubal y Palmisano, 2013), con lo cual persisten situaciones de desposesión de los territorios ancestralmente ocupados por estos pueblos.

Hallamos, en los casos, un rol activo del poder judicial, administrativo y las autoridades policiales que agenciaron el proceso de despojo de tierras contra las comunidades indígenas de forma directa, a través del uso de la violencia, o indirecta, a través del despojo administrativo en el caso de la comunidad Altagracia.

Observamos que, pese a que existen herramientas jurídicas logradas por el movimiento indígena, principalmente desde la firma del Convenio 169 de la OIT, actualmente las comunidades continúan padeciendo intimidaciones y no cuentan con una seguridad jurídica sobre su tierra. Sin embargo, vemos que emergen las “rupturas” al neoextractivismo, expresadas en las resistencias del movimiento campesino e indígena y las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos.

Por otra parte, las diferencias en los contextos propios de cada caso generan a su vez repercusiones distintas. En el caso colombiano, observamos que el desplazamiento de la comunidad ocurre en el marco del conflicto armado interno en el que operan grupos armados ilegales que ejercen un control territorial y poblacional violento. En Argentina, al no existir grupos armados ilegales, se recurre a bandas armadas o “patotas” para intimidar a las comunidades y lograr desalojarlas.