Las relaciones diplomáticas Argentina - El Salvador: motivaciones y características del progresivo acercamiento (1979-1981)

Diplomatic relations between Argentina and El Salvador: motivations and characteristics of the progressive approach (1979-1981)

Lucrecia Molinari*

Centro de Estudios sobre Genocidio, Universidad Nacional de Tres de Febrero

Recibido: 22/10/2019 – Aprobado:23/04/2020

Cita sugerida: Molinari, L. (2020). Las relaciones diplomáticas Argentina - El Salvador: motivaciones y características del progresivo acercamiento (1979-1981). Cuadernos de Marte, 0(18), 389-423. Recuperado de https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/5664

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Resumen

El presente texto propone una periodización de las relaciones diplomáticas entre el gobierno argentino y el salvadoreño, entre los años 1979 y 1981. Se trata de un período en que ambos países habían profundizado una relación cuya fluidez era de carácter inédito. También coincide con un momento en que asesores militares argentinos fueron enviados a países como Honduras, El Salvador y Guatemala para difundir sus conocimientos en lucha contrainsurgente. Profusamente analizados, estos aspectos han llevado a diversos investigadores (tanto académicos como periodísticos) a sostener que la dictadura argentina buscó erigirse en el “sucedáneo calificado” de Estados Unidos en Latinoamérica en lo relativo a la “lucha contra la subversión”.

El presente escrito busca matizar esta afirmación proponiendo tener en cuenta las divisiones internas de la Junta Militar que gobernaba Argentina y relevando documentación que –a diferencia de la utilizada en investigaciones precedentes- es de tipo oficial y de origen nacional.

Se busca así sumar matices al análisis de la política de relaciones exteriores argentina aportando elementos en dos sentidos: en lo relativo a las motivaciones del acercamiento y en lo que respecta al tipo de relación que la dictadura argentina buscaba entablar con otros gobiernos latinoamericanos.

Palabras clave: Relaciones internacionales, dictadura, contrainsurgencia, El Salvador, Argentina.

Resumen en Inglés:

This text proposes a periodization of diplomatic relations between the Argentine and Salvadoran governments, between 1979 and 1981. It is a period in which both countries have deepened a relationship whose fluidity was unprecedented. It also coincided with a time when Argentine military advisers were sent to countries such as Honduras, El Salvador and Guatemala to spread their knowledge in counterinsurgency fight. Lavishly analyzed, these aspects have led various researchers (both academic and journalistic) to affirm that the Argentine dictatorship was seeking to establish itself as the "successive qualifier" of the United States in Latin America.

In that sense, it is proposed to take into account the internal divisions of the Military Junta that governed Argentina and to use documentation which is official and of national origin.

Thus, it seeks to add nuances to the analysis of Argentina's foreign relations policy, providing elements in two senses: regarding the motivations for the rapprochement and regarding the type of relationship that the Argentine dictatorship sought to establish with other Latin American governments

Key words: International relations, dictatorship, counterinsurgency, El Salvador, Argentina.

Introducción

El presente texto propone una periodización de las relaciones diplomáticas entre el gobierno argentino y el salvadoreño, entre los años 1979 y 1981, es decir, desde el estallido de la revolución nicaragüense (julio de 1979) hasta la asunción de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos (enero de 1981). Estos hechos impactarán de manera general en todo el continente, presentando consecuencias diversas en cada uno de los países bajo estudio.

De influencia gravitante en toda Latinoamérica, Estados Unidos atravesaba, en ese momento, el último tramo de la gestión de James Carter (1977-1981). Carter había asumido en un contexto de crítica extendida hacia el rol de EEUU  en el sostenimiento de las dictaduras del Cono Sur. Por un breve periodo entonces, su administración buscó demostrar que se había superado el “excesivo miedo al comunismo” a la vez que tomó medidas tendientes a vincular la ayuda económica norteamericana al respeto de los derechos humanos, lo que provocó el distanciamiento con los gobiernos dictatoriales de El Salvador, Guatemala y Argentina, entre otros.[1] Las dificultades en política interna y economía de la gestión Carter y las elecciones de noviembre de 1980 (donde resulta perdedor frente al candidato republicano Ronald Reagan) se dieron en un momento de transición a lo que se conoce como “segunda Guerra Fría”. Dicha etapa está marcada por el fin de la distención entre las potencias hegemónicas, una vuelta a una actitud más ofensiva y una marcada tendencia a interpretar los diversos conflictos que estallan en ese momento en clave este/oeste[2]. En ese sentido, la periodización aquí propuesta permite observar en detalle, como se dio esta transición tomando como caso de estudio las relaciones diplomáticas entre la dictadura argentina y los diferentes gobiernos salvadoreños.

En lo que respecta a la región centroamericana, durante este periodo de distanciamiento con Estados Unidos, esta región estaba atravesando una aguda crisis política. Dicha crisis había adquirido, hacia mediados de la década de 1970, la forma de un desafío armado y masivo especialmente poderoso, llegando a amenazar el injusto orden económico centroamericano. La revolución nicaragüense constituyó -a ojos de los militares salvadoreños- un profundo llamado de atención sobre el punto. Precedida por multitudinarios levantamientos y huelgas generales, la caída del régimen somocista en julio de 1979 fue protagonizada por una amplísima y diversa coalición opositora liderada por la organización político-militar Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).[3] En los vecinos países de El Salvador y Guatemala, estos sucesos impactaron alentando procesos de movilización popular cada vez más radicalizada, a la vez que operaron extendiendo y profundizando la represión política.

En el caso de El Salvador, ya con anterioridad (mediados de 1970), se había observado no sólo una inédita movilización popular -sólidamente organizada en poderosos frentes de masas- sino también la consolidación de las organizaciones político militares y una escalada represiva estatal y paraestatal sin precedentes.[4] En este contexto, la actitud de Carter (interpretada como el abandono de Estados Unidos de su posición de líder en la lucha contra la subversión en América) impulsó lo que los militares denominaron como un intento de “multilateralización” de la ayuda contrainsurgente. Como resultado, dictaduras que se creían enfrentadas a un “enemigo” común y abandonadas por su histórico aliado en esa lucha, se acercaron considerablemente.^[5]

Como parte de ese acercamiento, asesores militares argentinos fueron enviados a países como Honduras, El Salvador y Guatemala para “instruir” a los militares de esos países en la lucha contra organizaciones armadas en ámbitos urbanos, técnicas de “interrogatorio” y desarrollo de la inteligencia en general.^[6] Pese a que estos intercambios se extendieron sólo unos pocos años (mayormente entre 1979 y 1981), fueron acompañados por discursos encendidos por parte de ciertos militares argentinos, que aseguraron estar “dispuestos a ofrecerles nuestra colaboración (...)”[7] y “enviar a El Salvador una formación militar más numerosa de la normal (agregaduría) en caso de ser solicitado por gobierno salvadoreño”.^[8] Esto llevó a muchos investigadores tanto académicos como periodísticos a sostener que, en estos años que precedieron a los picos represivos (1976-1978), la dictadura argentina se embarcó en un intento por erigirse en el “sucedáneo calificado” de Estados Unidos en Latinoamérica en lo relativo a la “lucha contra la subversión”.[9] Sin embargo, una mirada más en detalle, que tenga en cuenta las poderosas divisiones internas de la Junta Militar que gobernaba Argentina, puede introducir matices y enriquecer dicha perspectiva.[10]

Al rechazar entonces el análisis de la institución castrense como un bloque homogéneo, es posible observar que las cuotas de poder de los diferentes sectores van modificándose en el tiempo. En ese sentido, y considerando el período temporal bajo análisis, la línea identificada como “liberal”, liderada por Jorge Rafael Videla, se había visto fortalecida tras el nuevo reparto ministerial que tuvo lugar en 1978. Estos sucesos implicaron el nombramiento de Roberto Viola -cercano a Videla- en la comandancia del Ejército y el reemplazo de Emilio E. Massera de la comandancia en jefe de la Marina, entre otros movimientos. En el plano de las relaciones internacionales, fue clave el nombramiento de Carlos Pastor, quien rápidamente se vio superado por el poderío del Ministro de Economía José A. Martínez de Hoz.

Martínez de Hoz logró reorientar las actividades diplomáticas hacia el objetivo de atraer capitales y créditos para la economía argentina y logró que buena parte de los embajadores le respondieran.[11] La reorientación de Martínez de Hoz en relaciones exteriores se evidenció en los ingentes esfuerzos volcados a revertir la imagen negativa de la Argentina en materia de violaciones a los derechos humanos. Esto se canalizó no sólo mediante la difusión de material producido en el país sobre las razones de la represión y la envergadura de la amenaza al “orden occidental y cristiano”[12], sino también en la búsqueda de aliados contra la crítica de la comunidad internacional, sintetizada en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).[13] Esta reorientación formaba parte de la estrategia diseñada por la línea “liberal” según la cual, tras dos primeros años de accionar volcado a la cuestión represiva, se imponía la necesidad de habilitar un segundo momento, de diálogo y de contenido político, que funcionaría como la antesala de la normalización de la vida institucional argentina. Convivía, sin embargo, con la corriente “nacionalista” que difería especialmente en la visión sobre la evolución que debía seguir el régimen. Los “nacionalistas” planteaban la necesidad de endurecer el régimen y prolongarlo en el tiempo. Esta visión era totalmente compatible con los planes de extensión de la represión por fuera del territorio nacional y con el intento de ocupar el lugar de liderazgo que Estados Unidos estaba dejando vacante en la lucha continental contra la subversión, aspectos que Armony estudió en detalle y que recibieron una importante difusión también en medios periodísticos.[14]

Sostenemos que, sin embargo, no debe perderse de vista el hecho de que junto a esta corriente se encontraba otra claramente orientada hacia objetivos diferentes, cuyo poder se consolida en este momento y que hegemonizaba las relaciones exteriores de la dictadura.[15] En ese sentido, el presente trabajo, al privilegiar la documentación de instituciones relacionadas con la política exterior, pone de relieve estos objetivos, subestimados en otros estudios. Asimismo, al retomar en este texto las fuentes oficiales,[16] se enfatiza en los movimientos del gobierno dictatorial en el plano público -no clandestino y, en las formas, acorde con la legalidad instituida- lo que implica una mirada no tan transitada sobre nuestra historia reciente.[17]

Con estos puntos de partida se diagramó la periodización que proponemos. Constituye así una primera propuesta para abordar esta trama de relaciones en diálogo con estudios más tempranos que, como dijimos, focalizan en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas en detrimento de otros y que -a diferencia del presente texto- se sustentan mayormente en testimonios –cuya referencia es muchas veces incompleta o anónima-, fuentes de origen únicamente estadounidense y/o investigaciones de tipo periodísticas.

El hecho entonces de utilizar el Archivo de Cancillería Argentina, que presenta este doble carácter de ser de tipo oficial (no clandestino) y ser  en ese momento mayormente la voz de un cierto sector militar (el ala “liberal”), permitió sumar matices al análisis de la política de relaciones exteriores argentina en dos sentidos: las motivaciones del acercamiento y el tipo de relación que la dictadura argentina buscaba entablar con otros gobiernos latinoamericanos.

En lo que respecta a los motivos de acercamiento entre ambos países, la sección primera muestra las razones del gobierno argentino, quien protagoniza el primer impulso –infructuoso inicialmente- de acercamiento al país centroamericano mientras la segunda sección muestra los argumentos del gobierno salvadoreño. Es el interés del gobierno salvadoreño en profundizar esta relación, sumado a la coincidencia en la crítica a los organismos internacionales ligados a los derechos humanos y a la gestión de Carter –coincidencia que se describe en la sección tercera- lo que habilita finalmente el efectivo acercamiento entre ambos países.

En lo que respecta al tipo de relación que la dictadura argentina buscaba entablar con otros gobiernos latinoamericanos, la sección segunda muestra cómo la progresiva profundización de la relación permite planificar una actuación conjunta y coordinada ante el embate de organismos internacionales como CIDH.

Se analizan entonces, una serie importante de cables enviados por la Embajada Argentina en El Salvador a la cancillería argentina. De tipo oficial, estos cables presentan una solidez y una confiabilidad significativa. Su acceso abierto es, además, muy reciente. En este contexto, el análisis de la documentación busca continuar y profundizar una línea reciente de investigación de la temática como los de Rostica[18], Sala[19], Kovalskis y Oberlin[20] y Bohoslavsky[21].

El desarrollo de las relaciones diplomáticas entre Argentina y El Salvador

Argentina busca aliados en Centroamérica (7/79 a 02/80)

El triunfo de los revolucionarios en Nicaragua en julio de 1979 marcó un quiebre que se reflejó no sólo en la ampliación de la represión en El Salvador, sino también en la profundización de la atención argentina sobre la región. Efectivamente, los cables analizados permiten observar un seguimiento más detallado de los disturbios de El Salvador pocas semanas después de la caída de Somoza.^[22] Las dinámicas que, a partir de allí, se desplegaron fueron seguidas de cerca desde Argentina: mientras el avance de las organizaciones armadas y los frentes de masas acrecentaban la oposición por izquierda al gobierno del presidente salvadoreño Gral. Carlos Humberto Romero (1977-1979), el descontento ante las medidas gubernamentales profundizaban las críticas dentro del propio gobierno y las fuerzas armadas salvadoreñas. Estas tendencias, que debilitaron fuertemente a Romero, decantarán dos meses después en un golpe de Estado en octubre de 1979.

Pese a no contar con documentos que permitan profundizar la cuestión, Argentina parece cercana a la fracción que volteó al gobierno de Romero. A fines de septiembre, es decir, poco menos de un mes antes de que el golpe se produzca, un cable da cuenta de la inminente llegada a Buenos Aires del Coronel Flores Lima, visita que finalmente tiene lugar el 30 de octubre, once días después del golpe. Flores Lima se desempeñaba como Secretario de Información de la presidencia e integraba uno de los grupos descontentos con la gestión de Romero. Se trataba de un grupo moderado, distanciado del ala de ultra derecha. La visita de Flores Lima constituye además un punto significativo en la relación entre ambos países, no sólo por realizarse con tal proximidad a un evento trascendente en la política salvadoreña, sino también porque es claramente de carácter político y porque Argentina constituye el destino principal del viaje del funcionario. Viajes anteriores de comisiones salvadoreñas habían tenido, en cambio, a Argentina como un destino secundario.[23]

La Junta de Gobierno instalada tras el golpe de octubre buscó sostener, inicialmente, un carácter progresista. Argentina saludó inmediatamente la conformación de esta Junta^[24] sin tener claridad sobre la orientación de la misma. Efectivamente, con diferencia de algunos días, esta Junta difundió dos proclamas diferentes en las que se advierte tanto la variedad de influencias como la inestabilidad de sus alianzas. Los cables enviados a la Cancillería recogen ambos documentos, sin hacer ninguna consideración sobre los mismos.^[25] Quince días después, sin embargo, Julio Peña, embajador argentino en El Salvador, envió descripciones donde daba cuenta de la debilidad de la Junta, la grave situación económica que atravesaba el país centroamericano y la pérdida de credibilidad en la que se veía envuelto el nuevo gobierno.^[26]

En este delicado contexto, los documentos revelan un nuevo intento de acercamiento del gobierno argentino. Efectivamente, Cancillería argentina –mediante un cable secreto- solicitó información al embajador argentino en El Salvador sobre la situación económica de dicho país, la posibilidad de complementación técnica, económica, científica y comercial y la “posibilidad de acción conjunta en organizaciones internacionales multilaterales, especialmente de carácter regional y subregional.”^[27] Se trataba esto último  de un punto trascendental, dado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acababa de concluir su misión en el país y se auguraba un escenario complejo para los militares argentinos en el plano internacional en el corto plazo.

El pedido de información fue satisfecho poco más de un mes después, cuando Peña informó sobre el carácter “progresista” de los miembros de la Junta aunque alertaba que aún era muy pronto para definirla y que “cuando se cimente el nuevo gobierno volver[ía] sobre el particular”. Refiriéndose a la posibilidad de una actuación conjunta en organismos internacionales, Peña sostenía que este gobierno daría mayores oportunidades a países del Tercer Mundo, entre los que destacaba a Cuba y Nicaragua. Pese a esto, y sin aclarar razones, en el cable proponía volver a ofrecer un préstamo (evidentemente, había habido una oferta similar, probablemente rechazada, de la cual no hay información en los cables analizados) esta vez de 20 millones de dólares^[28] del cual no se registra respuesta.

El ascenso de la movilización social y el crecimiento de las organizaciones populares en El Salvador, así como el salto en la actividad de los organismos de ultraderecha contra estas, marcaron el contexto en el cual se dio la renuncia de muchos de los miembros progresistas y moderados de la primera Junta, dando lugar –en enero de 1980- a la formación de la Segunda Junta Revolucionaria de Gobierno, de carácter menos progresista y menos dialoguista. A poco de instalada, esta segunda junta enfrentaría la evidencia palmaria de la fortaleza de las organizaciones político militares al realizarse, el 22 de enero de 1980, lo que se conoce como la mayor movilización popular de la que se tenía registro hasta el momento. Se trata de la marcha protagonizada por frentes de masas y diversas agrupaciones, en ocasión del nacimiento de la Coordinadora Revolucionaria de Masas, organismo que las nucleaba y las vinculaba con las guerrillas.[29] Más cercana ideológicamente a sectores importantes de las fuerzas armadas argentinas, la Segunda Junta trabó relaciones mucho más cercanas con el gobierno del “Proceso”, como se verá en la siguiente sección.

El Salvador en busca de maestros en contrainsurgencia (2/80 a 11/80)

El agitado escenario abierto en enero de 1980 dio paso al primer gesto claro de acercamiento del gobierno salvadoreño hacia el gobierno argentino. El análisis de documentos desclasificados del Departamento de Estado de EEUU permite afirmar que dicho acercamiento fue consultado con Estados Unidos. Tal como destacan Kovalskis y Oberlin, a inicios de febrero de 1980, el Coronel Adolfo Majano, miembro de la Junta, mantuvo una reunión con el embajador estadounidense en El Salvador, Frank Devine.[30] En dicha reunión Majano manifestó su deseo de “pedir a la Argentina entrenamiento en operaciones contraguerrilleras y en contrainsurgencia urbana”, consultando luego “si esto le parecía ‘inconveniente’ al gobierno de Estados Unidos”.[31] Aunque no contamos con un documento que dé cuenta de la respuesta norteamericana, a mediados de febrero, el Ministro de Defensa, Cnel. José Guillermo García, se reunió con el embajador argentino en El Salvador. El Cnel. García expresó en la reunión su deseo de “un mayor acercamiento con las fuerzas armadas argentinas” razón por la cual habían designado un agregado militar.^[32] Peña reiteró, por su parte, el “ofrecimiento hecho durante años para que oficiales salvadoreños efectúen estudios especializados y aprovechen nuestra experiencia en lucha contra la subversión y el terrorismo”. También aprovechó la ocasión para además hacer entrega del “informe segundo del semestre en la lucha contra la subversión [en Argentina]”, las calificaciones de salvadoreños en cursos de inteligencia tomados en nuestro país y un ejemplar del libro “Terrorismo en Argentina”.^[33]

Este diálogo con el Ministro de Defensa marca, en primer lugar, una profundización de las relaciones entre Argentina y El Salvador que, por primera vez, está impulsada por el gobierno salvadoreño. Muestra también la incidencia que tenía Estados Unidos, incluso en un período (1979-1980) que no se reconoce como de injerencia significativa: El Salvador debió consultar “la conveniencia” de este cambio con Estados Unidos antes de realizarlo.[34] En tercer lugar, el diálogo muestra el tipo de interlocutores que privilegiará el gobierno argentino en sus canales diplomáticos. Se trata justamente de estas líneas duras, lo que se observa no sólo en los apoyos de los funcionarios con los que mantiene diálogo más fluido, como García, sino también en las críticas del embajador argentino a los sectores moderados y progresistas (tanto civiles como militares) que persisten en distintos puestos del gobierno salvadoreño. Efectivamente, en un cable secreto emitido días después de la movilización de enero de 1980, el embajador argentino en El Salvador, deja asentada mucho más claramente su posición. Esto no sólo resulta novedoso –dada la equidistancia que manifestaban sus informes hasta el momento- sino que además constituye un dato útil para perfilar más claramente la línea política del cuerpo diplomático argentino en El Salvador. Peña describe la mencionada movilización como una “fuerte campaña contra la Junta de grupos subversivos de izquierda y el Partido Comunista [que se encuentra] fuera de la ley” y luego critica la “actitud pasiva de militares y demagógica de miembros Junta y gabinete, en su mayoría demócratas cristianos” responsabilizándolos del hecho de que “nuevamente se oye[ran] rumores de golpe militar para implantar un régimen de centro derecha.”^[35] El alineamiento del cuerpo diplomático argentino evidencia así, en primer lugar, su alejamiento de las posturas más reformistas y dialoguistas de la Junta, especialmente la de sus integrantes demócrata cristianos (civiles). No parece encontrarse cercano, sin embargo al accionar que, contra estos mismos sectores, está llevando adelante la ultraderecha. En los cables analizados se describen los movimientos de uno de sus referentes, Roberto D’Aubuisson, quien entre febrero y marzo de 1980 –momento en que la Junta anuncia una serie de reformas- dirige un período de hiperactividad y fuertes demostraciones de fuerza contra los sectores progresistas del gobierno y de las fuerzas armadas. El cable informa que

Últimamente Mayor retirado Dabuisson (…) con mucha información ya que fue DOS en época de romero, ha lanzado graves acusaciones contra partido demócrata cristiano por sus conexiones con elementos comunistas y terroristas, incitando por radio y prensa, en extensas audiciones, a sus camaradas militares de derecha a no prestarse al juego de dicho partido que llevaría el país al comunismo, y haciendo comparaciones con Unión Popular de Chile.

Este accionar va adquiriendo resonancia pública y gobierno suspendió en dos oportunidades las transmisiones, viéndose obligado a autorizarlas posteriormente.^[36]

La más resonante de dichas demostraciones de fuerza tuvo lugar poco después, con el asesinato de Mario Zamora -en ese entonces, Secretario General del Partido Demócrata Cristiano- el 23 de febrero. Este partido integraba la coalición gobernante, lo que demuestra la autonomía que ya en este momento presentaban las corrientes de ultraderecha que dirigían los llamados “escuadrones de la muerte”. De mayor resonancia aún, el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, se produce un mes después. Aún no esclarecido, persisten las sospechas sobre el involucramiento de D’Aubuisson en dicho asesinato. Este hecho demostró no sólo la fortaleza de los organismos paramilitares (que lograron cometer el magnicidio y mantenerse impunes por el mismo hasta la actualidad) sino también la debilidad de los progresistas de la Junta para contener esas expresiones que conservaban una fuerte llegada al gobierno a través de los referentes de los cuerpos de seguridad que conformaban su gabinete.[37]. También marca el “despegue” de las organizaciones populares que, fruto de la polarización que instaló el asesinato del arzobispo Romero, abandonan el lugar de sector “ultra radicalizado” para afirmarse como principales referentes de la oposición, ampliando la coalición de fuerzas bajo el predominio de las organizaciones revolucionarias.^[38]

Con lucidez política, la Embajada Argentina analiza el magnicidio, menos de 24 horas después de ocurrido.

Lo que todos temían sucedió. Después de la muerte del Arzobispo Romero se abre para El Salvador una instancia difícil, casi imposible de pronosticar. (…) Algunos aprecian que podría ser la iniciación de una guerra civil. Otros que sería para el gobierno salvadoreño un detonante como el asesinato de Chamorro en Nicaragua. (…) En el momento actual, me permito opinar que lo que antecede no sucederá por cuanto la fuerza armada salvadoreña controla la actual situación.^[39]

Efectivamente, tal como se afirma, el asesinato de Romero constituiría más el recrudecimiento del conflicto -con el fortalecimiento de todos los bandos intervinientes y el inicio de la Guerra Civil- que el “detonante” de una situación de rebelión popular, como la observada en Nicaragua en 1978. En este contexto, entre los meses de abril y septiembre de 1980, cuando la ayuda norteamericana comienza a llegar con mayor regularidad a El Salvador,^[40] aunque lo hará con mucha lentitud y no siempre direccionada a los fines estrictamente militares que los sectores más influyentes hubieran querido.

El fortalecimiento de los sectores de ultraderecha es tan marcado en este periodo, que estos logran articular un intento de golpe de estado en mayo. El golpe constituyó una crítica a la persistencia de progresistas en la Junta, tanto el Militar Adolfo Majano –progresista y cercano a Carter- como el civil José Antonio Morales Erlich.^[41] Pese a que no resultó exitoso, reflejó además las disidencias presentes dentro de la fuerza armada salvadoreña y la presencia de un sector de ultraderecha que contaba con una sólida base popular y que poseía un proyecto de país propio y fuerza suficiente como para intentar alcanzarlo. También reflejó concentradamente la compleja red de alianzas que se tejían alrededor de la política doméstica salvadoreña. No sólo por la alianza que intenta llevarlo adelante -entre militares cercanos a líneas dialoguistas y militares directamente vinculados con las perspectivas más cerradas de ultraderecha- sino también porque, como expresa la Embajada Argentina en un cable, en el golpe “aparecen involucrados profesionales, empresarios e industriales” e inclusive “[el] ‘movimiento tenía vinculaciones con senadores norteamericanos de la línea dura y con elementos vinculados con gobiernos del cono sur’” entre los cuales se menciona sólo a Chile.^[42] Esta mención a “senadores norteamericanos de la línea dura” (republicanos) da cuenta de la forma en que la política interna norteamericana (especialmente en un año eleccionario como 1980) impacta en el escenario local salvadoreño. Efectivamente, mientras la Junta recibía apoyo de Carter (en forma de créditos y mediante el rechazo contundente al golpe de mayo), la ultraderecha se sostenía en parte gracias a los contactos del propio D’Aubuisson con los sectores republicanos de EEUU.

Esta compleja red de alianzas (nacional e internacional) permite a las organizaciones de ultraderecha gozar de amplia autonomía tanto económica como política, lo que redunda en una fuerte capacidad de acción, como queda demostrado en los meses que anteceden al golpe de mayo. No es casual que sea a través de estos sectores que se establecen –tal como revela la bibliografía especializada en la empresa extraterritorial clandestina- los primeros contactos entre salvadoreños y militares argentinos ansiosos por exportar su know how contrainsurgente en septiembre de 1980. El accionar de la ultraderecha en este momento también desnuda la debilidad de la Segunda Junta de Gobierno, cuyo apoyo más importante es el del presidente Carter, lo que parece no ser suficiente ante la coalición de intereses económicos locales e internacionales que sostiene a la ultraderecha.

Deteriorada la autoridad estatal tras el intento de golpe de mayo de 1980 y fortalecidas las posiciones más conservadoras, El Salvador ingresa en un momento de fuerte profundización de la represión estatal. Efectivamente, el año 1980 muestra un intensísimo pico represivo, especialmente en las ciudades: el 40% de las muertes producidas entre 1980 y 1992 (lo que incluye la guerra civil), se produciría este año. Esto fue resultado de las continuas campañas de los cuerpos de seguridad actuando conjuntamente con organizaciones paramilitares contra las guerrillas y sus frentes de masas.[43] Las cinco guerrillas más importantes anuncian en octubre su unificación en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Lo hacen en un momento clave para la economía salvadoreña, ya que es entre octubre y enero que se realiza la cosecha del café, actividad que determina numerosas variables económicas para el año siguiente.^[44] La posibilidad de sabotajes por parte de la guerrilla es alta, razón por la cual la urgencia del gobierno salvadoreño por conseguir ayuda internacional para dar fin a la insurgencia aumenta.

Pese al complejo escenario, la administración Carter no parece modificar su orientación. En charlas con el Ministro de Defensa Cnel. José Guillermo García con el nuevo embajador argentino, Víctor José Bianculli, el militar confiesa que “habían solicitado a Estados Unidos helicópteros... pero EEUU sólo ayuda para ciertos planes de desarrollo... por eso necesitan que naciones amigas le presten colaboración”.^[45]

La preocupación por el clima caótico en El Salvador se entiende si consideramos que el ataque al gobierno provenía también de la derecha. Tal como afirmó Chávez Mena -miembro del Partido Demócrata Cristiano (PDC) e integrante de la Junta- si las corrientes más conservadoras lograban eliminar al PDC de la Junta, ésta podría quedar dominada por la extrema derecha. En una exageración que sólo se entiende por la urgente necesidad de ayuda, Chávez Mena también adelantó que esta situación facilitaría la toma del poder por parte de la extrema izquierda con ayuda de Nicaragua y, posteriormente, la caída de la totalidad de Centroamérica en manos de los extremistas, quienes tomarían luego a México e inclusive Sudamérica.^[46] Esta preocupación –claramente exagerada- es el marco en el que se da la profundización de la vinculación diplomática entre los dos países, que en este segundo semestre alcanzará niveles inéditos.

Esto se refleja, en primer lugar, en las múltiples gestiones para llevar adelante visitas oficiales y misiones militares de contingentes salvadoreños a la Argentina. Entre ellas se cuentan la visita de Julio Rey Prendes a realizarse en julio.^[47] Se trata del alcalde de San Salvador, capital del país, perteneciente al PDC, y el objetivo declarado de su visita fue el de contrarrestar la propaganda internacional de delegados de “grupos subversivos” “desfigurando la realidad salvadoreña con el fin de obtener el apoyo de partidos de izquierda”^[48]. Asimismo, en junio de ese año, en una charla con miembros de la Junta, el embajador transmite las palabras del Coronel Jaime Abdul Gutiérrez quien “manifestó el deseo de enviar una misión militar salvadoreña a la Argentina con el objeto de interiorizarse de la lucha antisubversiva (…)”. Luego agrega que el coronel “mostrose interesado ante el ofrecimiento de becas en los institutos militares para futuros oficiales y para cursos de especialización de oficiales de jerarquía media (…)” y que finalmente “señaló la similitud de los procesos argentinos y salvadoreños expresando que el actual gobierno argentino había logrado superar los actos de violencia, venciendo la subversión”. Bianculli se permite agregar al final del cable una apreciación personal donde alerta que:

el ejército de El Salvador ha recibido en su organización la influencia del ejército chileno por el envío de instructores.(…) [y que] de concretarse la recepción por parte de nuestro país de la misión militar, puede significar la iniciación de una cierta influencia argentina en la fuerza armada de El Salvador.^[49]

Es nuevamente Chávez Mena, junto con el Ministro de Defensa García, quien comienza a gestionar, un mes después, una misión militar que visitará países del cono sur “especialmente Argentina”^[50]. En el mismo cable se describe el renovado interés de ambos en la “posibilidad de cursos de especialización en ‘inteligencia y ‘lucha antisubversiva’’ que puedan realizarse a la brevedad”.^[51] Finalmente, en cables de octubre de ese año se detalla que una “nómina de diez oficiales seleccionados que realizarán el curso especial de inteligencia y lucha antisubversiva preparado por las fuerzas armadas de la Argentina” ha sido entregada al canciller.^[52]

Un segundo canal de vinculación diplomática lo constituyen la firma de convenios y la ayuda financiera. Argentina realiza una ayuda alimentaria a través de la donación de cereales,^[53] lo que es interpretado como un “gesto amistoso”.^[54] Se firma además un convenio para el envío de asesores de desarrollo industrial “para evaluar potencialidades de El Salvador y ayudar financieramente desde Argentina”.^[55]

También se continúa enviando a las autoridades salvadoreñas libros sobre la situación de la “subversión” en Argentina. Esta vez se trata de un texto “editado en Francia en idioma castellano”.^[56]

Pero quizás lo más importante es la multiplicación de agregados militares. Los cables refieren por primera vez una incorporación de este tipo en agosto de 1977. La siguiente referencia será recién en febrero de 1980 cuando se suman nuevos agregados militares.^[57] A ellos se incorpora Ehlert tres meses después, quien se instalará en Guatemala.^[58] Al mes siguiente, en junio, se suma el Com. Vocca, agregado militar aeronáutico asentado en Panamá.^[59] Un mes después los cables informan la incorporación de nuevos agregados militares adjuntos^[60] y, finalmente, en noviembre hay un cable informando una última incorporación.^[61]

La multiplicación de la cantidad de agregados militares propia de este periodo es significativa en tanto -tal como afirma Patrice Mc Sherry- estas figuras militares suelen ser quienes triangulan la relación entre quienes se instalan clandestinamente en un país -con fines de asesoramiento, búsqueda de ciudadanos del país en el exterior, etc.- y sus contactos locales –que en el caso salvadoreño, son integrantes de “escuadrones de la muerte” recientemente separados de la fuerza-.[62]

Este progresivo acercamiento, en un momento de especial urgencia para el gobierno de El Salvador, va fortaleciendo la posibilidad de una actuación conjunta de ambos países en organismos internacionales. Los cables reflejan que estas conversaciones atravesaron todo el segundo semestre de 1980. En diciembre de 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había publicado un informe sobre la situación de los derechos humanos muy crítico del gobierno dictatorial argentino. A raíz de esto, los cables reflejan el compromiso del Director de Política Exterior salvadoreño, Luis Lobo Castelar, de que la CIDH “no sería invitada a visitar El Salvador a pesar de la insistencia para hacerlo”. Bianculli continúa relatando: “Al preguntarle sobre la posición que adoptaría El Salvador en la próxima Asamblea General de la OEA, al tratarse el informe sobre los derechos humanos, respondió que ‘sería favorable a la Argentina’”^[63]. En cables subsiguientes, el embajador transmite que Chávez Mena se ha comprometido a apoyar a Argentina en su pedido de ser sede de la OEA^[64] y que Argentina ha dejado claro que la oposición de El Salvador de que no se incluya el “subacapite respecto del informe sobre Argentina (…) sería visto como un gesto de amistad hacia nuestro país”.^[65] El tema se reitera en cables de octubre, en los cuales el Ministro de Defensa muestra su “preocupación por [la] propaganda adversa a El Salvador que se realiza en el exterior por [parte de la] prensa internacional y de algunas organizaciones [relativa al tema de los derechos humanos] (…) [y manifiesta su] desacuerdo con [la] posición de EEUU sobre el tema”. La cercanía de estas opiniones con las argentinas le permiten agregar “que Argentina y El Salvador deben trabajar unidos en foros internacionales sobre problema de derechos humanos”.^[66]

El Salvador y Argentina contra Carter (11/80 a 01/81)

El triunfo de Ronald Reagan en las elecciones presidenciales norteamericanas -noviembre de 1980- constituyó, en El Salvador, uno de los acontecimientos más temidos por reformistas y progresistas y más esperados por las líneas duras. Efectivamente, en un escenario ya desgastado por las fuertes disidencias sobre el tratamiento de la subversión, la certeza de que la política anunciada por Reagan desembarcaría en la Casa Blanca impactó fortaleciendo las posturas más duras de la Junta de Gobierno. Las diferencias internas se resolvieron a través de una subordinación de los “dialoguistas” (militares cercanos a las posturas de Carter, como Majano y sus seguidores) a quienes apoyaban respuestas puramente militares al ascenso de la “subversión”.[67]

Se trata además de un momento especialmente complicado dado que, al hecho de que se encuentra paralelamente desarrollándose la cosecha del café -principal ingreso del país- se suma la decisión de las guerrillas de acelerar su actividad militar con el objetivo de asegurar, para el momento de la asunción de Reagan, una posición más consolidada en sus zonas controladas.

Todas estas dinámicas impulsaron a la vez que facilitaron el despliegue de medidas represivas más drásticas articuladas desde el Estado. Tal como afirmó el embajador Bianculli en diciembre de ese año el “triunfo de Reagan alienta a la derecha a intensificar la lucha contra la izquierda manteniéndose latente la posibilidad de golpe de estado”.^[68]

El apuro por intensificar la lucha contrainsurgente queda evidenciado en un cable de noviembre que describe la entrevista que el embajador argentino mantiene con Vides Casanova. Se trata de una transcripción que desnuda datos claves que van a signar todo este período.

La primera de esas claves es la lectura que se hace del panorama. Pese a que lo más evidente del período es el fortalecimiento de las posiciones de derecha, Vides Casanova insiste en plantear un escenario de potencial avance sustantivo de las organizaciones revolucionarias. Informa al embajador que “en un allanamiento realizado días pasados (…) fue descubierta importantísima documentación subversiva entre la que se encontraba un plan de guerra para la toma del poder por parte de la izquierda marxista leninista (…)”. Los detalles acerca de la documentación recabada dan cuenta de la necesidad de Vides Casanova de convencer a su interlocutor sobre la gravedad de la situación. Mezclando datos probablemente ciertos con frases evidentemente exageradas, el militar salvadoreño relata que se habría encontrado una carta de Schafick Handal (uno de los principales referentes de la guerrilla) donde agradecía al “querido hermano Fidel la ayuda que les estaba prestando para la toma del poder y la aniquilación total de los enemigos del pueblo”. También se habla de una nota por la que se informaba el envío de materiales bélicos, un acuse de recibo del material recibido (entre los que destaca bazookas, morteros, ametralladoras, fusiles, bombas y municiones de diversos calibres) y un “plan de guerra detalladísimo de cómo deben realizarse las acciones subversivas, atentados, emboscadas, ejecución de hombres de gobierno y militares, etc.”^[69]

En segundo lugar, esta conversación revela la urgencia por parte de los sectores más duros por implementar medidas más drásticas:

Expresó que desde hace dos días que estaba planteando a la Junta de gobierno con toda la seriedad y crudeza [la] que gravedad del hecho imponía, de este terrorismo plan [sic], con objeto que se tomaran las medidas de fuerza necesarias y que le dieran mano libre para terminar de una vez por todas con estos subversivos y guerrilleros como se había hecho en Argentina (…)^[70]

Vides Casanova también revela las disidencias al interior de la Fuerza Armada de El Salvador. Opina que “se deben dejar de lado los descontentos o rivalidades dentro de las filas del ejército y estar todos unidos para combatir el enemigo común que es la subversión”. Reflejo del momento de ascenso y fortalecimiento de las posturas más duras, agrega luego que “si el quince por ciento de los oficiales están en desacuerdo deben irse y si alguno de los que quedan no combaten contra el marxismo leninismo deben ser fusilados por traidores a la patria” y que “no se puede combatir a fondo verdaderamente a la subversión cuando el arzobispo Rivera y Damas, algunos ministros del Estado y el mismo Majano se han interesado por algunos terroristas detenidos”.

La lectura del embajador Bianculli sobre esta conversación también revela detalles interesantes, en tanto da cuenta de los obstáculos que aún encuentran estas posiciones en ascenso. El embajador observa ciertos indicios que “indicarían que los frena el Departamento de Estado a través del embajador White” así como “el temor al qué dirán por ser acusados de violar los derechos humanos y temor a las asambleas OEA, ONU y CIDH (…).”

Finalmente, Bianculli revela un detalle que hace inteligible el acercamiento de El Salvador a la Embajada Argentina. Se trata del hecho de que, además de la injerencia política a través del sostenimiento de miembros dentro del gobierno, EEUU retacea la ayuda militar. Bianculli expresa que:

Es evidente que están desesperados por recibir ayuda de países amigos, se quejan y con razón de que no tienen helicópteros, [que] necesitan más armas, que las municiones se les terminan, que deben poseer aviones y lanchas patrulleras, [que] les es necesario contar con equipos de comunicaciones, etc., y que EEUU de América no les da absolutamente ninguna ayuda militar.^[71]

Y luego agrega “confían en la nueva administración de Regan [sic] pero también dicen que la ayuda debe ser inmediata y que si les llega dentro de algunos meses puede ser ya tarde”.^[72]

El acercamiento con Argentina se refleja en la continuidad de los pedidos e intercambios iniciados en la etapa inmediatamente anterior. Los cables analizados revelan que, a través de las vías diplomáticas, El Salvador solicita créditos de monto elevado (de entre 30 y 50 millones de dólares^[73]) y Argentina continua nombrando agregados militares.^[74]

La situación de Carter y sus aliados locales se torna cada vez más frágil tras ciertas demostraciones de fuerza de la extrema derecha que apuntan directamente a su gestión. El asesinato de importantes funcionarios y referentes del reformismo por parte de escuadrones de la muerte era, a esta altura, moneda corriente en El Salvador. Lo novedoso de este período es que, tras el fortalecimiento de la derecha, estos asesinatos incluyen aquellos señalados –explícita o implícitamente- como interlocutores y apoyos por Carter.^[75] Finalmente, tras el asesinato de cuatro religiosas estadounidenses,^[76] Carter decidió suspender la ayuda económica y militar “hasta tanto se esclarezca este caso y el gobierno pueda darnos una respuesta satisfactoria sobre las violaciones de los derechos humanos que aquí ocurren”.^[77] El hecho también motivó la llegada a El Salvador de una misión norteamericana para el esclarecimiento del crimen. Las comunicaciones de Bianculli describen también la forma en que el principal apoyo de Carter dentro de la Junta, el Cnel. Majano es desplazado a través de una “votación sorpresiva” de la Junta, pese a haber sido enviada una misión especial en su apoyo. ^[78]

La debilidad de Carter que así se refleja, hace que la postura de la Embajada argentina en El Salvador quede más claramente evidenciada. Los cables revelan que se trata de un posicionamiento cercano a la política de relaciones exteriores de Ronald Reagan, especialmente en lo que respecta al tipo de críticas que realiza contra Carter:

Es evidente que la administración Carter trata hasta último momento de insistir con su equivocada política hacia Centroamérica en la que, tomando como bandera el lema de los derechos humanos especialmente en El Salvador, amonesta al gobierno de este país, lo presiona y le corta toda ayuda económica y militar (esta última insignificante) favoreciendo de este modo la expansión del marxismo leninismo en la zona.^[79]

En un cable emitido poco después, Bianculli sostiene que, la “misión especial” estadounidense instalada en El Salvador “ha enmascarado sus propósitos tomando como pretexto la investigación del asesinato de las religiosas para viajar a El Salvador”^[80]. El embajador también realiza críticas a otros representantes de la política norteamericana. Acusa al embajador norteamericano de ser “uno de los más irresponsables e ineptos embajadores que jamás Estados Unidos ha enviado al exterior” y de ser “eje de tormentosas controversias por su actitud reformista” y de haber sido “acusado por asesores del presidente electo Reagan de inclinarse hacia la izquierda”.^[81] Estas altisonantes críticas cierran así una última etapa (noviembre de 1980 a enero de 1981) dominada por la urgencia por intensificar la lucha contrainsurgente y la explicitación de las coincidencias político ideológicas entre el cuerpo diplomático argentino, el republicanismo norteamericano y los sectores a favor de una salida militarista del gobierno salvadoreño.

A modo de conclusión

A través de la periodización propuesta se buscó describir la forma en que la dictadura militar argentina fue acercándose a El Salvador -un país sobre el que ejercía nula influencia-. Esto se da en un contexto de relativo alejamiento por parte del gobierno norteamericano, alejamiento que fue interpretado por los militares latinoamericanos como un abandono de la función            que había asumido Estados Unidos de rector de las cuestiones de seguridad continental, especialmente luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y que retomaría con más fuerza en la llamada Segunda Guerra Fría. Se trata, como dijimos, de un momento en que los militares argentinos se vuelcan a exportar su modus operandi, habiendo superado los principales retos en la seguridad interna. Esta actitud fue interpretada en numerosos trabajos como un intento argentino por convertirse en “sucedáneos calificados” de Estados Unidos en lo que respecta a “lucha contra la subversión” en el continente americano.

Al utilizar, a diferencia de estos anteriores trabajos, documentación emitida en el período por la Cancillería Argentina, fue posible enfocar en el accionar de tipo oficial de la dictadura argentina y en la lectura que –de la situación nacional y la coyuntura salvadoreña- realizó el ala “liberal” de las Fuerzas Armadas argentinas. Esto permitió matizar el análisis de la política de relaciones exteriores argentina en dos sentidos: las motivaciones del acercamiento y el tipo de relación que la dictadura argentina buscaba entablar con otros gobiernos latinoamericanos, utilizando como caso, las relaciones con El Salvador, país que se encontraba atravesando una situación de radicalización de la oposición al statu quo.

En lo que respecta a las motivaciones del acercamiento, se buscó mostrar que el principal motor del estrechamiento de las relaciones -cuanto menos con El Salvador- no fue erigirse como “sucedáneo calificado” sino lograr apoyo de la comunidad internacional a la política represiva argentina ante el embate de organismos como CIDH.

En lo que respecta al tipo de relación que la dictadura argentina buscaba entablar con otros gobiernos latinoamericanos, el análisis de la documentación relevada permite sumar elementos para plantear que, más que liderar proceso alguno, las relaciones exteriores argentinas apuntaron, en ese momento, a la búsqueda de aliados o pares, y no subordinados. En palabras de los propios militares, apuntaban a obtener de El Salvador “posiciones favorables” y “gestos de amistad” para poder “trabajar unidos”. Estos movimientos se vieron facilitados por las profundas coincidencias entre los gobiernos argentino y salvadoreño en la crítica a la corriente que intentaba vincular el castigo por la violación de los derechos humanos con el castigo económico. Fue relación con las mencionadas características lo que permitió que, finalmente, ambos países encararan una actuación coordinada y conjunta frente a organismos internacionales ligados a los derechos humanos.

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