Espacio Abierto
QUID 16. Revista del Área de Estudios Urbanos.
Núm. 24 (2025)
DOI: 10.62174/quid16.i24_a413
Conflictos en torno a la Reforma de la Constitución, cambio de la matriz productiva y violencia institucional (Jujuy 2023)
María Eugenia Calvó a;b;c 
mecalvo@fhycs.unju.edu.ar
Alina Benitez b;d
alinabenitez@gmail.com
Carla Wayar e;f
clwayar@gmail.com
a Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNJu, Argentina. 
b Unidad de Investigación “Movimiento Social, Estructura y Conflictos”, FHyCS, UNJu, Argentina.
c Asociación Argentina de Sociología Rural (AASRU), Argentina.
d Escuela Superior de Ciencias Jurídicas y Políticas, UNJu, Argentina.
e Facultad de Ciencias Agrarias, UNJu, Argentina.
f Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnologías y Desarrollo Social para el NOA (CIITeD-CONICET-UNJU), Argentina.
En este trabajo abordamos la relación existente entre el desarrollo de las actividades productivas de carácter extractivista, la violencia institucional y la Reforma constitucional en la provincia de Jujuy. En el periodo 2016-2023 se identifica cómo el Estado provincial asume un carácter represivo, dejando en evidencia un plan sistemático de anulación de opositores y construcción del enemigo interno, para eliminar los obstáculos que se presentan al avance sobre los espacios que todavía no han desarrollado en forma intensiva relaciones capitalistas de producción. Los pueblos originarios se posicionaron como uno de los principales protagonistas de la lucha contra el avance del capital extractivista y se sumaron a los sectores perseguidos por el gobierno.
Palabras claves: Reforma constitucional; Extractivismo; Pueblos Originarios; Acumulación capitalista.In this paper we address the relationship between the development of extractivist productive activities, institutional violence and the Constitutional Reform in the province of Jujuy. In the period 2016-2023 it is identified how the provincial State assumes a repressive character revealing a systematic plan to neutralize opponents and construct an internal enemy to eliminate the obstacles to the advancing into áreas that have not yet developed intensive capitalist production relationships. indigenous peoples positioned themselves as key players in the fight against the advance of extractive capital and joined the sectors persecuted by the government.
Keywords: Constitutional Reform; Extractivism; Indigenous peoples; Capitalist accumulation.Recibido: 2024/3/22; Aceptado: 2025/4/25; Publicado en línea: 2025/12/1.
Introducción
En el mes de junio de 2023, en la provincia de Jujuy, se aprobó una Reforma constitucional propuesta por el poder ejecutivo y cuestionada por diversos sectores de la sociedad. En esta nueva constitución se identificaba, entre otras cosas, la concentración de poder en manos del ejecutivo con la subordinación de los poderes judicial y parlamentario, el avance sobre los derechos a la protesta y la decisión inconsulta en el uso de las tierras que actualmente habitan las comunidades indígenas, habilita la explotación intensiva de los bienes naturales.
La discusión sobre la Reforma se presentó en un contexto de acciones de lucha protagonizadas por los sindicatos docentes quienes reclamaban mejoras salariales, a las que se sumaron organizaciones sindicales, sociales, políticas. Estas acciones confluyeron con las movilizaciones que realizaban las comunidades indígenas para ser atendidos por la Asamblea Constituyente. La protesta docente y la oposición a la Reforma incluyeron paros, marchas y cortes de ruta en diversas localidades de la provincia.
Este trabajo forma parte de una investigación más amplia, que busca analizar la relación entre el desarrollo de la violencia institucional y la forma que adquiere la acumulación capitalista en el momento actual en la provincia de Jujuy. Lo que aquí presentamos son los primeros pasos y formulaciones en el planteamiento del problema. Para ello tomamos como referencia las contribuciones de René Zavaleta Mercado que, en Notas sobre el fascismo, dictadura y coyuntura de disolución (2013), analiza la relación entre la forma/tipo de Estado y las características que asume la acumulación y reproducción capitalista. Allí observa que:
El desarrollo cualitativo y cuantitativo de la clase obrera, en efecto, ocurre explotando las condiciones que le proporciona la democracia burguesa y, en general es razonable decir que es difícil que una clase obrera se organice […] al margen de la democracia burguesa (Zavaleta Mercado, 2013, p. 461).
En esta línea el autor plantea que “La clave de la plusvalía aplicada a la política es la democracia burguesa; el hombre libre, requisito del momento productivo, sigue siendo también hombre libre cuando la política ocurre” (Zavaleta Mercado, 2013, p. 462). Teniendo en cuenta estos señalamientos, entendemos que la organización social y política (de clase, de masas, de bases, de sindicatos o cualquier otra forma de organización popular) se encuentra en el marco de este tipo de democracia.
En esta presentación, nos interesa indagar y poner en relación las actividades productivas que se enmarcan en lo que el gobierno ha denominado como “nueva matriz productiva” y los hechos de violencia institucional ocurridos en la provincia.
El litio, junto con la energía fotovoltaica y la producción de cannabis medicinal, forman parte de esta “nueva matriz productiva”. La explotación minera, con sus nuevas características (mega minería), representa actualmente la actividad que genera mayores expectativas a nivel provincial, principalmente la explotación de litio (Alcoba, 2015; Aramayo, 2023; Slipak y Urrutia Reveco, 2019). La promoción de la explotación del litio, por parte del Gobierno provincial, movilizó la participación de las comunidades indígenas en el proceso de discusión por la Reforma constitucional.
La represión del 17 de junio en el acceso a Purmamarca y la ocurrida el 20 de junio en San Salvador de Jujuy representan hechos que dejaron al descubierto un entramado político-económico–institucional puesto en función del disciplinamiento de opositores a las políticas gubernamentales.
Si bien la persecución y el hostigamiento comenzó en el año 2016, haciendo foco en dirigentes políticos y sociales, fue a partir del año 2022 que estas acciones intensificaron y evidenciaron una matriz represiva que incluyó tareas de espionaje y causas judiciales. La sistematización que presentamos sobre los hechos de violencia institucional da cuenta de ello.
Como señalamos anteriormente, el trabajo se encuentra en una etapa inicial y se inscribe en el análisis de las relaciones sociales, políticas y económicas, el campo de la economía política (Wolf, 2005). Para Marín (2000) el análisis de los conflictos o “encuentros”, además de funcionar como operador teórico metodológico, permite identificar cómo se constituyen y organizan las fuerzas sociales que confrontan, al mismo tiempo que nos revela el momento por el que está transitando el capital. Así, podemos reconocer a quienes se movilizan, tanto en el campo “popular” como en el campo de aquellos que pretenden que el régimen siga vigente o que profundice sus relaciones de explotación.
Para la recolección y construcción de datos recurrimos a distintas herramientas y fuentes: revisión de documentos oficiales publicados por el Gobierno de la provincia, análisis de la Constitución de 1986 y la actual, lectura de organigramas de los poderes judicial y ejecutivo de Jujuy. Revisión de diarios digitales, provinciales, nacionales y medios alternativos. Realizamos entrevistas, que por razones de seguridad decidimos numerar. Gran parte de los datos referidos a la represión en el corte de ruta en el ingreso a Purmamarca y los ocurridos en la ciudad de San Salvador de Jujuy fueron registrados al momento de su desarrollo. Se realizaron entrevistas en los diferentes cortes ubicados a lo largo de la RN9 y sobre RN40 que, por razones de extensión, no pudimos integrar al texto.
El trabajo llega hasta la aprobación de la nueva Constitución provincial, pero entendemos que el análisis del conflicto y sus antecedentes permitirá explicar las consecuencias que tiene para algunos de sus protagonistas, como ser las acusaciones penales a miembros de las comunidades y de las organizaciones sociales, situaciones que al cierre de este trabajo se encuentran en pleno desarrollo.
Aspectos generales para el análisis de la provincia de Jujuy
Características productivas
La provincia de Jujuy asienta sus bases productivas principalmente en tres actividades industriales, distribuidas en diferentes regiones: el complejo cañero en los valles subtropicales, la producción de tabaco Virginia en los valles templados y la explotación minera en la región de la puna.
Estas actividades configuraron en amplia medida el territorio provincial ya que definen el uso y control del espacio, los bienes naturales y las relaciones sociales predominantes. Tanto el complejo cañero como la minería son actividades instaladas desde fines del siglo XIX. La producción de tabaco se inserta con plenitud recién a mediados del siglo XX. El desarrollo de estas industrias influyó sobre la dinámica demográfica de la provincia y, junto a la producción siderúrgica (desmantelada a mediados de la década de 1990), asumieron el carácter de atracción de fuerza de trabajo en momentos de auge productivo y como expulsoras de fuerza de trabajo en momentos de disminución o cese de la actividad. Con relación a esto, se puede señalar que Jujuy mantuvo una alta concentración de la producción en pocas ramas.
La estructura agraria de los valles templados, basada en la producción de tabaco Virginia, se caracteriza por la presencia de medianos productores capitalizados propietarios de la tierra y una gran cantidad de pequeños productores arrendatarios, lo que nos señala que todavía no se desarrollaron procesos de alta concentración de la tierra y de los medios de producción. Desde el año 2016, en esta región, se desarrolla el proyecto de cannabis medicinal, a través de una empresa del Estado provincial, con aproximadamente 35 ha en producción de carácter intensivo.
El complejo cañero mantuvo una dinámica activa desde sus inicios, pasando por diferentes momentos ligados a su inserción a nivel nacional. La presencia del Ingenio Ledesma ejerce un peso significativo en tanto es el principal productor nacional de azúcar, alcohol y bioetanol (Schorr y Gorenstein, 2012).
En las tierras altas, la minería empresarial e industrial se introdujo en la década de 1930, principalmente en la puna. Su instalación y desarrollo se presentó en diferentes localidades de manera constante hasta la década de 1980, con momentos de crecimiento y decrecimiento (Teruel, 2006). Actualmente se observa un nuevo impulso a esta actividad a partir de una explotación más intensiva. Entre las principales explotaciones mineras actuales se destaca la producción de plata, plomo, zinc y litio.
Es principalmente a partir del impulso a la producción de carbonato de litio, el desarrollo de energía solar en la puna y la producción de cannabis medicinal en la región de los valles templados que el Gobierno provincial postuló el “cambio” en la matriz productiva de la provincia (Gobierno de Jujuy, 21/08/2022).
Características socio económicas
La provincia de Jujuy no quedó al margen de las transformaciones socio económicas ocurridas desde mediados de la década de 1970 y que se expresaron como crisis económicas y políticas en la década de 1980, que prepararon las condiciones para la realización de la hegemonía del capital financiero (Cotarelo, 2016). Ya en la década de 1990, este predominio se expresó a través de un proceso de desarticulación del aparato productivo nacional, con la consiguiente expulsión de población de los espacios que ocupaban (tanto en la esfera económica como social) y se extendió hasta entrada la década del 2000.
La transformación del sistema productivo en Jujuy en la década de 1990 incluyó el cierre de numerosas empresas, fortalecimiento de otras pocas y el despido de trabajadores. Se produjo el cierre de Mina Pirquitas, el cambio de inversores en Mina El Aguilar y la privatización de Altos Hornos Zapla. Se realizaron incorporaciones tecnológicas en la producción de caña de azúcar, liderada por la empresa Ledesma, y la quiebra del Ingenio La Esperanza. Se concretó la privatización del banco provincial y de empresas públicas como las de agua y energía y el cierre del tramo Jujuy-La Quiaca del Ferrocarril Belgrano, línea que conectaba la provincia con los puertos del centro del país (Iñigo Carrera y Gómez, 2011).
El cierre de empresas y las transformaciones en los procesos de trabajo en los principales centros productivos implicó una expulsión generalizada de trabajadores, situación que caracterizó el periodo de 1980 hasta el 2000. Se desarrolló así un proceso de generación y consolidación de población sobrante (superpoblación relativa) para las necesidades del capital. Esto se manifestó en el incremento de los índices de desocupación, subocupación, condiciones de precariedad de la relación laboral y descenso de la proporción de empleos estables. Gran parte de la población sobrante encontró refugio en el sector estatal de servicios, lo que incrementó la planta de trabajadores del estado (Gómez y Castro Olivera, 2018).
Las luchas que se desarrollaron en la provincia durante la década de tuvieron como base este contexto. Las demandas y las acciones estuvieron dirigidas por las organizaciones sindicales de empleados y obreros estatales. Y sobre la experiencia desarrollada en esta lucha surgieron las organizaciones de desocupados, las que empezaron a “constituirse como el principal articulador de las luchas provinciales” durante la década siguiente (Iñigo Carrera y Gómez, 2011, p. 166).
Explotación de litio en Jujuy
Los elementos señalados dan cuenta de un desarrollo del capitalismo en profundidad, con actividades vinculadas al capital financiero o bajo su dominio, con un alto grado de explotación de la fuerza de trabajo y de los bienes naturales.
Luego del declive de la extracción mineral de las décadas de 1980 y 1990 en Jujuy, la minería emergió con incorporación tecnológica y se posicionó como la principal actividad productiva a partir del año 2016. Con un importante impulso por parte del Gobierno provincial y con inversiones de empresas transnacionales, se instaló rápidamente en territorios que eran ocupados por la producción pastoril bajo la lógica campesina indígena, algunos de ellos con reconocimiento estatal de propiedad comunitaria.
Como se señala en diferentes investigaciones, Argentina forma parte del “Triangulo del Litio” junto con Bolivia y Chile. En el año 2014, Jujuy comienza la extracción de litio en el Salar de Olaroz, a través de la firma Sales de Jujuy. Posteriormente se incorporó el proyecto de Cauchari-Olaroz de la minera Exar (Slipak y Urrutia Reveco, 2019). En el año 2016, Argentina se ubicó como el segundo exportador de carbonato de litio, con una participación del 19.45 %, siguiendo a Chile que realiza entre el 50 % y el 65 % de la totalidad de las exportaciones (Zicari et al., 2019).
Lejos de ser una fuente generadora de empleos, en el año 2016 la empresa Sales de Jujuy registraba 250 personas empleadas de forma directa (150 originarios de la puna y 100 de otras regiones), lo que representaba el 0.42 % de empleos en el sector privado en Jujuy (Slipak y Urrutia Reveco, 2019).
Aramayo (2023)observa que desde el año 2017 las regalías del litio disminuyeron del 3 % al 0.3 % sobre la producción y el valor declarado por las empresas. También señala que en el periodo 2017-2020 las regalías acumuladas eran de un 5.6 % en concepto de derechos de explotación del salar, mientras que el total tributado después de los reintegros se reducían al 2.6 %.
En Jujuy la explotación de litio asume un esquema de integración horizontal primario/extractivista, que controla áreas completas bajo el dominio de firmas asociadas a las grandes demandantes de litio. En este sentido asume un carácter de economía de enclave en manos de las transnacionales. Las empresas buscan que el mineral sea exportado rápidamente ante la posible reducción de la demanda o reducción de precios. El Estado nacional no tiene participación en la cadena de valor de los productos derivados del litio y los proyectos no están planificados, regulados o coordinados por una política de extracción, una política ambiental, ni de consulta a las comunidades (Slipak y Urrutia Reveco, 2019).
Si bien la explotación del litio en Jujuy se presenta como un “recurso estratégico” dispuesto a mejorar los ingresos provinciales, podemos observar que los proyectos quedan subsumidos a la lógica de acumulación capitalista bajo el dominio del capital financiero, que solo beneficia a las transnacionales.
Sobre los aspectos laborales se observa que, si bien el ejecutivo provincial promueve la incorporación de pobladores locales, los trabajos a los que acceden son de la más baja categoría, vinculados mayoritariamente a las obras de infraestructura necesaria: albañilería, manejo de vehículos comunes, lavandería y limpieza. Para las operaciones más complejas, manejo de maquinarias y de seguridad e higiene se contratan personas de otras regiones a través de empresas tercerizadas, con contratos vinculados a obras específicas con duración determinada (entre tres a doce meses).
El imaginario de que las mineras pagan “buenos” sueldos se desvanece al analizar que la mayoría de los contratados cobran un salario equiparable a la canasta básica total, cumplen jornadas de trabajo de entre 10-12 horas diarias y turnos de quince días continuos. Viven en campamentos formados por módulos de placas y están en su mayoría bajo el convenio colectivo de trabajo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Se enfrentan a condiciones climáticas extremas con temperaturas que llegan a los -20 °C en invierno. Según testimonios recolectados, se registran casos de suicidios, depresión y ansiedad.
Tanto el litio como el resto de las actividades productivas que el Estado provincial postula como novedosas no representan verdaderos avances en cuanto a soberanía financiera, ecológica ni energética. Tampoco genera “desarrollo” a nivel local. La mayoría de las localidades de la puna mantienen las mismas condiciones de infraestructura: puestos de salud sin equipamientos ni personal y transportes que solo llegan una vez por semana. Si bien la ampliación del trabajo estatal, principalmente en las comisiones municipales, abarca parte de la población puneña, se mantienen los sistemas agropastoriles, la elaboración de tejidos, cerámicas y otras actividades vinculadas al sistema rural.
En la localidad de Susques, diez de las once comunidades aceptaron la instalación de los proyectos litíferos. Sin embargo, la explotación afecta al territorio en términos más amplios e involucra a comunidades que no acuerdan con este desarrollo y reclaman que los proyectos ponen en riesgo el ecosistema y la provisión de agua en la región.
Reforma parcial de la Constitución de la provincia de Jujuy
En este apartado analizamos el alcance y los potenciales efectos de los principales artículos de la nueva Constitución Provincial, vinculados a políticas económicas basadas en la extracción y explotación de los bienes naturales, sobre todo de minerales como el litio y la energía solar. Estas actividades están comprendidas en lo que se denomina “transición energética” y que el Gobierno provincial priorizó en el marco del “cambio de la matriz productiva”. Prestamos especial atención a los artículos que afectan a las comunidades indígenas.1
La Reforma sienta un precedente grave ya que incorpora la mercantilización y la enajenación de bienes naturales vitales como el agua y todo lo que se encuentra en las tierras fiscales.2 El “cambio de la matriz productiva” es, con la nueva constitución, la legalización de las políticas económicas que profundizan el extractivismo de los bienes naturales, a favor de los capitales concentrados.
No nos detendremos a analizar el cuestionado proceso de la Reforma, que consta de decenas de informalidades e ilegalidades denunciadas y documentadas en medios de comunicación, presentaciones judiciales, informes de comisiones y organismos de derechos humanos, comunicados y denuncias públicas de las comunidades indígenas. Solo nos parece importante aclarar que existieron versiones anteriores y que, luego de más de tres meses de cortes de ruta sostenidos y encabezados por las comunidades indígenas, se realizaron cambios en el texto de reforma. Se eliminaron artículos que las nombraba sin modificar los objetivos e implicancias que analizamos.
Mercantilización y enajenación de los bienes naturales comunes. Avance sobre territorios indígenas.
Uno de los artículos más importantes de la nueva constitución que evidencia el avance sobre los bienes naturales comunes es el referido a las tierras fiscales.
Tierras Fiscales
1. La tierra es un bien de trabajo y de producción.
2. La ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socio económico de la Provincia (Constitución Provincial 2023, art 94).
En Jujuy, dentro de las tierras fiscales se distinguen dos tipos: urbanas y rurales, y figura el Estado como titular del dominio. Nos enfocamos sobre todo en las rurales no desarrolladas productivamente por el capital que contienen una gran diversidad ecológica. Dentro de ellas se encuentran espacios naturales comunes como montañas, humedales, lagunas, ríos, parques y reservas. Muchos de estos espacios son áreas de pastoreo común de pequeños ganaderos; otras están habitadas con posesión desde hace décadas por campesinos y/o familias rurales. Gran parte de estas tierras forman parte de los territorios que habitan las comunidades indígenas.
Según el informe de la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de Jujuy (2023), el territorio de más del 73 % de las comunidades reconocidas por el Estado, se encuentran en tierras fiscales. A la vez, este organismo reconoce 274 comunidades, de las cuales informa que solo 73 cuentan con títulos comunitarios.3
Las comunidades denuncian que el Estado entregó escrituras públicas que no reconocen todo su territorio y cuestionan que solo se otorgó el suelo, reservándose el subsuelo, y excluyeron concesiones mineras, antiguas, existentes o futuras que se encuentran dentro del área de la comunidad.4
Con el imperativo del uso productivo de las tierras fiscales, están sujetas a posibles desalojos y expropiaciones. Esta situación no solo afecta a las comunidades indígenas, sino todos aquellos que las habitan.
Otro artículo que nos parece importante destacar es el referido al agua.
Régimen de Agua
1. Corresponde a la Provincia regular el uso y aprovechamiento de todas las aguas de su territorio, conforme los principios de sostenibilidad, sustentabilidad y preservación del ambiente.
2. Todos los asuntos relacionados con el uso de aguas superficiales o subterráneas estarán bajo la responsabilidad de un organismo autónomo y descentralizado, cuyos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo […].
3. Antes de otorgar nuevas concesiones de agua, se realizará una evaluación técnica por parte del organismo competente, considerando la preservación de los ríos, lagos, embalses, arroyos y aguas subterráneas de la Provincia. Estas concesiones estarán sujetas a revisiones y modificaciones conforme a los resultados de las evaluaciones posteriores
4. Se otorgarán concesiones y permisos para diversos usos del agua, incluyendo uso doméstico, recreativo, productivo, municipal y abastecimiento de poblaciones y cualquier otro uso que beneficie a la comunidad. Estas concesiones deberán considerar la eficiencia y el uso sostenible del agua. (Art. 95, Incisos 1, 2, 3 y 4).
Al analizar los principales puntos se observa que:
El Estado Provincial es quien regulará el uso y el aprovechamiento de todas las aguas del territorio jujeño, superficiales o subterráneas; designará al organismo de regulación del agua en toda la provincia y será quien conceda cánones y permisos para todos los usos de agua: doméstico, productivos, de abastecimiento.
Tanto las comunidades indígenas y campesinas, como pobladores de zonas rurales y otros que hoy tienen acceso y utilizan fuentes y sistemas propios de agua, podrían ser enajenados de estos recursos.5
Otros artículos de la nueva Constitución mantienen el mismo sentido y concentran la decisión sobre los territorios en el Poder Ejecutivo que articula con las empresas multinacionales.
Dominio originario de los recursos naturales
1. Esta Constitución ratifica el pleno dominio y la titularidad exclusiva de la Provincia sobre los recursos naturales, biodiversidad, recursos genéticos y demás bienes ambientales comunes existentes en su territorio.
2. El Estado asegura la protección de los recursos naturales existentes en su territorio frente a cualquier injerencia indebida de la Nación o de otras provincias promoviendo el aprovechamiento sostenible de esos recursos y bienes comunes en procura del beneficio del desarrollo humano y el progreso de la población.
3. Esta Constitución ratifica la potestad de la Provincia para la regulación de toda forma de aprovechamiento económico o financiero que se derive de la reducción o mitigación de gases de efecto invernadero que se generen a partir de actividades que se desarrollen dentro de su territorio (Art. 68, Incisos. 1,2 y 3).
El Estado provincial, adjudicándose el derecho exclusivo sobre los recursos naturales, fomentará la explotación de litio, plomo, plata y zinc y cualquier otro mineral que se encuentre disponible en el subsuelo, así como el aprovechamiento de la energía solar y otros recursos factibles de explotación y comercialización.
Promoción económica
1. El Estado impulsará políticas públicas de fomento a la producción, industrialización y comercialización acorde a los principios de sostenibilidad, sustentabilidad, promoviendo un enfoque regional, buenas prácticas, aprovechamiento responsable de los recursos, la diversificación de la matriz productiva, la creación de valor en las cadenas productivas, la economía circular, innovación y la incorporación de nuevas tecnologías, reducción de riesgos ambientales y cualquier otro que contribuya a mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social.
2. En el marco establecido, el Estado promueve, fomenta y protege: 1) regímenes de fomento de inversiones, priorizando la inversión pública y privada en proyectos estratégicos de tecnologías innovadoras, bioeconomía, biotecnología, energías renovables o no contaminantes, electromovilidad y la agricultura sostenible, que contribuyan a la protección del ambiente y el desarrollo productivo; 2) consolidar las inversiones existentes y el desarrollo y la comercialización de la producción local; 3) la minería responsable, sustentable y sostenible, en especial la industrialización de minerales críticos para la transición energética y el transporte. Impulsará la formación de cooperativas, empresas y emprendedores locales para el desarrollo de proveedores mineros procurando el aprovechamiento integral de los recursos naturales provinciales (Art. 92, Inc. 1,2 y 3).
Sobre las energías renovables o no contaminantes, la nueva constitución señala:
Energías renovables o no contaminantes: 2. El Estado promueve: 1) la producción de energía como presupuesto para garantizar el desarrollo humano y el progreso económico de la Provincia y fomenta la investigación, el desarrollo y la producción de nuevas tecnologías aplicadas al cambio de la matriz energética; 2) la descarbonización del sector energético y del transporte, mediante la transición hacia una matriz energética basada en fuentes renovables o no contaminantes; 3) la industrialización con valor agregado de minerales, productos y tecnologías aplicadas al cambio de la matriz energética, el almacenamiento de energía y la electromovilidad (Art. 69, Inc. 2 y 3).
La incorporación del apartado de energías renovables se presenta como una política progresista y de reconversión productiva, asentada en el interés por la diversificación energética y sostenible. Sin embargo, para generar un “desarrollo” no solo es necesaria la explotación de los recursos disponibles. Martín Kasimierski señala que la transición energética requiere, además, aumentar los ahorros y eficiencia energética, desarrollar perfiles industriales, actualizar la tecnología e infraestructura energética. Asimismo, “desconcentrar, descentralizar y desmercantilizar el sistema energético” (2019, p. 44). Estos aspectos parecen de difícil realización en una provincia que ha generado una deuda histórica en los últimos ocho años.
Violencia Institucional
Aquí abordamos la violencia institucional ejercida por las agencias policiales y penitenciarias poniendo el foco en el Estado como garante de los derechos humanos. Tomando lo desarrollado en los puntos anteriores, demostraremos cómo se articula el cambio de matriz productiva con la matriz represiva.
Antecedentes. Jujuy 2016-2022
Siguiendo a Manestar (2023), se observa que, en cuarenta años de democracia en la provincia de Jujuy, los casos registrados de violencia institucional se han incrementado a partir del año 2016.
En este salto del accionar represivo del Estado, identificamos tres hitos fundacionales, en tanto inauguran la legitimidad de la represión:
Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que amplía el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia.6 (Ley N° 5878. Publicada el 15/12/2015)
Creación del Ministerio Público de la Acusación. (Ley N° 8595. Publicada el 23/12/2015)
Reglamentación del Código Contravencional (Decreto N° 288-MS-2015. Publicado el 30/12/2015)7
Una primera avanzada represiva fue la implementación del Código Contravencional en enero de 2016, con su entrada en vigencia se profundizan las instancias de criminalización y de nuevas formas de hostigamiento policial a quienes participan de protestas (Manestar, 2023). Este código habilitó las sanciones a manifestaciones en espacios públicos (art. 113) con el fin de imponer multas a las organizaciones opositoras en la figura de sus dirigentes.
En marzo de 2021, vecinos de Campo Verde fueron reprimidos y el barrio militarizado, a raíz de un conflicto que se originó por la decisión inconsulta de construir una escuela en la cancha, único espacio verde de recreación barrial. El 17/03/2021 el barrio amaneció sitiado por más de cuatrocientos efectivos (incluido el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales y la Infantería), con el fin de “custodiar” el ingreso de maquinarias al predio para el comienzo de la obra. En ese contexto los vecinos se comenzaron a concentrar en la cancha para evitar ese avance; cabe mencionar que la mayoría eran mujeres, niños y personas mayores. La policía atacó a los manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos. En esa represión hubo heridos y detenidos sin justificación que fueron trasladados a comisarias alejadas; los vecinos denunciaron el hostigamiento durante los días previos e identificaron policías de civil infiltrados entre los manifestantes. Diversas publicaciones en medios gráficos dieron cuenta de la represión: (Página 12, versión digital, 18 de marzo de 2021 [Link]), (El Submarino Diario, 17 de marzo de 2021 [Link]).
En septiembre de 2021, el representante legal de los vecinos de Campo Verde fue detenido por orden del Ministerio Público de la Acusación por coautoría de los delitos de “atentado contra la autoridad doblemente agravado por ser cometido por una reunión de más de tres personas y por poner manos en la autoridad” (Boletín del Ministerio Público de la Acusación, 10/09/2021). En esa acusación incluyeron a Milagro Sala como principal autora de los mismos.
Un hecho similar ocurrió en Caspalá, departamento Valle Grande, donde podemos observar como el estado provincial avanzó con violencia sobre los derechos de las comunidades indígenas. A fines del año 2022 el gobierno se propuso construir una escuela sin consulta previa en un terreno comunitario, a pesar de que había otro lote destinado previamente a esa construcción. A esta oposición, el ejecutivo envió efectivos de infantería, con el mismo resultado: balas de goma, gases lacrimógenos y detenidos. Por esos días se visibilizaron varios hechos de persecución a los comuneros que se oponían al proyecto.8
En marzo de 2022, en el marco de la convocatoria de las diferentes organizaciones de base para reclamar las acciones del gobierno en la apertura de sesiones legislativas, el fiscal de investigaciones Abg. Diego Funes del MPA solicitó al personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía de Jujuy que:
Se constituya sobre los lugares donde se reúnen las Organizaciones Sociales a los fines de lograr individualizar a los referentes de cada Organización [...] por lo que siendo las horas 8.00 se designaron los grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas organizaciones. (I.P.P. Nª 127 APDC/22).
Con la información obtenida a partir de ese espionaje, Funes mandó la policía y asistentes fiscales a requisar con operativos visibles, violentos y sin garantías casas particulares, comedores, merenderos y sedes de organizaciones vinculados a diferentes organizaciones sociales. Solo en el marco de esta causa se realizaron 16 allanamientos.
Es este hecho el que evidencia y legitima el espionaje hacia los dirigentes y organizaciones opositoras y expresa claramente la figura del enemigo interno.9
El asedio a las organizaciones sociales se instrumentó a través de causas penales y de contravenciones que se judicializaron rápidamente (posible a partir de la modificación de la estructura jurídica y derivaron en multas, arrestos de hasta 15 días y/o la realización de tareas comunitarias; esto último considerado por la militancia como una burla a sus labores (Entrevista a referente de organización social).
Mayo-junio 2023
En oposición a la Reforma constitucional, en mayo de 2023, las comunidades indígenas nucleadas en la Asamblea Permanente comenzaron a movilizarse,10 al rechazar la reforma a través de comunicados y petitorios de participación a la Convención Constituyente. El 14 de junio partieron en una gran caminata desde Abra Pampa, agrupada como tercer Malón de la Paz, para llegar a San Salvador de Jujuy e impedir que se aprobara la Reforma. En una operación engañosa, la Reforma se aprobó de manera exprés. El día 16 en medio de una gran movilización las comunidades en asamblea decidieron realizar cortes de ruta por tiempo indeterminado.
El 17 de junio la policía reprimió en el corte de ruta del cruce RN 9 y RN 52 (entrada a Purmamarca). La mayoría de los testimonios coincide en que esta represión se realizó en cuatro etapas11, que creció en intensidad y violencia. Hubo disparos de balas de goma de manera constante, que apuntaban a la altura del rostro y a cortas distancias; arrojaron gases lacrimógenos y piedras. Se constató que dentro de los manifestantes se encontraba personal policial sin identificación y de civil, que al momento del operativo se sumó a la represión. En la última avanzada de las fuerzas de seguridad, se cortó el alumbrado público y se inhibieron las señales de celulares, mientras las fuerzas policiales avanzaban, golpeaban y arrastraban a los detenidos a camionetas de la policía.
El 20 de junio, la ciudad de San Salvador de Jujuy amaneció con un amplio dispositivo policial y vallado en la legislatura provincial. Ese día se manifestaron desde la mañana sindicatos, organizaciones sociales y el pueblo en general contra la Reforma constitucional y denunciaron la represión ocurrida en Purmamarca. En ese contexto se juró la nueva Constitución. Al medio día se desató la represión en las inmediaciones de la legislatura, con balas de goma, gases lacrimógenos, piedras arrojadas con gomeras por personal de civil, grupos de policías motorizados y caballería. Las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes y desplegaron una persecución que duró seis horas y que generó heridos, y detenciones arbitrarias, inclusive de personas que no participaron de la manifestación y que fueron trasladadas directamente al penal de Alto Comedero. Por las actividades realizadas durante esa jornada, el personal policial recibió un bono de $ 50.000.
La sistematicidad con que personal policial de civil se infiltró en las manifestaciones para generar disturbios está confirmada por la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos (Informe Final Violación de los DDHH en Jujuy, Argentina, 2023). Se observaron vehículos sin patente ni identificación, utilizados en las represiones, en el traslado de los detenidos y en el hostigamiento en los domicilios particulares y laborales de militantes opositores. Otro mecanismo de amedrentamiento utilizado por el Estado fue la no comunicación o la información cruzada a los familiares de los detenidos, sin paradero durante más de diez horas en algunos casos (Entrevista a abogados de sindicato y detenidos en la represión de junio de 2023).
La represión y la criminalización de la protesta fueron dos modos utilizados para ejercer violencia institucional ante aquellos que participaron de las manifestaciones. A partir de la implementación del Código Contravencional y la sanción de la Reforma de la Constitución, Jujuy limitó al máximo el derecho a la protesta, los derechos civiles y humanos en la provincia. Todo esto mediante un plan estructurado y coordinado que adaptó el sistema judicial al objetivo de limitar los derechos de la población y deslegitimar las demandas sociales y gremiales. Con el aval del Poder Legislativo y Judicial el Gobierno de Jujuy logró institucionalizar la represión y la criminalización de la protesta.
Conclusiones
La represión desarrollada en el 2023 en torno al rechazo de la Reforma constitucional dejó al descubierto un plan sistemático de anulación de opositores y construcción del enemigo interno y se presentó como una herramienta más en el entramado de la expropiación de las condiciones de vida de la población. Junto a la violencia institucional, conformaron la matriz represiva que caracteriza este momento, que promueve la acción rápida y directa de la explotación en función de la acumulación de capital por parte de las empresas transnacionales.
Si bien la persecución y el hostigamiento a opositores al Gobierno comenzó en el año 2016 haciendo foco en dirigentes políticos y sociales opositores, a partir del año 2022 estas acciones se intensificaron y visibilizaron. El espionaje, con infiltraciones policiales dentro de los distintos sectores organizados, quedaron legitimados en la provincia.
La Reforma del año 2023 otorgó rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Código Contravencional que funcionaron como brazos ejecutores del poder político en la persecución y hostigamiento a opositores.
El cambio de la matriz productiva se presentó como una política progresista y de reconversión productiva. El impulso dado por el Gobierno provincial a la explotación del litio permitió el avance del extractivismo, y profundizó la explotación de los bienes naturales y de la fuerza de trabajo. Con la Reforma constitucional, las comunidades indígenas vieron avasallados sus derechos, y se posicionaron como uno de los principales protagonistas de la lucha contra el avance del capital extractivista al sumarse a los sectores perseguidos por el Gobierno.
Calvó: Conceptualización (Conceptualization); Análisis formal (Formal Analysis); Investigación (Investigation); Metodología (Methodology); Administración de proyecto (Project administration); Redacción - preparación del borrador original (Writing – original draft); Redacción - revisión y edición (Writing – review & editing). Benitez: Análisis formal (Formal Analysis); Investigación (Investigation); Redacción - preparación del borrador original (Writing – original draft); Redacción - revisión y edición (Writing – review & editing). Wayar: Análisis formal (Formal Analysis); Redacción - preparación del borrador original (Writing – original draft).
Referencias bibliográficas
La transición energética hace referencia al proceso de cambio a nivel global en el uso energías convencionales (basadas en recursos fósiles como el gas y petróleo) por energías renovables y sustentables. Para ampliar sobre este concepto ver: Kazimierski, M. (2019).↩︎
En mayo del 2016, la Ley N° 5915 declaró de utilidad pública y sujeto a servidumbre administrativa a todo inmueble situado en la provincia de Jujuy:
↩︎necesario para el cumplimiento de los planes de trabajo correspondientes a la prestación del servicio público de electricidad, incluida aquella generada a partir del aprovechamiento de la energía solar o de otras fuentes renovables de energía. Esta servidumbre se constituirá en favor del Estado Provincial o los concesionarios del mismo en jurisdicción provincia.
Las comunidades indígenas nucleadas en el tercer Malón de la Paz señalan que son más de 400 las comunidades indígenas en la provincia.↩︎
El Estado no cumplimentó en su totalidad con el compromiso de regularización y entrega de títulos, pese a continuos reclamos y gestiones. El Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RE.TE.CI) no significó la entrega de títulos comunitarios para todas las comunidades relevadas. A esto se suma la falta de reconocimiento y negación de personería jurídica a aquellas que se oponen a las políticas del Gobierno.↩︎
La demanda por agua para riego y, en algunos casos, también para el consumo familiar, provienen principalmente de las comunidades indígenas, campesinas y de pequeños productores. Las grandes y medianas explotaciones (producción de caña de azúcar en los valles subtropicales, tabaco en los valles templados y vitivinícola en la quebrada) han garantizado su acceso en detrimento de las explotaciones de menor escala. Para el caso de los valles templados ver: Calvó, M. E (2023). Para el caso de la quebrada de Humahuaca: (Zamora Gómez et al., 2013).↩︎
Se amplía el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia de cinco a nueve. Dos de los diputados que votaron esta reforma se convirtieron en jueces del Superior Tribunal, hoy denominado Corte Suprema.↩︎
El Decreto N° 288 reglamenta la Ley provincial N° 5860 del año 2014 e instrumenta su vigencia a partir 01/01/2016. Ya en ese momento se encontraba el acampe de la Red de organizaciones en Plaza Belgrano y es este decreto el que posibilita la detención de Milagro Sala y otros referentes sociales.↩︎
Los datos de los hechos ocurridos en Campo Verde y Caspalá fueron obtenidos de primera mano y el seguimiento de medios televisivos locales.↩︎
Son más de 25 organizaciones barriales, sociales y políticas y 15 frentes sindicales y de trabajadores, además de 45 personas, dirigentes y miembros de organizaciones y gremios mencionados en el expediente, en el primer cuerpo y 16 dirigentes que se suman en el tercer cuerpo.↩︎
En el año 2011 las comunidades de la puna elaboraron un documento colectivo y protocolo de consulta al que llamaron Protocolo de Kachi Yupi, donde declaran a la cuenca de Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc como Patrimonio Natural, Cultural y Ancestral de los Pueblos Originarios. A partir de ahí, se realizó un largo proceso de asambleas y movilizaciones ante los intentos del Gobierno provincial de autorizar las explotaciones de litio en la zona. En asamblea del 14 de junio de 2023 convocaron a todas las comunidades de la provincia a conformar el tercer Malón de la Paz. Miembros de las comunidades que adhirieron a la explotación minera se sumaron al tercer Malón. Las diferencias hacia adentro de la organización indígena es un tema que requiere ser tratado en profundidad por la complejidad del caso. Aquí solo señalaremos que, particularmente en la localidad de Susques, los cortes de ruta eran parciales al permitir el ingreso de trabajadores y camiones de las empresas (Entrevista a miembro de la comunidad indígena).↩︎
Las acciones represivas se desarrollaron en cuatro tandas: entre las 5:00 y las 6:00 h; entre las 10:00 y las 11:00 h; entre las 14:00 y las 16:00 h y la última entre las 19:00 y las 21:00 h.↩︎
QUID 16. Revista del Área de Estudios Urbanos. Área de Estudios Urbanos (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Gino Germani).
ISSN-e: 2250-4060.
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