Este trabajo se enmarca en el contexto actual de sustancial aceleramiento de la crisis ecosocial moderna intrínsecamente vinculada con los pulsos del extractivismo agrario. El concepto de neoextractivismo (Gudynas, 2010; Svampa, 2013b) expone y caracteriza al modelo sociopolítico-territorial basado en la sobreexplotación de bienes naturales y en el despojo de otros actores sociales requisito para los actuales procesos de acumulación del capital (Svampa, 2019). La apertura de este nuevo orden económico, político e ideológico denominado Consenso de los Commodities (Svampa, 2013b) instituye la inscripción de América Latina en el desarrollismo neoextractivista. Al mismo tiempo, este incremento de la exportación de bienes primarios impone la profundización de las desigualdades generadas por este modelo, lo cual inauguró un nuevo ciclo de luchas sociales (Manzanal, 2017; Merlinsky, 2013); con experiencias centradas en la defensa de los bienes naturales, la biodiversidad y el territorio.

Es preciso destacar que, si bien circunscribimos este trabajo dentro de las mencionadas discusiones, contemplamos aquí algunas consideraciones. La introducción de la ganadería en Argentina contiene otras lógicas en comparación con los requerimientos actuales de acumulación de capital (Svampa, 2013a), es decir, la sobreexplotación de la naturaleza y el despojo. Más bien y, a pesar de sus impactos ambientales, la dinámica del capital encuentra su articulación en la intensificación del capital y en el incremento de su composición orgánica. Asimismo, al hablar del Consenso de los Commodities (Svampa, 2013a)resulta relevante observar cómo se insertan los procesos de intensificación ganadera en el desarrollismo neoextractivista. Si bien estos emergen como una demanda del mercado interno, traemos esta nominación para resaltar la nueva forma de organización y disposición de la producción enmarcada en este nuevo régimen.

En este contexto, la arena política del conflicto ambiental ligado al acceso y control de estos supone disputas entre actores enfrentados a partir de valores e intereses diversos con profundas asimetrías de poder. Merlinsky (2021) ofrece una categorización de los conflictos ambientales, producto de la expresión de descontento de diferentes grupos y comunidades con los procesos de apropiación, distribución y gestión de la naturaleza. La autora los califica como focos de pugna de carácter político, en los que se cuestiona las relaciones de poder que facilitan el acceso a dichos recursos, las implicancias sobre su utilización por parte de algunos sectores y la exclusión de su disponibilidad para otros. Acá interfieren tensiones, oposiciones y/o disputas en las que no solo se cuestiona los impactos ambientales, sino también aristas económicas, sociales y culturales que han sido desatendidas. Entonces, observa que los conflictos son formas de expresión y de toma de la palabra que permiten trasladar las prácticas sociales a la arena pública generando escenarios donde se confrontan distintos argumentos.

Merlinsky (2021) considera que los conflictos ambientales en pocas ocasiones representan un interés de clase único, no constituyen identidades fijas ni despliegan un mismo modelo de acción. En estas situaciones, argumenta la autora, la organización de la acción colectiva: “Es un marco dentro del cual pueden reconfigurarse un arco amplio de demandas” (Merlinsky, 2021, p. 34). Sin embargo, se sostiene que, en términos generales, al calor de estos conflictos se suele objetar la noción moderna de desarrollo en tanto proceso lineal e ininterrumpido de dominación de la naturaleza con el único objetivo de someter a la naturaleza para la acumulación incesante de mercaderías y materias primas.

De esta manera, el ambientalismo se constituye como campo de disputa en un contexto de crisis (Telias y Canciani, 2014) con un carácter polisémico otorgado por sus múltiples significaciones. En términos generales, “lo ambiental”, en tanto problemática, otorga sentido, accionar y organización colectiva a la movilización y resistencia popular, un proceso definido por Leite Lopes (2006) desde una visión latinoamericana como ambientalización de los conflictos sociales. En esta línea, Acselrad (2010) comprende que en este contexto se instauran, en simultáneo, disputas de legitimidad en la búsqueda por caracterizar las diferentes prácticas ambientales como benignas o dañinas. En estas controversias, distintos actores sociales “ambientalizan” sus discursos y extienden acciones colectivas, las cuales están incrustadas en la constitución de conflictos sociales. En este sentido, se polemizan los padrones técnicos hegemónicos de apropiación del territorio y sus recursos, como también se cuestiona la distribución de poder en estos.

Trasladándonos al territorio bajo análisis, en la última década, la Región del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (NOBA)1 se presenta como epicentro de la conflictividad ambiental en torno al modelo agroindustrial. A través de distintos trabajos es posible observar cómo en la cuestión agraria actual, es decir, el conjunto de problemas o problemáticas vinculadas a la producción agropecuaria (Azcuy Ameghino, 2016) los periurbanos se presentan como espacios donde se intensifican presiones sobre el ambiente, la competencia por el acceso al suelo y recursos relacionados (Feito y Barsky, 2021). En la Región Pampeana se advierte un predominio de la actividad extensiva vinculada a la lógica de la agricultura industrial.

Es posible observar que, a partir de la década del noventa en la provincia de Buenos Aires, los cultivos transgénicos relocalizaron la ganadería hacia otros espacios de menor productividad a causa de la necesidad de incremento en sus índices de rentabilidad. Por esto, se incorporaron una serie de mudanzas en la producción ganadera, como su práctica en espacios más reducidos denominados unidades de engorde con su consecuente desvinculación con la agricultura. Es decir, los sistemas ganaderos confinados se definen como:

En este sentido, ubicamos trabajos que analizan este tipo de producción. Por un lado, Tolomei (2021) aborda la cuestión del bienestar animal y el deterioro ambiental que puede ocasionar la producción intensiva en feedlot concluyendo que puede darse en forma puntual (deyecciones) y en forma general (gases con efecto invernadero, transferencia de nutrientes, deforestación). También, en García et. al (2015) se identifica que la acumulación de estiércol de ganado vacuno en corrales genera volúmenes de efluentes que impactan la calidad del agua superficial y subsuperficial. Asimismo, se contemplan vacíos e incongruencias en las reglamentaciones que controlan esta actividad. Con relación a esto, un trabajo de Alsina y Muñoz (2023) argumenta que el sistema legal y su tipo de estructura simplificada prioriza la disuasión de las demandas por parte de los sujetos en la conflictividad ambiental en lugar de generar una protección integral del ambiente en su complejidad.

Concretamente, según datos expuestos en el informe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria (SENASA) del año 2021, la provincia de Buenos Aires concentra un 33 % del stock de cabezas del país y un 63 % de feedlots habilitados para exportar, siendo este el mayor porcentaje a nivel nacional. Esta concentración al interior provincial manifiesta un ascendente incremento en la carga ganadera con la consolidación del sistema de engorde a corral. Históricamente, la región Oeste de la provincia de Buenos Aires destinó campos productivos al sistema de invernada. En la actualidad, a pesar de los mencionados cambios socio-productivos, aún existe una concentración del stock ganadero garantizado por el aumento de carga de los campos ganaderos mediante la consolidación del sistema de engorde a corral (Monzón, 2017).

En este marco, una investigación desarrollada por Sainato (2018)2 evidenció que la descomposición de la materia orgánica generada en los feedlots contiene el 80 % de nitrógeno y 90 % de fósforo proveniente de la dieta de los animales lo cual libera sales de gran contaminación ambiental. En la misma línea, el Instituto de Salud Socioambiental3 expuso algunos condicionantes para la salud humana derivados de estos sistemas ganaderos, tales como inflamación de piel, bronquitis, asma, hipertensión arterial, gastroenteritis, náuseas, vómitos, irritación ocular, fatiga, depresión y ansiedad, enfermedad tiroidea, cáncer colorrectal, abortos y enfermedades zoonóticas.

Remitiéndonos a nuestro universo empírico, este se encuentra en la localidad de General Villegas y su respectivo periurbano. Es capital del partido homónimo y cuenta con aproximadamente 18 275 habitantes (INDEC, 2010). Se ubica en la región central de la Pampa Húmeda en una zona agrícola ganadera donde se consolida un avance hegemónico del modelo de los agronegocios. A partir de diversas modalidades territorializa sus lógicas fundamentales en el espacio local. En yuxtaposición, se produjo un incremento en la cantidad de residentes, quienes migraron desde las grandes urbes (Capital Federal, Mendoza y Santa Fe, entre otras) o desde el mismo casco urbano para enclavar sus unidades habitacionales en la periferia de localidad. De esta manera, el avance de la ciudad incrementó sus límites hacia los campos de producción agropecuaria.

Las percepciones negativas de las implicancias anteriormente señaladas fueron acompañadas por acciones colectivas contestatarias. Esta emergencia pública de las controversias y reclamos relacionados con los sistemas agroproductivos de proximidad con la ciudad motorizaron —en muchos casos— la creación de dispositivos de ordenamiento ambiental, los cuales establecen interfases de control productivo en las intermediaciones urbano-rurales.

Entre los años 2018 y 2020, la administración local impulsó diversas instancias de intercambios con asociaciones técnicas, organizaciones no gubernamentales e ingenieros agrónomos independientes del sector agropecuario para formular dos proyectos de ordenanza que regularan las actividades agropecuarias en el borde de la ciudad. Finalmente, fueron sancionadas con amplia mayoría en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) a pesar del rechazo de numerosos pobladores. Estas normativas son constituidas mediante articulaciones público-privadas y se presentan como mecanismos para la gestión del riesgo y protección de la población de las “externalidades”4 negativas del actual modelo agropecuario: las aplicaciones intensivas de agroquímicos y el engorde intensivo de ganado a corral.

Con relación al encuadre metodológico, retomamos el enfoque etnográfico en tanto perspectiva que intenta “documentar lo no documentado” de una determinada realidad social (Rockwell, 1987). En este sentido, adherimos a una perspectiva socio-antropológica, la cual recupera el carácter relacional-dialéctico (Achilli, 2005) de las problemáticas sociales. Asimismo, focalizamos en la vida cotidiana, en tanto experiencias y sentidos construidos por sujetos desde su ambiente inmediato, donde se reproducen y generan apropiaciones, suponiendo procesos de aprendizaje y márgenes de maniobra entre alternativas (Ezpeleta y Rockwell, 1983). Por último, cabe destacar que estructuramos un estudio de caso para generar un proceso investigativo en el que la producción del conocimiento no sea desde la codificación de regularidades abstractas, sino, más bien, a través de “descripciones densas” de las experiencias situadas (Geertz, 1973).

Si bien la mirada recuperada privilegia, en la producción de datos, una comprensión de las estrategias de los sujetos anclados en las complejas tramas de situaciones cotidianas, consideramos también relevante la generación de una historización de estos procesos recurriendo a otras herramientas de estudio como el análisis documental (Rockwell, 2009). De esta manera, podremos interpelar los registros y materiales de campo —observaciones participantes, entrevistas etnográficas y encuestas— recolectados desde el año 2019. A partir de ello, en este trabajo presentaremos algunas reflexiones preliminares del proceso investigativo.

La localidad, referencia de este estudio, se encuentra atravesada por la emergencia del conflicto vinculado a la producción intensiva de ganado con expresión en el ámbito público desde el año 2016. Este se originó por la presencia de un establecimiento pecuario en la intermediación urbano rural. Al encontrarse contiguo al barrio San Martín,5 vecinos y vecinas se han organizado en numerosas instancias para denunciar y reclamar por las condiciones insalubres de habitabilidad en las que viven desde hace años producto de la cercanía al sistema de producción intensiva de ganado vacuno y sus consecuencias. Cabe mencionar que, a partir de imágenes satelitales de Google Earth, tomamos conocimiento de que el barrio se encuentra emplazado desde el año 2002 y el establecimiento pecuario a partir del año 2014.

Los habitantes del barrio realizaron diferentes reclamos públicos a la administración local por olores “molestos” provocados por los efluentes, la presencia masiva de moscas, las fumigaciones con agroquímicos y las limitaciones para la libre circulación. Todas estas demandas fueron catalogadas como “ofensivas a la salud y al ambiente sano”. En este sentido, un poblador manifestó en un diario local: “No es solo el olor porque cuando llueve toda esa porquería tiende a resbalar y caer en la calle. No se puede ventilar la casa, no se puede tender la ropa” (Diario Actualidad, 2016).

Con relación a esto, el bloque local del Frente para la Victoria fue el primer espacio político en reconocer y atender las demandas generadas. Entonces, ante el escalado malestar se remitió al Honorable Concejo Deliberante (HCD) un proyecto de comunicación que fue aprobado en el año 2016. En términos generales, este reflejaba la necesidad de “transparencia” sobre cuestiones relacionadas con el funcionamiento del feedlot, las cuales “atentan contra los derechos de los habitantes en tanto ciudadanos”, como “las alteraciones medioambientales en el espacio urbano y violación del espacio público impidiendo la libre circulación”. Con respecto al último punto, es importante mencionar que se denunciaba la apropiación de una calle por parte del dueño del establecimiento.

En particular, en aquel momento, este proyecto comunicacional también solicitaba al Poder Ejecutivo local y a las áreas institucionales pertinentes tomar nota sobre la existencia del establecimiento en cuestión para que se aplicaran medidas y/o sanciones que correspondieren. Asimismo, era exigida la habilitación inmediata de la calle bloqueada y, por último, se reclamaba a la Secretaría de Medioambiente el control del uso de agroquímicos en el mencionado barrio. De igual manera, vecinos y vecinas procedieron a radicar denuncias en el Juzgado de Faltas debido a la ausencia de solución para ellos. Entonces, durante este período, es posible observar que los reclamos y demandas fueron dirigidas, principalmente, a la administración local. Es decir que lo que exigen los residentes y algunos frentes políticos es la presencia estatal en estos asuntos.

Sin embargo, en la reconstrucción de la conflictividad socioambiental no hemos encontrado nuevas manifestaciones públicas hasta entrado el año 2019. Por lo tanto, a pesar de los esfuerzos, no existieron cambios en las condiciones descritas anteriormente. Por ejemplo, en los intercambios generados una vecina del barrio San Martín, quien, además, es enfermera en el hospital local, visualiza que con la instalación de la apodada “chanchería” se fueron incrementando enfermedades respiratorias, como las alergias, siendo ella misma una paciente con asma. Asimismo, en cuanto a su experiencia agregaba:

Por otra parte, en este contexto de creciente conflictividad, en el año 2015 dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se originó el equipo Gestión Ambiental en Feedlots (GAF) el cual cuenta con integrantes de la estación General Villegas. En los intercambios que realizamos con una técnica participante se nos informó que el surgimiento del grupo se encuentra vinculado con una demanda propia de los productores con relación a la “toma de conocimiento sobre impacto que estaban generando sus propios sistemas productivos en los recursos naturales”. En tal sentido, ella considera que existe una “falta de información científica y técnica sobre la gestión de los residuos lo cual impacta en la falta de reglamentación adecuada”.

La informante nos explicó que esta iniciativa lleva adelante ensayos con estiércol en feedlots ubicados en el noroeste bonaerense en pos de la búsqueda por probar su utilización como fertilizante orgánico. Al mismo tiempo, han instalado una red de freáticos en puntos estratégicos: cerca o dentro de los corrales y en el sector de lagunas donde se escurren los líquidos para comprobar la contaminación del agua. Al consultarle si se encontraban trabajando con el feedlot contiguo al barrio San Martín su respuesta fue negativa. Por último, en el año 2020, declaró: “No es posible concluir si este tipo de sistemas es contaminante”.

En contraposición a estas afirmaciones, en octubre del año 2019 se reiniciaron las manifestaciones públicas sobre el malestar de los habitantes locales con el establecimiento pecuario ubicado cercanamente a la urbe. Con el título Los vecinos quieren respirar aire puro una nota exponía los reclamos de un residente sobre la “fetidez” a causa del feedlot en el que afirmaba:

Además, en lo expuesto en el diario local, los entrevistados deslizaron la posibilidad de trasladar el establecimiento hacia otro espacio que se encontrara más lejano de la ciudad. Esto se debe a que no solo se concibe colectivamente el tema del olor como problema, sino también en cómo, en momentos de precipitaciones, el estiércol tiende a resbalar y trasladarse a las calles. Igualmente, otra problemática mencionada fueron las fumigaciones nocturnas, es decir, aquellas consideradas como “clandestinas”. De esta manera, una vez más, se exigió públicamente al municipio respuestas a los reclamos presentados.

En el mismo periódico, solo un día después, se comenzó a hablar sobre la concreción de una ordenanza catalogada como “antiolor” (Diario Actualidad, 2019 [Link]). En esta nota, un funcionario local manifestó que el Poder Ejecutivo de la localidad no poseía las herramientas necesarias para intervenir en esta problemática. Por otra parte, hace mención a la ausencia de planificación urbana, considerando: “El problema es que la ciudad ha crecido hacia ese sector” (Diario Actualidad, 2019 [Link]). De este modo, el agente considera que el productor y dueño del establecimiento en cuestión no posee culpabilidad alguna dado que su feedlot se encontraba con las habilitaciones al día.

Es preciso añadir que en ese momento había sido recientemente sancionada en la provincia de Buenos Aires la Ley nro. 14.867, la cual se ocupa de la regulación de la actividad de engorde intensivo a corral de bovinos y bubalinos. A pesar de esto, hemos observado que la legislación no determina distancias entre los establecimientos pecuarios y el ejido urbano, siendo potestad de cada municipio su establecimiento en los diferentes distritos.

Del mismo modo, otro pronunciamiento público fue realizado por el directivo de la Cámara Argentina de Feedlots (CAF). Dentro de una extensa entrevista (Diario Actualidad, 2020 [Link]) manifestó encontrarse a favor de la regulación de la actividad y mencionó la necesidad de que los productores agropecuarios cuenten con “mayor seguridad jurídica”. Sin embargo, refiriéndose al caso villeguense, remarcó que es inválido generar legislaciones ancladas en un caso en concreto porque sería “errar de camino” en cuanto a lo que habría que normativizar e institucionalizar. Por esto, el dirigente sostuvo que la problemática no se trataría de un tema de distancias o de la carga ganadera en el establecimiento, sino, más bien, es una cuestión del “buen manejo” en la actividad.

Además, en sus expresiones añadió: “Lejos de existir un vacío legal, hay una superposición de normas que los productores inscriptos oficialmente deben cumplir tanto a nivel nacional, como provincial y en cada municipio”. De este modo, el presidente de la CAF hizo hincapié en que los sistemas ganaderos confinados no se desarrollan de manera informal o en la clandestinidad.6 De este modo, deslizó la necesidad de que fueran reguladas todas las actividades pecuarias intensivas y no solo las de engorde a corral debido a que, en General Villegas, también existen granjas porcinas y avícolas, producto de su “superioridad” en diversos sistemas productivos de diferentes especies.

Por último, en la citada entrevista y, refiriéndose al crecimiento sostenible, el directivo de la CAF aseveró: “En toda actividad pecuaria siempre va a haber un grado de olor”. Entonces, los esfuerzos deberían apuntar a operar para disminuirlo al máximo a través de un cambio en la dieta de los vacunos. Entre otras cuestiones, señaló como sugerencias: evitar la propagación de patógenos, favorecer la descomposición de cadáveres, evitar roedores y moscas, y proteger a los operarios y demás personas que trabajan en los establecimientos. Para eludir connotaciones negativas, insinuó la posibilidad de “abrir las puertas” del feedlot en cuestión para demostrar, así, las actividades desarrolladas y cómo se ocupan en buscar un “equilibrio” en lo referido a la cuestión ambiental.

Frente a lo desarrollado, un interrogante que comenzaba a emerger en el trabajo de campo era: ¿qué elementos poseía el establecimiento pecuario en cuestión de cara a la embestida crítica social local? En primera instancia, comprobamos que se disponía —desde ya hacía un tiempo—de una aceptación jurídico-administrativa. Entonces, a pesar de encontrarse en el centro del conflicto, el feedlot bajo cuestionamiento contaba con una habilitación provisoria expedida por el municipio del año 2015. De esta manera, como fue sugerido en numerosas ocasiones, no era posible imponer al empresario trasladarse a otro predio porque contaba con un derecho adquirido.

No obstante, en una conversación (Diario Actualidad, 2020 [Link]) el ex intendente alegó no haber firmado ningún papel. Aunque manifestó que fueron tiempos complicados debido a que no existía la Ley nro. 14.867 que regula el tema, entonces “había que arreglárselas como se pudiera” para enfrentar esta problemática. Al mismo tiempo, se pronunció en apoyo a “la protección del medioambiente, la salud humana y los recursos naturales”. Ahora bien, a pesar de las críticas generadas por algunos sectores, destacó la necesidad de “proteger” las fuentes de trabajo agropecuario.

Contrariamente, ya en el año 2016 comenzó a circular en la red social Facebook la habilitación en cuestión donde se sentenciaba:

Tal como lo mencionamos con anterioridad, esta habilitación provisoria comenzó a ser fuertemente criticada a partir del año 2019, pero con mayor fuerza en el año 2020. Comprendemos que con la eclosión de la pandemia del COVID-19 se reanudaron los esfuerzos políticos y legislativos para aprobar una normativa local. En este sentido, coincidimos con Svampa (2021) en que este acontecimiento de crisis sanitaria y climática otorgó centralidad a cuestiones situadas anteriormente en un plano secundario, tales como la correlación entre zoonosis, pandemia y crisis socioecológica potenciada por el avance de modelos de maldesarrollo en los territorios.

Localmente, en el año 2020 la cuestión ambiental vinculada al actual modelo agropecuario se ubicó como un asunto primordial dentro de la agenda pública. En este sentido, la reglamentación de la actividad vinculada con los feedlots se constituyó como “la más polémica” siendo, en términos generales, los principales interrogantes por enfrentarse: ¿a qué distancia deberían instalarse los establecimientos de producción de ganado intensiva respecto de la planta urbana? y ¿qué sucederá con aquellos feedlots instalados cercanamente al ejido urbano previo a la Ley nro. 14.867 y a la nueva ordenanza municipal?

Luego de un amplio debate, el cuerpo legislativo del Concejo Deliberante logró consensuar la aprobación del proyecto. Tal como expresó una concejala (Diario Actualidad, 2020 [Link]) se trata de una ordenanza “corta, sencilla, práctica y aplicable” para “garantizar a toda la comunidad el derecho a vivir en un ambiente sano, libre de olores, apto para el desarrollo humano y que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras”. En la misma línea, la secretaria de Producción de la municipalidad en diálogo con el periódico local (Diario Actualidad, 2020 [Link]) informó que la ordenanza tiene como eje las buenas prácticas, tomando en consideración el ambiente, la salud, lo productivo, lo económico y, por último, lo social.

Mediante lo expuesto, surgían los siguientes interrogantes: ¿de qué maneras fue percibida la legislación local después de su aprobación? y ¿cuáles son los sentidos que circulan sobre esta normativa en la localidad? Intentaremos avanzar sobre estos puntos en el siguiente apartado.

El 31 de octubre del 2020 se sancionó la Ordenanza nro. 6168/2020, la cual regula el engorde y el encierre a corral de bovinos y bubalinos en el partido de General Villegas. Tal como fue comentado, esta normativa es escueta y cuenta con un total de cinco artículos. A través de esta, se adhiere a la Ley provincial nro. 14.867 promulgada mediante el Decreto 2095/2016. Sin embargo, para el año 2020 aún no se contaba con decreto reglamentario. Además, se determinaba que los establecimientos pecuarios confinados deberían ser instalados en áreas rurales, con una distancia de 3 500 metros y de forma perpendicular al límite del área caracterizada como “centro poblado”. De igual modo, los productores deberían respetar un margen de 500 metros de separación con las instituciones educativas y las viviendas rurales, como también, cursos, espejos y tomas de agua de servicios públicos. Por último, la municipalidad dispuso el origen de un registro local.

Sin embargo, para el caso de los establecimientos preexistentes, estos tendrán que informar a la administración local sobre la radicación y el funcionamiento del mismo, como también destinar una solicitud de prefactibilidad y un Estudio de Impacto Ambiental a los fines de obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) conforme al artículo nro. 5 de la ley de feedlots. De acuerdo a lo mencionado por algunos informantes, este se trataría del artículo acordado entre partes, es decir, entre el establecimiento en cuestión y la municipalidad local.

Por lo tanto, realizando una revisión de la letra jurídica de la normativa local, coincidimos con Noseda (2017) sobre que, al igual que la ley provincial de feedlots, esta presenta “adanismo” debido al solapamiento de legislaciones, instituciones y criterios para su aplicación en lo concreto. Además, en esta instancia se renunció a la regulación de otros sistemas productivos que involucran a diferentes especies las cuales pueden ser criadas intensivamente con efectos análogos al ambiente y los bienes comunes. Con relación al primer punto, en otro escrito (Carreño, 2023) expusimos la existencia de una superposición de parámetros gubernamentales para la administración de lo ambiental producto de la desconcentración existente entre escalas interestatales.

Regresando a los sentidos que circularon posaprobación, encontramos que los representantes del sector agrario villeguense alzaron su voz públicamente para hablar respecto de la aprobación de la ordenanza. Tal es el caso del presidente de la asociación regional de agrónomos, el cual sentenció: “La pandemia reveló la mentira” (Diario Actualidad, 2020 [Link]) producto de que “en el campo se está creando legislación y funcionando”, comparando esta situación con otros sectores como el industrial. A modo de ejemplificación, habla de la situación de los feedlots, los cuales generan residuos biológicos, pero “nadie dice nada a una fábrica que hace 30 años también los genera”. En esta línea, con relación a los reclamos de los vecinos y vecinas de la localidad, agrega: “Seguramente se quejan con razón. En ningún momento el campo ha dicho ‘no tienen razón’ o ‘hay cosas que no existen’” porque, según él, pudieron existir productores que “hicieron las cosas mal”.

Como bien hemos mencionado, lo expuesto se trató de declaraciones del presidente de dicha asociación configuradas en el ámbito público. En contraste, en un diálogo con la misma persona (Entrevista N° 15, 2021) se refirió a la conflictividad, las controversias y la incipiente implementación de dicha política local en otros términos a los presentados con anterioridad. Concretamente, determinó que la ordenanza es “un poco light” y que la legislación provincial es “súper light” dado que son los municipios los que, en definitiva, deben fijar los parámetros reglamentarios.

También, en este diálogo que mantuvimos con el presidente de la asociación, consideró que, si bien “la presión social era altísima durante muchos años”, la presentación y aprobación de una normativa fue planteada tardíamente porque ya existían muchos feedlots instalados en el partido. En particular, nos comentó que contaba con mucha información sobre el caso en cuestión porque tenía un vínculo con el dueño del establecimiento. Primeramente, reflexionó sobre el problema de los insectos voladores, es decir, las moscas. Nos confirmó que el tratamiento utilizado son las fumigaciones, las cuales se realizan dos veces a la semana sobre las pilas de estiércol y los corrales con productos que eliminan los huevos. También nos habló respecto de las nuevas tecnologías implementadas por el productor, como el sistema de reciclado, con el cual se genera fertilizante orgánico para su propia producción de maíz.

Asimismo, nos mencionó que en ese sistema ganadero confinado se había comenzado a utilizar un producto para la comida de la hacienda que provocaba modificaciones en el sistema digestivo del ganado, más específicamente, en el rumen reduciendo la fermentación bacteriológica y para causar menos hedor. Frente a la inversión de estas nuevas tecnologías, él mismo expresó que en determinado momento interpeló al productor consultándole: “Pero y, ¿no te era más fácil irte [del predio]?”.

En este contexto de elevada conflictividad socioambiental, comprendemos que los “feedloteros” —en muchos casos— comienzan a recurrir a elevadas inversiones en sus sistemas productivos para mitigar los problemas ambientales identificados. En tal sentido, nuestra postura coincide con lo desarrollado por Von Bernard (2006) y Capdevielle (2019) quienes sostienen que, ya sea por ignorancia o búsqueda de rentabilidad, ningún sistema de engorde es sustentable en términos ambientales. En diferentes relatos fuimos visibilizando la insostenibilidad de la vida cotidiana frente a este tipo de sistemas productivos por más sustentables que se presenten.

Como vimos, este malestar se ve plasmado en los múltiples reclamos para que este establecimiento, incluso, fuera cerrado. Entonces, observamos que en la esfera de lo público son priorizados y favorecidos ciertos intereses por sobre las voluntades de otra parte de la población, principalmente aquellos afectados por las condiciones insalubres en su vida cotidiana. Por ello, hemos consultado cuál era el posicionamiento de ciertos integrantes de la Asamblea Ambiental del partido de General Villegas respecto de la problemática. Algunos informantes nos reportaron que una posible causa podría ser la desvinculación de los empleados y, con ello, la pérdida de fuentes de trabajo que genera el establecimiento.

Del mismo modo, el contacto con un productor porcino del periurbano villeguense (Entrevista N° 20, 2021) nos permitió vislumbrar la desigualdad estructural en la acumulación de los grandes productores pecuarios. En concreto, el entrevistado nos comentó que el establecimiento en cuestión llega a concentrar entre 2 000 a 4 000 cabezas en ciertos momentos del año. Con respecto a la normativa local que regula la actividad, el pequeño productor entrevistado, concluye en que se trata de un esfuerzo por “acomodarle los papeles” a los grandes productores. Por lo tanto, es posible visualizar cómo estos procesos traen aparejada la profundización de las condiciones dispares y la exclusión de los productores familiares por las limitaciones en las inversiones (López et al., 2011) requeridas para el sostenimiento de la intensificación de la producción e inserción en las cadenas de valor internacionales.7

En consonancia con estos relatos, varios de nuestros informantes en el trabajo de campo etnográfico nos confirman que, al día de hoy, continúan los fuertes olores que pueden percibirse hasta en el centro de la ciudad. Ahora bien, con la visibilidad de las problemáticas ambientales vinculadas al modelo de los agronegocios en el contexto de la pandemia del coronavirus nos preguntamos: ¿qué se logró modificar a través de la mencionada ordenanza local?

Si bien no podemos dar una respuesta acabada al respecto, siguiendo a Colacios (2020), consideramos que se trata de una recuperación del medioambiente de modo temporal debido a que no fue un proceso de cambio real, sino de una contingencia viral. En contraposición con otros análisis, este autor declara que el ambiente no derrotó al neoliberalismo a través del virus, sino que, más bien, hizo evidente sus “perversidades, injusticias y desigualdades” y, es justamente parte de lo que, en el marco del extractivismo agrario, intentamos destacar en el presente escrito. En concreto, observamos cómo las normativas se encuentran basadas o cimentadas en principios prohibitivos y en un sistema de sanciones y compensaciones, propias del corporativismo agrario, que genera “limitaciones” —o, más bien, ambigüedad— para su aplicación. No obstante, esto no es azaroso debido a que responde a “estrategias de cercamiento” que avanzan sobre el desarrollo hacia otros modelos productivos como la agroecología.

Por último, con relación a las percepciones de los diversos sujetos involucrados sobre los causales vinculados a la escasa resolución que presenta la normativa local en el tratamiento de la problemática ambiental en cuestión, pudimos identificar de modo preliminar los siguientes aspectos:

Este trabajo tuvo como objetivo el análisis de la conflictividad ambiental en torno de la producción intensiva de ganado a corral, haciendo hincapié en la configuración de su trayectoria. Los interrogantes que guiaron este escrito fueron: ¿cómo se expresó la emergencia de las controversias agroambientales asociadas a la producción en feedlots?, ¿cuáles son las narrativas presentes en el proceso de constitución de la política ambiental local?, ¿de qué maneras fue percibida esta legislación posteriormente a su aprobación? y ¿cuáles son los sentidos que circulan sobre esta normativa en la localidad?

Para alcanzar el propósito del escrito, a lo largo de este, compartimos una serie de emergentes analíticos derivados de una investigación en curso. Entonces, constituyendo un estudio en caso para esta instancia hemos retomado algunos emergentes de nuestro trabajo de campo, es decir, aquellos relatos presentes en las entrevistas desarrolladas y en las observaciones participantes, como así también, los discursos presentes en un diario local, para luego trazar reflexiones en diálogo con la literatura académica.

En primera instancia, presentamos una breve genealogía de la conflictividad socioambiental, a partir de la cual fuimos desplegando diversas posturas al respecto. Aquí observamos cómo desde el año 2016, vecinos y vecinas de un barrio lindante a un feedlot se organizaron para realizar diferentes reclamos públicos respecto de, en principio, los olores “molestos” y recurrentes provocados por los efluentes del ganado hacinado, la presencia de moscas, las fumigaciones con agroquímicos y las limitaciones para la libre circulación, las cuales consideran como “ofensivas” para la salud y el ambiente sano. Además, se vislumbró cómo las demandas fueron dirigidas principalmente a exigir “respuestas” del estado municipal o, en otras palabras, impulsar el involucramiento y definición de un marco regulatorio en el que interviniera el Poder Ejecutivo local.

En este sentido, en el tercer apartado, examinamos cómo la eclosión de la pandemia del COVID19 desencadenó la rápida sanción de una política ambiental local anclada en la lógica de la agricultura corporativa. Particularmente, tomamos conocimiento de cómo esta normativa inscripta en la Ley nro. 14.867 expone un “descontento” generalizado, tanto del sector agrario como de los sujetos extrasectoriales debido a que solo responde a la particularidad de un caso y no así a las exigencias de algunos sectores de la comunidad local.

Focalizando en el caso en cuestión, pudimos describir algunas de las estrategias desplegadas por el establecimiento para afrontar las repercusiones de la elevada carga ganadera. Principalmente, se propuso la introducción, regulación e implementación de prácticas de gestión ambiental ancladas en la lógica de la agricultura corporativa, tales como la aplicación de tecnología para el “control” y disminución de las alteraciones ambientales. Sin embargo, en el trabajo de campo constatamos que este hedor no cesa. Podría decirse que ningún tipo de sistema de engorde a corral sería sustentable en términos ambientales. Por esto, a través de los relatos de nuestros informantes, visualizamos sus puntos de vista con relación al “descontento” respecto de la política agroambiental local y del porqué esta ordenanza no logra hacer frente al problema estructural.