El fenómeno de los asentamientos informales no es ajeno a la mayoría de los países de la región, por ende, no es un fenómeno exclusivo a la realidad uruguaya. “Al menos el 25 % de la población en América Latina vive en zonas informales” (Habitat International Coalition América Latina, 5 de agosto de 2019 [Link, accedido: 16/11/2024]). Algunas de las características que posee la forma de asentarse bajo esta denominación son: la falta de acceso a servicios básicos, mala calidad estructural de la vivienda, el hacinamiento, la ubicación en lugares peligrosos y la tenencia insegura (Habitat International Coalition América Latina, 5 de agosto de 2019 [Link, accedido: 16/11/2024]).

Las denominaciones otorgadas a esta forma peculiar de asentarse varían de acuerdo a cada país: asentamientos informales o irregulares, barrios de tugurios, favelas, villas miserias, bidonvilles, slums, entre otros. Todas estas denominaciones tienen en común el hecho de resaltar las características negativas y llevan implícitas connotaciones peyorativas. Zárate (en Habitat International Coalition América Latina, 5 de agosto de 2019 [Link, accedido: 16/11/2024]) sostiene que esta carga peyorativa otorgada a condiciones físicas de habitabilidad es injustamente aplicada a sus habitantes ya que, si bien todos/as son iguales ante la Ley y el Estado, generalmente son tratados por el resto de la sociedad como ciudadanos/as de segunda clase. Asimismo, plantea que la denominación asentamientos informales no solo invisibiliza el proceso de producción social del hábitat que generan estos modos de habitar un determinado espacio físico, sino que, además, los define por la presencia de atributos tales como el no cumplimiento de las normas de construcción, de los códigos de propiedad y/o de la normativa urbanística.

La definición establecida gubernamentalmente en Uruguay no escapa a este planteo, y a partir del año 2006 se entiende por asentamiento irregular:

En acuerdo con Connelly (citado en Habitat International Coalition América Latina, 5 de agosto de 2019 [Link, accedido: 16/11/2024]), se entiende que bajo esta etiqueta “informal/irregular” se invoca a menudo a uniformizar un fenómeno variado (en cada región y país adquiere y presenta características propias), y enfatizan más en lo que no son, que en lo que son. En tal sentido, plantea que esta forma de clasificación no permite develar las causas profundas y estructurales que dan explicación a este fenómeno.

En este marco, se optó por la utilización del término asentamientos populares como posicionamiento político frente a la problematización planteada. Bajo este término se pretende comprender el fenómeno considerando los procesos centrados e impulsados por las personas que producen y gestionan viviendas, aldeas, barrios, e incluso gran parte de las ciudades. En él, se reconoce el esfuerzo colectivo que implica la construcción y producción de un lugar para vivir, así como la diversidad de conocimientos, experiencias, condiciones materiales y una amplia gama de actores e instituciones que lo hacen posible. De este modo, ese lugar para vivir es entendido como producto de las relaciones sociales que se establecen en y desde el centro de la vida social, y no como una mera mercancía (Cravino, 2012; Zárate, 2016). Según Ortiz y Zárate (2004, p. 6), al construir las casas y los barrios las personas:

El departamento de Salto se encuentra al norte del país. La ciudad de Salto, ubicada aguas abajo de la represa Salto Grande, sobre el río Uruguay, constituye su capital. Según el censo 2011, el departamento cuenta con una población de 124.878 habitantes, concentrándose un 94 % de ella en la ciudad capital.

Recuperando su historia, lo que hoy es el departamento de Salto nace como un enclave militar debido, básicamente, a sus características naturales: la superficie caracterizada por pradera y su estratégica ubicación sobre el río Uruguay (aguas abajo de Salto Grande). Esta etapa colonizadora definida por la fórmula “pradera-frontera-puerto” que se aplica al territorio oriental le otorga su característica estructura radial, en la que Montevideo se establece como centro mercantil, como punto de acceso y salida del continente, convirtiéndolo en el centro del poder territorial (Cesio, 1970).

En este proceso, las pautas “urbanísticas” establecidas por la Corona española para la construcción de ciudades en el nuevo continente y reguladas en las “Leyes de Indias”, planteaban una estructura integral de “ciudad-territorio”, la preponderancia de la propiedad privada por sobre los intereses comunes es una característica que define —aun hoy en día— las lógicas urbanas y territoriales de uso del suelo. Es en esta relación entre la pradera y la industria que se comienza a gestar la estructura social de Salto. “Junto con el país de bienestar que se gestaba entonces —primeras dos décadas del [siglo] XX— Salto vivió su belle époque” (Cesio, 1970, p. 8). La capital salteña absorbió los núcleos poblados, succionando todas las riquezas y centralizando las comunicaciones; reproduciendo —hasta la actualidad— la lógica centralista departamental. La concentración urbana y la atracción centrípeta de habitantes de la campaña que ejerce sobre la capital del departamento, han obligado a una extensión de la ciudad (Büsch, 1970).

Edificada sobre el punto terminal de la cuchilla del mismo nombre (otorgándole características particulares) y sin plan que la regulara, la planta urbana de la ciudad creció como pudo. Está encerrada entre dos arroyos que desembocan en el río Uruguay —el Sauzal, al norte, y el Ceibal, al sur— y no fue hasta pasada la década de 1950 que el damero (planta urbana en forma de cuadrícula) los atravesó, llegando a borrar en algunos sectores la existencia de estos.

Siguiendo la lógica de generación de poblados a partir de fraccionamientos privados, la ciudad crece, se desarrolla y se consolida bajo lógicas especulativas. Por lo que la regulación del destino del suelo —así como la infraestructura necesaria para promover un desarrollo urbanístico ordenado— nunca fue posible y, sumada a las condiciones topográficas e hidrológicas del territorio, la ciudad se consolidó sobre la base de conflictos ambientales difíciles de mitigar. En la lógica especulativa del suelo, se generaron áreas de ciudad consolidada (con servicios y viviendas) ambientalmente vulnerables, como lo son las zonas bajas vinculadas a los arroyos, hoy día ámbito de oportunidad para aquellas personas que no pueden acceder por sus propios medios a un terreno en condiciones habitables y en el marco del mercado legal para asentarse.

Las características departamentales referidas, en relación con los recursos naturales y producción, determinaron y construyeron “tipos humanos” según Texeira de Sciergalea et al. (1970), es decir, perfiles laborales propios, que se representan a través del peón de campo, los zafreros, el quintero, el esquilador, el cañero, el bagayero y los pescadores. 2 De estos perfiles laborales, los zafreros son los que actualmente se encuentran asociados a los barrios en los que se desarrolla este trabajo. Estos trabajadores se caracterizan por ser ambulantes, se desplazan a los lugares en los que pueden encontrar ocupación, ya que esto depende fuertemente de la estacionalidad. En Salto encuentran su lugar en la cosecha de naranja, hortalizas y, más recientemente, arándanos. Otro perfil que se encuentra y se desarrolla en los barrios periféricos es el de bagayero (dedicados al contrabando). La situación de frontera frente a la ciudad argentina de Concordia, ha permitido históricamente un intercambio fluido entre ambas costas. Por último, cabe señalar que otra actividad productiva que se desarrolla fuertemente en toda la ciudad es la producción de ladrillo de campo. Dependiendo de las condiciones de ribera, los arroyos son el escenario ideal para la proliferación de productores de ladrillos. La relación entre asentamientos irregulares y cursos de agua tiene un vínculo muy fuerte ya que, en muchos casos, el agua es el principal recurso para la realización de las tareas vinculadas al sustento económico de las familias (ladrilleros, pescadores).

En este breve recorrido se ve reflejada la relación del hábitat y el habitar que fue pautando las dinámicas territoriales que dan cuenta de la configuración actual de la ciudad capital: la fuerte identidad de sus barrios, el acceso y uso diferenciales de servicios básicos y sociales según el lugar de residencia, la relación centro-periferia y la macrocefalia urbana que sobresale a nivel nacional.

En efecto, el hábitat entendido como el espacio físico modificado por el hombre para satisfacer sus necesidades es expresión de los modos de vida que los asentamientos humanos han ido desarrollando a lo largo del tiempo. El hábitat es, por tanto, soporte físico y trama ecológica, pero también referente de simbolizaciones y significaciones que configuran identidades culturales y estilos étnicos diversos. Es el lugar en el que se construye y se define la territorialidad de una cultura, la espacialidad de una sociedad y de una civilización, donde se constituyen los sujetos sociales que diseñan el espacio geográfico apropiándoselo, habitándolo con sus significaciones y prácticas, con sus sentidos y sensibilidades, con sus gustos y goces (Leff, 1998). Es, en este sentido, síntesis y condición del habitar, concebido como el conjunto de relaciones humanas que estructuran las formas de representación y reproducción de una sociedad, los modelos de producción y consumo que la caracterizan, así como los sistemas de valores imperantes en ella.

El asentamiento popular La Esperanza se encuentra ubicado al sureste de la ciudad de Salto, al borde del límite urbano (avda. Pascual Harriague), específicamente entre las calles Manuel Patulé al norte, Pascual Harriague al sur y Florencio Sánchez al este. Se encuentra sobre un brazo del arroyo Ceibal, entre diversos conjuntos habitacionales con perfiles poblacionales diferentes.

El arroyo que lo atraviesa es un elemento central en las características de base del territorio, otorgándole condiciones particulares al suelo disponible. Este suelo consta, principalmente, de la planicie de inundación del cauce de este brazo del Ceibal, el cual nace unos metros aguas arriba. Cuenta con pendientes pronunciadas hacia el oeste, producto de las transformaciones superficiales producidas por las ocupaciones previas (del barrio Quiroga y otros fraccionamientos, el trazado de calles, rellenos, etc.). Por otra parte, si bien hacia el este de la ciudad las pendientes son más suaves, éstas se incrementan en las inmediaciones del arroyo donde se encuentran asentadas las viviendas. En su planicie de inundación, cuenta con abundante presencia de vegetación riparia (vegetación típica de las riberas de ríos y arroyos) y pequeños meandros5 que conforman un humedal. Esta característica permite su utilización para la producción de ladrillos y también delimita la zona de difícil acceso que impide su ocupación. De hecho, los/as vecinos/as que se han asentado en las zonas bajas conocen muy bien los límites del humedal y ubican sus viviendas en el borde más alto.

Las características topográficas del lugar, en combinación con la ocupación espontánea del suelo y la falta de infraestructura adecuada en la zona traen como consecuencia que las aguas de lluvia se escurran con gran velocidad y tengan su escurrimiento hacia el cauce del arroyo, pasando por las viviendas y generando zonas de gran erosión. Al saturarse fácilmente el suelo natural, las aguas negras de los pozos domiciliarios se rebalsan y escurren junto al agua de lluvia sobre toda la superficie generando problemas de movilidad, acceso a las viviendas, humedad constante en las construcciones y exposición a patógenos.

El asentamiento se conformó en una zona que se caracteriza por la convergencia de barrios consolidados de la ciudad de Salto, como lo son Quiroga y Salto Nuevo, haciendo de este un espacio de aprovechamiento de la infraestructura y servicios ya existentes en su cercanía (ver Figura 2). Se entiende pertinente señalar que está ubicado en una zona de desarrollo histórico de la ciudad en donde se han asentado y promovido, desde el Estado, otros conjuntos habitacionales de relocalizaciones, el propio barrio Quiroga, y la implementación del Programa Vivienda Digna6 en su primera y segunda fase, así como la construcción de conjuntos de cooperativas de vivienda. Se trata de una zona de la ciudad que se ha destinado a respuestas habitacionales desde el Estado a nivel nacional y departamental.

Las familias que se perciben habitantes del autoproclamado barrio La Esperanza, se encuentran asentadas en un terreno de propiedad municipal, fragmentado en tres padrones diferentes. Si bien las primeras construcciones fueron en el año 2005, de acuerdo a las entrevistas realizadas, habría una asociación entre la explosión del crecimiento del asentamiento y el contexto de campaña electoral para las elecciones departamentales del año 2015. Mediante un análisis secuencial de imágenes satelitales extraídas de Google Earth se visualizó que al año 2014 (último año de campaña electoral departamental y nacional) comenzó una densificación en la zona, siendo sostenido hasta hoy (Cayetano, 2019).

En función de un relevamiento censal realizado por la Intendencia de Salto en el asentamiento en los años 2018 y 2019, se contabilizaron 176 lotes, con un total de 560 habitantes. Este crecimiento, producido de forma explosiva e incentivada en el marco de contratos de campañas electorales y/o estrategias de punteros políticos como forma de presión frente a las autoridades, también ha sido identificado como modus operandi en otras zonas de la región norte del país, como ciudad de Artigas y con mayor medida en Bella Unión (Bisio, 2017).

En el lapso de tiempo del trabajo de campo se fueron transformando potenciales espacios de esparcimiento (espacios públicos) en suelo fragmentado deliberadamente por personas para poder construir su vivienda. Uno de esos espacios oficiaba como la plaza del barrio, la cual, si bien contaba con equipamiento de juegos sin su debido mantenimiento, era un espacio de encuentro para los/as vecinos/as, además de funcionar como cancha de fútbol, principalmente para los jóvenes.

En unas de las recorridas por el barrio —18 de julio, feriado no laborable en Uruguay— el equipo de investigadores presenció in situ la parcelación y ocupación del territorio por parte de un grupo de familias conformadas por jóvenes de acuerdo a su apariencia física. Uno de estos jóvenes ya tenía hecha la estructura básica de la casa (cuatro postes y el techo de chapa) y otro, en “su terreno” estaba haciendo las perforaciones para marcar el perímetro. En el intercambio con estos jóvenes se constató que provenían del Quiroga, barrio aledaño al asentamiento. Al formar su propia familia —y en búsqueda de independencia— se asientan en el lugar, ya que no tenían espacio en el terreno de sus padres para construir su propia casa. Además, manifestaron que estaban en conocimiento de que ese espacio era una plaza, un espacio público, pero que “nadie la usaba”; al ver que “estaba libre” y que parte de ese predio cercano al brazo del arroyo estaba siendo utilizado como depósito de basura, construyeron allí su vivienda. En este fraccionamiento del suelo, respetaron el acceso a las viviendas construidas al límite de la plaza, dejando un espacio libre para ser utilizado como calle.

En este caso (como en su mayoría), la ocupación se desarrolló en un día feriado (o fines de semana) suponiendo la ausencia de controles municipales, así como de posibles denuncias de otros/as vecinos/as. Sin embargo, frente a la posible inhabilitación y desocupación por parte de las autoridades, manifestaron “por ahí viene mañana la Intendencia y nos tira todo abajo y arranca todo, pero nosotros necesitamos un lugar donde vivir, si nos sacan después veremos qué hacemos; si hacemos todo de nuevo o qué” (entrevista a pareja joven del barrio). Dos meses después, este espacio, estaba parcelado y cercado, con construcciones en marcha y alguna ya finalizada.

Conforme al mapa de riesgo por inundación de la ciudad, el asentamiento está ubicado en una franja roja7 de acuerdo al nivel de vulnerabilidad de los/as habitantes y las características del suelo. Claramente, no es un suelo apto para la construcción de viviendas. Tal como lo expresa el referente de la Oficina de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Salto: “es un suelo aledaño a la cañada. Ese suelo claramente no es un suelo a urbanizar, es un suelo a acondicionar para otros usos; con un servicio más vinculado a lo ecosistémico que vinculado a lo habitacional”.

Por otra parte, se pudo visualizar en los distintos recorridos la existencia de residuos en las calles, tales como bolsas de nylon, botellas, metales oxidados, ropa, animales muertos; elementos que se mezclan con la vegetación y el agua del arroyo, concentrándose y haciéndose más visible esta situación en el pasaje (que simula un puente) que une a las dos zonas.

En el censo realizado desde la Intendencia de Salto (2020) se pudo observar que entre las ocupaciones reiteradas se encuentra la categoría “estudiante” (hasta veinticinco años de edad), “changas”, “ama de casas”, “zafral” y “desocupados”. Por su parte, de la caracterización realizada por la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), se desprende que un “43 % de las personas en edad de trabajar, se encuentran ocupadas y un 18 % desocupadas, mientras que un 23 % realiza los quehaceres del hogar, un 3 % es jubilada o pensionista y el 13 % son otros inactivos (entre los que se incluye estudiantes)” (DINEM - MIDES, 2019, p. 10).

En términos generales, la precariedad e informalidad laboral es una constante en las condiciones de vida de estas familias. La zafralidad y la fragilidad en el acceso a la seguridad social que ello implica constituyen dos elementos fuertes de la vulnerabilidad laboral y económica en la que viven. En las recorridas realizadas por el barrio, principalmente en el horario de la mañana, se pudo observar grupos de vecinos/as nucleados/as en una misma esquina a la espera del ómnibus que los traslada a sus lugares de trabajo (chacras del cordón hortifrutícola de la ciudad). En otros sectores del mismo barrio, se observa el aprovechamiento de las condiciones naturales del lugar para la fabricación de ladrillo de campo, otra fuente de ingresos para la población.

Un sentir que aun cuando no es exclusivo de estas familias sobresale en todos los discursos, refiere a la condición estigmatizante de la residencia para acceder a empleos de mejor calidad: “si digo que soy del barrio no me contrata nadie”. Ello refleja una relación de intercausalidad y de condicionalidad excluyente entre el acceso a otros puestos y tipos de empleo (de mayor estabilidad e ingresos) y el domicilio fuertemente estigmatizado de los habitantes.

Finalmente, explorando sobre la identidad y el sentido de pertenencia de la población en relación al sector geográfico donde está ubicada su vivienda, en el transcurso del trabajo se observaron diferentes valoraciones a la hora de identificar los límites del barrio, a la vez que se definen con claridad la zona de ladrilleros, la concentración de basurales, las conexiones eléctricas y los centros de mayor conflicto entre vecinos. Si bien administrativamente (desde la Intendencia de Salto) el asentamiento corresponde a los límites señalados anteriormente, se pudo identificar tres grandes zonas a la interna de este recorte geográfico. El brazo del arroyo traza una primera división al oeste con el barrio lindero, Horacio Quiroga, al tiempo que para las viviendas más cercanas a la avenida Patulé (zona con mejores condiciones topográficas y accesibilidad a los servicios), hay variaciones y el límite es más difuso; hay quienes se identifican como parte del asentamiento y quienes no. Esta dimensión identitaria del territorio influye en cuestiones tales como la organización a la interna del barrio en torno a dos comisiones vecinales según sea la percepción sobre los límites del mismo o la presencia de liderazgos fuertes asociados a la prestación de servicios básicos como la alimentación (hay dos ollas y un merendero) con referentes que disputan el reconocimiento de sus vecinos/as.

Más allá de estas diferencias sobre la percepción en torno a los límites y de los conflictos generados por las últimas ocupaciones, no se percibe en el discurso de los habitantes referencias negativas hacia sus vecinos/as o de segregación interna entre ellos. Seguramente la forma de ocupación, gradual y con cierta organización en torno a punteros, ha actuado como elemento pacificador del proceso de creación y de consolidación del nuevo barrio.

El barrio Don Atilio se encuentra en la zona sur de la ciudad de Salto, ubicado al límite urbano de la ciudad y delimitado administrativamente al norte por la avda. Patulé, hacia el oeste por calle Rincón; al sur por la avda. Pascual Harriague; y hacia el este con un brazo del arroyo Ceibal como límite (ver Figura 3).

A diferencia de La Esperanza, el barrio Don Atilio tiene una larga historia que data de la década de 1970. No obstante, es en el primer lustro de este siglo (2000-2005), en el marco del Programa para la Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI-MVOT),8 que se regulariza la tenencia de las viviendas y el reconocimiento del mismo como barrio. A partir de esta intervención estatal se instalaron servicios e infraestructura, se regularizaron calles y viviendas y se generó espacio público equipado para el disfrute de los/as vecinos/as, denominado “Espacio Verde”.

A partir del año 2014, el espacio destinado a uso público, “Espacio Verde”, fue ocupado para ser habitado. Este espacio es el denominado por algunos/as vecinos/as como asentamiento Don Atilio. Las viviendas de esta zona están ubicadas al borde de un brazo del arroyo Ceibal. A su vez, en 2016 comienza a darse una nueva ola de ocupación espontánea, por avda. Patulé hacia el arroyo (en sentido este). Más allá de que la mayor parte de sus habitantes provienen del viejo barrio, ambos son reconocidos como un “asentamiento irregular” en sí mismos, con todas las connotaciones y prejuicios que eso genera.

El barrio Don Atilio encuentra su origen como asentamiento irregular en el año 1979. En la entrevista realizada a un profesional de la Intendencia de Salto, se señala que, en ese entonces, el barrio —identificado como asentamiento irregular— estaba conformado por familias relocalizadas por inundaciones y/o por ocupación de terrenos privados. Como se mencionara párrafos arriba, en el período 2000-2005, esta zona fue intervenida por el PIAI, en cuyo marco se llevaron a cabo obras de infraestructura compatibles con los propósitos y componentes del Plan Estratégico Departamental de ese entonces (Intendencia Departamental de Salto, 2002). Si bien dicho programa tuvo como objetivo central la prevención de la formación de asentamientos irregulares y el fortalecimiento de la red institucional en el territorio, en su ejecución la intervención estatal se redujo al mejoramiento de la infraestructura (saneamiento, alumbrado, calles) y a un acompañamiento social subsidiario al proceso de obra (Aguilar et al., 2018). Bajo este formato de intervención estatal fueron regularizados los asentamientos más poblados de la ciudad de Salto hasta el año 2010 (Bisio y Ferrer, 2018).

En cuanto a los aportes que la intervención dejó en el barrio, tanto los medios locales como autoridades gubernamentales señalan que:

Por otra parte, una vecina vinculada laboralmente a uno de los centros socioeducativos, con antigüedad en el barrio, recordaba que en esta intervención no se construyeron casas nuevas, como así lo había solicitado la comisión vecinal de entonces; mencionando que: “cuando hacían reuniones se decía que iban hacer las viviendas a algunas personas puntuales, por ejemplo, un hijo que se pasaba a vivir en el fondo de la casa del padre”. En otras entrevistas emergieron relatos similares, recordando el estado de precariedad de las construcciones habitacionales de la época, manifestando, por ejemplo: “antes eran todos ranchos y ahora la mayoría son de material y están en buenas condiciones”, “los ranchos antes eran de cartón, pero ahora son de material”. Esta situación de precariedad da cuenta del carácter paliativo de la intervención propuesta por dicho programa; se priorizó la infraestructura general del barrio, la instalación del baño y la conexión al saneamiento, sin mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas (Aguilar et al., 2018).

En el marco de esta intervención, se realiza el denominado “Espacio Verde” aludido anteriormente, tratándose de una intervención en el predio aledaño al brazo del arroyo Ceibal que atraviesa la zona, con la instalación de distintos equipamientos. Al respecto, una de las vecinas, teniendo como apoyo visual un mapa de la zona, manifestaba que:

En síntesis, a partir de esta intervención se instalaron servicios e infraestructura, mediante la regularización de calles y viviendas y la generación de espacio público equipado para el disfrute de los/as vecinos/as. Esta intervención transformó el lugar estética y simbólicamente. Un cambio sustancial en su momento en cuanto a la urbanidad del barrio. Explorar los detalles en torno a esta intervención permite entender las tensiones y conflictos vecinales identificados actualmente, ya que, en torno a esta construcción y posteriores transformaciones, se fue consolidando la fragmentación socio-espacial del barrio.

En la actualidad, se puede observar cómo el espacio destinado originalmente a uso público a través de “recreación y esparcimiento” es escenario de nuevas ocupaciones por parte de personas que demandan un espacio para vivir. Este devenir refleja, por un lado, la incapacidad del Estado de brindar respuestas integrales que garanticen el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades socio-económicas y, por otro, la acción (no siempre organizada colectivamente) de estos sectores para construir, en primer lugar, el techo que los cobija y, luego, el espacio común que los nuclea.

El análisis secuencial de imágenes satelitales extraídas de Google Earth (ver comparación entre 2004 y 2019 en Figura 4), da cuenta no solamente del proceso sostenido de ocupación del suelo en el barrio, sino también de su densificación, principalmente hacia el centro del predio.

En cuanto a las características de las viviendas, en esta zona del asentamiento muchas se encuentran reformadas, presentando mejoras materiales notorias con el paso del tiempo (rejas, ampliaciones, pintura, revestimiento). La mayoría de las construcciones son de materiales pesados (ladrillos) y no de costanero,9 a diferencia de otros asentamientos, como es el caso de La Esperanza.

Según relevamiento de la Intendencia de Salto, realizado en el año 2020, el total de personas que integran el asentamiento, es de 95. Si bien la mayor parte de los hombres adultos (64 %) tienen empleos zafrales o por cuenta propia (changas en la ciudad principalmente), una escasa minoría (16 %) son empleados privados (en empresas de limpieza y servicios) y públicos (12 % municipal). Las mujeres, en su inmensa mayoría, declaran ser “amas de casa” (78 %). Se trata de una población relativamente joven, con menores en edad escolar o liceal (34 %).

En los recorridos por la zona se pudo conocer que, dentro de las personas que se fueron asentando en este lugar, la mayoría son jóvenes del barrio, pero existen otras que, en la búsqueda de un espacio físico, se asentaron allí. Las historias de vida de algunos de los/as entrevistados/as son ejemplo de cómo las personas en búsqueda de una solución habitacional llegan a estos lugares, algunos con referentes familiares en las inmediaciones y otros, por la propia movilidad interna entre los asentamientos de la ciudad.

Por otra parte, si bien administrativamente el barrio Don Atilio es visto como un escenario unificado u homogéneo, al poblarse en tiempos y formas distintas, sus pobladores/as lo categorizan de manera diferente: “barrio/asentamiento”. Así pues, ambas categorías conviven en los discursos de los/as vecinos/as a la hora de denominar las zonas en el territorio. A diferencia de lo que sucede en La Esperanza —barrio relativamente reciente, con menor nivel de organización barrial— en Don Atilio se identificó como regularidad, en los diferentes encuentros con los/as vecinos/as, la expresión “los de arriba y los de abajo”.

Si bien comparten las mismas problemáticas, visualizan entre ellos/as grandes diferencias asociadas al lugar geográfico y legitimidad de la ocupación. “Los de arriba” o “los del barrio viejo” llegaron primero, con lógicas diferentes; “los de abajo”, para algunos/as vecinos/as, son los que vinieron a “ocupar espacios” que eran utilizados con otros fines. Estas tensiones, que se recuperan en los relatos de los entrevistados, dan cuenta del conflicto entre “el control de lo urbano y la subversión de las prácticas de apropiación” (Folgar, 2019, p. 65), que genera el proceso colectivo de producción social del hábitat. En efecto, retomando esta línea de análisis, se puede ver cómo en el territorio se entrecruzan propuestas estatales y otras autogestionadas que ponen de manifiesto distintas formas de apropiación y disputa por el espacio, entre ellas las que se derivan de prácticas e intereses culturales o económicos. La coexistencia de dos escuelas de samba, ubicadas una en cada zona, así como la presencia de negocios ilegales situados en cada uno de estos sectores del barrio (tres “bocas” en cada zona, agrupadas en dos bandos rivales: “los de arriba” y “los de abajo”), son dos claros ejemplos del conflicto materializado en prácticas cotidianas de habitar dicho territorio.