La Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCI) se caracteriza por su importancia en la producción de alimentos y la potencialidad para fortalecer lazos socio-comunitarios y contribuir a la construcción de alternativas frente al modelo agropecuario dominante del agronegocio. En este artículo analizamos las estrategias de acción colectiva desde una perspectiva de género, llevadas a cabo por dos organizaciones de la AFCI: la Federación Rural para la Producción y el Arraigo y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT).

Se trata de organizaciones nacionales surgidas en la segunda década del siglo XXI, inicialmente centradas en el cordón hortícola platense, pero que luego extendieron su alcance a todo el país. Han ganado prominencia en las luchas campesinas gracias a la innovación en sus formas de protesta, que van más allá de movilizaciones y cortes de ruta; como la implementación de ferias populares, conocidas como "verdurazos", en las plazas centrales de las grandes ciudades, que ofrecen frutas y verduras a precios populares o gratuitamente. Estas acciones resaltan sus principales demandas: precios justos para sus productos, acceso a la tierra, apoyo a la producción frutihortícola, e infraestructura y servicios en sus territorios (Wahren y García Guerreiro, 2020).

Además, estas organizaciones, al igual que otros movimientos rurales, integran las demandas y estrategias de lucha en el ámbito de la AFCI con las surgidas de los feminismos campesinos y populares (Korol y Palau, 2021; Rodríguez Huerta, 2019). En otras palabras, adoptan una perspectiva emancipatoria feminista que identifica la importancia de no jerarquizar las distintas formas de opresión organizando acciones teniendo en cuenta que, en el sistema capitalista patriarcal y colonial, las diversas formas de dominación y control de cuerpos, territorios, comunidades y la naturaleza se refuerzan mutuamente (Korol, 2016).

Analizamos este proceso de transversalización de la perspectiva de género en las organizaciones de la AFCI a partir de los ecofeminismos, la economía feminista y el feminismo campesino y popular que han destacado la necesidad de alejarse de las miradas androcéntricas y productivistas propias del agronegocio, ya que tradicionalmente han analizado los procesos económicos en función de los flujos de acumulación de capital en la esfera de la producción, vinculada al empleo asalariado. En su lugar, estas corrientes abogan por una comprensión económica y social que abarque las diversas formas en que se fundamenta, genera y mantiene la vida humana y la naturaleza. Esta visión implica un enfoque integral que valore tanto la esfera doméstica y las tareas y tiempos de cuidado en general, más allá del ámbito doméstico, como el trabajo no remunerado que mayoritariamente es socialmente asignado a mujeres, a fin de entender cómo se ha gestado la acumulación capitalista y cómo esta se reproduce actualmente, en la etapa neoliberal.

Este artículo forma parte del proyecto PICTO-2022-GÉNERO, titulado "Género y Desarrollo: relevamiento y análisis de innovaciones y tecnologías para la resolución de problemas socio-ambientales en Argentina desde una perspectiva de género". Este proyecto incluyó un relevamiento y mapeo de experiencias de innovación y producción de tecnologías situadas que buscan abordar problemas socio-ambientales en Argentina, centrándose en las relaciones de género. Se seleccionaron casos de análisis para la identificación de organizaciones sociales que trabajan en las demandas de las mujeres relacionadas con el acceso a la titularidad de tierras y en disputas por bienes comunes de la naturaleza, como el agua y las semillas. Estas organizaciones están comprometidas con la promoción de espacios participativos y actividades lideradas por mujeres, mientras promueven la reflexión y el debate integral sobre cómo abordar estas demandas de manera efectiva en toda la organización.

Nos basamos en un diseño metodológico cualitativo (Denzin y Lincoln, 2005) que permite la comprensión de la incorporación de la perspectiva de género, su contexto, los significados y transformaciones que expresan las organizaciones mencionadas. Asimismo, partimos de una metodología feminista, definida a partir de caracteres anti-esencialistas, no-universales, localizados y críticos (Beiras et al., 2017).

Las técnicas empleadas incluyeron una exhaustiva revisión bibliográfica, el análisis de materiales publicados por UTT y Federación Rural, así como la realización de entrevistas semiestructuradas en profundidad con mujeres integrantes de estas organizaciones a lo largo del año 2023. Algunas de estas entrevistas se llevaron a cabo de manera virtual, mientras que otras tuvieron lugar en eventos colectivos como ferias de semillas. Este enfoque nos ha permitido captar narrativas personales y detalles específicos de los procesos colectivos vinculados con la integración de la perspectiva de género.

Asimismo, para el análisis propuesto consideramos el contexto de la cuarta ola del feminismo, ya que sus características permiten comprender elementos de la incorporación de la perspectiva de género en las organizaciones mencionadas, especialmente los vinculados a la participación política activa. También recabamos datos acerca de la situación de las mujeres en la AFCI que dan cuenta de la desigualdad en la distribución de las tareas de cuidados y las particularidades que esto presenta en el ámbito rural.

La economía feminista (Carrasco Bengoa, 2017; Pérez Orozco, 2014) y el ecofeminismo crítico (Herrero y Gago, 2023; Puleo, 2002) analizan la estructura del sistema socioeconómico global como arraigado en dinámicas heteropatriarcales, neocoloniales, androcéntricas y racialmente construidas. Desde esta perspectiva crítica, se cuestiona el marco conceptual moderno que se basa en dicotomías tradicionales como Estado-mercado, público-privado y productivo-reproductivo. El enfoque se centra en priorizar la noción de sostenibilidad de la vida (Carrasco Bengoa, 2017), situándola en el centro de los análisis teóricos y políticos. Esta reorientación conceptual y política ofrece una nueva perspectiva para abordar la búsqueda de soluciones colectivas, destacando el papel crucial que desempeña la AFCI en este marco transformador.

Desde el feminismo popular y campesino (Graciele Seibert, 2017), la realización de tareas de cuidado por parte de las mujeres campesinas e indígenas es entendida en el marco de las relaciones de poder patriarcales que operan en las comunidades, “que hacen de las mujeres las oprimidas entre los oprimidos” (Korol, 2016, p. 145). Esto implica dar cuenta de la particularidad que asume la inequidad y desigualdad de género en los territorios rurales, abordando la problemática desde una perspectiva interseccional que considere las categorías de clase y etnia, por ejemplo (Pena, 2017).

El patriarcado ha hecho un uso histórico de ese supuesto vínculo natural que obliga a las mujeres a garantizar las condiciones materiales de subsistencia (Herrero, 2015). Es decir, la asignación de tareas y roles de cuidado a mujeres no se relaciona con un supuesto esencialismo de género a partir del cual “naturalmente se encargan” de ciertas actividades o están vinculadas a la naturaleza, por el contrario, son parte de las opresiones que, desde una perspectiva interseccional, ocurren en la estructura de poder del capitalismo patriarcal (Segato, 2003).

La economía feminista, entonces, aboga por una comprensión económica que abarque las diversas formas en que se fundamenta, genera y mantiene la vida humana (Carrasco Bengoa, 2017; Rodríguez Enríquez, 2015). Esta visión integral implica un enfoque que valore tanto la esfera doméstica y las tareas y tiempos de cuidado en general (más allá del ámbito doméstico) como el trabajo no remunerado (que mayoritariamente recae en mujeres), a fin de entender cómo se ha gestado la acumulación capitalista y cómo se ha desarrollado en la etapa neoliberal actual (Federici, 2020). En este sentido, esta perspectiva aborda el conflicto entre el capital y la vida como una tensión estructural inherente al sistema capitalista, subrayando especialmente el papel crucial que desempeñan los trabajos que suelen pasar desapercibidos, pero son esenciales para su funcionamiento (Pérez Orozco, 2014).

Estas apreciaciones tienen una profunda influencia en la manera en que las mujeres acceden a derechos, como la salud integral, así como en las consecuencias de las violencias de género, en particular en los contextos rurales. Considerando la conceptualización del cuerpo territorio y del cuerpo tierra (Korol, 2016), comprendemos los procesos salud a partir del género como determinación social de esta y como vertebrador de relaciones de poder (Pombo, 2012), contemplando que existen diferencias en los modos de transitarlos. De esta manera, podemos relacionar la situación de salud y el género en los territorios que abordamos, además, partiendo del ecofeminismo crítico y su análisis acerca de las dependencias de la naturaleza y de los cuidados, ambas fundamentales para la reproducción de la vida, pero, también, desigualmente distribuidas (Herrero y Gago, 2023).

Federici (2020) plantea que las mujeres enfrentan las mayores consecuencias de la desposesión y la degradación ambiental. Ellas asumen la responsabilidad de cuidar a quienes sufren enfermedades derivadas de la contaminación y son directamente impactadas por las secuelas de la pérdida de tierras y la destrucción de las prácticas agrícolas locales. Este contexto pone de manifiesto la necesidad de repensar y reformular las estructuras que perpetúan esta desigualdad y vulnerabilidad, reconociendo la importancia de abordar las cuestiones económicas y las ecológicas desde una perspectiva inclusiva y equitativa.

Varias autoras resaltan la importancia de reconocer las complejidades en los entornos rurales y las tensiones con los feminismos urbanos y hegemónicos. Esto nos invita a reflexionar críticamente sobre las intersecciones entre la identidad, el lugar y el activismo feminista. En esa línea, destacan la importancia de reconocer las complejidades en los entornos rurales y las tensiones con los feminismos urbanos y hegemónicos. Esto nos lleva a reflexionar sobre las intersecciones entre la identidad, el lugar y el activismo feminista. Según Kunin (2019), es esencial resaltar las diferencias entre mujeres en áreas como las de cuidados, cuyas prácticas varían y están influenciadas por afiliaciones e identidades. La perspectiva de la interseccionalidad nos ayuda a comprender esta diversidad y las múltiples opresiones que enfrentan las mujeres simultáneamente. Esto muestra que las mujeres no forman un grupo universal y homogéneo, sino que hay diferencias de clase, etnia y raza que se manifiestan en distintas subjetividades y opresiones (Pombo, 2011). Estas tensiones con los feminismos urbanos pueden coexistir con la continuidad y expresiones de feminismos populares, como señala Pena (2022), quien también destaca los movimientos de trabajadorxs que enfrentan desigualdad, exclusión y precarización en los últimos años.

El contexto sociohistórico en el que se enmarca este trabajo se ubica en lo que podría denominarse como cuarta ola del feminismo, que comenzó durante la mitad de la primera década del siglo XXI. Los reclamos y activismos feministas y transfeministas cobraron una mayor visibilidad tanto a nivel nacional como internacional con la emergencia de las redes sociales, y la masividad de la comunicación.

Según lo planteado por Esquivel (2022), la actual ola feminista se distingue por su diversidad y amplitud en comparación con movimientos anteriores, destacando la marcada participación de las juventudes. Esta masiva participación ha logrado involucrar a un número significativo de personas en reflexiones sobre el papel de las mujeres cis y no cis1 en los ámbitos público y privado, así como en la denuncia de las normas de masculinidad heteronormativas y la violencia heteropatriarcal evidenciada en los frecuentes casos de feminicidios, trans feminicidios y violaciones a escala global. En este contexto, Garrido (2021) sostiene que el movimiento feminista ha progresado hacia la disputa del poder heteropatriarcal, buscando una ampliación sustancial de la ciudadanía mediante la incorporación de sus demandas en la agenda pública.

En Argentina, el punto crucial de este período fue el 3 de junio de 2015, durante la marcha por el Ni Una Menos, que cada año convoca a alrededor de 500.000 personas de todas las edades y localidades. Bajo consignas como “Vivas Nos Queremos”, “Yo sí te creo hermana” y “No nos callamos más”, esta manifestación se alzó como un grito de lucha contra los femicidios y la violencia machista. La misma masividad se repite cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde el movimiento feminista aborda demandas sobre la precarización laboral, la brecha salarial, las tareas de cuidado no remuneradas y la violencia sexual. Desde 1986, los Encuentros Nacionales de Mujeres han reunido a grandes multitudes, llegando a 200.000 asistentes en 2019. De este proceso surgió la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito en 2005, que popularizó el pañuelo verde como símbolo en Argentina y más allá. Tras extensos debates y presentaciones de proyectos de ley, el 30 de diciembre de 2020 se aprobó la Ley N.° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que garantiza la salud integral de las personas. Esta ley otorga a las personas con capacidad de gestar el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce, así como a la atención postaborto, educación sexual integral y métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados.

Una característica importante de estos nuevos movimientos de mujeres, según Federici (2020), es que reflejan un proceso de radicalización política. En estos movimientos, las mujeres toman conciencia de que su activismo, además de proteger la vida de las comunidades (en detrimento del accionar de empresas transnacionales) o luchar por la soberanía alimentaria, tiene que convertir el modelo de desarrollo económico en uno que sea “respetuoso con los seres humanos y la tierra” (Federici, 2020, p. 200), entendiendo que la lógica que hace que surjan los conflictos depende de la acumulación capitalista.

Para avanzar en la edificación de la equidad de género y el fortalecimiento de la democracia, se reconoce ampliamente que la participación activa de las mujeres en la esfera social y política constituye una estrategia esencial (Fassler, 2007). En este marco, la potencia política del tejido de redes (Sánchez, 2023) de mujeres campesinas e indígenas es fundamental en la lucha por la conquista y defensa de derechos, de acceso a la tierra, a espacios de toma de decisión, a la salud, así como de vidas libres de violencias.

Las mujeres del sector de la AFCI tienen un rol predominante en la producción y reproducción de la vida, la conservación de la biodiversidad, de los ecosistemas y de saberes ancestrales y tradicionales (FAO, 2022). Además de promover la seguridad y la soberanía alimentaria, llevan adelante las tareas de cuidado y de reproducción tanto dentro de los hogares como por fuera de estos: cuidado de niñeces, recolección de agua, cría de ganado ―como chanchos, ovejas, cabras―, entre otras. Sin embargo, muchas de ellas se enfrentan a desafíos estructurales que les impiden gozar plenamente de sus derechos o incluso acceder a ellos.

De acuerdo con la OEA (2023) a nivel regional, cerca de 58 millones de mujeres viven en el campo en América Latina. No obstante, solamente un 30 % de las mujeres del sector es titular formal de tierras. La baja tasa de titularidad impacta de manera negativa en el acceso a crédito y financiamiento, así como en el acceso a asistencia técnica y compra venta de insumos y tecnologías para la producción. La situación en Argentina no es diferente: de las 282 mujeres entrevistadas a nivel federal destinatarias del Plan Integral: En Nuestras Manos (2021-2022), en las familias que tienen acceso a tractor y desmontadora, las mujeres los manejan solo en el 25 % y 50 % de los casos correspondientemente; el 13,1 % accede a sistema de riego y el 56,8 % de ellas lo maneja; y de las familias que poseen sembradora tan solo el 27,3 % de las entrevistadas las maneja (INAFCI, 2022).

La falta de acceso formal a la titularidad de tierras también limita la capacidad de las mujeres para tomar decisiones en sus hogares y alcanzar independencia económica y autonomía. De acuerdo con Deere (2011), el acceso a la propiedad de la tierra afecta la autonomía económica de la mujer de dos maneras: fortaleciendo su posición de refugio, lo que aumenta directamente su autonomía económica, y aumentando su poder de negociación en el hogar. Cuanto mayor sea su capacidad de negociación en el hogar, mayores serán las posibilidades de que alcancen la autonomía económica.

Además, la baja o nula empleabilidad de las mujeres en comparación con los hombres también afecta su autonomía. La mayoría de los empleos disponibles son informales, temporales y mal remunerados, lo que resulta en una baja percepción de pensiones contributivas. Con frecuencia, las mujeres asumen la jefatura de los hogares debido a la migración masculina del campo hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, como señalan Namdar-Irani et al. (2014), aunque hay una gran cantidad de mujeres que trabajan sin remuneración en la agricultura, sus contribuciones, necesidades y problemas suelen ser invisibles en los datos oficiales.

Según el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) en Argentina, las mujeres constituyen el 45 % de los núcleos agrícolas familiares, pero solo el 10 % reconoce la jefatura femenina (Carrizo, 2023). Según el último censo nacional agropecuario de 2018, de las 210,664 unidades productivas relevadas a nivel federal, solo el 20 % son dirigidas por mujeres, con una concentración de las mujeres en superficies más pequeñas (INDEC, 2022). Además, según Knopoff y Biaggi (2021), el censo nacional de 2010 mostró que el 24 % de los hombres y el 48 % de las mujeres estaban inactivos. Durante los censos agropecuarios, muchas mujeres no se consideraban trabajadoras a pesar de realizar tareas de cuidado y producción no remuneradas, como el cuidado de huertas y la crianza. Alrededor del 73 % de los hombres y el 48 % de las mujeres se definieron como ocupadxs, mientras que el 3 % y el 4 %, respectivamente, como desocupadxs.

Los datos del estudio de Bidaseca et al. (2020), realizado durante el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), muestran que el 44,7 % de las mujeres rurales encuestadas se dedicaban a actividades agrícolas, el 31,7 % a la producción de alimentos, y el 68,3 % eran jefas de hogar. Además, el 94,1 % de estas mujeres asumen el trabajo doméstico y de cuidados, a pesar de la coparticipación de otros miembros del hogar. Durante la cuarentena, el 73,4 % de ellas experimentó un aumento en las labores domésticas. Asimismo, solo el 22,3 % manifestó que recibe la Asignación Universal por Hijo, mientras que el resto declara no recibir ningún subsidio estatal.

Entre las mujeres rurales que conforman la población de ese estudio, 33,8 % presenta dificultades para encontrar trabajo, 20,9 % para estudiar o continuar con los estudios, 19,4 % para acceder a alimentos, 10,8 % presenta problemas de acceso a tierras, 5,8 % manifiesta tenencia precaria de tierras y 7,9 % tiene problemas para acceder a agua potable. Siguiendo con los datos recabados, un 18 % de las 132 mujeres encuestadas afirmó haber percibido algún tipo de violencia de género, y un 81,3 % respondió percibir un aumento de violencia de género (Bidaseca et al., 2020).

A pesar del papel central que cumplen las mujeres en la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI) para garantizar el suministro de alimentos, ellas enfrentan disparidades significativas. Estas incluyen la falta de condiciones habitacionales dignas, acceso a tierras y participación en la comercialización y formalización tributaria, así como la falta de acceso a tecnologías, créditos y financiamiento para la producción (INAFCI, 2022). Además, las mujeres enfrentan la carga de una doble o triple jornada laboral al combinar trabajos de cuidado, producción y comercialización sin descanso ni licencias remuneradas. Se suman a esto los conflictos territoriales y sentencias de desalojo, que afectan directamente a las mujeres debido a su responsabilidad tanto en el hogar como en la producción (Carrizo, 2023).

Las brechas de género se intensifican en contextos de crisis económica y de cambio climático, degradación ambiental, desastres naturales y falta de acceso a servicios.2 Estos factores afectan los ecosistemas y generan pérdida de biodiversidad. Las mujeres son quienes sufren aún más los efectos del cambio climático debido a la baja disponibilidad y acceso a bienes o recursos para hacer frente a esta situación y tomar decisiones. De acuerdo con INAFCI (2022), el 92 % de las mujeres entrevistadas afirmó percibir cambios en el clima, aumentos de sequía, olas de calor, inundaciones, lluvias, lo que ha generado impactos negativos sobre los medios de vida productivos.

En consecuencia, las condiciones anteriormente mencionadas impactan en la estructura de oportunidades de las mujeres del sector, quienes enfrentan numerosas dificultades para acceder a niveles superiores de educación, a un trabajo remunerado y registrado. Además de aumentar considerablemente la feminización de la pobreza también se produce un gran condicionamiento de las generaciones más jóvenes y venideras.

A continuación, procederemos a examinar detenidamente la incorporación de la perspectiva de género en dos organizaciones que representan a la AFCI. Este análisis nos permitirá comprender cómo estas organizaciones han adoptado y aplicado en su estructura y actividades dicha perspectiva, contribuyendo así a la promoción de la equidad y la participación activa de las mujeres en el ámbito rural.

El proceso de transversalización de la perspectiva de género en las organizaciones de la AFCI que revisamos aquí, contiene varios elementos comunes alrededor de las problemáticas, las demandas y estrategias que cada organización ha identificado y definido alrededor del tema (Figura 1). Entre dichos elementos, identificamos como central las violencias de género atravesadas por las mujeres rurales, lo cual se relaciona con la conquista y defensa de derechos y el tejido de redes como estrategia colectiva de organización frente a esta problemática.

Destacamos las violencias en plural, en línea con lo establecido en el Artículo 5.° de la Ley N.° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Es decir, las violencias de género se expresan en los ámbitos privados y públicos, a través de acciones u omisiones, tanto de prácticas que atentan contra la integridad física como de patrones socioculturales que se basan en una relación desigual de poder y la reproducen.

Tanto para la Federación Rural para la Producción y el Arraigo y la UTT, identificamos que las violencias de género al interior de las familias, la baja participación activa de las mujeres en cada organización, la desigual distribución de tareas y tiempos de cuidado, fueron motivos de reflexión y un inicio para la creación de espacios de encuentro de mujeres, como detallamos a continuación.

En cada caso, es fundamental la formación en materia de derechos y en violencias de género, de modo que aparece la vinculación e incorporación de otros temas como las desigualdades frente a lo económico, a la toma de decisiones en los procesos productivos, o como también se encuentra en el trabajo de Suárez (2021), al cuestionamiento del modelo económico extractivista y capitalista, el agronegocio, como un modelo que ejerce la violencia patriarcal.

Frente a los cuestionamientos y problemáticas identificadas por las organizaciones, han accionado en favor de la conquista y defensa de sus derechos a través del posicionamiento de espacios que intentan transversalizar la perspectiva de género en las dinámicas cotidianas, organizativas y en su contexto local y nacional, abanderando una lucha que se extiende a la población en general, en tanto se liga a lo alimentario y lo ambiental. En esta vía, desarrollan estrategias de acción frente a las violencias sin respuestas y acompañamiento integral del Estado, la falta de asistencia jurídica y el reconocimiento de sus capacidades y construcción de fortalezas a parte del trabajo colectivo.

De esta manera, dichas estrategias, como la promoción de escuelas, talleres, charlas y reuniones de mujeres abordan una amplia gama de temas relacionados con la formación de la mujer campesina y sus derechos. Como plantea Federici, con el aumento de la participación política, las mujeres llevan adelante prácticas de formación y educación autodidacta, las cuales “generan nuevas formas de subjetividad que contrastan con la imagen de las campesinas que propagan las instituciones internacionales —ancladas al pasado, que solo tienen conocimientos desfasados en vías de extinción” (2020, p. 205).

En los casos analizados, aparece la búsqueda de autonomía económica basada en la valoración de la vida, concebida desde una perspectiva local que aprovecha los recursos y potencialidades productivas en una lógica agroecológica. En este punto, las prácticas orientadas a la agroecología son parte de iniciativas que las organizaciones de mujeres campesinas e indígenas llevan adelante como parte de las luchas por la soberanía alimentaria. Se fomenta una economía circular a través del trabajo colectivo. Además, se brinda apoyo y asistencia en casos de violencia de género a través de personas capacitadas en el tema, y se disponen espacios de refugio en algunos casos.

Por lo tanto, transversalizar la perspectiva de género ha implicado que las mujeres sean quienes lleven adelante las discusiones y los debates, tanto al interior de las organizaciones como de los hogares, a fin de promover una justa distribución de tareas, adquirir titularidad de terrenos y afianzar una mayor autonomía en la toma de decisiones. También ha implicado que sean ellas quienes, además de dedicarse a las tareas domésticas y productivas, debieran invertir parte de su tiempo en garantizar que otras compañeras pudieran acceder a derechos, como la interrupción legal/voluntaria del embarazo, o recibir asistencia y acompañamiento por motivos de violencia de género.

Además, en lo que respecta al impulso de una mayor participación, las demandas no se limitan a la inclusión de un número mayor de mujeres en las acciones del movimiento. Se plantea una visión más transformadora: la inclusión en roles de liderazgo y toma de decisiones. Desde esta aspiración, no solo se trata de lograr una representación numérica equitativa, sino de garantizar que las voces y perspectivas de género también influyan en la dirección y estrategia de la causa, produciendo condiciones para que las mujeres sean sujetas políticas activas en todos los niveles de la organización y la sociedad en su conjunto.

En este artículo, nos propusimos explorar las estrategias colectivas y feministas de resolución y cambio que se están forjando desde la perspectiva de la AFCI, en el contexto del sistema socioeconómico capitalista global, arraigado en estructuras patriarcales, coloniales, androcéntricas y heteronormativas.

Como analizamos, en el ámbito rural las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres suelen ser mayores ya que son quienes se ocupan mayoritariamente de las tareas productivas y reproductivas. Esto se exacerba con la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones y ejercicio de la palabra tanto al interior de los hogares como de las propias organizaciones de las que forman parte.

En esta oportunidad, examinamos las iniciativas presentadas por dos organizaciones: la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT) y la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Estas representan un ejemplo significativo de la convergencia entre las demandas y estrategias de lucha en el sector agrario y las que se han desarrollado desde los feminismos campesinos y populares. Es un fenómeno relevante, ya que demuestra la intersección de las luchas por la justicia social y de género en un contexto marcado por el sistema agroalimentario global y las dinámicas patriarcales arraigadas en el mismo.

Asimismo, exploramos dimensiones comunes que estas organizaciones comparten, que incluyen la defensa de derechos fundamentales para las mujeres en el ámbito rural, como el acceso a la tierra y a recursos productivos. También hemos indagado las estrategias de acción colectiva que implementan para abordar las situaciones de violencia de género, incluyendo la falta de apoyo estatal y asistencia jurídica. Es importante destacar que estas estrategias se centran en la construcción de espacios cuidados y redes de apoyo para las mujeres.

Considerando los aportes de los feminismos campesinos y populares, en articulación con las lecturas del ecofeminismo crítico, analizamos estas estrategias a partir de problematizar la reproducción de estereotipos basados en el pensamiento dicotómico occidental, patriarcal, blanco y capitalista. Esta manera de comprender la realidad produce binomios, en los cuales a uno de los elementos se le otorga legitimidad y resulta hegemónico por sobre el otro: varón-mujer, productivo-reproductivo, sociedad-naturaleza, etc.

Dicho binarismo niega la existencia de diversidades y cumple una función normativa sobre las corporalidades, asignando roles y tareas según la apariencia física, a la cual se la asocia directamente a un determinado género. Frente a esto, las estrategias propuestas por las organizaciones analizadas son fundamentales para disputar sentidos vinculados a la identidad de género, tejer redes de cuidado colectivo para acompañar y erradicar situaciones de violencias, y defender derechos.