El trabajo de cuidar en sus distintas expresiones, fuera y dentro del mercado, en el entorno familiar o institucional es esencial para el funcionamiento de la sociedad y la sostenibilidad de la vida. Pese a ello, ha mostrado limitaciones en las formas actuales en que se organiza y se provee, exacerbando la crisis del cuidado y profundizando las inequidades de género, clase, raza y espacialidad en América Latina y el Caribe (Batthyány, 2024).

La organización de las tareas de cuidado —remuneradas o no— se da de manera injusta: desigual entre actores sociales e inequitativa entre varones y mujeres. La acción de cuidar es asumida mayoritariamente en los hogares y, al interior de ellos, por sus integrantes mujeres (CEPAL, 2010; Enríquez Rodríguez y Marzonetto, 2015). Pese a que han transcurrido varias décadas desde que las mujeres se han incorporado masivamente en el mercado de trabajo remunerado, el impacto de esto en la dinámica distributiva del cuidado no ha sido significativo. Los ingresos salariales de las mujeres son menores en comparación con los varones y se encuentran sobrerrepresentadas en los trabajos informales y en los hogares en situación de pobreza (Gonza, 2023; Pautassi, 2018; Paz y Arévalo, 2021).

Al respecto, el Registro Nacional de Barrios Populares de Argentina (en adelante RENABAP) aporta datos contundentes. Así, de un total de 6.467 villas y asentamientos, 1.124.797 viviendas y 1.237.795 familias relevadas en el país durante el año 2022, el 71,73 % corresponde a hogares con responsables del género femenino y el 87,49 % corresponde a hogares monomarentales. El 56,75 % de ellas accede a la energía de forma irregular. En la provincia de Salta, de 354 barrios y 35.714 viviendas relevadas, el 78,74 % presenta responsables femeninas y un 89,24% se constituye como hogares monomarentales. El 53,95 % de estos hogares accede a la energía de forma irregular, es decir, se encuentran “enganchados” a la red eléctrica de forma autogestionada, (como indica la Página Web del RENABAP [Link]).

Las cifras presentadas por RENABAP indican que son mayoritariamente mujeres quienes se encuentran a cargo del sostenimiento económico y de los cuidados de sus familias en villas y asentamientos, en donde el acceso a las infraestructuras energéticas seguras, entre otras, no se encuentra garantizado y depende de la autogestión de los habitantes. Así, además de implicar la crianza de niños y niñas, la asistencia a personas enfermas o dependientes, la limpieza, la provisión de alimentos, la restauración y el cuidado del cuerpo (Pautassi, 2018), cuidar supone también la previsión de las condiciones indispensables para su desarrollo, es decir, la autogestión de las infraestructuras necesarias. Muchas veces estos modos de gestión derivan en conexiones eléctricas precarias, caseras e inestables y constituyen una amenaza —no siempre dimensionada— para quienes habitan en estos hogares (Gonza, 2023).

El artículo interroga y problematiza, entonces, las condiciones en las que se dan las tareas de cuidados cuando las infraestructuras que las respaldan, fundamentalmente el acceso seguro a la energía, son débiles, precarias o inexistentes. La presencia o debilidad de las infraestructuras de cuidado o, para el cuidado, impacta en el tiempo, los esfuerzos y, también, en los riesgos y amenazas para quienes cuidan y son cuidados bajo estas condiciones. Por ello el trabajo recupera el concepto de seguridad energética y lo expande a fin de pensar espacios de vulnerabilidad como las viviendas en asentamientos y villas. Seguridad energética, infraestructuras y umbrales de cuidados son puestos en diálogo en un intento de comprender la complejidad que asumen el sostenimiento de la vida en contextos de desigualdad social.

En la provincia de Salta existen casos en los que, tras la muerte de menores en incidentes vinculados con la imposibilidad de acceso seguro a la energía en sus hogares, las personas encargadas de los cuidados de las víctimas fueron imputadas por abandono de persona seguido de muerte agravada por el vínculo (Gonza, 2023). Este proceso de criminalización, por una supuesta omisión de su rol de garantes o cuidadoras/es, presupone que es posible cumplir con la conducta exigida por el rol y la “norma” aun en contextos en los que la relación infraestructura y desigualdad es crítica. En este sentido, una de las preguntas que guía el trabajo es: bajo qué circunstancias una persona tiene capacidad y obligación de evitar un peligro cuando éste se encuentra asociado a la precariedad o ausencia de las infraestructuras que atraviesan su vida cotidiana (Gonza, 2023).

El trabajo recurre a un archivo de noticias periodísticas sobre incendios, muertes por asfixia y/o calcinamiento o electrocuciones ocurridas en la provincia de Salta entre el 2012-2024. De 89 casos identificados, en un 48 % existen víctimas fatales de las cuales el 65 % son menores de edad. En la mayoría de las notas sistematizadas no se problematizan las condiciones de vida de las familias víctimas ni las dificultades de acceso a la energía como una problemática social que busca interpelar a los poderes políticos. Por el contrario, se evidencia una permanente preocupación por determinar el grado de culpabilidad de los implicados.

El tratamiento mediático y jurídico de los casos no solo da cuenta de la necesidad de instalar en la discusión pública el acceso a la energía segura como un derecho que hace a la dignidad de las personas (Hessling Herrera et al., 2024; Naciones Unidas, 2018), sino también, la urgencia de pensar que, en estos escenarios, las garantías de los cuidados exceden a los esfuerzos de sujetos particulares. Mientras estas discusiones no cobren la trascendencia necesaria, la amenaza y el riesgo de muerte para muchas personas que habitan en asentamientos y villas donde el acceso seguro a la energía no se halle garantizado, permanecerá latente.

Por ello se sostiene que los aspectos que el artículo problematiza en torno a las condiciones de vida en los asentamientos y las villas se corresponden con un proceso de “dejar vivir” (Foucault, 2016) a determinados sectores bajo condiciones de “ilegalidad e irregularidad” aceptadas en materia de acceso a electricidad. Estas condiciones suponen altas exigencias de cuidados ante los peligros implícitos presentes en el estado y la calidad de las infraestructuras energéticas. Al mismo tiempo, las condiciones en las que se “deja vivir” en estos territorios supone “exponer a muerte” (Mbembe, 2011) a grupos específicos de personas, dadas las amenazas y los riesgos signados por la precariedad de las infraestructuras energéticas y la regularidad de accidentes vinculados con incendios y electrocuciones.

Las infraestructuras abarcan un complejo conjunto de estructuras de ingeniería, equipos e instalaciones de larga vida útil, que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios, tanto para el sector productivo como para los hogares (Kessler, 2016). La primacía de la dimensión material de las infraestructuras no excluye una reflexión de éstas en tanto entidades que presentan dimensiones políticas, culturales y sociales (Humphrey, 2005). En ese sentido, se arriba a una comprensión multidimensional de las infraestructuras, la cual habilita la reflexión sobre la experiencia social asociada a las diferentes materialidades y circuitos tecnológicos que rodean la vida cotidiana en aparente invisibilidad y quietud (Larkin, 2013).

Desde esa línea, se entiende que las infraestructuras energéticas son infraestructuras de cuidado y engloban a aquellos artefactos y dispositivos materiales, por ejemplo, tuberías, colectoras, caños, cañerías menores, cables, válvulas, medidores y redes de fibra óptica, etc.; que intervienen en el desarrollo de las tareas de cuidado, facilitándolas u obstaculizándolas, en caso de no contar con ellas o hacerlo parcialmente. Se entiende a las infraestructuras de cuidados en el seno de relaciones sociales y en vínculo con actividades puntuales como cocinar, lavar, refrigerar alimentos, calefaccionar la vivienda, alumbrarla, etc. En estas prácticas la tensión invisibilidad/visibilidad constituye una dicotomía fundante tanto de las infraestructuras como de los cuidados: tienden a naturalizarse cuando funcionan —desconociendo el enorme esfuerzo y trabajo invertido en ellas— y se vuelven repentinamente presentes cuando se alteran o colapsan (Leigh Star, 1999).

En una infinidad de hechos cotidianos las ausencias y los déficits en las infraestructuras afectan al bienestar de las personas, al punto tal que pueden ser una de las causas de muchas pérdidas humanas (Kessler, 2016).  En ese sentido, la falta de acceso y la precariedad de las infraestructuras energéticas en villas y asentamientos desencadenan, muchas veces, incidentes que acaban con la vida de las personas. Por ello, la revisión y adaptación del concepto de seguridad energética resulta indispensable.

La seguridad energética como concepto y problema político surge a mediados del siglo XX en el marco de la defensa de la soberanía y la geopolítica, concretamente vinculada con el suministro de petróleo para las fuerzas armadas. Las reflexiones académicas sobre la seguridad energética se retoman en la década del sesenta potenciadas con la crisis del petróleo (Cherp y Jewell, 2014). La pregunta por quién y cómo se controlan los recursos energéticos fue la línea más explorada en esta literatura. Sin embargo, durante las últimas décadas, la problemática ambiental amplió la discusión: la seguridad energética pasó de ser dominio casi exclusivo de la geopolítica a formar parte de la discusión en las ciencias naturales, económicas y exactas. El desplazamiento colocó el foco en la vulnerabilidad y la eficiencia técnica de los sistemas energéticos y el rol de los mercados y los estados en estos asuntos (Padilla Rodríguez, 2018).

La preocupación por garantizar el suministro de energía de los países a precios asequibles supuso la identificación y reducción de las amenazas vinculadas con la producción, el suministro y el consumo. En este sentido se consideró factor de riesgo a aquellos fenómenos, naturales o no, que impactaran de forma negativa en el suministro de la energía a nivel industrial. Amenazas y riesgos energéticos fueron contemplados en términos económicos, como dependencia de importaciones, concentración de los recursos y proveedores, predominio de capital extranjero en el mercado energético, etc.; y en términos geopolíticos, como conflictos bélicos o el trazado de rutas comerciales o acuerdos entre países. La seguridad energética fue y aun es evaluada, —independientemente del enfoque—, a partir de eventos y/o procesos político-económicos y ambientales nacionales e internacionales, capaces de poner en “riesgo” la fortaleza de la infraestructura de un país o región.

En esa línea, Percebois (2006) sostiene que la vulnerabilidad energética de un país se define como una situación en la que éste no es capaz de tomar decisiones de política energética de manera libre y soberana o, lo hace a un costo económico o político insostenible. Así, vulnerabilidad energética difiere de dependencia ya que se puede ser dependiente sin ser vulnerable: un país que importa la mayor parte de su energía, pero a un precio accesible y garantiza la seguridad del suministro, será dependiente pero no vulnerable. Un país que produce la mayor parte de su energía a un costo prohibitivo o mediante tecnologías obsoletas, será vulnerable, aunque sea independiente energéticamente (Padilla Rodríguez, 2018). La vulnerabilidad, en la literatura disponible sobre seguridad energética, puede ser dimensionada a corto o largo plazo, pero siempre se problematiza a escalas políticas y económicas nacionales e internacionales: las firmas, las industrias, un país o un grupo de países.

Pensar en las imposibilidades o limitaciones presentes al momento de tomar decisiones respecto a las formas de acceso a la energía y a la calidad de ésta, además de las implicaciones en términos de seguridad y riesgo para los habitantes de las villas y/o los asentamientos, es ampliar la perspectiva en la problematización de seguridad energética. Pese a constituir espacios, en su mayoría, desregularizados en materia de condiciones de acceso a la energía y con una fuerte presencia estatal, pero, en su brazo punitivo y asistencialista, las posibilidades de toma de decisión en estos espacios no solo son escasas, sino que, además, redoblan la vulnerabilidad y los riesgos. La idea de espacios desregularizados refiere a la configuración de los mismos a través de prácticas que se encuentran fuera de la ley como los enganches o “conexiones clandestinas” y, pese a esto, son aceptadas por su valor estratégico en tanto prácticas de gobierno (Giavedoni, 2012).

El acceso a la electricidad y a las infraestructuras energéticas, en numerosas villas y asentamientos del país, se configuran a partir del despliegue de prácticas constituidas por normas y reglas no jurídicas que las regulan y garantizan. El concepto de gobierno de la pobreza (Foucault, 2016) es pertinente aquí para pensar en los márgenes de tolerancia respecto a determinados “ilegalismos” o “irregularidades”, como las formas de autogestión (Hessling Herrera et al., 2024). Estos márgenes permiten la configuración de un campo de intervención diferencial que reproduce ciertas condiciones de vida y consolida grados de desigualdad social (Giavedoni, 2012). La tolerancia a los “enganches” a la red de electricidad resulta útil para que las personas se provean de bienes y servicios que serían costosos de asumir para el Estado y las empresas distribuidoras. Si bien, en primera instancia se trata de una estrategia claramente económica y de no gobierno, ya que no expresan de qué modo específico se conduce o moldea la conducta de la población en contacto con esos procesos urbanísticos, muestran la generación de condiciones territoriales para formas específicas del gobierno de la pobreza.

La configuración de un campo de intervención diferencial torna necesario interrogar en relación con las condiciones que lo configuran y las dimensiones en las que se ejerce un poder que deja vivir y, al mismo tiempo, expone a la muerte (Mbembe, 2011). Por gestión diferencial se entiende al proceso de “desuniversalización” de bienes públicos, la creciente focalización de políticas sociales y la asistencialización de las mismas, es decir, la constitución de ciudadanos de segunda categoría que acceden a servicios cada vez más degradados y riesgosos (Giavedoni, 2012).

La intervención diferencial también se da en el proceso de criminalización de los familiares de las víctimas, acompañado de una caracterización de los mismos que contribuye a su producción como enemigos internos. La figura del delito de abandono de persona agravada por el vínculo constituye un elemento clave para la deshumanización de las personas que viven en asentamientos y villas, y justifica una segregación social que divide la cartografía urbana en zonas salvajes y zonas civilizadas (Mbembe, 2011). Abandonar y omitir auxilio1 a los propios e indefensos para que sean consumidos por el fuego, es un acto cruel y salvaje que merece ser penado, profundizando así, una relación de enemistad.

En ese sentido, la villa y el asentamiento contienen algunos puntos de encuentro, siempre matizados, con la colonia de Mbembe (2011), como una formación del terror que se mezcla con el imaginario de tierras salvajes y plantea un vínculo entre identidad y topografía. Así, tanto la colonia como las villas y los asentamientos se inscriben sobre el terreno de un conjunto de relaciones sociales y espaciales productoras de jerarquías, cuestionamientos de propiedad —fundamentalmente de la tierra—, clasificación de personas y producción de imaginarios culturales. Estas dan sentido al establecimiento de derechos diferenciales y formas de sufrir opresión y pobreza basadas en la raza o racialización y en la clase. La colonia, la villa y el asentamiento se constituyen como lugares de mala fama, donde se nace en cualquier parte, de cualquier manera y se muere en cualquier parte, de cualquier cosa (Mbembe, 2011).

La metodología implementada es cualitativa. El trabajo se enmarca en una investigación en torno a los procesos de feminización de la desigualdad en su dimensión energética en hogares monomarentales de asentamientos de la ciudad de Salta (Gonza, 2023).

Para aportar a la caracterización de estos escenarios, el artículo se respalda en observaciones directas, conversaciones informales y en el análisis documental (Pinto Molina, 1992) de un archivo de 144 noticias periodísticas —aún en construcción a nivel nacional— sobre incendios, muertes por asfixia y/o calcinamiento o electrocuciones ocurridas en la provincia de Salta entre el 2012-2024. Del archivo elaborado se identifican 89 casos sistematizados en una planilla de procesamiento analítico-sintético (Peña Vera y Pirela Morillo, 2007) según las líneas que problematizan el artículo. Estos casos pueden ser cotejados a través de una planilla de acceso público (ver [LINK]).

La herramienta de sistematización confeccionada constituye, como se mencionó, una planilla que ordena la siguiente información: número de caso asignado, año, día y mes, provincia, localidad, barrio. El documento identifica si se trata de un incendio por: uso de anafe, uso de vela para el alumbrado de la vivienda, uso de bracero o mechero, pérdida de garrafa, cortocircuito y, finalmente, aquellos casos en los que no se lograron identificar las causas del incendio. También se integran aquellos casos en los que hubo electrocuciones. La herramienta permite registrar cantidad de víctimas fatales y personas asistidas médicamente. Se discrimina además a las víctimas por género y rango etario: mujeres u hombres adultos, adultos mayores y menores. Finalmente, la planilla contiene una celda que refiere a las características de la vivienda o de las condiciones de acceso a la energía: casilla de madera (CM), vivienda humilde (VH), vivienda precaria (VP), sin acceso a electricidad (SE) y conexión eléctrica precaria (CP). La planilla contiene además el enlace que redirecciona al archivo de las noticias ordenadas por fecha y los casos numerados. Todas las categorías incorporadas en la herramienta de sistematización se desprenden del contenido de las noticias. Esta técnica de investigación responde a la codificación axial, que posibilitó realizar una segmentación inicial de datos a partir de las categorías descriptivas que emergieron de los mismos, lo que permitió una reagrupación y una lectura distinta (Simons, 2011).

Para el análisis de las noticias se recurrió a herramientas metodológicas del framing, o encuadre (Semetko y Valkenburg, 2000). Esta constituye una herramienta de investigación para el análisis mediático de, en este caso, los “accidentes” o “tragedias” que tienen en común ser resultado de la debilidad o la ausencia de infraestructuras energéticas en algunos sectores. El framing alude al proceso activo de creación, selección y moldeado de los frames y se relaciona directamente con los modos en que los intereses, los comunicadores, los medios, las fuentes y la cultura se combinan a través de recursos simbólicos verbales y visuales variados para producir formas coherentes de comprender el mundo (Reese, 2007). En este sentido, se comprende a los frames como paquetes de recursos simbólicos o “colecciones de herramientas” (D’Angelo, 2002) para la interpretación de los asuntos públicos.

Los documentos periodísticos permitieron reforzar la delimitación de un caso singular de estudio. Aquí es importante advertir que la denominación de caso singular no debe confundirse con la de caso “único”, pues este último refiere a la cantidad de objetos/sujetos de investigación, apuntando a un criterio de cantidad y el primero, a un tipo específico de casos en tanto cualidad de una investigación (Yin, 2009). El estudio de caso se construye entonces con una función instrumental a fin de que éste provea ideas e información en torno al fenómeno de la vulnerabilidad energética y los umbrales de cuidados (Stake, 1998). Esta modalidad de investigación posibilitó explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre el fenómeno problematizado (Chetty, 1996).

En la provincia de Salta, durante el 2012 y el 2024, se registraron 89 casos de incendios, muertes por asfixia y carbonización y, electrocuciones en la prensa local y regional. El 91 % de los incidentes corresponde a incendios y el 9 % responde a electrocuciones. De los incendios, el 34 % se vincula con el uso de vela para el alumbrado de la vivienda —se descartaron aquellos casos en los que la vela tiene fines de culto religioso—; el 35 % se origina por cortocircuitos, en un 25 % no se especifica el origen de incendios; el 5 % se vincula con la perdida de garrafas; el 4 % se asocia con el uso de braseros para calefacción y, finalmente, el 1 % nos remite al uso de anafe (ver Figura 1).

La presencia de víctimas fatales representa un 48 % del total de los casos. Este porcentaje contiene el número de 43 personas fallecidas de las cuales el 81 % fueron víctimas de incendios y, el 18 %, de electrocuciones. El 65 % de las personas fallecidas fueron menores, niños y niñas de 0 a 16 años. El 14 % corresponde a adultos mayores, el 13 % a mujeres adultas y el 12 % a varones adultos. Estos números nos permiten sostener que, si bien la pobreza energética se encuentra feminizada, existe una infantilización de las víctimas fatales bajo estas circunstancias (ver Figura 2).

Si desagregamos las causantes de las muertes de las personas registradas, el 32 % fallecieron en incendios producidos por velas, el 23 % en incendios provocados por cortocircuitos, el 19 % fueron electrocutadas, el 5 % por incidentes vinculados con fallas en anafes, el 2,3 % por braseros y el 19 % de las víctimas fallecieron en incendios cuyas causas no fueron identificadas (ver Figura 3).

Si bien, desde el tratamiento periodístico de los casos son pocas las referencias que se dan de las formas de acceso a la energía pues, como se mencionó, la discusión en torno a la seguridad energética no aparece asociado a una dimensión cotidiana en el debate público, aparecen referencias constantes como: humilde vivienda, vivienda precaria, vela encendida para alumbrar, no contaba con energía eléctrica ni gas, cortocircuito de un artefacto para calefaccionar, como la vivienda se encontraba sin energía eléctrica, se incendia una vivienda de chapa, adobe y plástico, conexión eléctrica clandestina, etc. Estas marcas ponen al descubierto, la precariedad o ausencia de las infraestructuras energéticas presentes en los incidentes relevados.

En esa dirección, en el 69 % de los casos encontramos referencias que indirectamente señalan este aspecto de la infraestructura y la precariedad de las viviendas. De ese porcentaje, el 25 % refiere a hogares sin electricidad (SE); el 23 % a hogares con conexión precaria a la electricidad (CP); el 18 % referencia a “viviendas humildes” (VH); el 16 % “viviendas precarias” (VP) y finalmente, el 18 % a “casillas de madera” (CM). El 25% de las víctimas murieron en hogares sin conexión a electricidad, el 19% en hogares cuyas conexiones a la electricidad eran precarias, el 16% en viviendas precarias, 14% en casillas de madera, 12% en viviendas “humildes” y un 12% en viviendas de las cuales las notas no ofrecen ninguna caracterización.

La visibilización parcial de las distintas vulnerabilidades que se habitan en los “barrios populares” no solo aparece en el enfoque del tratamiento periodístico, sino también en las imágenes “ilustrativas” que las acompañan. En el caso de una joven madre que murió tras enchufar un ventilador el 6 de febrero de 2023 (Caso74), por ejemplo, existen pocas referencias de las condiciones en la que vivía la familia, de hecho, gran parte de las imágenes que acompañaron las notas ilustran paredes revocadas y blancas, tomacorrientes embutidos, manos blancas, en algún caso, con las uñas perfectamente pintadas (ver Figura 4).  Del total de las seis noticias relevadas sobre la muerte de esta mujer, solo en una nota se encontró la referencia “humilde familia” (Voces críticas, 7 de febrero de 2023).

Bien informados fue el único medio que acompañó la nota con una imagen que, aparentemente, fue tomada en la vivienda donde ocurrió la tragedia y que contrasta abruptamente con las referenciadas anteriormente (ver Figura 5).

Las imágenes utilizadas dan cuenta, además, de la falta de cobertura directa de este y otros casos aquí referenciados, y la mayoría de las veces, la ausencia de un posterior seguimiento de los mismos que permita informar las causas de los incidentes y aclararlas en aquellas situaciones en las que, según se informa, “aún se sigue trabajando para establecer el origen del fuego”.

Si del total de villas y asentamientos registrados por RENABAP en la provincia de Salta, (según la Página Web del RENABAP, [Link]), el 53,95 % accede a energía de manera “irregular”, es decir, autogestionada, el incendio y/o la electrocución, constituyen riesgos energéticos. Si bien son eventos que no han ocurrido, dada la precariedad que configura las formas de acceso a la energía, pueden suceder.

La identificación de la necesidad de acceso seguro a la energía por parte de algunos de los habitantes de los asentamientos y villas en Salta se motoriza a partir de los pedidos y reclamos que dirigen hacia diversos actores del sector público y privado, a fin de regularizar sus condiciones de acceso. A la autogestión del suelo, la vivienda y los servicios se suman estrategias para mejorar la calidad de las instalaciones eléctricas de sus hogares. Así, por ejemplo, en el barrio Las Palmeras, en la localidad de Colonia Santa Rosa, los vecinos organizaron una rifa cuyo premio consistía en elementos para “una buena instalación eléctrica”: cables toma corriente, disyuntor, etc. (ver Figura 6). Cabe destacar que, durante el 2021, en este barrio se produjo un incendio por cortocircuito en el que mueren dos niños y cuya madre continúa imputada por abandono de persona (Caso 59).

El archivo de las notas trabajado evidencia la inexistencia de un tratamiento periodístico directo de las condiciones de vida de las familias víctimas, y de las dificultades de acceso a la energía como una problemática social que demanda intervención de los poderes políticos y económicos. Por el contrario, se evidencia una clara intención de señalar el grado de culpabilidad de las y los cuidadores responsables. En paralelo, la justicia avanza punitivamente, imputando a algunos de los familiares de las víctimas por el delito de abandono de persona, seguido de muerte agravada por el vínculo (Gonza, 2023). Este tratamiento mediático y jurídico no solo da cuenta de la necesidad de instalar en la discusión pública del acceso a la energía segura como un derecho que hace a la dignidad de las personas (Hessling Herrera, 2023), sino también, la necesidad de pensar que, en estos escenarios, las garantías de los cuidados sobrepasan los esfuerzos de sujetos particulares.

La invisibilización o la parcial visibilización de estos contextos, coloca como únicos responsables del cuidado de la vida, y responsables de la muerte, a los familiares de las víctimas. Lejos de considerar y abordar la desigualdad estructural que enmarca estos hechos, el Estado responde penalizando a los familiares tras la pérdida de sus hijos, nietos o sobrinos (Gonza, 2023). La penalización —al igual que la tolerancia a los enganches— opera como una técnica que invisibiliza los problemas sociales que el Estado no puede o no quiere resolver. La doxa penal para los pobres postula una clara segregación entre las circunstancias sociales y los “actos criminales” (Gonza, 2023; Wacquant, 2009).

El abandono de persona seguido de muerte agravada por el vínculo aparece en estos escenarios culpabilizando ante la omisión de satisfacer la exigencia del rol de garantes o cuidadoras/es. Esto presupone que, independientemente de las circunstancias, era posible cumplir con la conducta requerida por el rol y la “norma”. En contextos de extrema vulnerabilidad, el criterio consiste en la ampliación extraordinaria de la posición de garante.

En el 2012 (caso 2), en Orán, si bien no se menciona el delito de abandono de persona, tras la muerte de tres menores en un incendio producido por un cortocircuito, la prensa consultada titula: “Tres nenitos mueren calcinados porque la abuela los encerró con candado” (Tiempo Sur, 13 de septiembre de 2012); “Encerrados por su madre, mueren tres niños calcinados”. Más abajo se agrega “la madre estaba a cuatro cuadras con su nueva pareja […]. La abuela, de 65 años, había salido esa noche en busca de vino y los niños quedaron totalmente encerrados” (El Tribuno, 14 de septiembre de 2012).

En el 2013 (Caso 8), tras la muerte de una beba en el incendio de una casilla precaria en un barrio de la zona este de la capital salteña, la prensa que cubrió el hecho tituló:

Durante el 2017 (Caso 30) otra vez en Orán, detienen al padre de dos niños que murieron en un incendio producto del uso de vela para alumbrar, quien, durante la noche habría salido a llevar a la madre de los menores al trabajo:

También en el año 2018 (caso 44) en el asentamiento La Ciénaga de Salta, tras la muerte de un niño de dos años en un incendio producido por el uso de vela para alumbrar:

En el 2020 (Caso 54), nuevamente en la ciudad de Orán, tras la muerte de un niño con discapacidad motriz de ocho años en un incendio cuyas causas no fueron determinadas. Uno de los medios que cubrió el hecho relata: “habría quedado a cargo de un hermano de 18 años que terminó preso luego de que le robara dos de sus tres sillas de rueda para comprar drogas” (Informate Salta, 27 de abril del 2020).

En el año 2021 (caso 59), en Colonia Santa Rosa, tras la muerte de sus dos hijos en un incendio producido por un cortocircuito, la madre es imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravada por el vínculo. En las notas periodísticas recuperadas, aparecen titulares como: “La madre de los niños que murieron incendiados acusada de haberlos abandonados” (El Expreso, 11 de febrero de 2021) o “Murieron dos niños en un incendio: su mamá los había encerrado para que vean tele” (Radio Dos Corriente, 9 de febrero del 2021).

El mismo año, en Santa Victoria Oeste (Caso 62), dos niños de cuatro años murieron en un incendio producido por un anafe. No se detalla más sobre el origen del incendio. Estos se encontraban bajo el cuidado del tío, un joven de 23 años.  El joven sufrió graves quemaduras al intentar rescatar a los menores que se encontraban durmiendo en el momento del siniestro. Uno de los medios titula: “Dejó solos a sus sobrinos y murieron en un incendio: fue condenado” (De Frente Salta, 16 de diciembre de 2022); “Dos hermanitos de 4 años murieron en un incendio: su tío los abandonó. Más abajo mencionan que el hombre desatendió a las víctimas. Sin importarle nada se fue de la casa, dando paso a que se produjera la tragedia” (Voces Críticas, 13 de mayo de 2022).

Además de mencionar las imputaciones de los familiares de las víctimas por abandono de persona o la acción de abandonar a su suerte a personas indefensas, algunas de las notas que componen el corpus analizado referencian, a su vez, al consumo de drogas, alcohol, los vínculos afectivos de las madres de los niños fallecidos, la prostitución o la delincuencia. Estas narrativas contribuyen con la construcción y reproducción de imaginarios culturales que dan sentido al establecimiento de derechos diferenciales que operan a partir de ciertas categorías de personas en el interior del espacio (Mbembe, 2011). En estos relatos, la deshumanización de los familiares de las víctimas hace posible la construcción de estos como enemigos.

La villa y el asentamiento se constituyen así en lugares de “mala fama” (Mbembe, 2011), espacios relegados, herméticos, distante en la cercanía y portadores de una mística propia del desconocimiento de lo que sucede en su interior, de quiénes viven y cómo viven allí. Sin embargo, cuando los medios de comunicación se asoman en sus pasillos, construyen una realidad de crimen, droga y promiscuidad que convive con trabajo, esfuerzo y humildad. Se constituye la idea de un espacio social cerrado e impenetrable, peligroso, cultivado por la droga a la que va unida, indefectiblemente, el problema del delito, y en el que conviven unos pocos hombres honestos que se ganan la vida trabajando y que no son “amigos de lo ajeno” (Giavedoni, 2012).

Si bien estos casos, como otros que sistematiza el archivo, merecen un estudio particular de las condiciones que los atraviesan, en este punto permiten sostener que las exigencias y alerta de cuidados, en contextos donde las infraestructuras energéticas son débiles y precarias, son altas.  Las personas que viven en estos contextos requieren de un alto umbral de cuidado, pues muchas de las condiciones infraestructurales que componen su hogar y su vida cotidiana pueden operar como amenazas y riesgos, que podrían colapsar en cualquier momento y, hacerse visibles. Así, a quienes cuidan en la vulnerabilidad, se les exige, bajo el sesgo del estereotipo de “buena madre” (Hopp, 2017) o “padre protector”, desafíos heroicos en contextos también sesgados.

La falta de problematización y crítica en torno a las condiciones de vida que allí se reproducen y constriñen exponen a quienes habitan en los espacios problematizados al riesgo permanente de perder la vivienda, la vida o la libertad. En términos de Mbembe (2011), villas y asentamientos constituyen espacios donde se deja vivir y se expone a la muerte. La acción de exponer cobra sentido aquí si se considera que el Estado se encuentra al tanto, aunque con números parciales, de barrios en los que se accede a la energía de manera “irregular”. De hecho, RENABAP constituye actualmente una política de Estado.

La invisibilización de las condiciones de vida de las personas implicadas en incendios o electrocuciones facilita la operación que disocia la tragedia del contexto de vulnerabilidad que la hace posible. Los riesgos y las amenazas que suponen las débiles infraestructuras, en ese sentido, pocas veces pueden entreverse como un daño posible o esperable. Esto amputa la posibilidad de reflexionar sobre el daño e identificar los mecanismos a partir de los cuales se distribuyen (Mbembe, 2011).

La energía no solo se configura como elemento relevante a la hora de pensar las infraestructuras del cuidado, sino también como una dimensión necesaria para el análisis, la comprensión y el abordaje de la pobreza y la desigualdad en toda su complejidad. Esta dimensión se construyó como un enfoque analítico centrado en las relaciones sociales mediadas por y a través de la energía: procesos territoriales, prácticas organizativas y de autogestión, usos, significados, disputas y problemáticas en torno a la producción, la distribución y las formas de acceso y consumo de la energía y, los riesgos y las amenazas implicados en ellas.

Se desarrolló la idea de la energía como infraestructura del cuidado que interviene y afecta en el desarrollo de las tareas de cuidado, facilitando o dificultándolas, según se cuente con ella parcialmente o no. Se mostró entonces cómo las infraestructuras energéticas se insertan en el seno de relaciones sociales por su fuerte vinculación con la acción de cuidar. El artículo dio cuenta de la manera en la que estas relaciones se establecen a partir de la tensión invisibilidad/ visibilidad en tanto una dicotomía fundante de las infraestructuras y los cuidados: naturalizados cuando funcionan y visibilizadas y presentes cuando se alteran o colapsan (Leigh Star, 1999).

La presencia o debilidad de la energía como infraestructura de cuidado o, para el cuidado, impacta no solo en el tiempo y los esfuerzos, sino también en los riesgos y amenazas materiales y humanas. El concepto de umbral del cuidado buscó sistematizar, en ese sentido, un vínculo particular entre las relaciones sociales y las infraestructuras: la demanda, la destreza, las alertas de cuidado son más altas, allí donde las infraestructuras son débiles. Ante la presencia mínima de las infraestructuras, las necesidades de cuidado son altas y, como se vio, sumamente trágicas.

La búsqueda y adaptación conceptual que realiza el artículo en torno a las infraestructuras, la energía y la seguridad a fin de analizar el archivo periodístico construido, posibilitó la problematización y reflexión de la desigualdad en villas y asentamientos de la provincia de Salta. Estos espacios resultan críticos en materia de seguridad energética dada la precariedad de las formas de acceso a la energía que priman. A quienes allí habitan, se les exige en materia moral, pero también penal, un alto umbral de cuidado, dada la amenaza latente de las débiles infraestructuras que atraviesan sus vidas.

En estos territorios, el acceso a la electricidad se configura, fundamentalmente, a partir del desarrollo de prácticas constituidas por normas y reglas no jurídicas que las regulan y garantizan. Tanto el Estado como las empresas distribuidoras de electricidad establecen márgenes de tolerancia respecto al “ilegalismo” y/o “irregularidades” que suponen estas formas de autogestión, lo que configura un campo de intervención diferencial que reproduce ciertas condiciones de vida y consolida grados de desigualdad social (Giavedoni, 2012). La intervención diferencial también se da, principalmente y como se vio, a través del proceso de criminalización de los familiares de las víctimas, acompañado de una caracterización de los mismos que contribuye a su producción de éstos como enemigos internos. La figura del delito de abandono de persona agravada por el vínculo constituye un elemento clave para la deshumanización de las personas que viven en asentamientos y villas, y justifica una segregación social que divide la cartografía urbana en zonas salvajes y zonas civilizadas (Mbembe, 2011).